AUTOR: Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo. Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Revista nº 5 de septiembre del 2021

Resumen

El acuerdo sobre los ADPIC de Marrakech (1) dinamitó la capacidad que tenían los estados para controlar el precio de los medicamentos y proteger la vida de sus ciudadanos si algún medicamento la podía salvar. Con las patentes rige la ley del más fuerte y cual forajidos del lejano Oeste, las multinacionales farmacéuticas exigen precios cada vez más desorbitados por los nuevos medicamentos, obligando a los estados a elegir entre entregarles la bolsa o la vida. La bolsa en España ya asciende a 90.730 € al año por paciente y para poder pagarla se restringe la accesibilidad, se limitan pacientes o no se financia la ficha técnica completa: de los 93 nuevos medicamentos o indicaciones con patente financiados en los dos últimos años, solo 10 se pueden dispensar libremente con receta en oficinas de farmacia, el 42% tiene limitaciones de pacientes y al 17% no se financian todas sus indicaciones autorizadas.

Entre Hipatia y el acuerdo fúnebre de Marrakech

Si con el asesinato de Hipatia en el siglo V murió el estilo libre de hacer ciencia en la antigüedad (2), con el acuerdo fúnebre de Marrakech del siglo XX, que protege con patente a los medicamentos, está muriendo el modelo de investigación abierta que en medicamentos y salud ha conseguido llevar a la humanidad a niveles de protección inimaginables hace décadas.

En 1993 Kary Mullis recibió el premio Nobel de Química (3) por su descubrimiento de la técnica que marcó un antes y un después en biología: la reacción en cadena de la polimerasa que permite copiar millones de veces un pequeño segmento del genoma.

Su revolucionario descubrimiento permitió leer el genoma humano, ha permitido leer el genoma del Coronavirus o permite detectar mutaciones y diagnosticar trastornos genéticos. Sin la publicación de su descubrimiento la mayoría de los nuevos tratamientos no existirían, no tendríamos las vacunas ARN ni las PCRs para el COVID. Tampoco la mayoría de los medicamentos para las enfermedades raras que se diagnostican en base a variantes genéticas.

Con anterioridad, en 1984 Milstein y Köhle habían recibido el premio Nobel de Medicina después de publicar su método de producción de anticuerpos monoclonales (4). Sin este descubrimiento y sin su publicación para beneficio de la humanidad hoy no tendríamos la mayoría de los nuevos medicamentos que se comercializan en oncología y en otras muchas patologías.

Pero desde el acuerdo de Marrakech es más rentable proteger con patente los avances científicos, como las técnicas que permiten fabricar vacunas ARN y vendérselo a una multinacional farmacéutica, que publicarlo y obtener el reconocimiento de la comunidad científica mundial.

Desde la firma de ese funesto acuerdo, las multinacionales farmacéuticas apenas investigan, sus oteadores rastrean las investigaciones ajenas en universidades y otros centros de investigación básica con potencial terapéutico para comprarlas, hurtando de su conocimiento y utilidad a toda la humanidad.

Si Mullis, Milstein y Köhle hubieran hecho lo que Pfizer y Moderna están haciendo hoy en día con la patente de la tecnología de las vacunas ARN, las muertes por esta pandemia y por un sinfín de otras enfermedades serían mucho más elevadas en todo el mundo.

De este modo las multinacionales farmacéuticas, al apropiarse del conocimiento y vender sus medicamentos bajo patente a precios que no puede pagar la mayor parte de la población del planeta, han convertido a las patentes de los medicamentos en la principal causa de muerte evitable del mundo y en un problema global para la salud en general y para la salud pública en particular, como estamos viviendo en la pandemia del COVID. Y al acuerdo sobre los ADPIC de Marrakech, aplicado a los medicamentos, en el acuerdo civil más letal de la historia de la humanidad.

Y en este escenario, las multinacionales farmacéuticas nos hacen bailar al son de su marcha fúnebre y con sus cantos de sirena hacen creer a los ciudadanos de los países ricos que el funeral no es por ellos. Pero eso también es falso.

Bailando con lobos

Tras los acuerdos fúnebres de Marrakech en 1994 y protegidos ya en todo el mundo los medicamentos con el escudo de las patentes, el sistema tradicional de autorización de precios basado en la valoración de costes, que se aplicaba a los medicamentos financiados con fondos públicos era un obstáculo para las multinacionales farmacéuticas: había que mutar el precio por coste de producción a un precio por valor terapéutico e imponerlo a nivel internacional. Y las Autoridades Sanitarias, por acción u omisión, comenzaron a comprar la idea.

En 1999 en Inglaterra se crea el NICE (5) que comienza a hacer estudios de coste/eficiencia del sistema sanitario, incluidas las terapias farmacoterapéuticas y a aplicar conceptos nuevos como años de vida ganados, coste/eficiencia incremental o QALYs, para optimizar la asignación de los recursos públicos, que son limitados, y obtener más valor social con el mismo gasto. Y en 2002 puso precio a la eficiencia: hasta 30.000 £ por año de vida ajustado por calidad (6).

Para cualquier empresa, la piedra filosofal de su negocio es conocer la disponibilidad a pagar de sus clientes, para poder fijar el máximo precio a sus productos y que se los compren: si se pasa no los vende y pierde su dinero, si se queda corto deja de ganar un dinero que podría haber ganado. El NICE había desvelado cuál era su disponibilidad a pagar para recomendar tratamientos.

Las multinacionales farmacéuticas necesitaban un referente internacional para su mutación y no pudieron encontrar un mejor aliado para sus objetivos que el NICE y su enorme disponibilidad a pagar. Con ese referente consiguieron que en España y en el resto de Europa dejara de hablarse del coste de los nuevos medicamentos para centrase en su valor terapéutico.

Pero es bien conocido que cuando el lobo ataca un rebaño no se conforma con una sola oveja, quiere el rebaño entero.

También sabe el lobo que la disponibilidad a pagar por su vida de quien puede pagar por ella no tiene más límite que su propia fortuna y que en los países más ricos esa fortuna se llama Presupuestos Generales del Estado. Y así hemos pasado de las 30.000 £ de entonces al 1.925.000 € con que se ha financiado en 2021 en España el llamado “medicamento más caro del mundo” (7).

¿Cuál es su mérito? (que lo tiene): que cura al paciente. Como la amoxicilina, que también cura y cuesta 3 euros. O como la tiroxina, que mantiene con vida a miles de personas, incluido quien esto escribe, por 19 €/año.

Por suerte para la humanidad, la tiroxina, casi todos los antibióticos y la mayoría de las actuales vacunas son medicamentos anteriores a los acuerdos fúnebres de Marrakech. De lo contrario el coste en vidas humanas por sus precios prohibitivos habría sido inimaginable.

La gallinita ciega

En este escenario a las multinacionales farmacéuticas les interesa mantener la ficción de que el precio de los nuevos medicamentos protegidos por el escudo de las patentes que financia la sanidad pública, lo deciden los Estados.

En España en concreto, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) (8) que cada mes hace de gallinita ciega para la fijación del precio de los nuevos medicamentos protegidos por patente (NNMM) que la industria farmacéutica desea financiar.

El “juego” consiste en que el laboratorio propone para su medicamento un precio sonda disparatado, y la CIMP debe adivinar, a ciegas, el precio inflacionario (9) que realmente quiere conseguir. Cuando lo acierta, el laboratorio da su conformidad, se llega a un acuerdo y lo autoriza.

Con frecuencia se prolonga, porque la CIMP no es capaz de adivinarlo a la primera y necesita más tiempo para conseguirlo, entonces lo deniega y gana 6 meses. Y si cuando se van a agotar los seis meses sigue sin adivinarlo, el laboratorio puede acceder a concederle una “parada de reloj” si cree que aún tiene posibilidades de adivinar el precio que desea conseguir.

A veces, pese a todo no consigue adivinarlo y se termina con el medicamento sin financiar, lo que puede parecer una mala noticia para el laboratorio. Pero si se trata de un medicamento realmente útil para algún paciente que lo necesite, el SNS terminará pagándolo al precio disparatado que exigía el laboratorio, adquiriéndolo como medicamento extranjero por un procedimiento más engorroso para el paciente.

En la tabla 1 se muestra el resumen de las decisiones de la CIMP para los NNMM y de las nuevas indicaciones terapéuticas (NNII) de medicamentos protegidos por patente entre mayo de 2019 y mayo de 2021 (10).

Tabla 1: Decisiones de la CIMP entre mayo de 2019 y mayo de 2021

Decisiones	Nuevos medicamentos con Patente	Nuevas Indicaciones	Total
Resoluciones	76	49	125
Autorizaciones totales	63	30	93
Autorizaciones en primera instancia	39	22	61
Denegaciones en primera instancia	37	27	64
Autorizaciones tras alegaciones (*)	24	8	32
Denegaciones confirmadas tras alegaciones (*)	15	7	22

Elaboración Propia

(*) Algunas de este periodo son sobre denegaciones anteriores.

Ha autorizado 63 NNMM y 30 NNII de medicamentos con patente. El 38% de los NNMM autorizados habían sido denegados previamente y se financian tras las alegaciones del laboratorio, sin que sea posible conocer, con la información que se hace pública, que cambios ofertó para justificar la nueva decisión de financiarlos. Y sorprende, porque los criterios por los que habían sido denegados estos 24 nuevos medicamentos eran muy contundentes (10), y en algunos hubo más de uno. Se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Criterios de la CIMP para la denegación inicial de los 24 NNMM

Criterio	Casos
Racionalización del gasto público	11
Impacto presupuestario en el SNS	10
Existencia de otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento	7
Desfavorable relación coste-efectividad frente a la alternativa del ensayo pivotal	2
Desfavorable relación coste-efectividad frente a otras alternativas existentes	1
Incertidumbres respecto a su valor terapéutico	2
Elevada incertidumbre en su eficacia	1
Pequeño beneficio clínico incremental respecto a las alternativas actualmente disponibles	1
Causa no conocida, por tratarse de denegaciones anteriores a la publicación detallada de las causas de denegación	9

Elaboración propia

Este juego, en el que las multinacionales farmacéuticas siempre ganan, sucede porque el Estado ha renunciado a exigirles los costes reales de producción, investigación y desarrollo del nuevo medicamento para autorizar el precio de financiación, por lo que la CIMP lo acaba autorizando a ciegas y sin más referencias que el precio que le exige la multinacional, el mantra de que la investigación es muy costosa, aunque nunca den los datos reales, el coste de otros similares ya autorizados cuando existe esa referencia y su teórico valor terapéutico. Pero incluso para valorar esto último, durante muchos años la CIMP tampoco dispuso de una herramienta adecuada, autorizando los precios en base a informes técnicos de desconocida calidad.

En esta situación, la Comisión Permanente de Farmacia del SNS acordó la elaboración de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) para los nuevos medicamentos que se financiasen en el SNS (11) y para ello se creó en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico, que publicó su primer IPT en noviembre de 2013. Pero no es hasta mayo de 2019 cuando empieza a quedar constancia en las resoluciones de la CIMP, del uso de los IPTs para la adopción de sus decisiones.

Una buena noticia sin duda: la CIMP ya no es ciega para conocer el valor terapéutico de los medicamentos que financia, pero sigue siendo completamente ciega para conocer los costes reales de los nuevos medicamentos con patente cuyos precios autoriza.

El silencio de los corderos

En este escenario asistimos sin inmutarnos, desde nuestra área de confort, al macabro espectáculo de los millones de muertos por COVID que causa el abuso de la patente, origen de la escasez de vacunas frente al COVID que el mundo necesita.

Esto no va con nosotros pensarán muchos, porque en España podemos pagar la bolsa que exige el dueño de la patente que las entrega al mejor postor, y parece no preocuparnos que media humanidad no pueda y millones de inocentes lo paguen con su vida.

Pero ya nos está pasando y en muchos casos tampoco nosotros podemos pagar ya el precio que exige el laboratorio por su medicamento, porque afecta a otros recursos sanitarios también necesarios:

El 48% de los NNMM y el 57% de las solicitudes de NNII de medicamentos con patente son rechazadas inicialmente y el motivo casi siempre es sólo económico (88% de casos para los NNMM y en el 72% para las NNII).

Por eso, cuando se financian y una vez autorizando el precio inflacionario que exige el laboratorio, la CIMP trata de limitar el impacto económico de sus decisiones sobre los presupuestos de los Servicios de Salud que los van a pagar, aplicando restricciones a los pacientes que necesiten esos medicamentos:

Unas son indirectas, en forma reservas singulares como son el visado previo a su dispensación o restringiendo su dispensación a las farmacias de los hospitales en lugar de a las oficinas de farmacia.

Y otras directas, bien limitando los pacientes que se que podrían beneficiar, bien no financiando todas las indicaciones autorizadas del medicamento.

Sólo 10 de los 93 NNMM con patente y NNII financiados en los dos últimos años, se pueden adquirir libremente en oficinas de farmacia sin restricciones. Los 83 restantes se han autorizado con restricciones (y algunos con más de una). Son estas:

• A 16 no les ha financiado todas las indicaciones de su ficha técnica (FT).
• En 39 de ellos y por el impacto económico de su coste, los pacientes a quienes se financian tienen condicionantes restrictivos adicionales a los de la FT.
• A 34 se les ha limitado su dispensación a los Servicios de Farmacia de hospital.
• A 5 les ha impuesto visado previo a su dispensación en oficinas de farmacia.
• 47 son de uso exclusivo hospitalario (esta restricción la decide la AEMPS).

Como resultado:

En el 80% de los medicamentos que se han financiado en los dos últimos años en España y que se deberían poder dispensar en las oficinas de farmacia, se obliga al paciente a desplazarse a los hospitales para que se los dispensen, sólo por su elevado impacto económico. Muchos de ellos son tratamientos de larga duración.

El 42% no se han financiado para todos los pacientes que se podrían beneficiar según la FT del medicamento, sino que se restringen a pacientes que cumplen determinadas condiciones clínicas, para mitigar su impacto económico.

En el 17% no se han financiado todas las indicaciones terapéuticas que tienen autorizadas, casi siempre por razones económicas.

En consecuencia, muchos pacientes en España que se podrían beneficiar de estos medicamentos, no se beneficiarán o sufren restricciones de acceso a los tratamientos por el enorme impacto presupuestario de la bolsa que exigen las multinacionales farmacéuticas.

La muerte tenía un precio

Si se analiza el precio de financiación de estos 93 NNMM y NNII de medicamentos con patente autorizados por la CIMP en los dos últimos años, es posible conocer el valor de la bolsa que exigen por nuestras vidas las multinacionales farmacéuticas dueñas de las patentes, a cambio de sus medicamentos en España:

• Por cada año de tratamiento con medicamentos que se deben seguir usando mientras el paciente los necesite, les pagamos 90.730 € de media.
• Por cada tratamiento completo con medicamentos cuyo tratamiento tiene una duración limitada en el tiempo, les pagamos 146.900 € de media si incluimos el medicamento más caro del mundo o 56.995 € si no lo incluimos.

Y para quienes no lo puedan pagar, ese es el precio de la muerte.

La tabla 3 muestra el análisis de los 93 costes de tratamiento (anual en 73 casos y completo en los 20 restantes), de los nuevos medicamentos e indicaciones autorizados por la CIMP en los dos últimos años (10), agrupados por intervalos de coste:

Tabla 3: Costes de tratamiento de los NNMM agrupados por intervalo de coste

Coste/tratamiento en €	Nº de Medicamentos
Coste/tratamiento anual	Coste/tratamiento completo
Entre 100 y 1.000	8	3
Entre 1.001 y 10.000	13	5
Entre 10.001 y 30.000	14	3
Entre 30.001 y 60.000	5	3
Entre 60.001 y 100.000	16	5
Entre 100.001 y 250.000	11	2
Entre 250.001 y 500.000	7	1
Entre 500.001 y 1.000.000	2	0
Entre 1.000.001 y 1.500.000	1	0
Entre 1.500.001 y 2.000.000	0	1

Elaboración Propia

El coste está calculado para pacientes de 70 kg de peso, conforme a la posología de FT y para uso en monoterapia cuando esa indicación está financiada, aplicado los precios autorizados por la CIMP, eligiendo el del envase óptimo para la dosis que se necesita, sin reaprovechamiento de dosis sobrantes y sin tener en cuenta los límites económicos de financiación pública que puedan tener algunos de ellos, al no ser públicos.

En algunos casos hay un coste mínimo y máximo ya que la FT permite un escalado de dosis en función de la respuesta o tolerancia del paciente, en estos casos, si los costes resultantes corresponden a distintos rangos de la tabla se han incluido ambos, cada uno en su rango, por lo que las tablas contienen en total más de 93 costes de tratamiento.

Por un puñado de dólares

Con este botín de precios, no es de extrañar el entusiasmo de Farmaindustria, la patronal de las multinacionales farmacéuticas en España, defendiendo el sistema de fijación de precios de la CIMP (12), y que ha contratado para su equipo directivo, como Directora del Departamento de Acceso en enero de 2021 (13), a la vocal asesora de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia que elabora los informes sobre los que la CIMP toma las decisiones y de la formó parte durante años con voz y voto como vocal hasta diciembre de 2020 (14) (15).

Muchos pensarán que no es ético que se haya pasado directamente de vocal de la CIMP a Directiva de Farmaindustria. Para mí es una decisión que desacredita a la CIMP y que pone en la picota las decisiones de financiación de medicamentos y fijación de precios en los que participó como vocal durante años. Quizás por eso su actual currículum en Farmaindustria (16) no contiene ni una sola mención a su larga trayectoria como vocal de la CIMP.

Bibliografía

• Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm
• Hipatia, la científica de Alejandría. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en  https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hipatia-cientifica-alejandria_9797
• The Nobel Prize in Chemistry 1993. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/press-release/
• The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1984/press-release/
• The National Institute for Clinical Excellence. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.nice.org.uk/
• Carrying NICE over the threshold. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.nice.org.uk/news/blog/carrying-nice-over-the-threshold
• ABC. ¡Lo conseguimos! [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.abc.es/recreo/abci-conseguimos-logran-comprar-medicamento-mas-caro-mundo-para-bebe-gracias-donaciones-202102031141_noticia.html
• Ministerio de Sanidad. Reglamento de la CIMP. 2019. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/REGLAMENTO_CIMP_30_09_2019.pdf
• AJM. Nº 1. El Precio Inflacionario de los medicamentos. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://accesojustomedicamento.org/el-precio-inflacionario-de-los-medicamentos/
• Ministerio de Sanidad. Acuerdos de la CIMP. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/CIPMyPS.htm
• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Propuesta de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/propuesta-colaboracion-informes-posicionamiento-terapeutico.pdf?x49127
• Farmaindustria. El precio de los medicamentos. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.farmaindustria.es/web/pregunta_y_respuesta/el-precio-de-los-medicamentos/
• Farmaindustria. Nota de Prensa. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2021/02/01/isabel-pineros-se-incorpora-como-directora-del-departamento-de-acceso-de-farmaindustria/
• Ministerio de Sanidad. Composición de la CIMP 2017. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/COMP_COMISION_INTERMINISTERIAL_PRECIOS_MEDTOS_jun_dic_2017.pdf
• Ministerio de Sanidad. Composición de la CIMP 2020. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/COMP_COMISION_INTERMINISTERIAL_PRECIOS_MEDTOS_jul_dic_2020.pdf
• Farmaindustria. Equipo Directivo. Directora del Departamento de Acceso. [Internet]. [Consultado 1 Sep. 2021]. Disponible en https://www.farmaindustria.es/web/equipo-directivo/isabel-pineros/

AUTOR: Pablo Martínez Segura. Periodista especializado en salud y sanidad. Historiador. Doctorando en Historia de la Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid.

Revista nº 5 de Septiembre del 2021

RESUMEN.

El acceso a los medicamentos siempre ha sufrido la limitación de su precio. Medicamentos esenciales o vacunas indispensables no llegan a quienes lo necesitan, no por incapacidad de producción o de logística, sino por que están fuera de alcance de los que no pueden pagarlos. No es ningún consuelo conocer que siempre ha sido así. Hubo tiempo en los que no supuso un problema relevante porque la medicina y los medicamentos eran totalmente ineficaces. A partir del desarrollo de medicina científica, y la evidencia de que salva vidas, anteponer las reglas del comercio a un derecho esencial como es el de la vida constituye un crimen. El afán de beneficio de algunas empresas farmacéuticas, consentido y en muchas ocasiones protegido por los gobiernos de los Estados ricos, está provocando diferencias escandalosas entre países en la inmunización contra el covid-19 que se traducen en miles y miles de muertes evitables. El primer paso para abaratar el precio de los medicamentos es reconocer su utilidad pública y suprimir las patentes.

Las empresas farmacéuticas involucradas en la producción de la vacuna contra el covid-19, “han visto como sus ganancias se han disparado un 66% en el primer semestre de 2021. Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson (J&J), matriz de Janssen, consiguieron un beneficio neto de 24.522 millones en este periodo” ⁽¹⁾. Ahora bien, el reparto de esas vacunas está siendo tremendamente irregular. Con datos a finales del mes de agosto de Our World in Data y el Ministerio de Sanidad de España ⁽²⁾,cerca de 2.600 millones de personas (un tercio de la población mundial) ya están vacunadas con al menos una dosis. La vacuna esta más extendida en la Unión Europea, Reino Unido, Israel y América del Norte, donde ha llegado al 64% de la población, mientras que en África no alcanza al 5%. Una desigualdad que proviene de la capacidad económica de los que pueden comprarla. Las compañías estadounidenses Pfizer y Moderna han aprovechado la ocasión para aumentar sus beneficios incrementando sus precios para la Unión Europea un 0,25% y un 0,1% respectivamente, pero, además, “tal y como afirma el Financial Times ⁽³⁾, los términos de los contratos, firmados este año hasta 2023 para un total de 2.100 millones de dosis, se renegociaran después de que unos estudios clínicos indicaran que las vacunas tipo mRNA de estas dos empresas tenían mejores índices de eficacia que las de sus rivales AstraZeneca y Janssen”.

La vacuna contra el covid es sólo la punta de iceberg, la parte más visible de los problemas de acceso a los medicamentos por razón de su precio. El último informe de la Fundación Access to Medicina ⁽⁴⁾, entidad sin ánimo de lucro dedicada a estimular a la industria farmacéutica para que haga más por las personas que viven en países de ingresos bajos, señala que “actualmente sólo el 13% de los productos críticos, incluidos los tratamientos inyectables contra el cáncer, están cubiertos por estrategias de acceso en países de bajos ingresos”. Valoración muy dura de una Fundación nada sospechosa de estar marcada por una ideología ni siquiera ligeramente socialdemócrata, ya que sus financiadores son los Gobiernos del Reino Unido y Holanda, la Fundación Bill y Melinda Gates y la multinacional de los seguros AXA.

Para poder hacernos una idea de lo que representa el mercado farmacéutico mundial ^{(4) (5)}, debemos tener en cuenta que su valor en 2016 ascendió a 651.000 millones de euros y que se espera que alcance los 900.000 millones de euros en 2022. El gasto público por todos los conceptos del Estado español en 2021 esta previsto que alcance los 456.021 millones de euros. Es en este marco de poder económico, en el que las grandes compañías farmacéuticas están en condiciones de torcer el brazo a muchos Estados e incluso a la propia Unión Europea, a la que han ninguneado incumpliendo los plazos de los contratos de suministro. Los intereses comerciales están prevaleciendo sobre el interés público general y podemos comprobar que, 232 años después de lo que se consideró uno de los mayores hitos de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 al inicio de la Revolución Francesa: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, es simple papel mojado sin valor efectivo. Un escenario en el que el Derecho a la Salud está mercantilizado y, el acceso a los medicamentos, limitado a los que directamente o a través de la distribución de los impuestos en sistemas públicos de salud, pueden pagarlo.

Constante histórica

Lamentablemente, y no constituye ningún consuelo, la limitación de acceso a los medicamentos por razón de su precio siempre se ha dado.

En el inicio de los tiempos la enfermedad era considerada como la pérdida del equilibrio vital que otorgaban los dioses. Magia y religión se funden en una función mediadora destinada a recuperar ese equilibrio; es decir, a curar. Ese fue el papel de magos, chamanes, hechiceros o sacerdotes ⁽⁶⁾. Paulatinamente se profesionalizó el papel de los médicos tanto en las tradiciones china, hindú, greco-romana-cristiana, y posteriormente islámica, pero se trata de unas actuaciones que sólo están al alcance de los ricos y poderosos que pueden pagar esos servicios. Juan Esteva de Sagrera, catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad de Barcelona, explica que al contrario de lo que se supone, “los medicamentos antiguos eran muy caros y la mayoría de la población no tenía acceso a los mismos, no tenía dinero para pagarlos” ⁽⁷⁾. No obstante, añade este profesor, “se trataba de medicamentos ineficaces y, por ello, los pobres se veían poco perjudicados por no tener acceso a ellos. La ineficacia de los medicamentos disminuye el daño que se deriva de no poder adquirirlos»… «Durante siglos la farmacia oficial y la popular compitieron en ineficacia» … “Si, además, como sucedía a menudo, los remedios eran dañinos, resultaba más beneficioso no acudir al médico ni a la botica”.

Lo que encontramos en la historia de la medicina y del medicamento es el relato de la excepción, de los remedios aportados a la élite y fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población que era rural y analfabeta. La llamada medicina popular, de la que carecemos de fuentes directas escritas, conocemos que aportaba remedios baratos de proximidad, habitualmente vegetales, cuya consistencia se basaba en la transmisión oral fundamentalmente entre mujeres. La ayuda a las mujeres en los partos fue una actividad exclusivamente femenina. Estas parteras o comadronas, reconocidas y respetadas en su comunidad, y cuyas habilidades se solían trasmitir de madres a hijas, fueron habitualmente curanderas de otras dolencias de sus vecinos ⁽⁸⁾. Actividad que en una sociedad patriarcal y teocrática no podía consentir. Si las mujeres curaban era por que tenían un pacto con el diablo, por ello a partir del siglo XIV en Europa se las persiguió consideradas como brujas y un número elevado de ellas (según los países) fueron quemadas en la hoguera ⁽⁹⁾.

Hasta finales del siglo XVIII las interpretaciones fisiopatológicas estuvieron ancladas en los equilibrios humorales de Galeno, o en los químicos de Paracelso, ambos sin base científica. Es a partir de mediados del siglo XIX, con la consolidación de la teoría microbiana, cuando se inicia un desarrollo riguroso de la Medicina. Vacunas, antisépticos, antibióticos… son medicamentos eficaces, y el problema de acceso a los mismos, a partir de ese momento, se convierte en una lacra más de las desigualdades sociales.

Hoy por hoy de los impedimentos

Los ricos acceden a los medicamentos, los pobres no. Es la expresión de la inequidad en el acceso a la atención sanitaria. Afirmación válida a nivel individual, subsanada parcialmente en algunos Estados que disponen de sistemas nacionales de salud financiados por los impuestos, y, sin embargo, una cruda realidad en países ricos que no disponen de una sanidad pública universal. Es el caso de los Estados Unidos de América, donde el aumento del precio de la insulina de uso común ha llegado a niveles que no pueden ser asumidos por los pacientes que, o abandonan el tratamiento, o lo reducen a niveles inoperantes. Algo que algunos responsables de salud pública han calificado como “crimen organizado” ⁽¹⁰⁾.

Ahora bien, en países con sistemas nacionales de salud consolidados, los precios abusivos de algunos medicamentos pueden provocar graves desequilibrios que desplazan la financiación destinada a recursos humanos o renovación tecnológica al pago de la factura farmacéutica pública, provocando la infrafinanciación de estas partidas con la consiguiente pérdida de calidad. Esto ocurrió en España con el tratamiento de la hepatitis C, destaca el experto Fernando Lamata: “el gasto del tratamiento de 90.254 personas con Sofosbuvir + Velpatasvir, debería haber sido de 27,4 millones de euros, es decir 1.924,6 millones menos de lo que se abonó. El pago se situó en un 7.114% por encima del precio de coste” ⁽¹¹⁾.

Por otra parte, los altos precios de los medicamentos son el origen de falsificaciones que se presentan como ofertas más baratas, bien en países subdesarrollados sin capacidad de control de calidad, bien en fraudes en las ventas de medicamentos a través de Internet. La revista The Lancet ⁽¹²⁾ publicó en 2015 un informe detallado de este problema. En él se recoge que el volumen de este mercado ilícito puede oscilar entre los 70.000 millones y los 200.000 millones de dólares (entre 59,3 millones y 169,5 millones de euros). Según la OMS “el número anual de muertes por medicamentos falsificados es de alrededor de un millón”, aunque la mayoría de las falsificaciones no son venenosas, simplemente contienen poco o ningún principio activo y, consecuentemente, las enfermedades contra las que iban destinados continúan su evolución.

Más paradojas derivadas de los precios. En la India, el mayor productor de vacunas del mundo, entre mayo y junio del presente año, en una docena de centros de vacunación de Bombay, se inyectó a 2.500 personas agua marina en lugar de inocularles la vacuna contra el covid-19. La estratagema, apreciemos el nivel de pobreza, reportó a los falsificadores entre 24.000 y 35.000 euros ⁽¹³⁾.

Qué se puede hacer

Inexplicablemente desde nuestro punto de vista, o de manera ortodoxa si se aplican de manera estricta las reglas del neoliberalismo económico, hay personas, partidos políticos, gobiernos, que defienden aquello que está en contra de su propio interés vital. Es el caso de los que sostienen de las patentes de los medicamentos. Para ellos es sagrado el derecho al respeto a los derechos comerciales derivados del monopolio temporal de la propiedad intelectual, por encima del derecho a la vida. Nuevamente Fernando Lamata ofrece una explicación precisa sobre el abuso en los precios de medicamentos: “al mantener las patentes y monopolios de la industria, son las empresas las que pueden fijar los precios, y exigir un reembolso varias veces por encima de lo que han gastado en investigación y de lo que han gastado en fabricación. Ya ocurrió con Gilead y Remdesivir, que con un coste de 10 euros cobra 2.100 euros. En el caso de la vacuna de Pfizer un 1.700% más. Por otro lado, la empresa decide cuánto produce (capacidad de sus plantas y de las plantas con quienes decida subcontratar) y a quién distribuye primero (en función, seguramente, de quien pague más)” ⁽¹⁴⁾.

El ejemplo actual más palpable es el debate sobre si debe administrarse o no una tercera dosis de la vacuna anticovid-19 a quienes ya han recibido una pauta completa. Una iniciativa pilotada desde la industria farmacéutica fabricante de las inmunizaciones, pero no justificada por motivos éticos y epidemiológicos, según la Organización Mundial de la Salud ⁽¹⁵⁾. El desafió, indican desde Our World in Data ⁽¹⁶⁾, es “hacer que estas vacunas estén disponibles para personas de todo el mundo. Será clave que las personas de todos los países, no solo de los países ricos, reciban la protección necesaria”.

Es en este punto en el que, desde la sociedad civil, organizaciones como la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, junto a otras muchas que defienden los mismos planteamientos, se sostiene, que no solamente con respecto a la vacuna contra el covid-19, prioridad palpable, sino que todos los medicamentos esenciales sean considerados un bien público global y, en consecuencia, libres de patentes como primer paso para abaratar su precio.

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REFERENCIAS

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2) DATOS RTVE. 2021. “Coronavirus. La vacuna en el mundo: un tercio de la población ya cuenta con al menos una dosis”. Madrid. Radiotelevisión Española. (Datos actualizados diariamente con información procedente de Our World in Data y el Ministerio de Sanidad). Página visitada el 28-08-2021: https://www.rtve.es/noticias/20210827/vacuna-coronavirus-mundo/2073422.shtml

3) REDACCION. 2021. “Pfizer y Moderna se aprovechan de la pandemia para hacer caja”, Empresas con Salud, 02-08-2021. Disponible en: https://www.consalud.es/ecsalud/internacional/pfizer-moderna-aprovechan-pandemia-caja_100469_102.html

4) HOGERZEIL, Hans (Chair). 2021 Access to Medicina. Index 2021. Amsterdam (The Netherlans). The Access to Medicine Foundation (UK Foreign Commonwealth and Development Office, The Dutch Ministry of Foreign Affairs, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, AXA Investment Managers). 238 p. Acceso el 08-07-2021:

5) SANZ SANZ, Jesé Félix – ROMERO JORDÁN, Desiderio. 2021. Los Presupuestos del Estado 2021: una valoración. Madrid. FUNCAS. Cuadernos de Información Económica, Nº 280, enero – febrero 2021. (1 – 11). Disponible en: https://www.funcas.es/articulos/los-presupuestos-del-estado-de-2021-una-valoracion/

6) MARTÍNEZ SEGURA, Pablo. 2021. “Pensamiento mágico, poder y valor del medicamento. El caso de la triaca”. Madrid.Revista Acceso Justo al Medicamento. Nº 1 – marzo 2021. (18 – 22). Disponible en: https://accesojustomedicamento.org/pensamiento-magico-poder-y-valor-del-medicamento-el-caso-de-la-triaca/

7) ESTEVA DE SAGRERA, Juan. 2005. Historia de la farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar. Barcelona. Masson. 416 p. (El Profesor Esteva de Sagrera hace una detallada exposición del mundo del medicamento y su entorno. Señala que “la farmacia ha sido en muchas épocas

estéril, incapaz de proporcionar medicamentos seguros, eficaces y de calidad”). En la ficha de mi biblioteca personal puede accederse a un resumen de este planteamiento. Disponible en: https://biblioteca.sanitikon.com/2020/06/esteva-de-sagrera-juan-historia-de-la.html

8) MONTES MUÑOZ, María Jesús. 2007. Las culturas del nacimiento. Representaciones y prácticas de las mujeres gestantes, comadronas y médicos. Tarragona. Tesis doctoral  dirigida por Mª Luz Esteban Galarza. Universidad Rovira i Virgili.  Programa de Antropología de la Medicina. 380 p.  Disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8421/MicrosoftWord1COMPLETOlasculturasdelna.pdf

9) MARTÍNEZ MARTÍN, Abel Fernando. 2019. “Sobre brujas, sanadoras y curanderas quemadas en la hoguera”, El Diario de Salud. Bogotá. 17-06-2010. Disponible en:  https://eldiariodesalud.com/catedra/sobre-brujas-sanadoras-y-curanderas-quemadas-en-la-hoguera

10) COMISIÓN DE REDACCIÓN. 2021. “Píldoras amargas”. Madrid.Revista Acceso Justo al Medicamento. Nº 2 – abril 2021. (42). Disponible el PDF de la revista completa en: https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2021/04/02-ACCESO-JUSTO-AL-MEDICAMENTO-ABR-2021-version-2-OK.pdf

11) LAMATA, Fernando. 2018. “¿Es posible que todas las personas que viven con el virus de la hepatitis C, en España y en todo el mundo, accedan al tratamiento que necesitan?”. Madrid. Blog de Fernando Lamata. 23-04-2018. Disponible en: https://fernandolamata.blogspot.com/2018/04/es-posible-que-todas-las-personas-que.html

12) CLARK, Fiona. 2015. “El aumento de las farmacias en línea hace que los medicamentos falsificados se globalicen”, en The Lancet, 3 de octubre de 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00394-3

13) PASCALE, Marie. 2021.“Inde: de l’eau salée injectée à la place du vaccin anti-Covidd”, Le Quotidien du Pahramacien. Paris, acceso el 07-07-2021:https://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/justice/inde-de-leau-salee-injectee-la-place-du-vaccin-anti-covid?xtor=EPR-1-%5BNL_infodujour%5D-%5B20210707%5D&utm_content=20210707&utm_campaign=NL_infodujour&utm_medium=newsletter&utm_source=qph

14) LAMATA, Fernando. 2021. “Sí se puede” (editorial). Madrid.Revista Acceso Justo al Medicamento. Nº 1 – marzo 2021. (3 – 6). Disponible en: https://accesojustomedicamento.org/si-se-puede/

15) HERRAEZ, Cristina. 2021. “El mapa de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 que divide al mundo”. Madrid. NIUS DIARIO. 29-08-2021. Disponible en: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/tercera-dosis-vacuna-contra-covid-19-coronavirus-situacion-mundo-dividido-controversia-cientifica_18_3193321863.html

16) RITCHIE, Hannah; MATHIEU, Edouard; RODÉS-GUIRAO, Lucas; APPLEL, Cameron; GAITTINO, Charlie; ORTIZ-OSPINA, Esteban; HASELL, Joe;  MACDONALD, Bobbie; BELTEKIAN, Diana y ROSER, Max. 2020. «Pandemia de coronavirus (COVID-19)». Publicado en línea en OurWorldInData.org. Disponible en: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Autor: Ramón Gálvez Zaloña. Médico neurólogo. Coordinador de la Comisión de Redacción de la Revista AJM.

EDITORIAL de la Revista nº 5 de septiembre del 2021.

Después de la interrupción durante el tiempo de verano reanudamos el curso habitual de nuestra revista AJM. Sin embargo, este período de pausa ha seguido pleno de noticias preocupantes en el contexto de la pandemia por COVID:19 y en el acceso justo y equitativo a medicamentos y vacunas.

En los diferentes artículos publicados en las páginas de los números anteriores de la AJM, diferentes autores han destacado los graves problemas relacionados con el desarrollo, producción, adquisición y distribución de las vacunas para COVID 19. También han puesto de manifiesto como COVAX, el sistema de acceso mundial a las vacunas COVID-19, propuesto por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación contra Epidemias (CEPI) y la Alianza de Vacunas (GAVI) con la intención de adquirir y distribuir de manera justa las dosis necesarias, permitiendo que éstas llegaran a los países de bajos y medios ingresos había fallado de forma clara en alcanzar ese objetivo.

DIFERENCIAS EN LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

Efectiva y lamentablemente la distribución de vacunas se ha dirigido fundamentalmente hacia los países ricos mediante acuerdos bilaterales injustos y faltos de transparencia con las empresas farmacéuticas. La industria farmacéutica productora de vacunas ha decidido a qué países, cuando y de qué manera se hacían llegar las dosis. Ha establecido precios y cláusulas secretas de compra, consiguiendo ganancias exorbitantes. Mientras, los gobiernos han permitido que dispongan bajo patente de los conocimientos que han sido desarrollados con financiación pública.

Cómo hemos también destacado, se han desarrollado múltiples iniciativas para lograr cambios que permitieran que la asignación y distribución de las dosis de vacunas fueran establecidas priorizando adecuadamente a las personas con mayor riesgo y a los países con grandes necesidades. La equidad requiere no dejar de proporcionar a las personas que lo precisan las dosis de vacunas. Evidentemente, es un compromiso ético que afecta a toda la población mundial, independientemente de su situación geográfica y de su capacidad de pago y que obliga a producir y suministrar las vacunas precisas, con un enfoque justo en la distribución de vacunas Pero es que además, desde la efectividad clínica y el control definitivo de la pandemia, para impedir el desarrollo de nuevas variantes del COVID 19, es imprescindible llegar lo antes posible a vacunar a la mayor parte de la humanidad.

Ante esta situación de flagrante injusticia se han movilizado numerosas organizaciones ciudadanas como The People’s Vaccine, la Iniciativa Ciudadana Europea “Right2Cure”, Médicos sin Fronteras, Health Action International, Knowledge Ecology International, MSF, Salud por Derecho, No es Sano, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Plataforma de afectados por la Hepatitis C, Medicus Mundi, etc planteando de forma clara propuestas destinadas a modificar profundamente el modelo actual. Estas organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, organizaciones internacionales han propuesto a gobiernos e instituciones de forma clara la necesidad de considerar a las vacunas como bienes públicos globales con el objetivo de asegurar el acceso universal y gratuito a las vacunas COVID-19.

También la propia OMS, en declaraciones repetidas de su director general, ha denunciado la profunda injusticia de la producción y distribución mundial de las vacunas. La Secretaría General de Naciones Unidas e iniciativas como las del Parlamento Europeo han reiterado la necesidad de hacer llegar las dosis de vacunas a toda la humanidad.

La propia administración Biden hizo una declaración muy llamativa en mayo respaldando la posibilidad de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID. Sin embargo su posicionamiento posterior ha sido decepcionante, pues no ha ido mas allá. Las presiones del muy poderosa lobby de la industria farmacéutica, como señala Kilic de Public Citizen, han impedido una política proactiva del gobierno estadounidense.

Sin embargo, las reuniones para adoptar resoluciones sobre la exención de las patentes en el Consejo ADPIC han terminado una y otra vez con aplazamientos y bloqueos que revelan una actitud firme de los países de elevados ingresos para frenar cualquier resolución que pudiera modificar, aún transitoriamente, el sistema actual de patentes y precios de vacunas y medicamentos. La posición en la OMC de países como Reino Unido. la UE, Suiza etc. ha venido bloqueando la iniciativa de India y Sudáfrica donde se planteaba la exención temporal de la propiedad intelectual de vacunas y medicamentos durante la pandemia.

Para intentar plantear alternativas y soluciones, de nuevo una vez más, se reanudan las sesiones el 13 de septiembre con una primera reunión informal y la convocatoria reglada los próximos días 13 y 14 de octubre. Pese a la amplia movilización ciudadana e institucional comentada anteriormente y a posicionamientos recientes favorables a la exención, como el adoptado por el gobierno de Australia parece muy poco probable una resolución que plantee abiertamente la supresión de las patentes. Situación inaceptable, pues como se recoge en la Declaración de Doha sería factible y completamente justificada esta medida, puesto que evidentemente estamos en una situación de emergencia sanitaria y de salud pública: 222 M de casos y 4,6M de fallecidos en el mundo demuestran y atestiguan la magnitud del problema.

Como señala Fernando Lamata en su blog es imprescindible hacer visibles estas injusticias: «hace falta que la muerte de Alesha, y la muerte y el dolor de miles, no nos dejen indiferentes, y hace falta crear conciencia de que hay alternativas, de que es posible una respuesta ética y, además, eficiente.»

Esta es sin duda la misión de nuestra revista poner a los lectores, en contacto con los datos rigurosos y las opiniones fundamentadas recogidas en los artículos seleccionados. De esta forma Intentamos proporcionar los elementos y las informaciones necesarias que faciliten el conocimiento y el análisis. Al mismo tiempo que proponemos la apertura a propuestas y alternativas.

Nuestra revista es de las lectoras y lectores. Su carácter gratuito y el hecho de no recibir financiación alguna nos proporciona la independencia necesaria. La base que ha hecho posible el trayecto recorrido hasta ahora es la colaboración y el trabajo de todos aquellos que de forma altruista desde la Comisión Editorial, desde la propia AAJM y sobre todo de aquellos autores que con gran generosidad nos han aportado sus conocimientos y su esfuerzo con textos de calidad y singular valor. Para la Comisión de Redacción ha sido una enorme satisfacción contar con su ayuda. La pandemia COVID 19 ha puesto aún más de relieve el terrible papel que el sistema actual de patentes y precios provoca impidiendo el acceso justo y equitativo a los medicamentos. Como venía apareciendo en diferentes artículos de la revista y expone con nitidez Lazonick, el modelo actual de negocio de la industria farmacéutica basado en la especulación financiera, antepone las ganancias a la vida humana. Las empresas farmacéuticas actuales están fundamentalmente dirigidas a: «manipular los precios de las acciones para canalizar el dinero a los accionistas y ya no se centran en fabricar los medicamentos que las personas necesitan a precios que puedan permitirse». Durante la pandemia han ido surgiendo medicamentos » innovadores» a altísimos precios absolutamente injustificados que amenazan gravemente la disponibilidad efectiva de fármacos oncológicos, para enfermedades raras , etc. Esta realidad nos obliga a profundizar y a hacer un seguimiento exhaustivo de los previos de los nuevos medicamentos.

Vamos a continuar en este camino y para reforzar y ampliar nuestro campo de actuación hemos planteado un grupo de trabajo específico entre la Comisión Editorial y la Comisión de Redacción para analizar y proponer la estrategia y líneas de trabajo de la revista para el año 2022. Nos gustaría en ese sentido conocer vuestras sugerencias y opiniones que podéis dirigir al correo comisionredaccionaajm@gmail.com

La pandemia de COVID-19 ha conmocionado y angustiado al mundo. Ha provocado un dolor inimaginable anteriormente por el tremendo número de infectados, las muertes producidas y las repercusiones sobre la vida y la salud de las personas. Posiblemente la respuesta de gobiernos e instituciones debería haber sido diferente. Debemos por tanto seguir trabajando pues como afirma Fernando Lamata : hay alternativas, es factible una respuesta ética y eficiente a la disponibilidad de vacunas y medicamentos.

AUTORA: María Luisa Carcedo Médica. Secretaria ejecutiva de Sanidad del PSOE. Diputada. Ex-ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

“Una vacunación con criterios equitativos reafirma los derechos humanos. Un nacionalismo de la vacunación los niega.” Antonio Guterres

La irrupción de esta pandemia por el SARCoV2 y la pronta investigación sobre las características del virus y el consiguiente hallazgo de varias vacunas eficaces para proteger de la enfermedad grave y la mortalidad ha colocado, de nuevo, en la agenda la urgencia de asegurar el acceso a la inmunización en todo el planeta. En primer lugar por el significado de los derechos humanos, pero también por las características de la pandemia y el comportamiento del virus, su modo de difusión y su capacidad de mutación a variantes más contagiosas y, quizás, más agresivas.

Precisamente por esas características el interés de los países desarrollados en favorecer un acceso a las vacunas para las personas que viven en países más pobres no solo tiene un interés de justicia y solidaridad humana. Conlleva también un interés para preservar la salud de los propios ciudadanos del llamado primer mundo. Mientras no haya una inmunización en todos los países, el control de la pandemia será imposible, a causa del intenso movimiento de personas del mundo globalizado actual. A lo que hay que añadir la incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas disponibles sobre las probables mutaciones del virus.

Pero, como estamos comprobando, el impacto de la pandemia y la forma de gestionarla no se reducen a razones sanitarias. El impacto económico también tiene una gran interdependencia. Se han hecho estudios sobre el posible retorno económico de las inversiones aportadas en vacunas de los países ricos en el programa ACT (Access To COVID-19 Tools). De hacerlo con criterios que priorizan los grupos de riesgo, el retorno económico podría alcanzar hasta 166 veces la inversión. Otro potente argumento de rentabilidad, también económica, derivado del valor de la inmunización como bien público mundial.

Esta pandemia nos ha permitido comprobar de forma extrema la trascendencia del acceso justo a los medicamentos eficaces para evitar o tratar enfermedades que afectan de distinta forma a toda la humanidad. En este caso, de vacunas contra un virus con una capacidad de contagio y expansión que, como vemos, logró en tiempo récord afectar a toda la humanidad.

Como advierte el Secretario General de Naciones Unidas, “las vacunas deben ser un bien público mundial y ser accesibles y asequibles para todas las personas.” Y es ahí donde chocamos con el sistema establecido por el mercado para los remedios a las enfermedades evitables o tratables, para hacer efectivo ese componente de los Derechos Humanos que es el derecho a la salud. Y no solo para las vacunas.

Este considerado bien público global, en consecuencia, no puede estar sometido a las reglas establecidas en el mercado, aplicables a los bienes exclusivamente privados. Esta consideración, sin menoscabo de los

derechos que el mercado otorga a los bienes privados sujetos a mayor o menor regulación, interpela de forma directa a los poderes públicos nacionales y multilaterales.

El logro de varias vacunas contra el SARSCoV2 en un tiempo récord nos ha demostrado la capacidad de la investigación para aportar remedios a enfermedades nuevas o incurables y soluciones a enigmas que aún mantienen a una parte, demasiado grande, de la humanidad presa de penurias impropias del desarrollo de la sociedad del Siglo XXI.

Como se ha demostrado en esta pandemia, una apuesta decidida por el conocimiento es el camino más corto para discernir esos enigmas que aún atenazan a la humanidad en forma de severos padecimientos, muertes evitables y condiciones de vida en muchas ocasiones inhumanas.

Existe un amplio consenso sobre el valor de la investigación como solución, pero a la lógica investigación-éxito-mejoras, cuando se destinan recursos públicos hay que añadir el fin como bien público global: para todos. Más cuando se trata de bienes relacionados con lo más básico de los derechos humanos, como es el caso de las vacunas contra el coronavirus –por el interés especial en el control de la pandemia- pero también las vacunas infantiles como el sarampión o la polio o de medicamentos eficaces.

La inversión de recursos públicos en la aparición de nuevos medicamentos debe de tener en cuenta estas dos premisas básicas: el derecho a la cobertura sanitaria como parte de los derechos humanos y la consideración de medicamentos esenciales como bien público global. Pero esta sencilla ecuación exige repensar los mecanismos actuales, empezando por los requisitos para la inversión pública destinada a la investigación de las enfermedades, para lograr medicamentos eficaces, las reglas para su fabricación y la forma de comercialización. Eso sí, respetando de forma justa los intereses públicos y privados que están obligados a confluir y cooperar.

Esta necesidad se ha puesto de actualidad de forma cruda en el acceso a las vacunas, adquiridas según la capacidad económica de los Estados, con la lógica consecuencia de injusta y peligrosa desigualdad en el acceso a la inmunización. Esto perjudica de forma directa a las personas que viven en países pobres pero también, de forma indirecta, como vimos antes, a toda la humanidad, incluidos los intereses económicos de los países más poderosos.

Pero esta situación no se limita a la vacuna contra el SARS-COV-2. Es una tendencia sostenida y creciente que afecta con carácter general a todos los medicamentos, singularmente a los nuevos, incluidos lo que aportan tratamientos eficaces a enfermedades antes incurables. Afecta a la incorporación de los nuevos tratamientos de la medicina genómica, cuyas soluciones personalizadas encarecen los medicamentos: de no introducir medidas podrían convertirse en inasequibles para toda la población. Esto nos adentraría en un nuevo escenario de inequidades, no ya entre países sino dentro de los propios países desarrollados. En definitiva, nos adentraría en un riesgo de nuevas desigualdades en salud.

Si añadimos a esto la tendencia de los sistemas sanitarios a priorizar la actividad asistencial de las enfermedades frente a la promoción y protección de la salud: a prevenir las enfermedades que se ha venido relegando, reduciendo los recursos destinados cuando existen sobradas evidencias de su mayor capacidad de eficacia en términos de salud y de eficiencia en términos económicos.

Me estoy refiriendo, en el caso de España, a la Salud Pública y a la Atención Primaria y Comunitaria, que han visto recortados los recursos y las capacidades relegando las

funciones preventivas, los determinantes sociales y ambientales y la capacidad de las medidas de salud en todas las políticas para la promoción y protección de la salud, con carácter general. En nuestro Sistema Nacional de Salud, a pesar de estas evidencias, han sido éstas las políticas que han sufrido los mayores recortes del RDL 16/2012, debilitando sus capacidades de respuesta con la llegada de la pandemia. En este contexto, la eficacia de nuestras políticas ha sido mantenida gracias al sobresfuerzo de los profesionales. Tras las exigencias del control de la pandemia y la atención a la COVID-19, la revitalización de la Atención Primaria y Comunitaria y la Salud Pública se han convertido en una urgencia ineludible.

Por el contrario, los recursos destinados a los medicamentos y productos sanitarios no han hecho más que aumentar. El último ejercicio alcanzó casi 24.000 millones de euros, casi el 32% del gasto sanitario, o lo que es lo mismo la tercera parte de los recursos destinados a la sanidad se dedican a los medicamentos y productos sanitarios. En consecuencia, esto limita las capacidades de mejora en la retribución de profesionales y de ampliación de la cartera común de servicios que están siendo causa de preocupantes desigualdades en salud, como son la atención temprana o la salud bucodental.

Sobran razones para repensar de forma rigurosa el sistema del ciclo investigaciónproducción-financiación y acceso a los medicamentos como bien público esencial como requisito para hacer efectivo el derecho a la salud, parte esencial de los derechos humanos. Y como forma de combatir las desigualdades en salud.

Termino con otra frase del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres: El virus también está infectando los derechos políticos y civiles y reduciendo aún más el espacio cívico”.

Pongamos los instrumentos para evitarlo. El acceso justo a las vacunas es uno.

AUTOR: Jaume Vidal Asesor Senior de Políticas de Proyectos Europeos de Health Action International (HAI). jaume@haiweb.org

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

El acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias como vacunas o kits de diagnóstico constituye un eje básico para el cumplimiento del derecho humano a la salud y uno de los mayores desafíos para su realización por parte de Estados y actores asociados. Se trata de una cuestión compleja, con diversas causas y diferentes factores a tener en cuenta, desde la propia estructura del actual modelo de Investigación y Desarrollo (I+D), esencialmente mercantilista, a la estructura y estado de los sistemas nacionales de salud pasando por las desiguales capacidades para la producción farmacéutica a escala global. El acceso a medicamentos refleja hasta cierto punto los desequilibrios e inequidades que caracterizan el ordenamiento político global y se reproducen en un creciente número de sociedades nacionales.

Desde Health Action International (HAI) llevamos cuatro décadas centrados en mejorar las condiciones de acceso a medicamentos de todos y todas aquellos y aquellas que puedan necesitarlo durante el tiempo que sea necesario en condiciones óptimas y asequibles. Es la nuestra una visión holística del ciclo del medicamento que busca una interpretación coherente de las diversas etapas del proceso: investigación, desarrollo, producción, suministro y acceso. En todas ellas se hace necesaria una perspectiva que, desde la sociedad civil independiente, asegure el interés común, sea este la salud pública o la dignidad humana.

En un contexto como en el actual, donde una pandemia de escala global amenaza por igual a Norte y Sur resulta pertinente resaltar que muchos de los elementos que hoy nos preocupan respecto a la producción, suministro y acceso a vacunas no son nuevos ni se dan en el vacío. Se trata, en su mayoría, de elementos estructurales que vienen afectando las condiciones de acceso a tecnologías sanitarias para millones de personas, a menudo con consecuencias finales.

Distinguimos en primer lugar la falta de jerarquía de las necesidades sanitarias de las mayorías en una agenda de I+D biofarmacéutica marcada por los retornos comerciales; fenómeno acentuado en la última década con las fusiones de grandes compañías farmacéuticas y la creciente influencia del capital financiero especulativo en el mercado farmacéutico. Se conoce como fallos de mercado, aquellas áreas que no abrigan presunto beneficio para las compañías farmacéuticas sean antibióticos o, hasta febrero de 2019, vacunas.

El segundo elemento en consideración son los Derechos de Propiedad Intelectual, reconocidos en patentes concedidas por autoridades estatales, cuya protección y explotación son no solo parte integral del actual modelo de I+D sino igualmente un factor clave para entender algunos movimientos empresariales en el sector farmacéutico en los últimos quince años: no se adquieren o fusionan empresas, se controlan patentes y el capital que antaño se dedicaba a la investigación ahora puede ser destinado a adquirir los derechos de explotación de una molécula desarrollada por otra empresa menor.

La explotación de los derechos de propiedad intelectual constituye actualmente parte de la estrategia empresarial de las compañías farmacéuticas. Así, lo que en su origen se concibió como una recompensa a la innovación se ha convertido en un obstáculo para el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias debido al uso excesivo y abusivo por parte de los titulares de las patentes.

Resulta necesario destacar como los intentos de países del Sur global, acompañados por la sociedad civil organizada, para conciliar de alguna manera sus necesidades sanitarias con los dictados del comercio mundial expresados a través de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual aplicados al comercio (ADPIC) no han dado frutos satisfactorios a pesar de hitos como la Declaración de Doha de 2001. La utilización por parte de países con menores ingresos de excepciones (conocidas como flexibilidades) reconocidas en el acuerdo es, en la gran mayoría de los casos, entorpecida y objeto de presiones por parte de la industria farmacéutica y países afines, en ocasiones por fuera de los conductos institucionales de arreglo de diferendos en el seno de la OMC.

El tercer y último elemento que contribuye a entender la actual tesitura se refiere a la falta de transparencia que de forma endémica afecta a elementos claves del ecosistema farmacéutico como son precios de medicamentos y vacunas, agudizada con la la consolidación de nuevos modelos de contrato para la compra de medicamentos y tecnologías sanitaria desde la comercialización de Sofosbuvir. En un mercado caracterizado por enormes asimetrías de información, las compañías farmacéuticas se benefician, en la negociación con Estados y organizaciones, de la ausencia de información fiable sobre los precios ofertado. Igualmente, no es posible comprobar de manera independiente las razones que la industria esgrime para justificar los altos precios como son los recursos financieros supuestamente invertidos en su desarrollo.

A estas condiciones, que podríamos considerar preexistentes, se le han añadido dos fenómenos interrelacionados que, sin ser nuevos, sí han adquirido un relieve mayúsculo. Por un lado, la debilidad de las estructuras multilaterales de gobierno y deliberación sobre salud global especialmente la Organización Mundial de la Salud, por el otro la consolidación de nuevos modelos institucionales de intervención caracterizados por una contribución y presencia creciente del sector privado en detrimento del monopolio de Estados y la participación de la sociedad civil. La pandemia ha colocado a organizaciones como CEPI o GAVI en el centro de la respuesta global, muy especialmente con la puesta en funcionamiento de la iniciativa Covax. Por último, cabría añadir otro factor que ha afectado de manera sustantiva la capacidad de respuesta global a la pandemia y es la profunda (y en ocasiones desacomplejada) falta de solidaridad real mostrada por aquellos países con mayores capacidades financieras quienes se aseguraron el acceso a millones de dosis de vacunas cuando estas aun estaban en fase de desarrollo.

Desde HAI hemos mantenido desde los primeros compases de esta crisis la necesidad de una respuesta concertada entre todos los

actores, a escala global y anclada en los principios morales de dignidad, igualdad y solidaridad recogidos en los principales instrumentos internacionales para la protección y defensa de los derechos humanos. Nuestro mensaje sobre asegurar el acceso a vacunas y otras tecnologías sanitarias a personal de salud y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad en otros continentes era y sigue siendo más urgente que la situación de franjas poblacionales sin riesgo añadido en nuestras comunidades y Estados vecinos no ha conseguido transpirar la discusión pública, ni el contexto holandés ni el ámbito europeo. Tal fracaso debería constituir un motivo de reflexión sobre el papel y capacidad de la sociedad civil en las sociedades occidentales.

Hay que valorar aquellas iniciativas que han intentado responder a la excepcionalidad de la pandemia con nuevas formas de intervenir, gestionar y actual sobre los factores previamente enumerados. destacaríamos dos: en primer lugar el establecimiento por parte de la OMS de la plataforma para la gestión mancomunada de Tecnologías para el Covid-19 (C-TAP), una propuesta de Costa Rica, apoyada por cerca de 40 países así como institutos de investigación y Organizaciones no Gubernamentales, que busca aglutinar aquellos conocimientos, informaciones y datos necesarios para la producción de vacunas, medicamentos y test de diagnóstico, su licenciamiento y aumentar exponencialmente las capacidades de manufactura una vez superados los límites impuestos por patentes y otras formas de protección de propiedad intelectual; en segundo lugar, el proyecto presentado en Octubre de 2020 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de la India y Sudáfrica de una propuesta para una exención temporal sobre la aplicación del algunos artículos del ADPIC sobre la producción, comercio y distribución de tecnología sanitarias necesarias para la lucha contra la pandemia. Resulta muy ilustrativo observar la evolución de ambos procesos para comprender las razones subyacentes al actual desequilibrio en el acceso a las vacunas y la prolongación de la pandemia a causa del mismo: C-TAP ha sido duramente criticado por la industria farmacéutica que le ha negado toda colaboración , y la misma OMS parece asumir que el proyecto se encuentra, en el corto plazo, con serias dificultades para su implementación. El proyecto de exención cuenta ya con el apoyo formal de 57 países, numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo así como representantes electos de ámbito estatal y regional, solo la oposición férrea y tácticas dilatorias de un reducido conjunto de países encabezados por la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impedido que las negociaciones superen el intercambio de argumentos para acometer la discusión sustantiva sobre cómo adaptar el acuerdo ADPIC a las necesidades de la mayoría de los países a expensas, si fuera necesario, de los intereses de la industria farmacéutica. Es esta una discusión que no se circunscribe a las negociaciones en curso y va más allá de la actual pandemia: es una conversación pendiente sobre los efectos secundarios del periodo acelerado de globalización financiera y comercial. Un dialogo necesario para esclarecer bajo que normas y en que escenarios deben ser discutidos, examinados y resueltos aquellos desafíos que si bien afectan por igual a Norte y Sur impactan de forma más notable en los países empobrecidos.

En definitiva, nos encontramos ante una encrucijada donde la diferencia entre (otra) oportunidad perdida y un paso adelante en el bienestar común radicara en la voluntad política de los gobiernos y la capacidad de movilización de la sociedad civil para azuzarla. En juego está no solo la salud y dignidad de millones sino igualmente con qué tipo de sociedad, basada en que valores aspiramos a salir de esta crisis. Desde HAI nuestro diagnostico es claro: tenemos un compromiso moral para garantizar que el acceso a tecnologías sanitarias en condiciones adecuadas durante el tiempo necesario y económicamente sostenible sea una realidad