Revista 49, Junio – Julio 2026
Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo.
Inspector farmacéutico del SNS jubilado. Vicepresidente de la AAJM. Exjefe de Área de Farmacia del Sescam.
El 25 de junio asistimos a la última intentona del Ministerio de Sanidad para blindar por Ley el secreto del precio de los medicamentos que paga el Estado a los laboratorios farmacéuticos, aprovechando esta vez una norma sobre cribado neonatal. Y como en toda tropelía que se precie, se justifica por nuestro bien y por el del SNS y su urgencia por tratarse de un caso de fuerza mayor (el riesgo, inventado, de desabastecimientos y los supuestos retrasos en la comercialización de los medicamentos por las políticas de Donald Trump).
Que es un caso de fuerza mayor, para mí es evidente: en España Farmaindustria hace lo que le da la gana con este Ministerio de Sanidad al servicio del más fuerte, para el que se me han acabado los calificativos con los que describirlo y que aún tienen la desvergüenza de poner como pantalla la cara de Trump para ocultar las de los lacayos.
Para quien no sepa de lo que va la cosa, y para todos los predispuestos a creer que Trump es culpable de todo lo que le culpen, que son multitud, el argumento desde luego que es contundente, pero en este caso es absolutamente falso, porque es imposible evitar que Tump conozca, si quiere, el precio que se paga en las facturas de compra de medicamentos en todos los hospitales del SNS. Sólo nos roban ese derecho de transparencia a los ciudadanos, para regocijo y provecho de las multinacionales farmacéuticas que llevan años reclamándolo, porque como es de sobra conocido, se mueven a su antojo pescando en las redes oscuras.
La decepción con este Ministerio de Sumar, no ha podido ser más honda:
Se estrenaron con el infumable Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, que nos dijeron que era herencia recibida, aborrecieron Revalmed y los IPTs que eran la pesadilla de Farmaindustria, han parido un modelo de evaluación alternativo a imagen y semejanza de los intereses de Farmaindustria y los economistas de la salud que pueblan sus consultoras y viven de sus migajas y que debe provocar un orgasmo a Farmaindustria cada vez que lo lee.
Ahora nos presentan un proyecto de RD de financiación y precios que se olvida de los costes mientras arropa la fijación del precio con todas las formas imaginables para cuantificar el valor, que ya declara la confidencialidad del precio, de ahí la urgencia de que una ley lo ampare, que generaliza los precios notificados a todos los medicamentos cuando se dispensen fuera de la financiación pública, es decir que si lo compramos con una receta privada, van a poder cobrarnos un PVP más caro que si lo compramos con una receta del SNS, que los famosos precios dinámicos son de vida efímera, hasta la incorporación de la agrupación homogénea al SPR, o sea un nanenino que diría mi madre, que nada se sabe del umbral de bajada del precio inicial de los medicamentos competidores (y la Ministra diciendo que vamos a ahorrar 1.600 millones en los próximos cinco años), que los medicamentos genéricos se renombran como medicamentos competidores, que a la vista del articulado lo serán, competirán en todo menos en precios, y finalmente, que es tan complejo y minucioso en su redacción, especialmente en todo lo que más interesa a la industria, que estoy convencido que las tres cuartas partes del texto, si no más, lo han elaborado ellos.
Y ya nos amenazan con llevar en julio la Ley del medicamento al Congreso, porque visto lo que conocimos en información pública y lo que están haciendo con lo demás, la posibilidad de que Farmaindustria imponga sus intereses y gane por goleada es prácticamente segura.
Y eso en menos de tres años.
Jamás imaginé que el Ministerio de Sanidad, en el que Farmaindustria siempre se ha movido como si fuera su casa, pudiera hacer tanto daño al SNS y a los ciudadanos en materia farmacéutica y con el precio de los medicamentos.
Y después volverán a camuflar a sus peones detrás de una pancarta simulando defender la sanidad pública, volverán a culpar a las maniatadas CCAA del aumento desbocado del gasto farmacéutico y a reclamar más y más financiación para poder pagarlo, en una espiral que conduce inevitablemente a la asfixia económica del SNS, al descontento de los profesionales, a la huida de los ciudadanos (que pueden) hacia la sanidad privada por las esperas inhumanas a las que se los somete por la escasez de recursos que roba el precio por valor de los medicamentos (con tendencia al infinito) y finalmente a la privatización del sistema sanitario.
Y cuando eso llegue, no seré yo quien levante la voz. El momento es ahora que el latrocinio está en marcha, pero aún no plenamente consumado, y los responsables tienen nombre y apellidos.