• Los pagos no revelados a los autores de revistas de psiquiatría plantean preocupaciones sobre el sesgo en los ensayos clínicos y las brechas en la transparencia del conflicto de intereses.

OTRAS FUENTES. Revista nº 46 de Marzo de 2026

Richard Sears.

MAD in America, 16-03-2026. https://www.madinamerica.com/2026/03/undisclosed-industry-payments-found-in-top-psychiatry-journals/

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Hemos revisado ya anteriormente en AJM los conflictos de interés y los pagos de la industria farmacéutica a los profesionales. En el número 30, de mayo 2024 publicamos la excelente investigación de Ángel María Martín: “La red oscura que las multinacionales farmacéuticas ocultan tras los pagos a profesionales sanitarios: sus líderes de opinión en el SNS y su red de intereses al descubierto”. La repercusión de las conclusiones y datos proporcionados en el artículo fue muy notable.

El artículo que recogemos a continuación es un análisis más específico sobre dos de las revistas más prestigiosas en el ámbito de la psiquiatría y los pagos realizados por la industria farmacéutica a psiquiatras estadounidenses.

Sus párrafos iniciales recogen conclusiones del BMJ: “las investigaciones han demostrado que los pagos directos de la industria a los médicos están vinculados a la prescripción irracional de medicamentos, un aumento inapropiado en las tasas de prescripción, una menor calidad en la prescripción, un aumento en la prescripción de medicamentos de menor valor, un mayor gasto de Medicare, más quejas de pacientes y prácticas de prescripción más costosas”.

Al final de un riguroso estudio con abundantes datos, los autores concluyen que las políticas aplicadas por las revistas analizadas afectan negativamente a la transparencia, la integridad y la confianza.

Las investigaciones han demostrado que los conflictos de intereses financieros (CIF) son un problema común en medicina y psiquiatría. Un estudio de 2020 reveló que el 55,7 % de los psiquiatras estadounidenses aceptaron algún tipo de pago de la industria farmacéutica. Diversos estudios han constatado que la industria farmacéutica gasta miles de millones de dólares al año en pagos a autores de ensayos clínicos, miembros del panel del DSM y miembros de comités de la FDA, generando CIF en cada etapa del proceso de aprobación de medicamentos. Una investigación de Mad in America de 2021 reveló que la industria pagó a psiquiatras 340 millones de dólares entre 2014 y 2020. La misma investigación también informó que existían CIF financieros en las pruebas de todos los nuevos fármacos psicotrópicos aprobados por la FDA entre 2013 y 2017.

Un nuevo estudio publicado en BMJ Open examina los CIF financieros no declarados de médicos autores en dos importantes revistas académicas estadounidenses: el American Journal of Psychiatry (AJP) y el Journal of the American Medical Association Psychiatry (JAMA-PSY). El presente estudio revela que el 14,2 % de los pagos de la industria (645.135 dólares) realizados a autores que publicaron en estas dos revistas entre 2020 y 2022 no fueron declarados. Esta investigación, liderada por Francis Gesel de la Facultad de Medicina Geisinger Commonwealth, también concluye que casi todos los pagos no declarados (96,2 %) se realizaron a autores que llevaron a cabo ensayos controlados aleatorizados (ECA).

Los autores afirman:

«En nuestro estudio, el 14,2 % del total de pagos en AJP y JAMA-PSY, que asciende a 645.135,70 dólares, no fueron declarados. Estos pagos no declarados consistieron principalmente en pagos para investigación (82,6 %), con una proporción menor de pagos generales (12,6 %). La alta prevalencia de pagos no declarados sugiere que las políticas de divulgación existentes son insuficientes para garantizar una transparencia total».

Daños y sesgos vinculados a conflictos de interés financieros

Diversas investigaciones han demostrado que el financiamiento de la industria influye en los resultados de los ensayos clínicos. Diversos estudios han evidenciado sesgos en ensayos de antidepresivos, antipsicóticos, psicoterapia y terapia digital relacionados con conflictos de interés financieros. Expertos también han argumentado que este tipo de pagos de la industria, tanto a los autores de ensayos clínicos como a los expertos que escriben comentarios sobre ellos, socavan la credibilidad de las principales revistas científicas.

En 2015, JAMA publicó un editorial que minimizaba los problemas relacionados con los conflictos de interés. Los autores, quienes también recibían pagos de la industria, cuestionaron el término «conflicto», argumentando que era «provocativo y presuponía una conducta inapropiada». Sin embargo, las investigaciones han demostrado que los pagos directos de la industria a los médicos están vinculados a la prescripción irracional de medicamentos de la compañía, un aumento inapropiado en las tasas de prescripción, una menor calidad en la prescripción, un aumento en la prescripción de medicamentos de menor valor, un mayor gasto de Medicare, más quejas de pacientes y prácticas de prescripción más costosas.

Detalles del estudio

El objetivo del presente trabajo fue examinar la prevalencia y magnitud de los conflictos de intereses financieros (CIF) en las revistas AJP y JAMA-PSY, así como las características de los autores y los estudios vinculadas a dichos CIF. Los autores también buscaban identificar las empresas que realizaban pagos no declarados y su relación con los fármacos investigados por los autores a quienes habían pagado.

Los autores eligieron AJP y JAMA-PSY por su alto impacto, su influencia en la práctica clínica y sus políticas explícitas de declaración de CIF. Buscaron en cada revista a médicos estadounidenses que fueran autores de artículos publicados entre 2020 y 2022. Para ser incluidos en la presente investigación, los autores debían poseer un título de Doctor en Medicina (MD) o Doctor en Osteopatía (DO). Se excluyeron los artículos de investigación no originales.

Los investigadores localizaron los registros de cada autor relevante en OpenPayments.CMS.GOV, una base de datos donde las compañías farmacéuticas están legalmente obligadas a informar sobre los pagos a médicos estadounidenses. Recopilaron datos de pagos de los 36 meses anteriores a la fecha de publicación de cada artículo y los compararon con las declaraciones de CIF realizadas por los autores en AJP y JAMA-PSY.

Las revistas suelen exigir a los autores que revelen únicamente las empresas de las que han recibido pagos de la industria, no los importes abonados. Para estimar el valor de los conflictos de interés no declarados, los investigadores compararon las declaraciones de los autores con los registros de OpenPayments.CMS.GOV. Cualquier pago registrado en la base de datos de OpenPayments procedente de empresas no incluidas en las declaraciones de los autores se consideró no declarado.

Doce de los 139 autores elegibles de JAMA-PSY (8,6 %) y 15 de los 110 autores de AJP (13,6 %) tenían pagos de la industria registrados en la base de datos de OpenPayments. En total, estos autores recibieron 4.539.207 dólares en los 36 meses anteriores a la publicación de su investigación en AJP o JAMA-PSY. Esto incluía 895.000 dólares (20 %) en pagos generales y 3.644.100 dólares (80 %) en pagos por investigación. Los autores de AJP recibieron 2.766.147 dólares, en comparación con los 1.773.060 dólares de los autores de JAMA-PSY.

Los pagos no declarados representaron el 14,2 % (645.136 dólares) del total de pagos de la industria recibidos por los autores elegibles en ambas revistas. El 25 % (439.192 dólares) de todos los pagos realizados a los autores de JAMA-PSY no fueron declarados, en comparación con el 8 % (205.943 dólares) de los autores de AJP.

De los 27 autores con perfiles en OpenPayments, solo cinco tenían una tasa de declaración del 100 %. Seis autores que habían recibido pagos tenían una tasa de declaración del 0 %. Doce de estos autores declararon al menos el 50 % de sus pagos totales.

Los 10 autores que recibieron la mayor cantidad de pagos no declarados contribuyeron a 12 ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 11 de los cuales fueron para nuevos fármacos psicotrópicos. El patrocinio de la industria para la investigación representó la totalidad de los pagos no declarados entre estos autores. La industria farmacéutica patrocinó el 92% de estos estudios y representó el 95% de los pagos no declarados. Los fabricantes de dispositivos médicos representaron el resto de los pagos.

En total, el 99,4% de todos los pagos (4.513.574 dólares) y el 96,2% de los pagos no declarados se realizaron a los autores de ensayos clínicos aleatorizados (ECA). En la revista AJP, los autores de ECA recibieron el 88,8% de todos los pagos no declarados, en comparación con el 99,6% en JAMA-PSY. Diez empresas representaron el 90% de todos los pagos no declarados.

1. Janssen Research & Development (US$115 888; 18%)
2. Genentech (US$106 522; 17%)
3. Neurocrine Biosciences (US$83 834; 13%)
4. Medtronic USA (US$67 370; 11%)
5. Biohaven Pharmaceuticals (US$58 511; 9%)
6. Pfizer (US$35 595; 6%)
7. Sunovion Pharmaceuticals (US$27 683; 4%)
8. Vanda Pharmaceuticals (US$26 917; 4%)
9. Lundbeck (US$26 847; 4%)
10. H. Lundbeck A/S (US$26 595; 4%)

Los autores concluyen:

“Este estudio pone de relieve la prevalencia y magnitud de los conflictos de intereses financieros no declarados en dos de las revistas de psiquiatría más influyentes de Estados Unidos. Se identificaron importantes conflictos de intereses financieros no declarados entre autores que recibieron pagos, principalmente en el ámbito de la investigación, y entre un subconjunto de autores con alta remuneración que realizaron ensayos clínicos aleatorizados. Estos hallazgos subrayan las posibles deficiencias en

Limitaciones

Los autores reconocen varias limitaciones en el presente trabajo. Dado que la investigación se realizó exclusivamente en dos revistas, los resultados podrían no ser generalizables a otras publicaciones. Debido a discrepancias en la información sobre qué autores eran médicos estadounidenses, es posible que los investigadores estén sobreestimando o subestimando ligeramente el porcentaje de autores que no figuran en la base de datos de OpenPayments. Dado que OpenPayments solo exige a las empresas que informen sobre los pagos a personas que no son médicos a partir de 2021, estas personas fueron excluidas del presente análisis. Dado que las empresas tienen cuatro años para informar sobre los pagos a médicos en la base de datos OpenPayments, es posible que algunos pagos recibidos por los autores incluidos en esta investigación no se hayan publicado al finalizar el estudio.

Influencia de la industria en la investigación

Investigaciones anteriores han identificado otros casos de pagos no declarados a autores de ensayos clínicos, así como al 60 % de los autores del DSM-5. Diversos estudios han demostrado que la financiación de ensayos clínicos por parte de las compañías farmacéuticas sesga la investigación hacia resultados favorables para la industria. La industria también realiza pagos a editorialistas, revisores y autores de libros de texto de psicofarmacología. Este tipo de pagos, junto con otras tácticas empleadas por la industria para controlar la investigación e influir en las guías clínicas, han llevado a algunos expertos a argumentar que la medicina basada en la evidencia es una ilusión. La investigación también ha constatado que la transparencia sobre este tipo de pagos no ha sido suficiente para reducirlos ni para frenar la corrupción en la investigación.

Gesel, F., Baraldi, J., Goldhirsh, J., & Piper, B. J. (2025). Conflictos de intereses financieros no revelados entre médicos autores de importantes revistas de psiquiatría estadounidenses: un estudio transversal.

• Ya lo intentaron en el anteproyecto de ley del medicamento. Ahora, insertando la reforma en una norma que nada tiene que ver con la materia y justo cuando el Tribunal Supremo va a decidir si esos precios deben ser públicos en respuesta a los recursos de casación de Civio

OTRAS FUENTES. Revista nº 46 de Marzo de 2026

Civio.

Civio. 18-03-2026. https://civio.es/novedades/2026/03/18/psoe-y-sumar-quieren-blindar-legalmente-el-secreto-en-los-precios-de-los-medicamentos-colandolo-en-la-ley-de-discapacidad/

A continuación, reproducimos el excelente trabajo de Civio donde denuncia la enmienda presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Sumar, a petición del Gobierno, que intenta establecer el secreto de los precios reales de los nuevos medicamentos financiados por la sanidad pública.

Queremos expresamente agradecer a Civio este trabajo, que descubre el planteamiento del Gobierno de bloquear definitivamente la posibilidad de conocer el precio real de los nuevos medicamentos. La AAJM ha venido trabajando en el conjunto de organizaciones integradas en la plataforma No Es Sano para conseguir la transparencia sobre el precio de los medicamentos. En la actualidad y como señala bien Civio se encuentra pendiente una resolución del Tribunal Supremo.

Llama notablemente la atención, la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, de plantear la enmienda citada retractándose de todo el esfuerzo y lucha legal de organizaciones como No gracias, OCU, Salud por Derecho, SESPAS, Médicos del Mundo y la propia AAJM, sobre un principio que consideramos base la transparencia. Transparencia que pensábamos el actual MS compartía y ahora vemos lamentablemente que no era su posición real.

A continuación, reproducimos el análisis y los comentarios de Civio y finalmente el enlace al texto presentado por Civio.

Los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR han presentado una enmienda que convierte en secreto permanente el precio real de cada nuevo medicamento que cubra la sanidad pública. Y no lo hacen en una ley sobre medicamentos, como hasta ahora: lo hacen insertándola en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Y justo cuando el Tribunal Supremo va a resolver, por primera vez, si esos precios deben ser públicos, en respuesta a los recursos de casación que Civio ha presentado y que el alto tribunal ha admitido a trámite.

La justificación de la enmienda cita, textualmente, “el riesgo de que una interpretación judicial restrictiva obligue a divulgar precios efectivos”. Esa “interpretación judicial” es la que podría llegar tras nuestras sentencias y nuestros recursos. El Gobierno lo pone por escrito.

Nos enteramos gracias a una persona que nos avisó por redes sociales. No íbamos a escrutar esta ley sobre discapacidad, de modo que esta maniobra hubiera pasado bajo el radar. Ya hemos alertado a los diputados integrantes de las dos comisiones implicadas en el Congreso: a la de Derechos Sociales y Consumo, que tiene en su mano tumbar la enmienda; y a la de Sanidad, que está siendo puenteada con esta maniobra de ambos grupos parlamentarios.

Aquí puedes consultar las cartas que hemos remitido a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo; y a la de Sanidad en el Congreso de los Diputados.

Civio lleva años trabajando para que los precios de los medicamentos que pagamos entre todos dejen de ser un secreto. Esta es la cronología completade nuestros procedimientos judiciales. Hemos obtenido sentencias favorables en primera instancia y, cuando la Audiencia Nacional las revocó, recurrimos en casación, y el Tribunal Supremo ha admitido tramitar nuestros recursos. Es la primera vez que el alto tribunal va a decidir si la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto pagan las administraciones públicas por cada fármaco. En mayo de 2025 denunciamos que el Ministerio de Sanidad estaba intentando incluir esta misma cláusula en el anteproyecto de ley de medicamentos. Esa norma aún no ha llegado al Congreso. De hecho, hubo una consulta pública en la que participamos y de la que no se ha sabido nada. más. Ahora lo intentan por la puerta de atrás.

La maniobra y lo que está en juego

La Enmienda 259 no se tramita en un proyecto de ley sobre medicamentos, ni sobre política farmacéutica, ni sobre transparencia, ni sobre contratación pública. Se ha insertado como disposición final en el Proyecto de Ley 121/000064, sobre derechos de las personas con discapacidad. Es, simple y llanamente, una reforma insertada en una norma cuyo debate se centra en otra materia. PSOE y SUMAR usan una ley de amplio consenso social como vehículo para una reforma que blinda la opacidad del gasto farmacéutico público. Así no pasa por la Comisión de Sanidad, que es donde debería debatirse cualquier reforma de la legislación farmacéutica, y se dificulta el escrutinio público.

El timing no es casual. El Tribunal Supremo admitió nuestros recursos de casación —caso Zolgensma, admitido en noviembre de 2025; y caso Luxturna, recurso n.º 4550/2025, auto de 17 de diciembre de 2025— e identificó tres preguntas que va a resolver: si la confidencialidad del artículo 97.3 desplaza la Ley de Transparencia; si se extiende al precio fijado por la Administración o solo a los datos que entregan las empresas; y si el secreto persiste una vez tomada la decisión o solo mientras se negocia. La Enmienda 259 pretende responder esas tres preguntas por vía legislativa, antes de que el Supremo pueda pronunciarse. Los proponentes lo reconocen en la propia justificación de la enmienda:

El riesgo de que una interpretación judicial restrictiva del artículo 97.3 de la Ley de garantías obligue a divulgar precios efectivos y acuerdos de financiación, con efectos estructurales sobre el gasto y el mercado farmacéutico.

La “interpretación judicial restrictiva” son las sentencias que hemos ganado y los recursos que el Supremo acaba de admitir. Lo escriben: la enmienda se presenta para evitar que un tribunal pueda obligar a divulgar esos precios.

Lo que dice la enmienda, en sus propias palabras

Las pruebas están en el propio texto. Su alcance va mucho más allá de la ley vigente y mucho más allá de lo que cualquier gobierno anterior había planteado.

De la confidencialidad de los datos empresariales a la confidencialidad de todo

La ley vigente (artículo 97.3 del Real Decreto legislativo 1/2015) protege “la información que en virtud de este artículo obtenga la Administración General del Estado”: los datos técnicos, económicos y financieros que las farmacéuticas facilitan a Sanidad durante la negociación de precios. Proteger esos datos tiene sentido. La enmienda propone sustituir esa fórmula por esta:

Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial.

La expresión “información derivada de los mismos o de su aplicación” es una cláusula escoba: convierte en secreto todo lo que pueda conectarse, directa o indirectamente, con un acuerdo de financiación. Ya no se protege la información empresarial aportada durante la negociación, sino el resultado mismo de la decisión pública. La resolución administrativa que dicta la Dirección General de Cartera Común, un acto con efectos directos sobre el gasto público, pasaría a ser secreta por ley.

Además, si un futuro gobierno, un órgano de control parlamentario o una comunidad autónoma quisieran hacer público cuánto paga el sistema sanitario por un tratamiento, la ley se lo impediría.

El secreto sobre los contratos públicos: sin precedente

Incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas.

No existe otro ámbito de la contratación pública general en España donde el legislador haya blindado por ley el precio de un suministro. La propia Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, obliga a publicar los documentos de los contratos, incluido el precio unitario de adquisición. Si el precio pagado por una administración pública puede ocultarse por estar conectado a información empresarial, cualquier empresa adjudicataria de cualquier contrato público podría invocar lo mismo. Esta enmienda crearía una excepción sin parangónen la contratación pública española.

La justificación que delata la estrategia

Ya hemos citado más arriba la frase más reveladora de la justificación. Conviene insistir en lo que implica: los proponentes reconocen explícitamente que la enmienda se presenta para neutralizar las decisiones judiciales en curso. No se presenta para resolver un problema legislativo: se presenta para evitar que los tribunales fijen una doctrina favorable a la transparencia. Lo reconocen por escrito.

La excusa de los datos agregados

La enmienda incluye un nuevo apartado que obliga a Sanidad a publicar “información accesible para el público general sobre la financiación de cada producto” e “información agregada” en formatos abiertos. Si los precios reales son confidenciales por ley, lo que se publique será lo que Sanidad decida contar. Es la excusa a la que se aferra actualmente el Ministerio de Sanidad. Pero “información accesible sobre la financiación de cada producto” sin conocer el precio real es una frase vacía. Y “datos agregados” es exactamente lo que denunciamos: ocultar el precio unitario y ofrecer solo totales por categorías. Como ya defendimos en mayo de 2025: nadie aceptaría, en ningún otro contrato adjudicado por la administración, que se ocultase el precio unitario y solo se publicasen datos agregados.

Los verdaderos intereses detrás de esta enmienda, los de las farmacéuticas

La justificación de la enmienda invoca la “capacidad negociadora del Estado” y la “cláusula de Nación Más Favorecida impulsada por Estados Unidos” como razones para blindar la confidencialidad. Son argumentos conocidos: los lleva esgrimiendo la industria farmacéutica desde hace años. Son, de hecho, exactamente los mismos que Novartis y el propio Ministerio de Sanidad han utilizado ante los tribunales para oponerse al acceso a la información que solicitamos. Que la justificación de una enmienda parlamentaria sea indistinguible de la posición procesal de un laboratorio en un litigio en curso merece, como mínimo, una explicación.

Sobre la capacidad negociadora, la Resolución WHA 72.8 de la OMS, que España votó a favor, concluye exactamente lo contrario. La transparencia de precios no debilita la posición negociadora de los Estados: la refuerza, porque reduce la asimetría informativa entre la administración pública y la industria. La opacidad no protege al Estado: protege a quien tiene más información, que son las empresas farmacéuticas, que conocen los precios que cobran en todos los países.

Una nota curiosa: Novartis presentó ante el Tribunal Supremo su escrito de oposición al recurso de Civio en el caso Zolgensma el 10 de marzo de 2026, pidiendo confidencialidad absoluta. Dos días después, se publicó la Enmienda 259. En su escrito, Novartis sostiene que reconocer el derecho de acceso supondría “sustituir al legislador, que es el único que debe decidir si las resoluciones de financiación y precio deben dejar de ser confidenciales”. El resultado legislativo propuesto coincide punto por punto con la posición procesal de la industria.

Y que conste: en su escrito de oposición, Novartis adelanta como escenario que, si los precios fueran públicos, puede que “algunas compañías decidan no ofrecer sus nuevos productos al SNS”. Es legítimo que una empresa defienda sus intereses ante un tribunal. Lo que no es aceptable es que ese tipo de presión, que desde Civio consideramos una amenaza apenas disimulada, determine la política legislativa del Estado.

Es más, la enmienda contradice la propia ley que modifica. El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2015 consagra “la máxima transparencia” como principio rector de las decisiones sobre medicamentos. Su artículo 106.2 declara que la información de compras hospitalarias “es de dominio público”, distinguiendo entre datos comerciales de la empresa (confidenciales) y precios de compra pública (de dominio público). La enmienda borra esa distinción.

Señorías, rechacen la Enmienda 259

Ayer hemos remitido cartas formales a los 51 miembros de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde se tramita la enmienda, y a los 47 miembros de la Comisión de Sanidad, a cuyas competencias pertenece esta materia pero que ha sido excluida del debate.

A los primeros les pedimos que voten en contra de la Enmienda 259 y que rechacen cualquier formulación alternativa que amplíe la confidencialidad más allá de lo que establece la ley vigente. A los de Sanidad les alertamos de que se está reformando la política farmacéutica sin que su comisión haya tenido participación: les pedimos que exijan la retirada o remisión de la enmienda, que lo hagan visible y que voten en contra si les llega.

A todos les pedimos que dejen al Tribunal Supremo resolver sin interferencias. Y que, en lugar de blindar la opacidad, consideren una reforma en la dirección opuesta: hacia la transparencia, en línea con los compromisos internacionales que España ha asumido y con los principios que el propio Gobierno defiende en público, pero que no cumple.

Lo que tiene que ser público y lo que no no lo fija quien vende ni quien compra. Lo fijan el interés público y el derecho de acceso. Si el Estado paga, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y en qué condiciones.

Texto de Civio solicitando el voto en contra a la Enmienda 259

Enmienda 259 al Proyecto de Ley 121/000064: Solicitud de voto en contra de la ampliación de la confidencialidad en los precios de los medicamentos en la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad

Carta de la Comisión de Sanidad sobre la Enmienda 259 al Proyecto de Ley 121:000064.pdf |

https://civio.app.box.com/s/kib59ns7tas2p1uacc6ycyw0lqglfasn?utm_source=Lista+General+de+Civio&utm_campaign=e43b230d36

OTRAS FUENTES. Revista nº 46 de Marzo de 2026

nmurcia.

No Gracias, 21-02-2026. https://www.nogracias.org/2026/02/21/nogracias-mas-alla-de-la-campana-estatal-de-boicot-a-teva/

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Texto de interés de nuestra organización amiga No Gracias en el que expone su posicionamiento claro y rotundo de apoyo a la campaña estatal de boicot a la empresa farmacéutica Teva.

Sí al boicot a Teva

NoGracias apoya la campaña estatal de boicot a los productos de Teva, empresa farmacéutica israelí, que se desarrollará en España del 1 de marzo al 1 de diciembre de 2026.

Sobran razones para hacer lo que esté en nuestras manos y ayudar a frenar la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina.

Pero, además, conviene tener en cuenta que en el boicot es clave la participación de los poderes públicos.

Teva, empresa criminal

La ideología sionista gobierna políticamente Israel (que se define como “un Estado sionista”), pero también infiltra a sus empresas.

La ideología política se demuestra, por ejemplo, por el compromiso de Teva con las fuerzas armadas israelíes (de siempre, e incrementado desde el 7 de octubre de 2023) y con su participación en el bloqueo a la entrada de medicamentos en Gaza.

Tal ideología política sionista explica también, parcialmente, la corrupción de Teva, empresa condenada y multada con miles de millones por actividades criminales en el mundo entero, en algunos casos con secuelas de muertes, como en su participación en la crisis de los opiodes en Estados Unidos. Teva es una empresa corrupta y corruptora.

Por supuesto, como hemos destacado, la ideología sionista de Teva explica sólo parte de su actividad criminal, que comparte con el resto de las empresas farmacéuticas del mundo, casi sin excepción.

¿Qué pedimos/reivindicamos/exigimos a los poderes públicos en relación con Teva?

Puesto que de Teva se trata, conviene que los poderes públicos en España se impliquen en cuestiones de dignidad, ética, justicia y solidaridad respecto a esta empresa.

No basta con que las administraciones públicas, hospitales y otros compradores institucionales se sumen al boicot no escogiendo a Teva como proveedor en sus compras públicas y licitaciones sanitarias.

Hay que ir más allá.

Así:

¿Hasta cuándo abusará Teva de nuestra paciencia por la connivencia de autoridades administrativas y políticas españolas con sus actividades en general?

¿Hasta cuándo abusará de nuestra paciencia manteniendo abiertas la fábrica de Teva en Zaragoza y las demás instalaciones de Teva en España?

¿Hasta cuándo se seguirán financiando los productos de Teva por el Sistema Nacional de Salud, hasta cuándo se mantendrán las autorizaciones de comercialización?

¿Hasta cuándo seguirán los poderes públicos españoles sin analizar las implicaciones de otras empresas farmacéuticas y tecnológicas que trabajan en el campo sanitario con la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina, y actuar en consecuencia? Por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, Lilly, Phillips, Merck, BMS, Novartis, Google, Telefónica, Sanofi, GSK, Medtronic. Siemens, Indra, Hewlett-Packard, Microsoft y otras empresas que quizá hayan participado y participan apoyando la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina.

El boicot en la práctica

Conviene centrar el boicot en los tres medicamentos financiados públicamente y más vendidos de Teva en las farmacias españolas: omeprazol, atorvastatina y pantoprazol. Y en los siguientes más vendidos: rosuvastatina, rasaglicina, apixaban, fentanilo y budenosida/formoterol.

Teva es Teva pero también Actavis, Davur, Belmac, Ratiopharm y Tevagen, para pedir alternativas a todas estas marcas.

Sin olvidar la compra directa de medicamentos de libre dispensación (por el público), ni los cambios posibles en los listados electrónicos de medicamentos en los sistemas informáticos médicos (por el sistema sanitario público).

En medicamentos de prescripción por especialistas hospitalarios, hay varios de marca (no genéricos): Austedo (deutetrabenazine) para la enfermedad de Huntington y la discinesia tardía, Ajovy (fremanezumab) para la migraña (no aporta nada), Copaxone (glatiramero) para la esclerosis múltiple (no aporta nada), Uzedy (risperidona) para la esquizofrenia y Azilect (rasagilina) para el parkinson.

Casi todos los medicamentos de Teva cuentan con alternativas de otras empresas.

“Transferencias de valor” de Teva en España

Conviene que los poderes públicos denuncien y boicoteen a profesionales y organizaciones sanitarias que cooperan “especialmente” con Teva.

Gran parte del uso de medicamentos de Teva se debe al dinero que Teva da a médicos “creadores de opinión” (key opinion leaders) y organizaciones sanitarias clave.

En España destacan, sumando el total en 2023 y 2024, Patricia Pozo Rosich, Barcelona, neuróloga del Valle D’Hebron, que recibió directamente de Teva 77.000 euros en lo que llaman “transferencias de valor”.

También la Fundación SEN (Sociedad Española de Neurología), Barcelona, 238.000, Fundació Hospital Universitari Valle D’Hebron, Institut de Recerca, Barcelona, 138.000 y la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, SEFAC, Madrid, 143.000 euros.

Hay que destacar que la Fundación Hospital Universitari Vall d´Hebrón (Vall d’Hebron Institut de Recerca, VHIR) tiene en su Comité Científico Interno como vicepresidenta a la citada neuróloga Patricia Pozo Rosich y en su Comité Científico Externo a Ronit Satchi-Fainaro, israelí de Tel Aviv, que pertenece al Consejo de Administración de Teva (lo que se oculta en su  curriculum que aparece en la página del VHIR).

Síntesis

El boicot a Teva no puede ser una simple “ilusión de acción” y por ello exigimos la implicación de los poderes públicos en acciones que recuperen la dignidad, ética, justicia y solidaridad respecto a la ocupación, el apartheid y el genocidio en Palestina.

Referencias básicas

-Teva en España. Un gigante farmacéutico cuyas ganancias dañan la salud de la población de Palestina.

Teva en España. Un gigante farmacéutico cuyas ganancias dañan la salud de la población de Palestina. Por Profesionales de la sanidad por Palestina, España (HealthWorkers4PalestineSpain).

-CAMPAÑA estatal «¿Teva? No, gracias». Desde el 1 de Marzo al 1 de Diciembre de 2026.

https://hw4p.es/acciones-urgentes/campana-estatal-teva-no-gracias-desde-el-1-de-marzo-al-1-de-diciembre-de-2026

-Teva crea valor para sostener el genocidio en Palestina. Teva creates value to sustain genocide in Palestine

https://hw4p.es/boicot/farmaceutica/teva

-Comité Científico Interno del VHIR

https://vhir.vallhebron.com/es/instituto/organos-de-gobierno/comite-cientifico-interno

-Comité Científico Externo del VHIR

https://vhir.vallhebron.com/es/instituto/organos-de-gobierno/comite-cientifico-externo

-Página de Teva

Board of Directors: Prof. Ronit Satchi-Fainaro  Independent Director

https://www.tevapharm.com/our-company/leadership-governance/board-of-directors/prof-ronit-satchi-fainaro/

OTRAS FUENTES. Revista nº 46 de Marzo de 2026

Editorial The Lancet.

Volumen 407, Número 10535P1209 28 de marzo de 2026.

https://x.com/thelancet/status/2037538129549128179?s=51&t=XlpFaUQcu7YQhHlrwkl_GQ

El editorial de Lancet aborda las dificultades y problemas que la FDA está experimentando actualmente. La política de la administración Trump, como plantea la editorial, está poniendo en riesgo algunos de sus valores como la transparencia, la integridad y la seguridad en la evaluación y posterior autorización de medicamentos. Su lectura es interesante, porque aún desde el posicionamiento habitual muy controlado de The Lancet, se concluyen graves problemas en el proceso de autorización de los medicamentos, lo cual teniendo en cuenta el papel que desempeña la FDA en la autorización posterior a nivel mundial es de una singular importancia

El principio de que los medicamentos no deben llegar a los pacientes sin estrictas medidas de seguridad constituye la base de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA). La FDA influye en las decisiones sobre qué medicamentos llegan a los consumidores de todo el mundo, mediante rigurosos estándares de seguridad, eficacia y supervisión posterior a la comercialización en las prácticas regulatorias de medicamentos, con un presupuesto de 6800 millones de dólares para 2026.

Se enfrenta al difícil reto de mantener los estándares científicos y una revisión rigurosa, al tiempo que facilita el acceso a medicamentos y dispositivos a los pacientes que los necesitan lo más rápido posible. Debido a esta tensión y al poder de decisión de la FDA, su independencia política ha estado bajo escrutinio desde su creación. Si bien la rapidez es importante, la transparencia y la integridad garantizan la seguridad y la confianza pública.

Bajo la administración Trump, la FDA está perdiendo rápidamente su capacidad debido a la creciente presión. En 2025, se informó que casi el 90% de los altos directivos de la FDA habían renunciado, quedando solo tres gerentes sénior con experiencia. Con los recortes federales y las renuncias, la plantilla de la FDA se redujo en casi una cuarta parte, más de 4000 personas. La reducción de personal ha provocado retrasos en las revisiones, aplazamientos de inspecciones y una mayor carga de trabajo. Desde enero de 2025, el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, la división de la FDA creada para acelerar el desarrollo de vacunas, terapias génicas y otros medicamentos para enfermedades raras, ha tenido seis directores diferentes. El personal que recientemente dejó la agencia ha expresado su preocupación por la influencia que ejercen los nombramientos políticos en las decisiones científicas y regulatorias.

En julio de 2025, Marty Makary, Comisionado de la FDA, se comprometió a modernizar la agencia mediante la adopción de la ciencia de referencia, la transparencia radical y el sentido común. Sin embargo, se han producido decisiones inconsistentes en varias revisiones de medicamentos de alto perfil. En febrero, la FDA se negó a revisar la solicitud de licencia para productos biológicos de mRNA-1010, la vacuna antigripal de ARNm de Moderna, debido a que objetó el diseño del ensayo —y no un problema de seguridad o eficacia— a pesar de haber aprobado previamente el estudio, según informes. Una semana después, revirtió su decisión y accedió a revisar una solicitud enmendada.

El nuevo Centro de Innovación para Enfermedades Raras, que incluye un marco para permitir la aprobación de algunos medicamentos sin ensayos controlados aleatorizados, ha demostrado algunos éxitos notables junto con varios reveses en la ataxia de Friedreich, el síndrome de Angelman y el síndrome de Hunter. El rechazo de la FDA a una terapia génica para la enfermedad de Huntington también parece haber sido víctima de estándares de evidencia inconsistentes. La transparencia no se trata solo de publicar documentos, sino que también requiere razonamientos científicos y decisiones regulatorias que sean claras, comprensibles y coherentes.

Quizás lo más grave sea que una agencia reguladora no puede funcionar eficazmente si se eluden sus procesos científicos y su personal, y si se compromete su independencia.

El programa piloto de Vales de Revisión de Prioridad Nacional (CNPV) tenía como objetivo reducir drásticamente los plazos de revisión de las solicitudes, pasando de los habituales 10-12 meses a 1-2 meses, para productos que abordaran necesidades urgentes de salud pública o médicas. Si bien este es un objetivo loable, el programa ha sido criticado por basarse en la selección discrecional de la dirección de la agencia en lugar de un proceso competitivo formal para la asignación de los vales. Las asignaciones de CNPV para medicamentos para la fertilidad y la obesidad se han vinculado a los compromisos de precios o acceso negociados por la administración Trump. Al menos cinco empresas que participaron en las negociaciones de precios de Medicare con la Casa Blanca entre 2023 y 2026 también recibieron vales de la FDA en 2025 o 2026. Esto agrava la preocupación de que las herramientas regulatorias se estén utilizando para impulsar una agenda política.

En el pasado, la intervención política directa ha intentado anular la revisión científica de la FDA. La mifepristona, finalmente aprobada para la interrupción temprana del embarazo, fue objeto de tres décadas de intensa interferencia política. Mientras el Congreso tomaba medidas para bloquear su aprobación, las directivas de la Casa Blanca la promovían. La aprobación de medicamentos se convirtió en un campo de batalla para la política nacional, y los límites entre la regulación científica y la política se desdibujaron. Los resultados de salud se ven afectados cuando la interferencia política debilita la confianza pública en las decisiones de la FDA, distorsiona los riesgos en relación con los beneficios y retrasa el acceso a productos que satisfacen necesidades médicas.

La confianza en la solidez científica de la FDA es fundamental para su legitimidad. Incluso la percepción de influencia política en la toma de decisiones científicas puede dañar la confianza. Si bien la administración define correctamente las prioridades regulatorias generales, la política debe mantenerse al margen de las decisiones regulatorias caso por caso. Una FDA sujeta a la intervención de políticos pierde la confianza del público, la industria y la comunidad médica. Cuando esto sucede, las consecuencias no son administrativas: las pérdidas se pueden cuantificar en vidas humanas.

OTRAS FUENTES. Revista nº 46 de Marzo de 2026

Dean Baker.

Center for Economy and Policy Researcg (CEPR). 24 de marzo de 2026.

https://cepr.net/publications/free-market-ozempic-will-make-a-huge-difference-to-tens-of-millions-of-people/

Excelente por su sencillez y claridad este artículo de nuestro bien conocido y habitual en los artículos de otras fuentes de la revista Dean Baker. En este texto de nuevo expone sus ideas y reflexiones con una rotundidad demoledora. Por favor, no dejen de leerlo.

El New York Times publicó un interesante artículo sobre las implicaciones de la disponibilidad de Ozempic como genérico en India, China y otros países. La reducción de precio podría llegar a ser cercana al 99% en estos países.

Según el artículo, Ozempic se vende a cerca de 300 dólares por un tratamiento mensual en países en desarrollo como China e India. Se espera que su precio ronde los 15 dólares por tratamiento mensual cuando se introduzcan los genéricos, y podría llegar a bajar a unos 3 dólares cuando haya suficiente competencia en el mercado.

Las diferencias de precio en Estados Unidos y otros países ricos son aún mayores. Las personas sin seguro médico pueden llegar a pagar hasta 1000 dólares por un tratamiento mensual, aunque existen descuentos que pueden reducir este precio a la mitad. El medicamento aún cuenta con varios años más de protección de patente en Estados Unidos gracias a disposiciones legales, motivadas por la presión de la industria farmacéutica, que extienden la protección cuando el proceso de aprobación de la FDA se prolonga.

Medicamentos baratos: Los monopolios de patentes los encarecen

Este artículo es útil para mostrar la enorme diferencia que supondría para la vida de las personas la disponibilidad de medicamentos genéricos. Salvo raras excepciones, la fabricación y distribución de medicamentos son económicas; sin embargo, pueden resultar caros debido a que los gobiernos otorgan monopolios de patentes u otras formas de protección a las compañías farmacéuticas.

Como señala el artículo, cientos de millones de personas en estos países que padecen diabetes u obesidad podrían beneficiarse de Ozempic. Muchas no pueden conseguir que su aseguradora o el gobierno cubran el precio del medicamento con patente y, por lo tanto, no pueden pagarlo de su propio bolsillo. Sin embargo, cuando esté disponible como genérico, será asequible para la mayoría de estas personas.

Si Ozempic y otros medicamentos estuvieran disponibles como genéricos desde el día de su aprobación, solo las personas más pobres no podrían costearlos. Incluso para ellas, los gobiernos y las agencias de ayuda podrían ser realistas y aspirar a cubrir el coste.

Existen alternativas a la investigación financiada mediante monopolios de patentes.

El argumento a favor de los monopolios de patentes es que son necesarios para incentivar la investigación. Sin embargo, las patentes son solo una forma de financiarla. Existen otros mecanismos, como los pagos directos a través del sector público, que ya se utilizan. El gobierno invierte más de 50 mil millones de dólares anuales en investigación biomédica a través de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias gubernamentales.

Esta cifra tendría que triplicarse o incluso cuadruplicarse para reemplazar la investigación que actualmente se financia mediante monopolios de patentes, Así, Estados Unidos ahorraría más de 500 mil millones de dólares anuales (4000 dólares por hogar) al poder adquirir todos los medicamentos a precios genéricos. Esto cubriría con creces el costo del gasto público adicional en investigación.

Hay buenas razones para pensar que este tipo de mecanismo haría que el proceso de investigación fuera más eficiente. Como condición para obtener la financiación, el gobierno podría exigir que todos los resultados se publiquen en la web lo antes posible. De esta forma, los investigadores de todo el mundo podrían beneficiarse rápidamente de hallazgos prometedores y evitar callejones sin salida.

Esto también reduciría la cantidad de dinero desperdiciado en la investigación de medicamentos duplicados. Cuando surge un fármaco revolucionario, como Ozempic, otras compañías se apresuran a desarrollar medicamentos similares que puedan eludir la patente, para obtener una parte de los beneficios que esta genera. Si bien es deseable contar con más de un medicamento para tratar una afección o enfermedad, el dinero destinado a la investigación generalmente se invertiría mejor en el desarrollo de curas para enfermedades para las que no existe un tratamiento eficaz.

Quizás lo más importante sea que al eliminar los monopolios de patentes se elimina el incentivo para que las compañías farmacéuticas mientan sobre la seguridad y la eficacia de sus medicamentos. El ejemplo más extremo de esto fue cuando las compañías farmacéuticas engañaron a los médicos sobre la adicción de la nueva generación de opioides, lo que contribuyó enormemente a la crisis de los opioides. Pero este problema ocurre constantemente, ya que las compañías farmacéuticas desarrollan continuamente nuevas estrategias para imponer sus medicamentos a médicos y pacientes, incluso cuando no sean el mejor tratamiento.

Necesitamos un debate serio sobre la financiación del desarrollo de fármacos

Hace tiempo que se necesita un debate real sobre los mejores mecanismos para financiar el desarrollo de fármacos. Gran parte de la comunidad económica ha obstaculizado activamente este tipo de debate, argumentando que los monopolios de patentes otorgados por el gobierno representan el libre mercado. Esta afirmación, obviamente absurda, se ha tomado en serio en los círculos políticos durante décadas.

Quizás, si sobrevivimos a la locura de Trump, podamos finalmente tener un debate serio sobre este tema tan importante. Y quizás, tras la era Trump, la verdad salga a la luz y los economistas, que se enfurecen con un arancel del 10%, reconozcan que un monopolio de patentes otorgado por el gobierno que eleva los precios en un 10.000% también constituye una intervención en el mercado.

EDITORIAL. Revista nº 45 de febrero 2026

Jaume Vidal.

Consultor independiente. Miembro de la Comisión Editorial de la rAJM.

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Vivimos tiempos extraordinarios, de final de etapa y principios inciertos de algo diferente, distinto. Un periodo donde las oportunidades conviven con los riesgos. Desde los desafíos que enfrenta la institucionalidad y práctica de la salud global a las ambigüedades en la transformación del ámbito regulatorio farmacéutico europeo o los retos por completar una ambiciosa agenda farmacéutica y sanitaria a nivel doméstico. Procesos paralelos, pero con múltiples puntos de contacto; desarrollos y desenlaces que en cada nivel pueden afectar en mayor o menor medida a otros escenarios.

Recientes decisiones del gobierno estadounidense como la salida intempestiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la súbita suspensión de programas de asistencia vital como el President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) han erosionado los pilares institucionales y financieros de la salud global. La incapacidad (por motivos de muy distinta naturaleza) del resto de actores a responder, compensar o paliar el impacto de estas acciones unilaterales es si cabe aún más preocupante; nos obliga a interrogarnos sobre la viabilidad de un modelo nacido tras la 2ª Guerra Mundial y consolidado tras el final del enfrentamiento entre bloques.

La Unión Europea (UE) no va a erigirse en salvadora de un orden internacional basado en la relación entre iguales, guiado por la solidaridad y la colaboración ante la amenaza compartida. Los discursos y gestos desde Bruselas (y aplaudidos por la mayoría de las capitales) apuntan al repliegue, rearme y reindustrialización con la acción en salud supeditada a la agenda comercial y mercantil. Las concesiones a la industria en dosieres claves como la reforma de la legislación farmacéutica o la escasez de medicamentos y las posiciones duras (cuasi recalcitrantes) en la negociación del acuerdo de pandemias por parte de la Comisión Europea, en nombre de los estados miembros, son algunos ejemplos de la deriva comunitaria.

Es en los panoramas de desolación donde la resistencia cobra valor. Son pocos los gobiernos que, en los últimos años, han hecho una apuesta firme por la Salud tanto en el ámbito interno como allende las fronteras. Con aciertos y errores, el ejecutivo español lo ha intentado, no con pocos éxitos: el retorno al Comité Ejecutivo de la OMS, la aprobación en la Asamblea Mundial de la Salud de la resolución con el primer plan estratégico contra enfermedades raras o la profundización en la cooperación regulatoria de productos farmacéuticos con las Americas son hitos indiscutibles; otras contribuciones, más calladas y menos visibles, también han sido valoradas en foros y espacios. A nivel interno, la realidad es tozuda y el proyecto de nueva Ley del Medicamento, una asignatura estructuralmente pendiente, se encuentra en el limbo legislativo de mayorías fluctuantes; en este caso la voluntad política no es suficiente para alcanzar los objetivos.

En resumen, tiempos de cambio e incertidumbre, pero también de esperanza necesaria y optimismo militante; es el momento de continuar esforzándonos y colaborando para que la salud no dependa de ingreso ni frontera y el acceso a medicamentos sea derecho y no quimera.