Excelente y revelador artículo sobre las presiones de los países del norte global en una estrategia común con las grandes industrias farmacéuticas en las negociaciones sobre el Acuerdo de Pandemia. El artículo plantea las consecuencias nocivas en la fase inicial de los brotes y en las emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII) que esta estrategia provocaría impidiendo facilitar la intervención y la contención tempranas, fundamental para la salud global
Además de la injusticia para los países del sur global que pedían de nuevo limitado su acceso a las vacunas necesarias para su población y no podrían acceder a los beneficios del sistema PABS
{El artículo proporciona un interesante listado de las acciones con las que las grandes empresas farmacéuticas limitan significativamente y restringen artificialmente el suministro de vacunas}
Durante las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia (PA), los países del Norte Global —especialmente aquellos con grandes industrias farmacéuticas— insistieron en que el Acuerdo debía estructurarse de manera que incentivara la participación de la industria farmacéutica. Han reiterado este sentimiento en numerosas ocasiones durante el último año, en el contexto de las negociaciones del Anexo PABS.
Pero ¿a qué «industria» se refieren aquí? ¿Y depende completamente de ellos la equidad y la funcionalidad del Anexo PABS?
La industria farmacéutica está dominada por unas pocas grandes corporaciones y centros de producción. Estos se ubican principalmente en el Norte Global, con China e India como las principales excepciones, gracias a su capacidad de producción de genéricos.
Es precisamente esta sobreconcentración de la cadena de suministro farmacéutica la que contribuyó a la segregación en el acceso a las vacunas durante la pandemia de COVID-19.
En primer lugar, la falta de centros de producción geográficamente diversos contribuyó a las interrupciones en la cadena de suministro, incluso cuando las corporaciones estaban dispuestas a otorgar licencias voluntarias a fabricantes del Sur Global. En segundo lugar, la concentración de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en manos de unas pocas grandes empresas farmacéuticas significaba que podían restringir artificialmente el suministro de vacunas. Podían hacerlo mediante:
1. Negarse a otorgar licencias de fabricación a otros fabricantes;
2. No registrar expedientes ante las autoridades reguladoras en ciertas jurisdicciones;
3. Negarse a vender a compradores en ciertos mercados del Sur Global, incluidos aquellos con financiamiento suficiente para adquirir grandes cantidades de vacunas;
4. Crear asimetrías de información significativas que complicaron las negociaciones, incluyendo la restricción de la capacidad de los compradores de vacunas para compartir información sobre el precio unitario de las vacunas y la estructuración de contratos de adquisición de manera que se careciera de previsibilidad sobre los volúmenes y plazos de entrega de las vacunas;
5. Ralentizar las negociaciones al obligar a los compradores de vacunas a celebrar negociaciones contractuales que violaban las leyes nacionales en algunas jurisdicciones, por ejemplo, la firma de acuerdos de confidencialidad que violaban las leyes destinadas a garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública y el establecimiento de nuevas instituciones nacionales para asumir la responsabilidad por las reclamaciones de responsabilidad derivadas de la adopción de vacunas; y
6. Presentar patentes en jurisdicciones donde las corporaciones no tenían planes de comercializar vacunas.
Esta lista ilustra algunas de las tácticas que las grandes corporaciones farmacéuticas emplearon en relación con los gobiernos tanto del Norte como del Sur Global. Estas presiones dieron lugar a un mercado de vacunas que Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describió como un obstáculo para el enfoque solidario de adquisición y distribución de vacunas que la iniciativa COVAX pretendía impulsar.
Asimetría de poder
En enero de 2021, el director General Tedros señaló que el nacionalismo de las vacunas por parte de los países del Norte Global y la priorización del suministro a estos mercados por parte de las corporaciones farmacéuticas provocaron «acaparamiento, un mercado caótico, una respuesta descoordinada y una continua perturbación social y económica».
Presumiblemente, esta es la «industria» a la que se refiere el Norte Global cuando afirma que se debe incentivar a las entidades comerciales a unirse al sistema PABS, o de lo contrario, fracasará. El Norte Global —en particular la UE y otros— se ha opuesto hasta ahora a las propuestas que podrían cambiar el statu quo. Esto incluye la asignación de productos sanitarios para su distribución durante las primeras etapas de un brote y una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), el registro de usuarios al acceder a los materiales del PABS y a la información de secuenciación digital, y contratos legalmente vinculantes en el momento del acceso. Según los argumentos del Norte Global, la incorporación de estos elementos al marco del PABS podría provocar un boicot por parte de la industria.
Pretenden que el resto del mundo crea que se puede confiar en que la industria negocie voluntariamente acuerdos justos de reparto de beneficios con la OMS en el momento de la comercialización. Sin embargo, sin el registro de usuarios y un contrato para compartir los beneficios derivados de la investigación y el desarrollo de patógenos compartidos o su información de secuenciación digital (ISD), la industria podría argumentar que nunca accedió a los materiales del PABS ni a la ISD y, por lo tanto, no estaría obligada a compartir los beneficios.
Incluso si se comprometieran a compartir los beneficios en el momento de la comercialización (en lugar de en el momento del acceso), es de suponer que las asimetrías de poder estarían tan desequilibradas en ese momento que los beneficios específicos a los que se comprometieran serían mínimos.
De hecho, la decisión de *The World Together* parece apuntar a algo distinto de defender el dominio de los actores ya dominantes de la industria farmacéutica. Al menos, esta es una forma de interpretar su énfasis en «la necesidad de un enfoque integral y coherente para fortalecer la arquitectura sanitaria mundial». Esto apunta a la necesidad de construir una nueva versión de la «industria» farmacéutica y un modelo de apoyo que vaya más allá de la «libertad de operación». Reflejando este sentimiento, el Informe del Panel Independiente de 2021 señaló: «La salud mundial no puede quedar rehén de una industria farmacéutica que compra patentes de productos prometedores (a menudo desarrollados originalmente con importantes fondos públicos en universidades e instituciones de investigación) y los desarrolla en aras de obtener beneficios. Este sistema no logra el equilibrio adecuado entre la innovación y los bienes públicos mundiales».
En el contexto de las negociaciones que condujeron a la adopción del Acuerdo de París en mayo de 2025, gran parte del debate sobre este tema giró en torno a la importancia de los mecanismos para promover una producción local sostenible y geográficamente diversificada. La inclusión de los artículos 10 («Producción local sostenible y geográficamente diversificada») y 11 («Transferencia de tecnología y cooperación en conocimientos técnicos relacionados con la producción de productos sanitarios para pandemias») en el PA solo puede entenderse en relación con la larga lista de dificultades creadas por las corporaciones farmacéuticas hegemónicas y las limitadas capacidades de producción del Sur Global durante la pandemia. Por lo tanto, la lógica más amplia del PA va claramente más allá de pensar en cómo mantener el statu quo de la «industria» farmacéutica. Los artículos 10 y 11 describen formas de cooperación internacional que podrían contribuir a la reestructuración de la industria farmacéutica para facilitar la entrada y la sostenibilidad de fabricantes regionales que puedan contribuir al suministro mundial, salvaguardando al mismo tiempo la soberanía sanitaria regional. Sin embargo, los artículos 10 y 11 solo contienen un lenguaje de «mejor esfuerzo».
El Anexo del PABS como componente fundamental de la equidad
Además del Sistema PABS (Artículo 12), el Artículo 9.5 del PA también se suele mencionar como un rayo de esperanza para la equidad en el marco del Acuerdo. En él se establece que las Partes del PA “desarrollarán e implementarán políticas nacionales y/o regionales, adaptadas a sus circunstancias internas, relativas a la inclusión de disposiciones en las subvenciones, contratos y otros acuerdos de financiación similares para la investigación y el desarrollo financiados con fondos públicos, en particular con entidades privadas y asociaciones público-privadas, para el desarrollo de productos sanitarios relacionados con pandemias, que promuevan un acceso oportuno y equitativo a dichos productos, especialmente para los países en desarrollo, durante emergencias de salud pública de importancia internacional, incluidas las emergencias pandémicas, y relativas a la publicación de dichas disposiciones”.
Esta es una de las pocas cláusulas del PA que intenta alentar explícitamente a las Partes a regular la industria para promover la equidad en el acceso a los beneficios del progreso científico. Sin embargo, aún no garantiza directamente el acceso a los productos sanitarios. Además, en el Sur Global, especialmente en África, los gobiernos nacionales y otras instituciones públicas representan una proporción relativamente pequeña de los financiadores de I+D en el sector médico y farmacéutico. Gran parte de esta financiación proviene de organizaciones filantrópicas privadas, no de entidades públicas.
Esta cláusula es encomiable, pero refleja una realidad más propia de la producción de conocimiento en el Norte Global, donde los gobiernos desempeñan un papel mucho más influyente en la financiación de la investigación en salud. En contraste, muchos investigadores del Sur Global dependen en gran medida de la financiación de fundaciones filantrópicas como el Wellcome Trust o la Fundación Gates.
Esta laguna legal no se aborda necesariamente en la Ley de Protección, pero podría abordarse en el Anexo del PABS, si se exige a los usuarios no comerciales de los materiales del PABS y la información de secuenciación digital que (1) se registren para acceder a los patógenos y la información de secuenciación digital, y (2) firmen contratos legalmente vinculantes que especifiquen las obligaciones de reparto de beneficios a las que se comprometen al acceder a estos materiales.
Esto ayudaría a subsanar una laguna en el Artículo 9.5, ya que las obligaciones de reparto de beneficios destinadas a promover el acceso equitativo a productos para pandemias, o a la investigación y el desarrollo en curso sobre patógenos con potencial pandémico, también se aplicarían a los usuarios financiados por fundaciones privadas u otras entidades no públicas.
Las negociaciones del Anexo PABS ofrecen la oportunidad de especificar medidas prácticas que los gobiernos pueden adoptar colectivamente para apoyar esta otra versión de una «industria»: que cree un espacio para que más fabricantes, licenciatarios, regiones e investigadores contribuyan de forma colaborativa a la respuesta a la pandemia.
Además, el Anexo PABS debería garantizar que estos actores se comprometan a donar productos sanitarios durante la fase inicial de los brotes y las emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII) para facilitar la intervención y la contención tempranas, lo cual es fundamental desde la perspectiva de la salud pública.
Conclusion
Lamentablemente, la postura de los países desarrollados en las negociaciones del Anexo PABS, que aboga por incentivar a la industria farmacéutica, pretende reescribir las reglas del acceso y el reparto de beneficios y establecer un sistema que carece de transparencia y rendición de cuentas. Un sistema de este tipo reforzaría el statu quo y socavaría el propósito mismo del sistema PABS: la distribución justa y equitativa de los beneficios. Por lo tanto, los Estados Miembros de la OMS deberían centrarse en crear un sistema que sirva eficazmente al objetivo del acceso equitativo a los productos sanitarios, en lugar de legitimar las prácticas actuales de carácter extractivo. La Secretaría de la OMS y el director General deberían apoyarlos en este sentido y evitar presionar a los Estados Miembros para que acepten un Anexo PABS desigual simplemente para garantizar que las negociaciones concluyan en mayo de 2026.
La lectura de esta intervención de Public Citizen ante el comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado estadounidense, es considerablemente didáctica e ilustrativa para conocer el esquema de investigación y desarrollo, aprobación, producción, fijación de precios y distribución de los medicamentos. Como señalan en su intervención la situación actual de precios en los Estados Unidos es absolutamente inaceptable y está provocando graves problemas para la salud de los ciudadanos por falta de acceso a los medicamentos necesarios para la recuperación y mantenimiento de la salud.
Señor Presidente y miembros del Comité:
Gracias por la oportunidad de comparecer hoy. Soy Robert Weissman, copresidente de Public Citizen. Public Citizen es una organización nacional de interés público con más de un millón de miembros y simpatizantes. Durante más de 50 años, hemos defendido con considerable éxito la protección del consumidor, la rendición de cuentas de las empresas y el gobierno, y la ética y la transparencia gubernamental. En estas cinco décadas, nos hemos centrado especialmente en la seguridad y la asequibilidad de los medicamentos.
La especulación de precios de las grandes farmacéuticas contra los estadounidenses es peor ahora que nunca en nuestros más de 50 años de existencia. Se ha vuelto, sin duda, intolerable e insostenible.
En resumen, así es como funciona el desarrollo, la fabricación, la aprobación y la venta de medicamentos en Estados Unidos:
El gobierno estadounidense invierte decenas de miles de millones en la investigación biomédica más fundamental, participando en la investigación de casi todos los medicamentos recetados que llegan al mercado. Comparte los frutos de su investigación sin condiciones.
El gobierno estadounidense otorga patentes monopolísticas de 20 años a los nuevos medicamentos y concede otras exclusividades de comercialización a las compañías farmacéuticas.
El gobierno estadounidense es el mayor comprador de medicamentos del mundo, pero, salvo contadas excepciones, prohíbe que su principal programa de compra de medicamentos negocie precios con las compañías farmacéuticas.
En otras palabras, no existe un “libre mercado” para la industria farmacéutica. Esta industria depende de enormes subsidios públicos, explota monopolios otorgados por el gobierno y utiliza su poder político para impedir que su mayor comprador ejerza su poder de negociación.
El resultado de este sistema es precisamente la injusticia que cabría esperar: enormes ganancias para las farmacéuticas, salarios exorbitantes para los directores ejecutivos, precios monopolísticos y racionamiento generalizado de medicamentos importantes y, en ocasiones, vitales.
Este es un sistema que necesita una reforma fundamental. Instrumentos agresivos a favor de la competencia, como los incluidos en la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados, pueden limitar significativamente la especulación de precios de las grandes farmacéuticas y hacer que los medicamentos sean asequibles para todos los estadounidenses.
La primera sección de este testimonio ofrece una visión general de las deficiencias del sistema actual de desarrollo y fijación de precios de medicamentos, identificando las fallas del mercado y sus profundas consecuencias para los estadounidenses.
La segunda sección evalúa los esfuerzos de la administración Trump para abordar estos problemas. El texto señala que el presidente Trump ha criticado con razón a las farmacéuticas por cobrar precios mucho más elevados en Estados Unidos que en otros países ricos; pero también muestra cómo las políticas de su administración han fracasado y seguirán fracasando en su intento por abordar la especulación de precios, e incluso, en algunos casos, empeorarán la situación.
La tercera sección se centra en soluciones que emplean las fuerzas del mercado para frenar los abusos de precios de la industria farmacéutica. Destaca cómo la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados, presentada por el senador Bernie Sanders, miembro de la mayoría del Senado, aprovecharía el poder de la competencia de los genéricos para garantizar que los consumidores y las aseguradoras estadounidenses no tengan que pagar precios superiores a los de otros países ricos; y señala cómo podrían lograrse resultados similares ampliando y mejorando el sistema de negociación de medicamentos de Medicare.
La especulación de precios de las grandes farmacéuticas y sus consecuencias
El control de los precios de los medicamentos por parte de las grandes farmacéuticas en Estados Unidos beneficia enormemente a las corporaciones farmacéuticas, pero es un desastre para los consumidores estadounidenses y la salud pública.
Consideremos estos datos:
Más del 40% de los estadounidenses afirma haber omitido tratamientos farmacológicos o no haber tomado los medicamentos según lo prescrito debido al costo.
El precio medio de lanzamiento de un nuevo medicamento en Estados Unidos aumentó de $2,115 en 2008 a $180,007 en 2021, lo que representa una inflación anual del 20%, según investigadores del Hospital Brigham and Women’s de Boston. Desde 2021, el precio medio se ha duplicado con creces, alcanzando los $370,000 en 2024.
Las 20 principales compañías farmacéuticas han reportado más de $400 mil millones en ganancias durante los últimos tres años (2023-2025).
Los directores ejecutivos de las 20 principales compañías farmacéuticas reciben más de $300 millones en remuneración colectiva cada año.
Estados Unidos paga entre 3 y 4 veces más por los medicamentos recetados que otros países ricos.
Estos hechos no tienen nada de natural, ni fruto del mercado. Son el resultado de que la industria farmacéutica utiliza su poder político para imponer y mantener subsidios, monopolios y múltiples protecciones.
Tampoco es aceptable. No existe ninguna razón legítima para que Estados Unidos pague entre tres y cuatro veces más por los medicamentos que en otros países. Y, desde luego, no hay ninguna razón legítima, ni excusa alguna, para que cuatro de cada diez estadounidenses racionen los medicamentos que necesitan.
El problema comienza con este hecho fundamental: la financiación gubernamental contribuye a la invención y el desarrollo de prácticamente todos los nuevos fármacos. En 2018, investigadores de la Universidad de Bentley descubrieron que «la financiación de los NIH contribuyó a la investigación publicada relacionada con cada uno de los 210 nuevos fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) entre 2010 y 2016». En conjunto, según sus hallazgos, esta investigación implicó financiación mediante subvenciones, por un total superior a los 100 000 millones de dólares.⁷
Esta financiación gubernamental —que asciende a casi 50 000 millones de dólares anuales, pero que ahora se encuentra en peligro debido a las acciones y el caos generados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr.— es beneficiosa y una fuente de fortaleza para Estados Unidos.
El problema radica en que el gobierno no exige nada a cambio de su generosidad. Bajo la legislación vigente y la práctica de las últimas cuatro décadas, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) gestionan sus derechos de propiedad con el objetivo de comercializar nuevos fármacos, sin importarles si las compañías farmacéuticas cobrarán precios razonables por los medicamentos desarrollados con fondos públicos.
(En 2024, y renovado en 2025,⁹ los NIH dieron un paso modesto para abordar este problema, exigiendo a las empresas que licencian descubrimientos de fármacos de los NIH que presenten «planes de acceso» que detallen cómo se pondrán a disposición del público los productos que licencian en Estados Unidos o en países pobres. Esta nueva política representó un gran avance conceptual, pero en la práctica es probable que tenga un impacto limitado debido a la debilidad de los criterios para definir el «acceso», la falta de aplicabilidad y su carácter vinculante únicamente a las invenciones desarrolladas por los NIH, no a las desarrolladas en universidades y otros centros con fondos de los NIH.¹⁰)
Este subsidio incondicional a las grandes farmacéuticas constituye la razón fundamental por la que pueden cobrar precios tan elevados: el gobierno les otorga monopolios.¹¹ Estos incluyen monopolios de patentes de 20 años para nuevas invenciones —no solo para el fármaco original, sino también para pequeñas modificaciones o métodos de administración—, además de otras exclusividades de comercialización.
La justificación para otorgar monopolios de uso y comercialización es incentivar la investigación y el desarrollo (I+D). La lógica es que las empresas emprenderán investigaciones arriesgadas si saben que serán recompensadas con un monopolio y que sus competidores no podrán beneficiarse gratuitamente de ellas. Sin embargo, el sistema está gravemente desequilibrado y empeora año tras año. En el mejor de los casos, los monopolios son una forma ineficiente de financiar la investigación. Pero hace tiempo que dejamos atrás ese escenario ideal.
Los precios de los medicamentos no guardan relación alguna con los costos reales de I+D. La Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que «el gasto actual en I+D no influye en los precios futuros de los medicamentos que resultan de dicho gasto».¹² Las principales compañías farmacéuticas reciben el 163 % de sus costos globales de I+D solo de los ingresos excedentes generados en Estados Unidos,¹³ lo que subraya que estas empresas a menudo obtienen ganancias muy superiores a su gasto en I+D y no necesitan aumentar los precios para mantener sus inversiones en I+D.
De hecho, las compañías farmacéuticas simplemente cobran lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y dada la demanda inelástica de medicamentos importantes y el papel de los terceros pagadores, el mercado soportará precios desorbitados, incluso si eso significa que muchos se quedarán sin ellos.
Una forma de abordar el problema de los precios monopolísticos es limitar el período de monopolio o introducir la competencia de genéricos cuando los monopolistas abusan de su poder. La competencia de genéricos genera enormes reducciones de precios, generalmente del 80 % en pocos años en mercados con muchos vendedores de genéricos. Desafortunadamente, la industria farmacéutica ha podido aprovechar su poder político y legal en las últimas décadas para crear nuevas exclusividades y extenderlas.
Otra forma de abordar los abusos de precios monopolísticos es empoderar a los compradores mayoristas para que utilicen su poder de negociación y reduzcan los precios monopolísticos. Sin embargo, Medicare, el mayor comprador de medicamentos del mundo, tuvo prohibido negociar los precios de los medicamentos desde el inicio del programa Medicare Parte D. Según la Ley de Modernización de Medicare, que creó el beneficio de medicamentos de Medicare, la Parte D de Medicare no puede interferir en las negociaciones entre los fabricantes de medicamentos, las farmacias y los patrocinadores de los planes de la Parte D. Si bien los patrocinadores de los planes de la Parte D de Medicare pueden obtener descuentos sustanciales tanto de los fabricantes de medicamentos como de las farmacias, el programa federal tiene prohibido aprovechar su poder adquisitivo para lograr economías de escala, debido a esta cláusula de no interferencia. El resultado son precios desorbitados para Medicare, casi el doble de los que paga la Administración de Salud para Veteranos, mucho más pequeña, que negocia efectivamente los precios que paga.
Considere cómo todos estos factores se combinan y se exacerban mutuamente en el caso de un solo medicamento, Xtandi (nombre genérico: enzalutamida):
Xtandi es un medicamento para tratar el cáncer de próstata avanzado, comercializado por Astellas y Pfizer. El precio de Xtandi es exorbitante en cualquier caso. En 2020, costaba 129 000 dólares al año, o cerca de 90 dólares por cápsula.El precio de Xtandi es de tres a cinco veces mayor en Estados Unidos que en otros países ricos. En 2020, Astellas y Pfizer ganaron más dinero vendiendo Xtandi en EE. UU. que en el resto del mundo juntos. El año anterior, Medicare gastó más de 1000 millones de dólares en el medicamento antes de los descuentos. Un fabricante canadiense ofreció en una ocasión vender enzalutamida genérica al gobierno estadounidense por 3 dólares la cápsula —una trigésima parte del precio del fabricante original—, pero la oferta fue rechazada.
Muchos pacientes no pueden costear el precio exorbitante. Para un paciente que recibió el tratamiento brevemente, una sola receta le costó 625 dólares de su bolsillo. «Medicamentos como Xtandi obligan a las familias a centrarse en el precio y a preocuparse por él», escribió en una solicitud presentada al Departamento de Salud y Servicios Humanos en 2022. «Por favor, permitan que los pacientes estadounidenses con cáncer de próstata tengan el mismo derecho a acceder a una atención asequible que los pacientes de todo el mundo».²⁰ El precio para quienes no tienen seguro médico es ahora mucho más alto.
El elevado precio de Xtandi también genera preocupación por la equidad en la salud. Los hombres negros mueren de cáncer de próstata al doble de la tasa que los hombres blancos y podrían tener una necesidad desproporcionada de este medicamento de precio exorbitante.²¹
Xtandi se desarrolló en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) con subvenciones del gobierno estadounidense proporcionadas por los Institutos Nacionales de la Salud y el Ejército de los Estados Unidos. Los fondos del gobierno estadounidense también ayudaron a financiar los ensayos clínicos iniciales del medicamento.
En 2016 y 2021, las organizaciones Knowledge Ecology International y Union for Affordable Cancer Treatment, junto con pacientes de cáncer de próstata, solicitaron a los NIH y al Departamento de Defensa que ejercieran sus facultades para que se comercializaran versiones genéricas.²² Se negaron.²³
La negociación del medicamento con Medicare permitirá un alivio moderado ante la especulación con el precio de Xtandi. El precio máximo para Medicare en 2027 será de 84 000 dólares anuales, una reducción significativa, pero insuficiente, ya que llega demasiado tarde en el ciclo de vida del medicamento y no está disponible para las aseguradoras privadas.²⁴
Este es, lamentablemente, un caso representativo, no excepcional.
En general, las compañías farmacéuticas saben que no pueden usar las mismas tácticas en otros países que están permitidas en Estados Unidos, por lo que su modelo de negocio se basa en explotar a los consumidores y contribuyentes estadounidenses, mientras siguen obteniendo ganancias sustanciales en el extranjero. Tras revisar documentos internos de la compañía, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes informó que Pfizer “dirigió sus aumentos de precios al mercado estadounidense. Un borrador de presentación interna de Pfizer de 2016 vinculaba explícitamente la rentabilidad global de Pfizer con su capacidad para aumentar los precios en Estados Unidos, señalando que el crecimiento estaba impulsado por ‘aumentos de precios en Estados Unidos’”.25
Esta es una situación que exige medidas urgentes. La proporción de pacientes que no pueden costear los medicamentos recetados ha aumentado constantemente en las últimas décadas. La carga que representan las grandes farmacéuticas para el sector salud y la economía nacional ha crecido, de tal manera que el gasto en medicamentos representa casi el 3% del PIB, más del doble que en otros países. El problema es grave y se agrava rápidamente: entre 2017 y 2022, el precio promedio por unidad de los 50 medicamentos más vendidos en Estados Unidos aumentó más rápidamente que en el resto del mundo.²⁶
Administración Trump: Retórica contundente, sin resultados
El presidente Trump ha criticado a las grandes farmacéuticas por sus precios abusivos y ha afirmado, con razón, que Estados Unidos no tiene por qué pagar más que otros países ricos.²⁷
Lamentablemente, no ha implementado políticas para remediar esta situación. Sus principales iniciativas sobre precios de medicamentos están rodeadas de secretismo y confusión, y tendrán un efecto nulo o limitado en los precios, o incluso agravarán el problema.
En particular, el presidente Trump denunció la brecha entre los precios de los medicamentos en Estados Unidos y otros países, y negoció una serie de acuerdos con compañías farmacéuticas que supuestamente las obligan a ofrecer a Estados Unidos los precios más bajos que cobran en el extranjero (conocido como precio de «nación más favorecida» o NMF).
Supuestamente para lograr este objetivo, la administración Trump negoció una serie de acuerdos secretos con las farmacéuticas. El secretismo impide determinar si estos acuerdos reducirán algunos precios de medicamentos o si los términos están diseñados para proteger a las grandes farmacéuticas o para que estas puedan manipularlos fácilmente. Public Citizen intentó obtener el texto de estos acuerdos amparándose en la Ley de Libertad de Información y presentó una demanda para exigir su divulgación.²⁸
Pero no hay razón para creer que estos acuerdos secretos contengan concesiones de precios significativas. La industria farmacéutica,²⁹ analistas de Wall Street e incluso el administrador de los CMS, Dr. Oz,³⁰ predijeron un impacto financiero mínimo derivado de los acuerdos de Trump con las farmacéuticas.³¹ El Dr. Oz sugirió que las compañías farmacéuticas ayudaron a «diseñar un plan que no las perjudique».
En lo que respecta a los precios de «nación más favorecida» ofrecidos a Medicaid, la Administración Trump ha ofrecido poca transparencia, por lo que resulta difícil evaluar el impacto potencial. Sin embargo, Medicaid ya suele obtener el mejor precio para los medicamentos en Estados Unidos, y los beneficiarios de Medicaid pagan costos mínimos o nulos de su propio bolsillo.
Dependiendo de la estructura del acuerdo, es posible que estos convenios aumenten los costos en Estados Unidos. Por ejemplo, una farmacéutica podría evitar costosos descuentos inflacionarios que de otro modo estaría obligada a pagar, como sugieren algunos informes de prensa sobre Eliquis.32
Un análisis de las reuniones con inversores del sector muestra que las grandes farmacéuticas no están demasiado preocupadas por los acuerdos de nación más favorecida (NMF). Según un análisis de Richard Frank, de la Brookings Institution, «los directivos de las empresas suelen destacar que los acuerdos son “limitados”, “específicos para cada canal” o “de duración limitada”». «Cabe destacar que, en los informes financieros, pocas empresas proporcionan estimaciones precisas del impacto de los acuerdos NMF en los ingresos. … La falta de ajustes cuantificados significativos podría indicar lo siguiente: o bien los efectos en los ingresos son manejables en relación con las ventas totales, o bien el alcance sigue siendo demasiado incierto para modelarlo con precisión».33
El segundo pilar de la política de la administración es la creación de un sitio web de ventas directas al consumidor operado por el gobierno, TrumpRx. Esta es una propuesta estructuralmente deficiente que no reconoce que la mayoría de las personas tienen los costos de los medicamentos cubiertos, al menos parcialmente, por su seguro. Esta deficiencia estructural se ve agravada por la pésima implementación de TrumpRx, con pocos medicamentos disponibles y la promoción de productos de marca para los que existen alternativas genéricas. De hecho, para la mayoría de las personas, TrumpRx no aliviará el alto costo de los medicamentos; otras podrían ser engañadas y terminar pagando más por sus recetas.
Más del 40% de los medicamentos que figuran en TrumpRx (28 de 69) tienen genéricos ya aprobados por la FDA que se pueden adquirir a un precio menor que los precios con «descuento» de TrumpRx. Para algunos de estos medicamentos, la diferencia puede ascender a cientos de dólares por receta.34 La mayoría de los productos que figuran en TrumpRx tienen décadas de antigüedad; el tiempo promedio en el mercado de los medicamentos listados es de 20 años. Un producto lleva 84 años en el mercado.35
En la gran mayoría de los casos, será más económico para los pacientes con seguro usar su seguro en lugar de TrumpRx. Por lo general, el seguro cubre la mayoría de los medicamentos que aparecen en TrumpRx con bajos costos de bolsillo.36 Para los pacientes asegurados, usar TrumpRx podría suponer un doble problema: mayores costos de medicamentos y que estos no se contabilicen para los deducibles del seguro ni para los límites máximos de gastos de bolsillo.
TrumpRx afirma ofrecer «los precios más bajos del mundo en medicamentos con receta», pero los precios siguen siendo más altos que en otros países ricos. Las ofertas de inyecciones de Wegovy en TrumpRx comienzan en $199 para los dos primeros surtidos mensuales de la dosis más baja y luego suben a $349 por mes; los cupones deben usarse antes de finales de junio de 2026 para obtener esta oferta. Mientras tanto, Wegovy se puede comprar por $186 en Dinamarca, $137 en Alemania y $92 en el Reino Unido. El tratamiento para la artritis Enbrel de Amgen cuesta casi $1000 más al mes en TrumpRx que su precio negociado con Medicare para 2026.
El tercer pilar de la política de precios de medicamentos de la administración ha sido socavar las negociaciones de precios a través de Medicare. El proyecto de ley de conciliación fiscal y presupuestaria incluyó una cláusula para eximir y retrasar las negociaciones de medicamentos que, de otro modo, habrían sido seleccionados para negociación este año, como Keytruda, Darzalex y Opdivo. Se prevé que estas exenciones reduzcan los ahorros del programa de negociación en 8.800 millones de dólares o más,37 lo que afectará directamente a los pacientes con cáncer y a los contribuyentes, quienes pagarán más por los tratamientos oncológicos. Merck ya ha ganado más de 160.000 millones de dólares con la venta del medicamento contra el cáncer Keytruda desde su lanzamiento en 2014;38 ya es hora de que los pacientes y los contribuyentes obtengan algún alivio en los precios.
El presidente Trump también propuso debilitar aún más las negociaciones de precios de medicamentos de Medicare, prohibiendo las negociaciones sobre todos los medicamentos hasta al menos 11 años después de su aprobación inicial por la FDA. Esto significa que Medicare y sus beneficiarios no tendrían acceso a precios negociados durante al menos 13 años. Esto excluiría de facto a muchos de estos medicamentos de las negociaciones por completo, o reduciría el período en que los pacientes tienen acceso a precios negociados más bajos a solo uno o dos años antes de que los genéricos entren al mercado, lo que atenuaría el impacto de la ley y podría costar a las personas mayores y a Medicare decenas de miles de millones de dólares adicionales cada año.
Finalmente, el presidente Trump presionó a otros países para que aumentaran los precios de sus medicamentos, basándose en la errónea teoría de que precios más altos en el extranjero conducirían a precios más bajos en Estados Unidos. En realidad, precios más altos en el extranjero simplemente generarán mayores ganancias para las grandes farmacéuticas, así como un menor acceso a los medicamentos en esos países.
Las grandes farmacéuticas actúan racionalmente en el mercado mundial: cobran los precios más altos que pueden en cada mercado. Como señala la Oficina de Presupuesto del Congreso, «los fabricantes maximizan sus ingresos globales al fijar precios diferentes en distintos segmentos de mercado, según las características de la demanda de cada segmento. Estas características reflejan diferencias tanto en la disposición a pagar de los compradores como en las regulaciones que afectan los precios en los diversos mercados. Las diferencias en los precios de los medicamentos pagados en distintos países reflejan, en parte, esta segmentación del mercado, al igual que las diferencias en los precios pagados por los distintos compradores dentro de Estados Unidos».⁴²
Los precios de los medicamentos son más bajos en otros países que en Estados Unidos porque esos países cuentan con sistemas para moderar los precios monopolísticos excesivos de las compañías farmacéuticas. Los mejores acuerdos logrados por otros países no se «subsidian» mediante precios más altos en Estados Unidos; las compañías farmacéuticas no se dedican a vender sus productos con pérdidas, salvo en el caso de programas humanitarios ocasionales. Además, como ya se ha comentado, la fijación de precios de los medicamentos está desvinculada de los costos de I+D, y los ingresos de las compañías farmacéuticas son mucho mayores de lo necesario para financiar las actividades de I+D.
Aprovechar las fuerzas del mercado para frenar la especulación de las grandes farmacéuticas
Nuestro sistema de precios farmacéuticos necesita una reforma integral. No hay justificación alguna para que Estados Unidos, un país que invierte tanto dinero público en investigación biomédica y cuyos fondos públicos son vitales para el desarrollo privado de medicamentos, pague tres o cuatro veces más por los medicamentos que otros países. Es indignante, tanto para la salud pública como desde el punto de vista moral, que en el país más rico del mundo, más del 40% de los adultos racionen sus medicamentos por su elevado precio.
Una mayor competencia puede solucionar estos problemas. Sin embargo, debido a la gravedad de los mismos y a las fallas del mercado tan generalizadas, las medidas moderadas no serán suficientes. Esto se debe, en parte, a que los medicamentos son tan caros que las reducciones de precio modestas no modificarán sustancialmente la inaccesibilidad de los fármacos para muchos consumidores y aseguradoras. Aún más importante, se debe a que las grandes farmacéuticas pueden compensar las limitaciones moderadas a abusos específicos de precios intensificándolos en otras áreas. Se necesitan enfoques enérgicos.
Existen múltiples vías posibles basadas en el mercado para abordar los precios excesivos de los medicamentos. El estándar básico debería ser que Estados Unidos no pague más que otros países ricos. Y el enfoque fundamental debería ser utilizar herramientas de mercado para reducir los precios si las compañías farmacéuticas abusan de su poder monopólico para cobrar precios abusivos a los consumidores estadounidenses.
Este es el enfoque empleado por la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados de 2025, S. 1818. En resumen, esta ley autorizaría la competencia de medicamentos genéricos para aquellos fármacos cuyos fabricantes cobren más en Estados Unidos que en otros países ricos. La introducción de la competencia de genéricos reducirá los precios a un nivel asequible.
Investigadores de la Universidad de Yale proyectan ahorros masivos con este enfoque: un ahorro nacional total de al menos 184 mil millones de dólares. Su análisis concluye que los ahorros totales serían de un 51 % en reducciones de precios para las aseguradoras privadas (un total de 82.200 millones de dólares), un 62 % para Medicare (70.500 millones de dólares) y un 35 % para Medicaid (12.900 millones de dólares). Según un estudio de Yale, el gasto de bolsillo de los pacientes se reduciría en un 40 %.⁴³
La Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados es un enfoque sencillo y directo, pero también cuidadoso y matizado. Dos aspectos en particular merecen ser destacados. En primer lugar, la Ley exigiría el pago de regalías razonables al fabricante original. La concesión de licencias es habitual en la industria y la Ley toma como base la tasa promedio de regalías del sector. Este pago garantizará la equidad para el fabricante original y sus esfuerzos por desarrollar y comercializar el medicamento, además de asegurar una compensación justa en consonancia con los estándares constitucionales en materia de expropiaciones.
En segundo lugar, la Ley otorga al Secretario de Salud y Servicios Humanos la facultad discrecional de fijar regalías en función de diversos factores, como el valor del medicamento para los pacientes; el tamaño de la población afectada; la cantidad de subsidios federales para su desarrollo; los beneficios clínicos del medicamento en comparación con las terapias existentes; y los ingresos obtenidos por el fabricante, en relación con los costos reales de desarrollo. Estos factores permitirán al Secretario, según corresponda, ajustar la tasa de regalías para reflejar las circunstancias particulares. Por ejemplo, en el caso de un tratamiento importante, costoso de desarrollar, para una enfermedad que afecta a una población pequeña, el Secretario podría fijar una regalía más alta. O, por el contrario, si una empresa dependió en gran medida del apoyo público, contribuyó modestamente a los gastos de investigación y desarrollo y ya ha generado ingresos sustanciales, el Secretario podría fijar una tasa de regalías inferior a la base.
Otro enfoque para lograr el mismo objetivo que la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados sería aprovechar los éxitos de las disposiciones de negociación de medicamentos de Medicare. Los elementos de este enfoque serían:
Establecer el precio medio pagado en otros países como el precio justo presunto.
Eliminar el período de demora para la negociación, de modo que las negociaciones de Medicare comiencen inmediatamente después del lanzamiento al mercado.
Ampliar la negociación de Medicare para que cubra todos los medicamentos, tal como se hace con la Administración de Salud para Veteranos.
Poner el precio negociado de Medicare a disposición de todos los pagadores, incluyendo a las personas sin seguro.
Incluso con reformas drásticas para reducir los precios, como las que podrían lograrse con la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados o la ampliación de las negociaciones de precios de Medicare, los gastos acumulados serán insostenibles para muchas personas. Complementando el esfuerzo por reducir los precios, debería extenderse el límite de $2000 de gastos de bolsillo de Medicare al mercado de seguros privados.
La urgente necesidad de medidas contundentes
Los estadounidenses están tan unidos como en cualquier otro tema en exigir medidas contundentes para combatir la especulación de precios de la industria farmacéutica. Más del 80%, incluyendo el 89% de los votantes republicanos, afirma que las ganancias excesivas de la industria farmacéutica son un factor determinante en el costo desorbitado de los medicamentos. Casi el 90% de los estadounidenses desea una competencia más rápida por los medicamentos genéricos. Existe un apoyo similar para fortalecer la negociación de precios de Medicare.44
El apoyo abrumador a medidas enérgicas para acabar con la especulación de precios de la industria farmacéutica refleja la experiencia de la gente al racionar los medicamentos que necesitan o verse obligados a pagar más de lo que pueden permitirse. También refleja la conciencia generalizada de que los medicamentos recetados son más baratos, mucho más baratos, en otros países.
Los estadounidenses tienen motivos de sobra para estar indignados. Es nuestro dinero el que financia el desarrollo de medicamentos. Es nuestro gobierno el que otorga los monopolios que la industria farmacéutica explota. Somos todos nosotros, como consumidores y contribuyentes, quienes nos vemos obligados a pagar los precios abusivos de la industria farmacéutica.
Las herramientas de mercado, aplicadas con decisión, pueden marcar la diferencia. Responder a la especulación de precios insistiendo en que no pagaremos más que otros países ricos y promoviendo la competencia de los medicamentos genéricos, como lo hace la Ley de Alivio de Precios de Medicamentos Recetados, o aprovechando el poder de Medicare como comprador, puede generar ahorros nacionales drásticos: 184 mil millones de dólares anuales, y en aumento.
La cuestión no es cómo rediseñar un sistema defectuoso que beneficia a las grandes farmacéuticas a costa del resto de nosotros. Sabemos cómo hacerlo. La cuestión es si el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la voluntad política para hacerlo.
Este número de la revista AJM alerta sobre la pretensión del Gobierno de España de ocultar los precios reales de los medicamentos financiados por la sanidad pública, plegándose así a las pretensiones de la industria farmacéutica, Igualmente aborda, desde distintas perspectivas, las tensiones entre la industria farmacéutica y el derecho a la salud.
Como novedad, estrena una nueva sección¿Sabias que… en la que recoge brevemente noticias de impacto singular.
El editorial de Núria Homedes y Antonio Ugalde, directora ejecutiva y presidente de Salud y Fármacos, analiza las políticas farmacéuticas de Trump y advierte que favorece los beneficios corporativos en lugar de reducir los costes al tiempo que ocultan la falta de control de precios y mantienen los monopolios de patente.
El grueso de la revista se dedica a la pretensión del Gobierno de la coalición PSOE + Sumar de impulsar una reforma legislativa que convierta en secretos los precios que el Estado paga por los medicamentos que financia públicamente. Escándalo destapado por la organización Civio, que pide directamente a los diputados que voten en contra de esta enmienda; denunciado por la AAJM que lo considera un hachazo a la transparencia y analizado por el doctor Juan José Rodríguez Sendín, expresidente de la OMC y actual vocal de la misma, que estima que puede ser la “mayor fuente de corrupción”.
Otros temas originales son el trabajo del doctor José Luis Pedreira, psiquiatra y psicoterapeuta, que explora la interacción médico-paciente como una herramienta terapéutica, retomando el concepto del doctor Michael Balint sobre el “médico como fármaco”, y, también, las aportaciones de la AAJM al Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes, en las que se solicita al Ministerio de Sanidad que la nueva norma prohíba la financiación de estas entidades por empresas farmacéuticas o biotecnológicas.
En la revisión de artículos de otras fuentes, en la rAJM 46, se recoge un editorial de The Lancet, dedicado a la politización de la FDA de EE.UU que está erosionado la integridad y la confianza; las presiones de Lilly al Gobierno del Reino Unido para que aumente el precio de us productos, Mounjaro entre ellos, a cambió de más inversión; el posicionamiento claro y rotundo de la organización No Gracias al boicot a Teva por su implicación en la destrucción de Gaza; el certero análisis de Dean Baker, en el que indica que el mercado libre para Ozempic marcará una gran diferencia para decenas de millones de personas, y, finalmente, un estudio más que, en este caso publicado por Richard Sears en MAD in America, sobre pagos no revelados de la industria encontrados en las principales revistas de psiquiatría.
Para los que utilicen la versión en PDF, accesible igualmente desde el enlace a la página web de la AAJM señalado al principio, recomendamos la lectura de los siete informes y documentos seleccionados por la Comisión de Redacción.
Como cierre de la revista 46 de la AAJM, en nuestra sección “Maldigo la poesía”, destacamos “Poesía contra una guerra criminal”, una miscelánea con Patti Smith y Bruce Springsteen, sobre canciones relacionadas con la actual guerra no declarada de Israel y EE.UU contra Irán y Líbano. Canciones en ocasiones relacionadas por anteriores agresiones de los mismos actores, pero que están de desgraciada y rabiosa actualidad.
Vídeo resumen de la revista elaborado por la IA de NotebookLM:PINCHANDO AQUÍ
Estimada lectora/lector: Iniciamos una nueva sección en la AJM, con la cual intentamos proporcionar informaciones breves de actualidad inmediata o bien de evocación de noticias de impacto o importancia singular en él pasado, referidas, como no podía ser de otra manera, a nuestros temas de acceso a medicamentos y vacunas.
•La FDA emitió una carta de advertencia a Novo Nordisk el 5 de marzo de 2026, donde expone: «violaciones graves» de las regulaciones que obligan a la comunicación de eventos adversos en los medicamentos posteriormente a su comercialización (PADE), principalmente con respecto a sus medicamentos GLP-1 Ozempic y Wegovy para diabetes y pérdida de peso. Las infracciones, encontradas durante una inspección de 2025, implicaron no informar de eventos adversos dentro de los plazos obligatorios, incluida la muerte de tres pacientes. Fuente FDAUna conclusión obvia: los efectos secundarios no pueden interrumpir el negocio Según Bolsamania el mercado de agonistas de GLP-1 alcanzará los 78.400 millones de dólares en 2032.
• Según una encuesta Gallup sobre patrones de consumo realizada en febrero de 2026, la población está reduciendo el consumo de medicamentos, alimentos y servicios públicos debido al alto coste de la atención médica. En Estados Unidos hoy, la desigualdad de riqueza se ha vuelto tan extrema que el 1% superior ahora posee tantas acciones y fondos mutuos como el 99% inferior según Bernie Sanders. Ninguna democracia es sostenible cuando tan pocos tienen tanto, mientras que muchos tienen tan poco. Necesitamos una economía que funcione para todos, no para el 1%. Fuente WESTHEALTH. Necesitamos un sistema de salud universal.
• El Sistema Nacional de Salud inglés (NHS) está sufriendo una grave crisis con listas de espera enormes, provocadas por la falta de financiación para la contratación de personal sanitario y la reforma de infraestructuras. El gobierno Starmer ha presentado un plan de diez años ampliamente criticado por expertos y organizaciones sociales. En él, sin embargo, se incluye la propuesta para someter a todos los recién nacidos en Inglaterra a la secuenciación genética. La iniciativa, denominada Generation Study consiste en tomar muestras de sangre del cordón umbilical poco después del nacimiento y enviarlas a un laboratorio para secuenciar el genoma completo, identificando todo su ADN y así detectar unas 200 enfermedades raras. Fuente BMJ.. El rechazo a esta propuesta ha sido considerable, resaltando entre otras críticas el riesgo de sobre diagnóstico y sobre tratamiento que puede producir esta decisión. Curiosa estrategia según Peter Gostzche que concluye sarcás-ticamente en una excelente nota en X: “En lugar de salud para todos se oferta una enfermedad para todos”.
• En este mes de marzo de 2026, el paquete de compensación del CEO de Pfizer Albert Bourla para 2025 ha sido de 27,6 millones de dólares, su segundo paquete salarial más grande desde que tomó el mando en 2019. En 2024 ya había recibido 24,6 millones de dólares (en 2022 Albert Bourla, había recibido 33 millones de dólares en compensación por las ventas de su megabuster COVID-19). Pfizer tuvo unos ingresos en 2025 de 62,5 mil millones de dólares, un 2 % menos en comparación con 2024, y con un acuerdo histórico de precios de medicamentos con la administración Trump y una guerra de ofertas en GLP-1 que permitió a la compañía arrebatar la biotecnológica de obesidad Metsera por 10 mil millones de dólares, a su rival Novo Nordisk. Fuente FIERCE PHARMA.
Directora ejecutiva y presidente de Salud y Fármacos.
El presidente de EE UU ha afirmado, falsamente, que los problemas de asequibilidad de los medicamentos en Estados Unidos (EE UU) se deben a que los precios en otros países son demasiado baratos, obligando a que EE UU cubra una parte desproporcionada de los gastos de investigación y desarrollo (I+D) de los medicamentos nuevos. Este argumento oscurece la verdadera raíz del problema: (1) los precios de los medicamentos no se establecen en base al costo de producción o de los gastos en I+D, sino de lo que el comprador está dispuesto a pagar; y (2) los exorbitantes precios de los medicamentos en EE UU se deben a la renuencia del gobierno de EE UU a controlar los precios de los medicamentos y al poder monopólico de las empresas, que resulta de las políticas de protección propiedad intelectual a través de patentes, incluyendo patentes inmerecidas. Otros países de altos ingresos han establecido mecanismos para controlar los precios de los medicamentos.
Por otra parte, es difícil conciliar las políticas de salud que ha estado promulgando la administración actual, con la retórica de que pretende mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos. Tal como explicaremos a continuación, parecería que sus políticas favorecen a las corporaciones a expensas no solo de los residentes en EE UU sino también de su posible influencia sobre las políticas farmacéuticas en el resto del mundo.
Algunos datos:
– Casi un tercio de los residentes en EE UU no toman los medicamentos según la prescrito debido a su precio (Sparks, 2024).
– Según el Senador Bernie Sanders, los precios de alrededor de 700 medicamentos recetados son más caros ahora que cuando el gobierno actual asumió el poder.
– Esta administración ha eliminado subsidios por valor de US$1 billón para que 15 millones de personas puedan comprar seguros médicos y las primas de seguros se han doblado o triplicado para otros millones de personas, dificultando así su acceso a los medicamentos.
– La administración ha disminuido los impuestos para las corporaciones, incluyendo las empresas farmacéuticas. Gracias a la administración actual, AbbVie, Johnson & Johnson, Pfizer, Amgen y Merck no han pagado impuestos en EE UU desde 2018 (Protect our Care, 2026).
– Tanto las administraciones republicanas como las demócratas se han opuesto al control de precios de los medicamentos, y han dejado que las farmacéuticas mantengan el poder para establecer los precios. Solo la administración Biden logró un programa modesto de control de precios para algunos productos y solo para los beneficiarios de Medicare (el programa público de salud para los mayores de 65 años).
La razón de esta conducta se debe, al menos en parte, a los fondos que la industria farmacéutica contribuye a las campañas políticas y a las puertas revolventes entre los miembros del Congreso, los funcionarios públicos de alto nivel, y las empresas farmacéuticas y las que se dedican al cabildeo político.
– La administración actual ha debilitado el programa de control de precios de Medicare atrasando la negociación de los precios medicamentos designados como huérfanos, que ocasionan grandes gastos a Medicare (según la oficina de presupuesto del Congreso, esto costará a los contribuyentes casi US$9.000 millones en 10 años [Silverman, 2025] aunque otros han dicho que las cifras de la oficina de presupuesto del Congreso están incompletas y han estimado que tendrá un costo de US$22.000 millones [Chen y Kaltenboeck, 20025]).
– La administración actual también ha retrasado la negociación de los precios de los medicamentos de molécula pequeña para el programa Medicare en cuatro años, durante los cuales Medicare seguirá pagando precios monopólicos (Johnson, 2025).
– Los aviones privados de seis de las mayores empresas farmacéuticas estadounidenses aterrizaron en Washington DC al menos 127 veces en 2025 (Shays, 2025).
– En otoño de 2025, la industria farmacéutica ya había gastado más de US$334 millones en cabildeo (distribuido equitativamente entre legisladores del partido republicano y del partido demócrata) (Shays, 2025).
– El presidente ha recibido a los ejecutivos de las empresas farmacéuticas en Mar a Lago y ha obtenido US$10 millones en donaciones (Dach y Woodhouse, 2026; Protect Our Care, 2026).
– En 2025, los beneficios de las 10 empresas farmacéuticas más grandes alcanzaron los US$130.000 millones, después de invertir US$80.000 en recompras de acciones y dividendos para sus inversionistas (Protect Our Care, 2026),
Orden Ejecutiva, 5 de mayo de 2025: Los acuerdos de Nación Más Favorecida que se han establecido con las empresas:
– La Orden Ejecutiva no otorga automáticamente al presidente el derecho de reducir de inmediato los precios de los medicamentos. Más bien, la orden dice que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debe fijar objetivos de precios, lo que significa que la adherencia por parte de las empresas farmacéuticas es totalmente voluntaria (Novick, 2025).
– Se desconoce la duración de estos programas, y también es posible que nunca se lleguen a implementar (Park 2025, Public Citizen 2025). De hecho, el actual presidente trató de implementar los precios de Nación Más Favorecida durante su primer mandato, pero no logró el apoyo del Congreso y detonó una batalla legal con la industria farmacéutica (Public Citizen 2025). Por otra parte, como se trata de una Orden Ejecutiva, el próximo gobierno no tiene obligación de respetarla.
– A finales de 2025, 16 empresas habían firmado acuerdos de Nación Más Favorecida con la administración actual para abaratar los precios de los medicamentos (es decir que los precios de sus medicamentos en EE UU serian comparables a los de otras naciones ricas, que suelen pagar mucho menos). Estos acuerdos son secretos, pero en enero de 2026, las 16 empresas anunciaron precios de lista más altos para algunos de sus medicamentos (en una mediana del 4%) (Lupkin, 2025).
– Los países que se utilizarían para establecer los precios de referencia deberían pertenecer a la OECD y tener un PIB per cápita que sea equivalente como mínimo al 60% del PIB per cápita de EE UU (HHS, 2025).
– Según estos acuerdos, los medicamentos nuevos se lanzarán a precios de la Nación Más Favorecida, y deben beneficiar a los inscritos en el programa Medicaid (el programa público para la población pobre (unos 70 millones de personas), pero se desconoce si estos precios serán inferiores a los importantes descuentos que se obtienen actualmente para ese programa (Lupkin, 2026, Park, 2025).
– No se ha aclarado como se estruc-turarán estos precios de Nación Más Favorecida. Los precios reales de compra suelen ser secretos – solo se revelan los precios de lista sin informar los descuentes y reembolsos.
– La población que quiera pagar por sus medicamentos en efectivo (incluyendo la población no asegurada) podrá comprar medicamentos más baratos a través de un portal de Internet (TrumpRx). A principios de marzo de 2026, solo hay 41 medicamentos de marca disponibles a través de este portal (y la familia del presidente podría beneficiarse directamente del éxito de dicho programa) (Robbins. Sanger-Katz 2025, Yaver, 2025). Además, los precios que ofrece esta plataforma son más altos que los que se ofrecen a los pacientes asegurados y que los que se obtienen a través de programas de acceso; y para la mitad de los medicamentos que se venden a través de esta plataforma, que son todos productos de marca, hay formulaciones genéricas más baratas.
– Las empresas farmacéuticas también tendrán que comprometerse a trasladar su infraestructura a EE UU (a finales de diciembre de 2025 diversas empresas habían prometido inversiones por un total de US$150.000 millones – Payne y Wilkerson, 2025).
– A cambio de estos supuestos beneficios para los estadounidenses, las empresas farmacéuticas estarán exentas de pagar aranceles durante tres años. (Payne y Wilkerson, 2025).
– La orden ejecutiva ordena al Representante de Comercio de EE UU y al Departamento de Comercio que presionen a otros países para que aumenten sus precios (Public Citizen 2025).
Reacciones de la industria
– Si bien la industria ha dicho que si disminuyen los precios en EE UU no podrán invertir en I+D, hasta ahora, las empresas que han llegado a acuerdos no han informado a los inversores sobre posibles cambios en sus previsiones de beneficios, por lo que se puede deducir que no esperan que dichos acuerdos tengan un impacto importante en sus beneficios (Payne y Wilkerson, 2025). Es más, las acciones de Pfizer subieron un 6,8%, indicando que el acuerdo aporta ventajas a la empresa (Payne y Herper 2025). Hay otras empresas que desean firmar acuerdos.
– La industria suele empezar comercializando sus medicamentos nuevos en los mercados más lucrativos, y utiliza esas cifras como base para negociar los precios en el resto de países. Si las empresas siguen priorizando la comercializando de los medicamentos nuevos en EE UU, no se podrá ajustar su precio al de otros países, y las farmacéuticas seguirán dictando los precios de los medicamentos para ese mercado.
– Las empresas pueden retrasar el registro en los mercados menos lucrativos, para evitar que esos precios más baratos influyan en el cálculo del precio de Nación Más Favorecida.
– La industria podría conseguir que subieran los precios en otros mercados, como ya ha logrado en el Reino Unido (Joseph, 2026).
Mientras la administración promete abaratar los precios de los medicamentos, va tomando decisiones que van en contra de la salud de muchos estadounidenses: firma ordenes ejecutivas y leyes que eximen de la negociación de precios a productos que estaban previamente cubiertos beneficiando así a la industria farmacéutica, y elimina los subsidios a los seguros médicos que facilitaban en acceso a los medicamentos.
A primera vista, se podría afirmar que dichas políticas se han diseñado de forma desordenada y un tanto caótica, pero también podría tratarse de una estrategia intencionada para distraer la atención de los residentes en EE UU y evitar que reaccionen a otras políticas que van minando sus derechos; así como para beneficiar a las empresas farmacéuticas. Las políticas del gobierno actual no solo contribuyen a que las empresas farmacéuticas se beneficien del mercado estadounidense (evitando el pago de aranceles y que se emitan políticas que abaraten los precios de los medicamentos) sino también de los mercados en el extranjero (presionando para que los gobiernos y pacientes paguen más y se encarezcan los precios de los medicamentos).
Si el verdadero objetivo de la administración hubiera sido el de abaratar los precios para los estadounidenses, podría haber ampliado y fortalecido la ley de negociación de precios de medicamentos que se aprobó durante la administración Biden (Public Citizen, 2025), y/o evitado los abusos de las patentes de los medicamentos que prolongan los monopolios de forma inmerecida.
Si bien todo parece indicar que las políticas del gobierno actual harán poco por abaratar los precios de los medicamentos en EE UU, se puede anticipar que tendrán consecuencias para el acceso y la asequibilidad de los medicamentos en el resto del mundo. Se puede esperar que, como ya lo ha venido haciendo, el Departamento de Comercio de EE UU imponga condiciones y/o sanciones comerciales a los países que no respondan a los intereses del país, que en este caso se superponen con los deseos del presidente.
El presidente ha manifestado que otros países tienen que pagar más por los medicamentos, y es de esperar que las empresas farmacéuticas aprovechen esta oportunidad para aumentar sus márgenes de beneficio. Frente a esta realidad, la Unión Europea debería unirse para reducir el impacto de las nuevas políticas en los precios y maximizar el poder de monopsonio de los Estados, negociando los precios como bloque, evitando que las empresas retrasen la comercialización de sus productos o se nieguen a abastecer ciertos mercados. Para ello, cuando se detecten abusos injustificados de posición dominante, retrasos en el suministro o desabastecimiento podrían iniciar acciones o interponer demandas articuladas. Cabe mencionar que ciertos retrasos en la comercialización de medicamentos nuevos o desabastecimientos podrían no ser tan negativos como muchos consideran, porque es bien sabido que muchos de los medicamentos nuevos no son mejores que los existentes, y sí son mucho más caros. Ahora bien, dichos desabastecimientos si pueden tener un impacto negativo cuando limitan el acceso a medicamentos verdaderamente innovadores.
En este contexto, las agencias de evaluación de tecnología tendrán un papel mucho más relevante en la selección de los medicamentos que requieran los sistemas de salud, y habrá que fortalecerlas, pues al aplicar el criterio de costo-efectividad es probable que enfrenten negociaciones más difíciles con la industria farmacéutica.
La región también podría recurrir a la emisión de licencias obligatorias, y a la contratación de empresas para producir los medicamentos que la industria se niegue a proporcionar a precios aceptables. Además, podría aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo, y facilitar la transferencia de tecnología para generar mayor competencia en el mercado.
Si la Unión Europea no se rinde frente a los deseos del presidente y/o de la industria, se podría dar el caso de que la industria aumente los precios de lista para los nuevos medicamentos, que son los que se hacen públicos y los que EE UU utilizaría para establecer los precios de Nación Más Favorecida, y a la vez, en las negociaciones con la industria también se logre un aumento en los reembolsos y los descuentos, hasta lograr que los precios negociados sean comparables a los que se hubieran establecido sin las interferencias de la administración actual.
Referencias
Chen JC, Kaltenboeck. The blockbuster orphan paradox: consequences of special treatment of rate disease drugs in Medicare negotiation. Health Affairs, 29 de agosto de 2025.
Dach L, Woodhouse B. Trump and Republicans in Congress have done nothing to address drug prices. Protect Our Care, 23 de febrero de 2026.
HHS. CMS Set Most-Favored Nation Pricing targets to end global freeloading on American Patients. HHS, 20 de mayo de 2025.
Johnson J. “Trump just caved to big pharma-Again”: New Order aims to delay drug price negotiations. Common Dreams, 16 de abril de 2025.
Joseph, A. Trump’s drive to get Europe to pay more for drugs creates uncertainty for countries, patients. Statnews, 2 de marzo de 2026.
Lupkin, Sydney. Trump struck deals with 16 drug companies. But they are still raising prices this year. NPR, 16 de enero de 2026.
Novick, Brandon. The art of the underwhelming drug deal. Center for Economic and Policy Research (CEPR), 7 de octubre de 2025.
Park, Edwin. Many unanswered questions: Will the Trump administration’s drug pricing deals result in any cost savings for State Medicaid programs? Georgetown University, McCourt School of Public Policy, 29 de octubre de 2025.
Payne, D, Herper M. Trump strikes deal with Pfizer aimed at lowering prescription drug prices. Pfizer will offer lower prices to Medicaid and consumers, avoid tariffs for three years. Statnews, 30 de septiembre de 2025.
Payne, D, Wilkerson J. White House unveils largest batch of drug pricing agreements yet. With nine more deals, only three other drugmakers pressed by Trump have yet to announce packs. Statnews, 19 de diciembre de 2025.
Protect Our Care. FACT Sheet: Trump heads to Cincinnati to lie about lowering drug prices after coddling Big Pharma and letting prescription drug prices soar. 10 de marzo de 2026.
Public Citizen. Don’t be fooled by Trump’s Most-Favored Nation Executive Order. Public Citizen, 12 de mayo de 2025.
Robbins, R; Sanger-Katz, Margot. Trump announces pricing deals with nine drugmakers. The companies were the latest to agree to sell drugs to Medicaid and directly to consumers at discounted prices. President Trump said he would soon begin similar negotiations with health insurers. The New York Times, 19 de diciembre de 2025.
Shays, C. The pharmaceutical industry’s frequent flyers and empty promises. The Hill, 13 de diciembre de 2025.
Silverman E. CBO says revised cost of orphan drug exceptions will add S3.9 billion to Medicare. The changes are due to provisions that will exempt or delay certain drugs from pricing negotiations. Statenews, 20 de octubre de 2025.
Sparks, Grace; Kirzinger A, Montero A, Valdes I, Hamel L. Public opinion on prescription drugs and their prices. KFF, 4 de octubre de 2024.
Yaver M. The biggest questions about Trump’s plan to reduce prescription drug costs. MSNBC, 3 de octubre de 2025.
Maniobra torticera de la coalición PSOE-Sumar en el Gobierno de España
ORIGINAL. Revista nº 46 de Marzo de 2026
AAJM.
La coalición PSOE más Sumar quiere convertir en secreto permanente el precio real pagado por cada medicamento cubierto porla sanidad pública. Y lo quiere hacer, además, sin debate y por la puerta de atrás.
Para conseguir este objetivo los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar han presentado la enmienda 259 que se inserta como disposición final en el Proyecto de ley sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera no pasa por la Comisión de Sanidad del Congreso, que es donde debería debatirse, y se incrusta en una Ley con amplio consenso social, como es la discapacidad, hurtando de esta manera el debate necesario.
Esta enmienda modifica el art.97.3 del RD Legislativo 1/2015 que protege la Información que las empresas farmacéuticas proporcionan a la Administración. Pero la enmienda va más allá al proteger también “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de las mismas o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial”. Es decir, no quieren que se conozca cuanto se paga por un medicamento con nuestros impuestos.
El secretario de Estado de Sanidad lo justifica usando la aplicación del presidente Trump y sus políticas trumpistas de la “Cláusula de la Nación más favorecida” (MFN) que obliga a que EEUU no pague por un medicamento más que cualquier otro país del G7, además de Suiza y Dinamarca”. Según el Sr. Padilla “la publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores” Aunque también reconoce que los estudios “sobre posibles consecuencias de publicar el precio neto en España son difícilmente concluyentes” y que la cláusula MFN supondrá “pequeños retrasos” en la incorporación de nuevos medicamentos.
Lo que sí está claro es que esto supone un enorme retroceso en las políticas de transparencia de cualquier Gobierno y el triunfo de la estrategia de la Industria farmacéutica contraviniendo además lo que España votó en la OMS. La 72 Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución que instaba a los Estados Miembros de la OMS a publicar los precios que los gobiernos pagan por lo medicamentos lo que contribuiría a precios más asequibles y ampliar el acceso a los medicamentos. Pero bueno, ya sabemos que EEUU se fue de la OMS y que España, aunque no se vaya por lo que parece con esta decisión no hace caso.
Es curioso que esta enmienda se justifique invocando la capacidad negociadora del Estado y la cláusula MFN, argumentos que lleva esgrimiendo la industria farmacéutica hace tiempo, y además resulta aún más impactante y extraño que se haga con prisas cuando precisamente se está pendiente la decisión judicial del Tribunal Supremo que pueden fijar doctrina sobre la transparencia.
La posición del Ministerio con esta enmienda “progresista” es indistinguible de la posición de la Industria. Este cambio tan importante y trascendente de la política del Ministerio merece cuanto menos una explicación. Nos gustaría conocer si esta medida se debe amenazas de la industria farmacéutica o bien a otro tipo de intereses.
Para esta Asociación, es desalentador comprobar que gobiernos teóricamente de izquierdas se hacen indistinguibles en sus propuestas de gobiernos de orientación ultraliberal.
Consideramos que el MS debe rectificar de forma inmediata, y anular la introducción de esta enmienda en la ley. Este despropósito debe corregirse, impidiendo así, que el precio que se paga por un medicamento en España pase a ser secreto de Estado.
De dónde venimos, explica nuestra desagradable sorpresa
La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) tiene como objetivo fundamental, asegurar la accesibilidad y la asequibilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de los medicamentos y vacunas necesarios para el mantenimiento y recuperación de la salud. Con este motivo y dentro de la plataforma No Es Sano nos dirigimos a la ministra de Sanidad Mónica García el 24 de noviembre de 2023 expresándole nuestro objetivo común con el resto de las organizaciones que era y es mejorar la política farmacéutica y garantizar la transparencia, la eficacia, la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad de los medicamentos, vacunas y de todas las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Consideramos fundamental y así lo manifestábamos en la citada carta la necesidad de “asegurar la transparencia en lo que se refiere a los costes de I+D en todas las etapas del proceso de desarrollo y producción de medicamentos y tecnologías sanitarias, tal y como recogen resoluciones recientes de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y del proceso de negociación y fijación de precios”.
Pensábamos y entonces creíamos compartir con el nuevo Ministerio de Sanidad (MS) del Gobierno de España, en este caso de Sumar (Más Madrid), una posición próxima que asegurara la transparencia y consiguiera precios justos y asequibles basados en los costes reales, con márgenes de beneficios razonables.
Desde 2022 hemos acudido en ocasiones sucesivas al Consejo de Transparencia y Buen gobierno solicitando su posición activa instando al MS, información sobre precios de medicamentos, financiados con fondos públicos ante la negativa a proporcionar los datos de negociación y precios por sus sucesivos responsables. A lo largo de este periodo se han producido sentencias previas de juzgados de lo contencioso administrativo que dieron la razón a la petición, pero que posteriormente fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. En el momento actual está pendiente una resolución del Tribunal Supremo cuyo contenido podría cambiar definitivamente la transparencia en la negociación de precios.
En este contexto nos produce asombro y consternación la posición adoptada recientemente por el Ministerio de Sanidad y defendida por el secretario de Estado Javier Padilla, que supone un giro de 180° en su postura anterior
Efectivamente, y como denuncia CIVIO el Ministerio de Sanidad desempeñado ahora por la Coalición Sumar, con un teórico supuesto enfoque “progresista” dirigido a proteger los derechos de la ciudadanía y a garantizar un acceso Justo y asequible a los medicamentos ha tomado la decisión sorprendente enunciada en el incio de este comunicado; es decir, adoptar los postulados de la industria farmacéutica y hurtar a la ciudadanía del conocimiento del precio que se paga por medicamentos financiados públicamente.
La falta de transparencia en el gasto público sanitario y sus efectos sobre la igualdad y la eficiencia
ORIGINAL. Revista nº 46 de Marzo de 2026
Juan José Rodríguez Sendín.
Médico de familia. Vocal de la AAJM y de la Comisión Nacional de la OMC. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOM de Toledo, expresidente de la OMC y de la AAJM.
Resumen
A propósito de la denuncia de CIVIO sobre el intento del Ministerio de Sanidad de legislar para blindar la negociación publica con las farmacéuticas, es decir impedir por ley que sean públicos los acuerdos económicos de precios y condiciones. Cuando lo leía y me escandalizaba pensé que no podía ser que era uno de tantos bulos. Luego comprobé que era realmente una nota de CIVIO. Leyendo a continuación las justificaciones -me parecieron escandalosas, increíbles, terribles- del secretario del Ministerio de Sanidad acabando por Ley con la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Y eso que es de la parte más a la izquierda de un Gobierno Progresista. Ver para creer
La falta de transparencia en el uso del dinero público constituye uno de los principales riesgos estructurales – si no el mayor- para la corrupción, el despilfarro y la desigualdad en los Estados democráticos. En el ámbito sanitario, y de forma particularmente visible en la fijación y adquisición de medicamentos innovadores, la opacidad en los precios reales pagados por los sistemas públicos genera diferencias injustificadas entre países de la Unión Europea, entre comunidades autónomas y entre hospitales del mismo sistema. En este artículo procuro analizar la relación causal entre falta de transparencia, asimetría de información y sobrecostes públicos, mostrando cómo la confidencialidad sistemática de precios no solo debilita el control democrático del gasto, sino que también erosiona los principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas que deben regir el uso de fondos públicos.
Cuando el precio público deja de ser público
La corrupción rara vez aparece de forma abrupta o aislada. En la mayoría de los casos, surge y se consolida en entornos donde la información es incompleta, inaccesible o deliberadamente opaca. De ahí que numerosos organismos internacionales y tribunales de cuentas coincidan en señalar que la falta de transparencia es una de las principales fuentes estructurales de corrupción y despilfarro del dinero público.
La corrupción no debe entenderse únicamente como la comisión de delitos penales. También es corrupción cuando conscientemente se hace lo que no se debe o no se hace aquello que se debe hacer. Existen formas de uso ineficiente, desigual o injustificadamente costoso de los recursos públicos que, aun siendo formalmente legales, producen efectos socialmente equivalentes: pérdida de recursos, debilitamiento de servicios públicos y erosión de la confianza ciudadana. Este fenómeno resulta especialmente visible en el ámbito sanitario y, de manera muy específica, en la fijación y compra de medicamentos financiados con fondos públicos.
En la actualidad, es posible que el mismo medicamento innovador tenga precios radicalmente distintos y significativamente diferente según el Estado miembro de la Unión Europea que lo financie, según la comunidad autónoma que lo incorpore o incluso según el hospital que lo adquiera. Estas diferencias es excepcional que respondan a criterios clínicos, epidemiológicos o económicos objetivos. En muchos casos, la causa principal es la opacidad sistemática de los precios reales, es decir, de los precios efectivos una vez aplicados descuentos, acuerdos confidenciales, mecanismos de devolución y por supuesto corruptelas.
Transparencia, gasto público y control democrático
Desde una perspectiva constitucional y democrática, el gasto público no es una prerrogativa técnica de la Administración, sino una expresión material del contrato social. Los recursos públicos proceden de la ciudadanía y deben utilizarse conforme a principios de eficiencia, economía, equidad, transparencia y rendición de cuentas. La transparencia cumple aquí una función esencial: permite conocer, comparar y evaluar las decisiones públicas. Sin información accesible y verificable, el control parlamentario, judicial, periodístico y ciudadano se debilita hasta volverse meramente formal.
Cuando el precio de un bien financiado con dinero público es desconocido —o solo conocido por una minoría de negociadores— se rompe el equilibrio entre poder y control. El problema no es únicamente que pueda existir corrupción en sentido penal, sino que se crea un sistema donde el despilfarro y la corrupción no pueden ser detectadas, comparados y menos aun corregidos. Lo peor es que esta deriva no tiene límite y sus efectos indeseables se extienden en mancha de aceite
El modelo europeo de precios de medicamentos supone procedimientos transparentes con resultados opacos
La Unión Europea ha desarrollado un marco regulatorio común para la autorización de medicamentos, pero curiosamente no para la fijación de precios. Cada Estado miembro negocia de manera individual el precio y las condiciones de financiación de los medicamentos innovadores. Formalmente, la UE exige que los procedimientos sean motivados y estén sujetos a plazos y criterios objetivos. Sin embargo, no exige la publicación de los precios netos reales, lo que ha permitido la generalización de acuerdos confidenciales entre Estados y compañías farmacéuticas.
En la práctica, esto significa que: Los Estados negocian sin conocer los precios reales pagados por otros países, las farmacéuticas pueden segmentar el mercado europeo, el poder negociador depende más del tamaño, urgencia o capacidad presupuestaria que de criterios de equidad. El resultado es un sistema donde la confidencialidad solo favorece a las farmacéuticas y a sus mediadores -que deberían defender el interés común- no garantiza precios más bajos, sino que introduce asimetrías de información que favorecen precios desiguales e injustificables desde el interés general.
Descentralización sanitaria y multiplicación de la opacidad
En España, el problema se agrava por la descentralización del sistema sanitario. Una vez que el Ministerio de Sanidad fija el precio y las condiciones generales de financiación, las Comunidades Autónomas asumen la gestión efectiva del gasto farmacéutico.
Este modelo presenta ventajas en términos de proximidad y adaptación territorial, pero multiplica los riesgos derivados de la falta de transparencia y corrupción, ya que, permaneciendo los precios negociados a nivel estatal como confidenciales, las Comunidades Autónomas aplican criterios distintos de incorporación y uso, existen acuerdos adicionales y decisiones presupuestarias heterogéneas. Como consecuencia, el acceso a un mismo medicamento puede variar sustancialmente según la comunidad autónoma, lo que introduce desigualdades territoriales financiadas con impuestos comunes. Según denuncia CIVIO la intención legislativa que se pretende introducir blindaría definitivamente todo lo comentado con un daño irreversible para el interés general.
Cuando el mismo sistema paga precios distintos según el hospital
El último eslabón de esta cadena de opacidad se encuentra en la compra hospitalaria. Incluso dentro de una misma comunidad autónoma, hospitales públicos pueden pagar precios diferentes por el mismo medicamento debido a: compras descentralizadas, acuerdos marco poco comparables, falta de publicación de precios unitarios efectivos y criterios de adjudicación heterogéneos. Esta situación resulta especialmente problemática. Si un hospital no puede conocer cuánto paga otro hospital público por el mismo producto, resulta imposible controlar el gasto detectando sobreprecios sistémicos. Este fenómeno no requiere la existencia de corrupción penal para producir efectos nocivos. Basta con que el sistema carezca de mecanismos de comparación y auditoría real para que el gasto público se vuelva estructuralmente ineficiente con las debidas riesgos manifiestos y corruptelas.
Corrupción estructural sin delito
La opacidad en los precios de los medicamentos genera una serie de riesgos estructurales, es decir integrados en el funcionamiento cotidiano del Sistema, como sobreprecios no detectables al no disponer de información pública comparable, no puede conocerse si un precio es razonable. Provoca una asimetría de información permanente que solo y exclusivamente favorece a las farmacéuticas puesto que las administraciones negocian en inferioridad frente a actores privados con información global. La fiscalización se debilita porque los órganos de control solo pueden evaluar procedimientos, no resultados reales. Surgen desigualdades territoriales porque el lugar de residencia de los ciudadanos condiciona el acceso a tratamientos financiados con fondos comunes.
Y por si faltaba algo, se erosiona más y más la confianza institucional cuando la ciudadanía percibe que no se sabe cuánto cuesta lo público, aumentando el descrédito del sistema. La falta de transparencia incluso en ausencia de conductas penalmente reprochables -percibido como deplorable se puede hacer lo que se hace- crea una percepción ciudadana que actúa como una forma de corrupción sistémica.
El artificial dilema transparencia y confidencialidad
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la confidencialidad de precios es que la transparencia impediría negociar descuentos. Sin embargo, este planteamiento presenta serias debilidades: es falso pues no existe evidencia concluyente de que la opacidad produzca mejores precios; la confidencialidad solo beneficia a quien controla la información, no necesariamente al interés público; otros sectores estratégicos funcionan con mayor transparencia sin colapsar la negociación. Pero quizás más importante desde un punto de vista democrático, el dinero público no puede gestionarse como si fuera dinero privado. La confidencialidad puede ser una excepción justificada en casos excepcionales tasados pero no la regla estructural establecida por Ley.
Sin transparencia no hay equidad
La transparencia no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria para la equidad, la eficiencia y la justicia. Un sistema que no permite conocer, comparar y evaluar sus precios es un sistema que renuncia al control democrático del gasto y tiende inexorablemente a la autodestrucción. Por el contrario, para los medicamentos financiados con fondos públicos, avanzar hacia una mayor transparencia permitiría: reducir asimetrías de información, fortalecer la negociación pública, detectar sobrecostes sistémicos, garantizar mayor igualdad territorial, reforzar la legitimidad del sistema sanitario y prevenir la corrupción.
Conclusión: lo que no se conoce, no se puede gobernar
La falta de transparencia y una vez establecida como se pretende la impunidad, crea un entorno propicio para la corrupción elevándola a grado de normalidad porque elimina la visibilidad de las decisiones, los procesos y el uso de los recursos. Cuando la información no es accesible, clara o verificable, quienes ostentan poder —ya sea político, económico o institucional— pueden actuar sin rendir cuentas. En ese contexto, las normas dejan de ser un límite real y se convierten en meras formalidades fácilmente manipulables.
La falta de transparencia en los precios de los medicamentos financiados con dinero público no es un problema técnico menor, sino un déficit estructural de gobernanza democrática que la Ley que se quiere aprobar con alevosía quiere garantizar. Cuando los precios reales son confidenciales, los Estados, las comunidades autónomas y los hospitales públicos negocian a ciegas, se debilita el control del gasto y se normalizan desigualdades difíciles de justificar. La transparencia no eliminará por sí sola la corrupción ni el despilfarro, pero su ausencia la normaliza y la hace inevitable. En un contexto de presión creciente sobre los sistemas sanitarios, mantener la opacidad equivale a renunciar a uno de los instrumentos más eficaces de defensa del interés general. En definitiva, lo que no se conoce no se puede controlar, y lo que no se controla termina sirviendo a intereses distintos de aquellos para los que fue creado.
Palabras clave: Transparencia · Gasto público · Medicamentos · Corrupción estructural · Sistema sanitario · Unión Europea
Psiquiatra y Psicoterapeuta Infancia y Adolescencia. Prof. Psicopatología, grado de
Criminología (jubilado). Prof. Salud Pública, grado de Trabajo Social (jubilado) UNED.
Introducción
El coste de los tratamientos farmacológicos se incrementa de forma constante y la industria lo justifica de formas diversas para mantener su hegemonía en la asignación del precio de venta, así como la lucha por las cuotas de mercado hacen que se desarrollen políticas de marketing agresivas comercialmente dirigidas a los profesionales de la medicina.
Parece que es una carrera al despropósito que puede poner en riesgo claro la financiación por parte del SNS en su conjunto, habida cuenta que la partida dedicada a la farmacia sustrae recursos económicos a otras partidas y la alternativa no es mejor, ya que sería incrementar el copago de los pacientes, lo que iría en detrimento de los sectores más depauperados de la sociedad.
Un factor, más frecuentemente identificado, consiste en los componentes emocionales/psicológicos que interactúan con la evaluación y, en definitiva, con el pronóstico final de los procesos, así como en cumplir el seguimiento terapéutico, respetando las pautas que le han sido prescritas y, por lo tanto, que no tenga cumplimientos irregulares o abandono terapéutico, con lo que se ensombrece el pronóstico.
En la década de los cincuenta del pasado siglo emerge una serie de conceptos acerca de la relación médico-paciente y su impacto real en el proceso de tratamiento de los diferentes procesos. El punto sensible se estudió en los procesos de evolución crónica, demostrándose que procesos con idéntico diagnóstico tenían respuestas diferentes con idénticos tratamientos. Así se investiga sobre los posibles factores que interactuaban en esta situación.
La interacción médico paciente
Las personas padecen procesos que les hacen perder la salud y deben ser atendidas por profesionales de la medicina, unos profesionales que están siendo formados en unas facultades de medicina que siguen basando su formación sobre enfermedades, habilitando a los profesionales para diagnosticarlas y, eventualmente, tratarlas. Pero no se puede olvidar que esas enfermedades las padecen personas con su historia y sus historias. La práctica profesional da una gran importancia a las evidencias científicas, una cuestión fundamental, no cabe duda, pero además se subraya las interacciones y la intersubjetividad en la que se fundamenta una confianza mutua.
Frente a este planteamiento han ido emergiendo unos valores neohipocráticos para el ejercicio profesional. Estas aportaciones neohipocráticas tienen su base en las interacciones que son tan importantes para el estímulo de la confianza y así se constituye el fundamento de las relaciones médico-paciente.
A mediados del siglo pasado XX, un profesional húngaro llamado Michael Balint se erige como el gran teórico e innovador de las relaciones médico- paciente. Este autor formula, de forma gráfica y operativa, la base de esa relación médico-paciente, que denominó como “esa droga llamada doctor”.
La demanda ante los profesionales sanitarios, según Balint, no siempre significa que está enfermo, tener un padecimiento es mucho más que una enfermedad, muchas veces el padecimiento es el “vehículo” para una súplica por carencia afectiva y/o por una solicitud de atención. Por estas condiciones, según el tipo de persona afectada, Balint describe dos tipos de enfermos:
1. Quienes “tienen un padecimiento” consideran que les ha caído una enfermedad. Agradecerán la ayuda del médico y tendrán un mejor pronóstico.
2. Quienes “están enfermos” son aquellos quienes sienten su padecimiento como parte de su vida y crecen con él; tendrán un pronóstico menos favorable.
Según la causa de la consulta médica, los pacientes pueden agruparse, según Balint, en: 1. Aquellos quienes buscan al médico por el terror que les produce desarrollar una enfermedad y 2. Aquellos que desean mantener un buen estado de salud y continuar del todo asintomáticos.
Esa droga llamada doctor
Ante estas condiciones que se articulan en la solicitud de consulta médica, esa “droga llamada doctor” debe desempeñar una serie de funciones bien diferenciadas de los tratamientos farmacológicos de entrada:
1. Ayudar a percibir algunos de los componentes psicológicos que entraña toda relación médico-paciente, tanto por parte del consultante como por parte del profesional.
2. Proporcionar apuntes sobre cómo ayudar a orientar esos componentes psicológicos de la relación de forma que resulten favorables para la salud (entendida a nivel biopsicosocial).
3. Aportar elementos de formación psicológica y psicosocial a los profesionales sanitarios del grupo.
4. Ayudar a que el profesional pueda identificar y tener en cuenta alguno de los problemas o conflictos personales que interfieren la práctica médica.
5. Sensibilizar al participante sobre la importancia que los elementos anteriores poseen para el bienestar personal y profesional en la práctica médica.
6. Favorecer procesos adecuados de derivación del usuario hacia ayudas psicoterapéuticas y psiquiátricas, cuando ello se haga necesario.
Para Balint, el médico general utópico tendrá las características siguientes:
Se dejará impresionar menos por el médico de hospital o superespecialista.
No aplicará automáticamente los métodos de hospital a su práctica de consultorio.
No hará historias clínicas de listas de preguntas.
Reconocerá el peligro de “descartar por exploración física apropiada”.
Aprenderá que las enfermedades de hospital son solamente “episodios de una larga historia”.
Reconocerá que los episodios son solamente uno de los muchos padecimientos que “le ofrece” su paciente.
Sabrá comprender lo que es “colusión de anonimato” y “perpetuación de la relación profesor-alumno”.
No tendrá que perder tiempo haciendo preguntas, sino que podrá escuchar al paciente.
No se sentirá satisfecho con un diagnóstico “superficial” sin alcanzar el “profundo”.
Tratará de solucionar el problema antes de que el paciente “organice” su padecimiento.
Sabrá cuando tratar el padecimiento “clínico” y cuando escudriñar el conflicto.
La comunidad habrá aprendido a esperar un examen clínico y además psicológico, en la consulta.
Creará una real farmacopea de la “medicina médico” con su “función apostólica”.
El especialista será un asistente experto y no un tutor superior.
Sabrá cuándo permitir al paciente la regresión y cuándo exigirle madurez.
Balint ofrece algunas recomendaciones al médico general para mejorar su actividad psicoterapéutica y lo hace para afrontar el abordaje integral que comprende contemplar los funcionamientos psicológicos de los padecimientos a la hora de planificar el tratamiento. Para ello, Balint aborda las dimensiones de la formación psicológica de los médicos y poderlo incluir en consultas de poco tiempo, de esta suerte se podría integrar este tipo de abordajes integrales en el seno de consultas de “seis minutos”, puesto que el médico general suele tener varias consultas sucesivas y podría “dosificar” tanto la semiología como el tratamiento, a diferencia de los superespecialistas o de los médicos de hospital:
Nunca ofrecer consejo o apoyo si no se sabe cuál es el problema real del paciente.
El médico debe tomar la iniciativa, pero el paciente debe ser un cooperador activo.
Si se hacen preguntas tipo historial clínico solamente se recibirán respuestas simples,
El médico debe desarrollar la habilidad de escuchar, pero esto requiere un cambio trascendente de su personalidad.
Para llevar a cabo esta nueva dimensión Balint recomienda una formación grupal de los médicos de atención grupal, estos grupos son algo más que un grupo de discusión e incluyen contenidos emocionales que se ponen en marcha en la consulta médica. Así, en el grupo se exponen casos habituales por parte de los médicos con dos contenidos: los padecimientos de los pacientes y las dificultades del médico que expone el caso ante esa consulta. Todos los integrantes del grupo abordan esos contenidos en el grupo y el coordinador grupal, del campo de la salud mental, los va señalando y la estructura de esa demanda, incluyendo los aspectos psicológicos que se ponen en marcha.
A estos grupos de formación y abordaje grupal se les ha denominado “grupos Balint” y tienen indicación tanto en Atención Primaria como en Atención especializada, tanto en consultas cotidianas como en determinadas especializadas, como pueden ser los procesos oncológicos o afecciones crónicas. Desarrollar las indicaciones y modalidades de intervención que superen la presencia física de profesionales de salud mental y que pretenden desarrollar estas habilidades en el propio profesional médico, para reconocer que se posee esa característica de “droga llamada doctor”.
¿Se han desarrollado programas de este tipo en España? Este autor nconoce dos experiencias continuadas a lo largo del tiempo: en Barcelona lo desarrolló el Dr. Jorge Luis Tizón y en Madrid lo lideramos desde mi equipo.
El trabajo que tuve el placer de liderar dentro de un programa de calidad tenía dos programas previos: en el año 1981 con el servicio de nefrología pediátrica, con la propuesta del Dr. Sánchez Bayle. En Asturias, lo desarrollamos en Atención Primaria en el Area 3, cuyo resultado fue la publicación de un manual de salud mental en atención primaria pediátrica en el año 1995. Con esta experiencia se elaboró un programa de calidad en Madrid, fue destinada a atención primaria pediátrica en Madrid capital y en el ámbito rural; el resultado fue bueno tras un año de trabajo conjunto: las derivaciones a salud mental disminuyeron en un 25% y las prescripciones de farmacología disminuyeron en un 31%.
“Esa droga llamada doctor” existe, es abordable y tiene resultados de impacto, pero no se puede olvidar que precisa de una formación clara y específica en estas tareas, una formación que supera las preguntas o las recetas, sino que se basa en elaborar la comprensión de las tareas y llevarlas a cabo de forma activa, contando con la supervisión adecuada y durante el tiempo preciso. Se puede implementar con la metodología de investigación-acción y dentro de las actividades en el seno del horario laboral.
No consiste en incluir a un profesional de la salud mental en la consulta del médico, general o especialista, sino en que los profesionales de la salud mental contribuyan en desarrollar estas habilidades psicológicas a los médicos, generales o especialistas, para que sean ellos mismos los que valoren y desarrollen esos nuevos contenidos en su práctica habitual.
Bibliografía
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– Balint, M. (1965): A study of doctors. London: Tavistock Publications.
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– Schavelzon, J. (2004): Psiconcología: Principios teóricos y praxis para el siglo XXI. Buenos Aires: Letra Viva.
El Ministerio. de Sanidad ha decidido llevar adelante el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes. En su planteamiento inicial expone que: “el objeto de esta ley es reforzar institucionalmente a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal como interlocutoras ante la Administración General del Estado”. Este papel institucional se concibe en el texto como una forma de “garantizar la participación de las organizaciones de pacientes en el ámbito de las políticas públicas sanitarias, así como reforzar su papel en aquellas que pudieran afectar a sus intereses”
En la actualidad se considera que las organizaciones de pacientes desempeñan un papel crucial en el desarrollo de una comunicación auténtica y efectiva que permita el conocimiento de los resultados de la atención sanitaria a la comunidad de pacientes.
También es destacable el impulso de estas organizaciones en el desarrollo de la capacidad de los pacientes para conseguir desempeñar un papel activo en los resultados de la atención clínica e incluso en su participación en el desarrollo de la investigación. Por otra parte, para la Administración, la escucha activa y la recogida y revisión de comentarios y problemas es asimismo un elemento sustancial.
Las organizaciones de pacientes tienen por tanto un papel activo en la promoción de la intervención de los pacientes en el desarrollo de iniciativas para mejorar la calidad y la accesibilidad a los cuidados y al mismo tiempo apoyar en el desarrollo de avances en la atención médica.
Este rol de interlocución y participación en el SNS: de las organizaciones de pacientes ha sido puesto de relieve por el Secretario de Estado Javier Padilla en sus intervenciones en diversos medios explicando las líneas fundamentales del anteproyecto. Así, como elementos nucleares en el texto del Anteproyecto señala: “los principios que han de cumplir para ser reconocidas dichas organizaciones, transparencia, buen gobierno, democracia interna, autonomía frente al sector privado y garantía de igualdad de trato”.
En este anteproyecto que consideramos de relevancia, la AAJM destaca, como señala el Secretario de Estado que la consecución de :” derechos específicos para que estas organizaciones accedan a información relevante y participen efectivamente en la elaboración de estrategias, planes y normativas sanitarias antes de que se adopten decisiones definitivas” es un paso de importancia indudable y de naturaleza relevante.
Sin embargo, reconociendo la importancia y validez del anteproyecto la AAJM entiende que es imprescindible expresar claramente en la Ley que “las asociaciones de pacientes no deberían recibir financiación de entidades privadas relacionadas con la farmacia o las tecnologías sanitarias.” Consideramos que esta modificación es fundamental para evitar cualquier tipo de interferencia de entidades privadas y asegurar su independencia. En diversos artículos recogidos en esta revista hemos señalado, como con cierta frecuencia las asociaciones de pacientes son utilizadas desde las empresas farmacéuticas, para presionar a las instituciones reguladoras y las administraciones en aprobaciones aceleradas, extensión de indicaciones o bien presionando en el proceso de fijación de precios y financiación. Por esta razón, consideramos que es imprescindible y así se señala en la alegación, garantizar la independencia, impidiendo de forma taxativa en la ley propuesta su financiación a través de entidades privadas relacionadas con empresas farmacéuticas y de tecnologías sanitarias.
Para consolidar este aspecto es necesario reflejar en la norma la creación de instrumentos presupuestarios para garantizar una financiación pública, suficiente para su mantenimiento.
Documento remitido por la AAJM al Ministerio de Sanidad
ASUNTO DE REMISIÓN:
DG/01/26 APORTACIONES DE: ASOCIACIÓN POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO ANTEPROYECTO DE LEY DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES
El Gobierno de España ha aprobado el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes (1), que se somete a periodo de audiencia e información pública hasta el 4 de marzo (2).
Desde la AAJM valoramos positivamente la nueva norma dirigida al fomento de la participación de las asociaciones de pacientes, con garantía de información y presencia en los órganos consultivos del Sistema Nacional de Salud, como el Consejo Consultivo, el Consejo de Gobernanza para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias, o el grupo de adquisición de las tecnologías sanitarias.
Sin embargo, a nuestro juicio, hay un aspecto clave que no se precisa suficientemente: el patrocinio de estas instituciones.
En los principios rectores de la norma, definidos en su artículo 4, se menciona la necesidad de desarrollar sus actividades con plenas garantías de autonomía en su gestión y toma de decisiones respecto a la Administración General del Estado y a las entidades privadas. Pero, precisamente, se trata de que las organizaciones de paciente puedan asesorar a las Administraciones Públicas en la toma de decisiones de interés general, sin que sus planteamientos se vean condicionados por la financiación privada de empresas interesadas. Estas empresas ya tienen sus vías de participación.
Desde AAJM entendemos que se debería especificar claramente que las asociaciones de pacientes no deberían recibir financiación de entidades privadas relacionadas con la farmacia o las tecnologías sanitarias. Así mismo, se debería prever una partida presupuestaria para facilitar una financiación suficiente para el mantenimiento de estas organizaciones.
Aunque la norma indica que las asociaciones deberán gestionar los posibles conflictos de interés, entendemos que no es suficiente. El patrocinio de empresas relacionadas con los asuntos que se van a debatir en los distintos órganos de participación, inhabilita a estas entidades para actuar de forma independiente. Para asegurar la viabilidad de las organizaciones de pacientes, la Administración General del Estado deberá contemplar una subvención anual que cubra el funcionamiento de las actividades básicas de las mismas.
Por eso proponemos la siguientes APORTACIONES:
Artículo 1. Objeto. Al final del primer párrafo añadir un segundo párrafo: Así mismo, es objeto de esta ley regular el papel de las organizaciones de pacientes, especialmente para garantizar su independencia, asegurando la financiación pública suficiente de las mismas y prohibiendo de forma explícita la percepción de ingresos provenientes de empresas farmacéuticas o biotecnológicas para prevenir la interferencia de intereses privados.
Artículo 4. Principios rectores de las organizaciones de pacientes de ámbito estatal.
Añadir un nuevo epígrafe:
i) Garantizar una financiación que evite la interferencia de intereses privados.
1) Las organizaciones de pacientes, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, no podrán, en ningún caso, recibir financiación de empresas farmacéuticas o biotecnológicas, ni directa ni indirectamente a través de fundaciones u otras formas interpuestas.
2) Los miembros y representantes de las organizaciones de pacientes no podrán recibir retribución o estipendio alguno por la participación en conferencias, cursos, seminarios y otras actividades equivalentes, financiadas directa o indirectamente por empresas farmacéuticas o biotecnológicas, cualquiera que sea la forma de cooperación o asociación que se utilice.
Artículo 10. Acción de fomento y desarrollo de derechos y obligaciones. Al final añadir un apartado 3. La Administración General del Estado facilitará a las organizaciones de pacientes a las que sea de aplicación esta norma una financiación suficiente para permitir la realización de las actividades básicas de las mismas, en beneficio del conjunto de la sociedad.
Los pagos no revelados a los autores de revistas de psiquiatría plantean preocupaciones sobre el sesgo en los ensayos clínicos y las brechas en la transparencia del conflicto de intereses.
Hemos revisado ya anteriormente en AJM los conflictos de interés y los pagos de la industria farmacéutica a los profesionales. En el número 30, de mayo 2024 publicamos la excelente investigación de Ángel María Martín: “La red oscura que las multinacionales farmacéuticas ocultan tras los pagos a profesionales sanitarios: sus líderes de opinión en el SNS y su red de intereses al descubierto”. La repercusión de las conclusiones y datos proporcionados en el artículo fue muy notable.
El artículo que recogemos a continuación es un análisis más específico sobre dos de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la psiquiatría y los pagos realizados por la industria farmacéutica a psiquiatras estadounidenses.
Sus párrafos iniciales recogen conclusiones del BMJ: “las investigaciones han demostrado que los pagos directos de la industria a los médicos están vinculados a la prescripción irracional de medicamentos, un aumento inapropiado en las tasas de prescripción, una menor calidad en la prescripción, un aumento en la prescripción de medicamentos de menor valor, un mayor gasto de Medicare, más quejas de pacientes y prácticas de prescripción más costosas”.
Al final de un riguroso estudio con abundantes datos, los autores concluyen que las políticas aplicadas por las revistas analizadas afectan negativamente a la transparencia, la integridad y la confianza.
Las investigaciones han demostrado que los conflictos de intereses financieros (CIF) son un problema común en medicina y psiquiatría. Un estudio de 2020 reveló que el 55,7 % de los psiquiatras estadounidenses aceptaron algún tipo de pago de la industria farmacéutica. Diversos estudios han constatado que la industria farmacéutica gasta miles de millones de dólares al año en pagos a autores de ensayos clínicos, miembros del panel del DSM y miembros de comités de la FDA, generando CIF en cada etapa del proceso de aprobación de medicamentos. Una investigación de Mad in America de 2021 reveló que la industria pagó a psiquiatras 340 millones de dólares entre 2014 y 2020. La misma investigación también informó que existían CIF financieros en las pruebas de todos los nuevos fármacos psicotrópicos aprobados por la FDA entre 2013 y 2017.
Un nuevo estudio publicado en BMJ Open examina los CIF financieros no declarados de médicos autores en dos importantes revistas académicas estadounidenses: el American Journal of Psychiatry (AJP) y el Journal of the American Medical Association Psychiatry (JAMA-PSY). El presente estudio revela que el 14,2 % de los pagos de la industria (645.135 dólares) realizados a autores que publicaron en estas dos revistas entre 2020 y 2022 no fueron declarados. Esta investigación, liderada por Francis Gesel de la Facultad de Medicina Geisinger Commonwealth, también concluye que casi todos los pagos no declarados (96,2 %) se realizaron a autores que llevaron a cabo ensayos controlados aleatorizados (ECA).
Los autores afirman:
«En nuestro estudio, el 14,2 % del total de pagos en AJP y JAMA-PSY, que asciende a 645.135,70 dólares, no fueron declarados. Estos pagos no declarados consistieron principalmente en pagos para investigación (82,6 %), con una proporción menor de pagos generales (12,6 %). La alta prevalencia de pagos no declarados sugiere que las políticas de divulgación existentes son insuficientes para garantizar una transparencia total».
Daños y sesgos vinculados a conflictos de interés financieros
Diversas investigaciones han demostrado que el financiamiento de la industria influye en los resultados de los ensayos clínicos. Diversos estudios han evidenciado sesgos en ensayos de antidepresivos, antipsicóticos, psicoterapia y terapia digital relacionados con conflictos de interés financieros. Expertos también han argumentado que este tipo de pagos de la industria, tanto a los autores de ensayos clínicos como a los expertos que escriben comentarios sobre ellos, socavan la credibilidad de las principales revistas científicas.
En 2015, JAMA publicó un editorial que minimizaba los problemas relacionados con los conflictos de interés. Los autores, quienes también recibían pagos de la industria, cuestionaron el término «conflicto», argumentando que era «provocativo y presuponía una conducta inapropiada». Sin embargo, las investigaciones han demostrado que los pagos directos de la industria a los médicos están vinculados a la prescripción irracional de medicamentos de la compañía, un aumento inapropiado en las tasas de prescripción, una menor calidad en la prescripción, un aumento en la prescripción de medicamentos de menor valor, un mayor gasto de Medicare, más quejas de pacientes y prácticas de prescripción más costosas.
Detalles del estudio
El objetivo del presente trabajo fue examinar la prevalencia y magnitud de los conflictos de intereses financieros (CIF) en las revistas AJP y JAMA-PSY, así como las características de los autores y los estudios vinculadas a dichos CIF. Los autores también buscaban identificar las empresas que realizaban pagos no declarados y su relación con los fármacos investigados por los autores a quienes habían pagado.
Los autores eligieron AJP y JAMA-PSY por su alto impacto, su influencia en la práctica clínica y sus políticas explícitas de declaración de CIF. Buscaron en cada revista a médicos estadounidenses que fueran autores de artículos publicados entre 2020 y 2022. Para ser incluidos en la presente investigación, los autores debían poseer un título de Doctor en Medicina (MD) o Doctor en Osteopatía (DO). Se excluyeron los artículos de investigación no originales.
Los investigadores localizaron los registros de cada autor relevante en OpenPayments.CMS.GOV, una base de datos donde las compañías farmacéuticas están legalmente obligadas a informar sobre los pagos a médicos estadounidenses. Recopilaron datos de pagos de los 36 meses anteriores a la fecha de publicación de cada artículo y los compararon con las declaraciones de CIF realizadas por los autores en AJP y JAMA-PSY.
Las revistas suelen exigir a los autores que revelen únicamente las empresas de las que han recibido pagos de la industria, no los importes abonados. Para estimar el valor de los conflictos de interés no declarados, los investigadores compararon las declaraciones de los autores con los registros de OpenPayments.CMS.GOV. Cualquier pago registrado en la base de datos de OpenPayments procedente de empresas no incluidas en las declaraciones de los autores se consideró no declarado.
Doce de los 139 autores elegibles de JAMA-PSY (8,6 %) y 15 de los 110 autores de AJP (13,6 %) tenían pagos de la industria registrados en la base de datos de OpenPayments. En total, estos autores recibieron 4.539.207 dólares en los 36 meses anteriores a la publicación de su investigación en AJP o JAMA-PSY. Esto incluía 895.000 dólares (20 %) en pagos generales y 3.644.100 dólares (80 %) en pagos por investigación. Los autores de AJP recibieron 2.766.147 dólares, en comparación con los 1.773.060 dólares de los autores de JAMA-PSY.
Los pagos no declarados representaron el 14,2 % (645.136 dólares) del total de pagos de la industria recibidos por los autores elegibles en ambas revistas. El 25 % (439.192 dólares) de todos los pagos realizados a los autores de JAMA-PSY no fueron declarados, en comparación con el 8 % (205.943 dólares) de los autores de AJP.
De los 27 autores con perfiles en OpenPayments, solo cinco tenían una tasa de declaración del 100 %. Seis autores que habían recibido pagos tenían una tasa de declaración del 0 %. Doce de estos autores declararon al menos el 50 % de sus pagos totales.
Los 10 autores que recibieron la mayor cantidad de pagos no declarados contribuyeron a 12 ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 11 de los cuales fueron para nuevos fármacos psicotrópicos. El patrocinio de la industria para la investigación representó la totalidad de los pagos no declarados entre estos autores. La industria farmacéutica patrocinó el 92% de estos estudios y representó el 95% de los pagos no declarados. Los fabricantes de dispositivos médicos representaron el resto de los pagos.
En total, el 99,4% de todos los pagos (4.513.574 dólares) y el 96,2% de los pagos no declarados se realizaron a los autores de ensayos clínicos aleatorizados (ECA). En la revista AJP, los autores de ECA recibieron el 88,8% de todos los pagos no declarados, en comparación con el 99,6% en JAMA-PSY. Diez empresas representaron el 90% de todos los pagos no declarados.
Janssen Research & Development (US$115 888; 18%)
Genentech (US$106 522; 17%)
Neurocrine Biosciences (US$83 834; 13%)
Medtronic USA (US$67 370; 11%)
Biohaven Pharmaceuticals (US$58 511; 9%)
Pfizer (US$35 595; 6%)
Sunovion Pharmaceuticals (US$27 683; 4%)
Vanda Pharmaceuticals (US$26 917; 4%)
Lundbeck (US$26 847; 4%)
H. Lundbeck A/S (US$26 595; 4%)
Los autores concluyen:
“Este estudio pone de relieve la prevalencia y magnitud de los conflictos de intereses financieros no declarados en dos de las revistas de psiquiatría más influyentes de Estados Unidos. Se identificaron importantes conflictos de intereses financieros no declarados entre autores que recibieron pagos, principalmente en el ámbito de la investigación, y entre un subconjunto de autores con alta remuneración que realizaron ensayos clínicos aleatorizados. Estos hallazgos subrayan las posibles deficiencias en
Limitaciones
Los autores reconocen varias limitaciones en el presente trabajo. Dado que la investigación se realizó exclusivamente en dos revistas, los resultados podrían no ser generalizables a otras publicaciones. Debido a discrepancias en la información sobre qué autores eran médicos estadounidenses, es posible que los investigadores estén sobreestimando o subestimando ligeramente el porcentaje de autores que no figuran en la base de datos de OpenPayments. Dado que OpenPayments solo exige a las empresas que informen sobre los pagos a personas que no son médicos a partir de 2021, estas personas fueron excluidas del presente análisis. Dado que las empresas tienen cuatro años para informar sobre los pagos a médicos en la base de datos OpenPayments, es posible que algunos pagos recibidos por los autores incluidos en esta investigación no se hayan publicado al finalizar el estudio.
Influencia de la industria en la investigación
Investigaciones anteriores han identificado otros casos de pagos no declarados a autores de ensayos clínicos, así como al 60 % de los autores del DSM-5. Diversos estudios han demostrado que la financiación de ensayos clínicos por parte de las compañías farmacéuticas sesga la investigación hacia resultados favorables para la industria. La industria también realiza pagos a editorialistas, revisores y autores de libros de texto de psicofarmacología. Este tipo de pagos, junto con otras tácticas empleadas por la industria para controlar la investigación e influir en las guías clínicas, han llevado a algunos expertos a argumentar que la medicina basada en la evidencia es una ilusión. La investigación también ha constatado que la transparencia sobre este tipo de pagos no ha sido suficiente para reducirlos ni para frenar la corrupción en la investigación.
Gesel, F., Baraldi, J., Goldhirsh, J., & Piper, B. J. (2025). Conflictos de intereses financieros no revelados entre médicos autores de importantes revistas de psiquiatría estadounidenses: un estudio transversal.
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