Author Archives: aajmadmin

El Sistema Nacional de Slaud necesita una refundación.

Autor:  Fernando Lamata

Resumen:  La situación de nuestro Servicio Nacional de Salud está siendo puesta en evidencia en los últimos meses tanto por los profesionales, en diversos tipos de manifestación, como por los ciudadanos que así lo expresan en el último Barómetro Sanitario del CIS. La expresión es unánime, nuestro Sistema de Salud no nos está atendiendo como es debido sobre todo desde la Pandemia pasada. Tampoco cuida y defiende a los profesionales que lo integran y que han sido siempre su mejor valor. Desde la pasada crisis de 2010 el Sistema está deficientemente financiado. A lo que se añaden la peculiaridad de nuestro modelo de gestión descentralizado y responsabilidad por Comunidades Autónomas no siempre suficientemente coordinadas, evaluadas y reconducidas. Iniciativas privatizadoras como las Concesiones y Externalizaciones poco eficientes y que difuminan aún más la responsabilidad por lo público. Junto al inexplicable aumento del Gasto Farmaceutico, por un consentido procedimiento de fijación de precios, que viene a agravar la falta de financiación y resta posibilidades de inversión.
El autor tras el análisis reclama: mayor atención, refundación y mejoras… o “la criatura se muere”.

LEER NOTICIA

ES PRECISO, Y ES POSIBLE, UN NUEVO ENFOQUE EN LA POLITICA FARMACEUTICA

Autor:  Fernando Lamata

Resumen:   Aspectos importantes de la política farmacéutica (como la investigación, la formación de los profesionales, los precios, etc.) son controlados por la industria gracias a los beneficios abusivos y la capacidad de presión que les otorgan los monopolios de las patentes concedidas por los gobiernos. Es preciso y es posible cambiar de modelo, suspendiendo las patentes de medicamentos, promoviendo una investigación y formación independiente y garantizando precios justos en todo el mundo.

DOCUMENTO

Solicitud de cita con la Comision Especial para el  Covid-19 del Parlamento Europeo.

Autores:  AAJM, Medicos del Mundo, European AIDS Treatment Group, Global Health Advocates, WEMOS (Heealth Uniited), Prescrire.

Resumen: Las Asociaciones firmantes, miembros de la Alianza Europea por la Salud y la I+D Responsable , ante la evolución de los trabajos de la Comisión Especial para el Covid-19 muestran su preocupación por la falta de abordaje de aspectos tan relevantes como la fianciazión de la investigación, evaluzación de la eficacia de los nuevos medicamentos, costes financieros y transparencia en las nuevas reglas de Politica Farmaceutica y Tecnologias Sanitarias.

CARTA ORIGINALTRADUCIDA

CORREO ORIGINAL TRADUCIDO

Monopolios y Patentes de Medicamentos. El caso del COVID-19

Autores:  Fernando Lamata. Serapio Severiano. ( Modera: Carmela Moya, Presidenta del Instituto Médico Valenciano )

Resumen: Un repaso a los impedimentos y dificultades que suponen las patentes contra la accesibilidad a los medicamentos y el efecto nocivo para la salud de las personas en situacion más desfavorecida. La evidencia con motivo da la reciente pandemia. Los  falsos mitos de la investigación y el “valor de los resultados” y su repercusion en los desmesurados precios. Papel de los profesionales.
Todo ello desarrollado bajo un guión que facilita la intervencion de ponentes y la participación de los asistentes.

Guión del contenido

INTERVENCIONES GRABADAS

La falta de transparencia y equidad, problemas acuciantes de la política farmacéutica presente e inmediatamente futura.

Resumen:  En éste número bimensual, Noviembre-Diciembre, laRevistaAAJM  se presenta con un Editorial  donde llama la atención sobre la falta de transparencia y equidad que dominan la actual política farmacéutica en todo el mundo.
Recogemos un primer artículo donde Jaime Manzano expone el problema de la falta de antibióticos eficaces y las resistencias a los mismos.
A continuación un  recuerdo al Encuentro celebrado en el Ateneo de Madrid donde se analizo el proyecto de nueva Ley del Medicamento en España.
En otro articulo se resume otro Encuentro organizado por la plataforma No es Sano con el mismo tema de fondo y distintos puntos de vista y expertos.
Cierra esta terna de mesas de análisis la dedicada a la nueva Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.  Completa el contenido varios artículos de otras fuentes en Europa, America del Norte y America Latina.

NOTA DE PRENSA

¿Avanzamos en transparencia?

AUTOR:Roberto Sabrido Bermúdez

Médico. Máster en Administración de Servicios Sanitarios, gerente del SESCAM 2001-2005, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha 2005-2008, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2008-2012, miembro de la Comisión Editorial de la Revista AJM.

EDITORIAL. REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Como dice el propio Gobierno en su nota de presentación “se trata de una norma que permitirá regular por primera vez en España las actividades de los también conocidos como lobbies en sus relaciones con la Administración General del Estado y su sector público”.
 
En España existe ya un Registro de Lobbies que se inició en el año 2016, pero es un Registro muy limitado que sólo es de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y en el que se inscriben de manera voluntaria las entidades que quieran tener contacto con la CNMC.
 
En el texto del anteproyecto se contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se especifica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal.
 
Creo que esta norma, que ya veremos a ver cómo y cuándo se acaba aprobando en las Cortes Generales, es sin duda un nuevo, aunque tardío, avance en las políticas de transparencia ya que, en principio, clarificará las condiciones y las formas bajo las cuales se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados de la Administración General del Estado que intervengan en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas y en su aplicación.
 
Un aspecto importante, ya veremos a ver cuánto, es que esta Ley puede poner un poco más de trabas a las “puertas giratorias”, que tan frecuentes han sido y son en la industria farmacéutica, donde algunos altos cargos de los Gobiernos (de todos los colores), al cesar en su puesto han pasado casi inmediatamente a formar parte de alguna empresa farmacéutica. El anteproyecto establece que los altos cargos que hayan participado en la toma de decisiones que han afectado a redacciones normativas o desarrollo de políticas públicas sobre un sector estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban.
 
Otro aspecto, para mí muy destacable de este anteproyecto, es que se introduce un sistema de huella normativa, que consistirá en dejar constancia en la memoria de análisis de impacto normativo, de los cambios introducidos en una disposición por una actividad de lobby de personas físicas o jurídicas.
 
Parece que podemos ir avanzando algo, pero evidentemente no al ritmo que sería deseable.
 
Como hemos comentado anteriormente, cuando se apruebe esta Ley será la primera de estas características existente en España, pero en la Unión Europea, y a los efectos de relación con la Comisión Europea, la regulación y registro de lobbies o grupos de cabildeo, sino utilizamos el termino anglosajón, se empezó en el año 2008 y desde entonces hay una gran actividad de grupos de cabildeo, quizá demasiados, ante la Comisión Europea.
 
Según un informe presentado en 2019 por las ONGs Corporate Europea Observatory (CEO), por OMAL-Paz con Dignidad y Ecologistas en Acción, en Bruselas trabajan gran cantidad de lobistas que están al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión. Se relatan en este informe los tipos de lobbies: grandes empresas, grupos de presión del sector privado (asociaciones empresariales, grupos multisectoriales) , oenegés, bufetes de abogados, think tanks o laboratorios de ideas.
 
Se hace también, en este informe, un ranking sobre los que más gastan en acciones de lobby, y en él aparece en séptimo lugar la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas(EFPIA) con un gasto de 5.528.906 euros, a fecha de 1 de junio de 2017. Hay que reseñar que este dato es como Federación y no incluye lo que gasta de forma individual cada empresa farmacéutica.
 
Así, según un estudio de Corporate Europe Observatory, del 31 de mayo de 2021, en base a las actualizaciones anuales del Registro de Trasparencia de la U.E., más de 40 empresas farmacéuticas informan que gastan hasta 25,3 millones de euros anuales en cabildeo. A esto hay que sumar 10,7 M de euros anuales que gastan los grupos de presión de este tipo de compañías y otros 14,9 M que van a consultorías de los grupos de presión. También aparece en el estudio que las multinacionales farmacéuticas cuentan con 290 lobbistas en Bruselas. Como se puede comprobar, con estas cifras es difícil que los grupos de la sociedad civil puedan competir.
 
Es de suponer, por lo tanto, que una vez legislado en España, la patronal farmacéutica y empresas asociadas a la misma sean uno de los lobbies más importantes que figuren en el Registro Nacional.
 
No obstante, esperaremos a ver cómo se desarrolla este Registro en España, ya que según un informe de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) del año 2014 en relación a este tema en España se dice que “sin embargo, a pesar de que muchos agentes actúan como tal, rechazan la etiqueta de lobby, quizá como un proceso peyorativo que se asocia a la corrupción y al compadreo, y porque hasta ahora en nuestro país no existe regulación”.
 
Demos por tanto la bienvenida al intento de regulación de estos temas en nuestro País, algo más conoceremos, aunque sea para cumplir las recomendaciones de la OCDE que reclama un marco regulatorio que garantice la trasparencia e integridad de quienes aspiran a influir en la Administración.
 
Pero por otra parte este anteproyecto también se queda corto ya que no obliga a las Comunidades Autónomas ni a las Corporaciones Locales. Algunas CCAAs tienen algo legislado, aunque no muy completo en relación con los grupos de presión, y sería bueno que también se pudiese saber qué hacen los grupos de presión a nivel Autonómico ya que no en vano al final son las que pagan la gran parte de la factura farmacéutica.
 
Por otro lado, aunque se trate de un ligero avance, no deja de ser paradójico que se hable de leyes de trasparencia a nivel nacional y europeo y todavía no se pueda conocer públicamente las condiciones de financiación del medicamento incluido el precio, es decir, seguimos sin saber cómo se negocia con el dinero recaudado de nuestros impuestos, a pesar de, como se ha puesto de manifiesto incluso en editoriales de prensa general, “los expertos y las sociedades médicas reclaman acelerar la entrada de nuevos medicamentos pero de la mano de una mayor trasparencia sobre los procesos de decisión y financiación. Trasparencia que debería extenderse a los contratos entre gobiernos y farmacéuticas, demasiado opacos para unos medicamentos pagados por los presupuestos públicos”.
 
La trasparencia y el interés público deben prevalecer en la fijación del coste de los fármacos del Sistema Nacional de Salud.
 
Pero creo que no solo es que avancemos poco, sino que incluso retrocedemos, ya que actualmente el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno avala, en contra de su anterior criterio, que los precios de los medicamentos puedan permanecer como confidenciales en cumplimiento de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Postura esta que coincide con la que siempre ha tenido el Ministerio de Sanidad que desde un principio ha justificado esta confidencialidad.
 
Recientemente también, el Tribunal de Cuentas Europeo, el pasado mes de septiembre, publicó de auditoría sobre la adquisición de vacunas de la COVID en la U.E., en la que se reconoce que no ha tenido acceso a la documentación sobre todo lo relacionado con la negociación para definir el precio y el volumen a adquirir, lo cual ha limitado enormemente su trabajo.
 
También la Fiscalía de la U.E. ha confirmado que tiene abierta una investigación sobre la adquisición de Vacunas COVID-19 en la Unión Europea.
 
Pero no nos quejemos ya que todo esto es por nuestro bien. La propia Farmaindustria recoge en su página web que “el único fin que tiene la confidencialidad de los precios es maximizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores. Permite que cada país consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias, en equilibrio con el necesario retorno económico para las compañías farmacéuticas”.
 
Por lo tanto, gracias a nuestros Gobiernos y a la industria no se avanza más en trasparencia para no perjudicarnos, así pues, no os quejéis, quejicas que sois unos quejicas.
 

Innovación en antibióticos y la necesidad de cambio en el sistema

AUTOR: Jaime Manzano. Técnico de Incidencia e Investigación en la Fundación Salud por Derecho.

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

La resistencia a antibióticos (RAN) es un grave problema de salud pública, responsable solo en 2019 de 4,95 millones de muertes asociadas, de las cuales 1,27 millones fueron muertes atribuibles a la resistencia bacteriana a antibióticos (1). El desafío de las RAN no es solo una emergencia de escala mundial significativa, sino que principalmente afecta a los países de renta baja y media (PRMB), en los cuales se tiene 1,5 veces más probabilidades de morir a causa de la RAN (1). De no encontrar soluciones al problema, las estimaciones apuntan a 10 millones de muertes anuales para el año 2050 (2). En el contexto europeo se ha evidenciado una tendencia creciente en infecciones de bacterias resistentes a antibióticos entre 2016 y 2020 (3), estimándose 35.000 muertes cada año por RAN en Europa.

La necesidad de realizar iniciativas coordinadas ante desafíos globales ha sido una lección crítica que la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado (4). Para abordar esta creciente “pandemia silenciosa” de la RAN, considerada por la OMS como una de las amenazas más urgentes a nivel mundial (5), es necesario una combinación de estrategias mantenidas en el tiempo, entre las cuales el propio acceso a antibióticos innovadores supone un problema cada vez más alarmante.

Es reconocido ampliamente que la escala y complejidad de la RAN requiere una respuesta multisectorial, coordinada y global (6). De entre las muchas áreas relevantes para abordar este problema, la necesidad de nutrir la cadena de I+D de antibióticos innovadores para hacer frente a los patógenos prioritarios, ha recibido mucha atención (7). Los compuestos en fase clínica a nivel global, con solo 27 productos tradicionales dirigidos contra patógenos prioritarios, y pocos cumpliendo criterios de innovación, es considerada como insuficiente por la OMS para hacer frente al desafió de la RAN (8). Contar con antibióticos efectivos es un componente básico y necesario en la práctica clínica (9), pero se requiere que los esfuerzos sean realizados hacia las necesidades más apremiantes debido a la amenaza que presentan (identificadas en la lista de patógenos prioritarios de la OMS) y con las características y especificaciones mínimas necesarias (definidas por los perfiles objetivo de los productos de la OMS). Para esto se necesita una gobernanza global efectiva desde la I+D inicial basada en la evidencia y no dictaminada por los intereses de los financiadores, evitando que los recursos se centren principalmente en aquellas infecciones resistentes que afectan a los países ricos (como Clostridioides difficile) y se dejen más abandonadas aquellas que son más predominantes en el Sur global (como es el que caso de Shigella spp o Salmonella typhi). Esta gobernanza debe tener muy presente que, ante amenazas transfronterizas como la RAN, las necesidades son globales y el conocimiento detrás de soluciones innovadoras debe ser tratado como un bien público global.

La falta de soluciones eficaces contra las RAN aboca a la sociedad global a sufrir alarmantes costes a nivel de salud, desarrollo y económicos (10), creando dificultades para alcanzar los SDG (11). Garantizar el acceso a este nuevo arsenal terapéutico es necesario no solo para evitar la mortalidad debido a RAN, sino también porque la falta del mismo, por causas como los altos precios, así como barreras regulatorias o de los derechos de la propiedad intelectual (DPI), puede desembocar en un mal uso de las opciones ya existentes, contribuyendo así al desarrollo de RAN (12). Desde la introducción de los lipopéptidos en 1987, la cadena de innovación de antibióticos no ha vuelto a ser testigo de ninguna clase nueva de antibióticos. Mientras que la complejidad del proceso de I+D de los antibióticos explica en parte este fenómeno, el principal reto que distingue este vació del resto de áreas terapéuticas es la rentabilidad. Un nuevo antibiótico que sea

La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico, según expertos sanitarios

  • En 2022, el gasto público en medicamentos superará los 22.000 M€ que, a precios justos, debía de ser la mitad.
  • Es precisa una nueva Directiva Europea de Transparencia sobre el establecimiento de precios de los medicamentos.

AUTOR: Comisión de Comunicación de la AAJM

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico que continúa con un “aumento imparable” poniendo en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Un gasto que, en 2022, superará los 22.000 M€ y que, a precios justos y con uso racional del medicamento debía de ser la mitad.
 
Así lo pusieron de manifiesto expertos en sanidad en el Ateneo de Madrid en un debate organizado, el 15 de noviembre de 2022, por dicha institución junto con la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), en el que abordaron diversos aspectos de “La política del Medicamento” y propusieron modificaciones ante la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.
 
En debate participaron Soledad Cabezón, ex diputada del Parlamento Europeo; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la AAJM; Fernando Lamata, presidente de honor de AAJM; e Irene Bernal, responsable de políticas en acceso a medicamentos y política farmacéutica en Salud por Derecho. Alfonso Jiménez Palacios, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria actuó de moderador.
 
Las consecuencias sobre la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de la posición dominante de la Industria farmacéutica; transparencia sobre la financiación pública de medicamentos y fijación de precios; investigación clínica independiente; la irracionalidad de los problemas para el desarrollo de los CART en la investigación pública; independencia profesional, incompatibilidades y declaración de conflictos de interés fueron los temas abordados por los expertos.
 
Soledad Cabezón, centro su intervención en la fijación de precios y afirmó que “Los sistemas de salud de los Estados miembros de la Unión Europea pagan la factura farmacéutica pero la industria pone el precio de los medicamentos, aunque la competencia en el establecimiento de precios sea de los Gobiernos”. “Está claro -añadió- que hay algo que no funciona”.
 
La ex eurodiputada explicó que el precio de los medicamentos lo establece la industria según el “valor” que le da la industria al fármaco, aunque “no se conoce cuánto cuesta un bien tan esencial como el del medicamento”. Y añadió que “los medicamentos se someten al derecho de propiedad intelectual pero no entran dentro del derecho de la competencia como abuso de posición dominante y precios abusivos según la última interpretación de la Comisión Europea al no considerarlo un sector económico”.
 
Para Soledad Cabezón, es preciso una nueva Directiva Europea de Transparencia sobre el establecimiento de precios de los medicamentos que establezca unas reglas similares para todos los sistemas de salud de los Estados miembros, para que “la industria no decida dónde y cómo pone un medicamento en el mercado”.
 
Finalmente, afirmó que “vivimos una crisis de la energía, la cual fue liberalizada en la década de los noventa. El medicamento es un bien esencial para la vida de las personas que debe de ser garantizado y también necesita de esta regulación”. 
 
Fernando Lamata, presidente de honor de la AAJM, se refirió a aspectos de la política farmacéutica como prioridades de investigación, el control de la formación de los profesionales sanitarios, decisiones de producción y precios o elaboración de guías clínicas que “están controlados -dijo- por la industria gracias a los beneficios abusivos y la capacidad de presión que les otorgan los monopolios de las patentes concedidas por los gobiernos”.
 
Para Fernando Lamata, el “aumento imparable” del gasto farmacéutico púbico “va en detrimento de los gastos en personal y condiciones de trabajo, deteriorando la calidad de los servicios sanitarios y poniendo en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud”. Un gasto que, en 2022, superará los 22.000 M€ y que, a precios justos y con uso racional del medicamento “debía de ser la mitad”.
 
Por ello, defendió que el Gobierno impulse cambios en el ámbito nacional como precios justos que cubran la fabricación y la investigación, formación independiente de los profesionales o guías clínicas independientes y “debe denunciar -afirmó- las posibles presiones que reciba para impedir dichos cambios”.
 
Finalmente, abogó por que el Gobierno trabaje en Europa y en los foros internacionales para que los medicamentos sean excluidos del acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y para promover un nuevo modelo de financiación de la I+D biomédica separado de los precios. “Es preciso y es posible un nuevo enfoque en política farmacéutica”, afirmó.
 
Juan José Rodriguez Sendin, presidente de la AAJM, afirmó que, ante las grandes carencias de la actual Ley del medicamento, desde la Asociación proponen “adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del SNS desde todas sus vertientes” así como “profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico”.
 
Para Rodríguez Sendin, es preciso “introducir estrategia que mejore la calidad de la prescripción y disminuyan los riesgos por mal uso de los medicamentos”. Para ello, es clave la independencia en la formación, libre de “humos interesados”. “Precisamos -añadió- cambios que permitan y reconozcan la autoevaluación y metodologías de desprescripción, con especial atención a las residencias de personas mayores”.
 
“Mientras se permita el pago de la formación, las guías clínicas, las cátedras de patrocinio, los congresos, las sociedades científicas, las publicaciones, etc., por parte de la industria, y se permita la percepción de incentivos económicos por parte de la industria a los profesionales sanitarios, la prescripción estará sesgada inevitablemente y contribuirá a producir efectos adversos evitables y un aumento del gasto sanitario inútil y perjudicial”, aseguró.
 
Sobre los conflictos de interés, Rodríguez Sendin defendió la necesidad de un código de incompatibilidades cuyo incumplimiento tenga consecuencias; que los cargos públicos relacionados con el medicamento no puedan ser contratados por empresas del sector farmacéutico hasta 5años después del desempeño de su cargo y que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sea financiada con presupuesto público.
 
Finalmente, Irene Bernal dijo que “una investigación clínica independiente, robusta tanto en términos presupuestarios como en recursos humanos, es una de las mayores garantías para impulsar y llevar a término la innovación biomédica que dé respuesta a las necesidades de los pacientes, fortalezca el sistema de innovación y también el sistema público sanitario”.
 
Para ella, la financiación pública a la I+D debe asegurar el “retorno social una vez que los productos estén acabados” y aseguró que “los medicamentos y vacunas no pueden convertirse en productos de lujo, inaccesibles debido a precios abusivos e injustificados”.

Debate No es Sano: “La futura Ley del Medicamento debe garantizar la equidad y combatir los precios abusivos”

AUTOR: Pablo Martínez Segura. Miembro de la Comisión de Redacción de la rAJM.

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

El pasado 17 de noviembre, se celebró un evento on-line organizado por la plataforma No es Sano* que, bajo el título “Asegurar la accesibilidad y la equidad en la nueva Ley del Medicamento”, abordó una serie de reflexiones  a sobre la política farmacéutica y su participación en el deterioro del sistema sanitario público analizando las bases de un posible proyecto de nueva Ley del Medicamento y las alternativas de mejora que pudieran incorporase en su texto dirigidas a conseguir un acceso justo y equitativo para todas y todos los ciudadanos.
 
En la vídeo conferencia participaron, en una primera ronda: César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad; Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM); Vanessa López, directora de Salud por Derecho; y Juan Luis Beltrán, expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Seguidamente tomaron la palabra: Roberto Sánchez, presidente de No Gracias; José María González, representante de la OCU; y Consuelo Giménez, vocal de Comunicación y Desarrollo del Conocimiento de Médicos del Mundo. Al término se abrió un turno de debate con los asistentes virtuales. Moderado por Oriol Güell, periodista de El País, que destacó, entre las conclusiones del encuentro: “la coincidencia de los participantes en el diagnóstico de los problemas de la innovación biomédica en la política farmacéutica, en el control ejercido por la industria farmacéutica a través de los sobreprecios y la priorización de  la investigación hacia sus intereses económicos y de negocio, y la necesidad de que la nueva Ley del Medicamento, o alternativamente medidas más puntuales, puedan introducir cambios en la situación actual de las patentes y de control de precios, o que las compras centralizadas de la Comisión Europea sirvan para orientar la investigación hacia el dominio público”. El conjunto de los participantes agradeció a César Hernández su participación, al abordar y dar respuesta a la mayoría de las cuestiones que se le plantearon
 
Un resumen de las distintas intervenciones es el siguiente:
 
* César Hernández, subrayó en su intervención las dificultades de su Departamento para agilizar la entrada de nuevos medicamentos debido a su alto precio. Desde su punto de vista, la manera de abaratar los precios es incentivar la competencia, fuera de patente a través de genéricos y biosimilares, y en el caso de la innovación, abriendo el paso a distintas alternativas farmacoterapéuticas. Igualmente abogó por la recuperación de algunos medicamentos antiguos, efectivos pero cuyo bajo precio les ha hecho desaparecer, incentivando un nuevo reconocimiento y un valor real. En sus respuestas a otros participantes y a las preguntas de algunos asistentes señaló, con respecto al calendario de la nueva Ley del Medicamento, que siendo una prioridad para el Ministerio, los tiempos de un proceso legislativo dependen de otros muchos agentes y factores. En ese sentido, añadió que en ningún caso  esa circunstancia va a paralizar un proceso de mejoras que pueden abordarse con cambios normativos de menor rango. A la pregunta de Joan Ramon Laporte, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Barcelona, sobre el inadmisible proyecto de ampliar el monopolio  de las patentes con modelos de utilidad, denunciado en la revista Acceso Justo al Medicamento, el director general de Farmacia no contestó directamente, sino que indicó que las patentes y los modelos de utilidad no son competencia de Sanidad. Con respecto a la cuestión planteada por Vanesa López sobre la participación de del sector público en las terapias avanzadas, Hernández señaló que el CAR-T desarrollado en el Hospital Clinic de Barcelona es una autorización de uso para hacer más fácil el salto del desarrollo académico a la autorización de mercantilización, pero que no podría darse ningún tipo de autorización de comercialización ya que inmediatamente quedaría fuera de la legislación.
 
* Fernando Lamata, planteó que los altos precios de los medicamentos que están erosionando gravemente el Sistema Nacional de Salud, están originados por los monopolios sin competencia que proporcionan las patentes. En su opinión, en el caso de los medicamentos, esas patentes deberían retribuir los costes de investigación y fabricación, pero sin fija precios abusivos y arbitrarios. Puso como ejemplo el caso de los antivirales contra la Hepatitis C, que con unos costes totales investigación y fabricación de 300 euros, el Estado español ha pagado 18.000 euros por tratamiento. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de modificar el actual sistema de formación continuada de los profesionales sanitarios. La industria, destacó, con los 8.000 millones de euros que obtiene de sobre-beneficio patrocina actividades, sociedades científicas o guías clínicas que orientan la prescripción. Desde su punto de vista, el patrocinio de esas actividades de formación continuada debería realizarse desde la Administraciones Públicas financiado con una aportación por parte de las empresas farmacéuticas de entre el 15 y el 20% de su volumen de ventas. Es una opción que garantizaría la independencia de la formación y la vía para modificar el modelo actual controlado por los intereses de la industria.
 
* Juan Luis Beltrán, hizo hincapié en las contradicciones legislativas para garantizar la transparencia de los precios de los medicamentos. Por una parte, indicó, el artículo 7 de la actual Ley del Medicamento señala que las Administraciones Sanitarias deben garantizar la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en material del medicamento, pero añade que eso debe llevarse a cabo sin perjuicio del derecho a la propiedad industrial. Según advirtió, estos dos principios de transparencia y confidencialidad que se contraponen, no están solucionados puesto que no se establece ninguna pauta para conciliarlos. En los casos en los que estos conflictos han llegado a los tribuales, Beltrán explicó que “el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, al menos hasta ahora, se han alineado con las posiciones de  la industria farmacéutica”. En su opinión, la futura Ley del Medicamento debe abordar este conflicto y favorecer la transparencia dentro de los límites que hasta ahora ha marcado la jurisprudencia .
 
* Vanesa López, destacó dos cuestiones que desde Salud por Derecho consideran importantes de cara a la futura ley. La primera es la incorporación de criterios de interés público a las inversiones públicas para garantizar su retorno a la sociedad. La segunda es que se fomente la fabricación pública de medicamentos. En este sentido formuló una pregunta muy concreta al director general de Farmacia sobre las terapias CAR-T que se están desarrollando en el Hospital Clinic de Barcelona. Concluyó recordando que Salud por Derecho considera que los medicamentos son un bien público y que los estados tienen la responsabilidad de garantizar que se desarrollen los fármacos que la población necesita a un precio asequible. Por último, invitó a los asistentes a conocer un documento de propuestas políticas que su organización había hecho público ese mismo día “Medicamentos: acceso, asequibilidad e incentivos justos”.
 
* Roberto Sánchez, inició su intervención compartiendo lo ya apuntado por Fernando Lamata y Vanesa López y, añadió, la preocupación de No Gracias por la necesidad de que se precisen los casos de indicaciones fuera de ficha técnica que se acaban implementado de facto en la práctica clínica. Planteó, como ejemplo, el caso de algunas vacunas no financiadas, pero que se prescriben de forma masiva porque la prescripción fuera de ficha técnica está recogida para casos puntuales.
 
* José María González, puso de manifiesto la sensibilidad de la OCU ante el hecho de que haya nuevos medicamentos para tratar enfermedades graves o raras que alcanzan precios desorbitados, por lo que se corre el riesgo de que los sistemas públicos de salud no puedan seguir financiándolos. Denunció la falta de transparencia en el sistema de fijación de precios, justificada por los gobiernos por unos costes de investigación que no se conocen, o, por otra parte, las maniobras de reposicionamiento de algunos medicamentos antiguos cuyos costes de investigación ya están amortizados. Estos aspectos es primordial que se aborden en la futura Ley del Medicamento, tomando en consideración las inversiones públicas previas.
 
* Consuelo Giménez, destacó la visión de Médicos del Mundo de la salud como un derecho humano universal que incluye la garantía de un acceso equitativo a los medicamentos. En ese sentido, llamó la atención a que la futura Ley del Medicamento incorpore algo que consideran imprescindible, la revisión del sistema de copagos, para que dicha aportación no represente un obstáculo insalvable personas en situaciones de vulnerabilidad social, ya sean trabajadores precarios con bajos ingresos o personas inmigrantes. También pidió que se considere el caso de algunos medicamentos excluidos de la financiación pública por estar destinados a síntomas menores, pero que resultan indispensables en algunas patologías y quedan fuera del alcance de pacientes con bajos recursos.
 
* No es Sano es una campaña coral de organizaciones que luchan para defender y promover el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud, promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, OCU, SESPAS, CECU, No Gracias, OMC y AAJM, con apoyo de ISGlobal y Oxfam Intermón, y financiada con el apoyo de Open Society Foundation. Su manifiesto ha sido suscrito, asimismo, por la Coordinadora estatal de VIH y sida, SEFAP, Escuela Andaluza de Salud Pública y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España.
 

La Agencia Estatal de Salud Pública, o es independiente y en red o será un paso en falso

AUTOR: Comisión de Comunicación de la AAJM

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública anunciada por el Gobierno mediante anteproyecto de Ley, provoca en los expertos en Salud Pública ilusión por las ventajas que conllevaría y escepticismo por las dificultades en su aprobación y posterior desarrollo ante las competencias asumidas por la CCAA y otros centros institucionales. Y, mientras unos creen que será un mero centro asesor, para otros será un gran avance si es independiente y en red; si no, será un paso en falso.
 
Así lo pusieron de manifiesto en el II Encuentro organizado por la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), celebrado el 22 de noviembre, para abordar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, en el que expertos en Salud Pública opinaron sobre si, a la luz de la estructura política y competencial del Estado Español será operativo una Agencia Estatal de Salud Pública; en qué medida podrá ejercer estas competencias, si será con o a través de las CCAA; los recursos, ubicación y que centros nacionales o instituciones actuales debe integrar, entre otras cuestiones.
 
Moderado por el presidente de honor de la AAJM, Fernando Lamata, en este encuentro online participaron Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública y director del Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández (Alicante);  Juan Martínez Hernández, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; Carme Borrell, especialista em Medicina Preventiva y Salud Publica, gerente de la Agencia Salud Publica de Barcelona (ASPB), y María Sainz, especialista em Medicina Preventiva y Salud Publica, presidenta de Asociación de Educación para la Salud (ADEPS/FUNDADEPS).
 
Hace 11 años que se aprobó, en la Ley General de Salud Pública, la creación de un centro estatal de salud pública y ha sido a raíz de la pandemia COVID-19, cuando el Gobierno aprobó en agosto pasado el Anteproyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que se sometió a consulta pública hasta septiembre.
 
Fernando Lamata, presidente de honor de la AAJM, moderador del debate, hizo una introducción y justificación del posicionamiento de la AAJM, que considera que, después de más de dos años de Pandemia COVID19, que aún no ha finalizado, “se sintieron y sufrieron las grietas que nuestro sistema de salud pública tenía y mantiene”.
 
Por ello, aunque esta la Agencia Estatal de Salud Pública “llega tarde”, para la AAJM, la propuesta en general “es un acierto, aunque tiene aspectos mejorables que deberían ser debatidos en el sector socio-sanitario”. Y a ello responde este y otros debates.
 
Para Ildefonso Hernández Aguado, la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) “puede ser una contribución decisiva para garantizar la seguridad sanitaria; la sostenibilidad del sistema de salud y para lograr la implantación de las políticas e intervenciones de salud pública imprescindibles”.
 
En su opinión, la Ley de la AESAP debe disponer de “mecanismos que favorezcan el buen gobierno a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la agencia en el contexto de la organización española de salud pública en la que las CCAA tienen un papel determinante en la ejecución de políticas y programas y hay diversas organizaciones de carácter heterogéneo (centros de investigación, sociedades científicas, etc.) que deben contribuir a mejorar las capacidades científicas y técnicas del conjunto del sistema a través de la AESAP”. Añadió que “la Agencia, o es independiente y en red, o será un paso en falso”.
 
Juan Martínez Hernández, especialista en medicina preventiva y salud pública, planteó si es necesaria una Agencia Estatal o sería más operativo un centro de control de enfermedades. Para este experto, la nueva Agencia “no ostentará la autoridad sanitaria y será un mero centro asesor”.
Tras preguntarse si a la nueva Agencia se le reasignarán funciones ya en marcha en el ISCIII y otros centros, fue el más escéptico de los ponentes y no espera que la Agencia “suponga un gran avance en coordinación de políticas sanitarias”.
 
Carme Borrell, gerente de la Agencia Salud Publica de Barcelona (ASPB), la futura Agencia Estatal de Salud Pública “puede ayudar a fortalecer la salud Pública de nuestro país, mejorando la coordinación entre comunidades autónomas”.
 
Para esta experta, que expuso los objetivos y logros de los más de 20 años de existencia de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Agencia Estatal “puede complementar las Agencias o direcciones autonómicas” y se preguntó si “colisionara con otras competencias institucionales”.
 
Finalmente, María Sainz, presidenta ADEPS/FUNDADEPS, consideró que la Agencia Estatal para la Salud Pública “es un avance en España”. “Tendremos la posibilidad -afirmó- de dirigir, coordinar y gestionar de forma coherente y eficaz, todos los datos epidemiológicos sobre las enfermedades infecciosas, parasitarias y sobre todo crónicas que tenemos en España y debemos cooperar con los criterios europeos e internacionales”, así como “favorecer criterios comunes en las campañas, los programas y acciones diversas en Promoción y Educación para la Salud tan necesarias para elevar los indicadores de salud en la población española”.
 
Para María Sainz, la nueva Agencia “potenciará otras áreas del conocimiento multidisciplinar como es la economía de la salud, la cooperación sanitaria internacional, los big data y un sin fin de acciones preventivas relacionadas con la salud pública”.