Revista 49, Junio – Julio 2026

Amparo Botejara y Javier Sánchez.

Representantes de PODEMOS en el Congreso de los Dioutados.

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La Proposición de Ley sobre cribado neonatal se presentó ante la opinión pública con un propósito aparentemente intachable: homogenizar la conocida prueba del talón en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizando la equidad territorial y el acceso al diagnóstico precoz de enfermedades graves. Un objetivo que, formulado en estos términos, difícilmente encontraría oposición alguna en el arco parlamentario ni en la sociedad civil.

Sin embargo, un análisis riguroso de la realidad normativa revela el carácter superficial de este tipo de iniciativas. El cribado neonatal ya forma parte de la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud desde el Real Decreto 1030/2006, de carácter vinculante para todas las comunidades autónomas y el INGESA. Más aún, la reciente Orden SND/356/2026 actualizó el catálogo de patologías objeto de detección, incorporando precisamente las 21 enfermedades que ahora contempla esta ley. El marco legal ya existía y había sido actualizado apenas unos meses antes. La pregunta que cualquier observador atento debería hacerse es: ¿qué necesidad había, entonces, de una nueva ley?

Para buena parte de los profesionales sanitarios, la respuesta parecía evidente: se trataba de una operación de cosmética política, destinada a que el Ministerio de Sanidad exhibiera síntomas de actividad legislativa tras un periodo de relativa parálisis. Pero esta interpretación, aunque lógica, era equivocada. La verdadera finalidad era servir de vehículo para introducir, de manera subrepticia y por la puerta de atrás, una reforma de enorme calado en la regulación farmacéutica española que nada tiene que ver con la salud del recién nacido.

Durante las semanas de tramitación, el debate transcurrió por cauces previsibles. Se registraron cuarenta enmiendas centradas en aspectos técnicos del cribado. Nada hacía presagiar la maniobra que se ejecutaría el 17 de junio, víspera de la votación en la Comisión de Sanidad. Ese día se registró una enmienda transaccional, firmada por PSOE, Sumar y el Partido Popular. En teoría, estas enmiendas sirven para consensuar textos ya existentes, pero en este caso, la enmienda no guardaba relación temática con la ley ni sintetizaba propuestas previas. Su contenido era una disposición final destinada a modificar el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2015 de garantías y uso racional de los medicamentos.

El objetivo real de esta maniobra no era otro que blindar por ley la confidencialidad de los precios efectivos que el Estado paga a las multinacionales farmacéuticas. Se trata de un diseño de opacidad estructural: mientras los inspectores y reguladores podrán conocer los datos, la ciudadanía, los investigadores y los periodistas quedarán excluidos. El dinero público, en este ámbito, deja de ser transparente para convertirse en un secreto de Estado negociado en despachos cerrados.

Resulta especialmente doloroso observar cómo esta reforma es impulsada por la ministra Mónica García. Quien durante años defendió desde la oposición una transparencia radical y una distancia profiláctica frente a los lobbies farmacéuticos, hoy se alinea con el Partido Popular para blindar el secreto comercial. El argumento esgrimido para justificar este giro es, cuando menos, inverosímil: se afirma que la opacidad es necesaria para evitar que la administración estadounidense aplique cláusulas de «Nación Más Favorecida» que encarecerían los precios. Es un pretexto geopolítico que no resiste un análisis serio sobre soberanía sanitaria y derecho a la información.

La verdadera urgencia de esta reforma parece tener un origen más cercano: el Tribunal Supremo. Actualmente, el Alto Cuerpo tiene admitidos a trámite dos recursos de casación, impulsados por la organización Civio, sobre la transparencia en los precios de medicamentos de altísimo coste como Luxturna y Zolgensma. Antes de que el Supremo pueda fijar una doctrina favorable a la transparencia, PSOE, PP y Sumar se han apresurado a cambiar la ley para vaciar de contenido cualquier futura sentencia. Es una maniobra legislativa para desactivar este control judicial.

Desde Podemos no podemos ser cómplices de este atropello. Apoyamos el cribado neonatal, pero nos negamos a que se utilice la salud de la infancia como mero pretexto mientras se blindan los beneficios opacos de las grandes farmacéuticas. La sanidad pública no es un mercado de transacciones opacas, sino un derecho que debe gestionarse con luz y taquígrafos. Votamos en contra porque la democracia exige que sepamos cuánto pagamos por lo que es de todos y de todas, y porque no aceptamos que la política sanitaria se dicte bajo cláusulas de confidencialidad impuestas por el poder corporativo.

Revista 49, Junio – Julio 2026

Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo.

Inspector farmacéutico del SNS jubilado. Vicepresidente de la AAJM. Exjefe de Área de Farmacia del Sescam.

El 25 de junio asistimos a la última intentona del Ministerio de Sanidad para blindar por Ley el secreto del precio de los medicamentos que paga el Estado a los laboratorios farmacéuticos, aprovechando esta vez una norma sobre cribado neonatal. Y como en toda tropelía que se precie, se justifica por nuestro bien y por el del SNS y su urgencia por tratarse de un caso de fuerza mayor (el riesgo, inventado, de desabastecimientos y los supuestos retrasos en la comercialización de los medicamentos por las políticas de Donald Trump).

Que es un caso de fuerza mayor, para mí es evidente: en España Farmaindustria hace lo que le da la gana con este Ministerio de Sanidad al servicio del más fuerte, para el que se me han acabado los calificativos con los que describirlo y que aún tienen la desvergüenza de poner como pantalla la cara de Trump para ocultar las de los lacayos.

Para quien no sepa de lo que va la cosa, y para todos los predispuestos a creer que Trump es culpable de todo lo que le culpen, que son multitud, el argumento desde luego que es contundente, pero en este caso es absolutamente falso, porque es imposible evitar que Tump conozca, si quiere, el precio que se paga en las facturas de compra de medicamentos en todos los hospitales del SNS. Sólo nos roban ese derecho de transparencia a los ciudadanos, para regocijo y provecho de las multinacionales farmacéuticas que llevan años reclamándolo, porque como es de sobra conocido, se mueven a su antojo pescando en las redes oscuras.

La decepción con este Ministerio de Sumar, no ha podido ser más honda: 

Se estrenaron con el infumable Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, que nos dijeron que era herencia recibida, aborrecieron Revalmed y los IPTs que eran la pesadilla de Farmaindustria, han parido un modelo de evaluación alternativo a imagen y semejanza de los intereses de Farmaindustria y los economistas de la salud que pueblan sus consultoras y viven de sus migajas y que debe provocar un orgasmo a Farmaindustria cada vez que lo lee.

Ahora nos presentan un proyecto de RD de financiación y precios que se olvida de los costes mientras arropa la fijación del precio con todas las formas imaginables para cuantificar el valor, que ya declara la confidencialidad del precio, de ahí la urgencia de que una ley lo ampare, que generaliza los precios notificados a todos los medicamentos cuando se dispensen fuera de la financiación pública, es decir que si lo compramos con una receta privada, van a poder cobrarnos un PVP más caro que si lo compramos con una receta del SNS, que los famosos  precios dinámicos son de vida efímera, hasta la incorporación de la agrupación homogénea al SPR, o sea un nanenino que diría mi madre, que nada se sabe del umbral de bajada del precio inicial de los medicamentos competidores (y la Ministra diciendo que vamos a ahorrar 1.600 millones en los próximos cinco años), que los medicamentos genéricos se renombran como medicamentos competidores, que a la vista del articulado lo serán, competirán en todo menos en precios, y finalmente, que es tan complejo y minucioso en su redacción, especialmente en todo lo que más interesa a la industria, que estoy convencido que las tres cuartas partes del texto, si no más, lo han elaborado ellos. 

Y ya nos amenazan con llevar en julio la Ley del medicamento al Congreso, porque visto lo que conocimos en información pública y lo que están haciendo con lo demás, la posibilidad de que Farmaindustria imponga sus intereses y gane por goleada es prácticamente segura.

Y eso en menos de tres años.

Jamás imaginé que el Ministerio de Sanidad, en el que Farmaindustria siempre se ha movido como si fuera su casa, pudiera hacer tanto daño al SNS y a los ciudadanos en materia farmacéutica y con el precio de los medicamentos.

Y después volverán a camuflar a sus peones detrás de una pancarta simulando defender la sanidad pública, volverán a culpar a las maniatadas CCAA del aumento desbocado del gasto farmacéutico y a reclamar más y más financiación para poder pagarlo, en una espiral que conduce inevitablemente a la asfixia económica del SNS, al descontento de los profesionales, a la huida de los ciudadanos (que pueden) hacia la sanidad privada por las esperas inhumanas a las que se los somete por la escasez de recursos que roba el precio por valor de los medicamentos (con tendencia al infinito) y finalmente a la privatización del sistema sanitario.

Y cuando eso llegue, no seré yo quien levante la voz. El momento es ahora que el latrocinio está en marcha, pero aún no plenamente consumado, y los responsables tienen nombre y apellidos.

• Cuando el dinero público financia decisiones opacas, la salud pública empieza a decidirse a puerta cerrada.

Revista 49, Junio – Julio 2026

Juan José Rodríguez Sendín.

Médico de familia. Vocal de la AAJM y de la Comisión Nacional de la OMC. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOM de Toledo, expresidente de la OMC y de la AAJM.

La opacidad en el gasto público sanitario, y especialmente en el gasto farmacéutico, no es un problema técnico ni menor: deteriora el acceso a medicamentos y vacunas, favorece desigualdades entre ciudadanos y convierte el dinero público en un terreno demasiado cómodo para intereses privados.

Lo más alarmante no es solo la falta de transparencia, sino la naturalidad con la que se acepta. La política, las administraciones y buena parte del ámbito profesional parecen resignados ante una opacidad que alimenta la insatisfacción crónica del sistema sanitario y hace imperceptible la corrupción.

Resumen ejecutivo

Este documento denuncia el intento de blindar legalmente el secreto sobre los precios y condiciones de financiación de los medicamentos pagados con dinero público. La iniciativa, impulsada por PSOE, Sumar y PP denunciada por Civio, no corrige la opacidad existente: la convierte en regla. Y lo hace en un momento especialmente delicado, cuando varias organizaciones, tras el largo proceso que dura varios años, esperábamos que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre si esos precios deben ser públicos.

La cuestión no es menor ni meramente administrativa. En un sistema sanitario financiado por todos, ocultar cuánto se paga por medicamentos de alto impacto económico impide comparar precios, detectar sobrecostes, evaluar la eficiencia del gasto y garantizar igualdad de acceso entre territorios. La opacidad no solo dificulta el control democrático: crea las condiciones para una corrupción estructural sin necesidad de delito visible.

Los datos muestran la magnitud del problema. La AIReF evaluó en 2018 un gasto de 6.613 millones de euros en farmacia hospitalaria del SNS y advirtió de una trayectoria creciente que exige mejores mecanismos de evaluación, compra y revisión de precios. Al mismo tiempo, terapias como Kymriah, Yescarta, Luxturna o Zolgensma alcanzan precios máximos que van desde cientos de miles hasta alrededor de dos millones de euros por paciente. Precisamente donde mayor es el impacto económico, social y ético mayor debería ser la transparencia. Pues ocurre al revés.

El texto sostiene que la confidencialidad beneficia sobre todo a quien controla la información: la industria farmacéutica. Si los precios reales, los descuentos y las condiciones de financiación permanecen ocultos, el sector público negocia a ciegas, los órganos de control no pueden valorar adecuadamente los resultados y la ciudadanía queda obligada a confiar a ciegas sin poder verificar.

La conclusión política es contundente: resulta inaceptable que izquierda y derecha encuentren acuerdo para proteger el secreto farmacéutico y no lo hagan con la misma determinación en asuntos esenciales como listas de espera, atención primaria, dependencia, salud mental, vivienda o financiación autonómica. También resulta alarmante el silencio de fuerzas sociales, sanitarias, médicas y profesionales ante una decisión que condicionara el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, el documento reclama retirar cualquier intento de blindar legalmente la opacidad, publicar información suficiente sobre los precios reales financiados con dinero público y abrir un debate parlamentario, sanitario y social transparente. La salud pública no puede decidirse a puerta cerrada.

Cuando el precio público deja de ser público

La corrupción no siempre aparece como delito evidente. También surge cuando la ausencia de información permite decisiones ineficientes, desigualdades injustificadas y pérdida de recursos públicos sin posibilidad real de control. Este fenómeno es especialmente visible en la fijación y compra de medicamentos financiados con fondos públicos. Un mismo medicamento innovador puede tener precios muy distintos entre países, comunidades autónomas e incluso hospitales, no por razones clínicas o epidemiológicas, sino por acuerdos confidenciales, descuentos opacos y mecanismos de devolución no publicados.

Transparencia, gasto público y control democrático

La transparencia del gasto público permite conocer, comparar y evaluar las decisiones públicas. Sin información accesible, el control parlamentario, judicial, periodístico y ciudadano se vuelve solo aparente e insuficiente. Cuando el precio de un bien financiado con dinero público solo lo conocen unos pocos negociadores, se rompe el equilibrio entre poder y control. No solo puede ocultarse la corrupción penal: también se hace imposible detectar, comparar y corregir el despilfarro.

El modelo europeo combina transparencia en la autorización de medicamentos con opacidad en la financiación y fijación de precios. Al no exigirse la publicación de los precios netos reales, se han generalizado acuerdos confidenciales que favorecen a las compañías farmacéuticas, debilitan la equidad y generan precios más altos, desiguales e injustificables desde el interés general. El resultado es difícil de defender: dinero público, decisiones públicas y beneficios privados bajo una capa de secreto y corruptelas.

Descentralización sanitaria y multiplicación de la opacidad

En España, una vez que el Ministerio de Sanidad y la Comisión Interministerial de Precios fijan las condiciones generales de financiación, las comunidades autónomas gestionan el gasto farmacéutico real. Como consecuencia, el precio final de un medicamento hospitalario puede variar según los acuerdos de cada comunidad autónoma, hospital o procedimiento de compra. Si un hospital público no sabe cuánto paga otro por el mismo producto, resulta muy difícil detectar sobreprecios, abusos o ineficiencias. No hace falta que exista corrupción penal para que el sistema produzca efectos nocivos. Basta con carecer de mecanismos de comparación y auditoría real para que el gasto público se vuelva estructuralmente ineficiente y vulnerable a corruptelas.

Surge así una corrupción estructural sin delito:laopacidad genera sobreprecios no detectables, asimetrías de información y una negociación pública debilitada frente a actores privados con información global. Los órganos de control pueden revisar procedimientos, pero no valorar si los resultados económicos son razonables. Además, la falta de transparencia agrava las desigualdades territoriales: el lugar de residencia puede condicionar el acceso efectivo a tratamientos financiados con fondos comunes. También se erosiona la confianza institucional cuando la ciudadanía percibe que no se sabe cuánto cuesta lo público. En ausencia de información verificable, la opacidad acaba siendo percibida como una forma de corrupción sistémica.

El falso dilema entre transparencia y confidencialidad

Uno de los argumentos habituales para defender la confidencialidad es que la transparencia impediría negociar descuentos. Pero esa explicación exige demasiada fe y no ofrece ninguna prueba sólida. De hecho, si el sistema fuera tan beneficioso para lo público, debería poder demostrarlo con datos verificables. Lo que sí parece evidente es que la confidencialidad beneficia a quien controla la información y deja al sector público negociando a ciegas con dinero de todos. Se nos pide aceptar que el secreto protege al ciudadano, cuando en realidad protege ante todo la posición negociadora y comercial de las compañías y su capacidad de persuasión empleando las corruptelas.

En experiencias pasadas, la financiación acelerada de algunas vacunas o medicamentos se ha visto favorecida por condiciones especiales ofrecidas a determinadas comunidades autónomas, que actuaban como catalizador sobre las demás. Cuando una comunidad obtenía antes un producto, o lo conseguía en condiciones aparentemente más ventajosas, el resto quedaba sometido a una presión inmediata: aceptar el acuerdo para no generar un agravio comparativo entre sus ciudadanos. Ese mecanismo, ya problemático con información parcial, se vuelve mucho más grave si la opacidad se blinda por ley.

A partir de ahora, cualquier nuevo medicamento o vacuna con precio abusivo, beneficio clínico incierto o indicaciones de dudosa eficacia podrá apoyarse en esa misma lógica, pero con una ventaja añadida: ni siquiera se conocerán las condiciones reales de financiación. El secreto permitirá presentar la demora como insensibilidad administrativa o retraso injustificado, ocultando que tal vez se esté negociando contra precios desproporcionados, evidencias débiles o exigencias comerciales inaceptables para un sistema público. Así, la opacidad no solo protege el precio; también protege la estrategia de presión.

Sin transparencia no hay equidad. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino una condición para la eficiencia, la justicia y la legitimidad democrática. Un sistema que no permite conocer ni comparar sus precios renuncia al control real del gasto. También impide reducir asimetrías de información, fortalecer la negociación pública, detectar sobrecostes, garantizar mayor igualdad territorial, reforzar la confianza en el sistema sanitario y prevenir la corrupción.

Resulta especialmente preocupante que todos estos riesgos —ineficiencia, desigualdad, sobrecostes y corruptelas— puedan quedar amparados por una decisión legislativa permanente. No hablamos de una excepción puntual ni de una medida provisional, sino de la posibilidad de convertir el secreto en regla estable dentro de un ámbito financiado con dinero público. Que una reforma de esta trascendencia pueda introducirse a través de una enmienda en una ley de cribado neonatal añade, además, una sombra política difícil de justificar: si la medida es tan razonable, ¿por qué no se debate de forma abierta, directa y monográfica?

Por eso la pregunta política es inevitable: ¿cómo es posible que izquierda y derecha, tantas veces incapaces de alcanzar acuerdos sólidos en materias de máximo interés para la ciudadanía —listas de espera, atención primaria, dependencia, salud mental, vivienda o financiación autonómica— encuentren sin embargo un terreno común cuando se trata de favorecer, directa o indirectamente, las pretensiones de la industria farmacéutica? La coincidencia resulta difícil de explicar cuándo lo que está en juego no es un privilegio menor, sino la transparencia del gasto sanitario, la equidad territorial y la capacidad del Estado para defender el interés general frente a intereses económicos muy poderosos.

Y aún cabe una tercera reflexión: ¿cómo es posible que otras fuerzas políticas, sociales, sanitarias y médicas no levanten la voz con mayor firmeza ante una decisión que va a condicionar, directa o indirectamente, el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud? Colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos sanitarios, organizaciones de pacientes y gestores públicos deberían exigir explicaciones claras. Porque el silencio, en este caso, no es neutral: callar ante la opacidad equivale a aceptar que las decisiones sobre medicamentos, precios y acceso puedan tomarse lejos del escrutinio público, precisamente en uno de los espacios donde más necesaria resulta la vigilancia democrática.

Conclusión: lo que no se conoce, no se puede gobernar

La falta de transparencia convierte la impunidad en normalidad porque oculta decisiones, procesos y usos de recursos públicos. Cuando quienes ostentan poder político, económico o institucional no rinden cuentas, las normas dejan de ser límites reales y se reducen a formalidades. Pero cuando esa opacidad se blinda por ley, el problema cambia de naturaleza: ya no estamos ante una carencia administrativa, sino ante una decisión política deliberada.

La transparencia no elimina por sí sola la corrupción ni el despilfarro, pero su ausencia los normaliza, los invisibiliza y los hace más probables. En un contexto de presión creciente sobre el Sistema Nacional de Salud, mantener la opacidad equivale a renunciar deliberadamente a uno de los instrumentos más eficaces de defensa del interés general.

Por eso este debate no puede reducirse a una cuestión técnica ni esconderse tras el lenguaje frío de los expedientes administrativos. Lo que está en juego es mucho más profundo: quién controla el dinero público, quién se beneficia de su falta de control y quién responde ante los ciudadanos cuando el secreto se impone sobre la rendición de cuentas.

El silencio casi generalizado de los medios de comunicación y la débil respuesta de los sectores implicados —políticos, sanitarios, profesionales y sociales— permiten sospechar que una parte de la sociedad está anestesiada. Hemos normalizado que decisiones de enorme impacto público se adopten con escaso debate, poca transparencia y demasiada deferencia hacia intereses privados. Y ahí reside la verdadera gravedad del asunto: si aceptamos que el precio de lo público sea secreto, acabaremos aceptando también que la salud pública pueda decidirse a puerta cerrada.

Porque una democracia que no puede saber cuánto paga por la salud de sus ciudadanos tampoco puede asegurar lo que decide en nombre de ellos. Luego no es una democracia, es un simulacro democrático que engaña a una mayoría.

Por eso es imprescindible exigir, sin ambigüedades, la retirada de cualquier intento de blindar legalmente la opacidad, la publicación de información suficiente sobre los precios reales financiados con dinero público y un debate parlamentario, sanitario y social abierto sobre el modelo de financiación de medicamentos. No basta con indignarse en privado ni con lamentar el deterioro del sistema: hay que reclamar explicaciones, responsabilidades y transparencia efectiva. El Sistema Nacional de Salud no puede defenderse en silencio. Mientras, la sociedad duerme plácidamente cumplamos cada uno con nuestro deber.

Revista n.º 48 de Mayo 2026

– La Comisión Europea (CE) ha aprobado un límite máximo arancelario del 15% para la mayoría de las exportaciones de la UE a EE.UU. Esta norma corresponde a la obligación de desbloquear el acuerdo político del pacto comercial entre Úrsula Von der Leyen y Donald Trump.

La norma se someterá a votación en la sesión plenaria de junio (del 15 al 18 de junio) y posteriormente en el Consejo para su aprobación. En la norma se incluyen los productos farmacéuticos.

¿Cuál ha sido la reacción de la industria farmacéutica europea?

Ya en agosto de 2025, la patronal de la industria farmacéutica innovadora en Europa (EFPIA) declaró su desacuerdo con el Acuerdo Marco Conjunto entre la Comisión Europea y Estados Unidos, ahora desbloqueado, que incluye la imposición de un arancel del 15 % sobre los productos farmacéuticos. Estiman que la repercusión del coste de los aranceles del 15% sobre las exportaciones farmacéuticas europeas a EE.UU. alcanzará los 18.000 millones de euros y avisaban a la UE: ” Instamos a la UE y a los Estados miembros a garantizar exenciones para medicamentos innovadores a fin de proteger a los pacientes y garantizar la competitividad de la industria farmacéutica de la UE».

En un artículo de El economista.es, desde la perspectiva de la industria farmacéutica, exponían las dificultades a corto plazo, de las farmacéuticas europeas. En un texto de esclarecedora lectura explicaban: “afrontan un escenario especialmente delicado: sus ingresos están fuertemente condicionados por acuerdos de precios de largo plazo con los sistemas nacionales de salud, lo que limita su capacidad de trasladar el coste de los aranceles al precio final de los medicamentos. Esto significa que muchas compañías deberán absorber el impacto en sus márgenes, comprometiendo recursos que habitualmente se destinan a investigación y desarrollo”.

Un final de texto con el lenguaje habitual de la BigPharma. Evidentemente no plantean la necesidad de moderar, aunque fuera débilmente, sus enormes beneficios

https://es.euronews.com/my-europe/2026/05/20/la-ue-aprueba-un-acuerdo-comercial-con-eeuu-pese-a-la-incertidumbre-transatlantica

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13513399/08/25/el-acuerdo-de-aranceles-con-eeuu-costara-18000-millones-a-la-industria-farmaceutica-europea.html

– Tahir Amin, ha publicado en mayo en EE.UU. su último libro: “Pharma Monopoly: The Battle for the Future of Medicines” (coautor con Rohit Malpani) Amín, bien conocido y, apreciado por los lectores de AJM es fundador de Iniciativa para Medicamentos, Acceso y Conocimiento (I-MAK), organización sin fines de lucro que trabaja para abordar las desigualdades en el desarrollo y distribución los medicamentos.

En una entrevista con motivo de la presentación del libro Tahir Amín afirmaba: “Lo que vimos jugar durante la COVID fue realmente un sistema de apartheid, que no solo sucede con medicamentos que no llegan a la gente en el Sur Global, sino que en realidad también sucede aquí en los Estados Unidos e incluso en Europa, en los países más ricos, donde muchas personas no pueden pagar sus medicamentos.”

Y continúa señalando como durante la pandemia de COVID había una cantidad enorme de gente que no recibió ni siquiera una dosis, aproximadamente 2.200 millones de personas en el momento en que se anunció oficial del fin de la pandemia.

La lectura del libro será sin duda apasionante. (En esta revista incluimos un artículo excelente del autor) .www.politybooks.com mayo 2026

OTRAS FUENTES. Revista 48 de Mayo 2026.

Salud por Derecho.

26-05-2026. https://saludporderecho.org/salud-por-derecho-considera-insuficiente-el-nuevo-real-decreto-de-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias/

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En el Boletín oficial del Estado se ha publicado el día 29 de mayo el Real Decreto 415/2026, de 27 de mayo, por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias

{texto disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2026/05/29/pdfs/BOE-A-2026-11587.pdf )

En este artículo Salud Por derecho analiza el planteamiento del RD en específica referencia a la necesidad de incluir en el texto, de forma detallada, las subvenciones públicas, tanto nacionales como internacionales, los incentivos fiscales recibidos a lo largo del proceso de investigación, así como la necesidad de conocer los costes en cada fase de desarrollo de la investigación. Por estas consideraciones Salud Por derecho concluye queel planteamiento del RD es insuficiente.

El texto por ejemplo señala de forma relevante, como «según datos de la OCDE, la proporción de incentivos fiscales en relación con las asignaciones presupuestarias públicas globales para I+D en todos los sectores puede ascender a más del 30% en algunos países de la UE»

Otro elemento de singular valor del artículo es su reclamación para que los informes de evaluación incluyan también los datos sobre los periodos de exclusividad de mercado bajo patentes o mediante los medios adicionales de exclusividad del mercado, certificados de protección, etc.

Este texto de Salud por Derecho merece ser leído con atención y debía ser considerado y valorado por la claridad y la solidez de su argumentación por el MS en una rectificación oportuna del texto de RD publicado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), una norma que regulará cómo se evalúan medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías antes de su incorporación, financiación o reembolso en el Sistema Nacional de Salud. El decreto adapta el marco español al Reglamento Europeo de ETS y establece una metodología común para informar las decisiones públicas sobre precio y financiación.

Desde Salud por Derecho valoramos positivamente que el texto final del Real Decreto mantenga, como se ha anunciado, la obligación de que los desarrolladores aporten información sobre fuentes de financiación, así como sobre los costes de producción y desarrollo necesarios para los análisis económicos. Valoramos que esta cláusula se haya conservado, ya que fue una demanda que defendimos durante la elaboración del borrador y consideramos imprescindible para contar con una imagen real del escenario sobre el que se toman las decisiones de precio y financiación.

Sin embargo, a falta de conocer el texto final, consideramos que el planteamiento es insuficiente, como venimos alertando desde el inicio de su redacción. Por ello, reiteramos nuestra demanda de un desarrollo exhaustivo que obligue a detallar, de forma clara y verificable, los incentivos fiscales recibidos, las subvenciones públicas de origen nacional e internacional, y un desglose de costes por cada fase del desarrollo, desde la investigación básica hasta los estudios post comercialización.

La realidad de la inversión pública en I+D en Europa muestra que el apoyo financiero indirecto, en particular los incentivos fiscales y los periodos de exclusividad, son una de las principales políticas para fomentar la inversión en I+D.

Según datos de la OCDE, la proporción de incentivos fiscales en relación con las asignaciones presupuestarias públicas globales para I+D en todos los sectores puede ascender a más del 30% en algunos países de la UE. La información, además, debe desglosarse por fase para comprender las actuales cadenas de innovaciones y su dinamicidad, en los que las distintas fases tienen costes y riesgos diferentes, estando el sector público más presente en las fases de mayor riesgo.

Finalmente, reclamamos que los informes de evaluación incluyan información sobre los periodos de exclusividad de mercado, como patentes o protección de datos, dado que estos influyen directamente en la fijación de precios. Saber el periodo efectivo de monopolio (definido como la suma de todo el tiempo de protección de la propiedad intelectual que otorgan tanto el sistema actual de patentes como los certificados de protección complementarios, más la suma de todos los tiempos de protección regulatoria relacionados con la protección de datos o de mercado), es necesario para hacer una evaluación del impacto económico y su proyección para los próximos años.

“Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Sin conocer la financiación indirecta, incluidos los beneficios fiscales, así como la duración efectiva de los periodos de monopolio, la transparencia que promete el decreto queda a medias y seguiremos negociando sin datos que son esenciales”, asegura Jaime Manzano, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho.