Los retos y realidades de la políticaestadounidense deMost Favoured Nation (MFN) en los mercados europeos
ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.
Jaume Vidal.
Consultor independiente en temas de salud y políticas públicas
El precio de un medicamento es, a menudo, el mayor obstáculo para su acceso. Sin embargo, el monte final depende en el ámbito de la Union Europea de múltiples variables que incluyen, una vez el producto ha conseguido la autorización para ser comercializado, desde los resultados de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias a la decisión de reembolso por parte del Estado pasando por la negociación entre el titular de la autorización comercial y el ente público para fijar el precio de compra.
Se trata de un proceso complejo y muy poco transparente con la intervención de diversos actores en cada una de sus etapas y enormes incentivos (de diferente naturaleza) para las partes concernidas para lograr un acuerdo en el menor tiempo posible. Para las compañías farmacéuticas se trata de poder poner en venta el producto mientras dure el periodo de monopolio otorgado por la patente, para el Estado (y, por extensión, los y las pacientes) el objetivo es poder garantizar el acceso a un producto sin dilaciones ni retraso. En la gran mayoría de casos, en ocasiones tras muy publicas disputas, se logra un acuerdo donde se anuncia un precio. No obstante, en repetidas ocasiones, y en gran medida a la referida opacidad tal precio no es real ya que se logran rebajas y descuentos sustantivos a cambio de compromisos sobre volumen de compra o tipo de contrato.
Se trata de una situación que desde diversos sectores de la sociedad civil organizada, academia y algunas instituciones se venía denunciando. La aprobación de la resolución AMS72.8 de 2019 sobre la transparencia de los mercados farmacéuticos parecía un paso en la dirección correcta reclamando que los Gobiernos publicaran los precios reales de los medicamentos como un paso indispensable para una mejor gobernanza de los sistemas de salud. Sin embargo, el temor a perder aquellos acuerdos conseguidos en base al secreto y la opacidad han hecho que ningún gobierno haya, de manera efectiva, hecho público el cuanto y por qué se ha pagado. Se perdió una oportunidad de poner la voluntad política (basada en evidencia empírica) por encima de los intereses del sector industrial farmacéutico y sus aliados.
Cuando a finales de 2025 el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de lograr precios más competitivos para sus programas públicos de asistencia sanitaria y de atención al personal militar, impulsa la cláusula de la Most Favoured Nation (MFN) o Nación Mas Favorecida, lanza un órdago a las compañías farmacéuticas, basadas o operando en Estados Unidos: el precio pagado por las agencias gubernamentales debe ser el más bajo que estas compañías piden por un determinado producto. Tomando en consideración el tamaño del mercado estadounidense y el nivel de imbricación que las compañías mantienen con el sistema estadounidense de investigación biomédica (con un importante componente público) la decisión de la mayoría de compañías de referencia de colaborar con los planes del ejecutivo estadounidense no fue inesperada.
Sin embargo, el impacto (y algunos dicen uno de sus objetivos secundarios) de la medida no ese limitó al mercado estadounidense, caracterizado por muy elevados precios presuntamente para cubrir muy altas y riesgosas inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). Muy pronto gobiernos y autoridades reguladoras empezaron a notar la presión doble de por un lado, una administración estadounidense que de manera continuada acusa a los miembros de la UE pagar menos por unos medicamentos cuya I+D fue sufragada por los ciudadanos estadounidenses y, por el otro, de una industria que desde hace ya algunos años se opone a medidas tales licencias obligatorias, control de precios y otros elementos de regulación como amenazas a la innovación.
En el nuevo panorama, mientras la administración estadounidense a través de la oficina del representante estadounidense para el comercio abre investigaciones (previa sanción) sobre el sistema de precios y reembolso de un titán como Alemania, las compañías farmacéuticas se permiten no tan veladas amenazas de no introducir nuevos medicamentos en territorio europeo si no hay un aumento de la inversión y los precios. Ya no se trata de rumores o infundados temores, la nueva realidad se impone: las decisiones de los gobiernos ya no se justifican ante la sociedad y sus ciudadanos, sino también, y sobre todo, el mercado y sus acólitos políticos.
La respuesta de la Unión Europea ha sido un reflejo de las contradicciones que la caracterizan. Tras la capitulación del Reino Unido, aceptando elevar el nivel de gasto del sistema sanitario y obviando algunos de los requerimientos de coste/efectividad, otros países como Francia e Italia han intentado acomodar las demandas de mayor gasto con promesas tributarias mientras que España ha adoptado una posición pragmática de priorizar algunos de los puntos más valorados de la nueva ley del medicamento (no relacionados con transparencia) a cambio de transigir en otros. El mayor problema radica, sin embargo, en el silencio ambivalente de la Comisión Europea cuya inacción en un dosier estratégico como el sector (producción, comercio y suministro) farmacéutico contradice las ambiciones de potencia global y los sonoros discursos en foros y conferencias.
Respectivamente directora general y presidente de Salud y Fármacos.
Cuando leemos que los medicamentos que la industria ha estado vendiendo por US$84.000, y ahora cuestan US$57 [1], o que lo que se vende por US$28.000 podría costar US$40 [2], nos queda claro que los precios que impone la industria farmacéutica a los medicamentos protegidos por patente no guardan relación con su costo de producción. Hace poco el titular de una noticia publicada en el New York Times decía que el precio de los anticancerígenos nuevos se ha normalizado a alrededor de US$400.000 al año [3] y durante el 2025 la inflación de precios de los medicamentos fue del 12,7% [4].
Un informe del senador de EE.UU., Bernie Sanders, recopila los datos económicos de las primeras 16 empresas que llegaron a acuerdos para el control de los precios de los medicamentos con el presidente de EE.UU. [5] y podemos ver en el Cuadro 1 que los ingresos de la industria farmacéutica siguen aumentando, así como sus márgenes de ganancias, que representaron el 21% y el 13,7% de los ingresos, en 2025 y 2024, respectivamente.
A partir de esta realidad, nos podemos preguntar quién ha otorgado tanto poder a la industria para imponer precios que amenazan los servicios de salud, tanto públicos como privados, no solo en EE.UU., sino en todo el mundo. No daremos respuesta a esa pregunta, pero sí podemos presentar datos sobre otros actores que directa o indirectamente, a sabiendas o sin saberlo, se benefician de los precios que impone la industria. El mismo informe de senador [5] ofrece un panorama de cómo las empresas compensan a sus accionistas y directores ejecutivos (Ver Cuadro 2).
Novo Nordisk tuvo dos directores ejecutivos.
En referencia a los ingresos de los CEO, teniendo en cuenta las ganancias reales procedentes de los regalos de acciones, es probable que los paquetes de compensación en 2025 fueran significativamente más elevados.
Además, según la base de datos Open Payments, en el 2025, la industria repartió US$2.624.554.749,77 en 10.129.623 pagos a profesionales de la salud, una media de US$3.936,35 por profesional (con una mediana de US$179,3). Múltiples estudios han demostrado que los profesionales que reciben financiación de la industria, independientemente de la cantidad, tienden a recetar más medicamentos de marca y más medicamentos que aquellos que no lo hacen.
En EE.UU., el Congreso ha sido muy reticente a enfrentarse con la industria y controlar sus ganancias. Según Open Secrets, el sector salud figura entre los que más invierte en cabildear a los legisladores federales, y en el 2025 solo la industria farmacéutica invirtió US$188,95 millones (sin incluir a los legisladores estatales), y en 2024 emplearon a 746 cabilderos [6]. La industria también contribuye a las campañas electorales. Un análisis de STAT de 2020 reveló que más de dos tercios de los miembros del Congreso habían recibido pagos de empresas farmacéuticas ese año [7]. Datos más recientes de Open Secrets para 2023-2024 confirman asimismo que una gran mayoría de los líderes del Congreso y del Senado de EE.UU. reciben importantes contribuciones de empresas farmacéuticas o de productos para la salud, con un promedio de US$46.744 y US$52.331 para los republicanos (n=210) y demócratas (n=211) de la Cámara de Representantes, respectivamente, y de US$54.080, US$84.527 y US$42.714 para los republicanos (n=50), demócratas (n= 45) e independientes (n=4) del Senado [8].
Esta relación no es exhaustiva, pues hay una lista interminable de otros actores que también se benefician, incluyendo los que participan en la cadena de suministro farmacéutico; los hospitales que administran los medicamentos; los que elaboran publicidad de medicamentos; las asociaciones profesionales, editores y revistas médicas; los académicos y universidades que colaboran con las empresas, ya sea en investigación básica o clínica, o simplemente analizando sus datos, etc.
En nuestra opinión, es importante ir desvelando y tomando las medidas pertinentes para limitar los conflictos de interés que los pagos de la industria generan en los inversionistas, legisladores, académicos, asociaciones y profesionales de la salud, para maximizar el apoyo de dichos grupos a las políticas farmacéuticas que faciliten el acceso a medicamentos asequibles.
Respectivamente investigadora en epidemiología del envejecimiento y médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Introducción
La lectura de un reciente artículo sobre la tendencia creciente de la mortalidad por caídas en personas mayores en Estados Unidos (1), nos ha llevado a examinar las estadísticas de mortalidad por caídas en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, se puede constatar que en 2025 hubo 4172 defunciones por caídas accidentales en mayores de 65 años y además la mortalidad por caídas ha crecido en los últimos 25 años, duplicándose en todos los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres (figura).
Las personas mayores que mueren por una caída accidental han sido frecuentemente hospitalizadas. En un estudio reciente en Lituania, el 61% de ellas habían sido hospitalizadas en el año previo a su muerte al menos una vez y 38% dos o más veces. Estos resultados indican que se deberían de adoptar “estrategias integradas de prevención de caídas, un mejor seguimiento tras el alta y una atención coordinada entre los servicios de urgencias, hospitalarios, de atención primaria y comunitarios para reducir la mortalidad por caídas entre las personas mayores” (2).
Siguiendo el razonamiento de Farley (1), no hay motivos para suponer que las personas mayores de hoy estén en peor estado de salud o tengan peores hábitos de vida o peor situación económica que las de hace 25 años. De hecho, en España el aumento de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años sugiere que actualmente los mayores, tanto hombres como mujeres, tienen mejor salud y capacidad funcional que en el año 2000. Por el contrario, hay razones para suponer que el aumento en la mortalidad por caídas se debe al enorme aumento en el uso de algunos fármacos, algo que se podría modificar con cambios en la prescripción médica.
En personas mayores de Estados Unidos se observa un aumento de la polifarmacia, presente en más de un tercio de mayores de 65 años en 2021-2023. Y, aunque hubo disminución del uso de benzodiacepinas y analgésicos opioides, aumentó el uso de relajantes musculares y antidepresivos (3).
La polifarmacia, definida como el uso concurrente de cinco o más medicamentos, afecta al 40% de las personas mayores de 65 años europeas según una revisión sistemática (4). La polifarmacia aumenta el riesgo de hospitalización por caídas accidentales, de forma independiente al número de trastornos crónicos, hábitos de vida y medicamentos asociados al riesgo de caídas. En una clara relación de dosis respuesta, el riesgo de caer aumenta a medida que aumenta el número de medicamentos utilizados (5).
La polifarmacia es más frecuente en personas con bajos ingresos, algo confirmado en un estudio realizado en La Rioja donde se observó la fuerte asociación entre bajos ingresos y mayor carga farmacológica en personas con polifarmacia (6). Además, las personas con bajos ingresos son las que menor probabilidad tienen de recuperar su movilidad en el barrio donde viven después de recibir el alta hospitalaria por un evento agudo, lo que les confiere un doble riesgo (7).
Varias publicaciones españolas han constatado el aumento en la utilización de los medicamentos psicótropos y en especial el aumento de la prescripción de antipsicóticos en personas mayores, particularmente en personas con demencia (8) y en la población que vive en residencias de personas mayores (9).
Un reciente trabajo realizado en un hospital de Sevilla llama la atención sobre el aumento de la prescripción de los antipsicóticos de larga duración de segunda generación por vía oral (second generation antipsychotic, SGA: quentapina, olanzapina, aripripazole y risperidona) sustituyendo casi completamente a los antipsicóticos de primera generación (First generation antipychotics, FGA: haloperidol, clodiapina y levopromacina). La sustitución se justifica porque los fármacos de segunda generación tienen menos efectos secundarios que los de primera generación y a pesar de que el precio es 13 veces mayor: con SGA el tratamiento por paciente cuesta 353 euros comparado con el coste equivalente de 27 euros para el tratamiento con FGA (10).
No solo ha aumentado el uso de antipsicóticos sino también el uso de otros fármacos que aumentan el riesgo de caídas (o medicamentos FRIDs por sus siglas en inglés: Fall risk increasing drugs). En la siguiente tabla se muestra la lista de fármacos incluidos como FRID:
C: Sistema cardiovascular
►► C01A: Glicosidos cardiacos
►► C01BA: Antiarritmicos Clase IA
►► C01D: Vasodilatores utilizados en enfermedades de corazón
►► C02: Antihipertensivos
►► C03: Diureticos
►► C07: Betabloqueantes
►► C08: Bloqueantes del canal de calcio
►► C09: Antagonistas de los receptores de la angiotensina
G: Sistema genitourinario y hormonas sexuales
►► G04CA: Antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos
N: Nervous system:
►► N02A: Opioides
►► N04: Antiparkinsonianos
►► N05: Psicolepticos
–– N05A: Antipsicoticos (excepto lithium)
–– N05B: Anxioliticos
–– N05C: Hypnoticos
►► N06A: Antidepresivos:
Referencia: Beunza-Sola M, et al. Postgrad Med J 2017;0:1–5. doi:10.1136/postgradmedj-2017-135129
Beunza-Sola ha documentado el aumento de la utilización de medicamentos FRID un mes después de la hospitalización por fractura de cadera (11). En 252 pacientes admitidos al hospital por fractura de cadera, 91% usaban algún medicamento FRID con una media de 3,1 medicamentos. Un mes después, la media aumento a 3,4 con aumentos significativos en hipnóticos y antidepresivos; la mayoría de las nuevas prescripciones se realizaron en el momento del alta hospitalaria y más de la mitad de ellas fueron realizadas por geriatras.
Esta falta de reducción de FRIDs, o incluso de su aumento, después de haber sufrido una lesión por caída y tras una consulta con un profesional de la salud observada en España (11) ya se había reconocido en una revisión sistemática internacional (12) donde se informaba que entre el 65 y el 93% de los pacientes con caídas que requerían cuidados sanitarios utilizaban algún medicamento FRID en el momento de la caída y este consumo no se había reducido en un seguimiento después de la caída. También, otro estudio americano informa sobre el aumento de prescripción de medicamentos con efectos cognitivos (antipsicóticos, anticolinérgicos y benzodiacepinas) en entornos de atención aguda o post aguda (urgencias y hospitales): El 14,2 % de los pacientes sin deterioro cognitivo, el 17,2 % de los pacientes con deterioro cognitivo y el 21,9 % de los pacientes con demencia que iniciaron un nuevo fármaco con efectos sobre la función cognitiva recibieron la prescripción en un entorno de atención aguda o post aguda y estas prescripciones tienden a quedarse en la medicación del paciente (13) .
Los estudios longitudinales han demostrado el perjuicio de acumular exposición a psicótropos. Un estudio longitudinal de personas mayores seguidas durante 20 años en Holanda ha demostrado que la exposición acumulada durante largos periodos de tiempo a medicamentos anticolinérgicos y sedativos aumenta el riesgo de deterioro físico y cognitivo en la vejez (14). En favor de la prevención, otros estudios han demostrado que los hábitos saludables están asociados a una reducción del uso de antidepresivos y ansiolíticos. Por ejemplo, un estudio longitudinal realizado en Barcelona muestra que la dieta mediterránea y la actividad física están asociadas a una reducción del uso de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, hipnóticos y sedantes (15).
Conclusión y propuestas
La mortalidad por caídas en la población mayor puede ser una señal de alarma sobre las consecuencias letales del abuso de los medicamentos por la población mayor. Parece urgente tomar medidas.
Teniendo en cuenta la bibliografía se identifican varios factores que deberían ser objeto de vigilancia y posible intervención clínica, ya sea por la modificación de las pautas de tratamiento o por su deprescripción.
Estos factores son: la polimedicación y el uso de medicamentos inapropiados, el uso de algún medicamento de la lista FRID después de una hospitalización por caídas accidentales, el uso de antipsicóticos de segunda generación, en especial en personas con demencia, y el uso de antidepresivos.
Proponemos las siguientes intervenciones, algunas ya en marcha y otras quizás innovadoras:
Revisión anual de la medicación de las personas mayores de 75 años por un equipo interdisciplinar que incluya al médico y al farmacéutico en Atención Primaria. Ya hay iniciativas en esta dirección:
La integración del Farmacéutico de Atención Primaria en el equipo asistencial promueve la realización de la revisión de la medicación centrada en la persona en pacientes mayores de 75 años. Esta iniciativa está en curso en algunas CCAA.
En Navarra se ha utilizado el criterio STOPP para identificar medicación inapropiada y se ha evidenciado que un enfoque multidisciplinar en una clínica comunitaria reduce la medicación inapropiada y la polifarmacia y se ha propuesto la revisión de los medicamentos antes del alta hospitalaria en aquellas personas que han sido ingresadas en el hospital por una caída. La reducción de riesgo en aquellos hospitalizados por fractura de cadera debe incluir la revisión y posible modificación de su medicación (16).
Establecer protocolos para la revisión de medicación de personas que fueron hospitalizadas por fractura de cadera y reducción del uso de medicamentos FRID.
Revisión de uso de medicación antipsicótica y anticolinérgica en personas con demencia.
Apoyo en Atención Primaria para la prescripción social de dieta mediterránea (nutricionista) y actividad física (profesionales de actividad física).
Estas líneas de actuación deberían ser apoyadas desde los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas: a) financiando la investigación que permita evaluar los resultadoy b) financiando la formación continua de los profesionales sanitarios en especial de los equipos interdisciplinares de Atención Primaria que atienden a las personas mayores de más de 75 años.
Referencias:
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Médico rural jubilado, exprofesor de salud pública, Equipo CESCA, Madrid, España jjgervas@gmail.com @JuanGrvas @juangrvas.bsky.social
Las vacunas son un logro sanitario que ha ayudado a cambiar el perfil de morbilidad y mortalidad a lo largo de más de dos siglos. Junto al saneamiento de aguas (suministro y depuración), la vacunación constituye un avance clave en salud pública que se suma a las mejoras en la alimentación, el trabajo, la vivienda, la educación, la atención clínica y la justicia social (democracia y redistribución de la riqueza) para ayudar a incrementar la calidad y cantidad de vida a individuos y poblaciones.
Pero las vacunas han pasado de ser un bien colectivo, muy barato y efectivo, a ser un negocio; es decir, un bien para los que las producen, a veces con dudoso beneficio clínico y social. De facto, las vacunas están pasando de vacunas poblacionales a vacunas personales, lo que cambia el foco ético de «justicia» y «no maleficencia», a «beneficencia» y «autonomía» (1).
Las vacunas sistemáticas (polio, difteria, sarampión, rubeola, parotidits, tosferina, tétanos) son un tesoro y logran a muy bajo coste resultados espectaculares. Sin embargo, los fundamentos filosóficos y científicos de estas vacunas que protegen a la población se están utilizando para fomentar vacunas caras de dudosa eficacia en los individuos, y que dan grandes beneficios a las industrias.
Frente al negocio de las vacunas, con su agresividad en la promoción y venta, podemos decir que las vacunas han perdido su «inocencia», como bien se demuestra al recordar las necesarias presiones para conservar el abastecimiento de vacunas sistemáticas esenciales (por ejemplo, contra tétanos y polio) a lo largo del final del siglo XX y comienzos de XXI, dado su escaso margen de beneficio para los fabricantes.
El cambio también afecta a su investigación, que ha pasado mayoritariamente de las universidades (financiación pública, sin ánimo de lucro) a las industrias (financiación privada, con ánimo de lucro).
Como he comentado, las vacunas son medicamentos de salud pública, parte de la mejor respuesta frente a las enfermedades infecciosas. Ante las infecciones e infestaciones conviene el uso racional de los recursos (la gestión integrada) (2) y, por ello, habría que evitar el excesivo protagonismo de las asociaciones profesionales clínicas “científicas”. Tales asociaciones convierten las vacunas en respuestas individuales, no poblacionales, que sirven a los intereses de la codicia (“afán de lucro”) de los accionistas de las industrias farmacéuticas. Es decir, anteponen el lucro a la salud (“la bolsa por encima de la vida”).
El desplazamiento del grueso de las vacunas de Salud Pública a Pediatría les ha dado un componente más biológico, más individual, menos solidario, más comercial, menos científico, menos eficiente y más imperativo. Además, con la disminución de la población infantil, las industrias tienen cada vez mayor interés en otros sectores de población, como mujeres y ancianos, especialmente respecto a vacunas “débiles” que hay que inyectar anualmente, como las de la gripe y la COVID.
Al festín de las vacunas se han sumado otras especialidades, en la actualidad con especial fuerza la Cardiología, en alianza con la Gerontología y la Medicina General/de Familia.
En concreto, en Cardiología se añadió en 2025 la vacunación como cuarto pilar de la prevención médica del riesgo cardiovascular.
Literalmente (3): “La evidencia de que las principales enfermedades transmisibles, como la gripe, la infección por neumococo y la COVID-19, pueden provocar enfermedades cardiovasculares ha llevado a la European Society of Cardiology (ESC) a emitir una declaración de consenso en la que se aboga por la vacunación sistemática como parte del control del riesgo cardiovascular. Además de prevenir las complicaciones de las enfermedades infecciosas en cuestión, las vacunas tienen profundos efectos sobre el riesgo cardiovascular y, como tales, deben considerarse el cuarto pilar de la prevención médica cardiovascular, además de los antihipertensivos, los hipolipemiantes y los tratamientos farmacológicos para la diabetes».
Ya en 2021, la sociedad publicó una guía para la insuficiencia cardiaca que recomendaba la vacunación antigripal y antineumocócica para prevenir las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca. Y en la guía de 2023 sobre síndrome coronario agudo de la American Heart Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC) se recomendó la vacunación anual contra la gripe para pacientes con una enfermedad coronaria crónica «para reducir la morbilidad cardiovascular, la muerte por causas cardiovasculares y la muerte por cualquier causa».
La moda ha llegado a España, y en 2026 se suma la Medicina General/de Familia, representada por SEMERGEN. Así (4), “un consenso de 15 expertos analiza la relación entre determinadas infecciones y el riesgo cardiovascular y plantea incorporar la vacunación al seguimiento de las personas mayores y los pacientes con enfermedad cardiovascular”. La vacunación debe ganar protagonismo en la prevención cardiovascular, especialmente entre las personas mayores y quienes ya presentan enfermedad cardiovascular. Así lo plantea el documento de consenso de expertos ‘Prevención cardiovascular integral: el papel de la vacunación en el adulto mayor con enfermedad cardiovascular’, publicado en la revista científica Medicina de Familia-SEMERGEN, que propone ir más allá del control de los factores de riesgo clásicos e incorporar la prevención de aquellas infecciones que pueden favorecer una descompensación cardiovascular. El consenso ha sido elaborado por un panel multidisciplinar de 15 expertos, entre ellos profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, Cardiología y Vacunación. El trabajo revisa la evidencia disponible sobre la relación entre determinadas infecciones y la enfermedad cardiovascular, así como el potencial papel preventivo de la vacunación frente a la gripe, la enfermedad neumocócica, el virus respiratorio sincitial (VRS), la COVID-19 y el herpes zóster. El documento parte de una realidad cada vez mejor conocida: las infecciones respiratorias y sistémicas no afectan únicamente al aparato respiratorio o al estado general del paciente, sino que pueden incrementar el riesgo cardiovascular. La respuesta inflamatoria que desencadenan, junto con otros mecanismos como la inestabilidad de la placa aterosclerótica y el aumento del estado protrombótico, puede favorecer la aparición o descompensación de eventos cardiovasculares”.
La realidad bien conocida es que se están promocionando indiscriminadamente vacunas de escasa, si alguna, utilidad, con importantes efectos adversos, y que se está “abonando” bien el campo profesional (con millones de euros), como se demuestra, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (5).
Puesto que son vacunas ineficaces, la estrategia de venta pasa a los “efectos no específicos” de las mismas, a ese impacto inesperado, abogado especialmente por estudios observacionales de baja calidad.
Al tiempo se difuminan y olvidan los condicionantes socioeconómicos de la salud cardiovascular, que se pretenden obviar con la vacunación.
En síntesis, a/ las vacunas se convierten en instrumentos caros de salud individual, b/ bajo el control de las propias industrias (que financian la investigación llegando a controlar los ensayos clínicos), c/ se implica a sociedades “científicas” médicas que se sustentan con el dinero de dichas industrias, d/ se amplía el campo a todas las edades y grupos poblacionales, e/ se funda sobre todo en vacunas “débiles” que requieren re-vacunación anual, f/ se insiste en efectos no específicos de las vacunas y g/ se soslayan los factores socioeconómicos del enfermar.
Bibliografía
1.- Eficacia, efectividad y seguridad de las vacunas. Aspectos clínicos, profesionales y sociales.
Este artículo es enormemente útil para comprender la repercusión a nivel europeo y por lo tanto, en nuestro país de la política de nación más favorecida (MFN) de la administración Trump. Recomendamos su lectura, pues, los acuerdos farmacéuticos de financiación que se desarrollen en nuestro país para los nuevos medicamentos estarán sin duda dentro de este contexto.
Un nuevo estudio de modelización sugiere que las políticas de Medicare de EE. UU. basadas en el modelo de «nación más favorecida» (MFN) para los precios de los medicamentos reducirían el gasto de Medicare en fármacos de marca, pero podrían incentivar a las empresas a aumentar los precios o retrasar el lanzamiento de nuevos medicamentos en otros lugares.
Los esfuerzos por controlar el gasto público en medicamentos culminaron en la política de «nación más favorecida» (MFN), una iniciativa de la administración Trump que vincula lo que Medicare paga por los fármacos a los precios cobrados en otros países de ingresos altos.
Sin embargo, un nuevo análisis realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, la London School of Economics y la Universidad de Zúrich expuso que, si bien la política reduciría los costos en EE. UU., los precios podrían dispararse en otras regiones.
En aproximadamente el 75 % de los medicamentos analizados, el ahorro resultante para Medicare equivaldría a casi cuatro veces los beneficios anuales obtenidos por las ventas del fármaco en el país utilizado como referencia para fijar el precio.
«Para evitar perder tal volumen de ingresos, los fabricantes tendrían un fuerte incentivo para aumentar los precios fuera de EE. UU. o retrasar los lanzamientos», señaló la revista *The Lancet* en un comunicado.
De hecho, estas políticas ya han ayudado a una compañía farmacéutica a conseguir precios más altos para un medicamento en Japón en marzo de 2026. Astellas Pharma, una empresa farmacéutica con sede en Tokio, argumentó que los costos internos de los medicamentos podrían influir en los precios de EE. UU. bajo la política MFN, lo que llevó a las autoridades japonesas a conceder al fabricante un precio superior al habitual.
Los autores del estudio también señalaron casos como la retirada del mercado de un fármaco para el colesterol en Dinamarca, así como los acuerdos comerciales farmacéuticos entre EE. UU. y el Reino Unido y las alteraciones en el acceso y los precios derivadas de la amenaza de la administración Trump de imponer aranceles a empresas no estadounidenses.
«Los países mencionados —desde Alemania hasta Japón y Australia— se enfrentan a una presión considerable por parte de la administración y la industria estadounidenses para aumentar los precios y el gasto en medicamentos», afirmó el Dr. Thomas Hwang, autor principal del estudio y profesor del Brigham and Women’s Hospital y de la Facultad de Medicina de Harvard. «Sin embargo, esto choca con la realidad de que otros países tienen un margen presupuestario limitado para ceder».
«Desde hace mucho tiempo, los habitantes de Estados Unidos pagan más por los medicamentos que prácticamente en cualquier otra parte del mundo», afirmó el autor del estudio, el Dr. Aaron Kesselheim, investigador también del Brigham and Women’s Hospital de Harvard.
Para comprender cómo afectarían estas políticas a los precios en Estados Unidos y en otros lugares, los investigadores analizaron 195 medicamentos patentados que, en conjunto, representan 87.900 millones de dólares del gasto anual de Medicare a través de sus dos programas: GLOBE, que cubre los medicamentos administrados en hospitales y clínicas, y GUARD, que cubre los dispensados en farmacias. Ambos son modelos de fijación de precios basados en la cláusula de «nación más favorecida» (MFN ), conforme a la orden ejecutiva de la administración Trump destinada a combatir los precios de los medicamentos en Medicare.
Los investigadores estimaron los ahorros comparando el gasto actual de Medicare con los precios vigentes en los 19 países contemplados en la orden ejecutiva sobre la MFN. Posteriormente, modelaron dos escenarios: ampliar la MFN para incluir a todos los beneficiarios de Medicare —en lugar del 25 % actual— y excluir a los fabricantes que mantienen acuerdos confidenciales.
Sin aplicar exenciones, los investigadores estiman que Medicare podría ahorrar 5200 millones de dólares (16 %) con el modelo GLOBE y 6400 millones (18 %) con el modelo GUARD durante su fase inicial. Ampliar las normas para abarcar a todos los beneficiarios de Medicare podría elevar estas cifras de ahorro a 21 000 millones y 25 500 millones de dólares, respectivamente.
En el marco de estos modelos de pago, se constató que el precio más bajo utilizado como referencia internacional era un 71 % inferior a lo que paga Medicare; Corea del Sur, Noruega y Australia fueron los países más frecuentemente tomados como referencia por Medicare para fijar los precios.
«Los modelos de fijación de precios basados en la cláusula de «nación más favorecida» (MFN) se diseñaron para abordar esta brecha», señaló Kesselheim en referencia a la diferencia de precios que paga Estados Unidos por los medicamentos. «Sin embargo, su alcance se ve limitado por diversas exenciones y es probable que enfrenten desafíos legales», añadió. Es probable que estas exenciones —mediante las cuales las empresas cierran acuerdos paralelos con Medicare— reduzcan los ahorros que el gobierno obtendría con el modelo MFN.
El estudio estima que los acuerdos confidenciales reportados entre los fabricantes y la administración Trump podrían recortar el ahorro total que la política generaría para Medicare: para el grupo inicial de 17 fabricantes con acuerdos anunciados, el ahorro proyectado se reduciría en un 71 %.
«Los modelos de fijación de precios de «nación más favorecida» de la administración Trump tienen el potencial de generar ahorros reales para el gobierno federal de Estados Unidos y para los contribuyentes. Pero si los fabricantes logran eludir la participación en estos modelos mediante acuerdos paralelos, la mayor parte de esos ahorros…
La política de Nación Más Favorecida (MFN) vincula los pagos de Medicare a los precios cobrados en otros países de ingresos altos, lo que lleva a los investigadores a sostener que dicha política podría, involuntariamente, pro vocar un aumento de los precios fuera de Estados Unidos.
Esto se debe a que, para los 138 medicamentos analizados en el estudio, el ahorro estimado para Medicare es casi cuatro veces mayor que las ventas anuales totales de cada medicamento en el país utilizado como referencia de precios.
«Para la mayoría de estos medicamentos, mantener precios bajos en otros países supondría para los fabricantes una pérdida de ingresos en Medicare superior a las ganancias obtenidas por sus ventas en dichos países; esto crea un fuerte incentivo para subir los precios o evitar que sean visibles para Medicare a efectos de referencia», señaló *The Lancet* en un comunicado de prensa.
«Los fabricantes podrían intentar lograrlo desarrollando formulaciones diferentes, convirtiendo los descuentos actuales en reembolsos confidenciales o retrasando los lanzamientos».
La Dra. Kerstin Vokinger, de la ETH y la Universidad de Zúrich, señaló que «las políticas de EE. UU. pueden repercutir en el acceso a los medicamentos a escala mundial. Los responsables políticos deben garantizar que la disponibilidad de medicamentos importantes no se vea retrasada como consecuencia de ello», afirmó la autora del estudio.
Los acuerdos confidenciales podrían anular los ahorros de Medicare
Medicare cubre a unos 68 millones de estadounidenses mayores y discapacitados; históricamente, el programa tenía prohibido negociar directamente los precios de los medicamentos con los fabricantes, hasta que la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, aprobada durante la administración Biden, le autorizó a negociar los precios de un número reducido de medicamentos costosos.
La política MFN de la administración Trump va más allá al equiparar lo que Medicare paga por los medicamentos de marca con los precios vigentes en países comparables de ingresos altos, tras realizar ajustes por paridad de poder adquisitivo. Según los modelos de precios GLOBE y GUARD, la medida abarcaría a un 25 % de los beneficiarios de Medicare, seleccionados al azar, durante un periodo de cinco años.
No obstante, los autores señalan que, aun con la reducción de costes del 16-18 % que supondría la política MFN, persiste la brecha de precios entre lo que paga EE. UU. y lo que pagan otros países.
Asimismo, indican que los acuerdos confidenciales entre fabricantes y Medicare también ponen en peligro los ahorros previstos. Estos acuerdos quedan excluidos de las normas MFN, por lo que es probable que el ahorro real sea menor: aproximadamente del 4 al 6 %.
Los autores reconocieron las limitaciones del estudio, incluida la dependencia de bases de datos públicas, las cuales podrían no reflejar los descuentos confidenciales aplicados en otros países. También se basaron en datos históricos, los cuales podrían no reflejar los medicamentos recién aprobados y no permitían prever cómo responderían finalmente los fabricantes o las aseguradoras a las normas de la nación más favorecida (MFN).
Hemos seleccionado este reciente artículo de Politico que incide en un tema, ya tratado en anteriores artículos recogidos en la revista, la necesidad de transparencia y evaluación en normas y acuerdos relacionados con la negociación de precios de las Administraciones Publicas y las grandes empresas farmacéuticas. Su importancia es, como se ha recogido en artículos publicados en AJM. Un elemento clave para el presente y futuro de la respuesta ciudadana a los precios excesivos y arbitrarios de los nuevos medicamentos y para exigir a los gobiernos una actitud clara y decidida de defensa del interés público.
Aún no recuperados del asombro producido por la introducción por el Ministerio de Sanidad de nuestro país de una norma para bloquear la transparencia, consideramos imprescindible y obligado insistir una vez más en este tema.
Hasta ahora, el gobierno del Reino Unido se ha negado a publicar cuánto costará en última instancia el acuerdo al Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña.
LONDRES — Legisladores británicos instaron al organismo de control del gasto del Reino Unido a investigar cuánto costará a los contribuyentes el acuerdo sobre precios de medicamentos entre el Reino Unido y Estados Unidos.
El miércoles, los presidentes de seis comisiones parlamentarias británicas enviaron una carta a la Oficina Nacional de Auditoría argumentando que existe un «interés público significativo en comprender sus implicaciones para el gasto público», después de que el gobierno del Reino Unido se negara a divulgar los detalles de los costos del acuerdo pactado con la administración Trump.
«Dadas las implicaciones financieras potencialmente significativas de este acuerdo… deseamos solicitar formalmente que la Oficina Nacional de Auditoría lleve a cabo una investigación rápida sobre los costos del convenio y evalúe si este representa una buena relación calidad-precio para el contribuyente», escribieron los legisladores.
En virtud del acuerdo —cerrado en diciembre del año pasado—, el Reino Unido se comprometió a aumentar el gasto en nuevos medicamentos a cambio de que Estados Unidos eliminara los aranceles a los productos farmacéuticos durante tres años.
El gobierno británico acordó duplicar su gasto farmacéutico hasta alcanzar el 0,6 % del PIB para el año 2035. Asimismo, presentó normativa secundaria para actualizar las normas que aplica el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE, por sus siglas en inglés), permitiendo a dicho organismo elevar en un 25 % su umbral de rentabilidad (el punto en el que considera que un medicamento ofrece una relación valor-precio adecuada).
«Sin una evaluación de impacto exhaustiva que abarque los próximos años, el Parlamento y la ciudadanía no pueden comprender plenamente las repercusiones a largo plazo del acuerdo para los presupuestos del NHS y para el gasto público general», señalaron los legisladores.
Hasta la fecha, el gobierno británico se ha negado a publicar el coste final que supondrá el acuerdo para el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. En su lugar, ha estimado que el pacto costará aproximadamente 1000 millones de libras esterlinas durante el actual periodo de revisión del gasto.
A Sally Gainsbury, analista sénior de políticas del Nuffield Trust —un centro de estudios independiente especializado en salud—, se le denegó anteriormente el acceso a la evaluación de impacto del acuerdo realizada por el gobierno. La Oficina del Comisionado de Información (ICO) indicó que el Departamento de Salud y Asistencia Social argumentó que divulgar dicha información «perjudicaría el desarrollo de políticas en curso, las relaciones internacionales y los intereses comerciales».
El 17 de agosto, Gainsbury presentó un recurso ante el Tribunal de Información (Information Tribunal) contra la decisión del gobierno de no hacer pública la evaluación. Está previsto que el caso se examine entre diciembre y febrero.
Gainsbury señaló que el acuerdo comercial tendrá «un enorme impacto negativo en la capacidad del NHS para mejorar la salud de la población, ya que desviará recursos de formas de atención mucho más rentables hacia tratamientos mucho más costosos y, a menudo, de eficacia menos segura».
Y añadió: «El gobierno ha afirmado que el acuerdo es necesario para fomentar el crecimiento económico, pero no ha querido revelar los detalles de su evaluación al respecto. No deberíamos tener que recurrir a los tribunales para obtener transparencia sobre un asunto de tal trascendencia e impacto para los servicios de salud de nuestra nación, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Esta petición, respaldada por nada menos que seis presidentes de comisiones parlamentarias, pone de manifiesto el gran interés público en la transparencia; esperamos que el gobierno esté escuchando».
Entre los firmantes de la carta figuran Layla Moran, presidenta de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales; Chi Onwurah, presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología; Liam Byrne, presidente de la Comisión de Empresa y Comercio; Tonia Antoniazzi, presidenta de la Comisión de Asuntos de Irlanda del Norte; Patricia Ferguson, presidenta de la Comisión de Asuntos de Escocia; y Ruth Jones, presidenta de la Comisión de Asuntos de Gales.
Este artículo recoge una noticia que ha provocado una conmoción importante en el ámbito de las especialidades médicas y no solamente ahí pues ha trascendido en informaciones de carácter general. Tan es así que publicaciones como British Medical Journal le dedican un espacio importante por la repercusión indudable que sobre el prestigio de supuestos líderes como Kim Fox y organizaciones como la Sociedad Europea de Cardiología tiene el comportamiento del anteriormente mencionado expresidente de la sociedad citada anteriormente. Es evidente, como se señala el artículo, que situaciones como la descrita afectan a la práctica clínica y a un elemento muy importante en su desarrollo, como son las guías clínicas.
En las páginas de nuestra revista hemos tenido la oportunidad de disponer de los excelentes trabajos de investigación de Ángel María Martín, donde de forma aguda y precisa se identifican en nuestro país situaciones, sin duda, en índole menor en cuanto a la cuantía económica, pero de la misma naturaleza e importancia (Los pagos a profesionales y organizaciones sanitarias: el mercado de pulgas de las multinacionales farmacéuticas)
Un caso histórico que involucra más de 50 millones de libras esterlinas pone de manifiesto lo que está en juego en el debate sobre la transparencia en las relaciones entre médicos e industria. Informa Laura Spinney.
Este artículo es actualmente objeto de una reclamación legal por parte del profesor Kim Fox.
La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) determinó que un cardiólogo británico y expresidente de dicha organización había incurrido en una falta grave, tras la emisión de un documental de la televisión danesa que revelaba su participación en la elaboración de guías clínicas para el uso de la ivabradina (fármaco cardíaco comercializado como Corlanor y Procoralan) mientras obtenía beneficios de contratos lucrativos con el fabricante del medicamento.1
Entre 2006 y 2015, Kim Fox —profesor emérito de cardiología clínica en el Instituto Nacional del Corazón y el Pulmón del Imperial College de Londres— y su esposa Karen Summers —exdirectiva de la industria farmacéutica— percibieron más de 50 millones de libras esterlinas en su calidad de codirectores de Heart Research, una organización de investigación por contrato con sede en el Reino Unido. Esta empresa participó en la ejecución de al menos tres ensayos clínicos sobre la ivabradina —fármaco producido por la compañía farmacéutica francesa Servier— que se publicaron durante ese mismo periodo.
La mayor parte de los ingresos percibidos por Fox y Summers provino de dividendos y distribuciones abonados a ambos como únicos accionistas de Heart Research. La parte principal —más de 33 millones de libras, equivalentes a 47 millones actuales— correspondió a la distribución de capital retenido y beneficios tras la liquidación de la empresa en 2015.
La ivabradina, un inhibidor del nodo sinusal, actúa reduciendo la frecuencia cardíaca y fue aprobada inicialmente por la Agencia Europea de Medicamentos en 2005 para el tratamiento de la angina estable. En 2006, año en que asumió la presidencia de la ESC, Fox presidió un grupo de trabajo de la organización que publicó una guía recomendando la ivabradina como tratamiento alternativo para la angina en pacientes que no toleraban los betabloqueantes.2 Por aquel entonces, Heart Research ya participaba en el ensayo *Beautiful* —financiado por Servier— sobre el uso de ivabradina en pacientes con enfermedad arterial coronaria y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.3 La guía de la ESC indicaba que se había solicitado a los autores que declararan sus posibles conflictos de intereses; sin embargo, el documento no especificaba públicamente qué había declarado Fox, limitándose a señalar que los formularios correspondientes estaban disponibles previa «solicitud por escrito al presidente de la ESC». Cuando el mandato de Fox como presidente de la ESC concluyó en 2008, permaneció en la junta directiva durante dos años más en calidad de expresidente de la sociedad. Aunque la ivabradina no había logrado alcanzar el criterio de valoración principal del estudio BEAUTIFUL —una reducción significativa de la muerte cardiovascular o del ingreso hospitalario por infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca—, él la describió públicamente como el «estándar de oro para cualquier fármaco antianginoso o antiisquémico».
En declaraciones a *The BMJ*, Irène Frachon —neumóloga de Brest (Francia) que se enfrentó a Servier a causa de otro de sus fármacos (el benfluorex, comercializado con el nombre de Mediator) en un caso de gran repercusión mediática— calificó de «monstruosas» las sumas de dinero implicadas en el caso Fox. Afirmó que para Fox debería haber sido evidente que, dados sus vínculos con la empresa, tendría que haberse abstenido de participar en el grupo de trabajo encargado de las guías clínicas. «¡Esto huele mal!», declaró John Martin, profesor de ciencias cardiovasculares en el University College de Londres y exvicepresidente de la ESC. Por su parte, Rita Redberg, cardióloga de la Universidad de California en San Francisco y exeditora jefa de *JAMA Internal Medicine*, expresó a *The BMJ* su tristeza al conocer el caso: «Va totalmente en contra de los principios de la profesión».
Fox declinó una solicitud de entrevista, pero envió un comunicado y aceptó responder por escrito a las preguntas de *The BMJ*. Negó rotundamente la conclusión de la ESC sobre una falta grave a la ética profesional. Afirmó que «no infringió ninguna norma ni reglamento [de la ESC] vigente en aquel momento» y añadió que «la ESC estaba al tanto de sus intereses pertinentes —los cuales fueron declarados, transparentes y públicos— y no manifestó preocupación alguna en ese momento».
Persisten las dudas sobre la seguridad y eficacia de la ivabradina, aunque sigue siendo un tratamiento aprobado tanto para la angina de pecho como para la insuficiencia cardíaca en Europa, y para la insuficiencia cardíaca en Estados Unidos. Tras el ensayo clínico Signify de 2014 —en el que también participó Heart Research—, que reveló un mayor riesgo de infarto y muerte cardiovascular en un subgrupo significativo de pacientes, la Agencia Europea de Medicamentos revisó el fármaco y emitió advertencias sobre su uso en el tratamiento de la angina.
Después de la emisión del documental danés en septiembre de 2024, la ESC encargó una revisión interna de sus guías clínicas relativas a la ivabradina, incluida la guía de 2006 que Fox presidió. La revisión, a la que tuvo acceso *The BMJ*, concluyó que las recomendaciones eran «adecuadas» y señaló que «no había pruebas que sugirieran un sesgo a favor de la ivabradina».
Sin embargo, muchos cardiólogos consideran ahora la ivabradina, en el mejor de los casos, como un tratamiento de tercera línea. La revista médica francesa independiente *Prescrire* aconseja a los médicos no utilizarla. Aroon Hingorani, especialista en farmacología clínica del University College de Londres (UCL) y exdirector del Instituto de Ciencias Cardiovasculares de dicha institución, analizó la evidencia para *The BMJ*. Concluyó que los riesgos superaban a los beneficios: «Realmente no veo que tenga cabida, ni para la angina ni para la insuficiencia cardíaca», afirmó.
Una cifra astronómica
Muchos médicos —y, en algunos contextos, la mayoría— mantienen algún tipo de vínculo económico con empresas farmacéuticas. Estas relaciones están intrínsecamente ligadas a los ensayos clínicos patrocinados por la industria; no obstante, el caso de Fox resulta llamativo tanto por las cifras astronómicas que maneja como por su prestigio: además de presidir una asociación médica de influencia mundial, se dice que ejerció como cardiólogo de la difunta monarca británica, la reina Isabel II. Estas revelaciones surgen en un momento en que diversos grupos europeos impulsan reformas para acabar con la declaración voluntaria de conflictos de intereses y consagrar una mayor transparencia por ley. El documental danés se emitió originalmente en el canal danés TV 2.1 El año pasado se retransmitió en Suiza, pero aún no se ha emitido en el mundo angloparlante. Aunque durante años se habían planteado dudas sobre la relación de la ESC con la industria —tanto por parte de sus miembros como de observadores externos—,89 fue necesario un reportaje de investigación danés para desencadenar una investigación interna sobre el caso de Fox.
No hay indicios de que Fox o su esposa infringieran ninguna ley; sin embargo, la ESC comunicó a *The BMJ* que, en marzo de 2025, su comité de ética determinó que Fox «había incumplido sus obligaciones éticas y consideró su comportamiento como una falta grave». Al preguntársele en qué consistían exactamente dichas obligaciones, un portavoz de la ESC respondió que el comité había concluido que Fox «no se había abstenido de participar a pesar de existir un conflicto de intereses significativo».
Tras conocerse las conclusiones del comité a principios del año pasado, Fox dimitió de la ESC, situándose así fuera del alcance de cualquier medida disciplinaria. No obstante, la sociedad declaró que Fox no podía volver a formar parte de ella ni ser invitado como ponente a ningún evento de la ESC, lo que supone «el nivel máximo de exclusión según las normas de la ESC». En mayo de 2025, la junta directiva le retiró la medalla de oro —la máxima distinción de la sociedad— que se le había concedido al finalizar su mandato como presidente de la ESC, y su nombre ya no figura en la lista de expresidentes del sitio web de la organización.10
La ESC no hizo públicas sus actuaciones, pero facilitó un comunicado sobre el caso a los periodistas que solicitaron información. Dicho comunicado afirma que los procedimientos mediante los cuales la sociedad elabora sus guías clínicas son sólidos y asegura que «este proceso es totalmente independiente de la influencia de la industria».
Según las normas de la ESC vigentes en 2006, Fox debía presentar a la sociedad una declaración de intereses en papel, pero no estaba obligado a especificar la cuantía de los pagos recibidos, y sus declaraciones no se hacían públicas. Un portavoz de la ESC declaró que la sociedad ya no conservaba los archivos de las declaraciones realizadas antes de 2011 —año en que el proceso pasó a realizarse por vía electrónica— y Fox no facilitó la suya a *The BMJ* cuando se le solicitó.
*The BMJ* examinó las publicaciones de las que Fox fue coautor durante la década iniciada en 2005 y constató que, en la mayoría de ellas, se declaraba su relación con Servier. Sin embargo, dado que las revistas no suelen exigir a los autores que informen sobre la magnitud de sus vínculos económicos con la industria, el alcance de los suyos quedó oculto.
Fox rechazó las conclusiones del comité de ética. Declaró a *The BMJ* que siempre había comunicado cualquier conflicto de intereses y que había dimitido de la ESC porque «no estaba dispuesto a ser juzgado con arreglo a normas y reglamentos establecidos en 2024, aplicados con carácter retroactivo a actividades realizadas entre 2006 y 2008».
Un portavoz de la ESC reconoció ante *The BMJ* que el proceso de declaración era relativamente laxo a principios de la década de 2000, pero afirmó que desde entonces se había reforzado considerablemente. No obstante, Martin, exvicepresidente de la ESC, señaló que sus intentos de aportar mayor transparencia al proceso fueron rechazados por la junta directiva, de la que formaba parte Fox. Martin recordó haber planteado, durante una reunión de la junta en 2006 —cuando Fox era presidente electo—, la necesidad de hacer públicos los conflictos de intereses, y cómo su propuesta fue recibida con «frialdad».
El impacto de los conflictos de intereses en la objetividad de los médicos ya estaba bien documentado a principios de la década de 2000;11 asimismo, según las políticas de conducta ética tanto de la ESC como del Consejo Médico General del Reino Unido, se esperaba que Fox —que entonces ejercía la medicina— antepusiera los intereses de los pacientes y evitara exponerse a influencias indebidas, o dar la impresión de estar expuesto a ellas.12 «Sabemos que incluso pequeñas cantidades de dinero influyen en el comportamiento», afirmó Redberg.
Servier declaró a *The BMJ* que «cumple estrictamente» las directrices de transparencia establecidas por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), una organización sectorial. En un comunicado enviado a TV 2 en 2024, un portavoz de Servier escribió: «Como cardiólogo y destacado experto en la materia, Kim Fox recibió honorarios de Servier por asesorar sobre el desarrollo clínico de la ivabradina y sus indicaciones, así como por aportar comentarios sobre los resultados de los estudios; todo ello constituye una práctica habitual en las colaboraciones científicas». No revelaron la cuantía de los pagos.
El expresidente inmediato de la ESC, Franz Weidinger, declinó ser entrevistado por TV 2, al igual que Roberto Ferrari, quien sucedió a Fox en la presidencia; por el contrario, Eva Prescott, presidenta del comité de guías de práctica clínica en aquel entonces, defendió el proceso de elaboración de las guías en el documental. En abril de 2026, el actual presidente, Thomas Lüscher, accedió a hablar con *The BMJ*.
Lüscher, que en su día trabajó junto a Fox en el Royal Brompton Hospital de Londres, expresó su sorpresa ante el caso, pero añadió: «Siempre hubo rumores». Según señaló, el hecho de que Fox fuera propietario de una organización de investigación por contrato no suponía un problema en sí mismo. «El problema radicaba en que, simultáneamente, ocupaba los cargos de secretario, presidente electo y presidente; y, lo que es peor, intervenía en simposios satélite [patrocinados por la industria] en calidad de presidente durante nuestros congresos. Hoy en día, esto resulta inconcebible».
Según la normativa actual de la ESC, percibir unos ingresos anuales de 10.000 euros o más procedentes de actividades relacionadas con la industria inhabilita a una persona para formar parte de un grupo de trabajo sobre guías clínicas. Este límite, que incluye los pagos realizados a cónyuges y parejas, se estableció en 2022. Desde 2026, las actividades anuales de los miembros de la junta directiva relacionadas con la industria se publican en el sitio web de la ESC, aunque no se especifican las cantidades económicas.
Al preguntársele si la ESC había dado seguimiento a la denuncia de TV 2 de que el caso de Fox no era un hecho aislado, Lüscher respondió que, al tratarse de una organización gestionada por voluntarios, carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
El Imperial College de Londres, en cuyo sitio web aún figuran la biografía y las publicaciones de Fox, declinó hacer comentarios sobre el caso; no obstante, un portavoz señaló que el título de «profesor emérito» es honorífico y no conlleva remuneración alguna, y que su actual política sobre conflictos de intereses se implementó en 2011. Lüscher afirmó haber informado a la dirección del Imperial sobre la situación.
El caso sigue sin trascender en la mayor parte de Europa y el resto del mundo, a pesar de la influencia global de las directrices de la ESC. Benoy Shah no tenía conocimiento del asunto en marzo de este año. Shah, cardiólogo del Hospital General de Southampton (Reino Unido), informó en 2021 —junto con dos de sus estudiantes— que al menos el 80 % de los autores de cuatro directrices clave de la ESC presentaban conflictos de intereses económicos relevantes.14 Shah comenta que el estudio surgió a raíz de una sesión a la que asistió en el congreso de la ESC de 2012; allí, unas diapositivas sobre conflictos de intereses mostradas fugazmente le transmitieron la impresión de que existía una cercanía poco saludable entre los ponentes que presentaban las directrices actualizadas y las compañías farmacéuticas cuyos productos aparecían en dichas guías. «Recuerdo salir de la sesión a mitad de su desarrollo pensando que todo aquello no era más que una farsa», declaró.
Llamamientos a la reforma
El caso Fox también pone de relieve el debate sobre si la transparencia en los pagos debe ser voluntaria u obligatoria, así como quién debería responsabilizarse de ella. Tanto en Estados Unidos como en Francia, las llamadas leyes de transparencia (*sunshine acts*) obligan a la industria a declarar públicamente las cantidades exactas abonadas a hospitales y profesionales sanitarios.15,16 En el Reino Unido, un informe dirigido por Julia Cumberlege recomendó adoptar un sistema obligatorio similar; sin embargo, la investigadora principal del estudio, Sonia Macleod (de la Universidad de Oxford), señaló que el gobierno se ha resistido hasta la fecha a implementarlo.17 «La tendencia actual en la estrategia de innovación es evitar cualquier medida que pueda percibirse como perjudicial para el crecimiento», afirmó. «Las industrias farmacéuticas º1º y de ciencias de la vida constituyen un elemento clave de la estrategia de crecimiento [del gobierno]». Esta resistencia parece extenderse también al colectivo de profesionales sanitarios. Piotr Ozieranski, sociólogo de la Universidad de Bath que ha estudiado el impacto de las leyes de transparencia sobre los vínculos con la industria (conocidas como *Sunshine Acts*), declaró a *The BMJ* que, si bien estas normas no parecían haber modificado el comportamiento de los médicos ni haber logrado excluir de la toma de decisiones a aquellos con conflictos de interés, sí habían permitido un mayor escrutinio de dichos vínculos por parte de periodistas y organismos de control de la transparencia, además de generar efectos indirectos en las asociaciones profesionales. Desde al menos 2021, la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) —que elaboran conjuntamente guías clínicas— exigen a los miembros de los comités redactores que declaren el valor económico de sus relaciones con la industria. Según sus normas actuales, los pagos declarados se clasifican como «modestos» o «significativos» en función de si se sitúan por debajo o por encima del umbral de 10.000 dólares.
Algunas sociedades profesionales han optado por publicar las relaciones financieras de los autores, indicando las cantidades económicas mediante rangos. «En conjunto —señaló Ozieranski—, la autorregulación de la industria arroja peores resultados que la divulgación obligatoria impuesta por las leyes de transparencia».
Redberg afirmó que el caso de Fox «podría ser solo la punta del iceberg». «Existe un gran potencial para que se produzcan este tipo de relaciones poco éticas y carentes de profesionalidad».
Por su parte, los cardiólogos europeos lamentan el daño sufrido por su credibilidad, ahora que se ha confirmado que los años de rumores y sospechas tenían fundamento. En opinión de Martin, la ESC no ha hecho lo suficiente para recuperar la confianza pública; las recientes revelaciones amenazan con perjudicar la relación médico-paciente y hacen que los voluntarios que gestionan la sociedad se sientan traicionados. Martin instó a tomar medidas: «La junta directiva de la ESC podría ser considerada cómplice tácita si no se lleva a cabo una investigación pública exhaustiva», declaró. «Quedan muchas preguntas sin respuesta».
Nota de la CR: En el artículo original de BMJ la lectora o lector interesado dispone de una interesante bibliografía.
Incluimos este excelente artículo realizado de una manera seria y rigurosa, publicado en El Correo, un medio informativo de carácter general, sobre el escándalo producido por la revelación de la percepción de 58 millones de dólares por el expresidente de la Sociedad Europea de Cardiología. (En páginas anteriores hemos recogido el artículo de BMJ sobre el tema).
El cardiólogo de la reina Isabel II era responsable de elaborar las guías clínicas de un fármaco para el corazón, la ivabradina, mientras recibía 58 millones de euros en contratos del fabricante del medicamento. El escándalo de Kim Fox, que fuera presidente de la Sociedad Europea de Cardiología, se destapa en una investigación que se publica este jueves. A través de la empresa de su propiedad, Heart Research, hizo al menos tres ensayos clínicos del fármaco de la compañía Servier, entre 2006 y 2015. Cuando comenzó su colaboración con la farmacéutica, se colocó a la cabeza de un grupo de trabajo de los cardiólogos europeos que recomendó la ivabradina como tratamiento alternativo para la angina de pecho, a pesar de no alcanzar los objetivos en los ensayos, en los que él también participaba. Su labor contribuyó a que esta droga fuera aprobada para la insuficiencia cardiaca en Europa.
Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) tienen una gran influencia mundial, refieren los autores del artículo ‘Un conflicto de intereses monstruoso: Kim Fox, ivabradina y las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología’, publicado en la revista científica BMJ. En este caso, Fox y la ESC calificaron la ivadradina con el ‘estándar de oro’, a pesar de que no logró su cometido principal de reducir de manera significativa la mortalidad cardiovascular ni los ingresos hospitalarios por infarto. Hasta ahora se había silenciado el escándalo, que este miércoles se ha publicado en el ámbito científico.
A los autores de las guías europeas se les exigía que declararan sus conflictos de interés, pero en el caso de Fox no aparecían públicamente y, quien quisiera saberlos, debía solicitarlo por escrito al presidente de la sociedad, es decir, el mismo Fox, que permaneció como miembro de la junta directiva después de dejar la presidencia. «La mayor parte del dinero que recibieron Fox y (su esposa Karen) Summers fue como dividendos que se repartieron al ser los únicos accionistas de Heart Research. La mayor parte, más de 33 millones de libras esterlinas (unos 38 millones de euros) provino de la distribución del capital retenido y las ganancias obtenidas tras la liquidación de la empresa en 2015», indica el artículo firmado por Laura Spinney.
«Muchos médicos tienen algún tipo de vínculo financiero con compañías farmacéuticas. Estas relaciones están intrínsecamente ligadas a los ensayos clínicos patrocinados por la industria, pero el ‘caso Fox’ resulta sorprendente por las astronómicas sumas involucradas», mantiene la investigación. «Estas revelaciones surgen en un momento en que algunos grupos en Europa impulsan reformas que pondrían fin a la declaración voluntaria de conflictos de interés y consagrarían una mayor transparencia en la ley», subraya.
Fox había incumplido sus obligaciones éticas y se consideró su conducta como una falta grave
Cuando se hizo público el conflicto de intereses de Fox, por un documental de la televisión danesa en 2024, la ESC pidió a un comité de ética que dirimiera en el caso de su expresidente y determinó, a principios del año pasado, que «había incumplido sus obligaciones éticas, y consideró su conducta como una falta grave», según Spinney. Entonces, Fox, que también es profesor emérito del Instituto Nacional del Corazón y el Pulmón del Imperial College London, rechazó estas conclusiones y renunció a su membresía en la asociación.
Peligro para el paciente
En 2014 surgieron dudas sobre la seguridad del medicamento de Servier, al presentar «un mayor riesgo de infarto y muerte cardiovascular para un subgrupo de pacientes. La Agencia Europea de Medicamentos revisó el fármaco y emitió advertencias sobre su uso en el tratamiento de la angina de pecho», indica el documento. Ante la sospecha, la ESC reafirmó que las «recomendaciones (de la guía presidida por Fox) eran apropiadas y no encontró evidencia que sugiriera un sesgo a favor de la ivabradina». No obstante, varias investigaciones recientes aconsejan no utilizar el fármaco porque «los perjuicios superaban a los beneficios», indica el artículo.
En la publicación de BMJ se incluye la versión de Fox, que niega haber cometido una falta grave, porque sus intereses eran conocidos por la ESC y habían sido declarados de forma «transparente y pública». También la farmacéutica dijo seguir «estrictamente las directrices de transparencia establecidas por la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, una organización sectorial». Por su parte, la ESC mantuvo que había reforzado su política de declaración de conflictos de interés en los últimos años, pero reconoció que en esa época eran laxos. Sus miembros no estaban obligados a decir el monto de sus retribuciones (tampoco ahora) ni tenían que manifestar su relación contractual con la industria.
Daño reputacional
La investigación también aborda el daño que sufre la ciencia frente al público con estos comportamientos, más aún cuando hay sumas desorbitadas de por medio. Se puede resentir la relación del médico con el paciente, y de los médicos con sus colegas de especialidad, al considerarse, tanto al firmante de las guías clínicas como a la sociedad que lo ampara como «cómplices» de aprobar medicamentos que no suponen más eficacia y que, incluso, podrían elevar el riesgo de los enfermos, dice la investigación.
No hay, sin embargo, indicios de que Fox incumpliera la ley, pero sí «sus obligaciones éticas», según la ESC. A juicio de esta asociación médica, se debió recusar a sí mismo y no participar en la evaluación. Las sanciones que recibió fueron la exclusión como miembro y como docente invitado, y la retirada de una medalla de oro. Los cardiólogos europeos quieren así mostrar que son independientes de la industria.
Este artículo de Politico es muy útil para continuar, como hemos visto en los artículos anteriores, en la comprensión de cómo la estrategia de nación más favorecida y las presiones arancelarias del gobierno Trump, junto con la aplicación sancionadora de la sección 301 van dirigidas directamente a obligar a los países europeos, a aumentar su gasto farmacéutico en nuevos medicamentos. Esta realidad debería preocupar notablemente a nuestro país. Hasta ahora la única acción conocida ha sido el posicionamiento del MS con el bloqueo de la transparencia en los procesos de negociación con la industria farmacéutica, como ya hemos comentado con anterioridad en varias ocasiones.
Creemos que el Ministerio de Sanidad y particularmente su secretario de Estado, Javier Padilla, deberían explicar cuál va a ser la respuesta política de España ante esta amenaza indudable. Aunque estemos dentro de la Unión Europea, es imprescindible disponer de una estrategia propia.
El sistema de precios de nuevos medicamentos de Alemania se enfrentará a una audiencia comercial de los Estados Unidos el martes, con consecuencias que podrían extenderse más allá de los productos farmacéuticos.
La investigación es parte de los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reducir el alto costo de los medicamentos en Estados Unidos, lo que, según él, está subsidiando efectivamente los precios más bajos en Europa. Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales a menos que los precios europeos suban, lo que podría golpear en todo el continente porque la UE comercia como un bloque.
«Durante demasiado tiempo, los países europeos han estado utilizando la innovación estadounidense mientras nuestros propios pacientes y empresas pagan la factura», dijo el congresista republicano Vern Buchanan, vicepresidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y presidente de su subcomité de salud. «Europa necesita empezar a pagar su parte justa».
Alemania fue el primer país de la UE en verse sometido a presiones específicas para aumentar los precios de los medicamentos, después de que Estados Unidos iniciara una investigación comercial en virtud de la Sección 301 el pasado mes de junio. Este martes, funcionarios comerciales estadounidenses celebrarán una audiencia para determinar si el sistema alemán de fijación de precios para nuevos medicamentos constituye una práctica comercial desleal.
Alemania ha rechazado dicha acusación. «No existe discriminación contra las empresas estadounidenses», declaró un portavoz del Ministerio de Sanidad. El sistema está «consolidado y equilibrado» para garantizar el acceso a la innovación y un suministro sostenible, añadió el portavoz: «Defendemos este sistema».
Si Washington falla en contra de Berlín, las repercusiones podrían extenderse más allá de los fabricantes alemanes de medicamentos y afectar a otros sectores, en particular a la industria automotriz del país.
«No existe ninguna norma que obligue a imponer aranceles únicamente en el sector afectado si se determina la existencia de una práctica comercial desleal en virtud de la Sección 301», señaló Dan Mullaney, exrepresentante comercial adjunto de EE. UU. y jefe negociador de acuerdos comerciales con la UE y el Reino Unido.
Estados Unidos podría imponer aranceles a otros productos «fácilmente», afirmó Mullaney, quien actualmente es investigador sénior no residente en el Centro de Europa y el Centro de Geoeconomía del *think tank* Atlantic Council. «Se elegirían productos en función de lo que probablemente influya en Alemania. El sector automotriz sería la opción evidente».
Los automóviles fueron el principal producto de exportación de Alemania a Estados Unidos en 2025, según muestran las cifras comerciales. El país vendió vehículos de motor y piezas a Estados Unidos por valor de 28.500 millones de euros, seguidos muy de cerca por los productos farmacéuticos, con 28.000 millones de euros.
Mullaney también señaló que los aranceles podrían quedar fuera del tope del 15 % acordado entre Estados Unidos y la UE. «Se trata de una investigación independiente sobre prácticas comerciales desleales que puede ir más allá de los aranceles horizontales pactados», añadió.
Un representante del sector farmacéutico estadounidense, que solicitó el anonimato dada la naturaleza delicada de las negociaciones en curso, afirmó que «los aranceles no tienen por qué aplicarse necesariamente a los productos farmacéuticos», y agregó: «En realidad, se trata de la capacidad de presión que el Gobierno de Estados Unidos cree tener para obligar a la otra parte a modificar dichas prácticas o a alcanzar algún tipo de acuerdo».
Lo que busca Estados Unidos
Washington pretende cerrar un acuerdo con Berlín sobre los precios de los medicamentos —similar al suscrito con Londres— para fomentar un mayor gasto en fármacos innovadores.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos acusa a Alemania —y al resto de la UE— de beneficiarse de los precios más elevados de los medicamentos en Estados Unidos, los cuales, según sostiene, financian las costosas investigaciones necesarias para desarrollar nuevos fármacos.
Aunque Berlín rechaza estas acusaciones, desde hace meses se mantienen conversaciones informales con Washington. Funcionarios de los ministerios alemanes de Sanidad y Economía están estudiando una propuesta que podrían presentar a Washington para evitar la amenaza de aranceles.
No obstante, los responsables políticos en Berlín consideran muy improbable que Alemania acepte aumentos significativos de precios.
«No permitiremos que gobiernos extranjeros dicten cómo fijamos los precios de los medicamentos en Alemania», declaró Matthias Mieves, legislador del Partido Socialdemócrata (en el gobierno) y responsable de liderar la elaboración de políticas para el sector sanitario.
«El problema no es que los precios en Alemania sean demasiado bajos. Pagamos precios buenos y elevados. La realidad es que los pecios de los medicamentos en Estados Unidos son excesivamente altos», afirmó.
Washington tiene una opinión distinta. Cuenta con una larga lista de cambios que exige a Alemania para evitar que se determine la existencia de prácticas comerciales desleales.
El representante del sector farmacéutico estadounidense mencionado anteriormente expuso tres demandas principales: que Alemania aumente el porcentaje de su PIB destinado a medicamentos innovadores; que revierta los cambios recientes orientados a aplicar mayores descuentos a los precios de los nuevos fármacos; y que establezca un mecanismo de cumplimiento para garantizar que se lleven a cabo los compromisos adquiridos con Washington.
Alemania gasta menos de la mitad que Estados Unidos en nuevos medicamentos en relación con el PIB, señaló el representante.
En julio, Berlín aprobó una ley para reducir los precios de los medicamentos como parte de una reforma integral destinada a afrontar el déficit de 18.000 millones de euros previsto para el sistema sanitario el próximo año.
En respuesta, empresas como Eli Lilly y Boehringer Ingelheim anunciaron recortes de inversión o la retirada de sus operaciones en Alemania.
Qué cabe esperar
La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés) está obligada por ley a celebrar una audiencia pública como parte del procedimiento de la Sección 301. Si bien es poco probable que la sesión revele la postura negociadora de Washington, la identidad de los comparecientes y los argumentos que expongan ofrecerán una perspectiva útil sobre la posición de ambas partes.
Berlín no enviará a ningún representante para defender su postura. En su lugar, un representante de la embajada alemana en Washington «participará en calidad de observador», según informó el Ministerio de Sanidad.
Los gobiernos extranjeros a veces optan por intervenir en estas audiencias para exponer públicamente sus argumentos, aunque no están obligados a hacerlo. Algunos prefieren mantener conversaciones privadas con funcionarios estadounidenses, tal como está haciendo el gobierno alemán.
Los funcionarios estadounidenses —por lo general, personal de carrera— suelen formular preguntas técnicas o aclaratorias y no utilizan las audiencias para hacer alarde político.
La Cámara de Industria y Comercio de Alemania, que presentó una declaración por escrito en una fase anterior de la investigación, tampoco asistirá.
La empresa alemana de tecnología médica Carl Zeiss, que también presentó una declaración por escrito en una etapa anterior de la investigación, declinó hacer comentarios, aunque señaló que «sigue de cerca la evolución de la política comercial».
Hasta la tarde del viernes, diez personas habían solicitado permiso para intervenir. La mayoría coincide con la postura de la administración Trump.
Sin embargo, es poco probable que la presión sobre Alemania desaparezca tras la audiencia.
«Si se lleva a cabo una investigación de la Sección 301 y esta desencadena tales negociaciones, hay que asumir que son serias», afirmó Mullaney. «Es decir, que si no se logra algún tipo de resultado, se producirá un reequilibrio arancelario».
Stefanie Bolzen y Oliver Ward colaboraron en la información desde Washington.
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