Revista Nº 26 ENERO 2024
AUTOR: Carlos Sánchez Mato
Responsable de elaboración programática de Izquierda Unida. Profesor de Economía Aplicada,
Estructura e Historia. Universidad Complutense de Madrid.
Soy diabético tipo I desde hace 32 años. Gracias a la sanidad pública tengo una calidad de vida muy buena gracias a la insulina de la que dependo, con una aportación reducida y a un coste muy razonable en relación con los ingresos que percibo y a la bomba de insulina que me proporciona sin pagar nada a cambio. Es decir, como paciente crónico que me beneficio de prescripciones financiadas, me toca abonar el 10% del PVP+IVA con una cuantía máxima ligeramente superior a los 4 euros por envase de insulina y 0 euros por la bomba de insulina y el material fungible necesario para facilitarme el día a día.
Como podéis ver, el coste aplicado por las compañías farmacéuticas por facilitar los medios que me permiten disfrutar de una vida saludable asciende a 441 euros mensuales (casi 5.300 euros anuales). Gracias a la financiación pública proporcionada por la Seguridad Social, el coste para mí únicamente es el 2% de esa cantidad. Sin ella, a lo largo de mis 32 años como enfermo crónico habría tenido que hacer frente de forma individual a casi 170.000 euros. Es evidente que la solidaridad a la hora de abordar las enfermedades crónicas ha sido crucial para que mi vida sea mejor. Y de forma general, ese es un elemento fundamental que explica el elevado grado de adhesión de las personas pacientes a los tratamientos y que las complicaciones derivadas de la diabetes mellitus tengan una incidencia mucho menor que las que se dan en otros países.
Pero que, a las personas enfermas, especialmente a quienes somos crónicos, nos salga mucho más barato el tratamiento, no debería hacernos olvidar la realidad que hay detrás de las bambalinas y es que las empresas facturan a precios muy altos esos elementos esenciales para la vida. En mi caso, hay dos empresas que me proporcionan los medicamentos y útiles. Son dos grandes multinacionales como Novo Nordisk y Medtronic.
Novo Nordisk aumentó un 16% su beneficio en 2022, hasta 7.400 millones de euros (31,1% de beneficio neto sobre ventas) después de ingresar 23.787 millones de euros con un incremento del 25,7% en comparación con 2021. Del total de ingresos, el 79% proceden de la venta de productos para el tratamiento de la diabetes, lo que se traduce en 18.759 millones de euros, segmento en el que Novo Nordisk cuenta con una cuota de mercado del 31,9%, 1,8 puntos más que en 2021. En 2023 a Novo Nordisk tampoco le fue mal porque registró un beneficio neto de 8.270 millones hasta septiembre, un 47% más. Supone disparar su rentabilidad sobre ventas hasta el 37,6%. En concreto, la farmacéutica danesa ha registrado unos ingresos superiores a los 22.000 millones de euros en el tercer trimestre del ejercicio, un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta cifra también han tenido un gran peso las ventas de productos orientados a la diabetes, que han aumentado un 21%, hasta los 16.534 millones de euros.
Por su parte, en 2023 Medtronic facturó 28.700 millones de euros con un aumento del 2,1% de forma orgánica (sin impacto de cambios de moneda). De estos ingresos, el 7,5% correspondería a productos relacionados con la diabetes. El beneficio neto ascendió a 3.460 millones de euros, un 12% de las ventas.
La cara de la moneda facilita que millones de personas en nuestro país nos beneficiemos del sistema público de solidaridad.
La cruz es que se hace a costa de pagar entre todas y todos la factura elevadísima que nos presentan las grandes corporaciones a ese sistema público que les genera obscenos beneficios. Esto lastra la capacidad de las administraciones públicas de mejorar la universalidad de los tratamientos y la eficiencia económica de los mismos. El gasto farmacéutico hospitalario y el realizado en productos sanitarios y farmacéuticos con recetas en España ascendía hasta noviembre de 2023 a 21.121 millones de euros, un crecimiento del 6,1% interanual.
Especialmente agudo es el incremento del gasto farmacéutico hospitalario en 2023, que asciende al 9,6%, rubro este que se añade al experimentado entre 2014 y 2022, que fue del 70,8% como ha denunciado repetidamente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Con los criterios explicitados por Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research [1] estimo que, en 2023, descontando la inversión en I+D realizada en España por la industria farmacéutica que en 2022 fue ligeramente inferior a los 1.400 millones de euros, el sobrecoste que sufren las Administraciones Públicas se situará en cifras muy cercanas a los 10.000 millones de euros. Para que las personas que nos leen puedan ser conscientes de la magnitud de este exceso de precio, supone siete veces lo dedicado a investigación por las empresas farmacéuticas del sector en nuestro país o más del triple de lo destinado al Ingreso Mínimo Vital en el mismo ejercicio.
¿Y por qué pagamos una burrada de dinero adicional por los medicamentos?
Es evidente que las grandes compañías farmacéuticas tienen un enorme poder de mercado que les permite fijar precios elevados de los medicamentos gracias a que operan con ventaja en situación de monopolios u oligopolios y por los derechos de propiedad que les otorgan las patentes. El sistema de protección de la propiedad intelectual supone una amenaza sanitaria, económica y política para toda la población mundial. En esa situación, las Administraciones Públicas se sientan a la mesa con muy reducida capacidad de negociación a la hora de establecer precios de medicamentos, especialmente en enfermedades especialmente graves que tratan el cáncer, enfermedades inmunitarias, crónicas o las denominadas “raras”. Por eso es imprescindible transformar la realidad en una fase de la fijación de precios muy anterior y cambiar el modelo que actualmente se sigue en la producción de medicamentos. En todo el mundo, y de forma concreta, en nuestro país. Que el precio de estos medicamentos está muy por encima de lo que cuesta realmente su producción es palmario y bastan los ejemplos que he mostrado al principio de este artículo para tomar conciencia de que porcentajes sobre ventas que en muchos casos superan el 37% suponen claramente una sobre retribución para estas corporaciones. Los argumentos en relación con lo costosa que es la investigación se desmontan de forma sencilla porque en los monstruosos beneficios obtenidos ya está descontado el esfuerzo realizado en dicha investigación y, además, la mayor parte de la realizada lo es gracias a las aportaciones de fondos públicos, sobre todo en las primeras y decisivas fases de su desarrollo.
Para revertir la situación urge actuar en el marco general de la Organización Mundial de Comercio y en la propia Unión Europea para subordinar los derechos de propiedad y las patentes en las que se asientan los escandalosos beneficios de las grandes corporaciones farmacéuticas, a los derechos humanos. En ningún caso debe ser la rentabilidad económica de las grandes multinacionales el factor que garantice la provisión de medicamentos, también de las enfermedades que afectan a pocas personas. Y precisamente por eso, no puede dejarse en sus manos. Es la iniciativa pública la que debe tomar las riendas.
Tomar las riendas no es solo “pagar menos”. Supone eliminar el lucro privado, cambiar radicalmente de modelo e incluir la necesaria nacionalización de las empresas existentes para resolver de forma colectiva y planificada las necesidades sociales y evitar desabastecimientos. E investigar mucho más que es la clave para mejorar la vida de la gente. Eso obliga a producir e investigar desde un ente/empresa de carácter público con el único horizonte de la protección de la salud de la ciudadanía y la rentabilidad social. Si cuidamos mejor a la gente, si investigamos para conseguir remedios para lo que no es rentable económicamente a los laboratorios, si llegamos a donde no va a llegar la iniciativa privada, será necesario multiplicar la inversión. Podría ocurrir que, siendo mucho más ambiciosos en todo lo anterior, no ahorremos fondos con la gestión pública planificada. pero es evidente que estaremos en una posición mucho mejor que en la actualidad para garantizar el derecho constitucional a la salud.
¿Y qué hacemos hasta que lleguemos a esa situación?
La normativa actual otorga el monopolio y la exclusividad a las empresas para recuperar las inversiones en investigación con el uso de patentes. Pero las administraciones públicas no han supervisado ni controlado que esas patentes, que suponen precios superiores de los medicamentos, es proporcionado y racional con respecto ala inversión en investigación realizada por las empresas. Y eso ha provocado unos precios desorbitados que, por ejemplo, han permitido que en, medicamentos muy necesarios como los antivirales para la hepatitis C, conseguían una recuperación de la I+D de los mismos en un solo un mes mientras mantienen el monopolio durante veinte años más.
Por ese motivo, hasta que pueda arrebatarse del lucro privado algo tan esencial para la vida humana como la producción y la distribución de medicamentos, hay acciones concretas a nivel del estado español que deben ser implementadas a la menor brevedad posible:
- Creación de una empresa pública farmacéutica que debe planificar un incremento anual de la inversión pública en investigación y desarrollo de productos farmacéuticos para alcanzar en un plazo de 5 años el 3% del PIB.
- Negociación centralizada de precios y establecimientos de precios máximos en los casos en los que se detectan condiciones abusivas por las grandes empresas.
- Modificación de la legislación actual para impedir que se pueda prolongar la duración de las patentes con la excusa de pequeñas modificaciones o combinaciones hasta los denominados certificados complementarios de protección. Las patentes pueden durar 20 años, pero estos certificados permiten prorrogarlas cinco más para intentar compensar todo el proceso de autorización sanitaria que resta tiempo a la comercialización. Hay que anular esas ventajas.
- Eliminación de todos los mecanismos que demoran la entrada de genéricos cuando termina el tiempo de patente de su medicamento. Se trata de perseguir de forma decidida los comportamientos estratégicos de las compañías que restringen o retrasan el incremento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares.
- Realización de compras centralizadas por parte de las Comunidades Autónomas.
- Regulación y sanción de los conflictos de interés que puedan existir entre directivos y profesionales sanitarios y la industria farmacéutica.
En definitiva, hay que acabar con la dictadura de las multinacionales del sector farmacéutico porque la producción de medicamentos no puede estar sujeta a las reglas de mercado. Es ineficiente social y económicamente seguir abordando la provisión de productos esenciales para la vida con mercados en los que el poder de unos pocos condiciona totalmente los precios y el acceso del conjunto de la población a los medicamentos. Y más allá de lo anterior, es suicida ligar la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos a la rentabilidad económica esperada de las grandes corporaciones.
Técnicamente es sencillo. Solamente es cuestión de voluntad política.
Referencias
[1] Gálvez R, Lamata F. Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Fundación Alternativas, 2019, págs. 56 y siguientes.