EDITORIAL. Revista nº 44 Enero 2026 

Comisión de Redacción.

«Dondequiera que haya propiedad privada y el dinero sea la medida de todas las cosas, es casi imposible que una comunidad sea justa o próspera»,

Utopía. Tomás Moro (1516)

I

Iniciamos un año 2026 que se dibuja en el horizonte más complejo y duro, aún, que el 2025. Y eso es realmente difícil, porque este año finalizado se ha destacado por una violencia estructural de una magnitud impensable, donde se han vulnerado de forma abierta los derechos humanos de poblaciones enteras sometidas a la barbarie de la guerra y al asesinato indiscriminado.

El triunfo de la desigualdad ha desencadenado una violencia política y social que condena a la ciudadanía a la pérdida de derechos claves para la vida, como la sanidad, la educación, los cuidados a los mayores y la dependencia, una vivienda digna, o el mantenimiento de la propia vida. Una desigualdad que se ha ido incrementando progresivamente y, desde la crisis de 2008-2010, de una forma acelerada. “Hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos” afirmabaWarren Buffet de forma arrogante y obscena.

Efectivamente, nos enfrentamos ahora a un capitalismo muy agresivo, altamente tecnológico, cuyas corporaciones operan en alianza con un pequeño grupo de ultrarricos, controlando la autoridad de los gobiernos y desplazando los intereses de la gente común por los de esta minoría. Algunos autores han denominado a esta fase del capitalismo con el término “tecnofeudalismo” para designar una forma de poder caracterizada por una falta de regulación y control que permite a estos oligarcas ganar miles y miles de millones de euros ^(1).

Así, el capitalismo hoy es un sistema que produce y reproduce la desigualdad, profundiza los problemas sociales, concentra la riqueza y el poder, impulsa un sistema represivo y autoritario y, por lo tanto, conduce a la exclusión de la gente, a la pérdida de derechos y obliga a la migración.

Vivimos pues en una sociedad profundamente violenta e injusta, que ante la inacción de gobiernos e instituciones está empeorando día a día.

En este contexto es donde debemos situar el papel que la BigPharma (sin duda, un ejemplo del capitalismo más agresivo y codicioso) desempeña de forma activa en la salud a nivel mundial.

Hemos señalado en las páginas de esta revista en diferentes artículos cómo su estrategia de monopolios y precios abusivos impide y limita gravemente un acceso justo, asequible a los medicamentos necesarios para recuperar y mantener la salud de la población. Pero, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las líneas principales que muy probablemente van a influenciar radicalmente en las decisiones que se impongan en la política farmacéutica durante el año 2026?

Para intentar aproximarnos a esta pregunta proponemos una lectura de los datos y propuestas que se están ya produciendo y que lo harán de manera más profunda a lo largo de este año. Analizaremos brevemente las sensibles modificaciones que afectarán al acceso a los medicamentos y vacunas en tres escenarios: El gobierno Trump y su política farmacéutica y arancelaria, la Unión Europea y sus políticas normativas y finalmente España. Las interrelaciones y condicionamientos que se producen entre estos ámbitos son absolutamente notables.

En primer lugar, comentaremos la influencia en el precio de los medicamentos que la política farmacéutica de Estados Unidos está teniendo en la Unión Europea y su futuro inmediato. La política farmacéutica en EE.UU. para, supuestamente, reducir el gasto en nuevos medicamentos la plantea el gobierno Trump desde la exigencia de aplicación inmediata de la “cláusula de Nación Más Favorecida”. Con este término, se expresa la decisión de EEUU de pagar por los medicamentos allí consumidos una cantidad igual a aquella del país cuyo precio sea más bajo, dentro del G7, Suiza y Dinamarca. Para llevar adelante ésta política, Trump se ha reunido y llegado a acuerdos bilaterales con relevantes y poderosas industrias farmacéuticas: Amgen, Bristol Myers, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead, GSK, MSD, Novartis, Sanofi. La exigencia central de estos acuerdos es que EEEUU debería pagar menos por los medicamentos. Pero, al mismo tiempo, garantizarían que los beneficios tremendos de la industria farmacéutica permanezcan, subiendo para ello los precios en Europa y en el resto del mundo. ¿Cómo piensa la BigPharma llevar adelante esta política de mantener beneficios reduciendo el precio en los Estados Unidos?

Thomas Schinecker, director general de Roche, en una entrevista en diciembre de 2025 ⁽²⁾ descubría el mecanismo. Respondía de una forma firme, pero realmente inquietante, sobre cómo las presiones de Trump serán instrumentadas por la industria farmacéutica. En primer lugar, y para disuadir al entrevistador de la inexistencia de alternativas, amenaza afirmando que, sin un aumento de precios de los nuevos medicamentos, éstos podrían no estar disponibles en Suiza. Continúa Shinecker insistiendo en que la investigación es cara y cómo hasta ahora el mayor porcentaje del coste estaba siendo asumido por EE.UU. El argumento que Trump plantea y la industria acepta es que se pague la investigación mediante la fijación en el sobreprecio de cada fármaco de una cantidad adicional en función del PIB de cada uno de los países de Europa, aumentando aún más el precio final. De esta forma, bajarían los precios de los nuevos medicamentos en EEEUU al tiempo que aumentarían paralelamente los precios en Europa. Pero, como sabemos bien, no estamos hablando en realidad de pagar la investigación. Ese discurso explicativo es una falacia, ya que los actuales sobreprecios ya pagan el 100% de los gastos de investigación y añaden el equivalente a dos veces más en beneficios abusivos. En realidad se trata de mantener y aumentar los enormes beneficios de la Big Pharma. Las maniobras de chantaje y extorsión de Trump provocarán, están provocando ya, como veremos a continuación, que suban los precios en Europa, sin ninguna justificación.

Un primer ejemplo son las decisiones del gobierno del Reino Unido. El gobierno de Trump presionó directamente a Starmer para obligar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Como recoge The Guardian ⁽³⁾, en base a “este acuerdo, el Reino Unido pagará más por nuevos medicamentos y permitirá que el National Health Service ( NHS ) gaste más en medicamentos para prolongar la vida, a cambio de que las exportaciones farmacéuticas británicas a EEUU eviten los aranceles”. El coste adicional del acuerdo, según manifestaciones del Departamento de Salud y Asistencia Oficial (DHSC) supondrá un coste de 1.000 millones de libras entre 2025/26 y 2028/29. Sin embargo, admiten que los costes después de 2028/29 aumentarán. Pero es también sorprendente y desorbitado que el gobierno se haya comprometido a duplicar el gasto del Reino Unido en nuevos medicamentos del 0,3 % del PIB al 0,6 %, para 2035.

La importancia de las cifras mencionadas y su repercusión sobre el NHS ha motivado que un grupo multipartidista de diputados laboristas, liberales, demócratas, verdes y del Partido Nacional Escocés (SNP) hayan exigido al gobierno la publicación del estudio de impacto sobre el que se ha basado el mencionado acuerdo. También organizaciones como Just Treatment ⁽⁴⁾ han manifestado que este acuerdo farmacéutico entre Estados Unidos y el Reino Unido podría causar más de 15.000 muertes prevenibles anualmente. El Reino Unido está redirigiendo 3 mil millones de libras esterlinas de la atención al paciente del National Health Service para aumentar las ganancias de la industria farmacéutica. Según Global Justice Now ⁽⁵⁾, el acuerdo con Trump y la subida de precios supondrá 9.000 millones de libras anuales extra a partir de 2035, una auténtica barbaridad.

Revisemos a continuación cuál ha sido una de las últimas decisiones que consideramos un paso atrás en el futuro de la política farmacéutica de la Unión Europea. El planteamiento base de la UE debería estar dirigido a preservar, mantener y desarrollar los derechos de los ciudadanos europeos a un acceso justo y asequible a medicamentos y vacunas. Sin embargo, y de forma lamentable, no ha sido así. La Comisión negociadora del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea anunciaron este último 11 de diciembre ⁽⁶⁾ que habían alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la legislación farmacéutica.

Desde la AAJM ⁽⁷⁾ se realizó una valoración inicial de esta reforma donde se expresaba la decepción por un modelo que consolida un monopolio responsable de unos beneficios anuales abusivos para la industria farmacéutica, por encima de los costes de fabricación, y de I+D estimados en más de 100.000 millones anualesLa presión del poderoso lobby de la industria farmacéutica europea ha conseguido que la Comisión Europea frenara la moderada propuesta inicial e impidiera los

cambios necesarios.

La legislación aprobada permitirá que los precios de los nuevos medicamentos sigan siendo abusivos y el gasto farmacéutico continúe siendo extraordinariamente elevado. El texto del acuerdo fija ocho años de protección de datos, más uno de protección de comercialización, que pueden ampliarse con otro año si es una nueva indicación con beneficio significativo, y uno adicional es para enfermedades sin tratamiento actual, o bien hay ensayos clínicos comparados en varios países de la UE, o si se lanza en los países de la UE. Así se logra llegar a once años de monopolio, en lugar del planteamiento de 6 que proponía el borrador inicial. Un éxito para la industria farmacéutica que aún así muestra cierta disconformidad.

Aún más sorprendente es la decisión de la concesión para la fabricación de antibióticos a las farmacéuticas que promuevan su investigación de un bono transferible de un año de protección de mercado adicional para aquellos otros medicamentos que considere la propia empresa. Diversos trabajos han reiterado que este mecanismo tiene serios inconvenientes y actúa de una manera perversa. En realidad, debería haberse optado por una investigación con financiación pública para el desarrollo de nuevos antibióticos útiles para la resistencia antimicrobiana.

Estos rasgos, junto con otros que contiene el texto, no han sido suficientemente debatidos, ni valoradas sus consecuencias en nuestro país. Incluso llama la atención cierta visión benevolente del Ministerio de Sanidad (MS) sobre las consecuencias de su aplicación para el futuro.

Finalmente, algunos comentarios breves sobre la situación de la política farmacéutica en nuestro país. Una noticia reciente nos impacta de forma llamativa: se ha alcanzado más de 10.000 millones de gasto farmacéutico hospitalario. Este fuerte incremento subraya una tendencia marcada en los últimos años que, sin duda, supone un grave riesgo para la supervivencia del SNS. Esta amenazante realidad debería ser abordada, más aún si, como hemos visto anteriormente, el contexto internacional proyecta una tendencia clara hacia un aumento aún más marcado de los precios de los nuevos medicamentos. ¿Cuáles son las medidas y actuaciones que propone el MS?

Veamos a continuación algunos rasgos principales. El MS, junto con cinco ministerios, llevó a término el documento “Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028”. Esta estrategia fue planteada desde el MS como una forma de trabajo y diálogo entre el ámbito institucional y el sector industrial. En el momento de su publicación, consiguió una recepción alborozada de la patronal farmacéutica Farmaindustria. Al mismo tiempo que provoca serias dudas, expresadas, por ejemplo, en un posicionamiento de la AAJM o recientemente en un artículo de Patricia Lacruz, donde afirmaba: “En mi opinión la estrategia, principalmente, está dirigida por la industria farmacéutica en un foro que han conseguido crear, privilegiado, por cierto, con un poder de toma de decisión que no debería haberse cedido a aquellos que tienen tal conflicto de interés”.

Después de esta movimiento del MS para llegar a algún tipo de entendimiento con Farmaindustria, en un intento tal vez ingenuo de facilitar trabajo y disminuir resistencias, la Secretaria de Estado ha dirigido sus esfuerzos a plantear principalmente cambios normativos. Tiene, en esta línea para el año 2026, importantes tareas pendientes en el ámbito de la política farmacéutica, como la Ley de los medicamentos y los productos sanitarios (ya aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación al Congreso de los Diputados), el texto del Real Decreto de precio y financiación de productos sanitarios, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en fase final de tramitación, etc.

Estos textos que hemos ido conociendo han sido motivo de alegaciones desde la AAJM. Una valoración inicial sugiere que estas iniciativas responden a un “reformismo tímido” que no se corresponde para nada con la gravedad del momento actual.

Como señalábamos anteriormente, un gasto farmacéutico que se incrementa año tras año y que pone en riesgo la propia supervivencia del Sistema Nacional de Salud exige respuestas contundentes y arriesgadas. Conocemos bien el enorme poder de la industria farmacéutica, su capacidad de lobby e influencia política sobre decisores y prescriptores que determina graves problemas y limitaciones a la hora de la toma de decisiones desde el gobierno y desde el MS. Pero es el momento de resoluciones valientes desde la consideración del medicamento como un bien público, un bien social y un derecho humano que debe ser protegido con las máximas garantías. Hay retos pendientes para el MS.

El Gobierno de España tiene que hacer más esfuerzos para que los precios de los medicamentos reflejen los costes reales y no sean precios especulativos determinados por el abuso de posición dominante ocasionado por monopolios y patentes.

Es imprescindible también una postura más activa y decidida en la Unión Europea con posicionamientos más abiertos y radicales que, al menos, pongan de manifiesto de forma nítida los abusos de la industria farmacéutica y permitan el diseño de propuestas alternativas. Es necesario avanzar, de forma decidida, dando pasos efectivos en el desarrollo de una investigación financiada públicamente que facilite la independencia de los profesionales, evitando su sometimiento al control de la industria. Por último, se debería avanzar con firmeza hacia una farmacia pública que garantice la necesaria autonomía en situaciones de crisis y el desarrollo de una producción pública propia.

Sin duda, y volviendo a la frase inicial de Tomás Moro, abordar hoy la necesidad de transformación del capitalismo en su fase actual es una exigencia ineludible para la consecución de una sociedad justa y equitativa basada en el respeto universal a los derechos humanos. Idénticamente, la transformación del modelo actual de monopolio y precios altos de los medicamentos impuesto por la BigPharma es una necesidad inmediata e indispensable. En estas tareas, utópicas tal vez, está la supervivencia de nuestro SNS.

Referencias bibliográficas

1. Capitalismo, Estado y Big TechUna entrevista con Cedric Durand y Eugeny Morozow Jacobin Review 25/01/26 https://jacobinlat.com/2026/01/capitalismo-estado-y-big-tech/
2. Roche: Trump force la Suisse à payer plus pour les médicaments. Isabel Strassheim Mario Stäuble. 24 Heures 21/12/2025. https://www.24heures.ch/roche-trump-force-la-suisse-a-payer-plus-pour-les-medicaments-883297749258

3. Pressure grows on ministers to end secrecy over UK medicines deal with Trump. Denis Campbell. The Guardian Tue 27 Jan 2026

4. Patients will pay with their lives Just Treatment

https://t.co/ekFmdgRI5X https://x.com/justtreatment/status/2006056548385067392?s=51&t=XlpFaUQcu7YQhHlrwkl_GQ

5. Global Justice Now

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQfBZmbtNjwCBPLzMqHbDnlNlbd

6. Comunicado del Consejo de la Unión Europea

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/11/pharma-package-council-and-parliament-reach-a-deal-on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceutical-sector/

7. Nota de prensa AAJM sobre UE con pág. x de esta misma revista)

8. Alegaciones AAJM

• Con la legislación aprobada los precios de los nuevos medicamentos seguirán siendo abusivos.
• Los desabastecimientos continuarán o se incrementarán.
• Las dificultades de acceso a miles de personas no se resolverán.

ORIGINAL. Revista nº 44 Enero 2026 

AAJM.

Según datos de la EFPIA, la patronal farmacéutica europea, en 2023 las ventas de medicamentos de las empresas afiliadas a su organización, ascendió a 274.545 millones de euros en los países de la Unión Europea ⁽¹⁾.

Con precios de medicamentos genéricos, el gasto habría sido de 87.349 millones de euros. El resto, 131.025 millones es el SOBRE PRECIO que se paga en teoría para financiar la I+D.

Pero los gastos de investigación, según EFPIA, ascendieron solamente a 32.838 millones de euros en los países de la UE. Es decir, los BENEFICIOS ABUSIVOS ascienden a 98.187 millones de euros.

Este modelo no sirve a la sociedad, pero sí a las grandes empresas farmacéuticas: La mayor parte de la investigación que realizan no es innovadora sino incremental. No se investiga en las necesidades de salud de la población, ni en intervenciones no farmacológicas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. El exceso de beneficio se dirige en parte a marketing (más que a I+D), con lo que se presiona a los médicos para recetar los medicamentos más caros, forzando una sobre prescripción que se puede estimar en un 30% del total de medicamentos consumidos.

Los precios abusivos impiden o retrasan el acceso a miles de pacientes y animan a las empresas a retirar y desabastecer medicamentos de precios menos caros.

Lamentablemente, ni el Consejo de la Unión Europea, ni el Parlamento Europeo, con la ponencia que ha llevado a cabo la eurodiputada del Partido Popular Dolors Montserrat, han dado respuesta a esta situación injusta para los pacientes y la sociedad, sino que la han reforzado. Es un gravísimo paso atrás.

El pasado 11 de diciembre la Comisión negociadora del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea anunciaron que habían alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la legislación farmacéutica ^{(2, 3, 4)}. El acuerdo debe ser ratificado y aún requiere la aprobación formal de los países miembros de la UE y del Parlamento Europeo. 

Una primera valoración 

En una primera valoración comprobamos como se ha perdido una gran oportunidad para hacer más justo el sector farmacéutico. Efectivamente, se consolidan los beneficios abusivos de la industria farmacéutica y no se adoptan medidas para evitar los precios exorbitantes que viene exigiendo por los nuevos medicamentos (hasta superar en ocasiones el millón de euros por tratamiento).

El acuerdo refuerza el monopolio de las empresas farmacéuticas. que es sin duda la causa principal del elevado precio de los nuevos medicamentos. El monopolio que concede la legislación a las empresas prohibiendo que se puedan comercializar otros medicamentos genéricos o biosimilares durante una serie de años, está en la raíz de una situación que compromete de forma grave la accesibilidad y asequibilidad de medicamentos y vacunas a nivel mundial.

Comentarios sobre algunos puntos particularmente relevantes del texto presentado

El antecedente inmediato

La legislación actual tiene dos mecanismos para establecer el monopolio.

Por un lado, las patentes de medicamentos, que impiden la comercialización de un medicamento genérico durante 20 años desde el registro de la patente (más la posibilidad de añadir 5 años con el Certificado de Protección Suplementaria).

Un segundo mecanismo que incluía la legislación europea reconocía 10 años de protección de mercado (protección de datos y de comercialización, aunque hubiera caducado la patente). Con esta protección y el monopolio que se concede a las empresas, estas pueden fijar sobre precios por encima del coste de fabricación, con la justificación que con esos recursos financiarán la investigación. Sin embargo, como vimos antes, los precios fijados por las empresas están muy por encima de lo necesario para financiar la I+D. Son beneficios abusivos.

La propuesta de reforma 

En su propuesta inicial de reforma, la Comisión Europea proponía reducir la protección de Datos y de Comercialización de 10 a 6 años. Todavía era exagerado, pero señalaba la buena dirección. Sin embargo, el acuerdo alcanzado por el Parlamento y el Consejo fijan 8 años de protección de datos, más uno de protección de comercialización, es decir, 9 años en total. Pero aún puede ampliarse la protección con un año más, si es una nueva indicación con beneficio significativo, y otro año más si es para enfermedades sin tratamiento actual, o si hay ensayos clínicos comparados en varios países de la UE, o si se lanza en los países de la UE. Es decir, de 10 años pasa a 11 En lugar de la propuesta inicial de reducción a 6 se ha ampliado el tiempo de monopolio, y por tanto se mantienen los beneficios abusivos.

Además, para enfermedades poco frecuentes (menos de 5 personas afectadas por cada 10.000 habitantes), se ofrecen 11 años de protección con un máximo de 13 años. Es necesario advertir aquí, como es habitual la estrategia de las empresas farmacéuticas de dirigir en una primera etapa sus nuevos medicamentos para fracciones de población, de tal manera que se puedan considerar medicamentos huérfanos, logrando así más tiempo de monopolio.

Y, por si fuera poco, en el caso de antibióticos se concede un “Bono de exclusividad transferible” (TEV por sus siglas en inglés) de 1 año de protección de mercado adicional, para un producto elegido por la empresa que ésta puede aplicar a medicamentos, cuyas ventas brutas anuales no hayan superado los 490 millones de euros en los cuatro años anteriores. Este es sin duda un mecanismo perverso que altera gravemente el propio modelo. Es evidente que la línea lógica para la investigación de fármacos. para responder a la resistencia antibiótica, debería haber sido la investigación pública.

Aceleración de los procesos de autorización y comercialización.

Por otra parte, la reforma modifica el sistema de regulación y acelera la autorización para la aprobación de medicamentos, reduciendo el plazo de 210 a 180 días para qué la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emita el dictamen correspondiente. Esta aceleración, demandada insistentemente por las empresas farmacéuticas, puede ir en detrimento de la calidad de las autorizaciones (cuando conocemos por numerosos trabajos de investigación el riesgo que supone de complicaciones y efectos secundarios, así como la evidencia que más de la mitad de las nuevas autorizaciones no aportan mejoras en los tratamientos).

 El acuerdo, también incluye la aplicación de la “Excepción Bolar” que permite a los fabricantes de medicamentos genéricos participar en licitaciones públicas antes de que expire la patente del fabricante. Se amplía así el tiempo durante el cual pueden adoptar los fabricantes de genéricas medidas antes de su producción y comercialización. Esta medida está diseñada en parte para la industria fabricante de medicamentos genéricos.

Finalmente, otro elemento que incluye el acuerdo es el requisito de notificación en caso de escasez. Se establece la obligación de notificar con seis meses de antelación a la empresa farmacéutica responsable de la producción. En caso de previsión de escasez de un medicamento. Este denominado requisito no tendrá ningún impacto. en los desabastecimientos que están en relación estrecha con procesos de falta de rentabilidad de un fármaco determinado entre otras causas.

La nueva legislación tampoco aborda y no corrige el problema de fondo de la Agencia Europea del Medicamento que es su dependencia de la industria al financiarse por las mismas empresas, en lugar de a través del presupuesto genera

Como conclusión consideramos que el acuerdo para la reforma de la legislación es un retroceso en los derechos de las personas. Se consolida un modelo de monopolio que está provocando precios injustificados y enormes beneficios abusivos para las empresas farmacéuticas: cerca de 100.000 millones de euros anuales que deberían servir para fomentar la investigación realmente innovadora, y para abaratar significativamente los precios, garantizando una producción local suficiente para asegurar el suministro.

La presión de lobby de la industria, financiada a través de los sobre precios abusivos, que pagamos todos y todos los ciudadanos, ha logrado una vez más frenar y revertir cambios necesarios. Con la legislación aprobada los precios de los nuevos medicamentos seguirán siendo abusivos, los desabastecimientos continuarán o se incrementarán, y las dificultades de acceso a miles de personas no se resolverán. Mientras y al mismo tiempo, el marketing de la industria seguirá presionando a los profesionales para una sobre prescripción que causa miles de muertes anuales en Europa por efectos adversos de medicamentos.

Sigue por tanto pendiente un cambio real que potencie la industria europea con una financiación justa y suficiente, que apueste por investigación pública orientada a las necesidades de salud, y que establezca plataformas de fabricación públicas para objetivos estratégicos.

1. Efpia. The Pharmaceuticasl Industry in Figures. Key Data 2025. https://www.efpia.eu/media/uj0popel/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2025.pdf
2. Comunicado del Consejo de la Unión Europea https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/11/pharma-package-council-and-parliament-reach-a-deal-on-new-rules-for-a-fairer-and-more-competitive-eu-pharmaceutical-sector/
3. Comunicado del Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251209IPR32110/deal-on-comprehensive-reform-of-eu-pharmaceutical-legislation
4. Nota complementaria del Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251209IPR32111/background-note-pharmaceutical-package-provisional-agreement-elements

ORIGINAL. Revista nº 44 Enero 2026 

Fernando Lamata Cotanda.

Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM.

Este trabajo es una reflexión a posteriori de la ponencia que presente en el seminario SIAP 2025, coordinado por el Equipo CESCA (ver nº 41 de esta revista), y tiene en consideración las distintas aportaciones y debates que se llevaron a cabo en este, lo que desde mi punto de vista constituye un éxito colectivo.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por España, establece que los Estados Partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población (actuando sobre los determinantes de salud).

Este derecho incluye la obligación de los Estados de garantizar que todos tengan acceso a medicamentos esenciales asequibles, particularmente aquellos que salvan vidas o son vitales para el bienestar. ⁽¹⁾

Los SISTEMAS SANITARIOS, por su parte, son las organizaciones sociales y las instituciones que tratan de garantizar el derecho a la atención sanitaria.

Definen la cobertura. A qué personas está obligado a atender el Sistema Sanitario. Definen las prestaciones: En Salud Pública, en Atención Primaria, en Hospitalización, etc. Incluyendo la prestación Farmacéutica, y los medicamentos (cuáles y a qué precios).

Definen la fuente de financiación. Definen la cuantía del gasto sanitario público. Definen la organización y gestión del sistema. En España, por ejemplo, la organización se adapta al modelo autonómico, con algunas competencias estatales (como la política de medicamentos) y otras descentralizadas en las CCAA. La gestión es mayoritariamente pública.

Establecen y regulan quién y con qué se llevan a cabo los servicios sanitarios: Tipo de profesionales, Tecnologías (incluyendo medicamentos) e Instituciones, incluyendo Centros de Salud, Hospitales y Oficinas de Farmacia.

Y definen los objetivos en resultados en salud y en satisfacción.

Entre todos estos elementos debe haber un equilibrio, una cierta armonía.

En España los datos sobre el Sistema Sanitario siguen siendo buenos. Pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008-2010: Así, desde 2010 se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. La valoración de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado notablemente, desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien a un 54%.

Y entretanto el número de personas con seguros sanitarios privados se ha duplicado, llegando ya al 30%.

A pesar del deterioro, los resultados en salud del SNS mantienen un buen nivel. La Esperanza de Vida al Nacer era de 84 años en 2023, la más alta de UE. Por otro lado, cuando accedes al servicio ⁽³⁾ la valoración de la atención recibida es buena o muy buena en 82,4% en AP, 81,7% en consulta de especialista y 81,4% en ingreso hospitalario. Notables y sobresalientes.

Es decir, el SNS tiene una inercia grande y aguanta. Pero sigue un lento proceso de deterioro que tenemos que revertir. Y aquí es clave la política del medicamento. Las ganancias abusivas de la IF rompen el equilibrio del sistema sanitario, lo parasitan y lo debilitan, condicionando y controlando la orientación del Sistema y de la práctica profesional, de tal manera que, como señalan Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández en la revista AJM, “Las medicinas gobiernan la medicina”.

Porque, además, no estamos en terreno neutral, hay importantes poderes económicos interesados en la quiebra del Sistema Sanitario Público y su sustitución por un Modelo tipo EEUU, con una cobertura pública de menos del 50% y el resto con seguros privados (más o menos subvencionados), de diferentes niveles de calidad y diferentes catálogos de prestaciones, según las primas, y mucho más caro para el contribuyente y el conjunto de la sociedad.

En el marco los Sistemas Sanitarios, los MEDICAMENTOS forman parte del derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos si se cumple en España el derecho al acceso al medicamento. La respuesta es que en muchos casos NO, como señalan en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granadilla o Luis Gimeno.

-Hay personas que necesitan y no pueden acceder, fundamentalmente por los copagos (un 4,6% de la población dejó de tomar medicamentos recetados en la sanidad pública, por motivos económicos; equivalente a más de 2 millones de personas).

-Pero, sobre todo, hay personas que consumen medicamentos innecesarios y, por lo tanto, perjudiciales (se estima en un 20% o más los medicamentos consumidos innecesariamente). Alrededor de 16.000 personas fallecen anualmente en España, “así como decenas de miles enferman y se hospitalizan”, por reacciones adversas a medicamentos ⁽¹⁴⁾.

Con la tecnología y el desarrollo económico mundial debería poder garantizarse el derecho al acceso al medicamento necesario, en España y en todo el mundo, y con precios justos. Sin embargo, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema y lo debilita, perjudicando a la salud: bien por falta de acceso (a millones en el mundo pobre) o por exceso de medicación en el mundo rico. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica, a quién vende. Define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las Agencias de Autorización y Evaluación, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales y en su prescripción. Influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes… etc. etc.

¿Por qué pueden influir tanto, por qué tienen tanto poder?

Es importante ver la raíz del problema: ¿cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos? La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación, y se determinan en función del máximo que esté dispuesto a pagar el paciente o el Servicio de Salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual: la causa de los altos precios son LOS MONOPOLIOS que conceden las patentes. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas, prohibiendo durante un determinado número de años (20 o más) la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores, de manera que, durante esos años, las empresas originarias puedan poner precios más altos, sin competencia. La justificación de que los gobiernos concedan estos monopolios es, supuestamente, la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto que los gobiernos permiten fijar y cobrar a las compañías farmacéuticas para financiar, supuestamente, la investigación, y que pagamos nosotros, ciudadanía y sistemas de salud.

Dicen las empresas que las patentes son la sangre de la innovación. No es cierto; como apunta José Ramón Loayssa, la mayor parte de la innovación proviene de I+D con financiación pública directa, en centros y laboratorios públicos. Y la Investigación que paga la industria, como veremos, la financiamos varias veces con los sobre precios.

Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992. Y en el mundo la generalización de las patentes de medicamentos se produjo en 1994, con el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el ADPIC. Un acuerdo impuesto por las empresas farmacéuticas y los gobiernos de EEUU, Suiza y otros países del Norte. Ahora bien, las empresas no aumentaron su investigación innovadora, sino que priorizaron sus objetivos comerciales y la compra de resultados de investigación hecha en centros públicos. Las patentes en medicamentos no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias.

Como era previsible, en el campo del medicamento se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, un abuso del monopolio, exigiendo las empresas precios mucho más altos de lo que sería necesario para financiar la I+D. Insisto: los precios altos no son para pagar la investigación, son para obtener unos beneficios exagerados, parte de los cuales destinan a marketing y acciones de lobby, para mantener el modelo actual. De hecho, gastan más en marketing que en I+D. Otra parte la destinan a recompra de acciones y remuneraciones extraordinarias a los accionistas y los ejecutivos. También destinan a estos cometidos más dinero que a I+D.

Y los gobiernos lo permiten, aunque esa no era la finalidad del supuesto “incentivo” a la investigación, que se ha pervertido progresivamente.

¿Por qué las empresas suben los precios de los nuevos medicamentos exageradamente con el monopolio? Porque quieren maximizar sus ganancias, y porque los pacientes sienten que necesitan ese producto. Les va la vida en ello. En efecto: una madre da todo lo que tenga si es para salvar a su hijo. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta declararse en quiebra, y, si es un sistema de salud, los pacientes le presionarán para que el gobierno acepte pagar lo que le pidan, endeudándose o dejando de financiar otros servicios. Es la bolsa o la vida, un robo a mano armada. Con la peculiaridad de que, en este caso, la víctima (nosotros) le damos el arma al atracador (con las patentes y los monopolios).

Por su parte, los directivos de las empresas tenderán inevitablemente a poner el precio más alto posible, lo más alto que puedan pagar los consumidores. ¿Por qué? Como señala Juanjo Rodríguez Sendín: Porque se lo exige la lógica del mercado, la codicia. Se lo exigen sus accionistas principales que, en las grandes empresas farmacéuticas, son enormes gestoras de fondos de inversión, como Blackrock Finance, State Street Corporation, Vanguard group, y otras entidades financieras. El objetivo declarado de estos grandes accionistas es maximizar beneficios, no mejorar la salud. El medicamento se convierte así en un producto financiero, especulativo, ya que, además de las ganancias por ventas, se genera otro enorme beneficio por revalorización de acciones, que en no pocas ocasiones se induce por la recompra que hacen las mismas empresas de dichas acciones con las ganancias abusivas de los sobre precios. Un círculo vicioso perfecto.

Entonces: ¿Por qué los gobiernos no frenan el abuso de patentes y cambian el modelo de financiar la I+D?: porque no saben, porque no quieren o porque no pueden: porque no saben (cortos periodos de gobierno (una ministra/ministro de sanidad cada año y medio); narrativa dominante brutal: “ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, creamos empleo, invertimos en I+D”, etc.), porque no quieren (sensación de impotencia, “no vamos a poder hacer nada”, que lleva a no entrar en el tema y ocuparse de otras cosas; presión mediática; o directamente puertas giratorias y soborno), o porque no pueden (lo intentan pero les frenan: presión diplomática, comercial, industrial, como el Informe Especial 301 de la Oficina de Comercio del Presidente de los EEUU y la imposición de aranceles, la presión de Suiza con Imatinib en Colombia, etc).

Aunque también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido: por ejemplo, los genéricos para luchar contra el Sida en Sudáfrica con el liderazgo de Mandela y una gran movilización social, los genéricos de sofosbuvir para la Hepatitis C en Egipto, Licencias Obligatorias de medicamentos contra el Sida y el cáncer en varios países, o el caso Mediator y la Doctora de Brest, Irène Frachon, el caso rofecoxib y el Profesor Laporte, el desarrollo y producción pública de CAR-T en el Clínic o de la terapia celular NC1 en Puerta de Hierro, y otros muchos.

¿Cómo de grande es el abuso de la IF? Siguiendo la metodología del profesor Dean Baker ⁽¹⁰⁾, para estimar qué cantidad suponen los sobre-precios, calculamos lo que pagaríamos por todos los medicamentos a precio de genérico o biosimilar, en condiciones de competencia real. Así, en España, el sobre-precio en medicamentos originales que pagó el SNS y pagamos los pacientes, por encima de los costes de fabricación y de un beneficio industrial medio, ascendió a 12.364 M€ en 2023, y de esa cantidad las empresas destinaron como mucho a I+D 1.500 M€. El resto, 10.864 M€, se lo embolsaron como beneficios abusivos, que destinaron a otros fines. Para hacernos una idea esa cantidad es más de lo que se destinó a pagar a todo el personal de AP en la sanidad pública en España.

El profesor Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, ha demostrado que los antivirales de acción directa para la Hepatitis C tienen un coste de fabricación y de I+D de menos de 300 euros por tratamiento, pero en España pagamos un precio medio de 20.000 euros por tratamiento para más de 100.000 personas. Pagamos más de 2.000 millones por lo que costaba 30 ¿Por qué? Así ocurre con otros muchos medicamentos, como el recientemente aprobado Lenacapavir, para tratamiento VIH SIDA, que cuesta 30 euros tratamiento y pagamos a 20.000 euros ^{(11, 12)}.

El problema de los altos precios de los medicamentos de marca se agrava porque las empresas de genéricos (a veces conectadas accionarialmente con las originarias) en lugar de competir para acercar los precios al coste de fabricación mantienen precios altos, cercanos a los de marca original, con estrategias de cártel que deberían ser vigiladas por el Ministerio de Sanidad y sancionadas por las autoridades de la competencia.

Como resultado, en 2023 el gasto sanitario público total (EGSP) ascendió a 97.661 M€. De esta cantidad, 23.224 M€ se gastaron en medicamentos.

Es decir, el gasto público en medicamentos supuso cerca un 24% sobre el gasto sanitario público total, casi el doble que en AP. El gasto farmacéutico debería ser, como máximo, la mitad. Y, sin embargo, sigue creciendo.

Una mala política de medicamentos influye negativamente en el Sistema Sanitario y en la práctica profesional (como se ha visto en el debate virtual de este SIAP) y como señalan es sus comentarios Ana Mª Furio (que habla de “merma”), Paco Abal (que habla de “estrangulamiento”), Antonio Granadilla (apuntando que impide financiar áreas más necesarias como la AP). Pero no solo restan recursos de otras partidas necesarias, lo cual ya es muy grave, sino que, como apuntan Roberto Colino, Joan Ramon Laporte o Luis Gimeno, corrompen el sistema, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la profesionalidad y la ética, y medicamentalizan la atención sanitaria y la sociedad.

Además, como recuerda José Ramón Loayssa, al exceso de gasto por sobre precios se debe añadir el gasto por sobre prescripción, utilización inadecuada y excesiva, que podemos estimar en otros 6.140 M€ anuales en 2023 (suponiendo que un 20% de los medicamentos totales prescritos son innecesarios).

¿Existen ALTERNATIVAS a esta política de medicamentos?

Hay alternativas. Se pueden y deben poner en marcha iniciativas puntuales (como se ha visto en el debate virtual del SIAP y se verá a lo largo de las sesiones presenciales), y, si es posible se debe elaborar una estrategia a medio y largo plazo, de ámbito nacional o internacional, en la que participen distintas organizaciones. El esquema que propone Mikel Baza, con 5 medidas para mejorar el uso del medicamento, orientadas a cada uno de los colectivos (profesionales, gestores, sociedades científicas, legisladores y gobernantes, asociaciones de pacientes, pacientes y familiares), me parece una muy buena síntesis.

Entre las distintas propuestas planteadas insistiré que considero clave seguir reclamando la supresión de las patentes y los monopolios en medicamentos, porque son las que permiten perpetuar la corrupción del modelo: si no suprimimos los monopolios, la IF seguirá aumentando la munición para sus políticas de marketing y lobby. Para cambiar el modelo de monopolios en medicamentos se precisan cambios en la UE y en organismos internacionales (OMS; OMC). Son decisiones de ámbito global, de medio o largo plazo. Pero son cambios posibles, que deben promover los gobiernos nacionales. Nosotros podemos recordar a nuestro gobierno la necesidad de plantear estas cuestiones, y podemos colaborar creando conciencia y presionando en la medida de nuestras posibilidades, mientras avanzamos en otra serie de medidas concretas y de corto plazo.

El Instituto de Salud Carlos III en España, los Institutos Nacionales de Salud en EEUU (antes de Trump), o los Programas de investigación en la Unión Europea contienen elementos de lo que podría ser un nuevo modelo de financiación y desarrollo público de la I+D a nivel global. Hay que avanzar en esa dirección. Es un cambio viable que permitiría ahorrar globalmente un billón de dólares anuales en gasto farmacéutico abusivo, y destinar estos recursos a otras finalidades sanitarias, sociales y medioambientales.

En conclusión: Las experiencias compartidas en el debate virtual permiten afirmar que es posible el cambio, como recuerda Sendín: en lo local, en lo concreto y lo cercano, con las decisiones personales de cada una de nosotras y de nosotros, y presionando a nuestras Asociaciones, Sociedades, Colegios, Organizaciones, para que introduzcan cambios en sus comportamientos. Y, en lo global, tratando de concienciar y generar la movilización de la ciudadanía para que presione en los ámbitos de gobierno regional, nacional y global. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen Sistema Sanitario público, con un equilibrio saludable, que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad para todas y todos.

No es nada fácil. Pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, mucho conocimiento, y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más. Y cada vez que una de nosotras y de nosotros toma conciencia, cambia el mundo. Ese es el punto de partida.

Y cuando vengan mal dadas recordad las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia: nunca te entregues, ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones.

REFERENCIAS

1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general nº 14 (2000): El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 11 de agosto 2000. https://www.refworld.org/es/leg/coment/cescr/2000/es/36991
2. Eurostat Database, Gasto Sanitario Público. Consultada 28 agosto 2025.https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_sha11_hf__custom_17219070/default/table?lang=en
3. (3). Ministerio de Sanidad. Barómetro Sanitario CIS, 2025 (primera oleada).https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2025/BS_2025_1a_oleada/es3509mar.pdf
4. Ministerio de Sanidad. Sistema de información sobre listas de espera en el SNS. Diciembre 2024.
5. Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de Septiembre 2025.https://www.cis.es/documents/d/cis/es3524vpMT_a
6. Eurostat Database, Esperanza de Vida al Nacer. Consultada 22 agosto 2025.https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mlexpec/default/table?lang=en&category=demo.demo_mor
7. OECD. Health at a Glance: Europe 2024. Mortalidad prevenible y tratable. https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en.html
8. Lamata F et al. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? Díaz de Santos, Madrid, 2017.
9. Prescrire´s ratings of new drugs in 2022. Prescrire international 2023. https://english.prescrire.org/en/81/168/66185/0/NewsDetails.aspx
10. Baker D. Drugs are cheap. Why do we let governments make them expensive? Center for Economics and Policy Research. February 2017.
11. https://www.cepr.net/drugs-are-cheap-why-do-we-let-governments-make-them-expensive/
12. Hill A. What is the real price of medicines?, 2019.https://accesojustomedicamento.org/wp-content/uploads/2019/07/Andrew-hill.pdf
13. Els Torreele. Why are our medicines so expensive? Spoiler: Not for the reasons you are being told… Eur J Gen Pract. 2024 Feb https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10836477/
14. Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado 22 agosto 2025. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
15. Laporte JR. Crónica de una sociedad intoxicada. Editorial Península. 2024.
16. Dictamen: aprobado Pleno del Congreso 22 de julio 2020, mayoría amplia.https://www.congreso.es/docu/comisiones/reconstruccion/153_1_Dictamen.pdf
17. Ley del medicamento. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343