- Los retos y realidades de la políticaestadounidense deMost Favoured Nation (MFN) en los mercados europeos
ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.
Jaume Vidal.
Consultor independiente en temas de salud y políticas públicas
El precio de un medicamento es, a menudo, el mayor obstáculo para su acceso. Sin embargo, el monte final depende en el ámbito de la Union Europea de múltiples variables que incluyen, una vez el producto ha conseguido la autorización para ser comercializado, desde los resultados de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias a la decisión de reembolso por parte del Estado pasando por la negociación entre el titular de la autorización comercial y el ente público para fijar el precio de compra.
Se trata de un proceso complejo y muy poco transparente con la intervención de diversos actores en cada una de sus etapas y enormes incentivos (de diferente naturaleza) para las partes concernidas para lograr un acuerdo en el menor tiempo posible. Para las compañías farmacéuticas se trata de poder poner en venta el producto mientras dure el periodo de monopolio otorgado por la patente, para el Estado (y, por extensión, los y las pacientes) el objetivo es poder garantizar el acceso a un producto sin dilaciones ni retraso. En la gran mayoría de casos, en ocasiones tras muy publicas disputas, se logra un acuerdo donde se anuncia un precio. No obstante, en repetidas ocasiones, y en gran medida a la referida opacidad tal precio no es real ya que se logran rebajas y descuentos sustantivos a cambio de compromisos sobre volumen de compra o tipo de contrato.
Se trata de una situación que desde diversos sectores de la sociedad civil organizada, academia y algunas instituciones se venía denunciando. La aprobación de la resolución AMS72.8 de 2019 sobre la transparencia de los mercados farmacéuticos parecía un paso en la dirección correcta reclamando que los Gobiernos publicaran los precios reales de los medicamentos como un paso indispensable para una mejor gobernanza de los sistemas de salud. Sin embargo, el temor a perder aquellos acuerdos conseguidos en base al secreto y la opacidad han hecho que ningún gobierno haya, de manera efectiva, hecho público el cuanto y por qué se ha pagado. Se perdió una oportunidad de poner la voluntad política (basada en evidencia empírica) por encima de los intereses del sector industrial farmacéutico y sus aliados.
Cuando a finales de 2025 el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de lograr precios más competitivos para sus programas públicos de asistencia sanitaria y de atención al personal militar, impulsa la cláusula de la Most Favoured Nation (MFN) o Nación Mas Favorecida, lanza un órdago a las compañías farmacéuticas, basadas o operando en Estados Unidos: el precio pagado por las agencias gubernamentales debe ser el más bajo que estas compañías piden por un determinado producto. Tomando en consideración el tamaño del mercado estadounidense y el nivel de imbricación que las compañías mantienen con el sistema estadounidense de investigación biomédica (con un importante componente público) la decisión de la mayoría de compañías de referencia de colaborar con los planes del ejecutivo estadounidense no fue inesperada.
Sin embargo, el impacto (y algunos dicen uno de sus objetivos secundarios) de la medida no ese limitó al mercado estadounidense, caracterizado por muy elevados precios presuntamente para cubrir muy altas y riesgosas inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). Muy pronto gobiernos y autoridades reguladoras empezaron a notar la presión doble de por un lado, una administración estadounidense que de manera continuada acusa a los miembros de la UE pagar menos por unos medicamentos cuya I+D fue sufragada por los ciudadanos estadounidenses y, por el otro, de una industria que desde hace ya algunos años se opone a medidas tales licencias obligatorias, control de precios y otros elementos de regulación como amenazas a la innovación.
En el nuevo panorama, mientras la administración estadounidense a través de la oficina del representante estadounidense para el comercio abre investigaciones (previa sanción) sobre el sistema de precios y reembolso de un titán como Alemania, las compañías farmacéuticas se permiten no tan veladas amenazas de no introducir nuevos medicamentos en territorio europeo si no hay un aumento de la inversión y los precios. Ya no se trata de rumores o infundados temores, la nueva realidad se impone: las decisiones de los gobiernos ya no se justifican ante la sociedad y sus ciudadanos, sino también, y sobre todo, el mercado y sus acólitos políticos.
La respuesta de la Unión Europea ha sido un reflejo de las contradicciones que la caracterizan. Tras la capitulación del Reino Unido, aceptando elevar el nivel de gasto del sistema sanitario y obviando algunos de los requerimientos de coste/efectividad, otros países como Francia e Italia han intentado acomodar las demandas de mayor gasto con promesas tributarias mientras que España ha adoptado una posición pragmática de priorizar algunos de los puntos más valorados de la nueva ley del medicamento (no relacionados con transparencia) a cambio de transigir en otros. El mayor problema radica, sin embargo, en el silencio ambivalente de la Comisión Europea cuya inacción en un dosier estratégico como el sector (producción, comercio y suministro) farmacéutico contradice las ambiciones de potencia global y los sonoros discursos en foros y conferencias.