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OTRAS FUENTES. No necesitamos monopolios de patentes otorgados por el gobierno para financiar el desarrollo de fármacos.

Revista Nº 17 – Enero 2023

AUTOR: Dean Baker

Centro de Investigación Económica y Política. 14-12-2022.

En este artículo Den Baker nos señala de nuevo que es posible una alternativa al modelo actual de patentes y precios. Es factible: «deshacerse de los monopolios de patentes de medicamentos» y  como afirma a continuación: » sería un gran factor para reducir la desigualdad, ya que no estaríamos vaciando los bolsillos de los trabajadores comunes para crear más multimillonarios de Moderna.»
 
Tuve un intercambio con un viejo amigo en Mastodon (sí, ahora estoy allí @ deanbaker13@econtwitter.net ), en el que argumenté que la mejor manera de obtener alternativas al sistema de patentes actual era tener ejemplos de éxito. Medicamentos desarrollados sin depender de monopolios de patentes. Por supuesto, hay grandes ejemplos históricos, como el desarrollo de la insulina como tratamiento para la diabetes o la vacuna contra la polio, pero sería bueno tener uno del siglo actual.
 
El ejemplo más obvio, que realmente merece mucha más atención de la que está recibiendo, es la vacuna Covid desarrollada por Peter Hotez y Maria Elena Botazzi en el Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital. Esta vacuna se desarrolló utilizando subvenciones de millones de un solo dígito. A diferencia de las vacunas de ARNm desarrolladas por Pfizer y Moderna, utiliza una tecnología establecida desde hace mucho tiempo. También es completamente de código abierto; la tecnología es totalmente pública y no existen patentes u otras restricciones que impidan su fabricación en cualquier parte del mundo.
 
La vacuna, llamada Corbevax, es barata y fácil de producir, cuesta menos de $2 por inyección. Por el contrario, Pfizer y Moderna cobraron cerca de $20 por inyección para la ronda inicial de vacunas. Están buscando cobrar considerablemente más por las siguientes rondas de refuerzo. Esto a pesar de que el gobierno de EE. UU. pagó cerca de 900 millones de dólares por el desarrollo y las pruebas de la vacuna de Moderna, además de apoyar el desarrollo de la tecnología de ARNm durante décadas.
 
Al igual que las vacunas de ARNm, Corbevax es muy eficaz para prevenir enfermedades graves y la muerte. Se ha administrado a más de 70 millones de personas en la India y también se está utilizando en varios otros países en desarrollo.
 
Corbevax es un ejemplo importante de una vacuna que se desarrolla sin necesidad de monopolios de patentes otorgados por el gobierno. Para ser claros, los investigadores médicos necesitan ser compensados por su trabajo. No podemos contar con todos los investigadores tan dedicados como los doctores Hotez y Botazzi en su compromiso de proteger la salud del público.
 
Sin embargo, es absurdo imaginar que no podemos lograr una investigación efectiva sin el atractivo de las grandes riquezas que promete el sistema actual. (La vacuna de Moderna creó al menos cinco multimillonarios). Ya contamos con los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que producen excelentes investigaciones pagando a las personas salarios decentes, pero no acuñando multimillonarios.
 
La mayor parte de la financiación de los NIH se destina a la investigación más básica en lugar de desarrollar medicamentos o vacunas, pero en principio no hay ninguna razón por la que el dinero público no se pueda utilizar para la investigación posterior, así como para la investigación básica. Podríamos estructurar un sistema de manera diferente para la investigación posterior. He abogado por contratos a largo plazo, similares a los que usa el Departamento de Defensa para desarrollar sistemas de armas, que estarían sujetos a revisión/renovación periódicamente (ver Rigged , capítulo 5 [es gratis]).
 
Si bien la estructura específica es importante (queremos asegurarnos de que un sistema financiado con fondos públicos funcione de la manera más eficiente posible), la cuestión clave es establecer la posibilidad de una alternativa al monopolio de patentes que financia el desarrollo de fármacos. Con este fin, necesitamos más hechos sobre el terreno. Necesitamos, uno, dos, muchos Corbevaxes.
 
Sam Bankman-Fried hizo famosa la «filantropía efectiva», ya que regalar dinero a buenas causas era la justificación ostensible de la criptoestafa multimillonaria que estaba operando. No está claro si realmente hay filántropos efectivos entre la clase multimillonaria. Pero, si tal criatura existe, difícilmente podría haber un mejor uso de su dinero que demostrar la viabilidad del desarrollo de fármacos de código abierto financiado directamente. Si el próximo gran fármaco contra el cáncer se vende por unos cientos de dólares, en lugar de unos cientos de miles, será difícil ignorarlo.
 
Al final del día, por supuesto que necesitamos que los gobiernos paguen la cuenta, pero los ahorros potenciales son enormes, tal vez tanto como $ 400 mil millones al año ($ 3,000 por familia). Deshacerse de los monopolios de patentes de medicamentos también sería un gran factor para reducir la desigualdad, ya que no estaríamos vaciando los bolsillos de los trabajadores comunes para crear más multimillonarios de Moderna.
 
Pero lo más importante, los nuevos medicamentos serían baratos. Las personas en los Estados Unidos y en todo el mundo podrían comprar medicamentos vendidos a precios de mercado libre, en lugar de precios de monopolio de patentes. Y, eso sería genial.
 

OTRAS FUENTES -El Gasto Farmacéutico se dispara en España: «El exceso de precios de los nuevos medicamentos es abusivo»

Revista Nº 17 – Enero 2023

Autor: José Carmona

Diario Público 29-01-2023

En este artículo de José Carmona se exponen datos sobre el crecimiento del gasto farmacéutico en
nuestro país. El autor señala como desde el 2014 se ha producido un aumento en el gasto
farmacéutico total del 25,45%.
Fernando Lamata compara este incremento con el impacto en la financiación de la atención
primaria si se hubieran dedicado los 616 millones de euros de exceso a la contratación de
profesionales.

En 2012, el hospital Sloan Kettering de Nueva York, uno de los centros de Estados Unidos más importantes en el estudio y cura para el cáncer, rechazaba incorporar el medicamento Zaltrap entre sus quimioterapias habituales. El motivo que esgrimía el presidente del comité de farmacia de la institución fue contundente y preocupante: «A causa del precio».

El precio de los medicamentos se ha disparado desde hace años y su crecimiento ha sido imparable y en muchos casos, incontrolable. Durante la pandemia del coronavirus se comprobó cómo, antes de la aparición de curas específicas y vacunas, medicinas que costaba producir apenas seis euros se vendían por 2.000 euros.

En España, desde 2014 el coste que asumen las consejerías de Sanidad ha aumentado consierablemente. Desde 2014, se ha pasado de gastar 9.627 millones de euros en total a 12.173 millones, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Un incremento del 26,45% en número absolutos.

Las comunidades donde el gasto en medicamentos es más alto es en Andalucía (2.191 millones de euros), Catalunya (1.665 millones), Madrid (1.494 millones) y Comunidad Valenciana (1.455 millones). A la cola, Navarra (153 millones de euros), La Rioja (78 millone) y Cantabria (166 millones). En mayor o menos medida, el aumento se ha producido en todas las regiones de España.

Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), profundiza en la raíz de que este gasto aumente año tras año, que limita los presupuestos de las Comunidades Autónomas: «Se gasta más en medicamentos que en todo el resto de gastos de Atención Primaria. Entre noviembre de 2021 y 2022 ha aumentado un 5%. Eso son 616 millones en gasto farmaceútico ambulatorio en España. Es lo que costaría contratar a 6.000 médicos«, asegura.
 
Además, Lamata habla de un círculo vicioso que engancha el aumento de precios con los malos diagnósticos: «Hay falta de recursos en Atención Primaria y eso termina en recetas de forma excesiva. A falta de tiempo, más recetas. El otro circulo vicioso es que el exceso de precios de los nuevos medicamentos, que lleva a un beneficio abusivo de la industria farmacéutica».
 
Un informe de la universidad de Liverpool aseguraba en 2015 que las compañías cargan entre 300 y 600 veces el coste de fabricación, tal y como recoge el libro Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? Las patentes y las limitaciones que estas imponen permite a las empresas poner los precios que consideren y los Estados solo pueden negociar a partir de esa tarifa que ponen de salida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en la última década los precios de los medicamentos oncológicos, por ejemplo, se han duplicado.
 

El Sistema Nacional de Slaud necesita una refundación.

Autor:  Fernando Lamata

Resumen:  La situación de nuestro Servicio Nacional de Salud está siendo puesta en evidencia en los últimos meses tanto por los profesionales, en diversos tipos de manifestación, como por los ciudadanos que así lo expresan en el último Barómetro Sanitario del CIS. La expresión es unánime, nuestro Sistema de Salud no nos está atendiendo como es debido sobre todo desde la Pandemia pasada. Tampoco cuida y defiende a los profesionales que lo integran y que han sido siempre su mejor valor. Desde la pasada crisis de 2010 el Sistema está deficientemente financiado. A lo que se añaden la peculiaridad de nuestro modelo de gestión descentralizado y responsabilidad por Comunidades Autónomas no siempre suficientemente coordinadas, evaluadas y reconducidas. Iniciativas privatizadoras como las Concesiones y Externalizaciones poco eficientes y que difuminan aún más la responsabilidad por lo público. Junto al inexplicable aumento del Gasto Farmaceutico, por un consentido procedimiento de fijación de precios, que viene a agravar la falta de financiación y resta posibilidades de inversión.
El autor tras el análisis reclama: mayor atención, refundación y mejoras… o «la criatura se muere».

LEER NOTICIA

ES PRECISO, Y ES POSIBLE, UN NUEVO ENFOQUE EN LA POLITICA FARMACEUTICA

Autor:  Fernando Lamata

Resumen:   Aspectos importantes de la política farmacéutica (como la investigación, la formación de los profesionales, los precios, etc.) son controlados por la industria gracias a los beneficios abusivos y la capacidad de presión que les otorgan los monopolios de las patentes concedidas por los gobiernos. Es preciso y es posible cambiar de modelo, suspendiendo las patentes de medicamentos, promoviendo una investigación y formación independiente y garantizando precios justos en todo el mundo.

DOCUMENTO

Solicitud de cita con la Comision Especial para el  Covid-19 del Parlamento Europeo.

Autores:  AAJM, Medicos del Mundo, European AIDS Treatment Group, Global Health Advocates, WEMOS (Heealth Uniited), Prescrire.

Resumen: Las Asociaciones firmantes, miembros de la Alianza Europea por la Salud y la I+D Responsable , ante la evolución de los trabajos de la Comisión Especial para el Covid-19 muestran su preocupación por la falta de abordaje de aspectos tan relevantes como la fianciazión de la investigación, evaluzación de la eficacia de los nuevos medicamentos, costes financieros y transparencia en las nuevas reglas de Politica Farmaceutica y Tecnologias Sanitarias.

CARTA ORIGINAL – TRADUCIDA

CORREO ORIGINAL – TRADUCIDO

Monopolios y Patentes de Medicamentos. El caso del COVID-19

Autores:  Fernando Lamata. Serapio Severiano. ( Modera: Carmela Moya, Presidenta del Instituto Médico Valenciano )

Resumen: Un repaso a los impedimentos y dificultades que suponen las patentes contra la accesibilidad a los medicamentos y el efecto nocivo para la salud de las personas en situacion más desfavorecida. La evidencia con motivo da la reciente pandemia. Los  falsos mitos de la investigación y el «valor de los resultados» y su repercusion en los desmesurados precios. Papel de los profesionales.
Todo ello desarrollado bajo un guión que facilita la intervencion de ponentes y la participación de los asistentes.

Guión del contenido

INTERVENCIONES GRABADAS

La falta de transparencia y equidad, problemas acuciantes de la política farmacéutica presente e inmediatamente futura.

Resumen:  En éste número bimensual, Noviembre-Diciembre, laRevistaAAJM  se presenta con un Editorial  donde llama la atención sobre la falta de transparencia y equidad que dominan la actual política farmacéutica en todo el mundo.
Recogemos un primer artículo donde Jaime Manzano expone el problema de la falta de antibióticos eficaces y las resistencias a los mismos.
A continuación un  recuerdo al Encuentro celebrado en el Ateneo de Madrid donde se analizo el proyecto de nueva Ley del Medicamento en España.
En otro articulo se resume otro Encuentro organizado por la plataforma No es Sano con el mismo tema de fondo y distintos puntos de vista y expertos.
Cierra esta terna de mesas de análisis la dedicada a la nueva Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.  Completa el contenido varios artículos de otras fuentes en Europa, America del Norte y America Latina.

NOTA DE PRENSA

¿Avanzamos en transparencia?

AUTOR:Roberto Sabrido Bermúdez

Médico. Máster en Administración de Servicios Sanitarios, gerente del SESCAM 2001-2005, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha 2005-2008, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2008-2012, miembro de la Comisión Editorial de la Revista AJM.

EDITORIAL. REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Como dice el propio Gobierno en su nota de presentación “se trata de una norma que permitirá regular por primera vez en España las actividades de los también conocidos como lobbies en sus relaciones con la Administración General del Estado y su sector público”.
 
En España existe ya un Registro de Lobbies que se inició en el año 2016, pero es un Registro muy limitado que sólo es de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y en el que se inscriben de manera voluntaria las entidades que quieran tener contacto con la CNMC.
 
En el texto del anteproyecto se contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se especifica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal.
 
Creo que esta norma, que ya veremos a ver cómo y cuándo se acaba aprobando en las Cortes Generales, es sin duda un nuevo, aunque tardío, avance en las políticas de transparencia ya que, en principio, clarificará las condiciones y las formas bajo las cuales se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados de la Administración General del Estado que intervengan en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas y en su aplicación.
 
Un aspecto importante, ya veremos a ver cuánto, es que esta Ley puede poner un poco más de trabas a las “puertas giratorias”, que tan frecuentes han sido y son en la industria farmacéutica, donde algunos altos cargos de los Gobiernos (de todos los colores), al cesar en su puesto han pasado casi inmediatamente a formar parte de alguna empresa farmacéutica. El anteproyecto establece que los altos cargos que hayan participado en la toma de decisiones que han afectado a redacciones normativas o desarrollo de políticas públicas sobre un sector estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban.
 
Otro aspecto, para mí muy destacable de este anteproyecto, es que se introduce un sistema de huella normativa, que consistirá en dejar constancia en la memoria de análisis de impacto normativo, de los cambios introducidos en una disposición por una actividad de lobby de personas físicas o jurídicas.
 
Parece que podemos ir avanzando algo, pero evidentemente no al ritmo que sería deseable.
 
Como hemos comentado anteriormente, cuando se apruebe esta Ley será la primera de estas características existente en España, pero en la Unión Europea, y a los efectos de relación con la Comisión Europea, la regulación y registro de lobbies o grupos de cabildeo, sino utilizamos el termino anglosajón, se empezó en el año 2008 y desde entonces hay una gran actividad de grupos de cabildeo, quizá demasiados, ante la Comisión Europea.
 
Según un informe presentado en 2019 por las ONGs Corporate Europea Observatory (CEO), por OMAL-Paz con Dignidad y Ecologistas en Acción, en Bruselas trabajan gran cantidad de lobistas que están al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión. Se relatan en este informe los tipos de lobbies: grandes empresas, grupos de presión del sector privado (asociaciones empresariales, grupos multisectoriales) , oenegés, bufetes de abogados, think tanks o laboratorios de ideas.
 
Se hace también, en este informe, un ranking sobre los que más gastan en acciones de lobby, y en él aparece en séptimo lugar la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas(EFPIA) con un gasto de 5.528.906 euros, a fecha de 1 de junio de 2017. Hay que reseñar que este dato es como Federación y no incluye lo que gasta de forma individual cada empresa farmacéutica.
 
Así, según un estudio de Corporate Europe Observatory, del 31 de mayo de 2021, en base a las actualizaciones anuales del Registro de Trasparencia de la U.E., más de 40 empresas farmacéuticas informan que gastan hasta 25,3 millones de euros anuales en cabildeo. A esto hay que sumar 10,7 M de euros anuales que gastan los grupos de presión de este tipo de compañías y otros 14,9 M que van a consultorías de los grupos de presión. También aparece en el estudio que las multinacionales farmacéuticas cuentan con 290 lobbistas en Bruselas. Como se puede comprobar, con estas cifras es difícil que los grupos de la sociedad civil puedan competir.
 
Es de suponer, por lo tanto, que una vez legislado en España, la patronal farmacéutica y empresas asociadas a la misma sean uno de los lobbies más importantes que figuren en el Registro Nacional.
 
No obstante, esperaremos a ver cómo se desarrolla este Registro en España, ya que según un informe de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) del año 2014 en relación a este tema en España se dice que “sin embargo, a pesar de que muchos agentes actúan como tal, rechazan la etiqueta de lobby, quizá como un proceso peyorativo que se asocia a la corrupción y al compadreo, y porque hasta ahora en nuestro país no existe regulación”.
 
Demos por tanto la bienvenida al intento de regulación de estos temas en nuestro País, algo más conoceremos, aunque sea para cumplir las recomendaciones de la OCDE que reclama un marco regulatorio que garantice la trasparencia e integridad de quienes aspiran a influir en la Administración.
 
Pero por otra parte este anteproyecto también se queda corto ya que no obliga a las Comunidades Autónomas ni a las Corporaciones Locales. Algunas CCAAs tienen algo legislado, aunque no muy completo en relación con los grupos de presión, y sería bueno que también se pudiese saber qué hacen los grupos de presión a nivel Autonómico ya que no en vano al final son las que pagan la gran parte de la factura farmacéutica.
 
Por otro lado, aunque se trate de un ligero avance, no deja de ser paradójico que se hable de leyes de trasparencia a nivel nacional y europeo y todavía no se pueda conocer públicamente las condiciones de financiación del medicamento incluido el precio, es decir, seguimos sin saber cómo se negocia con el dinero recaudado de nuestros impuestos, a pesar de, como se ha puesto de manifiesto incluso en editoriales de prensa general, “los expertos y las sociedades médicas reclaman acelerar la entrada de nuevos medicamentos pero de la mano de una mayor trasparencia sobre los procesos de decisión y financiación. Trasparencia que debería extenderse a los contratos entre gobiernos y farmacéuticas, demasiado opacos para unos medicamentos pagados por los presupuestos públicos”.
 
La trasparencia y el interés público deben prevalecer en la fijación del coste de los fármacos del Sistema Nacional de Salud.
 
Pero creo que no solo es que avancemos poco, sino que incluso retrocedemos, ya que actualmente el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno avala, en contra de su anterior criterio, que los precios de los medicamentos puedan permanecer como confidenciales en cumplimiento de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Postura esta que coincide con la que siempre ha tenido el Ministerio de Sanidad que desde un principio ha justificado esta confidencialidad.
 
Recientemente también, el Tribunal de Cuentas Europeo, el pasado mes de septiembre, publicó de auditoría sobre la adquisición de vacunas de la COVID en la U.E., en la que se reconoce que no ha tenido acceso a la documentación sobre todo lo relacionado con la negociación para definir el precio y el volumen a adquirir, lo cual ha limitado enormemente su trabajo.
 
También la Fiscalía de la U.E. ha confirmado que tiene abierta una investigación sobre la adquisición de Vacunas COVID-19 en la Unión Europea.
 
Pero no nos quejemos ya que todo esto es por nuestro bien. La propia Farmaindustria recoge en su página web que “el único fin que tiene la confidencialidad de los precios es maximizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores. Permite que cada país consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias, en equilibrio con el necesario retorno económico para las compañías farmacéuticas”.
 
Por lo tanto, gracias a nuestros Gobiernos y a la industria no se avanza más en trasparencia para no perjudicarnos, así pues, no os quejéis, quejicas que sois unos quejicas.
 

Innovación en antibióticos y la necesidad de cambio en el sistema

AUTOR: Jaime Manzano. Técnico de Incidencia e Investigación en la Fundación Salud por Derecho.

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

La resistencia a antibióticos (RAN) es un grave problema de salud pública, responsable solo en 2019 de 4,95 millones de muertes asociadas, de las cuales 1,27 millones fueron muertes atribuibles a la resistencia bacteriana a antibióticos (1). El desafío de las RAN no es solo una emergencia de escala mundial significativa, sino que principalmente afecta a los países de renta baja y media (PRMB), en los cuales se tiene 1,5 veces más probabilidades de morir a causa de la RAN (1). De no encontrar soluciones al problema, las estimaciones apuntan a 10 millones de muertes anuales para el año 2050 (2). En el contexto europeo se ha evidenciado una tendencia creciente en infecciones de bacterias resistentes a antibióticos entre 2016 y 2020 (3), estimándose 35.000 muertes cada año por RAN en Europa.

La necesidad de realizar iniciativas coordinadas ante desafíos globales ha sido una lección crítica que la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado (4). Para abordar esta creciente “pandemia silenciosa” de la RAN, considerada por la OMS como una de las amenazas más urgentes a nivel mundial (5), es necesario una combinación de estrategias mantenidas en el tiempo, entre las cuales el propio acceso a antibióticos innovadores supone un problema cada vez más alarmante.

Es reconocido ampliamente que la escala y complejidad de la RAN requiere una respuesta multisectorial, coordinada y global (6). De entre las muchas áreas relevantes para abordar este problema, la necesidad de nutrir la cadena de I+D de antibióticos innovadores para hacer frente a los patógenos prioritarios, ha recibido mucha atención (7). Los compuestos en fase clínica a nivel global, con solo 27 productos tradicionales dirigidos contra patógenos prioritarios, y pocos cumpliendo criterios de innovación, es considerada como insuficiente por la OMS para hacer frente al desafió de la RAN (8). Contar con antibióticos efectivos es un componente básico y necesario en la práctica clínica (9), pero se requiere que los esfuerzos sean realizados hacia las necesidades más apremiantes debido a la amenaza que presentan (identificadas en la lista de patógenos prioritarios de la OMS) y con las características y especificaciones mínimas necesarias (definidas por los perfiles objetivo de los productos de la OMS). Para esto se necesita una gobernanza global efectiva desde la I+D inicial basada en la evidencia y no dictaminada por los intereses de los financiadores, evitando que los recursos se centren principalmente en aquellas infecciones resistentes que afectan a los países ricos (como Clostridioides difficile) y se dejen más abandonadas aquellas que son más predominantes en el Sur global (como es el que caso de Shigella spp o Salmonella typhi). Esta gobernanza debe tener muy presente que, ante amenazas transfronterizas como la RAN, las necesidades son globales y el conocimiento detrás de soluciones innovadoras debe ser tratado como un bien público global.

La falta de soluciones eficaces contra las RAN aboca a la sociedad global a sufrir alarmantes costes a nivel de salud, desarrollo y económicos (10), creando dificultades para alcanzar los SDG (11). Garantizar el acceso a este nuevo arsenal terapéutico es necesario no solo para evitar la mortalidad debido a RAN, sino también porque la falta del mismo, por causas como los altos precios, así como barreras regulatorias o de los derechos de la propiedad intelectual (DPI), puede desembocar en un mal uso de las opciones ya existentes, contribuyendo así al desarrollo de RAN (12). Desde la introducción de los lipopéptidos en 1987, la cadena de innovación de antibióticos no ha vuelto a ser testigo de ninguna clase nueva de antibióticos. Mientras que la complejidad del proceso de I+D de los antibióticos explica en parte este fenómeno, el principal reto que distingue este vació del resto de áreas terapéuticas es la rentabilidad. Un nuevo antibiótico que sea

La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico, según expertos sanitarios

  • En 2022, el gasto público en medicamentos superará los 22.000 M€ que, a precios justos, debía de ser la mitad.
  • Es precisa una nueva Directiva Europea de Transparencia sobre el establecimiento de precios de los medicamentos.

AUTOR: Comisión de Comunicación de la AAJM

REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022

La nueva Ley del Medicamento debe profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico que continúa con un “aumento imparable” poniendo en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Un gasto que, en 2022, superará los 22.000 M€ y que, a precios justos y con uso racional del medicamento debía de ser la mitad.
 
Así lo pusieron de manifiesto expertos en sanidad en el Ateneo de Madrid en un debate organizado, el 15 de noviembre de 2022, por dicha institución junto con la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), en el que abordaron diversos aspectos de “La política del Medicamento” y propusieron modificaciones ante la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.
 
En debate participaron Soledad Cabezón, ex diputada del Parlamento Europeo; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la AAJM; Fernando Lamata, presidente de honor de AAJM; e Irene Bernal, responsable de políticas en acceso a medicamentos y política farmacéutica en Salud por Derecho. Alfonso Jiménez Palacios, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria actuó de moderador.
 
Las consecuencias sobre la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de la posición dominante de la Industria farmacéutica; transparencia sobre la financiación pública de medicamentos y fijación de precios; investigación clínica independiente; la irracionalidad de los problemas para el desarrollo de los CART en la investigación pública; independencia profesional, incompatibilidades y declaración de conflictos de interés fueron los temas abordados por los expertos.
 
Soledad Cabezón, centro su intervención en la fijación de precios y afirmó que “Los sistemas de salud de los Estados miembros de la Unión Europea pagan la factura farmacéutica pero la industria pone el precio de los medicamentos, aunque la competencia en el establecimiento de precios sea de los Gobiernos”. “Está claro -añadió- que hay algo que no funciona”.
 
La ex eurodiputada explicó que el precio de los medicamentos lo establece la industria según el “valor” que le da la industria al fármaco, aunque “no se conoce cuánto cuesta un bien tan esencial como el del medicamento”. Y añadió que “los medicamentos se someten al derecho de propiedad intelectual pero no entran dentro del derecho de la competencia como abuso de posición dominante y precios abusivos según la última interpretación de la Comisión Europea al no considerarlo un sector económico”.
 
Para Soledad Cabezón, es preciso una nueva Directiva Europea de Transparencia sobre el establecimiento de precios de los medicamentos que establezca unas reglas similares para todos los sistemas de salud de los Estados miembros, para que “la industria no decida dónde y cómo pone un medicamento en el mercado”.
 
Finalmente, afirmó que “vivimos una crisis de la energía, la cual fue liberalizada en la década de los noventa. El medicamento es un bien esencial para la vida de las personas que debe de ser garantizado y también necesita de esta regulación”. 
 
Fernando Lamata, presidente de honor de la AAJM, se refirió a aspectos de la política farmacéutica como prioridades de investigación, el control de la formación de los profesionales sanitarios, decisiones de producción y precios o elaboración de guías clínicas que “están controlados -dijo- por la industria gracias a los beneficios abusivos y la capacidad de presión que les otorgan los monopolios de las patentes concedidas por los gobiernos”.
 
Para Fernando Lamata, el “aumento imparable” del gasto farmacéutico púbico “va en detrimento de los gastos en personal y condiciones de trabajo, deteriorando la calidad de los servicios sanitarios y poniendo en riesgo la viabilidad del Sistema Nacional de Salud”. Un gasto que, en 2022, superará los 22.000 M€ y que, a precios justos y con uso racional del medicamento “debía de ser la mitad”.
 
Por ello, defendió que el Gobierno impulse cambios en el ámbito nacional como precios justos que cubran la fabricación y la investigación, formación independiente de los profesionales o guías clínicas independientes y “debe denunciar -afirmó- las posibles presiones que reciba para impedir dichos cambios”.
 
Finalmente, abogó por que el Gobierno trabaje en Europa y en los foros internacionales para que los medicamentos sean excluidos del acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y para promover un nuevo modelo de financiación de la I+D biomédica separado de los precios. “Es preciso y es posible un nuevo enfoque en política farmacéutica”, afirmó.
 
Juan José Rodriguez Sendin, presidente de la AAJM, afirmó que, ante las grandes carencias de la actual Ley del medicamento, desde la Asociación proponen “adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en materia de política farmacéutica del SNS desde todas sus vertientes” así como “profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico”.
 
Para Rodríguez Sendin, es preciso “introducir estrategia que mejore la calidad de la prescripción y disminuyan los riesgos por mal uso de los medicamentos”. Para ello, es clave la independencia en la formación, libre de “humos interesados”. “Precisamos -añadió- cambios que permitan y reconozcan la autoevaluación y metodologías de desprescripción, con especial atención a las residencias de personas mayores”.
 
“Mientras se permita el pago de la formación, las guías clínicas, las cátedras de patrocinio, los congresos, las sociedades científicas, las publicaciones, etc., por parte de la industria, y se permita la percepción de incentivos económicos por parte de la industria a los profesionales sanitarios, la prescripción estará sesgada inevitablemente y contribuirá a producir efectos adversos evitables y un aumento del gasto sanitario inútil y perjudicial”, aseguró.
 
Sobre los conflictos de interés, Rodríguez Sendin defendió la necesidad de un código de incompatibilidades cuyo incumplimiento tenga consecuencias; que los cargos públicos relacionados con el medicamento no puedan ser contratados por empresas del sector farmacéutico hasta 5años después del desempeño de su cargo y que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sea financiada con presupuesto público.
 
Finalmente, Irene Bernal dijo que “una investigación clínica independiente, robusta tanto en términos presupuestarios como en recursos humanos, es una de las mayores garantías para impulsar y llevar a término la innovación biomédica que dé respuesta a las necesidades de los pacientes, fortalezca el sistema de innovación y también el sistema público sanitario”.
 
Para ella, la financiación pública a la I+D debe asegurar el “retorno social una vez que los productos estén acabados” y aseguró que “los medicamentos y vacunas no pueden convertirse en productos de lujo, inaccesibles debido a precios abusivos e injustificados”.