Este artículo destaca una muy importante noticia: la sentencia del TJUE rechazando la negativa de la Comisión Europea a revelar los mensajes entre Von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en los meses más críticos de la pandemia.
Esta sentencia se enmarca en la denegación de la Comisión Europea a la solicitud de una periodista de The New York Times de acceso a los mensajes entre la presidenta Von der Leyen y Albert Bourla CEO de Pfizer.
Como los autores señalan podemos considerar esta sentencia como una victoria para la transparencia
El Tribunal de la UE ha fallado en contra de la Comisión por no justificar su negativa a divulgar los mensajes entre Von der Leyen y el director de Pfizer. Los críticos afirman que la actuación de la Comisión socava la rendición de cuentas y reclaman una mayor transparencia.
Varias ONG focalizadas en asuntos de ética y transparencia pública han celebrado la sentencia dictada el miércoles por el Tribunal General de la UE, uno de los dos organismos de los que se compone el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). Esta afirma que la Comisión Europea no ha dado una explicación plausible tras negarse a entregar unas conversaciones de WhatsApp de alto nivel entre Ursula Von der Leyen y el director de Pfizer durante la pandemia de coronavirus. Estas versarían sobre los contratos de compra de la vacuna COVID-19 con el gigante farmacéutico.
Tras las revelaciones del ‘New York Times‘ sobre la existencia de mensajes entre Von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en aquellos meses críticos, una periodista del periódico estadounidense presentó una solicitud de acceso a los mensajes. En aquel momento, la Comisión denegó dicha petición, argumentando que los mensajes de texto son, por naturaleza, efímeros y no cumplen los criterios para ser incluidos en el sistema de gestión de documentos públicos de la institución.
«La decisión de hoy es una victoria para la transparencia y la responsabilidad en la Unión Europea. Envía un poderoso mensaje de que las comunicaciones efímeras no están fuera del alcance del escrutinio público», ha declarado un portavoz del ‘New York Times’ en un comunicado tras la sentencia. La publicación añade que la sentencia deja claro que los funcionarios están obligados a tratar los mensajes de texto como cualquier otro documento de trabajo y critica la gestión de la Comisión Europea. Según el Tribunal, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no posee los documentos solicitados, y debería haber ofrecido explicaciones creíbles que permitan tanto al público como al Tribunal entender por qué no se pueden localizar los documentos.
«La sentencia de hoy demuestra claramente que la transparencia y la responsabilidad democrática no deben ejercerse a puerta cerrada en la Unión Europea», ha declarado la eurodiputada Tilly Metz (Luxemburgo / Los Verdes). La centroeuropea añade que cuando las decisiones y los acuerdos importantes se realizan en secreto, existe el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre el bien público. Metz también participó en otro proceso judicial, iniciado en 2021, contra Von der Leyen en relación con la transparencia de los contratos de vacunas. En ese caso, la Comisión publicó documentos muy censurados; una opacidad que el Tribunal de Justicia de la UE condenó más tarde al observar irregularidades en dicho procedimiento.
En 2022, la defensora del pueblo de la UE, Teresa Anjinho, también criticó la gestión de la Comisión ante la petición del ‘New York Times’, describiéndola como un «toque de atención» a la UE. En reacción a la sentencia de hoy, Anjinho ha declarado lo siguiente: «El Tribunal -al igual que esta defensora- subraya una vez más que el derecho de acceso a los documentos exige que las instituciones afectadas, en la medida de lo posible y de forma no arbitraria y previsible, elaboren y conserven siempre la documentación relativa a sus actividades«. La defensora también ha pedido a la Comisión que extraiga las conclusiones necesarias de la sentencia de hoy y garantice el pleno respeto del derecho de acceso del público a los documentos.
«Esta sentencia nos recuerda una vez más que la UE se rige por el Estado de Derecho y que sus dirigentes están sometidos al escrutinio constante de los medios de comunicación libres y de un Tribunal independiente«, ha declarado Alberto Alemanno, fundador de The Good Lobby. Alemanno añade que la victoria del ‘NYT’ es «la victoria de todos, ya que esta sentencia está llamada a conducir a una mayor responsabilidad de las acciones de los líderes de la UE». Shari Hinds, responsable de políticas en la organización Transparencia Internacional UE, declara a ‘Euronews’ que «sigue habiendo mucha falta de claridad y debería haber transparencia en torno a lo sucedido». En su opinión, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales cuando se trata de decisiones de salud pública como estos contratos, que afectan a millones de personas. «Creemos que la confianza pública debe ser restaurada, hay preguntas abiertas y es hora de que la Comisión muestre su compromiso de aumentar la responsabilidad pública«, ha añadido.
La Comisión Europea, que tiene dos meses para presentar un recurso de apelación, ha dicho que examinará de cerca la decisión del Tribunal General antes de decidir sus próximos pasos. También ha anunciado planes para adoptar una nueva decisión que ofrezca una explicación más detallada en respuesta a la petición original del ‘New York Times’. «La transparencia siempre ha sido de suma importancia para la Comisión y para la presidenta Von der Leyen. Seguiremos cumpliendo estrictamente el sólido marco jurídico vigente para hacer cumplir nuestras obligaciones», ha declarado un portavoz de la Comisión.
Un excelente e ilustrativo artículo de Ellen ´t Hoen donde relata la demanda de la Fundación de Responsabilidad Farmacéutica (PAF) sobre las descomunales ganancias de Abbvie con el medicamento Humira obtenidas en los Países Bajos.
Sin duda sería un espléndido resultado para los pacientes y sistema público de salud neerlandés que los tribunales estimarán la demanda y condenarán a Abbvie.
Hoy, 9 de mayo de 2025, es un día importante en los tribunales para la Fundación de Responsabilidad Farmacéutica (PAF) de los Países Bajos. En febrero de 2023, la PAF interpuso una demanda contra AbbVie por las ganancias excesivas obtenidas por la venta de Humira (adalimumab), su medicamento para la artritis reumatoide.
La PAF alega que la compañía actuó ilegalmente al obtener ganancias excesivas de las ventas de Humira en los Países Bajos, lo que provocó un desplazamiento de la atención sanitaria en el país. Al fin y al cabo, cada euro destinado a la atención sanitaria solo se puede gastar una vez.
En los Países Bajos, las ventas de Humira ascendieron a 2.100 millones de euros entre 2004 y 2018. Según PAF, hasta 1.000 millones de euros correspondieron a beneficios excesivos obtenidos mediante prácticas de fijación de precios desleales. (Entre 2003 y 2024, la facturación global del producto fue de 231.000 millones de dólares estadounidenses).
Los beneficios excesivos de Humira en los Países Bajos se tradujeron en la pérdida de cerca de 14.000 años de vida saludable. Las cifras que respaldan el caso se pueden encontrar en el estudio económico de Zorgvuldig Advies, realizado a petición de PAF.
El diagrama a continuación, tomado de este estudio, muestra la relación entre el coste, los beneficios razonables y los beneficios excesivos. Los beneficios excesivos representan el 49% de las ventas. Este nivel de beneficios se mantuvo durante los años de exclusividad en el mercado, a pesar de que las ventas aumentaron debido a la ampliación de las indicaciones del producto. Normalmente, cuando el volumen de ventas de un producto aumenta, el precio baja
La caída del 90% en el precio de Humira tras el vencimiento de las exclusividades de mercado en 2018 y la entrada en competencia de genéricos ofrece una prueba más de los precios excesivos de AbbVie. La Autoridad Sanitaria Holandesa (NZa) señaló en su informe «De la Patente a la Competencia», publicado en abril, que el gasto anual por paciente en adalimumab en los Países Bajos se redujo casi un 90%, de 10.400 € durante el periodo de la patente a 1.300 € tras la entrada en competencia de genéricos. Esto proporciona una prueba más de que el elevado precio de Humira se debió a que AbbVie aprovechó su posición de monopolio en el mercado.
Hoy, en respuesta a los medios de comunicación, AbbVie ha comentado que la acción de PAF podría perjudicar la innovación para los pacientes neerlandeses. Este es un argumento recurrente utilizado por la industria farmacéutica para contrarrestar cualquier medida que no les guste, con la predicción de que abandonarán sus esfuerzos de innovación. La amenaza de que la innovación pueda estar en juego suele impresionar a los responsables políticos. Pero en este caso, es difícil de sostener, considerando que la facturación global del producto fue de 231.000 millones de dólares.
No es la primera vez que AbbVie es objeto de escrutinio por el precio de Humira. En 2019, la autoridad de competencia neerlandesa, la Autoridad para los Consumidores y los Mercados (ACM), inició una investigación sobre los descuentos que AbbVie ofrecía a los hospitales. A finales de 2018, AbbVie había perdido su monopolio de mercado debido a la expiración de la patente y trató de obstaculizar la entrada de biosimilares al mercado mediante contratos exclusivos con hospitales, mediante los cuales estos solo mantendrían los descuentos si no cambiaban a ninguno de sus pacientes a un biosimilar. La investigación se cerró en 2020 después de que AbbVie declarara que ya no obligaría a los hospitales a comprar exclusivamente a AbbVie.
En mayo de 2021, el Congreso de Estados Unidos investigó a AbbVie como parte de una investigación exhaustiva sobre las prácticas de fijación de precios de la industria farmacéutica, incluyendo el precio de Humira. AbbVie había aumentado el precio de Humira en un 470% desde su introducción en 2003 en Estados Unidos. Los pacientes estadounidenses pagaron 77.586 dólares estadounidenses por el suministro de un año.
AbbVie ha utilizado derechos de monopolio para mantener sus precios elevados más allá de lo razonable. La Iniciativa para Medicamentos, Acceso y Conocimiento (I-Mak) descubrió que AbbVie presentó 257 patentes para Humira. El 90% de estas patentes se presentaron después de la primera aprobación del fármaco en 2002, por lo que tenían poca relación con el desarrollo del producto y se utilizaron principalmente con fines de marketing estratégico. I-Mak denominó a esto el «muro de patentes» de AbbVie, cuyo objetivo era mantener fuera del mercado versiones biosimilares más asequibles de su producto. Y funcionó: Los biosimilares de Humira no estuvieron disponibles en el mercado estadounidense hasta 2023, tras lo cual los precios comenzaron a bajar.
El caso de PAF se verá en el Tribunal de Distrito de Ámsterdam ante un panel de jueces el 9 de mayo de 2025. Casualmente, en Estados Unidos, AbbVie celebrará su junta anual de accionistas a las 15:00 CET. Se espera que el Tribunal dicte una decisión sobre el fondo del caso en un plazo de 6 a 12 semanas.
Este artículo explora las complejas relaciones entre la industria farmacéutica, a través de sus grupos de presión y la atención primaria. Describe los mecanismos utilizados por la BigPharma para conseguir sus objetivos de precios elevados, prolongación de patentes, etc.
Como posible respuesta a la estrategia utilizada por las empresas farmacéuticas, propone una Atención Primaria centrada en el paciente con un enfoque clínico basado en la evidencia.
Introducción
Martín (2024) publicó un artículo cuyo objetivo ha sido exponer las prácticas ocultas de las multinacionales farmacéuticas en España. El estudio aborda específicamente cómo estas empresas utilizan pagos a los profesionales sanitarios para influir en sus decisiones y promover sus propios intereses dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con su extensa investigación, el autor buscaba revelar las redes de intereses y conflictos que estas prácticas generan, subrayando la falta de transparencia y las implicaciones negativas para la ética y la
eficacia del sistema sanitario.
El tema, por conocido, no deja de ser polémico, sobre todo a la luz de las conclusiones del artículo citado, que indican que las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios están marcadas por prácticas que pueden comprometer la independencia y la objetividad de estos últimos. Por consiguiente, es urgente implementar reformas que promuevan la transparencia y prioricen la salud pública sobre los intereses comerciales, para evitar que los réditos corporativos dominen el proceso de toma de decisiones en el ámbito sanitario.
La situación anterior no parece exclusiva de nuestro país, habida cuenta del gran volumen de evidencia publicada al respecto. En las últimas décadas, la relación entre los sistemas sanitarios y los laboratorios farmacéuticos ha sido objeto de múltiples análisis, críticas y debates (Civio, 2017; Sayed et al., 2024).
Como es sabido, la industria farmacéutica juega un papel fundamental en el desarrollo de medicamentos que salvan y mejoran vidas, la reciente pandemia de COVID-19 ha sido un buen ejemplo de ello. Sin embargo, existe una creciente preocupación por la influenca que ejerce en los sistemas de salud, con posibles implicaciones de índole ética y práctica, fruto de una inadecuada relación entre el lobby farmacéutico y las instituciones sanitarias, organizaciones académicas, sociedades científicas y los propios profesionales, a la luz de los datos que revelan las ingentes cantidades de dinero invertidas en estas prácticas (Statista, 2024).
En el contexto asistencial español, la atención primaria (AP) es un pilar esencial para garantizar que la salud pública se mantenga centrada en el interés del paciente, antes que en los intereses comerciales. Una AP fuerte, con sus atributos conservados, puede desempeñar un papel crucial en la mitigación de los riesgos asociados a la influencia del lobby farmacéutico.
Este artículo examina la relación entre la asistencia sanitaria y el lobby farmacéutico, con un doble enfoque: por un lado, identificando los riesgos inherentes y las consecuencias de dicha relación y, por otro, explorando cómo una AP robusta junto con una comunicación efectiva, puede actuar como un contrapeso necesario.
Actividades del lobby farmacéutico y sus consecuencias
El término «lobby» o más acertadamente en español, grupo de presión, se define como un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social (Real Academia Española, 2024). En el ámbito sanitario, el lobbismo farmacéutico se refiere a las actividades realizadas por la industria farmacéutica y sus representantes para influir en las políticas de salud, la legislación y las decisiones de los profesionales sanitarios a cualquier nivel (Van de Vrande, Subramanian, Lévesque & Klopf, 2024). Esta influencia se ejerce de múltiples maneras, desde la financiación de estudios clínicos y la promoción de medicamentos específicos, hasta la formación de médicos y la presión sobre los legisladores para aprobar regulaciones favorables (Chimonas, Mamoor, Bach & Korenstein, 2021). Como se puede observar en la Figura 1, la industria de productos médicos no solo tiene numerosos vínculos directos con todas las partes clave del ecosistema de atención médica y con algunas actividades, sino también vínculos indirectos en todo el ecosistema de la salud.
En España, como en muchos otros países, la industria farmacéutica invierte considerables recursos en actividades de lobbismo. Estas actividades pueden incluir la organización de congresos médicos, la financiación de publicaciones científicas y la participación en comités de evaluación de tecnologías sanitarias (Martín, 2024).
Si bien, estas acciones no son ilegales, sí plantean cuestiones sobre la posible distorsión de la práctica clínica y la política sanitaria, en favor de los intereses comerciales, con el consiguiente impacto en los costes, la sostenibilidad del sistema sanitario público y los potenciales daños asociados a los pacientes.
A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a repasar brevemente algunas de las prácticas más comunes:
1.- Fijación de precios elevados, lo que puede afectar a la accesibilidad a los nuevos tratamientos: la industria farmacéutica justifica unos precios iniciales altos argumentando el alto coste de la investigación y desarrollo (I+D) de los nuevos medicamentos, de tal manera que, cuando salen al mercado su precio suele ser superior a las alternativas existentes, aprovechando el período de exclusividad de la patente que impide la competencia de los genéricos (DiMasi, Grabowski & Hansen, 2016; Kesselheim, Avorn & Sarpatwari, 2016). Todo lo anterior parece coherente en un mercado libre y con medicamentos considerados innovadores, porque aportan mejoras sustanciales en términos de seguridad, eficacia o adecuación. No obstante, hay controversia por la falta de transparencia de los costes en I+D o cuando dichas mejoras son cuestionables, como ocurre con los nuevos tratamientos oncológicos (Brinkhuis, Goettsch, Mantel-Teeuwisse & Bloem, 2024).
2.- Prolongación del proceso de exclusividad: muy relacionado con el punto anterior, la fijación de precios en medicamentos de especial relevancia para la industria farmacéutica, puede asociarse a prácticas para la prolongación del proceso de exclusividad ligado a la patente, mediante pequeñas modificaciones en la formulación del medicamento, como sucede con los isómeros, sales y profármacos (Kapczynski, Park & Sampat, 2012), o mediante nuevas indicaciones terapéuticas o métodos de administración que permiten obtener nuevas patentes.
Este proceso, conocido como «evergreening» retrasa la entrada de los genéricos a un precio más contenido y busca, en definitiva, maximizar los beneficios económicos (Hemphill & Sampat, 2012).
Otras acciones muy extendidas son el blindaje de un producto con múltiples patentes, como ha ocurrido recientemente con los análogos del receptor del GLP-1 (Alhiary, Kesselheim, Gabriele, Beall, Tu & Feldman, 2023), los interminables y caros litigios por las patentes (Thomas, 2010) o el pago por demora (Hemphill, 2006), que consisten en acuerdos para pagar a las compañías de genéricos para que retrasen la introducción de sus versiones
más económicas en el mercado.
En definitiva, el alto coste de los medicamentos de reciente comercialización (independientemente de su valor terapéutico), mantenido en el tiempo con estas prácticas, puede exacerbar las desigualdades en el acceso a tratamientos, especialmente en los países con menos recursos para invertir en sanidad. Asi mismo, los pacientes más vulnerables pueden verse privados de opciones terapéuticas accesibles y efectivas (Tenni et al.,
2022; Gotzsche, 2018).
3.- Estrategias de marketing: realizando una promoción directa de sus productos a los prescriptores para que prioricen su uso, incluso si existen mejores opciones avaladas por la evidencia científica (Mora, 2003), alternativas similares más económicas o si la indicación no está autorizada en la ficha técnica (uso off label) (Rusz, 2021).
Para estos fines, el lobby farmacéutico tiene múltiples herramientas, como la visita médica, el patrocinio de actividades formativas u otro tipo de encuentros profesionales (Wazana, 2000; Fugh-Berman, 2021), los incentivos económicos directos (pagos por consultorías, participación en estudios patrocinados, conferencias) (Martín, 2024), la elaboración de directrices de tratamiento como consensos y guías (Lenzer, 2013), o el patrocinio de estudios (Gazendam, Slawaska-Eng, Nucci, Bhatt & Ghert, 2023).
Todas estas prácticas y actividades realizadas por la industria farmacéutica y sus representantes pueden acarrear las siguientes consecuencias:
Prescripción de baja calidad (Aaron et al., 2021).
Fragmentación de la atención, al centrarse el discurso en un medicamento o enfermedad concretos y no en el abordaje holístico del paciente.
Manipulación de la demanda y expansión injustificad de los diagnósticos, por la proliferación de enfermedades «inventadas» para la ocasión (Moynihan, Heath & Henry, 2002) y de trastornos o procesos que seponen de moda (Lexchin, 2006).
Y, lo que estimamos más importante: el control de la narrativa con campañas de sensibilización y estrategias de marketing, con efectos directos en los pacientes (allí donde está permitido), y su influencia en los medios de comunicación y en la opinión pública (Angell, 2004).
Como consecuencia de todo lo anterior, se puede originar una práctica profesional distorsionada por los conflictos de interés que pueden sesgar la toma de decisiones clínicas, en detrimento del paciente.
El rol de la atención primaria en la mitigación de los riesgos
La AP es el primer punto de contacto de los pacientes con su sistema de salud y la Organización Mundial de la Salud la define como «un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de las personas tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas» (World Health Organization, 2018). Su enfoque holístico y centrado en el paciente, son propiedades que tienen la capacidad de convertirla en un bastión contra una influencia excesiva de la industria farmacéutica.
Una AP fuerte puede ayudar a mitigar los riesgos asociados al lobby farmacéutico de las siguientes maneras:
1. Medicina basada en evidencias. De la propia definición de este término puede inferirse que, como el resto de los profesionales sanitarios, los que desempeñan su labor en AP tienen la responsabilidad de basar sus decisiones en la mejor evidencia cientifica disponible (Sackett, Rosenberg, Muir, Haynes & Richardson, 1996). Al mantenerse informados y críticos respecto a la información proporcionada por la industria farmacéutica, pueden garantizar que las decisiones clínicas se centren en la eficacia y seguridad de los tratamientos, en lugar de los intereses comerciales (Spielmans & Parry, 2010).
Prescripción prudente. Muy relacionado con el punto anterior. Los prescriptores que desarrollan su labor en AP están en una posición privilegiada para implementar los principios de la prescripción prudente descritos por Schiff (2011). Estos principios instan a los médicos a (1) pensar más allá de los medicamentos; (2) practicar una prescripción más estratégica; (3) mantener una mayor vigilancia con respecto a los efectos adversos; (4) ejercer cautela y escepticismo con respecto a los nuevos medicamentos; (5) trabajar con los pacientes en una agenda; y (6) considerar los impactos más amplios y a largo plazo de los tratamientos. Todo lo anterior está orientado a proteger a los pacientes de tratamientos innecesarios en aras de una mayor seguridad y mejor calidad asistencial y, ademas, contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario.
Comunicación transparente con los pacientes. La comunicación abierta y transparente con los pacientes es esencial en un contexto de toma de decisiones compartidas, que incluye tres elementos fundamentales: 1/ un intercambio de información (personal y médica) entre el paciente y el sanitario que lo atiende, 2/ la deliberación sobre las distintas opciones, y 3/ llegar a una decisión consensuada. En este proceso interactivo, el profesional sanitario aporta sus conocimientos, así como información acerca de los riesgos y beneficios de la intervención en cuestión, mientras que el paciente lo hace sobre sus valores, preferencias, preocupaciones y su experiencia con el problema de salud (INFAC, 2014).
Colaboración interdisciplinaria. La AP debe trabajar en estrecha colaboración con otros especialistas y profesionales de la salud para garantizar un enfoque integrado y coordinado en el manejo de las enfermedades (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, CGCOF, 2015). Esta colaboración puede ser efectiva para evitar la fragmentación de la atención a la que antes aludíamos y asegurar que las decisiones terapéuticas se tomen en el mejor interés del paciente. En el estudio realizado por el CGCOr, sobre cómo avanzar en el establecimiento de modelos de cooperación, se identificaron numerosas propuestas alrededor de cuatro grandes áreas (Figura 2): generar confianza entre los profesionales, mejorar la comunicación con herramientas compartidas, impulsar proyectos conjuntos y, todo ello, utilizando las nuevas tecnologías de la información.
Importancia de la comunicación en atención primaria
La comunicación es un aspecto fundamental para que la AP pueda contrarrestar efectivamente la influencia del lobby farmacéutico. Algunas recomendaciones para aprovechar mejor el poder de la comunicación en el primer
nivel asistencial son las siguientes:
1. Transparencia en la relación con la industria farmacéutica. La transparencia es esencial para gestionar los posibles confli tos de interés. Los médicos deberían evitar la relación directa con la industria farmacéutica, así como recibir cualquier tipo de pago o financiación. En cualquier caso, siempre deberían comunicar abiertamente cualquier relación financiera o profesional que mantengan con la industria farmacéutica. Esto no solo protege la integridad de la relación médico-paciente, sino que también fortalece la confianza de los usuarios en el sistema de salud (Altisent, Delgado y Astier, 2019).
2. Comunicación directa con los pacientes. En la relación médico-paciente, una comunicación clara, honesta y centrada en el paciente es crucial para garantizar que las decisiones terapéuticas se tomen en el mejor interés del paciente Los profesionales de AP tienen la oportunidad de proporcionar de forma empática, información equilibrada y basada en evidencia a pacientes y familiares sobre las opciones de tratamiento disponibles. Esto, aunque va más allá de los aspectos puramente técnicos si se quiere establecer una relación colaborativa (INFAC, 2014; Padilla, Medina & Jaramillo, 2014) incluye explicar de manera comprensible los beneficios y riesgos de cada tratamiento. Al fomentar un entorno de confianza, los pacientes se sienten más capacitados para participar activamente en la toma de decisiones sobre su salud, lo que es fundamental para una atención centrada en la persona, lejos de la presión ejercida por la industria farmacéutica.
3. Formación continua. La comunicación es un elemento clave en la formación continua de los profesionales, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias lejos de la influencia de la industria farmacéutica. Para este fin, se pueden organizar foros y cursos donde se promueva una discusión abierta y crítica sobre los nuevos tratamientos y las evidencias que los avalan. Esto, que es esencial para garantizar una práctica médica informada y ética, debe ser un objetivo irrenunciable de las sociedades científicas y las administraciones sanitarias (Zamarriego, 2006).
4. Comunicación con profesionales de otros niveles asistenciales. La comunicación se erige como un vehículo que posibilita el establecimiento de vínculos profesionales, el desarrollo de confianza y respeto mutuo, y el reconocimiento de la labor profesional, facilitando la colaboración interdisciplinar (Fuentes, 2019). Por ejemplo, los médicos de familia deben colaborar estrechamente con otros profesionales de la salud para compartir información y tomar decisiones terapéuticas basadas en el consenso y en el mejor interés del paciente. La colaboración interdisciplinaria, que se ve favorecida por una comunicación clara y precisa, ayuda a evitar la fragmentación de la atención y favorece, además, la seguridad del paciente.
Conclusiones
La relación entre la asistencia sanitaria y el lobby farmacéutico es compleja y presenta muchos desafíos. Si bien es cierto que la industria farmacéutica desempeña un papel crucial en la cadena del medicamento, su influencia en el sistema de salud debe ser cuidadosamente gestionada para evitar que éste se desvíe de su objetivo principal: la mejora de la salud pública.
Una AP fuerte, con los medios suficientes y centrada en el paciente, es esencial para contrarrestar una influencia excesiva del lobby farmacéutico. Los profesionales sanitarios de AP, apoyados por la evidencia clínica, realizando una prescripción responsable y ejerciendo una comunicación efectiva, pueden actuar como un contrapeso para garantizar que los intereses del paciente continúen siendo la prioridad en todas las decisiones de salud.
En última instancia, el éxito en la mitigación de los riesgos asociados al lobby farmacéutico dependerá de la colaboración entre todos los actores del sistema de salud, incluidos legisladores, reguladores, gestores, profesionales sanitarios y la propia industria farmacéutica. Solo a través de un esfuerzo conjunto, y con una comunicación clara y transparente, se podrá garantizar un sistema de salud equitativo, eficaz y centrado en el paciente.
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Zamarriego, J., Cabero, L., Usandizaga, R., Abel, F., Cabrillo, E., del Carmen Cuadrado, M.,…& Lozano, B. (2006).na relación entre el médico y las industrias farmacéutica y de productos de tecnología sanitaria. Visión ética (I).Progresos de Obstetricia y Ginecología, 49(9), 512-522. https://acortar.link/mKv7WF
Junta Directiva de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.
Parece razonable pensar que, en caso de pandemia, cuando toda la población mundial está amenazada, los medicamentos, vacunas, diagnósticos y otros productos sanitarios deberían ser accesibles a todas las personas en condiciones de igualdad. Los países deberían promover y financiar la investigación y el desarrollo de las medidas y productos sanitarios precisos, y se deberían ofrecer licencias no exclusivas a todos los fabricantes para lograr el máximo de producción en el menor tiempo posible, distribuyendo en todo el mundo estos productos con un precio que cubriera los costes de producción y sin añadir beneficios abusivos para ningún intermediario. De esta forma la pandemia afectaría a menos personas y de manera menos severa, y no dañaría tanto al conjunto de la economía y de la sociedad, en todos los países.
En noviembre de 2021, cuando las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 estaban bien presentes en la sociedad mundial, y la falta de equidad en el acceso a las vacunas hería la conciencia de la humanidad, una sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud estableció el Grupo Intergubernamental para la Negociación de un Tratado de Pandemias. El 20 de mayo de 2025, después de más de tres años de negociaciones, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS ha aprobado este Tratado, de acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución de la OMS, que regula los acuerdos vinculantes. (1)
Sin embargo, aunque el Tratado es vinculante y obliga a las partes a cumplir, lo cierto es que no recoge ninguna obligación. Es como si dijera: queda usted obligado a hacer lo que buenamente pueda y quiera. Así, el Artículo 9.5., sobre investigación y desarrollo, apunta a la inclusión de condiciones para las empresas que reciban financiación pública (concesión de licencias no exclusivas, precios asequibles, transferencia de tecnología y conocimiento…), pero no las hace obligatorias, sino que señala que los países podrán prever disposiciones en este sentido.
El Tratado no cumple las expectativas planteadas en 2021. Ya lo advertíamos en un editorial del pasado noviembre, en el número 34 de la Revista AJM. Durante la pandemia se evidenció que los países ricos acumulaban las vacunas, diagnósticos y tratamientos, mientras que los países del Sur Global quedaban relegados a las sobras. La causa de esta falta de equidad fue la concesión a determinadas empresas por parte de los países de monopolios para comercializar las vacunas y otros productos. En efecto, los países otorgan Derechos de Propiedad Intelectual (patentes, secretos comerciales, y otros), que permiten a las empresas decidir: dónde produzco, cuánto produzco, a quién vendo y a qué precio. En una situación de emergencia, como la pandemia, con una aplicación de las vacunas a miles de millones de personas, fijar precios diez o veinte veces por encima del coste, suponía un abuso que permitió generar unos beneficios de más de 100.000 millones de dólares. Se supone que los monopolios se conceden a las empresas para recuperar los costes de I+D. Pero en este caso, dichos costes los habían asumido los gobiernos con subvenciones y compras anticipadas. Fue un beneficio abusivo brutal. Y tuvo consecuencias devastadoras, al impedir la producción en plantas de todo el planeta y exigir precios que muchos países no podían pagar. (2)
Cuando se habló del Tratado de Pandemias para evitar que volviera a suceder la “catástrofe moral” de la que habló el director general de la OMS, pensábamos en un Tratado que incluyera la obligación de suspender automáticamente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos sanitarios y medicamentos para la pandemia, y que estableciera la obligatoriedad de transferir la tecnología y el conocimiento necesarios para fabricar los diferentes productos. Además, se garantizaría una fabricación descentralizada en todo el planeta, para lo que se incrementarían los recursos de producción en las zonas menos desarrolladas. Y, por último, se garantizaría una distribución equitativa, a precio de coste de fabricación.
El Tratado aprobado el 20 de mayo en la Asamblea Mundial de la Salud no cumple esos objetivos (3). Si volviera a ocurrir una pandemia, que ocurrirá, la respuesta sería la misma. Dicho de otra manera, el monte parió un ratón.
El Tratado pretende mejorar la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, sobre todo, garantizar la equidad en el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos, así como a la atención sanitaria, pero no establece los mecanismos ni la financiación para poder garantizarlo. Es una pérdida de oportunidad difícilmente justificable.
Llaman la atención algunos aspectos. En primer lugar, la falta de consenso. En efecto, después de tres años de debates y con un texto nada ejecutivo, no se ha conseguido aprobarlo por consenso sino por votación. Por razones distintas (unos piensan que se quedó demasiado corto, otros que fue demasiado lejos), 57 países no han votado a favor. Así, según TWN, el tratado recibió 124 votos a favor y 11 abstenciones (entre éstos, Italia, Polonia, Países Bajos y Bulgaria), mientras otros 46 países estuvieron ausentes (como EEUU, cuyo presidente ha ordenado la retirada de esta Organización). (4)
En segundo lugar, la entrada en vigor. Aunque el Tratado se ha aprobado, no entrará todavía en vigor. En efecto, no está abierto a la ratificación de los países, y no lo estará hasta que se resuelva uno de los asuntos más espinosos, recogido en el Artículo 12: el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en Beneficios (sistema PABS), mecanismo que debe regular y garantizar el acceso a “los materiales y la información sobre secuencias de los patógenos con potencial pandémico”, y que, al mismo tiempo, debe garantizar “la participación rápida, oportuna, justa y equitativa en los beneficios que se deriven del intercambio y/o la utilización de Materiales e Información sobre Secuencias PABS con fines de salud pública”. Este mecanismo se ha relegado a un Anexo que se discutirá en el próximo año. Para ello se crea un nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), que deberá reunirse a más tardar el 15 de julio de 2025, y redactar el Anexo para presentarlo a la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2026.
Parte de los países que se abstuvieron o se ausentaron en la votación expresaron su disconformidad con que se aprobara el Tratado sin el Anexo del Artículo 12, que es “el alma” del mismo, y que condiciona su entrada en vigor. Las posiciones sobre cómo debe ser el sistema PABS no son coincidentes. Por ejemplo, Bangladesh insiste en que, con carácter obligatorio, se deberá garantizar acceso equitativo a vacunas y otros productos sanitarios, que se deberán garantizar licencias no exclusivas a los fabricantes en todas las regiones, así como transferencia de tecnología y conocimiento. Mientras Suiza reclama un enfoque voluntario y pragmático, teniendo en cuenta los puntos de vista de los fabricantes titulares de las patentes. Estas diferencias permiten pronosticar que el acuerdo sobre el Anexo no será fácil y que, quizá, podría dejar el Tratado en un limbo sin salida.
¿Por qué aprobarlo entonces ahora?
Parece que la razón principal es política: en un momento de tensión internacional, de auge de los nacionalismos y los discursos de exclusión, y de debilitamiento de la OMS con la decisión de EEUU de abandonarla, se trataría de poner en valor el mantenimiento de mecanismos multilaterales, el discurso de solidaridad y equidad, y el reconocimiento de la OMS en la coordinación de iniciativas de salud globales. Pero el problema es que esta aprobación no transmite una sensación de fortaleza para los principios de equidad y solidaridad, sino todo lo contrario.
Un ejemplo es el Artículo 12.6. Como el Tratado ha renunciado a exigir que, en caso de pandemia, se suspendan los Derechos de Propiedad Intelectual, se obligue a la transferencia de tecnología y conocimiento, se establezcan plataformas abiertas de innovación, etc., busca un mecanismo paliativo para poder apoyar a países de bajos ingresos. Así, establece que, durante una pandemia cada fabricante deberá poner a disposición de la OMS el 10% de su producción real, como una donación, más otro 10% disponible para ser adquirido a precios asequibles, previo contrato mutuamente acordado. ¿Estarán obligados todos los fabricantes, o será voluntario firmar esos contratos? ¿Se aplicará solo a los casos en los que hayan utilizado materiales de patógenos cedidos por un país? ¿Beneficiarán solo a esos países? ¿Serán transparentes estos contratos, o serán confidenciales como hasta ahora? Es poco probable que este sistema llegue a concretarse, por la falta de capacidad operativa de la OMS y de voluntad de las empresas. Si llegara a concretarse, ¿cómo se distribuirían esos productos?
Para Germán Velásquez la cesión prevista en el Instrumento PABS “no constituye una solución sostenible, sino más bien una institucionalización de la inequidad”. “El PABS debería aspirar a garantizar un acceso justo y universal a los recursos sanitarios, no a establecer cuotas asistenciales sujetas a condiciones”. El antecedente del mecanismo COVAX durante la pandemia de la COVID-19 mostró la insuficiencia de estos mecanismos, promovidos por las grandes empresas como coartada para no ceder en la suspensión de patentes y transferencia de tecnología.
Un Tratado “sin dientes”
Germán Velásquez entiende que el documento aprobado no cumple con el mandato original que dio la Asamblea. “En lugar de un tratado internacional vinculante, mantiene la lógica de desigualdad, reproduce mecanismos voluntarios poco efectivos y refuerza los desequilibrios de poder existentes en la gobernanza sanitaria mundial”.
“La mayoría de los contenidos son indicaciones no vinculantes. No hay obligaciones jurídicas claras ni mecanismos de evaluación de cumplimiento”. “Lo esencial permanece sin resolver: garantizar el acceso equitativo y oportuno a medidas médicas durante las emergencias”. (5)
También Ebere Okereke es crítico respecto al Tratado: “Un tratado de pandemias sin dientes, dejará a África y al mundo expuestos”. Y añade: “Sin mecanismos de cumplimiento obligatorio, aun los mejores compromisos pueden quedarse en meras aspiraciones morales”. (6)
Por su parte, Mark Eccleston-Turner, Michelle Rourke y Stephanie Switzer, escribieron en Think Global Health el pasado 20 de mayo: “Los derechos de propiedad intelectual han sido el elefante en la habitación durante las negociaciones, pero el texto final es mudo sobre esta cuestión”. “El Tratado tiene objetivos laudables, pero parece poco aplicable. Queda pendiente de la discusión del Anexo de los PABS”. (7)
Ellen ‘t Hoen recuerda que en diciembre de 2021 cuando se comenzó a discutir el Tratado, “la atmósfera era de ambición y solidaridad. Sin embargo, esta se evaporó rápidamente a partir del primer borrador”.
“La Transferencia de Tecnología y los asuntos relacionados con los derechos de propiedad intelectual suscitaron importantes discrepancias. Los países ricos, singularmente la Unión Europea, defendían que debían ser decisiones voluntarias de las empresas y países, según acuerdos mutuamente acordados” (8). Y, como se ha visto, lograron imponer su criterio, en función de los intereses de la BigPharma.
En definitiva, el Tratado no aborda de forma clara y eficaz asuntos clave. No hay compromisos obligatorios en el acceso equitativo a las medidas médicas y productos sanitarios, ni tampoco en la transferencia de tecnología y conocimiento.
Transferencia de tecnología y conocimiento y financiación
En este sentido, el Artículo 11, sobre Transferencia de Tecnología y cooperación en relación con el conocimiento para la producción de productos relacionados con la pandemia, establece que cada país promoverá la transferencia de tecnología y conocimiento, “mutuamente acordada”, es decir, voluntaria. El Tratado fracasa en su intención de ir más allá. Solamente reconoce que los países podrán aplicar las flexibilidades del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, como licencias obligatorias y otras. No deja de sorprender que, como señala Ellen ‘t Hoen, hasta el último momento algunos países de altos ingresos insistían en que en todos los casos la transferencia de tecnología debería ser voluntaria, anulando así, incluso, las flexibilidades de los ADPIC.
En todo caso, la transferencia voluntaria, como se demostró en la pandemia de la COVID-19 con la Health Technology Access Pool de la OMS, no funcionó. Y las flexibilidades de los ADPIC no son suficientemente ágiles (y tienen que superar demasiadas barreras jurídicas y políticas) para ser operativas en una pandemia.
El Artículo 13 se refiere a la Red de Suministro Global y Logística. Se crea esta Red para facilitar el acceso seguro, rápido y equitativo a medidas relacionadas con la pandemia. Se desarrollará por la OMS en colaboración con los países. La Conferencia de las Partes deberá desarrollar este mecanismo (estructura, funciones, etc.). Si llega a desarrollarse puede ser una buena herramienta. Pero estará vacía porque no se ha incluido en el Tratado la suspensión automática de los monopolios en caso de pandemia.
Resumiendo, el Tratado revisa todos los aspectos relativos a la prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Pero expresa buenas intenciones, no mandatos. Son indicaciones a los países de lo que deberían hacer (reforzar la vigilancia, aumentar los recursos humanos en salud, cooperación en investigación, establecer y aumentar la capacidad de producción de contra-medidas, concesión de licencias no exclusivas, etc.). Pero no obliga a los Estados, ni fija calendarios, ni ofrece recursos.
En efecto, según su enunciado, el Artículo 18 se refiere a la financiación sostenible.
Sin embargo, no hay mecanismos de financiación concretos y predecibles. Se dice que “las Partes reforzarán una financiación sostenible y predecible, de una forma transparente”. Cada País, de acuerdo con su capacidad y disponibilidad de recursos, mantendrá o incrementará sus fondos nacionales para prevención, preparación y respuesta a pandemias. Y movilizará financiación adicional para países de menos recursos. Pero no se cuantifica, ni se hace obligatoria esta financiación, por ejemplo, para reforzar los servicios de salud, o para promover plataformas tecnológicas para la fabricación de vacunas y otros productos sanitarios.
En cuanto a la financiación de la implementación del Tratado, se crea un Mecanismo de Financiación Coordinado. Desde aquí se supone que se reforzarán capacidades para prevenir, preparar y responder ante pandemias, sobre todo en países en desarrollo.
No se concretan cantidades y se deja abierto a su desarrollo en la Conferencia de Partes.
Monopolios, patentes y otros derechos de propiedad intelectual
En el preámbulo del Tratado se sigue asumiendo la narrativa de la industria farmacéutica, reflejando el enorme peso de esta en los gobiernos de una mayoría de países: “Reconociendo que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos y reconociendo las preocupaciones sobre sus efectos en los precios, … y recordando que el Acuerdo … sobre los ADPIC … ofrece flexibilidad para proteger la salud pública…”
Los derechos de propiedad intelectual, patentes, secretos comerciales y otros, son tremendamente dañinos en el campo de la salud. No facilitan el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Permiten la creación de monopolios que tienen la potestad de fijar precios astronómicos sobre medicamentos esenciales, como las vacunas en caso de pandemia. Las “flexibilidades” del Acuerdo sobre los ADPIC no han sido capaces de frenar esa sangría sostenida sobre los sistemas de salud de todo el mundo. Que los Derechos de Propiedad Intelectual y sus monopolios sirven para promover la innovación es un engaño. Una gran mentira, repetida y repetida. La mayor parte de la investigación innovadora (como ocurrió con las vacunas en la COVID-19) tiene financiación pública directa. El resto de la investigación innovadora, que paga la industria, lo hace con el dinero que le dan los Servicios de Salud y los pacientes a través de los sobre precios que fijan gracias al monopolio. Pero los gobiernos no controlan si esa empresa ya ha cubierto los costes de investigación, más un beneficio razonable, y permiten fijar precios abusivos, 10, o 100 veces por encima de los costes de fabricación y de I+D, en lugar de suspender el monopolio.
Si después de una pandemia no hemos sido capaces de lograr una mayoría de países que cambien este sistema de abuso, no será fácil hacerlo para otros productos y en tiempos de normalidad. Pero nos va la vida en ello. Porque la presión de los precios de nuevos medicamentos sobre los pacientes y los Sistemas de Salud sigue creciendo, y llegará un punto que los acabe desangrando. Por eso hemos de seguir insistiendo en cambiar el modo de financiar la I+D, prohibiendo los monopolios en medicamentos, así como todos los instrumentos jurídicos que los sustentan.
Se ha perdido una gran oportunidad. Habrá que seguir luchando.
Este número 38 recoge las alegaciones completas presentadas por AAJM al anteproyecto de Ley de Medicamentos. Desde la Asociación se considera que los medicamentos y los productos sanitarios deben obedecer a la consideración de bienes sociales de utilidad pública y, en ese sentido, deben tener una prelación absoluta. Algunos de las mejoras propuestas al anteproyecto son reducir los copagos hasta eliminarlos, impulsar la fabricación pública de medicamentos, así como la opción a su distribución directa desde los centros de salud. Esta publicación, en relación con el citado anteproyecto, aporta asimismo el editorial, de Patricia Lacruz Gimeno, miembro de la Comisión Editorial, que considera que el anteproyecto “responde a una estrategia dirigida por la industria farmacéutica”; un análisis del texto de Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo, vicepresidente de la AAJM y exjefe del Área de Farmacia del SESCAM, que estima que los fabricantes de medicamentos “confunden o engañan a la sociedad con un descaro que sólo es posible por la seguridad que tienen de controlar perfectamente el discurso y de que los medios afines retransmiten y amplifican sin la más mínima crítica, verificación ni contraste”; y otro articulo más, referido al mismo asunto, de Fernando Magro, ex-director general del INSALUD, que concluye indicando que “queda camino por recorrer en estos momentos claves que deben dirigirse a una mayor unidad europea que no sea meramente formal, sino real y ejecutiva, política, económica y cultural, para que el medicamento también sea un elemento de referencia, de uso, de consumo de accesibilidad igual para todos”.
Entre los originales, hay, igualmente, una valoración de Fernando Lamata, psiquiatra y presidente de la Comisión Editorial, sobre el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que fue aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 4 de abril, del que señala que “las líneas estratégicas que recogen los diferentes objetivos son muy acertadas. Nos dicen lo que hay que hacer. Sin embargo, las acciones que se definen para lograr dichos objetivos se quedan muy cortas”.
En otras fuentes, el Nº 38de la rAJM, se detalla una hipótesis formulada por Dean Baker, de CEPR, que viene a indicar que la política de aranceles de Trump, puede suponer que le salga el tiro por la culata, dada su transgresión del libre comercio, y que el resto de países no respeten los monopolios estadounidenses de patentes y derechos de autor, con lo que alcanzarían ahorros muy sustanciales. También este número se hace eco de un interesante, descriptivo y claro artículo de Salud por Derecho donde, entre otros temas, se abordan algunas de las propuestas relacionadas con el Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, relacionadas con la transferencia de tecnología y el sistema de acceso y reparto de beneficios. Finalmente, desde otras fuentes, se aporta un análisis de Sara Plaza Casares, de El Salto, sobre el anteproyecto de Ley de Medicamentos, en el que recogen varias opiniones destacadas y, entre ellas, las del vicepresidente de la AAJM, Ángel Mª Martín, que subraya que “necesitamos un sistema que produzca una bajada real de los genéricos y no una bajada estética. Además, que no se cargue la imagen de los genéricos, que tanto ha costado reforzar. Si el Ministerio da distintos precios a unos y a otros, ¿quién se va a creer que es lo mismo?”
Fue en el segundo cuatrimestre del año 2020 cuando el Ministerio de Sanidad comenzó a elaborar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y centró las reformas e inversiones a desarrollar en los próximos años en nuestro sistema sanitario público. Así pues, las plasmó en el componente 18 denominado “Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”, que contiene 5 reformas y 6 inversiones con un presupuesto estimado de 1.169 millones de euros.
Las reformas recogidas son todas ambiciosas y muy necesarias y una de las 5 es la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, cuya consulta previa se realizó en julio de 2022.
Es posible que muchos no lo advirtieran, pero el PRTR no contenía de forma original la estrategia de la industria farmacéutica, al menos en el componente 18. De hecho, como se puede observar, no tiene hito asociado. Al respecto, el PRTR el mismo día de la publicación si mal no recuerdo, fue modificado incluyéndose esta estrategia como parte de las reformas del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Personalmente, debo expresar, una vez más y cuantas tantas hagan falta, que no estoy de acuerdo en que la citada estrategia se enmarque en el eje que persigue fortalecer al SNS y menos que la lidere el Ministerio de Sanidad. Y esto no es una cuestión hueca porque, desde mi perspectiva, tiene consecuencias importantes. Para mí, la principal, es que expone (más aún de lo que está) a nuestro sistema sanitario público al interés económico de las farmacéuticas.
Para contextualizar mi opinión, es oportuno compartir más información. Allá voy. En las primeras reuniones, convocadas por el Ministerio de Industria, que se mantuvieron junto con Sanidad y Ciencia, abordamos la necesidad de disponer de la estrategia, cuya idea primigenia, por si hubiera alguna duda, fue puesta encima de la mesa por el sector farma. En estas, ni se trató su inclusión en el PRTR. Desde Sanidad trasladamos reiteradamente que debía liderarse por Industria. ¿Por qué? Por una simple cuestión de competencias y, fundamentalmente, de propósito: ¿qué queremos conseguir?
Antes de avanzar en esta reflexión, quiero poner de manifiesto varias cuestiones:
Considero que una estrategia que consolide y potencie el sector farma en nuestro país, fortaleciendo sobre todo la industria nacional, es necesaria.
Es el Ministerio de Industria el competente en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria.
El PRTR contiene un componente específico para “impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios”. En concreto, es el 12. Política Industrial España 2030. Este componente tiene como reto fundamental “reforzar el peso de la industria en la economía española y aumentar la dimensión de las empresas industriales”. En esta se enmarcan reformas e inversiones concretas para sectores estratégicos estableciéndose como tal el sector salud, automoción, turismo, comercio y agroalimentario. Solo se nombra una vez la “industria farmacéutica”, pero no aparece por ninguna parte nada relacionado con el sector farma.
El Ministerio de Sanidad, en materia de medicamentos, tiene la competencia para el desarrollo y ejecución de la política farmacéutica, así como las funciones relativas a la financiación pública y fijación del precio de medicamentos y productos sanitarios.
Entonces, dado que el tema competencial no tiene discusión, ¿por qué está en el componente 18 y por qué la lidera el Ministerio de Sanidad? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer.
Mi hipótesis, como antes he comentado, es el propósito que se persigue y quién o qué lo mueve. Dado el momento actual, debemos analizar, aunque sea muy por encima, la estructura de la publicada Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.
Se articula en tres ejes: 1) el acceso de los pacientes, la cobertura de necesidades médicas no cubiertas y la sostenibilidad del SNS; 2) el fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo; 3) competitividad, resiliencia y ecosostenibilidad del ecosistema industrial y sus cadenas de suministro.
El eje 1 tiene 12 líneas de acción, que representan más de la mitad de las contenidas en la estrategia, y éstas apuntan directamente a la línea de flotación de la política farmacéutica, en concreto al proceso de financiación y fijación de los precios de los medicamentos enmascaradas con el “acceso” de los pacientes a los medicamentos. Esto ya nos orienta sobre lo que se pretende. Si además relacionamos la estrategia con el anteproyecto de Ley de los medicamentos y productos sanitarios, actualmente en fase de información pública, vemos referencias incluso en esta última, donde en el propio preámbulo se destaca que “esta ley da respuesta no solo a la propia necesidad de reforma de la misma, sino que también forma parte de la implementación de esta Estrategia de la Industria Farmacéutica”.
Concluyendo, en mi opinión la estrategia, principalmente, está dirigida por la industria farmacéutica en un foro que han conseguido crear, privilegiado, por cierto, con un poder de toma de decisión que no debería haberse cedido a aquellos que tienen tal conflicto de interés, donde han logrado que además lo lidere Sanidad. Bien es cierto que uno tiene el poder que le dan.
Es un tema complejo: sí, nadie lo pone en duda. Pero es esencial para nuestro SNS que el enfoque de las soluciones que se definan para abordar los retos y los desafíos actuales y futuros tengan un propósito claro e inequívoco cuyo principal activo sea el SNS y que éste sea el que guie, siempre, las decisiones.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado día 4 de abril aprobó el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 (1).
Las líneas estratégicas que recogen los diferentes objetivos son muy acertadas. Nos dicen lo que hay que hacer (2). Sin embargo, las acciones que se definen para lograr dichos objetivos se quedan muy cortas. Y lo más importante: no se prevé la dotación de recursos para alcanzar los objetivos declarados. Por ejemplo, la primera línea, que impacta en todas las demás, es el refuerzo de recursos humanos en salud mental. Los objetivos son aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, garantizar su disponibilidad y retener el talento. Las acciones para alcanzar esos objetivos incluyen planificar la oferta de profesionales (formación), impulsar el acceso a la psicoterapia, promover el reconocimiento de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia; promover el apoyo mutuo entre pares, y elaborar informes que evalúen las necesidades de equipos y profesionales en salud mental. Son acciones interesantes, pero muy insuficientes para lograr los objetivos propuestos.
En efecto, las carencias actuales en la atención a problemas de salud mental son graves. En los últimos 12 meses, las personas que tuvieron que consultar por un problema de salud mental y lograron ser atendidas por un psiquiatra o psicólogo, lo fueron en un 62,5% en la sanidad privada y solamente un 37,5% en la pública (3). Esto refleja la falta de respuesta suficiente. De la misma forma, un 64,6% tuvo que esperar más de un mes a que le atendiera un profesional de psiquiatría o psicología (3). En ese tiempo, el problema de salud puede agravarse y, por eso, quien tiene posibilidad, recurre en muchas ocasiones a la sanidad privada. Otro dato que refleja la insuficiencia de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es que entre 2016 y 2022 ha aumentado un 35% la prevalencia, ajustada por edad, de problemas de trastornos mentales y del comportamiento (4).
El número de psiquiatras en España, en relación con la población, es mucho menor que países de nuestro entorno. Debería aumentar de 13 / 100.000 habitantes a más de 20 / 100.000 habitantes, como en Alemania, Francia, Irlanda, Italia u Holanda. Unos 4.300 profesionales más (5). Lo mismo ocurre con los profesionales de psicología clínica, que deberían pasar de 6 a más de 20 /100.000 habitantes, unos 7.000 más. También en enfermería de salud mental se precisan 10.000 profesionales más, en Trabajo Social 6.000 profesionales más y otro tanto en personal administrativo. De igual manera, se debería contratar a 2.000 personas con experiencia propia que presten apoyo mutuo. El Plan debería partir de las estimaciones actuales más fiables, y trazar un calendario de dotación, con financiación finalista y cobertura inmediata y progresiva. Mientras tanto, como dice el Plan, se pueden hacer informes que recojan el detalle de todos los recursos actuales y de las necesidades más precisas por ámbitos geográficos, funciones, etc. Pero el problema de falta de atención y mala calidad de atención, por sobre carga de los servicios, es urgente. Esta situación se agrava además por la situación de deterioro asistencial de la Atención Primaria que impide a sus profesionales dedicar el tiempo necesario para detectar los problemas de salud mental de sus pacientes.
El Gobierno debe aprobar una financiación finalista suficiente para aumentar la dotación de las plazas necesarias y fijar un calendario de cobertura para los próximos 2-6 años.
En las demás líneas, todas ellas acertadas, ocurre lo mismo. No se cuantifican los recursos necesarios, la financiación necesaria y su aprobación por el Gobierno. La línea 2 se refiere a reforzar la salud mental comunitaria y las alternativas a la institucionalización. Sin embargo, en los últimos años estamos yendo en la dirección contraria. Para revertir ese proceso hacen falta recursos en la comunidad, capacidad de coordinación y recursos humanos sobre el terreno. La línea 3 pretende impulsar un modelo de atención orientado a los derechos humanos, que reduzca y limite al mínimo el uso de la contención mecánica y las intervenciones involuntarias. Pero, para lograrlo se necesita aumentar significativamente la dotación de personal, lo no se concreta en el Plan. La línea 4 pretende un uso racional de psicofármacos. En AAJM venimos defendiendo este objetivo desde hace años. El Plan impulsará la elaboración de una Guía de Práctica Clínica, lo cual está muy bien. Pero el uso inadecuado y la sobre prescripción (se estima que alrededor de un 20% de la población mayor de 18 años consume psicofármacos habitualmente) se deben en buena parte a la falta de tiempo suficiente de los profesionales, tanto en Atención Primaria como en Salud Mental. Para llevar a cabo programas de prevención, promoción de la salud, psicoterapias y otro tipo de intervenciones comunitarias que reduzcan el recurso a las pastillas se necesita personal. Al mismo tiempo, se debe reducir la presencia de la industria en la formación continuada, y reducir los precios de los nuevos medicamentos. Solo con el aumento de gasto farmacéutico público que se ha producido en 2024 en el SNS (1.696,4 millones de euros), se podrían financiar las plazas de 20.000 profesionales en salud mental (6). Pero es que el exceso anual de gasto farmacéutico público innecesario supera los 11.000 millones de euros, que se deberían destinar a este y a otros Planes de Salud.
A continuación, observamos como la línea 5, define el abordaje de problemas en colectivos de mayor vulnerabilidad, la línea 6, el impulso en la mejora de la atención a la salud mental perinatal, en la infancia y la adolescencia, la línea 7, la potenciación de los sistemas de información en salud mental y finalmente, la línea 8 la promoción de la salud mental en el trabajo. Todas las líneas anteriormente enumeradas del Plan de Acción son sin duda útiles e importantes. Pero de nuevo son muy insuficientes en cuanto a la dotación de recursos humanos y a la puesta en marcha de programas y dispositivos comunitarios.
El Plan no trasmite al Gobierno, ni a la sociedad, la urgencia del problema, ni tampoco dimensiona los recursos necesarios. La situación de la atención a la salud mental se está deteriorando día a día. Se precisa duplicar los recursos públicos destinados a salud mental para situarnos en la media de gasto público por habitante de la UE y responder adecuadamente a las necesidades de la población. Se precisa reducir el gasto farmacéutico y el gasto hospitalario en salud mental y aumentar los programas comunitarios. Por eso necesitamos un Plan con medios adecuados, mecanismo de financiación finalista, estándares de calidad y servicio, calendario de ejecución y sistema de evaluación que garantice una atención sanitaria de calidad y respetuosa con los derechos humanos.
Vicepresidente de la AAJM. Ex Jefe de Área de Farmacia del Sescam.
El sistema de precios seleccionados
En el artículo 116 del Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios se presenta como una gran novedad, para aumentar la competencia y bajar los precios de los medicamentos genéricos, una medida: el sistema de precios seleccionados. Sin embargo, este sistema ya está regulado y vigente desde 2012 cuando se añadió mediante un nuevo artículo, 93 bis, a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos en el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, pero que nunca se ha usado ni se ha tenido la más mínima intención de utilizar. Una medida que de haber decidido implementar realmente habría generado una auténtica bajada de los precios de estos medicamentos por:
La obligación que impone la Ley actual de que se dispense obligatoriamente el medicamento de precio más bajo.
Porque el precio seleccionado marca el precio más bajo durante dos años.
Y porque, durante el tiempo de vigencia del precio seleccionado, quedan excluidas de la financiación pública las presentaciones que no resulten seleccionadas.
Pero esa medida fue una herramienta de distracción que el PP incluyó de farol en plena crisis económica, cuando los “hombres de negro de Bruselas” exigían fuertes recortes y no sólo medidas estéticas para reducir el gasto farmacéutico galopante en España. Desde entonces duerme el sueño de los justos con el beneplácito del Ministerio y para gozo y tranquilidad de la industria farmacéutica. Y nunca se ha desarrollado (seguramente se incluyó con la complicidad de la industria farmacéutica), motivo por el cual no se ha puesto en marcha).
Sin embargo de nuevo se reinventa, muy descafeinado, en el Anteproyecto que ha salido a información pública, en el cual:
Desaparece la obligación de que se dispense obligatoriamente el medicamento de precio más bajo.
El precio seleccionado deja de ser un precio único y se convierte en una horquilla de precios, en el que el precio menor será uno más de los seleccionados, y al que le va a resultar muy difícil ganar una cuota de mercado muy diferente a la del resto más caros. Y, sin ese incentivo, es difícil que algún laboratorio apueste por una bajada poco más que testimonial.
Y, como guinda, se permite a las marcas que quieran mantener sus precios por encima del precio de referencia seguir financiadas, algo que la Ley actual no permite, y que es como soltar al lobo alrededor del rebaño de los seleccionados.
La rebelión en la granja
En julio de 2022, un laboratorio de genéricos, harto de ser el paria de la industria farmacéutica dio un golpe maestro: bajó el precio de la furosemida a menos de la mitad y sus medicamentos se convirtieron, de la noche a la mañana, en los únicos que según la Ley se deben dispensar obligatoriamente en toda España. Posteriormente, en diciembre de 2022, otro laboratorio se unió al rebelde igualando el precio de la furosemida y redoblando el desafío al bajar el precio de deflazacort a un tercio del precio que tenía hasta ese momento. De inmediato, el resto de laboratorios y la llamada “prensa del sector”, su coro repetidor de frases y slogan, inician una campaña para advertirnos del apocalipsis de desabastecimientos que se avecinaba ante tales desafíos. Y el resto de laboratorios de genéricos, que, según la Ley, podían haber bajado sus precios para igualar los de los farmacéuticas rebeldes en ese mismo mes, o en cualquiera de los meses siguientes, deciden no hacerlo y mantienen la estrategia del avestruz: cerrar los ojos o mirar para otro lado esperando que su profecía se cumpla y se desabasteciera el mercado español de furosemida y deflazacort para poder criticarlos y también al Ministerio por haber autorizado esa bajada de precios que califican de “temeraria”. Esperan y esperan, pero el mercado no se desabastece.
No se desabastece porque, para autorizar esas bajadas de precios, el Ministerio les había exigido que demostrasen que podían mantener ellos solos el abastecimiento completo del mercado nacional y así lo hicieron y cumplieron. Finalmente, pasado un año desde el inicio de la rebelión, y ante la evidencia de que con su estrategia habían regalado el mercado de furosemida y deflazacort a los rebeldes, algunas empresas farmacéuticas bajaron e igualaron el precio de sus medicamentos. Pero uno de ellos, ante el éxito cosechado, decide inmediatamente, en diciembre de 2023, una nueva bajada del precio del deflazacort. Ante este nuevo desafío, ¿qué hacen los anunciadores del apocalipsis? Se lo pueden imaginar, no esperar otro año sino bajar el precio del suyo.
Como resultado de esa rebelión, para esos dos principios activos el porcentaje de consumo de genéricos se acerca al 100% y las marcas se han batido en retirada, tal como no se cansan de repetir quiere la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG). Además, los pacientes y el SNS se han beneficiado de importantes ahorros en sus bolsillos. ¿Y ha habido desabastecimientos? Pregunten a los coros de la prensa del sector.
En las Tablas 1 y 2 se muestra la secuencia temporal de las bajadas de precios de estos medicamentos.
Los interinos
Y, en plena rebelión, un día, a finales de 2023, aparecen en el Ministerio dos nuevos interinos (dicho con respeto, es una expresión que empleaba un bedel del Ministerio para referirse a los nuevos ministros y altos cargos, que llegaban con cada cambio de gobierno), con una limitadísima experiencia y conocimiento en el laberíntico campo legislativo del medicamento. Un complejo sudoku que domina a la perfección la industria farmacéutica, con sus asesores legales, sus economistas de la salud y su ejército de ex altos cargos y ex técnicos del Ministerio de Sanidad que tienen en nómina, que tardan dos telediarios en convencerles del mal sistema de precios seleccionados que les acaban de colar en el Anteproyecto de Ley del Medicamento. Sorprende además que los actuales responsables del Ministerio de Sanidad presenten a la sociedad, con entusiasmo, este sistema de precios como una novedad y un gran avance para bajar el precio de los genéricos.
Pero no, no lo es Sra. ministra y Sr. secretario de Estado, ni es una novedad ni es un avance. Son bridas que la industria farmacéutica ha introducido en el anteproyecto de Ley para que no les vuelva a ocurrir lo que pasó con furosemida y deflazacort, que amenazaba con extenderse y revolucionar el mercado de los genéricos con nuevos desafíos (en el verano de 2024, otro laboratorio se había unido a la rebelión con un nuevo principio activo). Pero bastó su anuncio, muy temprano, de que iban a cambiar el sistema para que ninguno más se haya atrevido a desafiar a los que imponen el statu quo ¿Quién se va a arriesgar para que a mitad de la partida le cambien las reglas para que le puedan dar jaque mate? Y Uds. ahora, en lugar de potenciar la incipiente revolución en la granja, nos presentan un anteproyecto para meter a los rebeldes en el redil y devolverlos a su anterior status.
El regreso al pasado
Pero esto no pasaría de ser una anécdota, o una película de intriga entre bandas rivales, si no fuera porque los espectadores, en este caso los pacientes y el SNS, son los pagadores finales de los sobreprecios artificialmente elevados que imponen, también a los medicamentos genéricos.
Con la nueva Ley y el regresivo sistema de precios seleccionados que configura, se consolidan los precios e incluso incrementan, al permitir que medicamentos genéricos idénticos se puedan vender a precios diferentes sin la más mínima ventaja para el paciente y que se mantengan en la financiación por encima del precio de referencia de las marcas, a las que además se les financiará una parte del precio. El efecto demoledor para la credibilidad del uso racional del medicamento que tienen esas dos medidas seguro que. no se les escapa, porque han sido testigos, como clínicos en ejercicio, de los años que ha costado convencer a la población de que un genérico y su marca son idénticos. Un convencimiento que sin duda reafirmó el hecho de que finalmente cuesten lo mismo; porque ¿quién se puede creer que, si el Ministerio autoriza a uno un precio de 10 y a otro un precio de 20, son idénticos? Permítanme un refrán popular: Ni el que asó la manteca con el dedo .
Sra. ministra, Sr secretario de Estado, con esta modificación legislativa nos devuelven a la prehistoria del uso racional del medicamento y van a permitir un nuevo asalto de la industria farmacéutica al bolsillo de los ciudadanos, que van a pagar más por lo mismo para que, supuestamente, mejore una estadística, la del consumo de genéricos.
Una propuesta claudicante
Basta leer el comunicado conjunto que sobre el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios han firmado, entre otros, Farmaindustria, la AESEG y la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BIOSIM), para comprender las lágrimas de cocodrilo con las que lo han publicado. No piden que se elimine el sistema de precios seleccionados que regula la nueva Ley, sino “que su desarrollo regrese al camino que nos traza la Estrategia de la Industria Farmacéutica” (1). En resumen, quieren que una vez que han conseguido introducir en la Ley un sistema de precios seleccionados mucho más favorable a sus intereses que el vigente, (que, aunque nunca se haya desarrollado es una espada de Damocles para sus intereses) también quieren controlar el mando a distancia, porque, aunque la espada ahora sea de plástico, no sea que en “manos de irresponsables” le salten un ojo a algún laboratorio.
La patronal de los fabricantes de genéricos, AESEG, se queja de que la igualdad de precios, que desde 2011 impide superar un precio de referencia para los medicamentos con un mismo principio activo, ha menoscabado la razón de ser de los medicamentos genéricos, que se basan, precisamente, en la diferencia de precio (2). Pero se calla interesadamente que, con un mercado de genéricos con precios tan elevados, ninguno quiere renunciar, ni los laboratorios de marcas ni los de genéricos, a los ingentes beneficios que esos abultados precios generan. Y para ninguno de ellos bajar el precio es una opción. En eso están todos de acuerdo. En lo único en que discrepan es que las marcas quieren su parte del pastel y los genéricos no la quieren ceder, pero tampoco quieren bajar sus precios para que dejen de ser tan atractivos para las marcas. Y en esto llegan los nuevos inquilinos al Ministerio y, de igual manera que les han colado la Estrategia Farmacéutica, introducen una Ley con una solución igual de claudicante que contenta a ambos, marcas y genéricos, para no tener que bajar sus precios: un sistema de precios seleccionados de postureo que producirá bajadas testimoniales de precios y una modificación del sistema de precios de referencia, que permitirá mantener artificialmente el diferencial de precios entre ambos, con lo que las marcas podrán superar el precio de referencia sin que se las excluya de la financiación. Y los pacientes y al SNS, que somos los paganos de su orgía de precios, indefensos.
Y si para conseguir sus objetivos tienen que repetir machaconamente una falsedad, pues lo hacen. Confunden o engañan a la sociedad con un descaro que sólo es posible por la seguridad que tienen de controlar perfectamente el discurso y de que los medios afines retransmiten y amplifican sin la más mínima crítica, verificación ni contraste. Así, recientemente el presidente del laboratorio Cinfa (3), líder de ventas de medicamentos genéricos en España, afirmó que “el 50% de los medicamentos genéricos tienen un precio menor de 1,6 euros”. Desde luego no se pueden falsear los datos de manera más escandalosa: de las 1.401 presentaciones diferentes de medicamentos genéricos y biosimilares dispensables en oficina de farmacia que hay en España, sólo 41 tienen un precio inferior a 1,6 euros, en cambio son casi el doble (76) los que tienen un precio de financiación superior a 100 euros. La realidad es que el precio medio de esas 1.401 presentaciones es de 26 euros y la distribución de sus precios por quintiles es la siguiente:
Q1: hay 280 con un rango de precios de <3 euros por envase.
Q2: hay 280 con un rango de precios entre 3 y 7,29 euros por envase.
Q3: hay 280 con un rango de precios entre 7,31 y 15,6 euros por envase.
Q4: hay 280 con un rango de precios entre 15,61 y 36,62 euros por envase.
Q5: hay 280 con un rango de precios entre 36,63 y 507,84 euros por envase.
Si un medicamento que costaba 9,45 euros ha podido bajar su precio hasta costar 2,67 euros y seguir siendo rentable para los 5 laboratorios de genéricos que lo comercializan, ¿cuánto nos están estafando con los 733 tipos de medicamentos genéricos que superan ese precio? ¿Y con los 1.301 que superan los 2,25 euros que costaba el otro medicamento que ha reducido su precio a menos de la mitad y que sigue siendo rentable para otros 8 laboratorios de genéricos?
No, el problema de los genéricos en España no es que sean muy baratos, como repite machaconamente la industria cada vez que tiene ocasión, sino al contrario, que son excesivamente caros. Pero, la verdad ¿a quién le importa?
