OTRAS FUENTES. Revista 50, Septiembre 2026.
BMJ Invesrtigation.
BMJ 2026; 394, 26-08-2026.
https://www.bmj.com/content/394/bmj-2026-100440
Este artículo recoge una noticia que ha provocado una conmoción importante en el ámbito de las especialidades médicas y no solamente ahí pues ha trascendido en informaciones de carácter general. Tan es así que publicaciones como British Medical Journal le dedican un espacio importante por la repercusión indudable que sobre el prestigio de supuestos líderes como Kim Fox y organizaciones como la Sociedad Europea de Cardiología tiene el comportamiento del anteriormente mencionado expresidente de la sociedad citada anteriormente. Es evidente, como se señala el artículo, que situaciones como la descrita afectan a la práctica clínica y a un elemento muy importante en su desarrollo, como son las guías clínicas.
En las páginas de nuestra revista hemos tenido la oportunidad de disponer de los excelentes trabajos de investigación de Ángel María Martín, donde de forma aguda y precisa se identifican en nuestro país situaciones, sin duda, en índole menor en cuanto a la cuantía económica, pero de la misma naturaleza e importancia (Los pagos a profesionales y organizaciones sanitarias: el mercado de pulgas de las multinacionales farmacéuticas)
Un caso histórico que involucra más de 50 millones de libras esterlinas pone de manifiesto lo que está en juego en el debate sobre la transparencia en las relaciones entre médicos e industria. Informa Laura Spinney.
Este artículo es actualmente objeto de una reclamación legal por parte del profesor Kim Fox.
La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) determinó que un cardiólogo británico y expresidente de dicha organización había incurrido en una falta grave, tras la emisión de un documental de la televisión danesa que revelaba su participación en la elaboración de guías clínicas para el uso de la ivabradina (fármaco cardíaco comercializado como Corlanor y Procoralan) mientras obtenía beneficios de contratos lucrativos con el fabricante del medicamento.1
Entre 2006 y 2015, Kim Fox —profesor emérito de cardiología clínica en el Instituto Nacional del Corazón y el Pulmón del Imperial College de Londres— y su esposa Karen Summers —exdirectiva de la industria farmacéutica— percibieron más de 50 millones de libras esterlinas en su calidad de codirectores de Heart Research, una organización de investigación por contrato con sede en el Reino Unido. Esta empresa participó en la ejecución de al menos tres ensayos clínicos sobre la ivabradina —fármaco producido por la compañía farmacéutica francesa Servier— que se publicaron durante ese mismo periodo.
La mayor parte de los ingresos percibidos por Fox y Summers provino de dividendos y distribuciones abonados a ambos como únicos accionistas de Heart Research. La parte principal —más de 33 millones de libras, equivalentes a 47 millones actuales— correspondió a la distribución de capital retenido y beneficios tras la liquidación de la empresa en 2015.
La ivabradina, un inhibidor del nodo sinusal, actúa reduciendo la frecuencia cardíaca y fue aprobada inicialmente por la Agencia Europea de Medicamentos en 2005 para el tratamiento de la angina estable. En 2006, año en que asumió la presidencia de la ESC, Fox presidió un grupo de trabajo de la organización que publicó una guía recomendando la ivabradina como tratamiento alternativo para la angina en pacientes que no toleraban los betabloqueantes.2 Por aquel entonces, Heart Research ya participaba en el ensayo *Beautiful* —financiado por Servier— sobre el uso de ivabradina en pacientes con enfermedad arterial coronaria y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo.3 La guía de la ESC indicaba que se había solicitado a los autores que declararan sus posibles conflictos de intereses; sin embargo, el documento no especificaba públicamente qué había declarado Fox, limitándose a señalar que los formularios correspondientes estaban disponibles previa «solicitud por escrito al presidente de la ESC». Cuando el mandato de Fox como presidente de la ESC concluyó en 2008, permaneció en la junta directiva durante dos años más en calidad de expresidente de la sociedad. Aunque la ivabradina no había logrado alcanzar el criterio de valoración principal del estudio BEAUTIFUL —una reducción significativa de la muerte cardiovascular o del ingreso hospitalario por infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca—, él la describió públicamente como el «estándar de oro para cualquier fármaco antianginoso o antiisquémico».
En declaraciones a *The BMJ*, Irène Frachon —neumóloga de Brest (Francia) que se enfrentó a Servier a causa de otro de sus fármacos (el benfluorex, comercializado con el nombre de Mediator) en un caso de gran repercusión mediática— calificó de «monstruosas» las sumas de dinero implicadas en el caso Fox. Afirmó que para Fox debería haber sido evidente que, dados sus vínculos con la empresa, tendría que haberse abstenido de participar en el grupo de trabajo encargado de las guías clínicas. «¡Esto huele mal!», declaró John Martin, profesor de ciencias cardiovasculares en el University College de Londres y exvicepresidente de la ESC. Por su parte, Rita Redberg, cardióloga de la Universidad de California en San Francisco y exeditora jefa de *JAMA Internal Medicine*, expresó a *The BMJ* su tristeza al conocer el caso: «Va totalmente en contra de los principios de la profesión».
Fox declinó una solicitud de entrevista, pero envió un comunicado y aceptó responder por escrito a las preguntas de *The BMJ*. Negó rotundamente la conclusión de la ESC sobre una falta grave a la ética profesional. Afirmó que «no infringió ninguna norma ni reglamento [de la ESC] vigente en aquel momento» y añadió que «la ESC estaba al tanto de sus intereses pertinentes —los cuales fueron declarados, transparentes y públicos— y no manifestó preocupación alguna en ese momento».
Persisten las dudas sobre la seguridad y eficacia de la ivabradina, aunque sigue siendo un tratamiento aprobado tanto para la angina de pecho como para la insuficiencia cardíaca en Europa, y para la insuficiencia cardíaca en Estados Unidos. Tras el ensayo clínico Signify de 2014 —en el que también participó Heart Research—, que reveló un mayor riesgo de infarto y muerte cardiovascular en un subgrupo significativo de pacientes, la Agencia Europea de Medicamentos revisó el fármaco y emitió advertencias sobre su uso en el tratamiento de la angina.
Después de la emisión del documental danés en septiembre de 2024, la ESC encargó una revisión interna de sus guías clínicas relativas a la ivabradina, incluida la guía de 2006 que Fox presidió. La revisión, a la que tuvo acceso *The BMJ*, concluyó que las recomendaciones eran «adecuadas» y señaló que «no había pruebas que sugirieran un sesgo a favor de la ivabradina».
Sin embargo, muchos cardiólogos consideran ahora la ivabradina, en el mejor de los casos, como un tratamiento de tercera línea. La revista médica francesa independiente *Prescrire* aconseja a los médicos no utilizarla. Aroon Hingorani, especialista en farmacología clínica del University College de Londres (UCL) y exdirector del Instituto de Ciencias Cardiovasculares de dicha institución, analizó la evidencia para *The BMJ*. Concluyó que los riesgos superaban a los beneficios: «Realmente no veo que tenga cabida, ni para la angina ni para la insuficiencia cardíaca», afirmó.
Una cifra astronómica
Muchos médicos —y, en algunos contextos, la mayoría— mantienen algún tipo de vínculo económico con empresas farmacéuticas. Estas relaciones están intrínsecamente ligadas a los ensayos clínicos patrocinados por la industria; no obstante, el caso de Fox resulta llamativo tanto por las cifras astronómicas que maneja como por su prestigio: además de presidir una asociación médica de influencia mundial, se dice que ejerció como cardiólogo de la difunta monarca británica, la reina Isabel II. Estas revelaciones surgen en un momento en que diversos grupos europeos impulsan reformas para acabar con la declaración voluntaria de conflictos de intereses y consagrar una mayor transparencia por ley. El documental danés se emitió originalmente en el canal danés TV 2.1 El año pasado se retransmitió en Suiza, pero aún no se ha emitido en el mundo angloparlante. Aunque durante años se habían planteado dudas sobre la relación de la ESC con la industria —tanto por parte de sus miembros como de observadores externos—,89 fue necesario un reportaje de investigación danés para desencadenar una investigación interna sobre el caso de Fox.
No hay indicios de que Fox o su esposa infringieran ninguna ley; sin embargo, la ESC comunicó a *The BMJ* que, en marzo de 2025, su comité de ética determinó que Fox «había incumplido sus obligaciones éticas y consideró su comportamiento como una falta grave». Al preguntársele en qué consistían exactamente dichas obligaciones, un portavoz de la ESC respondió que el comité había concluido que Fox «no se había abstenido de participar a pesar de existir un conflicto de intereses significativo».
Tras conocerse las conclusiones del comité a principios del año pasado, Fox dimitió de la ESC, situándose así fuera del alcance de cualquier medida disciplinaria. No obstante, la sociedad declaró que Fox no podía volver a formar parte de ella ni ser invitado como ponente a ningún evento de la ESC, lo que supone «el nivel máximo de exclusión según las normas de la ESC». En mayo de 2025, la junta directiva le retiró la medalla de oro —la máxima distinción de la sociedad— que se le había concedido al finalizar su mandato como presidente de la ESC, y su nombre ya no figura en la lista de expresidentes del sitio web de la organización.10
La ESC no hizo públicas sus actuaciones, pero facilitó un comunicado sobre el caso a los periodistas que solicitaron información. Dicho comunicado afirma que los procedimientos mediante los cuales la sociedad elabora sus guías clínicas son sólidos y asegura que «este proceso es totalmente independiente de la influencia de la industria».
Según las normas de la ESC vigentes en 2006, Fox debía presentar a la sociedad una declaración de intereses en papel, pero no estaba obligado a especificar la cuantía de los pagos recibidos, y sus declaraciones no se hacían públicas. Un portavoz de la ESC declaró que la sociedad ya no conservaba los archivos de las declaraciones realizadas antes de 2011 —año en que el proceso pasó a realizarse por vía electrónica— y Fox no facilitó la suya a *The BMJ* cuando se le solicitó.
*The BMJ* examinó las publicaciones de las que Fox fue coautor durante la década iniciada en 2005 y constató que, en la mayoría de ellas, se declaraba su relación con Servier. Sin embargo, dado que las revistas no suelen exigir a los autores que informen sobre la magnitud de sus vínculos económicos con la industria, el alcance de los suyos quedó oculto.
Fox rechazó las conclusiones del comité de ética. Declaró a *The BMJ* que siempre había comunicado cualquier conflicto de intereses y que había dimitido de la ESC porque «no estaba dispuesto a ser juzgado con arreglo a normas y reglamentos establecidos en 2024, aplicados con carácter retroactivo a actividades realizadas entre 2006 y 2008».
Un portavoz de la ESC reconoció ante *The BMJ* que el proceso de declaración era relativamente laxo a principios de la década de 2000, pero afirmó que desde entonces se había reforzado considerablemente. No obstante, Martin, exvicepresidente de la ESC, señaló que sus intentos de aportar mayor transparencia al proceso fueron rechazados por la junta directiva, de la que formaba parte Fox. Martin recordó haber planteado, durante una reunión de la junta en 2006 —cuando Fox era presidente electo—, la necesidad de hacer públicos los conflictos de intereses, y cómo su propuesta fue recibida con «frialdad».
El impacto de los conflictos de intereses en la objetividad de los médicos ya estaba bien documentado a principios de la década de 2000;11 asimismo, según las políticas de conducta ética tanto de la ESC como del Consejo Médico General del Reino Unido, se esperaba que Fox —que entonces ejercía la medicina— antepusiera los intereses de los pacientes y evitara exponerse a influencias indebidas, o dar la impresión de estar expuesto a ellas.12 «Sabemos que incluso pequeñas cantidades de dinero influyen en el comportamiento», afirmó Redberg.
Servier declaró a *The BMJ* que «cumple estrictamente» las directrices de transparencia establecidas por la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA), una organización sectorial. En un comunicado enviado a TV 2 en 2024, un portavoz de Servier escribió: «Como cardiólogo y destacado experto en la materia, Kim Fox recibió honorarios de Servier por asesorar sobre el desarrollo clínico de la ivabradina y sus indicaciones, así como por aportar comentarios sobre los resultados de los estudios; todo ello constituye una práctica habitual en las colaboraciones científicas». No revelaron la cuantía de los pagos.
El expresidente inmediato de la ESC, Franz Weidinger, declinó ser entrevistado por TV 2, al igual que Roberto Ferrari, quien sucedió a Fox en la presidencia; por el contrario, Eva Prescott, presidenta del comité de guías de práctica clínica en aquel entonces, defendió el proceso de elaboración de las guías en el documental. En abril de 2026, el actual presidente, Thomas Lüscher, accedió a hablar con *The BMJ*.
Lüscher, que en su día trabajó junto a Fox en el Royal Brompton Hospital de Londres, expresó su sorpresa ante el caso, pero añadió: «Siempre hubo rumores». Según señaló, el hecho de que Fox fuera propietario de una organización de investigación por contrato no suponía un problema en sí mismo. «El problema radicaba en que, simultáneamente, ocupaba los cargos de secretario, presidente electo y presidente; y, lo que es peor, intervenía en simposios satélite [patrocinados por la industria] en calidad de presidente durante nuestros congresos. Hoy en día, esto resulta inconcebible».
Según la normativa actual de la ESC, percibir unos ingresos anuales de 10.000 euros o más procedentes de actividades relacionadas con la industria inhabilita a una persona para formar parte de un grupo de trabajo sobre guías clínicas. Este límite, que incluye los pagos realizados a cónyuges y parejas, se estableció en 2022. Desde 2026, las actividades anuales de los miembros de la junta directiva relacionadas con la industria se publican en el sitio web de la ESC, aunque no se especifican las cantidades económicas.
Al preguntársele si la ESC había dado seguimiento a la denuncia de TV 2 de que el caso de Fox no era un hecho aislado, Lüscher respondió que, al tratarse de una organización gestionada por voluntarios, carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
El Imperial College de Londres, en cuyo sitio web aún figuran la biografía y las publicaciones de Fox, declinó hacer comentarios sobre el caso; no obstante, un portavoz señaló que el título de «profesor emérito» es honorífico y no conlleva remuneración alguna, y que su actual política sobre conflictos de intereses se implementó en 2011. Lüscher afirmó haber informado a la dirección del Imperial sobre la situación.
El caso sigue sin trascender en la mayor parte de Europa y el resto del mundo, a pesar de la influencia global de las directrices de la ESC. Benoy Shah no tenía conocimiento del asunto en marzo de este año. Shah, cardiólogo del Hospital General de Southampton (Reino Unido), informó en 2021 —junto con dos de sus estudiantes— que al menos el 80 % de los autores de cuatro directrices clave de la ESC presentaban conflictos de intereses económicos relevantes.14 Shah comenta que el estudio surgió a raíz de una sesión a la que asistió en el congreso de la ESC de 2012; allí, unas diapositivas sobre conflictos de intereses mostradas fugazmente le transmitieron la impresión de que existía una cercanía poco saludable entre los ponentes que presentaban las directrices actualizadas y las compañías farmacéuticas cuyos productos aparecían en dichas guías. «Recuerdo salir de la sesión a mitad de su desarrollo pensando que todo aquello no era más que una farsa», declaró.
Llamamientos a la reforma
El caso Fox también pone de relieve el debate sobre si la transparencia en los pagos debe ser voluntaria u obligatoria, así como quién debería responsabilizarse de ella. Tanto en Estados Unidos como en Francia, las llamadas leyes de transparencia (*sunshine acts*) obligan a la industria a declarar públicamente las cantidades exactas abonadas a hospitales y profesionales sanitarios.15,16 En el Reino Unido, un informe dirigido por Julia Cumberlege recomendó adoptar un sistema obligatorio similar; sin embargo, la investigadora principal del estudio, Sonia Macleod (de la Universidad de Oxford), señaló que el gobierno se ha resistido hasta la fecha a implementarlo.17 «La tendencia actual en la estrategia de innovación es evitar cualquier medida que pueda percibirse como perjudicial para el crecimiento», afirmó. «Las industrias farmacéuticas º1º y de ciencias de la vida constituyen un elemento clave de la estrategia de crecimiento [del gobierno]». Esta resistencia parece extenderse también al colectivo de profesionales sanitarios. Piotr Ozieranski, sociólogo de la Universidad de Bath que ha estudiado el impacto de las leyes de transparencia sobre los vínculos con la industria (conocidas como *Sunshine Acts*), declaró a *The BMJ* que, si bien estas normas no parecían haber modificado el comportamiento de los médicos ni haber logrado excluir de la toma de decisiones a aquellos con conflictos de interés, sí habían permitido un mayor escrutinio de dichos vínculos por parte de periodistas y organismos de control de la transparencia, además de generar efectos indirectos en las asociaciones profesionales. Desde al menos 2021, la Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) —que elaboran conjuntamente guías clínicas— exigen a los miembros de los comités redactores que declaren el valor económico de sus relaciones con la industria. Según sus normas actuales, los pagos declarados se clasifican como «modestos» o «significativos» en función de si se sitúan por debajo o por encima del umbral de 10.000 dólares.
Algunas sociedades profesionales han optado por publicar las relaciones financieras de los autores, indicando las cantidades económicas mediante rangos. «En conjunto —señaló Ozieranski—, la autorregulación de la industria arroja peores resultados que la divulgación obligatoria impuesta por las leyes de transparencia».
Redberg afirmó que el caso de Fox «podría ser solo la punta del iceberg». «Existe un gran potencial para que se produzcan este tipo de relaciones poco éticas y carentes de profesionalidad».
Por su parte, los cardiólogos europeos lamentan el daño sufrido por su credibilidad, ahora que se ha confirmado que los años de rumores y sospechas tenían fundamento. En opinión de Martin, la ESC no ha hecho lo suficiente para recuperar la confianza pública; las recientes revelaciones amenazan con perjudicar la relación médico-paciente y hacen que los voluntarios que gestionan la sociedad se sientan traicionados. Martin instó a tomar medidas: «La junta directiva de la ESC podría ser considerada cómplice tácita si no se lleva a cabo una investigación pública exhaustiva», declaró. «Quedan muchas preguntas sin respuesta».
- Nota de la CR: En el artículo original de BMJ la lectora o lector interesado dispone de una interesante bibliografía.