Es destacable que nada menos que el presidente de los EE.UU. declare públicamente que es necesario “poner a la especulación de precios” para que los ciudadanos no tengan que pagar más por los medicamentos que precisan». El gobierno federal ha dejado clara su intención incluso de incautar la patente de un determinado medicamento si se ha desarrollado su investigación con fondos públicos y su precio es excesivo e inabordable. Sin duda esta posición del gobierno ha provocado la reacción de la industria farmacéutica que ya está utilizando sus fórmulas habituales de presión judicial, política y económica a través de sus lobbies de presión.
La administración Biden está avisando a las compañías farmacéuticas, advirtiéndoles que si el precio de ciertos medicamentos es demasiado alto, el gobierno podría cancelar su protección de patentes y permitir que los rivales hagan sus propias versiones.
Según un plan anunciado el jueves, el gobierno consideraría anular la patente de los medicamentos de alto precio que se han desarrollado con la ayuda del dinero de los contribuyentes y dejar que los competidores los produzcan con la esperanza de reducir el costo.
En un vídeo de 15 segundos publicado en YouTube el miércoles por la noche, el presidente Joe Biden prometió que la medida bajaría los precios de los medicamentos.
«Hoy, estamos dando un paso muy importante , dijo. para poner fin a la especulación de precios para que no tengas que pagar más por la medicina que necesitas»,
Los funcionarios de la Casa Blanca no han nombrado las drogas que potencialmente podrían ser el objetivo. El gobierno considerará la incautación de una patente si un medicamento solo está disponible para un «conjunto estrecho de consumidores», de acuerdo con la propuesta que esta abierta a consulta pública durante 60 días. Es casi seguro que los fabricantes de medicamentos impugnarán el plan en los tribunales si se promulga.
Es el último argumento de política de salud de una Casa Blanca que se está preparando para hacer de sus esfuerzos para abordar los precios de los medicamentos un tema central en la campaña de reelección del próximo año. Con los costos de atención médica en mente, la administración también envió una advertencia el jueves a las empresas de capital privado que han estado comprando y dividiendo hospitales y consultorios médicos en todo el país, para luego venderlos con fines de lucro.
Biden ya ha pasado meses presumiendo del límite de 35 dólares en la insulina para los afiliados de Medicare que firmó el año pasado y un plan para que los funcionarios del gobierno, por primera vez, negocien algunos precios de los medicamentos pagados por Medicare.
Washington nunca ha hecho un movimiento tan agresivo contra las patentes de medicamentos, un paso llamado “ march-in rights.” . Las agencias federales pueden llevar a cabo esta medida, si el gobierno federal ha invertido dinero en la investigación o en el desarrollo del producto.
Las empresas farmacéuticas han utilizado durante mucho tiempo la investigación del gobierno para desarrollar medicamentos, y el principal avance más reciente son las vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Los contribuyentes estadounidenses gastaron miles de millones en el esfuerzo y pudieron, hasta hace poco, acceder a tratamientos y prevención para el virus sin pagar de su propio bolsillo por ellos.
Si bien solo una minoría de medicamentos en el mercado dependía tanto del dinero de los contribuyentes, la amenaza de una «marcha» del gobierno sobre las patentes hará que muchas empresas farmacéuticas se lo piensen dos veces, dijo Jing Luo, profesor de medicina en la Universidad de Pittsburgh.
«Si yo fuera una compañía farmacéutica que estuviera tratando de licenciar un producto que se hubiera beneficiado mucho del dinero de los contribuyentes, tendría mucho cuidado con el precio de ese producto», dijo Luo. «No me gustaría que nadie me quitara mi producto».
El lobbie de presión de la industria farmacéutica rechazó inmediatamente el anuncio de Biden, argumentando que la interpretación de la ley por parte de la Casa Blanca es inexacta y que su plan asfixiará la investigación y el desarrollo de medicamentos.
«Esta sería otra pérdida para los pacientes estadounidenses que dependen de la colaboración del sector público-privado para avanzar en nuevos tratamientos y curas», dijo Megan Van Etten, portavoz de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, ( PhRMA.)
Durante años, el debate ha girado en torno a cómo el gobierno podría emplear los “march-in rights.”, con algunos legisladores demócratas, incluidos los senadores. Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota, presionando al Departamento de Salud y Servicios Humanos para confiscar las patentes de ciertos medicamentos caros. Más recientemente, los Institutos Nacionales de Salud se negaron a hacerlo con el medicamento contra el cáncer de próstata Xtandi.
«Los estadounidenses no deberían tener que pagar precios excesivos por los medicamentos, mientras que las compañías farmacéuticas obtienen enormes ganancias, especialmente cuando esos medicamentos se desarrollaron con la ayuda de los dólares de los contribuyentes», dijo Klobuchar en un comunicado.
La propuesta plantea una pregunta razonable, dijo William Pierce, un ex funcionario del HHS durante la administración de Bush: «¿Qué recompensa debería tener el contribuyente que ayuda a financiar un producto?»
La Casa Blanca también tiene la intención de centrarse más en las empresas de capital privado que compran hospitales y sistemas de salud, y luego a menudo los reducen y venden rápidamente para obtener ganancias. Los departamentos de Justicia y Salud y Servicios Humanos, y la Comisión Federal de Comercio trabajarán para compartir más datos sobre la propiedad del sistema de salud.
«Todo, desde el cuidado de la fertilidad hasta la atención primaria y los hogares de ancianos, desde la cuna hasta la tumba, no hay ningún segmento en el cuidado de la salud en el que no veamos capital privado», dijo Yashaswini Singh, profesor de economía de la atención médica en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. «» este proceso se ha llevado a cabo en gran medida sin informar y no ha sido revelado a las autoridades antimonopolio».
En el contexto actual de elaboración del tratado de pandemias esta reflexión crítica sobre lo ocurrido durante la pandemia por COVID 19, en Suecia, tiene un notable interés. Sin duda este artículo provoca debate sobre lo realmente ocurrido en el país escandinavo pero su lectura nos abre a planteamientos sobre cómo debe ser la respuesta de los gobiernos en futuras pandemias.
En primer lugar, nos gustaría dar las gracias al ex asesor del gobierno sueco, Daniel Johansson, por responder a nuestro artículo sobre cómo la respuesta a la pandemia sueca traicionó a las poblaciones vulnerables. Nos da la oportunidad de investigar más profundamente el fracaso ideológico y moral de la izquierda sueca durante la pandemia, un fracaso de proporciones históricas.
En la primavera de 2020, Suecia optó por una respuesta a la pandemia que previsiblemente dio como resultado un nivel muy alto de propagación de COVID-19. Esto provocó miles de muertes entre grupos vulnerables, en un momento en que los vecinos nórdicos de Suecia y algunos otros países europeos mantuvieron el contagio en niveles mucho más bajos.
Los fracasos de Suecia fueron muchos, como se ha documentado ampliamente en el informe muy crítico de la Comisión Corona nombrada por el gobierno.
Este alto número de muertes fue una consecuencia directa del enfoque divergente de la pandemia de Suecia, que se estancó al tomar medidas de protección básicas mientras otros países estaban tratando proactivamente de detener el contagio (la vecina Noruega, por ejemplo, comenzó a tomar medidas sólidas ya a finales de febrero de 2020).
Los fracasos de Suecia fueron muchos, como se ha documentado ampliamente en el informe altamente crítico de la Comisión Corona nombrada por el gobierno sobre la respuesta del país. Entre otras cosas, la Agencia de Salud Pública de Suecia, que estaba facultada para dirigir la respuesta, se abstuvo de recomendar que todos los suecos que regresaran de los Alpes italianos, plagados de enfermedad, a finales de febrero, se pusieran en cuarentena. Se negó a recomendar que se cancelara un gran concierto en Estocolmo el 7 de marzo, a pesar de que era probable que se convirtiera en un evento de supercontagio. Se rechazó la necesidad de equipos de protección personal en la atención médica. Retrasó la introducción de las pruebas masivas hasta después de la primera ola de pandemia, y no fue hasta diciembre de 2020 que estableció una recomendación para que todos los miembros de los hogares infectados se pusieran en cuarentena.
Estos son un puñado de ejemplos de la negligencia de la Agencia de Salud Pública. Como señaló la Comisión Corona, las medidas adoptadas por las autoridades en la primavera de 2020 fueron «retrasadas» e «insuficientes».
Detrás de estos errores había un conjunto de suposiciones defectuosas sobre el contagio viral. Los funcionarios de la Agencia de Salud Pública aceptaron abiertamente, de hecho, incluso, acogieron con satisfacción, una tasa elevada de propagación en la primavera de 2020 en la creencia errónea de que las vacunas eficaces y los tratamientos mejorados se encontraban en un futuro lejano. La agencia consideró que era mejor construir una «inmunidad colectiva» a través de la infección natural.
Hay abundantes pruebas de que creía esto. En una entrevista a mediados de marzo de 2020, el funcionario de la Agencia de Salud Pública y epidemiólogo estatal sueco Anders Tegnell admitió que Suecia estaba siguiendo la línea del Reino Unido sobre la pandemia, que se basaba explícitamente en un enfoque de inmunidad colectiva. En su correspondencia con un funcionario sueco retirado de control de enfermedades, Tegnell dijo inequívocamente que Suecia estaba buscando inmunidad colectiva.
Otros funcionarios de la Agencia de Salud Pública, incluido Johan Giesecke, que fue epidemiólogo estatal de 1995 a 2005 y trabajó como consultor remunerado de la Agencia de Salud Pública durante la respuesta temprana a la pandemia, y el epidemiólogo estatal adjunto Anders Wallensteen, ensalzaron abiertamente los méritos de permitir que el virus se propagara. En mayo de 2020, Giesecke afirmó falsamente que el 99 por ciento de las personas ni siquiera se dieron cuenta de que estaban infectadas con COVID-19. Incluso en septiembre de 2020, con una segunda ola inminente y las vacunas en camino, Giesecke estaba aconsejando a Irlanda y a otros países que permitieran que el virus se propagara para lograr la inmunidad natural del rebaño.
Una piedra angular del pensamiento pandémico sueco sostuvo que la infección masiva antes de las vacunas o los tratamientos era ineludible y que la tarea adecuada de las autoridades de salud pública era gestionar la propagación del virus de una manera que trajera los efectos menos dañinos a la sociedad sueca.
Incluso el entonces primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, en una entrevista el 4 de abril de 2020, se resignó a la creencia, que se convirtió en algo así como una profecía autocumplida, de que «tendremos que contar a los muertos por miles». Los vecinos de Suecia demostraron en la primavera de 2020 que esto no tiene por qué ser así. Desearíamos que Johansson reconociera honestamente que las autoridades suecas cometieron errores trágicos al comienzo de la pandemia, como una vez más, se recoge en una conclusión inequívoca de la propia Comisión Corona del gobierno.
Los resultados desiguales del fracaso
Si la respuesta de Suecia se rigió por el fatalismo oficial, la consecuencia fue que la gran mayoría de las muertes fueron sufridas por los más vulnerables. Principalmente los ancianos, pero también otros grupos de riesgo social y médico, incluidas las personas con discapacidades, las personas con factores de riesgo médicos, los nacidos en el extranjero, los pobres, las personas que necesitan asistencia diaria y los trabajadores de cuello azul, fueron los más afectados por los niveles más altos de muertes y problemas de salud en Suecia.
A pesar de la charla de Johansson sobre que la respuesta está dirigida a la igualdad, la trágica consecuencia de permitir que un virus mortal atraviese una población antes de que se disponga de vacunas y tratamientos efectivos y antes de que se hayan introducido medidas de protección viables es que los más vulnerables morirán. Como dijo Giesecke con brutal franqueza en una entrevista del 17 de abril de 2020, «Las personas que son frágiles y viejas morirán primero y cuando ese grupo de personas se adelgace, tendremos menos muertes». Presumiblemente, Johansson está de acuerdo en que las personas vulnerables tienen derecho a la protección contra un contagio mortal. Este, después de todo, es un valor progresista básico, y el punto en el que se basa nuestra crítica a la respuesta sueca.
Como observa Johansson, y como mencionamos en nuestro artículo anterior, las autoridades suecas seguramente tomaron varias medidas en respuesta al virus. Por ejemplo, cerraron escuelas secundarias y universidades (aunque mantuvieron abiertos bares, gimnasios, restaurantes y otros establecimientos comerciales), impusieron restricciones de multitudes y eliminaron temporalmente el período de calificación de un día para los beneficios de licencia por enfermedad. Estas y otras medidas se introdujeron en la mayoría de los casos demasiado tarde, una vez que el contagio ya había aumentado exponencialmente. Su objetivo era «aplanar la curva» para permitir una propagación manejable con el fin de lograr la «inmunidad de rebaño» imaginada al infectar a la gran mayoría de los suecos.
Algunas autoridades locales siguieron con celo la estrategia de la Agencia de Salud Pública, multando a los padres que habían optado por mantener a sus hijos en casa fuera de la escuela para protegerlos del virus. Otros establecimientos públicos prohibieron el uso de mascarillas. El ejemplo más notable es Samhall, una empresa estatal encargada de proporcionar puestos de trabajo a las personas con discapacidad, que prohibió a sus empleados usar mascarillas para protegerse a sí mismos y a las personas con las que trabajaban.
En otro ejemplo, un conductor de autobús de Estocolmo fue impedido de usar una mascarilla por su empleador y murió después de haber sido infectado en el trabajo. Su muerte no figuraba como un accidente en el lugar de trabajo, y su viuda fue privada de una indemnización, porque las autoridades argumentaron, en línea con la información falsa comunicada por la Agencia de Salud Pública, que el virus se propagaba a través de gotitas, un vector poco probable de infección en el autobús. Esto llegó en un momento, es decir, mayo de 2020, cuando ya había pruebas sólidas de la transmisión del virus por el aire. Sin embargo, la desinformación de la Agencia de Salud Pública se utilizó como un medio para negar a los trabajadores vulnerables tanto la protección como la compensación. Casi nadie de la izquierda en Suecia criticó este estado de cosas, y los que lo hicieron fueron acusados con frecuencia de fomentar la desconfianza en las autoridades.
En otras palabras, las autoridades suecas no fueron pasivas. Más bien, algunas de sus acciones pusieron explícitamente a los vulnerables en mayor riesgo de infección, enfermedad y muerte.
Una falta de protección
Nuestro argumento es que la introducción de medidas limitadas de control de infecciones públicas en Suecia no se basó principalmente en garantizar el derecho de las personas a la protección contra una infección potencialmente mortal o debilitante, sino más bien en garantizar la estabilidad de los servicios públicos y la infraestructura. En particular, las medidas tenían como objetivo preservar los servicios de atención médica, que los documentos oficiales del gobierno y las declaraciones de los funcionarios de salud pública identificaron como un sector público que no debía sobrecargarse.
Algunos establecimientos públicos prohibieron el uso de mascarillas.
Los documentos internos filtrados de las Oficinas del Gobierno, que datan de mayo de 2020, declararon explícitamente que el gobierno consideraría la introducción de medidas de control de infecciones más extensas durante una posible segunda ola en el otoño de 2020, solo si hubiera un riesgo de que el servicio de salud se sobrecargara. Dicho de otra manera, estos documentos dejaron claro que el gobierno contemplaría medidas adicionales para proteger a las personas del virus solo una vez que el nivel de enfermedad pude desencadenar el riesgo de presentar un grave desafío para los servicios de salud.
Frente a este asunto, la ministra de Salud, Lena Hallengren, mintió al público sueco al negar en repetidas ocasiones que la política descrita anteriormente haya existido. Sin embargo, el fracaso de las autoridades para proteger a los grupos vulnerables fue aún más lejos. Una de las principales razones por las que los hospitales suecos no colapsaron durante la pandemia fue que muchas personas que podrían haberse beneficiado del tratamiento no fueron tratadas en ellos. Al igual que la oferta de atención hospitalaria aumentó durante la pandemia al extender las horas de trabajo del personal del hospital y redirigir la capacidad de atención médica a la atención de los pacientes con COVID-19, la demanda se limitó al evitar que muchos ancianos accedieran a ella.
En la primavera de 2020, en la región de Estocolmo, se emitieron directrices con la instrucción de que algunas categorías de pacientes de edad avanzada no deberían ser hospitalizados. En cambio, muchos pacientes de edad avanzada fueron tratados en sus hogares de atención por enfermeras o fueron privados de tratamiento por completo. Un número desconocido fue puesto en cuidados paliativos y se les administró morfina, a pesar de que el oxígeno podría haberles salvado vidas. Hay relatos de pacientes ancianos que fueron designados para cuidados paliativos, solo para que los miembros de la familia intervengan y se nieguen. Muchas veces ni siquiera se notificó a los miembros de la familia que sus familiares estaban siendo retirados del tratamiento y relegados al tratamiento paliativo. Un investigador geriátrico sueco ha llamado a esto «uno de los mayores escándalos de atención médica de nuestro tiempo».
En lugar de un control equitativo del contagio, el público sueco recibió una charla trivial de «responsabilidad personal». Esto fue en un contexto en el que aquellos que estaban en menor riesgo tenían un incentivo mínimo para protegerse a sí mismos y a los demás, mientras que aquellos que estaban en mayor riesgo tenían que defenderse por sí mismos lo mejor que podían, poniendo su fe en el buen comportamiento de los demás junto con las limitadas medidas de control del contagio público.
Obviamente, este no era un enfoque viable para el control de la pandemia. Según una encuesta clasificada encargada por la Agencia de Salud Pública a principios del verano de 2020, solo el 35 por ciento de los suecos dijeron que cumplían con las directrices de pandemia voluntaria «muy bien». Mientras tanto, una encuesta a principios de mayo de 2020 encontró que, sorprendentemente, hasta el 88 por ciento de los suecos que habían estado enfermos durante menos de una semana dijeron que habían ido a trabajar con síntomas. Esto fue en un momento en que Suecia estaba sufriendo una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo, y las autoridades enfatizaban repetidamente la importancia de quedarse en casa cuando está enferma.
Demasiado para basar el enfoque pandémico de Suecia en el cumplimiento voluntario de las directrices públicas, como las autoridades afirmaron repetidamente que lo hicieron.
Cambiar la responsabilidad al individuo
Johansson argumenta que la respuesta sueca a la pandemia no merece ser etiquetada como «neoliberal» porque el estado sueco tomó algunas medidas, varias de las cuales beneficiaron a los grupos marginados. Esto refleja una comprensión banal del neoliberalismo.
En lugar de un control equitativo del contagio, el público sueco recibió una charla trivial de «responsabilidad personal».
Es totalmente poco discutible que la gestión de la crisis sueca se ha dirigido con un planteamiento neoliberal desde principios de la década de 1990, y que esto ha girado en torno a una mayor delegación de responsabilidades del Estado a los ciudadanos individuales. Como hemos señalado, esto está bien comprobado en la investigación y es evidente en la documentación oficial de las últimas tres décadas y ha sido aún más evidente, una y otra vez, en las respuestas a las crisis de la vida real. Como declaró en una propuesta presentada por el entonces gobierno socialdemócrata en 2006, el «punto de partida» para decidir las responsabilidades de los actores públicos es que «los individuos y las empresas tienen la responsabilidad fundamental de proteger la vida y la propiedad y de tomar medidas preventivas». Esto fue precedido y seguido por otros informes y propuestas oficiales que también hicieron hincapié en las responsabilidades individualizadas para la respuesta a la crisis.
La individualización alcanzó su punto máximo durante la pandemia de COVID-19, cuando a los suecos se les entregó la responsabilidad principal del control de la infección, es decir, de proteger las vidas de sus conciudadanos, mientras que las autoridades menospreciaban su propia responsabilidad. Entre marzo y junio de 2020, las autoridades suecas celebraron conferencias de prensa casi diarias sobre la pandemia, que fueron ampliamente vistas y cubiertas por los medios de comunicación. En estas ocasiones, los funcionarios públicos hablaron sesenta y ocho veces de la responsabilidad de los individuos de limitar el contagio; sin embargo solo hablaron de las responsabilidades de los organismos estatales (a menudo en relación con las pruebas) dieciocho veces, según las transcripciones. En las entrevistas con los medios de comunicación, las autoridades reforzaron el mismo mensaje de responsabilidad individual, que se convirtió en un mantra en el discurso público sobre la pandemia. Como dijo el epidemiólogo estatal Anders Tegnell en una conferencia de prensa el 4 de mayo de 2020, «la pregunta básica, y aquí hemos sido muy claros en Suecia, [es] que deberíamos tratar de poner tanta responsabilidad en el individuo como sea posible».
Si bien el discurso de la responsabilidad personal no tuvo éxito en conseguir que las personas se quedaran en casa cuando estaban enfermas, sí logró varios otros efectos. Al igual que en otros casos de gobernanza neoliberal, delegó la responsabilidad de los fracasos públicos en los ciudadanos individuales y, por lo tanto, disminuyó la presión pública sobre las autoridades para que se hicieran cargo de lo que debería ser su tarea, en este caso garantizando el derecho de todos a un control efectivo y equitativo del contagio. El poder de limitar el contagio permaneció con las autoridades, pero la responsabilidad de hacerlo se impuso al público sueco a través de un discurso generalizado que construyó el control de la infección como una cuestión de responsabilidad personal.
Al igual que muchos otros defensores de la respuesta a la pandemia de Suecia, Johansson se apresura a invocar bajas cifras de exceso de mortalidad entre 2020 y 2023. En una afirmación falsa y extrañamente reductora, Johansson llama al exceso de mortalidad «probablemente el mejor indicador» del éxito de la respuesta a la pandemia de un país. Esto obviamente ignora los problemas bien documentados con la métrica y la gran cantidad de otros factores que también dan forma a los resultados de la pandemia, además de las respuestas políticas.
Entre las condiciones previas altamente favorables de Suecia al comienzo de la pandemia se encontraban su riqueza, la gran proporción de hogares de ocupación única, la baja densidad de población, la alta tasa de digitalización, las amplias disposiciones sociales, la atención médica asequible y el inicio posterior del contagio en comparación con otros países europeos. En ese momento, Suecia estaba en una posición extremadamente fuerte en relación con la mayoría de los otros países, al contrario que sus vecinos nórdicos, cuyas políticas manejaron el contagio mucho mejor que Suecia. Además, es intelectualmente deshonesto utilizar tres años de cifras de exceso de mortalidad, un período que vio tanto la llegada de las vacunas que cambió las reglas del juego como el retroceso de las medidas de control del contagio en otros países, para justificar de alguna manera el apoyo acrítico de la izquierda a la respuesta divergente de Suecia a la pandemia en 2020 y parte de 2021.
Nacionalismo de rodillas
Johansson ignora todo esto junto con varias revisiones independientes, incluso por parte de la Comisión Corona nombrada por el gobierno, que criticó la respuesta de Suecia a la pandemia. En lugar de reflexionar serenamente sobre esto, Johansson atribuye con entusiasmo las bajas cifras de exceso de mortalidad de Suecia a su respuesta a la pandemia plagada de errores, mostrando precisamente el tipo de reflejo patriótico que teníamos en mente cuando hablamos del «nacionalismo de izquierda o progresista» sueco… que ayudó a solidificar el apoyo a la Agencia de Salud Pública entre la izquierda».
Sin embargo, es evidente que las autoridades de Suecia cometieron numerosos errores graves y actos de negligencia durante la pandemia, y que esto perjudicó principalmente a los grupos vulnerables. En pocas palabras, el enfoque de la pandemia sueca permitió a propósito niveles más altos de infección de lo necesario, y esto inevitablemente resultó en muertes y sufrimientos innecesarios. Argumentar lo contrario es hacer la afirmación completamente incomprensible de que los niveles más altos de infección previa a la vacunación no se tradujeron en mayores tasas de muerte y enfermedades graves.
A pesar de esto, muy pocos suecos han intentado hacer que las autoridades y el gobierno rindan cuentas. Con la excepción del periodista Martin Klepke, el experto socialdemócrata Daniel Suhonen, el periodista Erik Augustin Palm, Martin Jordö de la Iniciativa Feminista y otros grupos , la Izquierda siguió siendo tolerante con una Agencia de Salud Pública que ha pisoteado a los grupos vulnerables y ha restado la necesidad de medidas de control del contagio público.
La izquierda sueca ha sido tan servil durante la pandemia, que se ha mantenido en silencio incluso frente a los fallos oficiales más atroces. Por ejemplo, mantuvo la boca cerrada cuando la Agencia de Salud Pública difundió información errónea sobre las mascarillas y la forma en que se propagó el coronavirus; cuando la Agencia de Salud Pública prohibió a los padres suecos vacunar a sus hijos; cuando Tegnell se mostró tolerante con los antivacunas y los representantes de la derecha internacional; cuando Suecia intentó ejercer una presión de alto nivel sobre la Organización Mundial de la Salud para que empleara a Tegnell, De hecho se produjo una violación de sus procedimientos de reclutamiento; cuando Tegnell, en violación del protocolo, eliminó un gran número de sus correos electrónicos de trabajo, incluido un documentoº que demostró haber sido muy comprometedor para él; cuando en noviembre de 2020 la Agencia de Salud Pública en realidad aconsejó al gobierno que no introdujera la vacuna de ARNm; y cuando la Agencia de Salud Pública se negó una y otra vez a revelar información básica sobre cómo llegó a sus decisiones y evaluaciones, muchas de las cuales entraron en conflicto con el consenso científico internacional.
De hecho, la izquierda solo ofreció débiles murmullos de protesta cuando Tegnell culpó repetidamente a los inmigrantes por el alto nivel de propagación de Suecia.
Hoy en día, la izquierda tiene una opción. O bien reflexiona honestamente sobre el fracaso moral e ideológico de respaldar agresivamente una estrategia de pandemia destinada a transferir la responsabilidad al individuo y que suponía que la gran mayoría de la sociedad se infectaría antes de la vacunación, lo que resultó en un gran número de muertes entre las comunidades vulnerables. O bien, puede seguir intentando reescribir la historia e inventar una narrativa en la que negarse a abogar por el control básico de la infección para proteger a los que están en mayor riesgo, de alguna manera se ajusta a los valores de izquierda.
Si el enfoque de Suecia ante la pandemia se vuelve ampliamente mal recordado y normalizado, entonces podemos estar seguros de que esta experiencia imaginada se utilizará para justificar los mismos errores durante futuras crisis, con resultados igualmente desastrosos.
El acuerdo con Maze Therapeutics eliminaría a un competidor naciente de Sanofi en los medicamentos para la enfermedad de Pompe, amenazando con detener la innovación y privar a los pacientes de precios más bajos de los medicamentos
Este breve artículo es muy ilustrativo de las prácticas de la BigPharma. Como describe la nota de la Comisión Federal que reproducimos a continuación, Sanofi dispone de un fármaco para la enfermedad de Pompe aprobado por la FDA en 2016 (la enfermedad de Pompe es un raro trastorno genético que condiciona un acúmulo de glucógeno en diferentes células del organismo, sobre todo músculos y corazón, por un defecto en la enzima llamada alfaglucosidasa ácida).Este medicamento es una terapia de reemplazo enzimático administrada por infusión intravenosa cuyo precio por tratamiento alcanza los 290.000 &.
Sin embargo, una compañía farmacéutica Maze ha desarrollado una alternativa de tratamiento con un nuevo fármaco de uso más fácil.
Ante la posibilidad de ver reducidos sus beneficios, Sanofi decidió actuar de forma inmediata, comprando la empresa farmacéutica Maze, evitando asi la competencia, manteniendo el monopolio y consolidando el elevado precio
El fármaco de Sanofi tiene además una interesante trayectoria. El presidente Donald Trump utilizó este medicamento para atacar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Así en un discurso en el Congreso afirmó hablando de la vida de una paciente joven: “pero nuestro lento y pesado proceso de aprobación en la FDA mantiene demasiados avances, como el que salvó la vida de Megan, lejos de llegar a los necesitados» y a continuación «si reducimos las restricciones, no sólo en la FDA sino a través de nuestro Gobierno, entonces seremos bendecidos con milagros mucho más como el de Megan». Trump expuso abiertamente un objetivo central para la industria farmacéutica y los inversores: la necesidad de conseguir la desregulación de la FDA, en la de aprobación de los productos farmacéuticos
Un ejemplo más de una profunda inmoralidad y cinismo poniendo como objetivo la ausencia de controles y exigencia de pruebas objetivas antes de aprobar cualquier medicamento.
La Comisión Federal de Comercio está tratando de bloquear la propuesta de adquisición por Sanofi de una licencia exclusiva para la terapia de Maze Therapeutics Inc. en desarrollo para el tratamiento de la enfermedad de Pompe.
La Comisión emitió hoy una queja administrativa y autorizó una demanda en un tribunal federal alegando que el acuerdo, valorado en 755 millones de dólares, eliminaría a un competidor incipiente a punto de desafiar el monopolio de Sanofi en el mercado de la terapia de la enfermedad de Pompe.
La enfermedad de Pompe es un trastorno genético debilitante y potencialmente mortal. Sanofi es un proveedor de medicamentos sometidos a monopolio aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la enfermedad. De acuerdo con la queja de la FTC, el medicamento en desarrollo en fase 2 de Maze, un inhibidor de la glucógeno sintasa 1 llamado MZE001, amenaza con socavar este monopolio con un nuevo medicamento, el primer medicamento de administración oral disponible para los pacientes con la enfermedad de Pompe.
La queja, que también nombra a Genzyme Corporation, la subsidiaria de Sanofi que busca licenciar el medicamento de Maze, alega que la transacción protegería el monopolio de Sanofi y eliminaría la competencia entre Sanofi y Maze para desarrollar nuevos medicamentos para la enfermedad de Pompe, negando a los pacientes y médicos los beneficios de la competencia, incluidos precios más bajos y una mayor innovación.
«La adquisición por parte de Sanofi del medicamento para la enfermedad de Pompe de Maze amenaza con privar a los pacientes de un tratamiento nuevo e innovador y mantener un status quo de precios exorbitantes para los medicamentos esenciales que salvan vidas», dijo Nate Soderstrom, Director Adjunto Interino de la Oficina de Competencia de la FTC. «La FTC está desafiando el acuerdo de Sanofi con Maze porque es fundamental que los pacientes y los médicos tengan acceso a opciones de tratamiento innovadoras y asequibles».
Como poseedora del monopolio, Sanofi cobra cientos de miles de dólares por un curso anual de tratamiento de sus terapias Pompe. Los medicamentos de Sanofi se administran a través de infusiones intravenosas largas y quincenales, mientras que MZE001 de Maze, administrado como una tableta oral tomada dos veces al día, reduciría significativamente la carga de tratamiento de los pacientes.
Según la queja de la FTC, Sanofi señaló a MZE001 como una amenaza significativa para su lucrativo monopolio de Pompe poco después de que Maze revelara públicamente sus planes de desarrollo en 2021. MZE001 amenaza no solo con capturar una cuota de mercado sustancial de Sanofi, sino también con reemplazar potencialmente los tratamientos de Sanofi como el estándar de atención para la enfermedad de Pompe. La queja alega que la adquisición propuesta ampliaría el poder de monopolio de Sanofi sobre los tratamientos de la enfermedad de Pompe y reduciría la competencia para la innovación y desarrollo de nuevos medicamentos de Pompe.
Además de la queja administrativa, la Comisión ha autorizado al personal de la FTC a solicitar una orden de restricción temporal y una medida cautelar en el tribunal federal de distrito para evitar que Sanofi adquiera MZE001, a la espera del procedimiento administrativo de la agencia. La queja al tribunal federal de la Comisión se presentará en los EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts. Una versión pública de la queja estará disponible más adelante.
La Comisión ha aprobado por votación con resultado de 3-0, una resolución para emitir una queja administrativa y autorizar al personal a solicitar una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar en el tribunal federal de distrito fue de 3-0.
La División de Fusiones I de la Oficina de Competencia de la FTC ha sido la responsable de este asunto.
NOTA: La Comisión emite una queja administrativa cuando tiene «razón para creer» que la ley ha sido o está siendo violada, y a la Comisión le parece que un procedimiento es de interés público. La emisión de la queja administrativa marca el comienzo de un procedimiento en el que las acusaciones serán juzgadas en una audiencia formal ante un juez de derecho administrativo.
(La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores).
El Ministerio deja sola a Gilead en dos recursos para no publicar el precio de fármacos y muestra su disposición a “ir avanzando de forma proactiva en diferentes medidas de transparencia” en este ámbito
la justicia allana el camino para que Sanidad y los laboratorios revelen los precios de los medicamentos más caros
Este artículo señala por primera vez la postura del Ministerio de Sanidad favorable a la transparencia en los datos del coste de los medicamentos en nuestro país y por tanto a hacer públicos los costes reales de los fármacos para el Sistema Nacional de Salud.
Esta posición del MS ha sido posible tras una larga lucha y esfuerzo de organizaciones como Civio y la Plataforma No Es Sano, ( de la que forma parte la Asociación para un Acceso Justo a los Medicamentos). Estas entidades llevaron adelante desde el año 2019 por Civio reclamaciones al Consejo de Transparencia y frente a los tribunales para conseguir conocer el coste de medicamentos, así como la Plataforma No es Sano
(Los medicamentos que fueron motivos de la reclamación son Yescarta utilizado para ciertos tipos del linfoma fabricado por Gilead y Veklury un antiviral)
Desde estas páginas, queremos felicitar por el trabajo realizado a Civio y a la Plataforma No es Sano y al mismo tiempo congratularnos del cambio de posición adoptado por el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad.
Sin duda este es el camino.
El precio de los medicamentos en España es un misterio. Se sabe el coste máximo que las administraciones pueden pagar por determinados tratamientos. O que, cada año, el Sistema Nacional de Salud invierte cerca de 20.000 millones de euros en recetas y farmacia hospitalaria. Pero la cantidad que se paga por algunos de estos fármacos es un secreto que, durante años, Sanidad y los laboratorios se han empeñado en ocultar. Esta asociación, al menos por el momento, parece que toca a su fin: el Ministerio ha cambiado su postura en dos procesos judiciales y está dispuesto, por primera vez, a revelar el coste de Veklury (remdesivir) y Yescarta (axicabtagén ciloleucel), dos tratamientos del laboratorio Gilead.
El origen de los conflictos se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Plataformas como Civio y No es Sano comenzaron a reclamar al Ministerio conocer el precio unitario de algunos tratamientos. Los siguientes pasos eran más o menos similares en todos los procesos. Sanidad se negaba, alegando que eran confidenciales; los demandantes de información recurrían al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que les daba la razón; y el Ministerio y los laboratorios se aliaban para impugnar esas decisiones ante la Justicia.
Las respuestas judiciales a esos recursos van conociéndose a cuentagotas. Uno de estos casos, en el que No es Sano quería conocer el precio de Kymriah, un fármaco de Novartis para tratar la leucemia linfoblástica aguda, el litigio quedó paralizado por un defecto de forma. Con Luxturna, una terapia genética para niños y adultos, el juzgado dio la razón a Civio, pero Sanidad recurrió la decisión junto a Novartis.
El 8 de enero, el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de la Audiencia Nacional emitió sendas sentencias en las que daba la razón a No es Sano en el caso del remdesivir, un fármaco para pacientes con covid-19, y a Civio, con Yescarta, una terapia CAR-T para dos tipos de linfoma. Esas plataformas han recibido esta semana el recurso de la empresa Gilead, que ha declinado hacer comentarios a este medio porque, pese al propio recurso y a ser parte implicada en los procesos, considera que “se trata de procedimientos recurridos por el Ministerio de Sanidad”.
“Pasos adelante en materia de transparencia”
Y es aquí donde radica la novedad. Fuentes del departamento que dirige Mónica García se han abierto, por primera vez, a comunicar el precio de estos dos tratamientos. “Este Ministerio tiene un compromiso con la transparencia y creemos que no podemos seguir dilatando el caso y que hay que dar pasos adelante en esta materia”, afirmaban antes de conocer el recurso de Gilead, que ahora les obliga a esperar a una sentencia en firme. “En cuanto se nos notifique que lo hagamos, enviaremos los datos pertinentes”, señalan.
El nuevo equipo al frente de Sanidad espera “poder ir avanzando de forma proactiva en diferentes medidas de transparencia en el ámbito de los medicamentos en los próximos meses, sin perjuicio de la capacidad negociadora del Ministerio en el ámbito de fijación de precios, pero tratando de empujar también a los países de nuestro entorno hacia el camino de una mayor transparencia y rendición de cuentas”.
El trasfondo de esta cuestión radica precisamente en las negociaciones entre administraciones y laboratorios para fijar esos precios, que no son siempre iguales. A preguntas de este medio en marzo de 2023, el Ministerio, con Carolina Darias al frente, señalaba que “la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios, que conllevaría un perjuicio para el interés público” y “un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario”.
La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, que junto a la OCU conforma la plataforma No es sano, indica que es precisamente la falta de transparencia, “tanto en los precios como en los costes de investigación y desarrollo y los aportes públicos, lo que nos pone en una situación en la que los precios de los fármacos han ido creciendo de manera exponencial en los últimos años”. Así, considera que “una mejor transparencia nos va a llevar a una mayor objetividad sobre cuál debería ser el precio justo de los medicamentos”.
López considera “una muy buena noticia” la decisión del Ministerio de no oponerse a la resolución judicial. “Es la primera vez, después de varias peticiones de información y recursos al Consejo de la Transparencia, que Sanidad decide no recurrir”. También valoran como un gesto positivo que “se quieran establecer medidas de transparencia, porque está todo por hacer, y que se vaya a trabajar para que otros países del entorno adopten medidas similares”.
La codirectora de Civio Eva Belmonte coincide en calificar de “buena noticia” la postura de Sanidad sobre estos dos procesos. “Es muy importante que, por primera vez, el Gobierno no se ponga del lado de las farmacéuticas, sino del lado de quienes queremos que haya transparencia sobre cuánto se está pagando por medicamentos tan caros”. No obstante, Belmonte espera que el Ministerio “se retire de todos los juicios abiertos” y que publiquen también “las condiciones de financiación: si se paga por paciente curado o tratado, los precios en bloque, etc.”.
“La transparencia en todo el proceso, por supuesto en los precios, pero también en las inversiones públicas que se hacen, redunda en mejorar la capacidad negociadora, en el proceso de rendición de cuentas, en qué impacto tienen los medicamentos de precios elevados en las arcas públicas y en un mejor acceso”, insiste López. “Si Sanidad se retira de los juicios en los que está, corregirá una anomalía democrática, que es que un Gobierno, en un caso de publicidad de la transparencia de un contrato público, se pusiera del lado de la empresa que quiere ocultar ese precio”, valora Belmonte.
Este artículo de HPW comenta el informe de la Secretaria Internacional para la Preparacion de las Pandemias (IPPS) presentado recientemente en Roma. ( El lector interesado puede acceder al Informe desde el enlace a la publicación original) Hemos pensado que dar a conocer estas iniciativas y desarrollos podría tener algún interés para las y los lectores de la AJM, pese a que no suponga una aportación en profundidad, sino más bien un catálogo de acciones a desarrollar.
Hay una falta mundial de preparación en respuestas reactivas para cuando se enfrentan a amenazas epidémicas emergentes, una preocupante falta de inversión en el desarrollo de vacunas y terapias de I+D, y síntomas de disminución del enfoque en la preparación para la pandemia, según un nuevo informe de la Secretaría Internacional de Preparación para la Pandemia (IPPS).
El IPPS lanzó su tercer informe anual sobre la Misión de 100 Días (100DM) para la preparación para la pandemia en la Accademia dei Lincei de Roma el miércoles pasado
El informe evalúa cuánto progreso se ha logrado para garantizar la disponibilidad mundial de diagnósticos, terapias y vacunas (DTV) dentro de los primeros 100 días de una amenaza pandémica. También evalúa el progreso hacia el objetivo de la misión de 100 días de dos terapias antivirales para cada familia viral de alto riesgo, preparadas para los ensayos clínicos de fase II/III para 2026.
«En 2021, un grupo de asesores científicos y expertos del G7 se reunieron para establecer las recomendaciones que formarían la base del 100DM», explicó el presidente saliente del 100DM, Sir Patrick Vallance, en la introducción del informe.
«Desde entonces, el mundo ha cambiado. Ya no estamos en medio de una pandemia global; los líderes mundiales están lidiando con múltiples crisis en competencia, y el panorama de la salud global parece cada vez más complejo a medida que las organizaciones se enfrentan a priorizar de manera óptima los fondos limitados y se enfrentan a múltiples necesidades y amenazas. Pero sabemos que las epidemias y pandemias futuras no solo son probables; son inevitables».
Afirmó que los informes anuales de IPPS son una oportunidad para reflexionar sobre los progresos realizados el año anterior y establecer prioridades para el año siguiente.
¿Qué pasó en 2023?
En 2023, se avanzó en varias áreas, destaca el informe, incluida la primera vacuna Chikungunya aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y los ensayos de fase 1 para las vacunas contra la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo (CCHF). Además, el informe mostró un sólido apoyo político a los 100 DM del G7 y el G20.
«2023 vio un fuerte progreso en la investigación de vacunas epidémicas y pandémicas en apoyo de la Misión de los 100 Días, incluidas las inversiones para avanzar en la próxima generación de ARNm y tecnologías termoestables, una oleada de apoyo a la fabricación regionalizada y el creciente uso de la inteligencia artificial para acelerar el diseño de vacunas», dijo el Dr. Richard Hatchett, CEO de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).
Hoja de ruta terapéutica y cuadro de mando
El martes se lanzaron otras dos publicaciones junto con el informe: la hoja de ruta terapéutica 100DM y la tarjeta de puntuación de la misión 100DM.
La hoja de ruta se desarrolló con asesores y socios, incluyendo la Alianza INTREPID, Unitaid, la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (DNDi), la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), el Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP) y la Iniciativa de Desarrollo de Medicamentos Antivirales de Emergentes Rápida (READDI).
«La hoja de ruta marca el comienzo de un enfoque más coordinado para el desarrollo de terapias pandémicas», explicó IPPS. «Tiene como objetivo proporcionar un trampolín para la acción y la colaboración, con el objetivo principal de desarrollar al menos dos candidatos terapéuticos «listos para la Fase 2″ para cada una de las 10 principales familias de patógenos prioritarios de la OMS, al tiempo que se centra en la optimización de los anticuerpos monoclonales y la promoción de nuevas tecnologías disruptivas».
El cuadro de mando tiene como objetivo evaluar a fondo el canal relacionado con los patógenos del Plan de I+D de la OMS con potencial de pandemia. El análisis de Policy Cures Research revela una escasez de productos aprobados más allá de la COVID-19 y la cepa del virus del Ébola, Zaire. Además, subraya una demanda mundial de un aumento de la financiación para los patógenos del Plan de la OMS, excluyendo la COVID-19.
De 2019 a 2022, la COVID-19 fue testigo de una inversión de 14.500 millones de dólares, una cifra ocho veces mayor que la inversión combinada en los otros nueve patógenos, según muestra el cuadro de mando. Este marcado contraste subraya el imperativo de fuentes de financiación más diversificadas, haciendo hincapié en un riesgo potencial para la preparación global.
Financiación reactiva
El cuadro de mando mostró que la financiación de las enfermedades epidémicas también es altamente reactiva.
«Todavía no hemos adoptado un enfoque de preparación para la investigación y el desarrollo», expresa el cuadro de mando.
La mayor parte de la financiación disponible generalmente es proporcionada por financiadores públicos, principalmente los Estados Unidos, lo que hace que esta financiación sea vulnerable a los cambios políticos. Además, en lo que respecta a la financiación, la I+D de vacunas es el espacio más avanzado. También hay más I+D de productos y perfiles de productos objetivo de la OMS (TPP) para casi todos los patógenos.
Por el contrario, la tarjeta de puntuación mostró que la I+D terapéutica va a la zaga con pocos productos aprobados, candidatos clínicos y solo un TPP de la OMS. Los analistas indican que esto se debe probablemente a la falta de un liderazgo unificado en torno a la terapéutica, como el CEPI que proporciona vacunas y el FIND que proporciona diagnósticos.
Los patógenos con brotes más significativos y percibidos como un mayor riesgo para la bioseguridad nacional tienen canales más maduros. Además, la financiación de las tecnologías de plataforma para apoyar la «enfermedad X» ha crecido desde 2019, y se están utilizando para desarrollar productos para ocho patógenos prioritarios.
«Estos deberían beneficiar a la I+D para otros patógenos, pero esto aún no es rutinario», según la tarjeta de puntuación.
«La Misión de los 100 Días es un complemento bienvenido al trabajo de la OMS con los socios sobre las enfermedades que representan el mayor riesgo de pandemia, para las que no hay contramedidas o no son suficientes», señaló Sir Jeremy Farrar, científico jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Para prepararnos de forma rápida y equitativa y responder a los brotes de patógenos con potencial pandémico, ahora debemos invertir de manera sostenible, particularmente en ciencia básica, I+D y fabricación distribuida, incluidas las áreas descuidadas de la terapéutica y el diagnóstico de la pandemia, así como en las vacunas».
¿Qué sigue?
El equipo de 100DM instará al G7 y al G20 a incentivar una acción internacional coordinada y pedirá un compromiso político para construir bibliotecas virtuales de prototipos de terapias, diagnósticos y vacunas para la pandemia. También impulsará la necesidad de trabajar con los sectores privado y filantrópico.
El IPPS identificó cuatro objetivos para 2024:
* Mayor coordinación e inversión en la cartera de terapias para poner en funcionamiento la Hoja de Ruta de la Terapéutica 100DM debido a la necesidad de más financiación y coordinación. El informe afirma que una coalición está creciendo en torno a la Hoja de Ruta Terapéutica 100DM, que establece un plan de extremo a extremo y un ensayo de inversión de lo que se necesita para alcanzar el objetivo actualizado de al menos dos candidatos terapéuticos «listos para la Fase 2» para las 10 principales familias de patógenos prioritarios.
* Fondos suficientes para implementar el marco de diagnóstico 100DM, incluido el apoyo a la demanda inicial de FIND de 80-100 millones de dólares estadounidenses. Solo hay cuatro patógenos prioritarios de la OMS para los que se aprueba el diagnóstico, y la financiación está disminuyendo.
* Mayor alineación regulatoria y adopción de enfoques regulatorios preparatorios. El mundo comenzaría a recopilar datos sobre la seguridad y eficacia de los prototipos de contramedidas contra la pandemia cuando se declara una pandemia.
* Fortalecimiento de la infraestructura sostenible de ensayos clínicos regionales y mundiales para permitir la prueba rápida de productos en seres humanos durante un brote.
«En 2024, bajo el liderazgo de la OMS, deberían tener lugar discusiones prácticas sobre los protocolos de ensayos maestros previamente acordados para uso de emergencia junto con el apoyo a las autoridades regionales para mantener la capacidad sostenible de los ensayos clínicos con revisiones éticas conjuntas», según IPPS.
«Esperamos que para finales de 2024, cada una de las cuatro áreas tenga un claro liderazgo general, un plan creíble y la financiación necesaria para avanzar», dijo Vallance.
«Las enfermedades infecciosas son uno de los mayores desafíos de salud de nuestro tiempo, causando alrededor de una cuarta parte de todas las muertes en todo el mundo y afectando particularmente a las poblaciones vulnerables en los países de bajos ingresos», agregó el Dr. John-Arne Røttingen, CEO de Wellcome.
«Es vital que la preparación para la pandemia se mantenga en la agenda en 2024, con los gobiernos, la industria y la filantropía intensificando la inversión en el desarrollo de nuevos diagnósticos, tratamientos y vacunas».
«El informe de hoy debería actuar como un llamamiento claro para los líderes mundiales, que ahora deben volver a centrarse urgentemente en los pasos prácticos necesarios para prepararse mejor para la próxima pandemia, concluyó Thomas Cueni, director general de la IFPMA.
«La ciencia y la innovación se entregaron a una velocidad y escala récord contra la COVID-19. Debemos preservar lo que hizo esto posible mientras tomamos medidas prácticas para abordar la desigualdad que vimos en el despliegue de vacunas y tratamientos si vamos a cumplir con los ambiciosos objetivos establecidos por la Misión de los 100 Días.
«Las empresas farmacéuticas han respaldado la ambición de la Misión desde que se puso en marcha en 2021. Cada vez está más claro que los gobiernos deben aprender las lecciones correctas de nuestra respuesta colectiva a la pandemia de COVID si vamos a lograr este objetivo compartido».
Resumen: La Investigación, el desarrollo y la producción pública de Car-T en España y en Europa se encuentran en un momento crítico y muy comprometido. Pormenores técnicos de este procedimiento de Inmunoterapia; aspectos éticos que condicionan el respeto a los pacientes pero también a profesionales e Instituciones Públicas; la presencia de la Industria Farmacéutica y su deseo de patentar y apropiarse de este tratamiento como «producto» que pondría en peligro la accesibilidad y derechos de los pacientes han sido tratados a lo largo de esta conversación. La Exención Hospitalaria, por decidir en éstas fechas en el Consejo de Europa, parece la mejor solución a todas las amenazas que ponen en peligro la Salud de los pacientes que precisan de éste procedimiento para vencer su enfermedad a un precio justo, en Europa y en todo el Mundo.
Resumen: Esma Kicukalic en el digital valenciano «Plaza» teje un artículo sobre la inequidad del acceso a los medicamentos contando con destacadas figuras muy significadas en este campo: Juan José Rodriguez Sendín, Presidente de AAJM, entre ellos. Damian Caballero, PLAFHC; Irene Bernal, Salud por Derecho; Carlos Solano, Jefe de Servicio de Hematología H. Clínico de Valencia; Encarna González, afectada por fibromialgia; Carlos Tornero, especialista en dolor del Hospital de la Malvarrosa; Ildefonso Hernández, Salubrista de la U. Miguel Hernández y Salvador Peiró, Epidemiologo e investigador en Fisabio Salud Pública.
Madrid, 15 de
diciembre de 2023.-
La Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) condena los asesinatos
indiscriminados de inocentes en Gaza que son un auténtico holocausto, así como
la tortura a la que el Gobierno de Israel está sometiendo al pueblo palestino
por falta de agua, alimentos, medicamentos y atención sanitaria, lo que supone
una falta de cumplimiento de las mínimas normas del Derecho Internacional
Humanitario. El Estado de Israel tiene
derecho a defenderse de la barbarie terrorista de Hamas y, con ello, a
responder a los viles y macabros asesinatos del día 7 de octubre de 2023, que
la AAJM también condena y cuyos autores deben ser encontrados, detenidos y castigados,
pero en ningún caso, se puede justificar el asesinato indiscriminado de
palestinos.Hay que recordar que el
pasado 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que la ONU llevo a cabo como respuesta al Holocausto nazi
contra el pueblo judío. La memoria de aquel horror, que debemos tener siempre
presente, no justifica lo que el Gobierno de Israel está haciendo contra miles
de niños, mujeres y ancianos en Gaza. Esta situación provocada por
el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino en Gaza atenta contra todo lo
imaginable y es impropia de un estado democrático. Aunque se justifique
con distintos argumentos, e independientemente que un día se conozcan las
razones e intereses que hubo detrás del origen de este terrible conflicto,
constituye un asesinato programado e indiscriminado de inocentes.A los palestinos se les está
sometiendo a tortura por falta de agua, alimentos, medicamentos y atención
sanitaria, además de que se arrasen sus viviendas. El Gobierno de Israel los
mueve a conveniencia de un lado para otro y les siguen bombardeando sin piedad,
arrinconándolos como si de una cacería se tratara y sin salida posible.Esta situación provoca una
indescriptible rechazo como la provocaron los terribles asesinatos perpetrados
por el grupo terrorista Hamas. No hay que olvidar que el problema no se originó
el día anterior y que detrás hay muchas causas y humillaciones, años de dolor,
muertes, sufrimiento, aislamiento y robo permanente de territorios palestinos con
la tolerancia del Gobierno de Israel y la impotencia de las Organizaciones
Internacionales.La política de tierra quemada
del Gobierno de Israel merece el mayor de los rechazos. Sin embargo, algunos
países democráticos y supuestamente civilizados, lejos de intervenir para
detener ese holocausto palestino, son colaboradores pasivos de la situación,
están sometidos no solo a los intereses geoestratégicos que marca EEUU, sino a
intereses económicos globales donde la influencia de Israel es decisiva.Por todo ello, la Asociación
por el Acceso Justo al Medicamento condena sin paliativos el abominable
atentado del grupo terrorista Hamas que no pueden justificar las matanzas que
está perpetrando el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino y se suma a
la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado 12 de
diciembre que pidió un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza.Además, la Asociación por el
Acceso Justo al Medicamento exige una solución digna para el pueblo palestino
que debe comenzar con el reconocimiento de su identidad y la construcción de un
Estado independiente, Palestina, en el que se respeten tanto sus derechos como
sus territorios. Sólo de esta forma se podrá lograr una convivencia pacífica
estable que permita vivir libres y con dignidad a judíos y palestinos.DOCUMENTO
Resumen: Tres años en las redes y 25 números publicados. laRevista AJM en ésta ocasión con tres editoriales: J. José Rodriguez Sendín felicita al nuevo equipo en el Ministerio de Sanidad. Fernando Lamata recuerda estos tres años de publicaciones y la Comisión de Redacción nos sitúa ante la grave Crisis Humanitaria provocada a la población de la franja de Gaza. La sobreprescripción de psicofármacos en la infancia y adolescencia; la transparencia en la investigación; sobre el reparto de los pagos interesados de la Industria a diestro y siniestro y un resumen del Acto de Entrega de los Primeros Premios de AAJM conforman el cuerpo de este número de laRevista
Autor: Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la AAJM.
Estaba escribiendo los primeros párrafos de esta editorial, dedicada a la nueva cúpula del Ministerio de Sanidad, cuando leo con extraordinaria satisfacción el anuncio de la creación de una empresa farmacéutica pública. La primera reacción ha sido ¡ya era hora¡ Conocíamos la idea, que compartimos, gracias a un artículo publicado por Javier Padilla en nuestra revista AAJM.
Decía ¡ya era hora¡ por considerar, por ejemplo, que las administraciones sanitarias encabezadas por el Ministerio de Sanidad deberían buscar y mantener como objetivo prioritario, el liderazgo sobre la agenda de I+D en terapias avanzadas basada en las necesidades en salud de la sociedad. Impidiendo así que se antepongan los intereses comerciales de las grandes corporaciones farmacéuticas, al interés general del Sistema Sanitario y a la salud de los ciudadanos. Las patentes y con ellas la falta de competencia y el control absoluto del mundo farmacéutico que impiden un desarrollo trasversal rápido y justo para obtener el máximo de beneficios en salud.
Primero manifestar nuestra felicitación y mejores deseos tanto para Monica Garcia como para Javier Padilla y sus equipos para alcanzar los mayores logros en su gestión y a los que ofrecemos nuestra más leal colaboración y apoyo. Ministra y secretario de Estado conocen bien la AAJM así como lo que pensamos con el único objetivo de defender y proteger los intereses de salud de los españoles y del SNS. A pesar de lo cual, queremos dejar una vez más constancia de ello trasladando propuestas que consideramos de interés.
Las patentes se han convertido con el tiempo en la cobertura legal del sistema más perverso de trasvase de dinero público a las arcas privadas y en consecuencia de retirada de recursos en prestaciones sociales y sanitarias para aquellos que las precisen. Son la principal causa de los graves problemas de acceso a medicamentos esenciales en países pobres y de la hiper medicación que ocurre en los países ricos Es un sistema siniestro que genera problemas de acceso y de exceso simultáneamente, perjudicando a millones de pacientes y causando un enorme gasto innecesario.
Buena parte de los problemas que plantea la gestión del medicamento y la prescripción médica tienen solución en las medidas propias y regulaciones legislativas que puede adoptar cada Estado dentro de la UE. Dejarlo todo a los cambios legislativos que pueda promover la UE es una dejación de funciones e irresponsabilidad. España precisa cambios legislativos importantes en la actual Ley del medicamento hoy claramente insuficiente para responder, ordenar y racionalizar todos los problemas relativos al mismo. La AAJM proponemos y exigimos “adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del SNS y profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico”.
En relación a los comportamientos de los profesionales
El médico que participa en investigaciones o en estudios farmacológicos patrocinados por la industria farmacéutica debe informar según proceda de sus vinculaciones con la misma, mediante la correspondiente declaración de intereses.
El investigador debe publicar con plena libertad los resultados obtenidos, independientemente de que los mismos sean favorables o no desde la perspectiva de la empresa patrocinadora. En la investigación de un medicamento debe ser necesario evaluar y conocer (además de la eficacia vs. placebo) la efectividad y coste/efectividad frente a fármacos previamente existentes para la misma indicación. El médico que realiza formación o información como experto deberá comunicar su vinculación con la industria sanitaria, cuando la hubiere, mediante la correspondiente declaración de intereses.
El uso inapropiado de medicamentos y la incorporación a la práctica clínica de medicamentos innovaciones de valía no comprobada, expone a los pacientes a procedimientos inútiles, contraproducentes, peligrosos, y supone un coste superfluo que amenaza la sostenibilidad de los Sistemas de Salud. Es preciso introducir estrategia que mejoren la calidad de la prescripción y disminuyan los riesgos por mal uso de los medicamentos. La prescripción de medicamentos en el ámbito público se deberá realizar por principio activo y el farmacéutico deberá dispensar el medicamento de precio más bajo para su agrupación homogénea. Se deben introducir medidas para la reducción de efectos adversos de medicamentos y la reducción de la prescripción de medicamentos no necesarios. Así como mejorar la evaluación de la prescripción y la introducción metodologías de des prescripción especialmente en personas mayores.
Para cumplir estas obligaciones el Estado y las administraciones sanitarias, tiene el deber de asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público y por tanto de racionalizar el gasto. Para ello, entre otras cosas, debe cumplir con su deber de vigilancia, supervisión, optimización y control del gasto farmacéutico.
Una prescripción adecuada, un “uso racional” de los medicamentos, solo podrá garantizarse con una formación independiente de los profesionales y un patrocinio público de las guías clínicas y de la investigación. Mientras este normalizado y se permita el pago de la formación, las guías clínicas, las cátedras de patrocinio, fundaciones, congresos, las sociedades científicas y publicaciones, etc., y se permita la percepción de incentivos económicos por parte de la industria a los profesionales sanitarios, la prescripción estará sesgada inevitablemente y contribuirá a producir efectos adversos evitables y un aumento del gasto sanitario inútil y perjudicial.
Para garantizar la independencia de los médicos y de las asociaciones de pacientes, deberá garantizar la financiación pública de las actividades de formación e investigación de los profesionales sanitarios, así como de las asociaciones de pacientes con interés social. Todas las Guías Clínicas y otros Protocolos Oficiales que orienten el comportamiento clínico de los profesionales en el sector público, deberán ser de financiación pública.
En relación con los conflictos de interés es necesario establecer un código de incompatibilidades cuyo incumplimiento tenga consecuencias.
El médico debe manifestar de forma exhaustiva, con claridad y transparencia sus potenciales conflictos de intereses cuando participa en actividades de formación, científicas o de investigación. Se debe prohibir y penalizar el ofrecimiento de incentivos económicos desde la industria farmacéutica a personas que tengan que tomar decisiones en la aprobación de medicamentos, fijación de precios, prescripción tanto pública como privada, etc. Esto incluye a los expertos o profesionales que sean consultados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o que formen parte de sus comisiones y paneles.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debe ser financiada con presupuesto público, evitando la dependencia de las empresas a través de sus pagos por informes, etc. La recaudación que por cualquier motivo o servicio tenga la Agencia pasara a ingresar en la hacienda pública.
La pertenencia al Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS será incompatible con la percepción, directa o indirecta, de cualquier cantidad económica desde la industria farmacéutica (proyectos de investigación, asesoría, consultoría, docencia, participación en cursos, publicaciones, etc.). Los cargos públicos relacionados con el medicamento no puedan ser contratados por empresas del sector farmacéutico hasta cinco años después del desempeño de su cargo.
En relación a la gestión del medicamento sugerimos como necesario que:
El modelo actual de fijación de precios de los medicamentos protegidos por patentes además de opaco es altamente lesivo para los ciudadanos e insostenible económicamente para los sistemas públicos de salud.
La reducción del tiempo de exclusividad de datos y de comercialización (monopolio), para acelerar la entrada de genéricos y biosimilares, bajar los precios, y lograr medicamentos asequibles para los pacientes y los servicios públicos de salud. En la actualidad el tiempo de protección de monopolio (exclusividad de datos y de comercialización) es excesivo. Lo cual tiene una amplia gama de consecuencias negativas. Y con ello la necesaria centralización de compras de medicamentos genéricos mientras no sea posible que el SNS disponga de una industria farmacéutica nacional publica o publica privada que garantice su suministro al mejor precio.
Es necesario la creación de Licencia Obligatoria europea y suspensión de la exclusividad de datos.
Exigir transparencia en todos los costes de I+D y de fabricación, así como en los precios, de manera que los países y la UE tengan información suficiente para poder negociar precios justos, cercanos al coste.
Lograr que todos los productos que se desarrollen con financiación pública deben tener condiciones, como la atribución de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) a la Institución Pública, la obligación de transferencia de know how y tecnología, y los precios cercanos a los costes.
La creación de una Infraestructura Europea de Medicamentos, para el desarrollo de I+D y la producción de medicamentos, en línea con la propuesta del Panel STOA del Parlamento Europeo.
Poner en marcha mecanismos para conseguir un precio justo y razonable de los medicamentos fortaleciendo las decisiones del Gobierno para conseguir este objetivo desde la independencia, claridad y transparencia.
Políticas que fortalezcan la I+D pública de medicamentos, terapias y vacunas, asegurando su administración dentro del SNS y la producción propia de dichas terapias con las garantías y controles necesarios.
Que las terapias con resultados prometedores para curar enfermedades, como están siendo las CAR-T académicas, desarrolladas en España en los centros públicos, deben poder consolidarse dentro del SNS, así como priorizar su uso dentro del mismo. Es preciso modificar la legislación necesaria para permitir la autorización y la producción de estas terapias en el ámbito público. Sin olvidar la financiación suficiente de la investigación inicial hasta la producción y la administración de las terapias en su fase final.
Sabemos que lo propuesto no es tarea fácil, pero ningún camino es posible si no se comienza y se hace desde el principio. Esperamos que en una próxima reunión podamos presentar nuestras propuestas a la ministra y la cúpula ministerial. Mientras le deseamos toda la suerte del mundo.
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