• El acuerdo con Maze Therapeutics eliminaría a un competidor naciente de Sanofi en los medicamentos para la enfermedad de Pompe, amenazando con detener la innovación y privar a los pacientes de precios más bajos de los medicamentos

Revista Nº 26 ENERO  2024. OTRAS FUENTES.

Federal Trade Commission.

11-12-2023. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/12/ftc-seeks-block-sanofis-acquisition-rare-disease-drug-threatens-sanofis-monopoly

Este breve artículo es muy ilustrativo de las prácticas de la BigPharma. Como describe la nota de la Comisión Federal que reproducimos a continuación, Sanofi dispone de un fármaco  para la enfermedad de Pompe aprobado por la FDA  en 2016   (la enfermedad de Pompe es un raro trastorno genético que condiciona un acúmulo de glucógeno en diferentes células del organismo, sobre todo músculos y corazón, por un defecto en la enzima llamada alfaglucosidasa ácida).Este medicamento es una terapia de reemplazo enzimático administrada por infusión intravenosa cuyo precio por tratamiento alcanza los 290.000 &.

Sin embargo, una compañía farmacéutica Maze ha desarrollado una alternativa de tratamiento con un nuevo fármaco de uso más fácil.

Ante la posibilidad de ver reducidos sus beneficios, Sanofi decidió actuar  de forma inmediata, comprando  la empresa farmacéutica Maze,  evitando asi la competencia, manteniendo el monopolio y consolidando el elevado precio

El fármaco de Sanofi tiene además una interesante trayectoria. El presidente Donald Trump utilizó este medicamento para atacar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Así en un discurso en el Congreso afirmó hablando de la vida de una paciente joven: “pero nuestro lento y pesado proceso de aprobación en la FDA mantiene demasiados avances, como el que salvó la vida de Megan, lejos de llegar a los necesitados» y a continuación «si reducimos las restricciones, no sólo en la FDA sino a través de nuestro Gobierno, entonces seremos bendecidos con milagros mucho más como el de Megan». Trump expuso abiertamente un objetivo central para la industria farmacéutica y los inversores: la necesidad de conseguir la desregulación de la FDA, en la de aprobación de los productos farmacéuticos

Un ejemplo más de una profunda inmoralidad y cinismo poniendo como objetivo la ausencia de controles y exigencia de pruebas objetivas antes de aprobar cualquier medicamento.

La Comisión Federal de Comercio está tratando de bloquear la propuesta de adquisición por Sanofi de una licencia exclusiva para la terapia de Maze Therapeutics Inc. en desarrollo para el tratamiento de la enfermedad de Pompe.

La Comisión emitió hoy una queja administrativa y autorizó una demanda en un tribunal federal alegando que el acuerdo, valorado en 755 millones de dólares, eliminaría a un competidor incipiente a punto de desafiar el monopolio de Sanofi en el mercado de la terapia de la enfermedad de Pompe.

La enfermedad de Pompe es un trastorno genético debilitante y potencialmente mortal. Sanofi es un proveedor de medicamentos  sometidos a monopolio aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la enfermedad. De acuerdo con la queja de la FTC, el medicamento en  desarrollo en fase 2 de Maze, un inhibidor de la glucógeno sintasa 1 llamado MZE001, amenaza con socavar este monopolio con un nuevo medicamento, el primer medicamento de administración oral disponible para los pacientes con la enfermedad de Pompe.

La queja, que también nombra a Genzyme Corporation, la subsidiaria de Sanofi que busca licenciar el medicamento de Maze, alega que la transacción protegería el monopolio de Sanofi y eliminaría la competencia entre Sanofi y Maze para desarrollar nuevos medicamentos para la enfermedad de Pompe, negando a los pacientes y médicos los beneficios de la competencia, incluidos precios más bajos y una mayor innovación.

«La adquisición por parte de Sanofi del medicamento para la enfermedad de Pompe de Maze amenaza con privar a los pacientes de un tratamiento nuevo e innovador y mantener un status quo de precios exorbitantes para los medicamentos esenciales que salvan vidas», dijo Nate Soderstrom, Director Adjunto Interino de la Oficina de Competencia de la FTC. «La FTC está desafiando el acuerdo de Sanofi con Maze porque es fundamental que los pacientes y los médicos tengan acceso a opciones de tratamiento innovadoras y asequibles».

Como poseedora del monopolio, Sanofi cobra cientos de miles de dólares por un curso anual de tratamiento de sus terapias Pompe. Los medicamentos de Sanofi se administran a través de infusiones intravenosas largas y quincenales, mientras que MZE001 de Maze,  administrado como una tableta oral tomada dos veces al día, reduciría significativamente la carga de tratamiento de los pacientes.

Según la queja de la FTC, Sanofi señaló a MZE001 como una amenaza significativa para su lucrativo monopolio de Pompe poco después de que Maze revelara públicamente sus planes de desarrollo en 2021. MZE001 amenaza no solo con capturar una cuota de mercado sustancial de Sanofi, sino también con reemplazar potencialmente los tratamientos de Sanofi como el estándar de atención para la enfermedad de Pompe. La queja alega que la adquisición propuesta ampliaría el poder de monopolio de Sanofi sobre los tratamientos de la enfermedad de Pompe y reduciría la competencia para la innovación y desarrollo de nuevos medicamentos de Pompe.

Además de la queja administrativa, la Comisión ha autorizado al personal de la FTC a solicitar una orden de restricción temporal y una medida cautelar en el tribunal federal de distrito para evitar que Sanofi adquiera MZE001, a la espera del procedimiento administrativo de la agencia. La queja al tribunal federal de la Comisión se presentará en los EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts. Una versión pública de la queja estará disponible más adelante.

La Comisión ha aprobado por votación con resultado de 3-0,  una resolución para emitir una queja administrativa y autorizar al personal a solicitar una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar en el tribunal federal de distrito fue de 3-0.

La División de Fusiones I de la Oficina de Competencia de la FTC ha sido la  responsable de este asunto.

NOTA: La Comisión emite una queja administrativa cuando tiene «razón para creer» que la ley ha sido o está siendo violada, y a la Comisión le parece que un procedimiento es de interés público. La emisión de la queja administrativa marca el comienzo de un procedimiento en el que las acusaciones serán juzgadas en una audiencia formal ante un juez de derecho administrativo.

(La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores).

• El Ministerio deja sola a Gilead en dos recursos para no publicar el precio de fármacos y muestra su disposición a “ir avanzando de forma proactiva en diferentes medidas de transparencia” en este ámbito
• la justicia allana el camino para que Sanidad y los laboratorios revelen los precios de los medicamentos más caros

Revista Nº 26 ENERO  2024. OTRAS FUENTES.

David Noriega.

El Diario, 1-2-2024. https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-abre-primera-vez-revelar-precio-medicamentos-farmaceutica-quiere-ocultar_1_10887469.html

Este artículo señala por primera vez la postura del Ministerio de Sanidad favorable a la transparencia en los datos del coste de los medicamentos en nuestro país y  por tanto a hacer públicos los costes reales de los fármacos  para el Sistema Nacional de Salud.

Esta posición del MS ha sido posible  tras una larga lucha y esfuerzo de organizaciones como Civio y la  Plataforma  No Es Sano, ( de la que forma parte la Asociación  para un Acceso Justo a los Medicamentos). Estas entidades  llevaron  adelante desde el año 2019 por Civio reclamaciones  al Consejo de Transparencia y frente a los tribunales para conseguir conocer el coste de medicamentos, así como la  Plataforma No es Sano

(Los medicamentos que fueron motivos de la reclamación son Yescarta  utilizado para ciertos tipos del linfoma fabricado por Gilead y Veklury un antiviral)

Desde estas páginas, queremos felicitar por el trabajo realizado a Civio  y a la Plataforma No es Sano y al mismo tiempo congratularnos del cambio de posición adoptado por el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad.

Sin  duda este es el camino.

El precio de los medicamentos en España es un misterio. Se sabe el coste máximo que las administraciones pueden pagar por determinados tratamientos. O que, cada año, el Sistema Nacional de Salud invierte cerca de 20.000 millones de euros en recetas y farmacia hospitalaria. Pero la cantidad que se paga por algunos de estos fármacos es un secreto que, durante años, Sanidad y los laboratorios se han empeñado en ocultar. Esta asociación, al menos por el momento, parece que toca a su fin: el Ministerio ha cambiado su postura en dos procesos judiciales y está dispuesto, por primera vez, a revelar el coste de Veklury (remdesivir) y Yescarta (axicabtagén ciloleucel), dos tratamientos del laboratorio Gilead.

El origen de los conflictos se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Plataformas como Civio y No es Sano comenzaron a reclamar al Ministerio conocer el precio unitario de algunos tratamientos. Los siguientes pasos eran más o menos similares en todos los procesos. Sanidad se negaba, alegando que eran confidenciales; los demandantes de información recurrían al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les daba la razón; y el Ministerio y los laboratorios se aliaban para impugnar esas decisiones ante la Justicia.

Las respuestas judiciales a esos recursos van conociéndose a cuentagotas. Uno de estos casos, en el que No es Sano quería conocer el precio de Kymriah, un fármaco de Novartis para tratar la leucemia linfoblástica aguda, el litigio quedó paralizado por un defecto de forma. Con Luxturna, una terapia genética para niños y adultos, el juzgado dio la razón a Civio, pero Sanidad recurrió la decisión junto a Novartis.

El 8 de enero, el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional emitió sendas sentencias en las que daba la razón a No es Sano en el caso del remdesivir, un fármaco para pacientes con covid-19, y a Civio, con Yescarta, una terapia CAR-T para dos tipos de linfoma. Esas plataformas han recibido esta semana el recurso de la empresa Gilead, que ha declinado hacer comentarios a este medio porque, pese al propio recurso y a ser parte implicada en los procesos, considera que “se trata de procedimientos recurridos por el Ministerio de Sanidad”.

“Pasos adelante en materia de transparencia”

Y es aquí donde radica la novedad. Fuentes del departamento que dirige Mónica García se han abierto, por primera vez, a comunicar el precio de estos dos tratamientos. “Este Ministerio tiene un compromiso con la transparencia y creemos que no podemos seguir dilatando el caso y que hay que dar pasos adelante en esta materia”, afirmaban antes de conocer el recurso de Gilead, que ahora les obliga a esperar a una sentencia en firme. “En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalan.

El nuevo equipo al frente de Sanidad espera “poder ir avanzando de forma proactiva en diferentes medidas de transparencia en el ámbito de los medicamentos en los próximos meses, sin perjuicio de la capacidad negociadora del Ministerio en el ámbito de fijación de precios, pero tratando de empujar también a los países de nuestro entorno hacia el camino de una mayor transparencia y rendición de cuentas”.

El trasfondo de esta cuestión radica precisamente en las negociaciones entre administraciones y laboratorios para fijar esos precios, que no son siempre iguales. A preguntas de este medio en marzo de 2023, el Ministerio, con Carolina Darias al frente, señalaba que “la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios, que conllevaría un perjuicio para el interés público” y “un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario”.

La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, que junto a la OCU conforma la plataforma No es sano, indica que es precisamente la falta de transparencia, “tanto en los precios como en los costes de investigación y desarrollo y los aportes públicos, lo que nos pone en una situación en la que los precios de los fármacos han ido creciendo de manera exponencial en los últimos años”. Así, considera que “una mejor transparencia nos va a llevar a una mayor objetividad sobre cuál debería ser el precio justo de los medicamentos”.

López considera “una muy buena noticia” la decisión del Ministerio de no oponerse a la resolución judicial. “Es la primera vez, después de varias peticiones de información y recursos al Consejo de la Transparencia, que Sanidad decide no recurrir”. También valoran como un gesto positivo que “se quieran establecer medidas de transparencia, porque está todo por hacer, y que se vaya a trabajar para que otros países del entorno adopten medidas similares”.

La codirectora de Civio Eva Belmonte coincide en calificar de “buena noticia” la postura de Sanidad sobre estos dos procesos. “Es muy importante que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros”. No obstante, Belmonte espera que el Ministerio “se retire de todos los juicios abiertos” y que publiquen también “las condiciones de financiación: si se paga por paciente curado o tratado, los precios en bloque, etc.”.

Civio sí había sido capaz de localizar algunos precios. “Hemos podido publicarlos mientras estamos en los juicios porque los hemos encontrado investigando los datos de contratación pública, pero necesitamos las condiciones”, señala Belmonte. Por ejemplo, buceando en los contratos de entidades de salud autonómicas, descubrieron que Euskadi y Málaga pagan por cada pastilla de Sovaldi para la hepatitis C unos 280 euros. O que los hospitales públicos pagan 307.200 euros, sin IVA, por Kymriah, una terapia contra la leucemia.

“La transparencia en todo el proceso, por supuesto en los precios, pero también en las inversiones públicas que se hacen, redunda en mejorar la capacidad negociadora, en el proceso de rendición de cuentas, en qué impacto tienen los medicamentos de precios elevados en las arcas públicas y en un mejor acceso”, insiste López. “Si Sanidad se retira de los juicios en los que está, corregirá una anomalía democrática, que es que un Gobierno, en un caso de publicidad de la transparencia de un contrato público, se pusiera del lado de la empresa que quiere ocultar ese precio”, valora Belmonte.

EDITORIAL. Revista Nº 25 Noviembre  2023

Autor: Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la AAJM.

Estaba escribiendo los primeros párrafos de esta editorial, dedicada a la nueva cúpula del Ministerio de Sanidad, cuando leo con extraordinaria satisfacción el anuncio de la creación de una empresa farmacéutica pública. La primera reacción ha sido ¡ya era hora¡ Conocíamos la idea, que compartimos, gracias a un artículo publicado por Javier Padilla en nuestra revista AAJM.

Decía ¡ya era hora¡ por considerar, por ejemplo, que las administraciones sanitarias encabezadas por el Ministerio de Sanidad deberían buscar y mantener como objetivo prioritario, el liderazgo sobre la agenda de I+D en terapias avanzadas basada en las necesidades en salud de la sociedad. Impidiendo así que se antepongan los intereses comerciales de las grandes corporaciones farmacéuticas, al interés general del Sistema Sanitario y a la salud de los ciudadanos. Las patentes y con ellas la falta de competencia y el control absoluto del mundo farmacéutico que impiden un desarrollo trasversal rápido y justo para obtener el máximo de beneficios en salud.

Primero manifestar nuestra felicitación y mejores deseos tanto para Monica Garcia como para Javier Padilla y sus equipos para alcanzar los mayores logros en su gestión y a los que ofrecemos nuestra más leal colaboración y apoyo. Ministra y secretario de Estado conocen bien la AAJM así como lo que pensamos con el único objetivo de defender y proteger los intereses de salud de los españoles y del SNS. A pesar de lo cual, queremos dejar una vez más constancia de ello trasladando propuestas que consideramos de interés.

Las patentes se han convertido con el tiempo en la cobertura legal del sistema más perverso de trasvase de dinero público a las arcas privadas y en consecuencia de retirada de recursos en prestaciones sociales y sanitarias para aquellos que las precisen. Son la principal causa de los graves problemas de acceso a medicamentos esenciales en países pobres y de la hiper medicación que ocurre en los países ricos Es un sistema siniestro que genera problemas de acceso y de exceso simultáneamente, perjudicando a millones de pacientes y causando un enorme gasto innecesario.

Buena parte de los problemas que plantea la gestión del medicamento y la prescripción médica tienen solución en las medidas propias y regulaciones legislativas que puede adoptar cada Estado dentro de la UE. Dejarlo todo a los cambios legislativos que pueda promover la UE es una dejación de funciones e irresponsabilidad. España precisa cambios legislativos importantes en la actual Ley del medicamento hoy claramente insuficiente para responder, ordenar y racionalizar todos los problemas relativos al mismo. La AAJM proponemos y exigimos “adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del SNS y profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico”.

En relación a los comportamientos de los profesionales

• El médico que participa en investigaciones o en estudios farmacológicos patrocinados por la industria farmacéutica debe informar según proceda de sus vinculaciones con la misma, mediante la correspondiente declaración de intereses.

• El investigador debe publicar con plena libertad los resultados obtenidos, independientemente de que los mismos sean favorables o no desde la perspectiva de la empresa patrocinadora. En la investigación de un medicamento debe ser necesario evaluar y conocer (además de la eficacia vs. placebo) la efectividad y coste/efectividad frente a fármacos previamente existentes para la misma indicación. El médico que realiza formación o información como experto deberá comunicar su vinculación con la industria sanitaria, cuando la hubiere, mediante la correspondiente declaración de intereses.

• El uso inapropiado de medicamentos y la incorporación a la práctica clínica de medicamentos innovaciones de valía no comprobada, expone a los pacientes a procedimientos inútiles, contraproducentes, peligrosos, y supone un coste superfluo que amenaza la sostenibilidad de los Sistemas de Salud. Es preciso introducir estrategia que mejoren la calidad de la prescripción y disminuyan los riesgos por mal uso de los medicamentos. La prescripción de medicamentos en el ámbito público se deberá realizar por principio activo y el farmacéutico deberá dispensar el medicamento de precio más bajo para su agrupación homogénea. Se deben introducir medidas para la reducción de efectos adversos de medicamentos y la reducción de la prescripción de medicamentos no necesarios. Así como mejorar la evaluación de la prescripción y la introducción metodologías de des prescripción especialmente en personas mayores.

• Para cumplir estas obligaciones el Estado y las administraciones sanitarias, tiene el deber de asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público y por tanto de racionalizar el gasto. Para ello, entre otras cosas, debe cumplir con su deber de vigilancia, supervisión, optimización y control del gasto farmacéutico.

• Una prescripción adecuada, un “uso racional” de los medicamentos, solo podrá garantizarse con una formación independiente de los profesionales y un patrocinio público de las guías clínicas y de la investigación. Mientras este normalizado y se permita el pago de la formación, las guías clínicas, las cátedras de patrocinio, fundaciones, congresos, las sociedades científicas y publicaciones, etc., y se permita la percepción de incentivos económicos por parte de la industria a los profesionales sanitarios, la prescripción estará sesgada inevitablemente y contribuirá a producir efectos adversos evitables y un aumento del gasto sanitario inútil y perjudicial.

• Para garantizar la independencia de los médicos y de las asociaciones de pacientes, deberá garantizar la financiación pública de las actividades de formación e investigación de los profesionales sanitarios, así como de las asociaciones de pacientes con interés social. Todas las Guías Clínicas y otros Protocolos Oficiales que orienten el comportamiento clínico de los profesionales en el sector público, deberán ser de financiación pública.

En relación con los conflictos de interés es necesario establecer un código de incompatibilidades cuyo incumplimiento tenga consecuencias.

• El médico debe manifestar de forma exhaustiva, con claridad y transparencia sus potenciales conflictos de intereses cuando participa en actividades de formación, científicas o de investigación. Se debe prohibir y penalizar el ofrecimiento de incentivos económicos desde la industria farmacéutica a personas que tengan que tomar decisiones en la aprobación de medicamentos, fijación de precios, prescripción tanto pública como privada, etc. Esto incluye a los expertos o profesionales que sean consultados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o que formen parte de sus comisiones y paneles.

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debe ser financiada con presupuesto público, evitando la dependencia de las empresas a través de sus pagos por informes, etc. La recaudación que por cualquier motivo o servicio tenga la Agencia pasara a ingresar en la hacienda pública.

• La pertenencia al Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS será incompatible con la percepción, directa o indirecta, de cualquier cantidad económica desde la industria farmacéutica (proyectos de investigación, asesoría, consultoría, docencia, participación en cursos, publicaciones, etc.). Los cargos públicos relacionados con el medicamento no puedan ser contratados por empresas del sector farmacéutico hasta cinco años después del desempeño de su cargo.

En relación a la gestión del medicamento sugerimos como necesario que:

• El modelo actual de fijación de precios de los medicamentos protegidos por patentes además de opaco es altamente lesivo para los ciudadanos e insostenible económicamente para los sistemas públicos de salud.

• La reducción del tiempo de exclusividad de datos y de comercialización (monopolio), para acelerar la entrada de genéricos y biosimilares, bajar los precios, y lograr medicamentos asequibles para los pacientes y los servicios públicos de salud. En la actualidad el tiempo de protección de monopolio (exclusividad de datos y de comercialización) es excesivo. Lo cual tiene una amplia gama de consecuencias negativas. Y con ello la necesaria centralización de compras de medicamentos genéricos mientras no sea posible que el SNS disponga de una industria farmacéutica nacional publica o publica privada que garantice su suministro al mejor precio.

• Es necesario la creación de Licencia Obligatoria europea y suspensión de la exclusividad de datos.

• Exigir transparencia en todos los costes de I+D y de fabricación, así como en los precios, de manera que los países y la UE tengan información suficiente para poder negociar precios justos, cercanos al coste.

• Lograr que todos los productos que se desarrollen con financiación pública deben tener condiciones, como la atribución de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) a la Institución Pública, la obligación de transferencia de know how y tecnología, y los precios cercanos a los costes.

• La creación de una Infraestructura Europea de Medicamentos, para el desarrollo de I+D y la producción de medicamentos, en línea con la propuesta del Panel STOA del Parlamento Europeo.

• Poner en marcha mecanismos para conseguir un precio justo y razonable de los medicamentos fortaleciendo las decisiones del Gobierno para conseguir este objetivo desde la independencia, claridad y transparencia.

• Políticas que fortalezcan la I+D pública de medicamentos, terapias y vacunas, asegurando su administración dentro del SNS y la producción propia de dichas terapias con las garantías y controles necesarios.

• Que las terapias con resultados prometedores para curar enfermedades, como están siendo las CAR-T académicas, desarrolladas en España en los centros públicos, deben poder consolidarse dentro del SNS, así como priorizar su uso dentro del mismo. Es preciso modificar la legislación necesaria para permitir la autorización y la producción de estas terapias en el ámbito público. Sin olvidar la financiación suficiente de la investigación inicial hasta la producción y la administración de las terapias en su fase final.

Sabemos que lo propuesto no es tarea fácil, pero ningún camino es posible si no se comienza y se hace desde el principio. Esperamos que en una próxima reunión podamos presentar nuestras propuestas a la ministra y la cúpula ministerial. Mientras le deseamos toda la suerte del mundo.

EDITORIAL. Revista Nº 25 Noviembre  2023

Autor: Fernando Lamata Cotanda. Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM.

La Revista Acceso Justo al Medicamento publica su número 25. Es obligado felicitar al Comité de Redacción por su magnífica labor. Durante estos dos años y medio ha realizado un gran esfuerzo, con muy pocos medios y una enorme generosidad y eficacia. Gracias también a los autores que han aportado sus ideas para el debate en este “espacio abierto de reflexión”. Agradecer también a los miembros del Comité Editorial y, desde luego, a la AAJM por su apoyo para impulsar el proyecto. A lo largo de estos 25 números, la revista ha publicado decenas de artículos originales y multitud de documentos relacionados con el acceso a los medicamentos. Los textos han tratado temas de ámbito nacional, europeo y mundial, buscando difundir información y generar conocimiento en un asunto aparentemente fácil, pero de enorme complejidad y en el que impera la desinformación. Me refiero al enorme poder de márketing de las empresas farmacéuticas, que patrocinan centenares de revistas médicas, así como medios de información general, para imponer su discurso machacón, una y otra vez: “sin derechos de propiedad intelectual (patentes y otras exclusividades que garantizan monopolios) no hay innovación”, “la investigación de nuevos medicamentos se realiza gracias a la industria farmacéutica, y la sangre de la industria farmacéutica son los derechos de propiedad intelectual”, etc., etc. Es muy difícil compensar la información sesgada desde ese aluvión de medios en manos de la industria (pagados, precisamente, con el dinero de todos, a través de los sobre-precios abusivos que imponen gracias a los monopolios que les conceden las legislaciones de los países). Pero nosotros confiamos en el efecto mariposa: “Un aleteo aquí puede provocar una tormenta en el otro lado del mundo”. Este pequeño espacio de reflexión puede sembrar movimientos de cambio, decisiones políticas, posturas comprometidas de organizaciones profesionales, acciones de protesta en la ciudadanía. La revista nació durante la pandemia de la COVID-19, y ahí vimos cómo, por primera vez, el tema de las patentes y los monopolios de los medicamentos llegaba a los debates en la prensa, en la televisión, y en las conversaciones entre amigos. Es cierto que se avanzó poco. Pero algo se avanzó. Hubo debates en el parlamento español, en el parlamento europeo, y en las instituciones internacionales (Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, …), que proponían la suspensión de los monopolios en medicamentos mientras durase la pandemia (se logró tarde y parcialmente, para vacunas, pero se aprobó). Se promovieron y discutieron otras formas de financiar la investigación (fondos públicos, compra anticipada, infraestructura europea de medicamentos, etc.). Se pusieron en marcha mecanismos para compartir tecnología y conocimiento, como la Covid Technology Access Pool de la OMS (a la que el CSIC español cedió un test y una vacuna). En algunos casos se fijaron precios en base a los costes y un beneficio industrial, etc. Pequeños pasos.

De la misma manera, en el debate actual sobre la nueva legislación farmacéutica europea se discute por primera vez la reducción de los años de monopolio que garantizan las exclusividades de datos y de comercialización. Ciertamente, la industria presiona para que haya excepciones y la normativa compense esos años mediante otros mecanismos, y habrá que esperar al resultado final. Pero el debate está abierto; con timidez, con miedo, pero se ha abierto y se extiende a diferentes foros. Otro ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en 2022 la resolución 50/13 sobre el “acceso a los medicamentos, las vacunas y otros productos de salud, en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. La resolución indica a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que prepare un estudio analítico sobre las principales dificultades para garantizar el acceso a los medicamentos, que deberá presentarse al Consejo en junio 2024. La AAJM, como otras muchas entidades, ha enviado su posición a la consulta que el ACNUDH está realizando para elaborar el informe.

En todo caso, a la AAJM nos mueve la convicción de que es posible lograr un modelo de investigación, fabricación y distribución de medicamentos que garantice el acceso a todas las personas, porque ese es su derecho. No es aceptable que miles de personas sufran y mueran cada día en España, en Europa y en el mundo, por no tener acceso a medicamentos que podrían aliviar sus síntomas o salvar sus vidas. Y es inaceptable moralmente que esa falta de acceso sea consecuencia de los monopolios que conceden los propios gobiernos, y de las ganancias abusivas de los altos ejecutivos y los accionistas de grandes empresas farmacéuticas. Por eso hemos de agradecer a la Revista Acceso Justo al Medicamento que cada mes nos ofrezca elementos para el análisis y la comprensión de este problema, con el ánimo de que podamos contribuir entre todos a su solución.

EDITORIAL. Revista Nº 25 Noviembre  2023.