Category Archives: NOTICIAS

“Es de la gente, no hay patente”. ¿ Acaso se puede patentar el Sol. ?

Autor: Comite de la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure” en España.

Resumen:  Esta Iniciatiava Ciudadana Europea que agrupa a más de 400 Organizaciones de la Sociedad Civil y representada en la palataforma Right2Cure continua reclamando nuestra atención y apoyo hasta conseguir que el Parlamento Europeo debata y reconozca este derecho Universal como ya se hizo con ocasión de la vacuna contra la Polio.

Leer nota de prensa

Eueopean obudsman

OXFAM International

Una veintena de organizaciones pide al Gobierno que garantice el acceso global a la vacuna de la farmacéutica Hipra, desarrollada con inversión pública

El Gobierno ha invertido millones de euros en el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica española que está a punto de comenzar la tercera fase de los ensayos clínicos, etapa previa a su aprobación definitiva.

Las organizaciones reclaman a Pedro Sánchez que se impongan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que las licencias de las vacunas Covid-19 desarrolladas con dinero público no sean exclusivas, asegurando así el acceso a ellas.

Piden que la vacuna de Hipra y las que desarrolla el CSIC se incorporen a C-TAP, la plataforma impulsada por la OMS para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de las vacunas y de otras herramientas contra la Covid-19.

22/02/2022. Una veintena de organizaciones, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización Médica Colegial, No Gracias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Amnistía internacional, Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGD) y la campaña Right2Cure, han enviado hoy una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar que haya más protección de la inversión pública que se está destinando al desarrollo de las vacunas y otras herramientas sanitarias contra la Covid-19. El documento recalca que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica.

Las organizaciones muestran especial preocupación por el caso de Hipra, una compañía española que desarrolla una vacuna contra la Covid-19 que está a punto de comenzar el ensayo clínico en fase 3, con 3000 pacientes de 15 hospitales de España, Italia y Portugal. Si todo sale bien, esta sería la última etapa antes de comenzar su proceso de regulación y autorización. Para la investigación y el desarrollo de la vacuna, recuerdan las entidades, la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Sin embargo, afirman las organizaciones, nada garantiza que cuando la vacuna empiece a producirse pueda llegar a todas las personas que la necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, recuerdan a Pedro Sánchez que “se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente proporcional a sus esfuerzos de inversión”.

El camino ya existe

En la carta, las entidades ponen como ejemplo la vacuna Corbevax, desarrollada por el Hospital Infantil de Texas y el Baylor College of Medicine, cuya licencia no es exclusiva y está a disposición de fabricantes de todo el mundo con capacidad para producirla.

En el caso de la vacuna de Hipra y de las vacunas que desarrolla en estos momentos el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las entidades firmantes reclaman que sus licencias se compartan a través de C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinada a intercambiar conocimientos y la propiedad intelectual de las vacunas y otros productos contra la Covid-19. “Se deben incorporar condiciones y provisiones de acceso para que tanto las entidades públicas como privadas, licencien sus productos a través de acuerdos globales y no exclusivos, a través de C-TAP, compartiendo los derechos de propiedad intelectual, con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, señala la carta. Además, pide al Gobierno que la financiación destinada a instituciones públicas sea la misma que la que se invierte en instituciones y empresas privadas.

En noviembre de 2021, España fue el primer país en sumarse a C-TAP incorporando a esta plataforma un test diagnóstico desarrollado por el CSIC. Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo. Esta cesión demuestra que “el Gobierno de España tiene la oportunidad de avanzar y liderar a nivel mundial el planteamiento de soluciones concretas para conseguir un acceso y una distribución justa y equitativa de las vacunas”, añade la carta.

La pandemia de la inequidad

Las organizaciones recuerdan que estamos en un momento clave. Mientras en los países más ricos los gobiernos se preparan ya para convivir con la Covid-19, ponen terceras dosis e incluso avanzan en una cuarta, en los países de bajos ingresos se ha vacunado con dos dosis solo al 10% de la población. “La causa son los monopolios de las vacunas que han limitado la producción y elevado los precios junto con el acaparamiento de vacunas desencadenado entre los países que pueden pagarlos preciosimpuestos por contrato porlasfarmacéuticas”. Sin embargo, aseguran, la estrategia debería ser la contraria, “aumentar la producción y diversificarla en todas las regiones del mundo fortaleciendo los sistemas sanitarios”. Se trata, en definitiva, de “mejorar la respuesta de todos los países a los desafíos globales de salud pública”.

– Enlace a la carta enviada hoy por las organizaciones.

Más información:

– Lydia Molinalydia.molina@saludporderecho.org – 680 667 647

– Nora Moranora.mora@medicosdelmundo.org – 656 957 908

Organizaciones firmantes: Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Organización Médica Colegial, No Gracias, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Amnistía internacional, Oxfam Intermón, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos sin Fronteras, Farmamundi, Plataforma de afectados por hepatitis C (PLAFH), medicusmundi, Comisiones Obreras – CCOO, Unión General de Trabajadores – UGT, Right2Cure – Campaña Non Profit on Pandemic EU, Intersindical Valenciana, ACDESA PV, AVUSAN Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad, Confederación Intersindical, CEAV, Confederación Intersindical Galega, Valencia Saludable, medicusmundi Mediterránea y STEC Cantabria.

Leer carta

“Conseguir incentivos adecuados en la Nueva Estrategia Farmaceutica de UE”

Autores:  Alianza Europea para la I+D Responsable y Medicamentos Asiquibles

Resumen:  Ante la próxima elaboración de la Nueva Estrategia Farmaceutica de la UE la Alizanza Europea para la I+Dresponsable y los medicamentos asequibles  que aglutina trece Organizaciones de la Sociedad Civil entre las que se encuentran AAJM, NoGracias, Salud por Derecho… han hecho pública una Nota de Prensa con un total de 10 recomendaciones que consideran de alto interes  ante la trascendencia que esta Nueva Estrategia puede tener a la hora de hacer compatibles  incentivos y accesibilidad de los nuevos medicamentos.

Leer documento original

Enlace a la nota de The European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines (Traducida)

CONCENTRACIÓN DE RIGHT2CURE FRENTE AL CONGRESO ANTE LA INMINENTE VOTACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA POSICIÓN DE LA INSTITUCIÓN FRENTE A LAS PATENTES DE LA VACUNA ANTICOVID

Autores: RIGHT2 CURE ESPAÑA (  AAJM,  Plataforma ILP, ADSPIBaleares, ADSPMadrid, Confederacion intersindical, CCOO, UGT, FARMAMUNDI, MEDICOSMUNDI, MEDICOS DEL  MUNDO, PLAFHC )

Resumen:  La plataforma Right2Cure España se ha concentrado frente al Parlamento como medida de presión ante la votación que se llevará a cabo en el Parlamento Europeo mañana día 9 de junio para decidir la posición de la institución sobre las patentes. A esa importante decisión se une esta semana  una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio que debatirá también  la posible suspensión de las patentes.

Así mismo se han remitido cartas justificando la petición al Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez. A a Presidenta del Congreso de los Diputados Español Dña. Merixel Batet y a la Presidenta del Parlamento Europeo Dña. Ursula von der Leyen.

En la concentración, acompañaron a los miembros presentes de Right2Cure España: Maria Luisa Carcedo (diputada del PSOE, ex ministra de Sanidad), Rosa María Medel (diputada, portavoz Sanidad por Unidas Podemos), Ana Prieto (diputada, portavoz de Sanidad PSOE), Guillermo Meijón (diputado del PSOE), Ana Isabel García Villanueva (secretaria Confederal de Políticas Sociales y Vivienda de UGT), Agustín Reoyo (adjunto a Secretaría Confederal de Política Social y Movimientos Sociales CCOO). Entre los miembros de la iniciativa Right2Cure se encontraban, entre otros, Damián Caballero y Fernando Fontan de la PLAFHC; Juan José Rodríguez Sendín, Fernando Lamata, Alicia Delgado y Pablo Martínez de la AAJM; y Felix Fuentenebro y Teresa Rosario de Médicos Mundi y Farmacéuticos Mundi  respectivamente.

DOCUMENTOS

Manifiesto. Leer

Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez, leer Carta

Presidenta del Congreso de los Diputados Español Dña. Merixel Batet, leer carta

Presidenta del Parlamento Europeo Dña. Ursula von der Leyen, leer Carta

IMPACTO EN PRENSA

Acta SanitariaEuropa Press COPE Infosalus

Especular con la vacuna: un crimen contra la humanidad

José Antonio Martín Pallín. Jurista, magistrado emérito del Tribunal Supremo. También fue fiscal del mismo. Revista CTXT Contexto y acción Nº 269. Febrero 2021

COMENTARIO. Este muy interesante artículo de Martín Pallín se abre con una frase::” Existe un consenso generalizado entre los juristas sobre la necesidad de encajar en el marco del derecho penal determinadas conductas que conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.” Efectivamente la pandemia “conmueve” a la humanidad Pero sin duda debería “mover” a que gobiernos e instituciones nacionales e internacionales adoptarán todas las medidas necesarias para conseguir disminuir y anular el sufrimiento y las muertes de millones de ciudadanos. Martín Pallín nos propone un instrumento para lograr este objetivo: la ley.y afirma: ” Las únicas leyes admisibles en una sociedad democrática son aquellas que emanan de la soberanía popular… Las llamadas “leyes del mercado” impuestas por poderes económicos, al margen de la soberanía popular, deben ser cuestionadas en cualquier sociedad democrática” A continuación explora las posibilidades difíciles y complicadas para acudir a la Corte Penal Internacional para llevar a los directivos y representantes de la BigPharma como responsables de ” la especulación comercial con las vacunas ” y si este delito puede incluirse en la categoría delictiva de los crímenes contra la humanidad. El final del artículo nos interpela y llama la a la acción: “si nos resignamos y sometemos a las decisiones de los poderosos, habremos puesto en peligro las condiciones necesarias para conseguir la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. “Espaldudo mensaje que desde el Consejo de Redacción hacemos nuestro.

Existe un consenso generalizado entre los juristas sobre la necesidad de encajar en el marco del derecho penal determinadas conductas que conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. La mayoría de los códigos penales recogen y castigan comportamientos delictivos que, por su naturaleza y gravedad, se califican como delitos contra la comunidad internacional.

Inevitablemente, el juego de los intereses que priman en la política internacional y la inevitable limitación de la soberanía nacional para aplicar el Derecho Penal al espacio territorial de cada país provoca, a pesar de los tímidos avances de la jurisdicción universal, que muchos de esos delitos se cometan con la más absoluta impunidad. Esta posibilidad ha sacudido la conciencia de la mayoría de los ciudadanos de los países que forman parte de la organización de Naciones Unidas, planteándose la necesidad de establecer una Corte Penal Internacional que garantice, en todo caso, que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica cuando los tribunales nacionales hacen dejación de sus obligaciones de perseguir estas conductas criminales.

Conscientes de la necesidad de reaccionar ante comportamientos que pueden romper los lazos de solidaridad, patrimonio común de la humanidad, se convocó una Conferencia Internacional con el objeto de perseguir y castigar estas conductas y consolidar los estrechos vínculos y culturas que configuran la posibilidad de un futuro en común. Aunque algunos pensaban, con escepticismo, que este propósito no iba a llegar a buen fin, los malos augurios no se cumplieron y felizmente cuajó la idea. Después de varios años de negociaciones, se consigue plasmar en un texto, que consolida la idea de ensanchar el marco del Derecho Penal y Procesal Internacional. Los esfuerzos alumbraron el denominado Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado en Roma el 17 de julio de 1998 y ratificado por España el 24 de octubre del año 2000. Su función es subsidiaria y sólo actúa cuando las jurisdicciones nacionales permiten la impunidad. Como nos dice en su preámbulo, es necesario adoptar las medidas de cooperación, en el plano nacional, e intensificar la cooperación internacional para asegurar que estos crímenes sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

Según las estadísticas más recientes que maneja la Organización Mundial de la Salud, dos millones de personas han fallecido a causa de la covid en el mundo y el número de afectados puede llegar hasta los cien millones. Una emergencia grave y t r a s c e n d e n t e p a r a l a c o m u n i d a d internacional. De momento, los medios para atajarla pasan por las medidas sanitarias y sobre todo por la aplicación de las vacunas que han conseguido elaborar los laboratorios far macéuticos. Cualquier maniobra especulativa que ponga en riesgo a gran parte de la humanidad, privándola de la posibilidad de acceder a las dosis necesarias para inmunizarse, merece el repudio moral y ético de todos los ciudadanos. El enérgico rechazo de estas prácticas se refuerza por el hecho de que los avances en la investigación han sido posibles gracias a la inversión de fondos públicos.

La especulación con el precio de las vacunas, ofreciéndoselas al mejor postor, es una realidad obscena que las propias empresas farmacéuticas no niegan, sino que, al contrario, tratan de justificar invocando las llamadas “leyes del mercado”. Gran parte de los medios informativos y muchos gobiernos y partidos políticos utilizan este repulsivo mercadeo como munición política para desgastar al adversario.

Nos enfrentamos a una pandemia de efectos devastadores sobre la vida y la salud de las personas. Ningún país está libre. Es la humanidad la que se siente afectada por las maniobras que se están realizando, a ciencia y p a c i e n c i a d e mu c h o s g o b i e r n o s e instituciones, en la distribución del único antídoto que puede combatir y remitir la tragedia que estamos viviendo. Los datos son aterradores, nunca se habían alcanzado estas cifras de contagios y fallecimientos en la historia de la humanidad, aun sumando las víctimas de todas las grandes guerras que últimamente se han vivido.

Los directivos de las grandes empresas farmacéuticas no pueden manejar la distribución de las vacunas como si se tratase de cualquier otro producto de consumo. Las únicas leyes admisibles en una sociedad democrática son aquellas que emanan de la soberanía popular representada por los respectivos poderes legislativos. Las llamadas “leyes del mercado” impuestas por poderes económicos, al margen de la soberanía popular, deben ser cuestionadas en cualquier sociedad democrática que respete los valores y principios que se recogen en sus constituciones. Si no se actúa enérgicamente para atajar estos desmanes, los políticos deben reconocer que están traicionando los deberes y obligaciones que les ha encomendado el pueblo. Las instituciones democráticas se convierten en una mera fachada y en un instrumento ineficaz para conseguir la defensa de los intereses generales que, en este caso, van más allá de los límites territoriales de un Estado y afectan a toda la humanidad, sobre todo a aquellas personas que son más vulnerables, física y económicamente.

Vaya por delante que yo no soy partidario de expandir el Derecho Penal como solución para toda clase de conflictos, pero creo sinceramente que, ante la magnitud de la tragedia, hay que explorar todas las vías jurídicas disponibles. Ante la imparable expansión de la enfermedad y la muerte, no se puede permanecer impasible. Con toda seguridad se podrán esgrimir argumentos para contradecir mis afirmaciones. Estoy seguro que a los tradicionales círculos y medios de comunicación neoliberales les parecerá que lo que estoy diciendo es, como mínimo, una transgresión e, incluso, un desvarío de una persona que ha perdido la capacidad de respetar los principios rectores del Derecho Penal. Ante la insoportable gravedad de lo que estamos viviendo, me gustaría conocer las alternativas que ofrecen para hacer frente a las maniobras especulativas.

Es cierto que la competencia de la Corte Penal Internacional es limitada. Descartados los delitos de genocidio, crímenes de guerra y agresión, nos queda la posibilidad de explorar si la especulación comercial con las vacunas puede incluirse en la categoría delictiva de los crímenes contra la humanidad que se extiende, según el texto del Estatuto, a la posibilidad de castigar “cualquier acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas”.

Reconozco que la tarea es compleja. Habría que identificar a los autores y acreditar que actuaron con notorio desprecio de las consecuencias que podrían derivarse de sus decisiones. Tendrían que justificar la primacía de sus intereses comerciales sobre la obligación de contribuir, solidaria y responsablemente, a la lucha contra la pandemia que ha alterado hasta nuestras formas de convivencia. Para acusar ante un Tribunal, es preciso investigar y encontrar las claves de estas maniobras especulativas que, sin perjuicio de su posible reproche penal, carecen de cualquier sustento ético y moral.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional contempla la posibilidad de que el fiscal pueda iniciar de oficio una investigación acerca de unos hechos que podrían ser competencia de la Corte, recabando información de los órganos de Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales (UE) y de toda clase de organizaciones y personas. Con todas estas informaciones, una vez depuradas y analizadas, puede solicitar autorización para llevar adelante la investigación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría acordar que la Corte no inicie la i nve s t i g a c i ó n , o q u e l a s u s p e n d a temporalmente. Esta decisión exigiría un debate en el Pleno. Será interesante conocer los argumentos de los países que lo componen para valorar cuáles son las razones y los argumentos para considerar que una especulación con las vacunas contra la covid-19 puede ser delictiva o simplemente una operación comercial.

La resolución del Consejo de Seguridad sería clarificadora y contribuiría a consolidar la democracia o mantenerla en un estado de hibernación, sometida a otros poderes ajenos a la soberanía popular. Acabo de leer en esta revista una reflexión muy interesante sobre las enseñanzas que nos proporciona la reciente invasión del Capitolio de Washington por las hordas fascistas capitaneadas por Donald Trump. El artículo se titula “Esa colina no resplandece”. Los oligarcas tomaron la Shining Hill mucho antes que las hordas trumpistas (Andy Robinson, 23 enero 2021).

Efectivamente, las turbas fueron desalojadas y es posible que algunos de ellos resulten condenados. Otros serán ensalzados por esa parte de la sociedad norteamericana que ya no cree en los valores fundacionales de su democracia. Pero los verdaderos ocupantes del Capitolio son invisibles y realmente omnipresentes; las grandes corporaciones financieras industriales y tecnológicas dirigen el país desde hace tiempo y suplantan la voluntad y los intereses de sus ciudadanos. El triunfo de la democracia se produciría si alguien, a ser posible con menos violencia que en el pasaje evangélico, las arrojase del templo y las recondujese a su verdadera y noble condición de ciudadanos.

La existencia de la intención y el conocimiento de la ilicitud de los comportamientos puede inferirse de los hechos y las circunstancias del caso. No podemos refugiarnos en el puro positivismo legal, materialista y descarnado, para justificar la inactividad y la indolencia frente a unos hechos que repugnan a cualquier conciencia recta y éticamente formada. Si estoy equivocado, me gustaría que los representantes de esas grandes empresas farmacéuticas que tienen en su mano los destinos de la humanidad convocasen una rueda de prensa para reconocer o desmentir, ante la indignada opinión pública mundial, que su concepción del mercado responde a criterios y normas que están por encima de cualquier otra consideración. Si nos resignamos y sometemos a las decisiones de los poderosos, habremos puesto en peligro las condiciones necesarias para conseguir la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

La ILP Medicamentos a un Precio Justo mantiene sus objetivos

Autor: Comision Promotora ILP

Resumen: La recogida de firmas iniciada para dar respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular Medicamentos a un Precio Justo hubo de ser suspendia por el efecto de la Pandemia y la Iniciativa tubo que suspenderse por el imperativo legal impuesto  por la ley de plazos correspondiente. Aún así, en tan corto espacio de tiempo, llegaron a recogerse cerca de 130.000 firmas. Esto unido a que la Pandemia ha puesto en evidencia que los objetivos de la I.L.P son mas evidentes y necesarios cada día, contribuyen a que la Comision Promotora haya decidido retomar su ILP. Esta vez unidos a la #Riht2Cure:  una Iniciativa Ciudadana Europea que aglutina a más de 60 organizaciones.

Nota de prensa.

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

acta sanitariaANISALUDEl Faradio infosalus SANITIKONservimediateleprensa