Las vacunas contra la COVID-19: un bien público al que no hemos garantizado el acceso global

AUTORA: Irene Bernal Responsable del área de Acceso a Medicamentos e Innovación de Salud por Derecho.

Revista Nº 6 de Octubre 2021

La COVID-19 ya acumula más de 4,7 millones de fallecimientos y más de 230 millones de casos notificados[i] y nos ha dejado unas consecuencias sanitarias y socioeconómicas de las que muchos países y personas tardarán años en recuperarse, especialmente las más vulnerables. Una situación dramática que en los países más ricos hemos dejado de percibirla como tal, principalmente gracias a la llegada de la vacuna. Sin embargo, en los países de rentas más bajas, lejos del acceso a la vacuna del que hemos gozado aquí, la situación sigue siendo insostenible y más que nunca son necesarias medidas urgentes que garanticen la inmunización de la población. En los primeros meses de la pandemia hubo un consenso mundial acerca de la necesidad de impulsar el desarrollo de productos para prevenir, diagnosticar y tratar la COVID-19 reconociendo que las vacunas debían ser un bien público global, disponibles para toda la humanidad (1). Con esas palabras pronunciadas por los principales líderes mundiales se lanzaba un mensaje al mundo de responsabilidad, solidaridad y equidad que hoy, casi un año y medio después, dista mucho de haberse hecho realidad. Preguntas tan sencillas como, si hay vacunas, ¿por qué no producirlas para que haya para todas las personas?, parece no tener una respuesta institucional acorde con los compromisos adquiridos. Pero quizás, las respuestas a estas cuestiones deberían buscarse en el modelo de innovación y desarrollo de medicamentos y vacunas del que partimos. Un modelo roto y fallido que con esta crisis de salud global ha hecho emerger a la superficie las enormes fisuras que arrastra y que, ni siquiera en un contexto como el actual, hemos sido capaces de darle la vuelta. Las barreras que generan la propiedad intelectual, la falta de voluntad de transferir el conocimiento y know-how detrás de las vacunas autorizadas a países de menos ingresos, y la falta de transparencia en procesos de adquisición y en las negociaciones con la industria farmacéutica, son algunas de ellas.

La financiación pública como principal incentivo

El 4 de mayo de 2020, la Comisión Europea, la OMS, CEPI y GAVI, entre otros, impulsaron una respuesta coordinada sin precedentes que ha conseguido movilizar desde entonces cerca de 16.000 millones de euros procedentes de actores públicos y privados en el marco de la «Respuesta Global a la Pandemia» para la inversión en vacunas, medicamentos, diagnósticos y sistemas sanitarios, entre otros (2). Dicha financiación sentó las bases del Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), mecanismo de gobernanza cuyo objetivo es el de responder a la pandemia y cuyo pilar de vacunas está gestionado por GAVI, CEPI y la OMS. Tanto CEPI en su misión de identificar posibles futuros productos, como los distintos Estados e instituciones filantrópicas han inyectado una gran inversión pública a entidades públicas y privadas con el objetivo de acelerar la carrera por desarrollar vacunas que frenaran la pandemia. La dificultad del acceso completo a todos los datos impide contar con cifras definitivas, no obstante, algunas estimaciones apuntan a unos 5.600 millones de dólares solo en I+D procedentes casi en su totalidad de fondos públicos. Aunque a esta cantidad sería importante añadir otra cifra, y son los más de 50.000 millones de dólares invertidos, si tenemos en cuenta los Acuerdos de Compra Avanza (APC) con las principales compañías productoras de vacunas COVID-19 (3). Estos acuerdos bilaterales de los países con la industria para asegurar, excesiva y sobradamente, su porción de vacunas ha permitido en muchos casos cubrir fases del desarrollo de las vacunas y ampliar las líneas de producción, una inversión que sin duda queda en las compañías.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos públicos, los decisores políticos no han sido capaces de garantizar mecanismos de retorno de todas esas inversiones asegurando el interés público. Las vacunas contra la COVID-19 son fruto de un esfuerzo colectivo que generará enormes beneficios privados, pero también muchos obstáculos para miles de millones de personas en todo el mundo que no podrán inmunizarse hasta 2022 o 2023. Las razones son las barreras que la propiedad intelectual en manos de la industria, y desarrollada con dichos fondos públicos, impide a los efectos más prácticos en lo que se refiere a la producción. En términos sencillos, las recetas de las vacunas no se comparten con todos aquellos que quieran y puedan producir, sino sólo con unos pocos escogidos por las compañías con el objetivo de responder primero a los compromisos adquiridos con los países más ricos y que más caro las van a pagar. A los problemas con la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías se añade la falta de transparencia que ha rodeado los procesos de negociación de todos estos acuerdos. Y, sin embargo, repetimos el error una y otra vez, y seguimos sin prever condiciones de acceso favorables para el interés general, y reconociendo el valor de todas esas inversiones procedentes de los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas.

Un bien público, pero sin acceso global y equitativo

Y todo esto arrancó con esas buenas palabras de los líderes mundiales hablando de vacunas como bienes públicos globales, lo que en otras palabras significa no dejar a nadie sin su vacuna independientemente de su lugar de residencia. Los datos nos dicen que estamos muy lejos de conseguir ese objetivo. Hasta la fecha, solo los países más ricos han comprado cerca de 7.000 millones de vacunas; sin embargo, los países de rentas más bajas poco más de 300.000 (4). La facilidad COVAX, y otros mecanismos regionales han adquirido más de 3.000 millones, aunque hasta la fecha no se han logrado distribuir más de 243 millones entre los 92 países previstos. Hoy, el 45% de la población mundial tiene al menos una dosis y se han administrado 6.200 millones de dosis en todo el mundo; sin embargo, solo el 2,3% de las personas de los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. Y si miramos por países nos encontramos cifras tan dispares como que en Kenia solo un 1,62% de la población cuenta con la pauta completa de vacunación, Nigeria un 0,88% y Etiopía un 0,66%. Sin embargo, países como España ya tienen al 78% de su población completamente vacunada y en Canadá y UK se encuentran en un 71% y un 66%, respectivamente (5).

Parece por tanto evidente que la desigualdad, tanto en la compra como en la administración de vacunas, es masiva y a pesar de las soluciones que desde diferentes espacios se han puesto encima de la mesa seguimos sin darle una respuesta a millones de personas. Algunas de las propuestas pasan por suspender los derechos de propiedad intelectual mientras dure la pandemia (6) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) tendría que llegar a un acuerdo sobre estos en las próximas semanas para ampliar no solo la producción, sino también las propias fortalezas de los tejidos productivos en materia de productos farmacéuticos de países de rentas medias y rentas bajas. Esta será la mejor manera de prevenir futuras pandemias y estar mejor preparados para lo que esté por venir.

La OMS también dio un paso al frente en junio de 2020 lanzando la iniciativa COVID-19 Technology Access Pool, más conocida como CTAP (7), con el propósito de crear un repositorio para compartir en el ámbito global las recetas y los procedimientos de fabricación de productos que puedan combatir la COVID-19. Varios países, entre ellos España, se han sumado a la iniciativa y algunos centros de investigación, entre ellos el CSIC, ya están trabajando para compartir algunos de sus resultados. Todo esto es positivo, pero si la industria farmacéutica no comparte ni transfiere el conocimiento de vacunas, medicamentos y diagnósticos para frenar esta pandemia, los países de renta media y baja seguirán padeciendo la pérdida de miles de vidas.

Conclusiones

Los datos hablan con contundencia: la inequidad en el acceso a las vacunas es un hecho y muy lejos estamos de las promesas realizadas en 2020. Recientemente, el presidente Biden en la Cumbre sobre Vacunas COVID-19 que tuvo lugar en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas puso como objetivo tener vacunado al 70% de la población mundial en septiembre de 2022. Falta por precisar si será el 70% en cada país o seguiremos marcando objetivos globales cuyos n ú m e ro s l o s p a í s e s m á s r i c o s n o s encargaremos de engrosar.

Referencias

1.       Organización Mundial de la Salud (OMS). Coronavirus outbreak: WHO calls for COVID-19 vaccines to be classified as global public goods [Internet]. YouTube- WHO. YouTube; 2020 [citado 15 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch? v=I3rtaIprDJQ 2.       Comisión Europea. Coronavirus Global Response – Pledge [Internet]. Comisión Europea. 2020 [citado 23 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://globalresponse.europa.eu/pledge_es 3.       Global Health Centre at the Graduate Institute. COVID-19 Vaccine R&D Funding [Internet]. Knowledge Portal. Graduate Institute Geneva. Global Health Centre. 2021 [citado 15 de septiembre de 2021]. Disponible en: https:// www.knowledgeportalia.org/covid19- r-d-funding

Duke Global Health Innovation Center. COVID-19 | Launch and Scale Speedometer [Internet]. Duke University; 2020 [citado 28 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://launchandscalefaster.org/ COVID-19 5.       One World Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations – Statistics and Research – Our World in Data [Internet]. 2021 [citado 29 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://ourworldindata.org/ covid-vaccinations 6.       Communication from India and South Africa. Waiver for certain provisiones of the TRIPS Agreement for the prevention and containment and treatment of COVID-19 [Internet]. WTO. 2020

. Disponible en: https:// docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/ directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/ W669.pdf&Open=True 7.       Organización Mundial de la Salud (OMS). C-TAP: A Concept Paper [Internet]. 2020 [citado 22 de septiembre de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/publications/ m/item/c-tap-a-concept-paper Datos extraídos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) a 30 de septiembre de 2021 https://www.ecdc.europa.eu/en/ geographical-distribution-2019-ncov-cases

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