ORIGINAL. Revista n.º 48 de Mayo 2026

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Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública es un movimiento estatal de reciente creación, donde se han unido distintas plataformas y organizaciones de las CCAA.

Al inicio de su actividad ha organizado dos actos en el contexto del cumplimiento de los 40 años de la Ley General de Sanidad donde plantear: la Participación Comunitaria y el blindaje Constitucional de la Sanidad Pública y Universal, como derechos fundamentales.

La Ley General de Sanidad con sus luces, como, la implantación de la universalidad, la financiación vía impuestos, la integración y cohesión de las estructuras sanitarias de distinta titularidad pública bajo un solo sistema sanitario y con sus sombras, con los articulos 66, 67 y 90, de la LGS que perpetúan la coexistencia del sistema sanitario privado, así como la persistencia de un sistema sanitario distinto para 2 millones de habitantes.

En el primer acto se abordaron temas tan importantes como los inicios de la reforma de la Atención Primaria, con la fuerza y la ilusión de aquellos momentos, las dificultades encontradas y los tiempos en que se generalizó su implantación. Y como este proceso fue paralizado por la corriente neoliberal y su traducción en el Informe Abril, al mismo tiempo que se iniciaba la promoción del consumo sanitario, que Atención Primaria no pudo contrarrestar por voluntad política. Y el resultado de esta dinámica fue la Ley 15/97 de Aznar, apoyada por todos los grupos políticos de entonces; las únicas excepciones en rechazarla y votar en contra fueron Ángeles Maestro de Izquierda Unida (I.U.), y el Bloque Nacionalista Gallego (B.N.G.). Esta ley supuso abrir la puerta totalmente a la privatización del Sistema Sanitario Público para que se pudiera llevar a cabo con más facilidad.

Es con la crisis del año 2008 cuando la Atención Primaria es deteriorada con más fuerza, llegando a una temporalidad entre sus profesionales de un 23%. El grueso de los más de 13.000 puestos de trabajos directos destruidos entonces eran profesionales sanitarios de Atención Primaria. Este deterioro se profundizará aún más con el Real Decreto Ley 16/2012- Con su aplicación el Sistema Nacional de Salud sufre un paso aún más importante en su debilitamiento y entrega a las empresas privadas. Se inician los copagos antes inexistentes y se pierde la Universalidad.

Con el RD se estaba preparando y facilitando un producto más atractivo para las empresas privadas.

En la fase de recuperación de la crisis, la dotación de la Atención Primaria no experimenta mejora alguna; estaba claro que con una estructura deteriorada la privatización es más rentable y así habrá más pacientes que vayan directamente a los especialistas y a las estructuras hospitalarias privadas que es donde se sitúa el negocio más beneficioso.

Este análisis de los rasgos fundamentales de la evolución del Sistema Sanitario Público fue ampliado y reforzado con la exposición de Audita Sanidad, con su trabajo: Estrategia

neoliberal y Privatización de la Sanidad Pública. Su descripción de la privatización hospitalaria en la Comunidad de Madrid, con la utilización los modelos PFI y PPP, así como la de la corrupción que se evidencia una y otra vez en la estrategia de convocatoria y resolución, de contratos menores de la Comunidad de Madrid demuestra una y otra vez el proceso de desmantelamiento del sistema público sanitario

El segundo acto organizado, se realizó el día 22 de mayo en el Congreso de los Diputados. En el mismo se expuso en primer término, como se llevó a cabo la desprivatización del llamado “modelo Alzira” buque insignia de la privatización sanitaria, por el que se había entregado a la empresa Ribera Salud en la C. Valenciana la gestión del hospital así como posteriormente de la Atención Primaria del Área mediante una concesión administrativa.

Esta reversión y recuperación de la gestió pública directa fue realizada de forma impecable gracias a la voluntad política, no sin grandes dificultades provocadas por demandas judiciales y presiones mediáticas y de todo tipo por la empresa Ribera Salud. Durante el proceso de reversión se pudieron comprobar de forma evidente todo tipo de carencias a nivel de recursos humanos y materiales. La lógica de negocio de Ribera Salud estaba por encima de la salud de los ciudadanos y ciudadanas y de los profesionales sanitarios, mientras menos recursos más negocio. Esta desprivatización y como se llevó a término con éxito es un ejemplo de que si se puede realizar, pese a todas las dificultades y que supone un claro mensaje: el negocio debe estar siempre fuera de todo proceso en relación con la salud de la población.

Posteriormente las Asociaciones de Vecinos representadas expusieron la necesidad mejorar el sistema sanitario público y la exigencia a a los representantes parlamentarios de responder a las demandas de la población, defendiendo el sistema público. Al mismo tiempo, necesidad de extender la conciencia en la ciudadanía de la exigencia de un sistema sanitario público, que responda con igualdad y solidaridad para todas y todos. Y como la participación debe realizarse como ciudadanía, no sesgada con otros perfiles

Las características de este proceso implican objetivos definidos y más participacion ejecutiva.

Finalmente, la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento AAJM expuso la importancia notable que el gasto farmacéutico tiene para el Sistema Nacional de Salud y el riesgo, que supone el incremento constante y notable del gasto farmacéutico en España, fundamentalmente el gasto hospitalario para su supervivencia . El incremento del gasto farmacéutico en el 2025 permitiría por ejemplo contratar a 13.000 profesionales.

Este gasto descontrolado se debe a los precios escandalosos que las grandes empresas farmacéuticas imponen a los denominados “medicamentos innovadores” término con el que se enmascara la realidad de medicamentos de marca sometidos a un monopolio durante periodos de exclusividad, muy prolongados, en muchas ocasiones más de 20 años. Estos precios tan elevados que no corresponden con los costes reales de investigación y producción se debe a un monopolio que permite a la BigPharma fijar el precio más alto posible sin ningún tipo de límite y sin la obligación de explicar sus costes reales. Los fármacos de altísimos precios en realidad tienen costes muy bajos.

En España el proceso final de financiación pública y fijación de precio, para un medicamento determinado, lo realiza la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos cuyo margen de negociación es escaso, dado que el precio de referencia es el establecido de manera unilateral por las empresas farmacéuticas en Estados Unidos.

Los sistemas sanitarios públicos en Europa y en España están fuertemente sometidos a las presiones de los lobbies de la industria farmacéutica que abarca todo el ámbito de la política farmacéutica. Actúan sobre los decisores políticos y sobre los profesionales médicos cuya formación continuada depende en la mayoría de las ocasiones de la financiación de la industria farmacéutica. Su área de influencia a través de la financiación incluye a pacientes y sociedades científicas.

En el intervalo entre las dos mesas, tuvimos la oportunidad de escuchar la intervención de una farmacéutica que explicó el papel del laboratorio israelí Teva en el genocidio realizado por Israel al pueblo palestino en Gaza y su papel directo a través de un entramado empresarial. En su intervención llamó al boicot a los productos del mencionado de laboratorio, tanto a nivel de profesionales farmacéuticos y de comunidades autónomas como de los propios ciudadanos y ciudadanas

Colectivos en lucha por la sanidad pública, ha comenzado a caminar. Confiamos profundamente en una ciudadanía comprometida en la defensa de nuestro sistema sanitario público. Consideramos que es clave desarrollar un papel activo para conseguir, recuperar y mejorar un sistema público imprescindible para la salud.

Sin duda se puede.

Amparo Botejara

Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública

• En las Jornadas “40 años de la Ley General de Sanidad y la Participación Comunitaria hoy” asistieron como ponentes: Pedro Sabando, Asunción Prieto Orzanco, Cristina de la Cámara, Vicente Losada, Amparo Botejara, Juán Gervás y Juan Antonio Caballero, en la 1ª (24 de abril/26), y en la 2ª (22 de mayo/26) Carmen Montón, Isabel González Rodríguez, Remigio Cordero, Ramón Gálvez, Diego López Garrido, Ana Rosa Encinas y Julio González.

Ver Jornadas completas en los siguientes links: 1ª. Jornada. / 2ª. Jornada.

• Una vuelta de tuerca más dirigida a impedir la utilización de regulaciones nacionales, dirigidas a conseguir asequibilidad para los medicamentos, utilizados en Europa.

OTRAS FUENTES. Revista n.º 48 de Mayo 2026

Tahir Amin y Rohit Malpani.

Amin and Malpani are the authors of “Pharma Monopoly: The Battle for the Future of Medicines,” 26 de mayo de 2026. https://www.statnews.com/2026/05/26/humira-patents-abbvie-innovation-pharma-monopoly-excerpt/

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Excelente artículo de nuestro bien conocido Tahir Amín dónde con claridad y contundencia describe que hay detrás realmente del término innovación que utiliza la industria farmacéutica. Con él justifica sus estrategias dirigidas a conseguir el mayor beneficio posible, bloqueando la aparición de medicamentos genéricos asequibles Analizando las políticas adoptadas por Abbvie con su medicamento Humira, los autores demuestran como el sistema de patentes actual es el responsable de precios abusivos e intolerables: “Esto ha distorsionado cualquier integridad que pudiera haber tenido el sistema de patentes, convirtiéndolo en un cajero automático para las compañías farmacéuticas”.

– Senador John Cornyn: ¿Cuántas patentes tienen?

– Director ejecutivo de AbbVie, Richard González: … Ciento treinta y seis patentes.

– Cornyn: ¿Ciento treinta y seis patentes para un solo medicamento?

– González: Pero, bueno, recuerde, Humira es como nueve o diez medicamentos diferentes. Así que…

– Cornyn: Creí que le había dicho a la senadora [Debbie] Stabenow que era la misma molécula.

– González: Es la misma molécula, pero trata diferentes afecciones. Y si observa esa cartera de patentes…

– Cornyn: ¿Así que usan la misma molécula para tratar diferentes afecciones y pueden obtener una patente para ese tratamiento?

– González: Por supuesto.

El intercambio anterior proviene de una audiencia del Congreso de 2019. El senador John Cornyn, republicano de Texas, le pidió al director ejecutivo de AbbVie, Richard González, que explicara al Comité de Finanzas del Senado cómo su compañía había acumulado tantas patentes para este único medicamento llamado Humira.

González, acostumbrado a la controversia, optó por responder comparándolo con varios medicamentos. Tras obtener la primera aprobación regulatoria para Humira en el tratamiento de la artritis reumatoide, una afección que causa inflamación en las articulaciones, AbbVie pensó que el fármaco también podría ser eficaz contra la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, AbbVie finalmente probó el medicamento, obtuvo patentes y la aprobación de la FDA para diversas afecciones relacionadas con la inflamación. Para González, las 136 patentes que AbbVie había acumulado hasta ese momento estaban justificadas. Eran «innovaciones que ellos mismos habían creado», afirmó. Esto significaría otros 18 años de protección de patentes más allá del vencimiento de la patente original de Humira en 2016.

AbbVie había hecho valer más de 70 patentes en litigios contra algunos de sus competidores. Esta maraña de patentes, o «enredo de patentes», como se las conoce coloquialmente, les impediría lanzar al mercado versiones más asequibles durante siete años adicionales tras la expiración de su patente original para el medicamento.

Esto significaba que AbbVie podía seguir cobrando precios de monopolio hasta 2023, antes de que entrara el primer competidor, según los términos del acuerdo. Dichos términos, como explicaría González, permitirían a los competidores licenciar las patentes de AbbVie a cambio de regalías al ingresar al mercado.

González, señaló que, a pesar de contar con protección de patente para el medicamento hasta 2034, aunque impopular entre algunos, su compañía había logrado un equilibrio razonable al permitir la entrada de la competencia aproximadamente 10 años antes. Con la resolución del litigio, AbbVie había obtenido siete años adicionales de monopolio de mercado entre 2016 y 2023 gracias a su extenso portafolio de patentes para sus supuestas innovaciones.

AbbVie obtendría más ingresos —114 mil millones de dólares— en estos siete años adicionales para su medicamento Humira que en los 13 años anteriores, cuando la FDA lo aprobó por primera vez en 2002. Desde el lanzamiento de Humira, también había aumentado su precio un 470%, hasta aproximadamente 77.000 dólares por un año de suministro. Muchos de estos aumentos se produjeron durante los siete años adicionales de monopolio en el mercado tras la expiración de su patente principal.

Lo que Gonzales no reveló en la audiencia del Senado ese día fue cómo AbbVie había creado las innovaciones y las 136 patentes que le habían permitido extender su monopolio y bloquear a la competencia. Dos años después de la audiencia del Senado, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes publicó un informe sobre AbbVie como parte de una investigación más amplia sobre precios de medicamentos que estaba llevando a cabo en varias empresas. Durante la investigación, obtuvo documentación y una serie de diapositivas de PowerPoint de la consultora McKinsey asesorando a AbbVie sobre cómo bloquear la competencia contra Humira. El Comité de Supervisión también había abierto una investigación aparte sobre McKinsey por su papel en el asesoramiento a empresas sobre cómo impulsar las ventas de analgésicos opioides adictivos.

Según la documentación recuperada, la investigación reveló los numerosos planes que AbbVie había ideado para contrarrestar la competencia. El eje central del plan era encontrar maneras de desarrollar extensiones de producto, lo que se denominó «diferenciación del producto». Esto incluía identificar diferentes afecciones para tratar con el fármaco; modificar su formulación o dosis; desarrollar nuevos procesos de fabricación; y, posteriormente, obtener patentes para estos «nuevos productos» o innovaciones.

Mediante este enfoque, AbbVie descubrió que podía bloquear el desarrollo de sus competidores, al tiempo que permitía el uso de las patentes a través de litigios agresivos para mantener a sus rivales detenidos en procedimientos legales durante al menos cinco años. Seis años antes de que expirara su patente principal, Abbott Laboratories, la antigua empresa matriz de AbbVie, puso en marcha el plan maestro de McKinsey para bloquear la competencia. Se celebraron sesiones de lluvia de ideas para generar nuevas patentes y ampliar su ámbito de propiedad intelectual. Una diapositiva destacaba con orgullo que, en una iniciativa inicial, Abbott había generado más de 200 ideas para nuevos tipos de patentes y propiedad intelectual. Para incentivar estas nuevas ideas para patentes y propiedad intelectual, Abbott ofrecía tres niveles de premios. Los participantes recibirían un iPhone o iPod Touch por generar una nueva idea de patente, un iPad por presentar una solicitud de patente y un ordenador Apple si se les concedía una patente.

La ironía de todo esto radica en que ni Abbott ni AbbVie inventaron la tecnología subyacente que permite la generación de proteínas de anticuerpos totalmente humanos mediante fagos de fusión. Fue el científico británico y ganador del Premio Nobel de 2018, Gregory Winter, junto con los bioquímicos George Smith y Frances Arnold, quienes lograron el avance en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos. Winter fue el principal responsable de perfeccionar la tecnología junto con la empresa alemana BASF, lo que facilitaría el desarrollo posterior de numerosos fármacos biológicos que la utilizan, como Herceptin (trastuzumab) para el cáncer de mama y Avastin (bevacizumab) para ciertos tipos de cáncer y la degeneración macular asociada a la edad.

En 2002, Abbott adquirió Knoll Pharmaceutical, una división de BASF, junto con la tecnología que daría lugar a Humira. Posteriormente, Abbott invirtió en la comercialización del fármaco, incluyendo ensayos clínicos y pruebas, y luego patentó todas las variantes imaginables bajo el pretexto de la innovación. Cuando el representante demócrata Rohit Khanna de California le preguntó a González durante una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma de 2021 sobre los precios de los medicamentos, quién inventó el fármaco que se convirtió en Humira, González afirmó no saberlo. Dijo que estaban más centrados en crear innovaciones que ayudaran a los pacientes, a lo que Khanna respondió: «En realidad, lo que usted hace es negocios».

Si bien Humira se ha convertido en el ejemplo paradigmático del abuso de patentes, este proceso no es exclusivo de AbbVie. El modelo de negocio que utiliza las patentes y el lenguaje de la innovación para justificar monopolios prolongados que mantienen el conocimiento privatizado más tiempo del necesario es endémico en la industria farmacéutica.

Esto se observa especialmente en muchos de los medicamentos más vendidos del mercado. Mi organización (la de Tahir), I-MAK, ha dedicado los últimos ocho años a investigar la magnitud del patentamiento de algunos de los fármacos más vendidos en Estados Unidos. En promedio, se concedieron 74 patentes para cada uno de los 10 medicamentos más vendidos en Estados Unidos en 2021. Las empresas presentaron, en promedio, más de 140 solicitudes de patente por medicamento, y el 66 % de estas solicitudes se presentaron después de que la FDA ya hubiera aprobado la comercialización del producto.

Muchas de estas patentes derivadas se solicitan durante un período posterior a la patente inicial de la invención original, la cual ya ofrece a las empresas 20 años de protección como incentivo para invertir en I+D.

La industria farmacéutica argumenta que las patentes derivadas se otorgan para innovaciones que mejoran un medicamento existente. Si bien esto puede ser cierto, estas innovaciones que pretenden mejorar un medicamento existente no aumentan la eficacia terapéutica y, a menudo, se basan en técnicas científicas de uso común que, técnicamente, no constituyen invenciones.

Sin embargo, las políticas de patentes actuales permiten su concesión para incentivar la inversión y, de paso, posibilitan que las empresas extiendan la protección de patentes el mayor tiempo posible para maximizar sus ingresos y beneficios. Esto se suma a las exclusividades de comercialización que otorgan organismos como la FDA. En el caso de los fármacos biológicos, las empresas obtienen 12 años de exclusividad de comercialización en Estados Unidos, además de la protección de patentes. Esto significa que ya tienen garantizados 12 años de control adicional monopólico absoluto del mercado para obtener un retorno de su inversión y maximizar sus beneficios antes de que surjan las dificultades relacionadas con las patentes.

Lo que refleja el caso de Humira y los datos de patentes de muchos de los fármacos más vendidos es lo que comúnmente se conoce en el ámbito empresarial como gestión del ciclo de vida. La gestión del ciclo de vida ha evolucionado junto con las políticas de innovación que han cobrado protagonismo con el auge del neoliberalismo y el emprendimiento corporativo. En ningún otro sector se utiliza esta práctica con tanta intensidad como en el farmacéutico. Tanto es así que se han escrito libros enteros sobre el tema y existen bufetes de abogados o departamentos jurídicos en las empresas con personal dedicado a esta labor. En su libro «Gestión del ciclo de vida farmacéutico: Cómo sacar el máximo provecho de cada marca», Tony Ellery y Neal Hansen describen esta práctica como la utilización de todas las medidas disponibles para mantener la exclusividad de la marca durante el mayor tiempo legalmente posible. En sus propias palabras: «Se aprovechará cualquier resquicio legal en la legislación pertinente, dado el enorme beneficio económico que supone bloquear la entrada de genéricos». Muy pocos sistemas legales ofrecen más resquicios legales que el sistema de patentes actual, debido a las políticas de innovación que lo definen y a los estándares que aplica.

En las últimas tres décadas, estas prácticas han dado origen a nuevos términos como «innovación incremental» dentro de la industria farmacéutica, como si la innovación por sí sola no fuera un requisito lo suficientemente bajo como para privatizar aún más el conocimiento colectivo a través del sistema de patentes. Las compañías farmacéuticas justifican la necesidad de patentes para innovaciones e innovaciones incrementales argumentando que reducir la capacidad de la industria para generar ingresos mediante dichas prácticas implicaría una menor inversión en I+D.

En otras palabras, las patentes para innovaciones e innovaciones incrementales proporcionan los ingresos que ayudarán a financiar el desarrollo de inventos verdaderamente revolucionarios, suponiendo que ahí es donde se destinan las ganancias. Esta lógica industrial implica que el público debe seguir pagando más por las innovaciones patentadas que AbbVie describe como «productos diferenciados», en lugar de tener acceso anticipado a versiones genéricas o biosimilares asequibles.

Estas justificaciones y decisiones políticas son la causa principal de que los precios de los medicamentos alcancen niveles insostenibles, y muchos estadounidenses y personas de todo el mundo se ven obligados a elegir entre alimentar a sus familias o comprar medicamentos recetados. Si bien es innegable que la inversión es fundamental para convertir las tecnologías en productos comerciales, el uso del sistema de patentes como motor se ha transformado en un juego de suma cero, una carrera hacia el abismo. Aunque la innovación pueda traducirse en productos más novedosos, no implica necesariamente nuevos conocimientos ni progreso. El mero hecho de que una empresa invierta no significa que haya inventado algo novedoso. En este sentido, el sistema de patentes actual se ha convertido más en un sistema de exclusividad para la inversión financiera que en un sistema de invención, tal como se concibió originalmente.

Pero estas ya no son las preocupaciones de la política industrial de innovación ni del sistema de patentes.

OTRAS FUENTES. Revista n.º 48 de Mayo 2026

GH Corp Medicinas para la gente Latinoamérica. Acción internacional para la salud (AIS Peru).

Public Citizen, 06-05-2025.

Colombia obtiene fallo favorable en el Tribunal Andino por la licencia obligatoria del dolutegravir — pero la batalla jurídica interna continúa

Este artículo destaca una decisión crucial para Latinoamérica del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El fallo del Tribunal en contra de la demanda de dos multinacionales farmacéuticas para anular la licencia obligatoria de un medicamento para el VIH. Sin duda, una resolución positiva que continúa una larga lucha para conseguir el acceso a medicamentos imprescindibles para los y las ciudadanas, de los países de bajos y medianos ingresos.

Bogotá, Colombia — En una decisión de trascendencia regional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falló a favor de Colombia el 27 de abril de 2026, declarando infundada la demanda presentada por las compañías ViiV Healthcare y Shionogi & Co., que alegaban un incumplimiento por parte del país ante ladeclaratoria de interés público del medicamento dolutegravir.

El fallo establece precedentes claros y concretos para la región latinoamericana:

1. Las flexibilidades del ADPIC son defendibles. Los gobiernos que usen licencias obligatorias para proteger la salud pública cuentan ahora con un respaldo jurisprudencial supranacional sólido frente a posibles litigios de la industria farmacéutica.

2. Los derechos de patente tienen límites frente a la salud pública. El fallo confirma que ninguna patente es absoluta cuando está en juego el acceso a tratamientos esenciales para poblaciones vulnerables

3. El uso gubernamental no comercial es una modalidad válida. La licencia colombiana fue otorgada exclusivamente para uso del Estado, lo que el Tribunal validó como una herramienta proporcionada y legítima.

4. La temporalidad de una licencia debe estar condicionada a la realidad epidemiológica. No es necesario fijar una fecha rígida si las razones de salud pública persisten — una interpretación que abre espacio para políticas de salud más flexibles y adaptadas a contextos cambiantes.

El Tribunal concluyó que Colombia no incumplió la Normativa Andina ni las obligaciones derivadas de la Comunidad Andina, al considerar que la licencia obligatoria se ajustó a las reglas vigentes. Señaló además que el país había incorporado tanto las condiciones como los límites de vigencia de la medida, incluyendo un plazo determinado, y que los argumentos de las farmacéuticas no desvirtuaban la legalidad del proceso.

Una licencia obligatoria, el origen de la disputa

Una licencia obligatoria permite a un gobierno autorizar la producción o importación de versiones genéricas deun medicamento patentado, sin el consentimiento del titular de la patente, por razones de interés público. Esta herramienta está reconocida en el derecho internacional y forma parte de las flexibilidades del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. Su uso permite reducir significativamente los costos de los medicamentos y ampliar el acceso a las poblaciones que más los necesitan.

En octubre de 2023, el gobierno colombiano inició el proceso de declaratoria de interés público sobre el dolutegarvir un fármaco de primera línea para el tratamiento del VIH, recomendado por la Organización Mundial de la Salud por su eficacia y menor tasa de efectos secundarios. Esta medida permite al Estado autorizar la compra o producción de versiones genéricas sin exclusividad del titular, reduciendo así los costos del medicamento.

En abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó la primera licencia obligatoria sobre el medicamento, y en junio ratificó esa medida al resolver los recursos presentados por ViiV Healthcare y Shionogi & Co., confirmando que el Estado puede autorizar la producción o importación de versiones genéricas aun cuando existe una patente vigente. Posteriormente se llevó a cabo el proceso de implementación de dicha licencia.

Antes de llegar al Tribunal, la Secretaría General de la Comunidad Andina ya había emitido en octubre de 2024 el Dictamen N° 004-2024, concluyendo que Colombia no había violado la normativa andina. Las farmacéuticas insistieron y escalaron el caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en enero de 2025, cuestionando la legalidad de la licencia. Entre sus argumentos señalaron que la medida no definía con claridad su duración, que se otorgó sin criterios suficientes de temporalidad y que desdibujaba el carácter excepcional deeste tipo de licencias.Colombia argumentó que la licencia obligatoria se ajusta a la normativa andina y que su duración puede depender de las condiciones que dieron origen a la declaratoria de interés público, sosteniendo que se trata de una herramienta legítima de salud orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

La batalla jurídica interna continúa:

No obstante la relevancia de este fallo, es importante precisar que la victoria ante el Tribunal Andino no cierra el expediente jurídico en su totalidad, siguen activos tres procesos judiciales ante tribunales colombianos:

1. En el Consejo de Estado, bajo el radicado 11001032400020240006100, cursa una demanda de nulidad contra las resoluciones No. 1579 del 2 de octubre de 2023 y No. 2024 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. El proceso se encuentra en el despacho

2. En el Tribunal Administrativo de Bogotá, radicado 25000234100020240123400, cursa una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra esas mismas resoluciones ministeriales. El proceso también se encuentra en el despacho.

3. Un tercer proceso, radicado 250002341000202500159 00, cuestiona ante el Tribunal Administrativo de Bogotá las resoluciones No. 20049 del 23 de abril de 2024 y No. 34716 de 2024, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio. En los tres procesos, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas PMA LAC y GHP Corp., intervienen como coadyuvantes en la defensa de la licencia.

Las actuaciones judiciales actualmente en trámite representan una oportunidad para que las autoridades nacionales continúen consolidando el marco institucional que respalda esta política pública. La decisión que se adopte contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, la coherencia entre instancias y la confianza en los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico.

Una resolución oportuna permitirá reafirmar el compromiso del Estado con la protección del derecho a la salud y con la implementación responsable de las herramientas disponibles en el derecho internacional para promover el acceso equitativo a medicamentos esenciales.

Si bien la patente del principio activo dolutegravir relacionada con la licencia obligatoria acaba de expirar (abril 28 de 2026), en otros países de la región y en Colombia continúan vigentes otras patentes relacionadas con este medicamento, particularmente en combinaciones terapéuticas utilizadas en los programas de VIH. Por tanto, este asunto no se cierra con el vencimiento de la patente base. El precedente fijado por el Tribunal Andino es relevante y debe servir como guía para Colombia y para otros países de la región al momento de evaluar el uso de las flexibilidades del ADPIC cuando persistan barreras derivadas de derechos exclusivos. La decisión reafirma que, ante tensiones entre intereses comerciales y la protección de la salud pública, los Estados conservan la facultad —y la responsabilidad— de priorizar el acceso oportuno y asequible a medicamentos esenciales.

Revista nº47 de Abril de 2026

• Las inaceptables maniobras de presión del gobierno de los EE. UU. sobre Zambia y el VIH. La táctica de negociación del Departamento de Estado de los EE.UU. para mantener la financiación del programa de VIH en Zambia es exigir a su gobierno el acceso a sus minerales críticos. Una maniobra tan vil que el director científico del programa global de VIH/SIDA renunció y lo llamó «un acuerdo que no podía soportar». {Global Trade Watch}. Un informe de la OCDE muestra que Big Pharma soborna rutinariamente a los prescriptores, reguladores de medicamentos, funcionarios gubernamentales y otros. Fuente Mad in America.

• Un comentario afortunado: Gollum en acción. El senador Ron Wyden de Oregón se refirió a la forma en que el fabricante de medicamentos AbbVie protege la exclusividad de su medicamento de enormes ganancias, Humira, comparando la manera en la que la empresa protege sus enormes ganancias con la forma en la que Gollum protege su anillo. Fuente CNBC.

• Un ejemplo corriente de un fármaco muy utilizado con un precio abusivo. Xtandi es un medicamento para el cáncer de próstata avanzado, comercializado por Astellas y Pfizer. El precio de Xtandi (enzalutamida) es exorbitante en EE.UU. 129.000 dólares al año, cerca de 90 dólares por cápsula. En España, el precio de Xtandi 40 mg es de 3.358,41 € (con IVA) por envase. (30 € aproximadamente la cápsula). Un fabricante canadiense ofrece enzalutamida genérica por 3 dólares la cápsula, una trigésima parte del precio del fabricante original (Esta referencia se encuentra incluida en el artículo que puede encontrarse en las páginas de este número: “Public Citizen sobre cómo hacer que los medicamentos sean más asequibles”).

Acuerdos que evitan la entrada de versiones genéricas y más baratas de Vyndamax en los EE. UU. hasta al menos el 1 de junio de 2031. Pfizer ha conseguido eliminar la competencia genérica, para su muy rentable y exitoso medicamento para el corazón Vyndamax (tafamidis) hasta el 1 de junio de 2031, mediante los acuerdos de liquidación con Cipla, Dexcel Pharma y Hikma Pharmaceuticals. Estos acuerdos, extienden la vida de la patente con una franquicia anual de más de 6 mil millones de dólares. Pfizer había calculado una disminución significativa en los ingresos a partir de de 2029. Con estos acuerdos, consigue mantener sus altos beneficios, desde 2028 hasta mediados de 2031. Su medicamento Vyndamax, utilizado para tratar la miocardiopatía amiloide de transtiretina (ATTR-CM), tiene alrededor de un 75% del volumen de prescripción actual en el mercado. Los acuerdos mencionados garantizan que los medicamentos cardíacos de alto rendimiento económico de Pfizer no se enfrenten a una competencia significativa en un futuro próximo, lo que permite a la compañía más tiempo para seguir con altos beneficios. Fuente Endpoints News. Un ejemplo más de la BigPharma, en este caso, el gigante Pfizer, de su estrategia de bloquear la entrada de genéricos para mantener beneficios escandalosos.

El secretario de Estado de Sanidad lanza una orden ministerial, para configurar una mesa para la participación de los pacientes, sin haber aún fijado el proyecto final de la Ley de participación. El día 17 de abril se publicó la Orden Ministerial para la constitución de la Mesa para la Participación de los pacientes. Esta Mesa, en la fluida retórica del secretario de Estado Javier Padilla, “supondrá el primer órgano a nivel estatal que desde el punto de vista de las instituciones públicas trabajará para garantizar la participación de las organizaciones de pacientes en los diferentes ámbitos de la Administración General del Estado en materia de sanidad, siendo un lugar de encuentro para todas las organizaciones de pacientes que trabajen a nivel estatal”. También nos advierte que esta Mesa es “la avanzadilla de la Ley de Organizaciones de pacientes actualmente en tramitación”. Cómo nuestras y nuestros lectores conocen la A AJM ha presentado alegaciones al mencionado proyecto (AJM Nº 46, marzo 2026 “Aportaciones de la AAJM al Anteproyecto de Ley de Organizaciones Pacientes”). Fuente Ministerio de Sanidad.

EDITORIAL. Revista nº47 de Abril de 2026

Soledad Cabezón Ruiz.

Presidenta de la AAJM.

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En junio se cumplirán dos años desde que asumí la presidencia de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, un honor tan ingente como lo es el compromiso de la asociación. Han sido dos años intensos, pero sobre todo marcados por una evolución preocupante: la política farmacéutica europea y española ha ido desplazándose, cada vez con mayor claridad, desde la defensa del medicamento como bien público hacia su consideración como activo estratégico industrial, económico y geopolítico. Lejos queda de aquella esperanza consensuada del Parlamento Europeo en 2027 de “reequilibrar el sector” donde el acceso a los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios no quedase relegado y, menos aún, amenazada por la competitividad de la industria farmacéutica y, sobre todo, por los beneficios excesivos.

Desde la AAJM siempre hemos defendido una idea sencilla: los medicamentos, que se financian con dinero público en gran parte, deben responder al interés público, deben considerarse un bien social; la salud es un derecho entendido como básico por la ciudadanía, más allá de las regulaciones internacionales y nacionales. Eso significa precios justos, transparencia, rendición de cuentas, acceso equitativo y retorno social cuando la investigación, los ensayos, los datos y la infraestructura sanitaria han sido sostenidos por la ciudadanía.

Sin embargo, en estos años hemos visto avanzar una lógica distinta. Bajo el argumento de la competitividad, la innovación y la seguridad de suministro, aunque haciendo un uso indebido de la palabra acceso en los diferentes textos introductorios de la legislación reciente, se están consolidando marcos normativos que refuerzan el poder de la industria farmacéutica y debilitan la capacidad pública de control. La reforma farmacéutica europea se presenta como una modernización necesaria para mejorar el acceso, evitar desabastecimientos y acelerar la llegada de nuevos tratamientos, pero también explicita que uno de sus objetivos centrales es garantizar la competitividad de la industria farmacéutica europea.

No negamos que Europa necesite autonomía estratégica ni capacidad industrial. La pandemia mostró dependencias en medicamentos esenciales, principios activos y cadenas de suministro, pero autonomía sanitaria (industrial) no puede significar blindar rentas privadas, ampliar exclusividades, acelerar autorizaciones y proteger márgenes sin exigir transparencia, precios justos y retorno colectivo. Si lo público financia la investigación, sostiene hospitales, genera evidencia clínica y compra los medicamentos, lo público tiene derecho a saber cuánto paga, por qué lo paga y qué parte del valor creado vuelve a la sociedad.

Por eso resulta especialmente grave el retroceso en transparencia adoptado por el Gobierno de España, más por los partidos que sustentan al gobierno, con una manifiesta incoherencia con la posición mantenida a la fecha. La defensa reciente de la confidencialidad de los precios netos de los medicamentos financiados públicamente supone aceptar que la factura que pagamos entre todos pueda permanecer oculta. Se nos dice que revelar precios debilitaría la posición negociadora de España o podría retrasar el acceso a la innovación, pero la pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿por qué debe sacrificarse la transparencia democrática para proteger estrategias comerciales privada? Una transparencia que se justifica por la defensa del sistema sanitario público, el derecho de los pacientes al acceso a la salud, a los medicamentos, amenazado con una factura farmacéutica imparable con precios de medicamentos que no se justifican por las inversiones en su desarrollo y, sin embargo, nos encontramos ante el sector industrial con mayor margen de beneficios a nivel europeo.

La industria farmacéutica lleva décadas justificando precios elevados en nombre del riesgo y del coste de la innovación. Pero ese relato es incompleto; no sólo porque la propia UE lo sitúa en torno al 17% del coste total del desarrollo, sino porque, además, una parte sustancial de la investigación biomédica se apoya en financiación pública, entre un 40 u 60%, según los estudios; universidades, hospitales, institutos de investigación y ensayos clínicos se realizan en sistemas sanitarios públicos; España es el principal país en desarrollo de ensayos clínicos en el sector público. La sociedad paga la ciencia, paga la infraestructura, paga los medicamentos y, además, se le pide que acepte no conocer el precio real. Ese modelo no es sostenible democráticamente, especialmente cuando año tras año, al menos, un 4% de la población reconoce no poder acceder a los tratamientos prescritos por razones económicas, no hay medicamentos para enfermedades cuya mortalidad amenaza con superar a la del cáncer en las próximas décadas, como son las infecciones por microrganismos resistentes, mientras sea mucho más lucrativo el sector oncológico.

A esta situación se suma un nuevo frente: el Espacio Europeo de Datos de Salud. Puede ser una herramienta disruptiva para mejorar la asistencia, la investigación y la seguridad sanitaria y, como he defendido públicamente, una oportunidad de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario. Sin embargo, la regulación adoptada a nivel europeo hace que pueda convertirse en el mayor mercado integrado de datos sanitarios sensibles del mundo. Nuestra historia clínica, nuestros datos genéticos, nuestros diagnósticos, nuestros tratamientos y nuestra biografía biológica pueden pasar a ser una materia prima de enorme valor para farmacéuticas, tecnológicas, plataformas de inteligencia artificial y, potencialmente, modelos aseguradores o financieros.

La pregunta ya no es sólo cómo proteger la privacidad. La pregunta es quién monetizará nuestra salud. Si el ciudadano financia el sistema, aporta sus datos, participa en ensayos, paga impuestos y después compra colectivamente medicamentos a precios secretos, el contrato social sanitario empieza a romperse.

Estos dos años han confirmado la necesidad de la AAJM. Nuestra tarea es recordar, una y otra vez, que la innovación no puede ser una coartada para la opacidad; que la competitividad no puede estar por encima del derecho a la salud; que los datos sanitarios no pueden convertirse en una mina privada sin retorno público; y que los medicamentos financiados por la ciudadanía deben estar sometidos a control democrático.

Europa parece avanzar hacia una bioeconomía sanitaria en la que la salud se concibe cada vez más como sector tractor, mercado de datos, nicho tecnológico e infraestructura industrial. Ese camino puede generar avances, pero también enormes desigualdades si no se corrige su dirección. Frente a ello, la AAJM seguirá defendiendo un principio básico: la salud no puede organizarse como un mercado opaco donde la ciudadanía asume los costes y otros capturan los beneficios.

Nuestro objetivo sigue siendo claro: transparencia radical en precios y contratos; evaluación pública de costes reales de I+D; retorno social de la inversión pública; límites al abuso de monopolios; acceso equitativo a medicamentos esenciales; control democrático del uso secundario de datos sanitarios; y una política farmacéutica orientada al bien común, no a la maximización de beneficios.

Dos años después, la convicción es aún más firme. Sin transparencia no hay justicia. Sin justicia no hay acceso. Y sin acceso justo al medicamento, el derecho a la salud queda subordinado al negocio.

ORIGINAL. Revista nº47 de Abril de 2026

Fernando Lamata.

Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM. Presidente de honor de la AAJM.

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Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, en el año 2025 el gasto farmacéutico público en España ascendió a 26.145,5 millones de euros ⁽¹⁾. Esto supone 1.330,6 millones de euros más que en 2024 y un incremento del 5,36%. Solo ese incremento equivale a más de 13.000 profesionales que podrían haberse destinado, por ejemplo, a los programas de Salud Mental. Conviene recordar que el 50% de las personas que necesitan una consulta de salud mental tienen que recurrir a la sanidad privada por la falta de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales en la sanidad pública, y que la incidencia de problemas de salud mental se ha duplicado en los últimos diez años. El dinero que se gasta innecesariamente en precios excesivos de los medicamentos perjudica a los pacientes y a la sanidad pública.

El gasto en hospitales fue de 11.478,9 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al año anterior, por la presión de los llamados “medicamentos innovadores” (que en muy pocas ocasiones suponen una innovación terapéutica efectiva real, pero que sistemáticamente exigen precios exagerados), mientras que en oficinas de farmacia fue de 14.675,6, con un aumento del 3,81% respecto al año anterior. Ambas cifras por encima de la inflación que se situó en el 2,9%.

Mirando un año más atrás, respecto a 2023 el gasto farmacéutico público en 2025 ha aumentado en 3.019 millones de euros, un 13%. Equivale a más de 30.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios. Si comparamos en euros constantes, el incremento real es de un 6,7%. Sigue siendo importante. Y si ajustamos por habitante, todavía se aprecia un incremento del 4,6% entre 2023 y 2025.

Yendo todavía un poco más atrás vemos que en 2021 el incremento de gasto farmacéutico fue del 7% respecto al año anterior; en 2022 del 3,8%, en 2023 de 5,3% y en 2024 fue del 7,3%. Como vemos es una sangría constante para el Sistema Nacional de Salud.

Conviene insistir: el exceso actual de gasto farmacéutico público, por precios abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, supera los 11.000 millones anuales en la factura farmacéutica. El objetivo del Gobierno central y los Gobiernos autonómicos debería ser una reducción progresiva de ese exceso de gasto, acercando los precios actuales a los precios cercanos al coste real de fabricación e investigación. Por otra parte, la presión de marketing de la industria se traduce en una sobre prescripción, y un consumo de medicamentos innecesarios, que se estima en un 20-30% del total. El hecho de que la factura farmacéutica siga aumentando año a año supone un factor de riesgo e inestabilidad para el Sistema Nacional de Salud.

Además de tomar conciencia de ese exceso de gasto (que serviría, por ejemplo, para contratar a más de 110.000 profesionales sanitarios y reducir significativamente las listas de espera, aumentando el tiempo de atención a cada paciente), conviene saber que la industria farmacéutica, con parte de esos beneficios, financia la formación continuada de los médicos, las sociedades científicas, las revistas médicas, así como las guías clínicas, congresos médicos, cátedras de patrocinio, etc., etc., orientando así la prescripción hacia sus productos. Parte de esos beneficios se destinan a acciones de lobby para influir en los gobiernos y parlamentos, nacional, autonómicos y europeo, con el objetivo de lograr legislaciones, normativas y decisiones sobre precios que les favorezcan. Parte de esos beneficios se destinan a financiar asociaciones de pacientes, condicionando así sus posiciones y manifestaciones. Y parte de esos beneficios excesivos se destinan, a través de empresas intermediarias, a controlar la información sobre consumo de medicamentos, y diversa información clínica e institucional. Podríamos decir que la industria farmacéutica controla “la inteligencia” del Sistema Nacional de Salud.

Por eso es urgente diseñar una política farmacéutica de Estado que contribuya a cambiar esta tendencia y recupere estos recursos públicos para que sean utilizados en beneficio de la población. Así mismo, esta nueva política farmacéutica debería lograr que las Autoridades Sanitarias recuperen la “inteligencia” del sistema, evitando la presión de la industria sobre profesionales, pacientes y administraciones públicas, y permitiendo así la toma de decisiones independiente.

(1)   Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. Consultado en 1 abril 2026. https://www.hacienda.gob.es/eu-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

ORIGINAL. Revista nº47 de Abril de 2026

Javier Sánchez Caro.

Presidente de la Comisión de Bioética de Castilla-La Mancha. Vocal de la Junta Directiva de la AAJM.

1.- Introducción

El anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes, que ha sido sometido recientemente a información pública, tiene como objetivo declarado reforzar dichas organizaciones de ámbito estatal en su papel de interlocutoras ante la Administración General del Estado, garantizar su participación, definir las medidas de fomento que los poderes públicos puedan aportar en su beneficio y desarrollar los derechos y las obligaciones que les corresponden.

En su Exposición de Motivos recuerda la participación comunitaria recogida en la Ley General de Sanidad (1986), en la Ley de Cohesión y Calidad (2003) y en la Ley General de Salud Pública (2011), haciendo a continuación una breve referencia histórica de dichas organizaciones en nuestro País y en Francia, Reino Unido, Alemania y, a nivel supranacional, en la Agencia Europea del Medicamento.

Las organizaciones de pacientes se rigen por la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (2002) y su papel específico en el ámbito sanitario está reconocido por la Ley Básica de Autonomía del Paciente (2002).

Parece evidente que la única forma de colocar al paciente en el centro, tal y como se afirma constantemente (principio de autonomía, información, consentimiento informado), es escucharlo, oír su voz, pero algo que parece sencillo puede no serlo tanto en determinadas ocasiones, dados los conflictos de interés que pueden existir en el seno de las organizaciones y a los que nos referiremos posteriormente.

Las asociaciones de pacientes, en España alrededor de 1900, atadas generalmente a una enfermedad, son necesarias para el buen funcionamiento de la asistencia sanitaria, que ha sufrido profundas modificaciones en los últimos tiempos, y cumplen diversas finalidades, además de la ya mencionada de su participación en las políticas públicas sanitarias: representan los intereses de las personas en relación con su enfermedad, humanizan la asistencia, promueven el bienestar físico, emocional y social y contribuyen a la educación sanitaria en su ámbito de actuación (principio de beneficencia); son claves en la investigación y evaluación de tratamientos, cuidando de que la atención sea segura y de calidad, de manera que se evite el dolor y el sufrimiento innecesario (no maleficencia); procuran, en fin, que se mantenga la equidad, eliminando todo tipo de barreras (principio de justicia). Además, su fuerza e importancia se amplía cuando se integran en plataformas integradoras, tal y como en Europa la European Patiens’Forum o, en España, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes o el Foro Español de Pacientes.

El Anteproyecto de Ley citado asume la razonable idea de que es necesario regular su actuación en virtud de su singularidad, pues de otra manera no se reconocería la importancia de las organizaciones formadas por pacientes, familiares o personas cuidadoras de los mismos, además de que no existen instrumentos que sirvan de censo para encauzar su participación.

Se trata de un proyecto normativo que reduce su ámbito de actuación a las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de ámbito estatal, siempre que desarrollen sus funciones en más de una comunidad o ciudad autónoma y a las que se exige, entre otros principios, actuar de modo transparente y rendir cuentas, incluyendo las fuentes de financiación tanto públicas como privadas. Desde el punto de vista de los derechos, pueden acceder a financiación pública mediante convocatoria de ayudas, subvenciones o convenios, entre otros, diseñados con criterios objetivos y transparentes, sin incrementar el gasto público.

La normativa se basa en la potestad de autoorganización de la Administración General del Estado y circunscribe su aplicación, por tanto, al ámbito de ésta y de su sector público institucional, con excepción del concepto (art-2), los principios rectores (art-4) y los órganos de participación estatal (art-9), que se dictan al amparo de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad, a lo que hay que añadir la modificación que se lleva acabo de la ley de Cohesión y Calidad (Disposición final primera).

No ha considerado el Anteproyecto efectuar regulación alguna a los posibles conflictos de interés que pueden plantearse con ocasión del normal funcionamiento de las organizaciones y las referencias a su financiación, tal y como han que dado expuestas, deben en consecuencia considerarse insuficientes. Es conocido que, hasta la fecha, no existe regulación alguna sobre esta materia y el legislador potencial, en el Anteproyecto que ahora se comenta, ha desperdiciado la ocasión que se le presentaba para sentar las bases sobre esta materia, estableciendo estrictos mecanismos para evitar conflictos de interés, fraude y corrupción, incluyendo la cumplimentación de declaraciones de ausencia de conflicto de interés, todo ello con la finalidad de garantizar la independencia en la toma de decisiones. Por el contrario, la norma proyectada apela a las organizaciones para que sean ellas las que adopten las medidas de prevención y gestión de conflictos de intereses que resulten oportunas, lo que no parece adecuado a la vista de lo que ha venido sucediendo en este sector (artículo 4.g)

2.- Financiación de las asociaciones

Las fuentes de financiación tienen un origen variado y su procedencia es tanto pública como privada. En concreto, se reducen a las cuotas de los socios, las donaciones privadas, los fondos públicos- vía subvenciones estatales, autonómicas o locales- y las provenientes de la industria farmacéutica, que es la financiación más sensible desde el punto de vista ético, hasta el punto de que las asociaciones vienen reclamando que la ley garantice una financiación pública estable que reduzca la dependencia de la industria privada y asegure su supervivencia como agentes sociales independientes.

Para garantizar la independencia y la transparencia necesarias existen normas y recomendaciones de diferente origen. Fuera de nuestras fronteras, la European Medicines Agency ha establecido reglas estrictas de conflicto de interés en la participación de los pacientes; la Health Action Internacional ha denunciado riesgos de dependencia de la industria y el código EFPIA, de la industria farmacéutica europea, ha regulado la relación con las asociaciones de pacientes.

En España, como hemos señalado en otra ocasión (“Conflictos de intereses y salud”, Boletín de Derecho Sanitario y Bioética n.º 232, marzo 2025, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), el marco regulatorio abarca la legislación general sobre transparencia y subvenciones y los códigos de autorregulación, entre los que destaca el código de buenas prácticas de Farmaindustria, que obliga a declarar las transferencias de valor a las asociaciones y a formalizar convenios por escrito, y el código de conducta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, además de otras iniciativas, como la publicación de ayudas en webs corporativas o las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

3.- Situación actual de los pagos de las farmacéuticas a las organizaciones de pacientes en España

Veintiún organizaciones de pacientes concentran la mitad de los pagos de las farmacéuticas en España (Manuel Rico y Chris Matthews, “Precios mortales”, Investígate Europe, 17 de septiembre de 2024).

La industria financió en 2022, con 7,88 millones, a las asociaciones españolas de pacientes. Recibieron dinero 349 entidades, pero sólo 21 obtuvieron más de 100.000 euros. Y, en conjunto, se llevaron 3,93 millones, lo que supone la mitad del total.

La financiación de las asociaciones de pacientes, “transferencias de valor según la industria”, es la menos conocida y la menos cuantiosa, a diferencia de la que llevan a cabo para actividades de formación a miles de profesionales sanitarios, o de las que patrocinan a sociedades científicas y asociaciones médicas, que son mucho más importantes y de las que no nos ocupamos en esta ocasión. Todas ellas salen de los enormes beneficios de las farmacéuticas.

Las diez organizaciones de pacientes españolas que más dinero recibieron son las siguientes, expresado en euros: Plataforma de Organizaciones de Pacientes (310.569), se trata de una cantidad que representa el 68% de todos los ingresos de la plataforma; Grupo Español de Pacientes con Cáncer (275.945); Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (250.938); Asociación Esclerosis Múltiple (236.072); Asociación Psoriasis (232.347); Coordinadora Estatal de VIH y Sida (232.020); Asociación Española contra el Cáncer (231.907); Federación Española de Diabetes (200.130); Federación Española de Enfermedades Raras (195.025) y Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (188.327).

En el marco europeo, según el trabajo citado, las entidades españolas ocupan el sexto lugar de las que más dinero recibieron, lo que corresponde con el peso de nuestra población. Además, la financiación por patologías es semejante a la europea, pues las que más dinero recibieron se refieren a seis áreas: cáncer, esclerosis múltiple, VIH/sida, diabetes, enfermedades raras y dolencias cardíacas.

Soledad Cabezón, presidenta de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, entrevistada en el trabajo referido, reconoce la importancia de las organizaciones de pacientes: “realizan una tarea fundamental ya que cubren una serie de servicios de los que no se encarga la sanidad pública: de prestaciones a los pacientes, de sensibilización, de otorgar visibilidad a las enfermedades”. Y añade “tienen una gran capacidad de influencia en temas muy sensibles para la industria, como la decisión de financiar públicamente un medicamento o no”. Afirma, además, “que la sociedad no es consciente de que una parte de la financiación de las organizaciones de pacientes se la dan las empresas farmacéuticas”. En resumen, entiende que es necesaria una regulación para impedir la influencia desmedida de las farmacéuticas.

Del panorama expuesto en relación con las asociaciones, y la consiguiente financiación de la industria, se aparta de manera excepcional la organización Salud Mental España, una confederación que cuenta con 60.000 socios individuales, 340 asociaciones y 18 federaciones. En su código ético se dice lo siguiente: “Salud Mental España expresa su compromiso de no desarrollar actividades con industrias farmacéuticas que supongan la obtención directa de financiación”. La entidad se compromete a colaborar con empresas sólo “en actividades que supongan la difusión de la visión de la Confederación, el respeto del enfoque de derechos y la promoción de la salud mental”. Tal enfoque se adoptó tras un intenso debate y para evitar los conflictos de interés. En la actualidad, el 66% de sus ingresos tienen procedencia pública, aunque en algún momento de su historia la financiación de la industria llegó a suponer el 40% de los ingresos totales.

4.- Los conflictos de interés en las organizaciones de pacientes

Los conflictos de interés entre asociaciones de pacientes y la industria farmacéutica en España surgen principalmente por la dependencia económica de estas entidades de las farmacéuticas, lo que puede influir en su posicionamiento sobre políticas sanitarias, acceso a medicamentos o priorización de tratamientos. Esta relación genera riesgos para la independencia y la equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ejemplo, cuando las asociaciones de pacientes reciben fondos de la industria, priorizando intereses comerciales sobre los de los usuarios, como los que resultan de presionar para acceder a fármacos caros, sin cuestionar, precios o eficacia

La financiación de las asociaciones de pacientes es un tema crítico que busca equilibrar la necesidad de recursos para funcionar con la exigencia ética de independencia, transparencia y sostenibilidad. En España, el debate actual se centra el regular estas fuentes de ingresos públicas y privadas para garantizar que la actividad de estas organizaciones se desarrolla de manera ética, sin que la industria farmacéutica ejerza control sobre sus contenidos. Sin embargo, el anteproyecto que comentamos no ha abordado esencialmente este problema, al no contemplar la cuestión clave de los conflictos de interés, apelando únicamente a la buena voluntad de las asociaciones, tal y como venimos exponiendo.

En 2020, un dictamen parlamentario intentó prohibir la financiación directa o indirecta, pero generó alarma por la dependencia económica de las asociaciones, lo que abocaba a su extinción en la mayor parte de los casos. En todo caso, además de la transparencia, rendición de cuentas, códigos éticos y auditorías externas, que tendrá que desarrollarse reglamentariamente, debe garantizarse la independencia económica de las organizaciones, habiéndose planteado en alguna ocasión, por ejemplo, limitar en un porcentaje moderado la financiación de la industria en un 20% como máximo. Como opina Fernando Lamata, “la independencia económica de las asociaciones sería fundamental para garantizar que sus opiniones no estén mediadas por la presión de sus financiadores. Si no, correrían el riesgo de ser utilizadas como agentes comerciales de la industria dentro de los órganos de toma de decisión de la Administración, que debe representar los intereses de toda la sociedad”.

5.- La posición de la AAJM (Revista de la Asociación. nº 46, marzo 2026)

A la vista de las consideraciones anteriores, sobre la base de que el anteproyecto no ha efectuado una regulación de los conflictos de intereses, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento ha trasladado al Ministerio de Sanidad una serie de aportaciones, que se contienen en la Revista mencionada, y que ahora, en síntesis, se transcriben de la siguiente manera:

“Para preservar su independencia, debe establecerse la prohibición de que las organizaciones de pacientes reciban ingresos de empresas farmacéuticas o biotecnológicas. Asimismo, los miembros y representantes de estas organizaciones tampoco podrán recibir ningún estipendio de esas empresas, ni directa ni indirectamente.

La Administración General del Estado facilitará a las organizaciones de pacientes, una financiación suficiente”.