• Cuando el dinero público financia decisiones opacas, la salud pública empieza a decidirse a puerta cerrada.

Revista 49, Junio – Julio 2026

Juan José Rodríguez Sendín.

Médico de familia. Vocal de la AAJM y de la Comisión Nacional de la OMC. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOM de Toledo, expresidente de la OMC y de la AAJM.

La opacidad en el gasto público sanitario, y especialmente en el gasto farmacéutico, no es un problema técnico ni menor: deteriora el acceso a medicamentos y vacunas, favorece desigualdades entre ciudadanos y convierte el dinero público en un terreno demasiado cómodo para intereses privados.

Lo más alarmante no es solo la falta de transparencia, sino la naturalidad con la que se acepta. La política, las administraciones y buena parte del ámbito profesional parecen resignados ante una opacidad que alimenta la insatisfacción crónica del sistema sanitario y hace imperceptible la corrupción.

Resumen ejecutivo

Este documento denuncia el intento de blindar legalmente el secreto sobre los precios y condiciones de financiación de los medicamentos pagados con dinero público. La iniciativa, impulsada por PSOE, Sumar y PP denunciada por Civio, no corrige la opacidad existente: la convierte en regla. Y lo hace en un momento especialmente delicado, cuando varias organizaciones, tras el largo proceso que dura varios años, esperábamos que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre si esos precios deben ser públicos.

La cuestión no es menor ni meramente administrativa. En un sistema sanitario financiado por todos, ocultar cuánto se paga por medicamentos de alto impacto económico impide comparar precios, detectar sobrecostes, evaluar la eficiencia del gasto y garantizar igualdad de acceso entre territorios. La opacidad no solo dificulta el control democrático: crea las condiciones para una corrupción estructural sin necesidad de delito visible.

Los datos muestran la magnitud del problema. La AIReF evaluó en 2018 un gasto de 6.613 millones de euros en farmacia hospitalaria del SNS y advirtió de una trayectoria creciente que exige mejores mecanismos de evaluación, compra y revisión de precios. Al mismo tiempo, terapias como Kymriah, Yescarta, Luxturna o Zolgensma alcanzan precios máximos que van desde cientos de miles hasta alrededor de dos millones de euros por paciente. Precisamente donde mayor es el impacto económico, social y ético mayor debería ser la transparencia. Pues ocurre al revés.

El texto sostiene que la confidencialidad beneficia sobre todo a quien controla la información: la industria farmacéutica. Si los precios reales, los descuentos y las condiciones de financiación permanecen ocultos, el sector público negocia a ciegas, los órganos de control no pueden valorar adecuadamente los resultados y la ciudadanía queda obligada a confiar a ciegas sin poder verificar.

La conclusión política es contundente: resulta inaceptable que izquierda y derecha encuentren acuerdo para proteger el secreto farmacéutico y no lo hagan con la misma determinación en asuntos esenciales como listas de espera, atención primaria, dependencia, salud mental, vivienda o financiación autonómica. También resulta alarmante el silencio de fuerzas sociales, sanitarias, médicas y profesionales ante una decisión que condicionara el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, el documento reclama retirar cualquier intento de blindar legalmente la opacidad, publicar información suficiente sobre los precios reales financiados con dinero público y abrir un debate parlamentario, sanitario y social transparente. La salud pública no puede decidirse a puerta cerrada.

Cuando el precio público deja de ser público

La corrupción no siempre aparece como delito evidente. También surge cuando la ausencia de información permite decisiones ineficientes, desigualdades injustificadas y pérdida de recursos públicos sin posibilidad real de control. Este fenómeno es especialmente visible en la fijación y compra de medicamentos financiados con fondos públicos. Un mismo medicamento innovador puede tener precios muy distintos entre países, comunidades autónomas e incluso hospitales, no por razones clínicas o epidemiológicas, sino por acuerdos confidenciales, descuentos opacos y mecanismos de devolución no publicados.

Transparencia, gasto público y control democrático

La transparencia del gasto público permite conocer, comparar y evaluar las decisiones públicas. Sin información accesible, el control parlamentario, judicial, periodístico y ciudadano se vuelve solo aparente e insuficiente. Cuando el precio de un bien financiado con dinero público solo lo conocen unos pocos negociadores, se rompe el equilibrio entre poder y control. No solo puede ocultarse la corrupción penal: también se hace imposible detectar, comparar y corregir el despilfarro.

El modelo europeo combina transparencia en la autorización de medicamentos con opacidad en la financiación y fijación de precios. Al no exigirse la publicación de los precios netos reales, se han generalizado acuerdos confidenciales que favorecen a las compañías farmacéuticas, debilitan la equidad y generan precios más altos, desiguales e injustificables desde el interés general. El resultado es difícil de defender: dinero público, decisiones públicas y beneficios privados bajo una capa de secreto y corruptelas.

Descentralización sanitaria y multiplicación de la opacidad

En España, una vez que el Ministerio de Sanidad y la Comisión Interministerial de Precios fijan las condiciones generales de financiación, las comunidades autónomas gestionan el gasto farmacéutico real. Como consecuencia, el precio final de un medicamento hospitalario puede variar según los acuerdos de cada comunidad autónoma, hospital o procedimiento de compra. Si un hospital público no sabe cuánto paga otro por el mismo producto, resulta muy difícil detectar sobreprecios, abusos o ineficiencias. No hace falta que exista corrupción penal para que el sistema produzca efectos nocivos. Basta con carecer de mecanismos de comparación y auditoría real para que el gasto público se vuelva estructuralmente ineficiente y vulnerable a corruptelas.

Surge así una corrupción estructural sin delito:laopacidad genera sobreprecios no detectables, asimetrías de información y una negociación pública debilitada frente a actores privados con información global. Los órganos de control pueden revisar procedimientos, pero no valorar si los resultados económicos son razonables. Además, la falta de transparencia agrava las desigualdades territoriales: el lugar de residencia puede condicionar el acceso efectivo a tratamientos financiados con fondos comunes. También se erosiona la confianza institucional cuando la ciudadanía percibe que no se sabe cuánto cuesta lo público. En ausencia de información verificable, la opacidad acaba siendo percibida como una forma de corrupción sistémica.

El falso dilema entre transparencia y confidencialidad

Uno de los argumentos habituales para defender la confidencialidad es que la transparencia impediría negociar descuentos. Pero esa explicación exige demasiada fe y no ofrece ninguna prueba sólida. De hecho, si el sistema fuera tan beneficioso para lo público, debería poder demostrarlo con datos verificables. Lo que sí parece evidente es que la confidencialidad beneficia a quien controla la información y deja al sector público negociando a ciegas con dinero de todos. Se nos pide aceptar que el secreto protege al ciudadano, cuando en realidad protege ante todo la posición negociadora y comercial de las compañías y su capacidad de persuasión empleando las corruptelas.

En experiencias pasadas, la financiación acelerada de algunas vacunas o medicamentos se ha visto favorecida por condiciones especiales ofrecidas a determinadas comunidades autónomas, que actuaban como catalizador sobre las demás. Cuando una comunidad obtenía antes un producto, o lo conseguía en condiciones aparentemente más ventajosas, el resto quedaba sometido a una presión inmediata: aceptar el acuerdo para no generar un agravio comparativo entre sus ciudadanos. Ese mecanismo, ya problemático con información parcial, se vuelve mucho más grave si la opacidad se blinda por ley.

A partir de ahora, cualquier nuevo medicamento o vacuna con precio abusivo, beneficio clínico incierto o indicaciones de dudosa eficacia podrá apoyarse en esa misma lógica, pero con una ventaja añadida: ni siquiera se conocerán las condiciones reales de financiación. El secreto permitirá presentar la demora como insensibilidad administrativa o retraso injustificado, ocultando que tal vez se esté negociando contra precios desproporcionados, evidencias débiles o exigencias comerciales inaceptables para un sistema público. Así, la opacidad no solo protege el precio; también protege la estrategia de presión.

Sin transparencia no hay equidad. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino una condición para la eficiencia, la justicia y la legitimidad democrática. Un sistema que no permite conocer ni comparar sus precios renuncia al control real del gasto. También impide reducir asimetrías de información, fortalecer la negociación pública, detectar sobrecostes, garantizar mayor igualdad territorial, reforzar la confianza en el sistema sanitario y prevenir la corrupción.

Resulta especialmente preocupante que todos estos riesgos —ineficiencia, desigualdad, sobrecostes y corruptelas— puedan quedar amparados por una decisión legislativa permanente. No hablamos de una excepción puntual ni de una medida provisional, sino de la posibilidad de convertir el secreto en regla estable dentro de un ámbito financiado con dinero público. Que una reforma de esta trascendencia pueda introducirse a través de una enmienda en una ley de cribado neonatal añade, además, una sombra política difícil de justificar: si la medida es tan razonable, ¿por qué no se debate de forma abierta, directa y monográfica?

Por eso la pregunta política es inevitable: ¿cómo es posible que izquierda y derecha, tantas veces incapaces de alcanzar acuerdos sólidos en materias de máximo interés para la ciudadanía —listas de espera, atención primaria, dependencia, salud mental, vivienda o financiación autonómica— encuentren sin embargo un terreno común cuando se trata de favorecer, directa o indirectamente, las pretensiones de la industria farmacéutica? La coincidencia resulta difícil de explicar cuándo lo que está en juego no es un privilegio menor, sino la transparencia del gasto sanitario, la equidad territorial y la capacidad del Estado para defender el interés general frente a intereses económicos muy poderosos.

Y aún cabe una tercera reflexión: ¿cómo es posible que otras fuerzas políticas, sociales, sanitarias y médicas no levanten la voz con mayor firmeza ante una decisión que va a condicionar, directa o indirectamente, el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud? Colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos sanitarios, organizaciones de pacientes y gestores públicos deberían exigir explicaciones claras. Porque el silencio, en este caso, no es neutral: callar ante la opacidad equivale a aceptar que las decisiones sobre medicamentos, precios y acceso puedan tomarse lejos del escrutinio público, precisamente en uno de los espacios donde más necesaria resulta la vigilancia democrática.

Conclusión: lo que no se conoce, no se puede gobernar

La falta de transparencia convierte la impunidad en normalidad porque oculta decisiones, procesos y usos de recursos públicos. Cuando quienes ostentan poder político, económico o institucional no rinden cuentas, las normas dejan de ser límites reales y se reducen a formalidades. Pero cuando esa opacidad se blinda por ley, el problema cambia de naturaleza: ya no estamos ante una carencia administrativa, sino ante una decisión política deliberada.

La transparencia no elimina por sí sola la corrupción ni el despilfarro, pero su ausencia los normaliza, los invisibiliza y los hace más probables. En un contexto de presión creciente sobre el Sistema Nacional de Salud, mantener la opacidad equivale a renunciar deliberadamente a uno de los instrumentos más eficaces de defensa del interés general.

Por eso este debate no puede reducirse a una cuestión técnica ni esconderse tras el lenguaje frío de los expedientes administrativos. Lo que está en juego es mucho más profundo: quién controla el dinero público, quién se beneficia de su falta de control y quién responde ante los ciudadanos cuando el secreto se impone sobre la rendición de cuentas.

El silencio casi generalizado de los medios de comunicación y la débil respuesta de los sectores implicados —políticos, sanitarios, profesionales y sociales— permiten sospechar que una parte de la sociedad está anestesiada. Hemos normalizado que decisiones de enorme impacto público se adopten con escaso debate, poca transparencia y demasiada deferencia hacia intereses privados. Y ahí reside la verdadera gravedad del asunto: si aceptamos que el precio de lo público sea secreto, acabaremos aceptando también que la salud pública pueda decidirse a puerta cerrada.

Porque una democracia que no puede saber cuánto paga por la salud de sus ciudadanos tampoco puede asegurar lo que decide en nombre de ellos. Luego no es una democracia, es un simulacro democrático que engaña a una mayoría.

Por eso es imprescindible exigir, sin ambigüedades, la retirada de cualquier intento de blindar legalmente la opacidad, la publicación de información suficiente sobre los precios reales financiados con dinero público y un debate parlamentario, sanitario y social abierto sobre el modelo de financiación de medicamentos. No basta con indignarse en privado ni con lamentar el deterioro del sistema: hay que reclamar explicaciones, responsabilidades y transparencia efectiva. El Sistema Nacional de Salud no puede defenderse en silencio. Mientras, la sociedad duerme plácidamente cumplamos cada uno con nuestro deber.