Javier Sánchez Caro Abogado. Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad. Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Miembro del Consejo Editorial de la Revista AJM.

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

1.- PLANTEAMIENTO

El pasaporte de vacunación, pasaporte COVID, certificado verde digital y, definitivamente, certificado COVID digital, según la UE, es un documento con un código QR (similar a un código de barras) en el que las autoridades de los países podrán comprobar tres informaciones: si la persona se ha vacunado, si ha pasado la enfermedad o si tiene una prueba negativa que acredite que no está infectada.

El certificado contiene información sobre el historial de vacunación COVID-19 de cada persona y los resultados recientes de pruebas PCR.

El ejecutivo comunitario propone que las personas que hayan completado la pauta de vacunación catorce días antes de un viaje y las que hayan superado la enfermedad en los últimos seis meses estén exentas de tener que someterse a pruebas de PCR ni de antígenos. En esta categoría también se encuentran, según la Comisión, quienes hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas. Si no se está en alguna de las categorías señaladas, se deberá aportar una prueba diagnóstica que permita evitar la cuarentena y cuya validez se señala: 72 horas para las PCR y 48 horas para los antígenos, animando a los ciudadanos a usar más estas últimas al ser más rápidas y asequibles. La Comisión también propone, para garantizar la unidad familiar, que los menores de edad que viajen con sus progenitores estén exentos de cuarentena si sus padres no tienen que someterse a ella. Los menores de seis años estarán exonerados siempre de las pruebas de viaje. La Comisión Europea propone suavizar los umbrales de los mapas del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC son sus siglas en inglés) con el fin de ayudar a reactivar los viajes. Este sistema de ECDC se basa en tres niveles que van del verde (no se establecen limitaciones a viajar) al rojo (desaconsejado salvo casos de fuerza mayor), con un naranja intermedio. Cada uno corresponde a unos valores de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días.

Bruselas también pondrá a disposición de los países la plataforma para que éstos verifiquen los datos del certificado digital que presenten los ciudadanos a la hora de viajar, pretendiéndose que los países puedan empezar a emitir sus pasaportes vacunales desde la primera semana del mes de junio, si están preparados.

Se trata, pues, de un salvoconducto para que las personas puedan moverse sin restricciones y al que puede accederse con facilidad desde un teléfono o almacenarse en un dispositivo. Se asemeja, aunque más actualizado y digitalizado, a la tarjeta amarilla, que se empleaba, por ejemplo, para la fiebre del mismo color.

En todo caso, entraría en vigor el primero de julio y se aplicaría a los 27 Estados

Miembros, estando también disponible para los países del espacio Schengen no pertenecientes a la UE y se aprobaría mediante un reglamento de la UE, que es una norma comunitaria vinculante para todos los países. El certificado será, además, gratuito y abarcará las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, si bien los Estados podrán decidir si aceptan otras vacunas (en concreto, España ha planteado la admisión de las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud). No se discrimina a las personas que no están vacunadas, puesto que el certificado no se convierte en una condición previa a la libre circulación, sino que facilita el derecho fundamental. Las personas que no reúnan los requisitos pueden ejercer su derecho a la libre circulación con las limitaciones correspondientes, como la realización de pruebas o la cuarentena y el autoaislamiento.

2.- EL CONFLICTO DE LOS VALORES

Los hechos relatados pueden suscitar estimaciones que nos hagan preferirlos o rechazarlos. Aceptarlos por razonables o repudiarlos por interferir en otros valores importantes que se desprecian y que deben ser objeto, también, de contemplación adecuada, pues los criterios que se han expuesto pueden no realizan una ponderación conjunta de todos ellos. Dichas apreciaciones son los valores. El caso que se plantea es un auténtico conflicto de valores en el que se observa cierta incertidumbre en los hechos, su dinamicidad y lo difícil que es jerarquizarlos cuando no se pueden compatibilizar, como se observa al describir sus ventajas y sus inconvenientes

VENTAJAS: Marcará un antes y un después para el turismo español. Se prevé que lleguen 40 millones de viajeros (la mitad que en 2019) y detenga en parte la ruina a la que, por ejemplo, podrían estar abocados los servicios de hostelería, con perdidas de miles de millones, evitando, además, la sangría presupuestaria actual, traducida en diversos procedimientos de ayudas para evitarlo (ERTES, etc.). Además, con carácter general, no solo puede reactivar el turismo de los países, sino también el comercio y el trabajo. Se trata, pues, de facilitar la libertad de movimientos de la ciudadanía y de consolidar un “valor económico “, que en un amplio sector de la población (la española desde luego) es sentido como un valor crucial para rehacer dignamente sus vidas, sin ignorar los riesgos que entraña (luego se hará referencia a los peligros) pero que se estiman de rango inferior (jerarquización), pues la población, en julio, se espera que tenga un alto nivel de vacunación y, sobre todo, ya habrán sido vacunados los de mayor riesgo (mayores, sanitarios, servicios esenciales, cuidadores, etc.)

INCONVENIENTES: la vacuna no es obligatoria en la UE, por lo que exigir el certificado es incongruente y discriminatorio; hay personas que no pueden vacunarse (alergias, problemas médicos, embarazadas, menores y jóvenes y adultos a los que no ha llegado la vacuna). El resultado negativo se carga al certificado, pero las pruebas, según los conocimientos científicos actuales, no son concluyentes: las vacunas no son cien por cien eficientes y pueden no ser efectivas contra las nuevas variantes del Covid 19.

En concreto, las variantes de rápida propagación del coronavirus llevan mutaciones que les permiten escapar de parte de la respuesta inmune creada naturalmente o mediante la vacunación (estudio en la Revista Science, por científicos de EE. UU, Alemania y Paises Bajos. “El Pais” 26 de mayo de 2021, en donde se da noticia de otros trabajos científicos en el mismo sentido). En cambio, en otro trabajo publicado en el mismo rotativo, se afirma que los infectados pueden generar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de su vida (publicado en Nature, “El

Pais”, 2 de junio), si bien se desconoce si el sistema inmune podrá neutralizar las nuevas variantes que vayan surgiendo con el tiempo, pues todo depende de cuanto cambie la secuencia genética del virus. Como dice AMARTYA SEN, la riqueza perdida podría recuperarse más o menos rápidamente, pero eso no devolverá la tragedia de que tanta gente haya muerto”. Se recuerda a este respecto que, a 1 de junio, la tasa en España alcanza a 120 casos por 100.000 habitantes, (4. 388 nuevos contagios y 30 nuevos fallecimientos), por lo que la incidencia, aunque continua en descenso, experimenta una cierta estabilización. Además, los Estados deben hacer frente con las ayudas correspondientes a los sectores damnificados, pero siempre dando preferencia a la salud sobre la economía (jerarquización establecida con carácter general) Según la OMS (21 de abril) no es recomendable exigir un certificado como condición de entrada, dada la evidencia limitada (aunque creciente) sobre el desempeño de las vacunas en la reducción de la transmisión y la persistente inequidad en su distribución mundial.

Se pueden crear espacios de élite. El paso siguiente es exigir el certificado para trabajar o para ir a la universidad. Existe riesgo de falsificación y, por último, se asume un peligro muy alto de atentar contra la intimidad (acceso al historial médico) y menoscabar la protección de datos.

3.- CONCLUSIÓN

El caso expuesto pone de manifiesto la bipolaridad a que están sometidos los conflictos de valores (frente a un valor se puede enfrentar el contrario), la conflictividad que se genera en su seno y la pluralidad que existe en las sociedades libres para su apreciación, siendo difícil, por tanto, su jerarquización. En el caso del COVID-19, el mundo se ha dividido entre los países ricos y los pobres. En los primeros, los avances en vacunación han determinado la opción en favor del valor economía con subordinación de los restantes y con olvido de la afirmación repetida de que ningún país estará a salvo hasta que todas las personas estén vacunadas, con independencia del lugar donde vivan (se recuerda el problema de las mutaciones), por lo que son valorables las iniciativas de diferentes países, como la India y Sudáfrica, secundadas por más de cien países (entre ellos EE. UU y España), con el objetivo de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes, transferir la tecnología y permitir la fabricación y distribución de las vacunas a precio de coste para hacer frente al cúmulo de muertes y secuelas en los países pobres. Añádase, además, que esta forma de actuar repercute de manera positiva, necesariamente, en favor de los países ricos. En el mundo occidental han contribuido, además, otras causas: el cansancio del confinamiento; los efectos letales o graves, que afectan, fundamentalmente, a un sector determinado de la población (los de mayor edad; otra cosa hubiera sido que afectara, por ejemplo, a los niños); el difícil sacrificio impuesto a la gente joven, unido a la dificultad para insertarse en la comunidad con un trabajo digno y estable, y la crisis de valores profundos que impulsa a un hedonismo instantáneo, apreciado como sucedáneo de felicidad.

Queda al juicio del lector apreciar si, como consecuencia de lo expuesto, la jerarquía de los valores ha sufrido un cambio notable.

REFERENCIAS

https://accesojustomedicamento.org https://noessano.org/es/wp-content/ uploads/2021/05/Informe Vacunas NES-2.pdf En cualquiera de los dos vínculos se puede obtener bibliografía pormenorizada

AUTOR: Roberto Sabrido Bermúdez Médico. Máster en Administración de Servicios Sanitarios, gerente del SESCAM 2001-2005, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha 2005-2008, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2008-2012, miembro del Consejo Editorial de la Revista AJM.

Editorial de la Revisra nº 4 de Junio de 2021 de AAJM.

La actual pandemia, o mejor dicho sindemia, del SARS-CoV-2 está haciendo más visibles los graves problemas que ya teníamos sobre las enormes desigualdades sociales existentes en el acceso a los medicamentos y las vacunas.

Existe un gran consenso de que estos graves problemas de acceso a los medicamentos/ vacunas se deben, fundamentalmente, al monopolio que otorgan las patentes originando precios desorbitados, inequidades en el acceso y limitaciones a la producción.

Esta sindemia ha generado tal nivel de miedo, angustia e incertidumbre que, como dice la Asociación por un Accseso Justo al Medicamento en la reciente carta abierta que ha dirigido al Director General de la OMS y a los miembros representantes en la OMS en la 74 Asamblea Mundial de la Salud, “se está produciendo una movilización social sin precedentes, con la intervención de organizaciones civiles, representantes parlamentarios, gobiernos e instituciones, personalidades, etc., que con una posición unánime consideran imprescindible liberar las patentes de las vacunas para conseguir aumentar su producción y lograr que lleguen a toda la humanidad”.

Además, el mundo científico, y también ya el no científico, tienen claro que, ante una pandemia, o nos vacunamos todos equitativamente o el problema seguirá sin resolverse. Pero en esta posición unánime de organizaciones civiles, personalidades, incluido el Gobierno de EEUU se echa en falta a la profesión médica, bien a través de su representación institucional o a través de sociedades científicas.

Recientemente se ha publicado en España la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología realizada entre el 14 de julio y el 19 de octubre de 2020, por lo tanto, en plena pandemia Covid 19 y realizada por iniciativa de FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) y con el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Uno de los resultados que arroja dicho estudio, en el apartado referido a la imagen social de la profesión científica, es que la profesión más valorada por la ciudadanía española es la profesión médica, a la que otorga una valoración de 4,74 en una escala de 1 a 5. Esta valoración es la más alta que logra la profesión desde que se empezó a realizar esta encuesta en el año 2002 con una periodicidad bienal .

Por este prestigio social es por lo que se echa aún más en falta a los profesionales en toda esta movilización social y política, en la que se les debe exigir un plus de propuestas y actuaciones para lograr, también con su presión, el cambio en el modelo actual del monopolio de las patentes.

Haciendo un repaso a la hemeroteca y a las páginas web de instituciones y sociedades

científicas médicas en España no he encontrado un posicionamiento claro sobre la liberación de patentes como mecanismo para lograr una mayor producción de vacunas para hacerlas accesibles rápidamente a toda la población, y a veces, el posicionamiento es totalmente contrario a esta medida.

En la página web de la Asociación Médica Mundial (wma.net) lo más reciente encontrado es una nota del 23 de abril de 2021 titulada “La AMM hace un llamamiento a la solidaridad internacional en la lucha contra la pandemia Covid”, en la que se señala que “la pandemia no terminará hasta que abordemos la covid en cada país, estamos en un momento de cooperación global, solidaridad y apoyo mutuo”. Como se puede ver, en esta nota, se deja todo a las buenas intenciones y caridad de los países ricos, que están acaparando las vacunas, pero no hay ninguna manifestación ni propuesta para evitar las inequidades actuales en los accesos a la vacuna.

En España en las noticias de prensa, sobre todo sanitaria, que ha recogido la opinión de Sociedades Científicas Médicas y de las que yo he podido ver, sólo la Sociedad Española de Medicina General (SEMG) a través de la portavoz de su grupo de vacunas ha manifestado que “está totalmente a favor de liberar las patentes de vacunas”.

Más de una y de dos sociedades dicen que no opinan sobre el tema de la liberalización de patentes al ser un tema político, manifestando alguna de ellas que “nosotros creemos en el acceso de todos a las vacunas, pero es una cosa que nuestra entidad no puede opinar al ser un tema político”.

En este panorama, sin embargo, también hay que reseñar que un importe número de entidades y asociaciones médicas de Centroamérica y Sudamérica sí se han pronunciado a favor de la liberalización de las patentes, poniéndose también de manifiesto la diferencia de la profesión médica de países más y menos ricos.

No obstante, en España algún movimiento positivo ha habido. Así, el pasado mes de abril se presentó la Declaración de Barcelona, que ha sido suscrita entre otras entidades por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, que aboga por liberar patentes temporalmente (algo es algo) que permitan la transferencia de conocimiento y aumentar así la producción de vacunas Covid.

Es importante reseñar que, también en el mes de abril se ha celebrado, en Toledo, el VII Congreso de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos propiciado por su Comisión Deontológica Nacional. En sus conclusiones se ha recogido que el hilo conductor del Congreso ha sido que “la pandemia de Covid 19 ha reafirmado el deber, la responsabilidad y el compromiso ético de los profesionales de la medicina para con la sociedad”.

Cabe resaltar que el Comité Científico del Congreso organizó una de las mesas de debate sobre “Justicia en el acceso a las vacunas y los medicamentos para la Covid 19”, mesa que tuve la oportunidad moderar y en la que se puso de manifiesto que las desigualdades existentes actualmente a nivel mundial en el acceso a las vacunas y medicamentos para la Covid “suponen una discriminación injustificable para una gran parte de la población, además de una gran torpeza científica”.

Asimismo, se significó que una causa fundamental de esta gran inequidad es el sistema actual de monopolio de las patentes, por lo que se consideró que “el modelo actual de patentes colisiona con principios éticos del Código Deontológico Médico”;. En concreto se hizo referencia a los siguientes artículos del Código: Art 5.1 ”El cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”; Art.5.2 “El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes”, y el Art.38.1” los médicos compartirán sus conocimientos científicos en beneficio de los pacientes, sin discriminación ninguna.

Se concluyó en este foro que, ante la actual catástrofe de la Covid 19, hay razones éticas, más que suficientes para suspender el monopolio de las patentes de las vacunas para el SARS-CoV- 2, para así, aumentar su producción y eliminar las inequidades en el acceso.

La profesión médica está por lo tanto obligada y debe aprovechar la gran valoración social que tiene para hacer más fuerte la presión para cambiar el actual modelo de patentes. La profesión médica puede y debe hacer más en este sentido, adoptando una posición activa con iniciativas y propuestas porque, entre otras cosas, a ello le obliga su propio Código Deontológico.

La Sociedad nos necesita ahora y, por lo que pueda venir en el futuro, no es momento de esconderse.

Soledad Cabezón Ruiz Cardióloga. Máster en Derecho Sanitario y Bioética. Experta en Gestión de Servicios Sanitarios y en Promoción de la Salud en la Comunidad. Diploma en Alta Dirección de Instituciones Sociales.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

Resumen

La Comisión Europea (CE) ha asumido un papel de coordinar y asegurar una respuesta equitativa en la Unión Europea (UE) en el acceso a las vacunas contra el Covid19. Sin embargo, el apoyo económico y la coordinación de las compras conjuntas no parecen suficientes para alcanzar el objetivo necesario de vacunar al conjunto de la población mundial. La posición de la UE en el Consejo de los ADPIC de la OMC ha sido hasta ahora contraria a la suspensión de las patentes de las vacunas, optando por impulsar por otras vías que incrementen la producción y distribución. Sin embargo, EEUU ha marcado un punto de inflexión en el debate y la UE discute su posicionamiento para la próxima reunión del Consejo de la OMC de junio, coincidiendo con la votación de la resolución del Parlamento Europeo al respecto.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaraba como pandemia global la enfermedad por coranovirus 2019 (COVID-19).

El 17 de junio la CE presentó la Estrategia de Vacunas de la UE con el objetivo de acelerar el desarrollo, la fabricación y la utilización de vacunas contra la COVID-19, lo que incluye como pilares fundamentales el apoyo a la financiación y flexibilización de la investigación y desarrollo, un acuerdo de compras conjuntas y un apartado de solidaridad de contribución en Access To Covid-19 Tools (ACT) Accelerator.

En cuanto a la financiación, a falta de transparencia y coherencia de los datos aportados a la fecha por la Comisión Europea, según las comunicaciones públicas, van desde 350 millones y mil millones de euros para la investigación en la vacuna contra el Covid19 a 15,9 billones para la lucha específica contra el COVID, con 6.15 billones adicionales para el desarrollo y asegurar el acceso equitativo a las vacunas, test diagnósticos y tratamientos, sin que se encuentren desagregados los datos 1-3 .

Por otro lado, los acuerdos de adquisición anticipada con los distintos productores en nombre de los Estados miembros, a cambio del derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un período y a un precio establecidos, la Comisión financió una parte de los costes iniciales que afrontaban los productores de vacunas con cargo a los 2700-2900 millones de euros de dotación del Instrumento de Asistencia Urgente, en parte, un pago a cuenta de la adquisición de las vacunas. A su vez los EEMM desembolsarán 30 billones de euros en la compra de vacunas.

Además, los productores de vacunas pueden recibir también el apoyo de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para reducir los riesgos para las empresas.

Con una gran falta de la transparencia, denunciada por los Eurodiputados4, la estrategia de vacunación europea contra el Covid19 está suponiendo unos costes multimillonarios, más allá de los derivados de la crisis económica, a pesar de una raquítica cooperación con los países en desarrollo, más allá de formar parte del mecanismo internacional COVAX, por el que los 172 países participantes pretenden financiar la vacunación para el 20% de la población de los países en desarrollo y que a mayo sólo había alcanzado un 3% de este objetivo.

Es más, en la carrera por la vacunación entre los países desarrollados, ante el monopolio de la industria farmacéutica dirigiendo las ventas, se llega a adoptar por la UE el acuerdo de prohibición de exportación de vacunas fuera de la UE a finales del mes de marzo.

Hasta el pasado mes de noviembre que el Parlamento Europeo, en su resolución del 25 de noviembre 5 , a través de un grupo de eurodiputados, consigue la inclusión de una enmienda que solicita que la UE marque el camino para facilitar el acceso igualitario a las vacunas en todo el mundo, el debate en la UE ha girado en torno a la garantía de acceso a la ciudadanía de la UE, para lo que se celebró una audiencia pública en septiembre de 2019 y cuyas conclusiones se recogen en resoluciones plenarias de las sesiones de noviembre y diciembre.

Mientras, el 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica se dirigen al Consejo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) (IP/ C/W669) de la OMC solicitando la renuncia a determinadas disposiciones del acuerdo de viajes para la prevención, contención y tratamiento del covid-19 6: “12. En estas circunstancias excepcionales, solicitamos que el Consejo de los ADPIC recomiende, lo antes posible, al Consejo General una exención de la implementación, aplicación y cumplimiento de las Secciones 1, 4, 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la prevención, contención o tratamiento de COVID-19”, lo cual es rechazado en la reunión del Consejo de 12 de diciembre.

Esta solicitud por parte de India y Sudáfrica marcan la organización por parte de la sociedad civil de la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’, una coalición de más de 200 organizaciones europeas de la sociedad civil de 14 países europeos, con el objetivo de garantizar el acceso de las vacunas para todo el mundo y para lo que se solicita la suspensión de las patentes de las vacunas.

En el mes de marzo de 2021, centenares de eurodiputados firman una carta dirigida a la Comisión Europea para que se considerase esta suspensión de las patentes y se apoyase la solicitud de India y Sudáfrica en la próxima reunión del Consejo que tendría lugar los días 10 y 11 de marzo, donde, de nuevo, fue rechazada, como también lo había sido en la del 23 de febrero, quedando emplazado el debate para la reunión prevista el 8 y 9 de junio. Hasta la fecha, la posición de la mayoría de los países de la UE ha sido contraria7,8 .

En el mes de abril, Premios Nobel y 170 exmandatarios pedían a Biden lo que anunció el 5 de mayo, que EEUU apoyase la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid 9 y que provocó, tan sólo un día después, que la Comisión Europea, a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, afirmase que estaba dispuesta a “debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y

pragmática» durante el debate del estado de la Unión10 .

En la Cumbre de Oporto del 7 y 8 de mayo, por primera vez, los países de la UE discuten la posibilidad de suspender las patentes de las vacunas, lo que reflejó una clara división entre ellos. Mientras Alemania encabeza una férrea oposición, países como España, Francia e Italia se muestran favorables a su discusión 11-13 .

El Parlamento Europeo, por su parte, en su sesión plenaria de mayo debatió el día 19 la propuesta de suspender en la OMC las patentes de las vacunas contra el coronavirus y cuya resolución se votará en la próxima sesión del 8 al 11 de junio, lo que coincidirá con la reunión del 8 y 9 de junio del Consejo de los ADIPC de la OMC.

En el debate del Europarlamento se pudo apreciar la división de los grupos parlamentarios. Mientras que los conservadores y liberales se oponían, los socialdemócratas, verdes y el grupo de la izquierda mostraban su apoyo, lo que se materializó en la enmienda introducida por el grupo de la izquierda en otra resolución relativa a la lucha contra el sida, que sí se votó, y que salió adelante con una escasa diferencia de 9 votos.

Aunque la decisión sobre la eliminación de los derechos de protección intelectual debe adoptarse en el seno de la Organización Mundial del Comercio, el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo de junio, cobra una crucial relevancia, máxime coincidiendo con la reunión del Consejo de los ADIPC con este punto en el orden del día. El resultado no se adivina por la división entre los grupos parlamentarios, pero todo a punta a que el margen es estrecho y las presiones van a ser importantes 14, a lo que hay que añadir la dificultad que supone la postura reticente de la propia Comisión Europea y del Director General de la OMC, Dr Ngozi OkonjoIweala, quien se dirigió a los eurodiputados de la Comisión de Internacional del Parlamento Europeo celebrada el día posterior al debate, más proclives a buscar otras vías que incrementen la producción y distribución.

Referencias

1.- https://global-response.europa.eu/ index_en 2 2.- https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/research-area/health-researchand-innovation/coronavirus-research-andinnovation/vaccines_en3 3.- https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/research-area/health-researchand-innovation/coronavirus-research-andinnovation_en 4.- http://www.obcp.es/opiniones/muchodinero-y-muchos-secretos-en-los-contratosde-vacunas 5.- https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-9-2020-0322_ES.html 6.- Waiver from certain provisions of the trips agreement for the prevention, containment and treatment of covid-19. WTO (IP/C/W669). 7.- https://www.wto.org/spanish/news_s/ news21_s/trip_11mar21_s.htm 8.- https://www.elespanol.com/invertia/ observatorios/sanidad/20210310/omcplantear-liberacion-patentes-vacunasanticovid-rechazada/564694837_0.html 9.- https://www.lavanguardia.com/vida/ 20210415/6870135/covid-premios-nobelexmandatarios-piden-biden-apoyo-eliminarpatentes-vacunas.html 10.- https://es.euronews.com/2021/05/13/ liberacion-de-patentes-de-las-vacunascontra-la-covid-19-la-hora-de-europa 11.- https://www.france24.com/es/europa/ 20210506-union-europea-patentes-vacunascoronavirus-pandemia 12.-https://www.elperiodico.com/es/ internacional/20210506/von-der-leyenunion-europea-patentes-vacunascovid-11704410 13.- https://www.ft.com/stream/ 980691bf-5f43-4c28-a642-6fde8e607fa5 14.- Big pharma lobby’s self-serving claims block global access to vaccines. https:// corporateeurope.org/en/2021/04/bigpharma-lobbys-self-serving-claims-blockglobal-access-vaccines

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AUTOR: Adrián Arias Mieres Responsable de Comunicación del Comité de España de Right2Cure.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

El pasado 5 de mayo, los EEUU hacían pública una nota firmada por Katherine Tai, representante de Comercio de la administración Biden, en la que apoyaban la exención de la propiedad intelectual de las vacunas frente a la COVID19. De esa manera se sumaban a la lista de países que en la OMC apostaban por la propuesta de India y Sudáfrica sobre suspensión de patentes. En apenas doce horas, nadie quería quedarse atrás y los diferentes gobiernos mundiales, y sobre todo europeos, que se habían opuesto con especial ahínco a ese debate, se abrían ahora a tenerlo tras la posición norteamericana.

Centenares de titulares y teletipos agitaron la actualidad mundial sobre ese tema durante varios días. El apoyo de una potencia como EEUU a la propuesta de suspender las patentes suponía un gran impulso, pero también provocaba que todas las luchas e iniciativas que desde la sociedad civil se han ido desarrollando en todo el mundo en torno a este tema, hayan quedado en un segundo plano. Y es que la lucha por la suspensión de patentes, es fundamentalmente una lucha de la sociedad civil. Son miles los colectivos, entidades o asociaciones a nivel mundial que en el inicio del debate sobre las vacunas frente a la COVID19, comenzaron a exigir que estas fueran un bien público global.

Las experiencias de décadas anteriores servían de guión, fundamentalmente con la batalla titánica de suspender patentes y permitir la producción de tratamientos genéricos para hacer frente a la expansión por África y América del Sur del virus del SIDA. Las organizaciones no gubernamentales no tardaron en ver que la pandemia del coronavirus se podía unir y agrandar aún más la pandemia de la desigualdad que se vive a nivel mundial. Situaciones como los nulos resultados del mecanismo de colaboración voluntaria CTAP, impulsado por la OMS, que las grandes farmacéuticas rechazaron desde el inicio, ya les hacían presagiar que la batalla sería larga y compleja. La memoria colectiva de las organizaciones sociales tiene esa riqueza que va más allá de lo material y que es capaz de adelantar escenarios futuros, como finalmente así ha sido.

Un ejemplo en el que se empezaron a mirar muchas organizaciones, fue la lucha conjunta entre sociedad civil y países y gobiernos comprometidos por el acceso justo a los tratamientos frente al VIH como el de Brasil o Sudáfrica, que obtuvo como resultado la Declaración de Doha. Esta decisión en el seno de la OMC cristalizaba el empuje para que las patentes y la propiedad intelectual no fueran un freno ante una situación de emergencia sanitaria. Tal y como la OMS declaraba sobre el acuerdo de Doha:

“había aumentado la preocupación de que las normas sobre patentes pudieran restringir el acceso a medicamentos asequibles para las poblaciones de los países en desarrollo en sus esfuerzos por controlar enfermedades de importancia para la salud pública, como el VIH, la tuberculosis y la malaria. La Declaración responde a las preocupaciones de los países en desarrollo sobre los obstáculos que enfrentaron al tratar de implementar medidas para

promover el acceso a medicamentos asequibles en interés de la salud pública en general, sin limitarse a determinadas enfermedades.”

La Declaración incluía “el derecho a otorgar licencias obligatorias y la libertad de determinar los motivos por los cuales se otorgan las licencias, el derecho a determinar qué constituye una emergencia nacional y circunstancias de extrema urgencia, y la libertad de establecer el régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

Emergencia nacional, circunstancias de extrema urgencia y salud pública. Tres elementos que volvían a estar en la agenda política con la crisis del coronavirus. Y ahí volvía a entrar en juego esa memoria colectiva de la sociedad civil. Eso no significa que desde 2001, año en que nace la Declaración de Doha, hasta hoy, las oenegés y las entidades sociales no hayan reivindicado con especial insistencia la grave brecha de acceso a los medicamentos que el mundo sufría. La división Norte-Sur ha sido un eje estratégico para el trabajo de las entidades sociales a lo largo de estos veinte años.

Pero de repente, aparece la pandemia de la COVID19 y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el monopolio de las patentes en el mundo sanitario como “elefante en cacharrería”. Pero en esta ocasión, al tratarse de una pandemia que ha generado una sensación de fragilidad a nivel mundial, este debate adquiere una mayor trascendencia. Y es además, un debate que ha puesto muy nerviosa a la gran industria farmacéutica. Como ejemplo, el amplio despliegue que el lobby de la Federación Europea de industrias y asociaciones farmacéuticas realizó en Bruselas para evitar que la Comisión Europea apoyara las reivindicaciones en torno a la suspensión de patentes o la campaña de Farmaindustria “sin patentes no hay innovación”.

Disipada la niebla y el inicial optimismo por los apoyos recibidos, la negociación sobre la propuesta de suspensión de patentes se prevé dura. No sólo por la presión que ha comenzado a ejercer la Big Pharma, sino porque sabemos que más importante que la suspensión de las patentes es que venga acompañada de toda una serie de iniciativas como compartir el “know-how” (literalmente el conocimiento de cómo producir la vacuna) y desarrollar programas de colaboración obligatoria entre todas las unidades productivas de la industria farmacéutica. Con un único objetivo: Producir el mayor número de vacunas, en el menor tiempo posible. En definitiva, poner todo nuestro conocimiento, empeño y capacidad en salvar vidas. Y en esa dura lucha que tenemos los próximos meses, el papel de presión que se pueda desarrollar desde la sociedad civil será clave. Las organizaciones y entidades de manera unitaria se tienen que configurar en un contrapoder al ruido, intereses e incluso medias verdades que intentará imponer la gran industria farmacéutica en este debate.

Para finalizar, no querría dejar pasar por alto iniciativas concretas como las impulsadas por Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional o la Alianza Vaccine´s People que son claros ejemplos de lo viva que está la sociedad civil en esta lucha. Si bien esas acciones han ido enfocadas a presionar a los gobiernos y a las instituciones para que apoyen la suspensión de patentes en la OMC, hay también propuestas como la iniciativa ciudadana europea “Right to Cure” que exige a la Unión Europea mecanismos para que las patentes no sean el freno y el monopolio que están siendo en la actualidad para el acceso universal a las vacunas. Una iniciativa que lucha por conseguir un millón de firmas en toda la UE y que puedes apoyar en el enlace: www.liberarpatentes.com.

AUTOR: Ramón Gálvez Zaloña Médico neurólogo. Comisión de Redacción de la revista AJM.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

El momento actual con la necesidad urgente de conseguir la imprescindible inmunización de toda la humanidad para terminar de forma definitiva con la pandemia causada por COVID-19 esta caracterizado por la presentación de forma prácticamente diaria de informes, documentos y posicionamientos de todo tipo de instituciones públicas y organizaciones civiles con gran repercusión mediática. La coyuntura es vital y como se resuelva será clave para el futuro de la salud de la humanidad. Por esta razón desde la Comisión de Redacción de AJM decidimos redactar un número fundamentalmente destinado a exponer a nuestros lectores los rasgos principales y las principales alternativas y propuestas. En un intento de aproximarnos a la realidad difícil y compleja que vivimos hemos incluido reflexiones desde diferentes perspectivas. generales internacionales, europeas, de nuestro propio país y finalmente desde las iniciativas de las organizaciones organizaciones sociales y ciudadanas. Deseamos que este número sea útil en este empeño.

La Administración Biden y su propuesta. Un movimiento sísmico en el tablero de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19

El presidente de EE.UU Biden, rompiendo de alguna manera con su pasado legislativo (1), se comprometió a apoyar un cambio de las reglas de propiedad intelectual para la producción de las vacunas COVID-19, afirmando que «es la única cosa humana que se puede hacer en el mundo». A continuación y ya en plena crisis humanitaria en la India, un comunicado de prensa de la administración Biden, a través de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine

Tai :fue la expresión pública de una modificación importante en el posicionamiento tradicional de EE.U: «Esta es una crisis de salud mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias», para continuar señalando «La administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero al servicio de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19».

Esta declaración ha sido elogiada por grupos de interés público, y notablemente destacada por los medios de comunicación, como un paso adelante en la posibilidad de adoptar acciones de emergencia sobre las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas.

Sin embargo, la declaración de Tai tiene unos límites claros. Solamente, mencionó las vacunas COVID y evitó respaldar una exención más amplia, como la propuesta por India y Sudáfrica que cubriría «kits de diagnóstico, vacunas, medicamentos, equipos de protección personal y ventiladores». En su declaración, también advirtió, de manera preventiva, que las “negociaciones tomarán

tiempo dada la naturaleza basada en el consenso de la OMC y la complejidad de los temas involucrados”.

Entramos en un proceso complejo, pleno de tensiones, que brindará sin duda a las empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas que ya han expresado su absoluto rechazo, una oportunidad notable para limitar y/o rechazar la exención final de las vacunas Covid-19

Para analizar y profundizar en esta situación nueva que abre algunos caminos, es necesario revisar el recorrido de las patentes de medicamentos y vacunas e intentar aproximarnos a identificar cuales son los determinantes que intervienen de forma decisiva en su trayectoria Veamos de forma resumida algunos de ellos que el lector puede ampliar y completar en los artículos de este número

Los antecedentes inmediatos: Monopolios, precios y patentes

La utilización por los gobiernos de las denominadas «flexibilidades» de los ADPIC de la Declaración de Doha (2), que teóricamente conceden el derecho de aplicar una exención a las patentes y así permitir su producción abierta (con el pago de regalías), se ha enfrentado, en el

pasado reciente, a demandas judiciales extraordinarias desde las empresas farmacéuticas y a rápidas represalias comerciales y económicas agresivas utilizando los acuerdos comerciales bilaterales y regionales (Tratados de Libre Comercio TLC )

Esto no ha variado en la actual pandemia. Gilead por ejemplo ha amenazado con demandar al gobierno de Ucrania ante la posibilidad de aplicar una licencia obligatoria para Remdesivir

Desde la AAJM hemos planteado la necesidad de revisar el actual modelo de monopolio de las de patentes que está provocando un serio problema de muy altos precios de los nuevos medicamentos, limitando seriamente el acceso y comprometiendo severamente los presupuestos de los sistemas sanitarios públicos (3).

La respuesta a la pandemia de COVID-19: la estrategia de producción y distribución de vacunas

Hace aproximadamente un año surgió Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) (4). El objetivo propuesto era proporcionar una respuesta global a la pandemia y acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, medicamentos y vacunas para COVID-19.

Esta idea se desarrolló en un proceso cerrado liderado por McKinsey & C, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización ( GAVI ), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en la preparación de Epidemias (CEPI ), el Fondo Rotatorio de la OPS y la OMS,.

ACT-A plantea una estrategia de trabajo con cuatro áreas fundamentales: diagnóstico, terapéutica, vacunas y sistemas de salud. El Fondo para el Acceso Global a las vacunas ( COVAX ) (5) se convirtió desde el comienzo en el centro de la atención de expertos y analistas. Su objetivo: entregar 2 mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 para fin de año, fue resaltado como una esperanza para la humanidad. El resultado previsto sería suministrar durante 2021 vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante, para las personas de mayor riesgo y así evitar infecciones y fallecimientos.

Sin embargo, pronto quedó claro que esta meta se encontraba obstaculizada y seriamente limitada por las realidades políticas, los intereses de los países ricos y de

las empresas productoras de vacunas y la falta de profundidad y ambición del propio proyecto.

Efectivamente, ACT-A, de la que surge COVAX, se corresponde con un modelo de salud global dominado por el lenguaje de la industria farmacéutica que utiliza los mismos instrumentos, que antes de la pandemia, para intentar conseguir que lleguen las vacunas a los países de bajos y medianos ingresos. Sigue, por tanto, el planteamiento tradicional planteado por GAVI para la distribución de las vacunas antes de COVID. Efectivamente, GAVI actúa con una estrategia de compra de vacunas a través de UNICEF, que recibe financiación a través de donaciones, donde predomina una perspectiva de ayuda y por tanto no de un acceso justo y equitativo.

Un enfoque en el cual la financiación aportada para conseguir las vacunas responde a un modelo de ayuda internacional que depende de la voluntariedad y benevolencia de los donantes ricos. Esta forma de plantear la inmunización frente a enfermedades infecciosas y epidémicas provocaba ya ven el pasado reciente, serios problemas e insuficiencias en la distribución de vacunas en los países de bajos ingresos.

Un modelo en el que predomina la oferta y no la demanda de toda la humanidad. En una situación de pandemia mundial en la cual está implicada toda la humanidad la utilización de un esquema de trabajo similar estaba condenada al fracaso. Se precisaba una actuación inmediata y urgente que asegurara la producción y distribución de vacunas a todos los seres humanos y el modelo adoptado no puede producir los resultados que teóricamente se proponían.

El desarrollo inmediato de los acuerdos de compra anticipada ( ACÁ) de los países ricos, colateralmente a COVAX, ha sido el siguiente factor desencadenante de una insuficiencia manifiesta de la producción de vacunas COVID-19. Los países ricos han acumulado vacunas con las empresas fabricantes, antes de obtener las aprobaciones de uso, logrando un acceso prioritario, una vez iniciada la producción. Como resultado, la mayor parte de la capacidad de fabricación de vacunas en el mundo está comprometida con el cumplimiento de estos acuerdos de compra anticipada (ACÁ). De esta forma miles de millones de dosis en los próximos meses y años, están ya sujetas a acuerdos cerrados que disminuyen de forma absoluta la posibilidad para adquirir vacunas.de aquellos otros países

carentes de financiación suficiente para negociar ACÁ. Los países de ingresos altos se han asegurado coberturas poblacionales de dosis de vacunas superior al 200% que se extienden, no solamente a las existencias disponibles ahora, si no también a las futuras.

Los países de ingresos medianos han quedado excluidos de estos acuerdos o han tenido que afrontar serias dificultades. Un buen ejemplo de las duras negociaciones a las que se ven abocados estos países, cuando quieren desarrollar acuerdos de compras bilaterales, son las condiciones abusivas a las que les somete la industria farmacéutica, como han señalado Brasil, o Argentina. Durante las negociaciones bilaterales, se impone a los países latinoamericanos la exigencia de garantías de pago adicionales, utilizando para ello activos estatales, como edificios civiles y públicos, edificios de embajadas, o hasta el agua de los glaciares.

En los países más pobres, al momento de finalizar este texto, menos del 1% de las personas ha recibido una sola dosis de vacuna.

Como consecuencia se está produciendo un reforzamiento notable de las desigualdades en la distribución de vacunas a nivel mundial y por lo tanto de la prolongación de la pandemia y sus riesgos de aparición de nuevas variantes de la enfermedad.

Esta realidad fue reconocida por la OMS en enero de este año 2021, en palabras de su Director General (6) que realizó un llamamiento cargado de ansiedad: » Hasta el presente se han administrado mas de 39 millones de dosis de vacunas en 49 países de altos ingresos. solo se han administrado 25 dosis en un país de bajos ingresos. No 25 millones ,no 25 mil, sólo 25.». Y continuó afirmando: » el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico » Explica de forma nítida en su alocución, cómo bajo un lenguaje de acceso equitativo, en realidad los países ricos y las empresas farmacéuticas han dado prioridad a los acuerdos bilaterales de compra «sorteando» a COVAX. ( En 2020 se habían firmado 44 acuerdos bilaterales y en el propio mes de enero otros 12).

El problema en el diseño de COVAX, está posiblemente causado como apunta Balaji (7) en que » sus arquitectos clave están profundamente enredados en el régimen global de propiedad intelectual (PI) en el corazón del apartheid de vacunas que se está desarrollando.”.

Los monopolios que crean las patentes en torno a necesidades vitales, como las vacunas COVID-19, no solamente obligan a precios por encima de los costes de producción, si no que evitan que otros posibles fabricantes produzcan vacunas e impiden aumentar la capacidad de producción y distribución de las vacunas a toda la humanidad .La PI, continúa afirmando el autor anteriormente citado: «ha creado una situación en la que se prevé que gran parte del mundo no esté vacunada hasta 2024, mientras que muchas fábricas con capacidad para producir vacunas no pueden hacerlo»

Sin embargo, como señala Thomas Piketty (8), es preciso salir de esta noción neocolonial de ayuda internacional, dirigida por la buena voluntad de los países ricos, bajo su control y pasar a una lógica de derechos, solidaridad y justicia. ( Piketty ha propuesto como alternativa un impuesto sobre el patrimonio del 2% para financiar bienes de salud pública mundial). Evidentemente, la posición relevante de Gates en el seno de COVAX está muy lejos de este planteamiento. El filántropo, hasta ahora claro defensor de las patentes, incluso cuando la situación actual de emergencia para la humanidad le ha obligado a reformular y ampliar su discurso, añadiendo al argumento de la bondad de las patentes como impulsoras de la investigación y desarrollo, la dificultad de producción por la existencia de pocas fábricas disponibles. También añade Gates, como señala Lee Fang, (9) la «inseguridad de compartir la información crítica necesaria» para permitir que las vacunas se produzcan más ampliamente. En una intervención reciente en Sky News a la pregunta directa del periodista sobre si las restricciones de patentes serían útiles respondió con un rotundo no. Para a continuación añadir: «Bueno, hay un número limitado de fábricas de vacunas en el mundo y la gente se toma muy en serio la seguridad de las vacunas. » Tampoco tiene inconveniente en afirmar que el retraso en la entrega de vacunas a los países de ingresos bajos y medios, ha sido más corto de lo esperado. «Por lo general, en la salud mundial, se necesita una década entre el momento en que una vacuna llega al mundo rico y el momento en que llega a los países pobres».

La exención de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 y el aumento de producción de vacunas.

El debate actual sobre las vacunas COVID-19 se centra en la cuestión de las exenciones de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento y tecnología para conseguir un aumento sensible de la producción de las dosis de vacunas.

Este es el problema que tiene la OMC. La petición de exención, planteada inicialmente por India y Sudáfrica, patrocinada también por otros 60 países en desarrollo, el grupo de África y el grupo de países menos desarrollados, hoy se ha extendido de forma

generalizada con el apoyo de decenas de organizaciones de la sociedad civil, expresidentes, primeros ministros, premios Nobel miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, líderes religiosos, etc.

Como iniciábamos en el comienzo de este texto, la administración del presidente estadounidense Biden, probablemente forzada por este consenso mundial. ha expresado su opinión a favor de una exención de la propiedad intelectual, abriendo un camino y unas expectativas hasta ahora impensables y provocando una brecha con algunos gobiernos occidentales (Suiza, Alemania , Japón y Reino Unido entre otras naciones) y el apoyo de países como España .

La mayoría de las organizaciones sociales y de la ciudadanía están de acuerdo en que las condiciones de la pandemia justifican plenamente una exención. Los millones de muertes y la enorme cantidad de vidas amenazadas por el virus y el sentimiento compartido de humanidad avalan esta decisión. Las vacunas son un bien público, un bien común de la humanidad. La seguridad del conjunto de los seres humanos depende en última instancia de la de todos los demás.

En esta pandemia ha sido la inversión pública de los gobiernos la que ha posibilitado la investigación y el desarrollo de vacunas y ha financiado de forma masiva la producción lo cual sin duda proporciona aún más razones, si cabe, para la aplicación de licencias obligatorias

Nos encontramos con tres posibles alternativas para aumentar la producción. En primer lugar la renuncia explícita a los derechos de propiedad intelectual, dejando de forma abierta la disponibilidad de tecnología y conocimientos. En segundo lugar la concesión de licencias obligatorias de patentes lo que supone, una suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la producción, uso, venta o importación del producto o proceso patentado, por un tercero, sin la necesidad de su consentimiento, y pagando al titular los derechos por su uso. Por último las licencias voluntarias, acuerdos que las empresas propietarias de las patentes establecen con otras empresas para la producción con las compensaciones económicas correspondientes. En este caso el ejemplo es el acuerdo de AstraZeneca con él Serum Institute de la India para la fabricación y exportación de su vacuna.

La formulación optima sería la primera, que de alguna forma, se proponía en Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP), la iniciativa que propuso Costa Rica al comienzo de la pandemia. Con este planteamiento se pretendía lograr que “las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la COVID-19 estén al alcance de todos”. Costa Rica propuso un repositorio, un «pool» que “deberían incluir derechos presentes y futuros en invenciones y diseños patentados, sí como derechos en datos de prueba, el denominado saber cómo, líneas celulares, manufactura, test de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas”. El objetivo de dicha iniciativa era lograr el acceso libre o licencia de uso al conocimiento para cada país miembro. Sin embargo esta iniciativa fracasó de forma absoluta por la falta de incorporación tanto de países como de empresas farmacéuticas. Por lo tanto como alternativa real solo queda la posibilidad de aplicar la exención de la propiedad intelectual.

Un punto que, sin duda, es necesario abordar es la fabricación de las vacunas. La consideración de la no viabilidad de la producción de vacunas por fabricantes alternativos se ha convertido en en un argumente utilizado por la industria y sus portavoces. Según este planteamiento no existirían posibilidades reales siendo la capacidad de fabricación global limitada. Pero esto no es cierto Buranyi (10),

comenta la existencia de una gran capacidad de fabricación preparada para producir vacunas si se obtuvieran la autorizaciones necesarias Como ejemplo cita, a Biolyse una empresa canadiense de Ontario, capaz de producir millones de dosis de vacunas para exportar a personas en el Sur Global. Sin embargo su petición ha sido rechazada tanto por AstraZeneca como por Johnson & Johnson. Fulton vicepresidente de la empresa declara en el texto citado «Si hubiéramos comenzado esto el año pasado, ya podríamos haber enviado millones de dosis». “Se supone que esto es como un esfuerzo en tiempos de guerra, todos juntos. Pero ese no parece ser el caso “

Biolyse ha establecido contactos con otros fabricantes, como por ejemplo, la también canadiense Pnuvax y un productor de Bangladesh Incepta para formar un consorcio y fortalecer así su oferta. Como estas empresas, existen otras que podrían iniciar sus actividad si se les transfiriera el conocimiento y la tecnología, en un plazo no mayor de 6 meses. Ejemplos de posibilidades similares tenemos en nuestro país como Biofabri del grupo Zendal en Galicia, capaz de trabajar con Novavax en la producción de la vacuna; los laboratorios farmacéuticos Rovi que realizan el llenado de viales de Moderna o Insud Pharma en Azuqueca de Henares (Guadalajara), que encarga del llenado y empaquetado de viales de la vacuna AZD1222 de AstraZeneca.

BIOLYSE PHARMA

Retornando al principio: la influencia de la posición de la Administración Biden y la decisión de la OMC

La actual Directora General de la OMC ( desde el 1 de marzo) Nkosi Okongo-Iweala, economista respetada en los ámbitos

financieros internacionales, anteriormente Directora Gerente del Banco Mundial y exministra de Finanzas del gobierno de Nigeria y también directora de la Junta de GAVI y copresidente de COVAX, planteó en su primera intervención pública (11) que la OMC «debe desempeñar un papel más enérgico para minimizar o eliminar las restricciones a la exportación que obstaculizan las cadenas de suministro de productos y equipos médicos».

Sus comentarios, sobre la propuesta de India y Sudáfrica, subrayaron la responsabilidad de los miembros de la OMC de rechazar el nacionalismo y el proteccionismo de las vacunas. Como estrategia alternativa propuso lo que denominó una «tercera vía » para ampliar el acceso a las vacunas, facilitando la transferencia de tecnología en el marco de las normas multilaterales con un núcleo básico de acuerdos con las farmacéuticas sobre la base de las licencias voluntarias.

Como comenta Germán Velásquez, asesor especial sobre políticas y salud del South Center, «su declaración está en contra de la propuesta de India y Sudáfrica» Su posición, trata por tanto de estimular las licencias voluntarias y los acuerdos voluntarios con los fabricantes, rechazando el sistema de licencias obligatorias y las flexibilidades del ADPIC.

De forma contraria y sensiblemente diferente a este análisis de Velasquez fue la reacción del portavoz de la Federación internacional de asociaciones y fabricantes de productos farmacéuticos Thomas Cueni que agradeció el mensaje positivo de la Directora General, reiterando que el «cuello de botella» de la producción era la falta de ingredientes activos y en ningún caso las patentes tenían algún papel en la falta de producción de vacunas ¿ Como puede mover esta posición de la OMC la nueva actitud de la administración Biden?

El poder de los grupos de presión farmacéuticos en EE.UU, que canalizan dinero de forma ingente para influir en los miembros del Congreso americano, puede alterar las buenas intenciones de Estados Unidos.

Es improbable que el apoyo de la administración de Biden a la exención pueda además por sí solo conseguir una modificación sustancial, mientras la UE, el Reino Unido y Australia no sigan su ejemplo. Francia y Alemania han expresado su rechazo. Pero en mayo comienzan las negociaciones donde los grupos de presión liderados por la industria farmacéutica en su conjunto intentarán limitar sustancialmente aquellos acuerdos que disminuyan el poder de decisión y los beneficios de las compañías farmacéuticas.

Un elemento reciente interesante y positivo ha sido el texto del Panel de Expertos Independientes que empezaron a trabajar en mayo de 2020. a través del encargo de la Asamblea Mundial de la Salud al Director General de la OMS para que iniciara una revisión imparcial, independiente y exhaustiva de la respuesta sanitaria internacional al COVID-19 y de las experiencias y lecciones aprendidas y formulara recomendaciones para mejorar las capacidades para el futuro. El Director General encargó a S.E. Ellen Johnson Sirleaf y el Rt Hon. Helen Clark un informe. LAs autoras han presentado las conclusiones del informe que presentarán a la Asamblea Mundial de la Salud en el, próximo mes de junio. (La lectura de su contenido es altamente recomendable en su conjunto).

En el ámbito de la producción y distribución de vacunas, el informe propone que la OMC y la OMS convoquen a los principales países productores y fabricantes de vacunas para lograr un acuerdo sobre licencias voluntarias y de transferencia de tecnología para las vacunas COVID-19 (incluso a través del Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP)). Establece a continuación de forma rotunda que si las acciones no ocurren dentro de los tres meses siguientes debería entrar en vigencia de inmediato una exención de los derechos de propiedad intelectual en función de los ADPIC Clark señaló en la presentación del informe que el «modelo actual de

desarrollo y entrega» de vacunas, tratamiento y otras herramientas de salud «no es adecuado para su propósito» y es necesario pasar de un modelo basado en el mercado a uno basado sobre bienes públicos globales.

Este documento refuerza aún más la exigencia de llevar adelante la exención de las patentes e iniciar de forma inmediata un modelo nuevo que asegure y garantice que las vacunas Covid -19 estén disponibles para toda sin excepción¡iones la humanidad

Nos encontramos pues, como comentá_ bamos al principio, en semanas cruciales donde la determinación y la fuerza de las organizaciones civiles y sociales pueden ser claves para modificar las posiciones de ls gobiernos y conseguir que estos asumen su condición de líderes obligados a conseguir la inmunización de todas las ciudadanas y ciudadanos del mundo

Referencias bibliográficas

1.- David S, Bragman W, Perez A. «Will Joe Biden Betray His Big Pharma Friends?». Jacobin, 5 April 2021 https:// www.jacobinmag.com/2021/05/vaccinewaiver-biden-pfizer-moderna-patent 2.- Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Públic OMC (DOHA, 2001). https://www.wto.org/spanish/ tratop_s/trips_s/healthdeclexpln_s.htm 3.- Lamata F, Gálvez R. «Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública». Fundación Alternativas nº 202/2019 27/06/2019. https://www.fundacionalternativas.org/ laboratorio/documentos/documentos-detrabajo/monopolios-y-precios-de-losmedicamentos-un-problema-etico-y-desalud-publica 4.- The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator World Health Organisation https://www.who.int/initiatives/actaccelerator 5.- COVAX: Colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19. https://www.who.int/es/ initiatives/act-accelerator/covax 6.- Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 148 reunión del Consejo Ejecutivo 18 de enero de 2021. OMS. https://www.who.int/es/director-general/ speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-148th-session-of-theexecutive-board 7.- Balaji Aishu. «COVAX Protects the Vaccine Apartheid Status Quo”. Jacobin, 05/09/2021. https://jacobinmag.com/ 2021/05/covid-covax-vaccine-apartheidwto-trips-intellectual-property-ip 8.- Thomas Piketty : “La crise du Covid-19, plus grave crise sanitaire mondiale depuis un siècle, oblige à repenser la notion de solidarité inter nationale». Le Monde, 10/4/2021. https://www.lemonde.fr/idees/ article/2021/04/10/thomas-piketty-il-fautrepenser-l-ensemble-du-systeme-economiqueinternational-en-termes-de-droits-pour-lespays-pauvres_6076257_3232.html 9.- Lerner S, Fang L.»Factory owners around the world stand ready ro manufacture Covid-19 Vaccines» The Intercept, 29/4/2021. https://theintercept.com/ 2021/04/29/covid-vaccine-factoryproduction-ip/ 10.- Buranyi S. «The world is desperate for more Covid vaccines – patents shouldn’t get in the way» The Guardian, 24/4/2021. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2021/apr/24/covidvaccines-patents-pharmaceutical-companiessecrecy 11.- Zarocostas J. New WTO leader faces COVID-19 challenges. Lancet. 2021 Feb 27;397(10276):782 https://doi.org/ 10.1016/S0140-6736(21)00507-9 12.- The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response «COVID-19: Make it the Last pandemic». https:// theindependentpanel.org/wp-content/ uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-theLast-Pandemic_final.pdf