AUTOR: Fernando Lamata Cotanda.
Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM

Revista Nº 23 Septiembre 2023

Un reciente artículo de Ana Valladolid en el número 22 de la rAJM llama la atención sobre el problema de los desabastecimientos de medicamentos, cada vez más frecuente, tanto en nuestro país como en otros países de la Unión Europea ⁽¹⁾. Entre 2017 y 2019 las notificaciones de desabastecimientos aumentaron un 60%; el 75% de los Estados Miembros opinan que el problema ha empeorado en el último año; y se han declarado desabastecimientos de antibióticos (como amoxicilina), tratamientos contra el cáncer, trombolíticos, insulina, antipiréticos, antihipertensivos, anestésicos y otros medicamentos esenciales ⁽²⁾.

En el artículo de Valladolid se menciona que estos desabastecimientos afectan con frecuencia a medicamentos “maduros”, de coste menor, pero muy efectivos. Esto, como veremos después, es muy importante de cara a la solución del problema. Entre tanto, un documento suscrito por 19 Estados Miembros de la UE, entre los que figuraba España, fechado el 2 de mayo de 2023, apuntaba las causas aparentes del problema y planteaba diversas medidas para paliar su impacto ⁽³⁾.

Entre las causas se citaba el aumento de la demanda, problemas de calidad, cierres o traslados de fábricas, fallos en las cadenas de suministro, problemas de regulación y de reembolso, y se llamaba la atención sobre la dependencia de China y de la India para el suministro de ingredientes farmacéuticos activos (60% del suministro total). También se ha alegado el impacto de la inflación o los costes energéticos y otros ⁽⁴⁾.

A lo largo de los últimos años los países y la Comisión Europea han tratado de llevar a cabo acciones para superar este problema. En la propuesta de modificación de la legislación farmacéutica europea, presentada en abril de 2023, la Comisión proponía algunas medidas, como exigir una notificación más temprana de la retirada de medicamentos del mercado, reforzar los planes de contingencia, incluyendo almacenamiento suficiente, etc. Así mismo, en el documento citado, los países firmantes plantean nuevas medidas: un mecanismo de solidaridad entre los Estados Miembros en casos de desabastecimiento; la elaboración de un listado de medicamentos críticos para reforzar las cadenas de producción y suministro; y una Ley de medicamentos críticos, para disminuir la dependencia exterior y garantizar la producción y suministro de materias primas y otros componentes.

En el mismo sentido, los europarlamentarios Susana Solís, Nicolás González y Dolors Montserrat ⁽⁵⁾ dirigieron una carta a la presidenta de la Comisión y a los comisarios de salud y de mercado interior, insistiendo en una Ley que permitiera aumentar la financiación para la investigación y producción de principios activos y medicamentos esenciales. Todas estas medidas pueden ser interesantes (siempre que se garantice la titularidad pública de los derechos de propiedad intelectual de cualquier producto en que haya habido financiación pública), pero no son suficientes, porque no corrigen la causa principal de los desabastecimientos.

Las causas aparentes de los desabastecimientos son varias, como ya se ha visto, e interactúan entre sí. Pero la causa más importante tiene que ver con un aspecto de la regulación que no se cita explícitamente: el modelo de fijación de precios para los nuevos medicamentos, basado en el poder del monopolio. En efecto, la legislación establece la concesión de monopolios a las empresas farmacéuticas, permitiendo que puedan fijar precios por encima del coste de fabricación y así poder recuperar los costes de la investigación realizada, más un beneficio razonable. El problema es que, al tratarse de un producto que tiene que ver con la salud, con el dolor, con la vida y la muerte, las empresas se ven tentadas de pedir precios muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, logrando así beneficios muy por encima de lo razonable.

Si los laboratorios pueden fijar precios abusivos (100 veces por encima de los costes) para los nuevos fármacos, no tienen ningún interés en mantener los fármacos antiguos, que pueden ser muy eficaces, pero son mucho menos caros. Se retiran del mercado y se «desabastecen» alegando problemas de fabricación o de materias primas, etc. -“decisiones de tipo empresarial” (1)-, tratando de introducir nuevos medicamentos a precios mucho más rentables. Este problema se agudiza por la limitación de fabricación debida al monopolio u oligopolio (patentes y otras exclusividades) que impiden la fabricación de genéricos y biosimilares a otras empresas. Por lo tanto, para resolver los desabastecimientos la Comisión Europea debe plantearse la limitación o suspensión de la aplicación de patentes y otras exclusividades en medicamentos, retirando su apoyo a los monopolios y favoreciendo la competencia.

Es precisa y será bienvenida más inversión de la Unión Europea y de los países miembros en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, así como en la fabricación de principios activos y medicamentos críticos en los países de la Unión. Pero esa inversión pública debe incluir la exigencia de que el resultado de la misma (nuevos productos, etc.) sea de propiedad pública, y que los derechos de propiedad intelectual (patentes y otros), sean de titularidad pública, para favorecer licencias abiertas y la producción a precio de coste. Solo de esta manera se podrán conseguir precios asequibles, cercanos al coste, con márgenes de beneficio razonables. Y solo así será interesante para las empresas mantener en el mercado los productos actuales, a precios ajustados, logrando importantes volúmenes de venta, y permitiendo obtener unos beneficios suficientes para incentivar su continuidad. Si, por el contrario, se mantiene un modelo de precios abusivos, con la excusa de los gastos de investigación, dichos precios “expulsarán” sistemáticamente del mercado otros medicamentos eficaces y asequibles, generando desabastecimientos de productos esenciales una y otra vez.

Conviene insistir en que no es cierto que esos precios cercanos al coste no sean sostenibles. Con esos precios las empresas obtendrían un margen de beneficio sobre ventas similar al de otras empresas industriales no farmacéuticas, como ya hacían antes de generalizar las patentes de medicamentos con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Y si no hubiera empresas privadas dispuestas a fabricar estos productos, el sector público debería generar una infraestructura suficiente para garantizar la producción. El problema de fondo es que el modelo actual y la legislación europea permiten y fomentan precios abusivos para los nuevos medicamentos. Y esa circunstancia hace que “no sea rentable” fabricar productos a precios justos. Este es el modelo que debemos cambiar progresivamente. De lo contrario, los desabastecimientos seguirán penalizando a los pacientes afectando negativamente a su salud, y continuarán desangrando a los servicios sanitarios.

Referfencias

• https://accesojustomedicamento.org/revista-no-22-junio-2023/
• https://voxeurop.eu/en/health-why-europe-chronically-running-out-meds/
• https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2023/05/02/Non-paper-security-of-medicines-supply-02.05.23.pdf
• https://www.politico.eu/article/health-care-pharma-why-is-europe-running-out-of-medicines-and-whats-being-done-about-it/
• https://mcusercontent.com/80a2795e9aa8aacac0c148b3b/files/f2739d11-975a-b735-a839-f6929f02fd6e/Gonzalez_Montserrat_Solis_CMA_082023.pdf

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

BMJ Investigation
BMJ 2023; 382 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.p1658 (Publicado el 26 de julio de 2023).
Este informe de investigación realizado por The BMJ Investigations Unit es de una extraordinaria
importancia pues demuestra la necesidad de disponer de datos claros y transparentes sobre la
financiación por la industria farmacéutica de entidades e instituciones públicas.
Sin duda es un ejemplo para seguir. Para nuestro país disponer de un análisis e investigación
similar, sobre la financiación que reciben las Sociedades Científicas de las diferentes especialidades
médicas y quirúrgicas y las asociaciones de pacientes, de la industria farmacéutica en nuestro
medio, debería ser una obligación urgente.

El mayor donante en general fue Pfizer, con 1,8 millones de libras esterlinas de pagos, seguido de Novo Nordisk con 730.000 libras esterlinas y Daiichi Sankyo con 478.000 libras esterlinas. La base de datos muestra que estos pagos fueron en gran medida para patrocinios de eventos (4,6 millones de libras esterlinas) y donaciones y subvenciones (2,3 millones de libras esterlinas).

El BMJ también analizó los datos de una iniciativa de transparencia similar para las empresas de dispositivos médicos, Transparent MedTech, que está dirigida por MedTech Europe, la asociación comercial europea de estas empresas. Para los años 2017 (J Larkin, comunicación personal)a 2021, el año más reciente con datos disponibles, las empresas declararon el pago total de 1,7 millones de libras esterlinas a los colegios reales por «subvenciones educativas» y «apoyo a eventos educativos».

El principal receptor fue el Royal College of GPs, con 674.000 libras esterlinas, seguido por el Royal College of Surgeons (Inglaterra) con 414.000 libras esterlinas, y el Royal College of Surgeons de Edimburgo con 227.000 libras esterlinas. Más del 90 % del dinero vino de solo dos donantes, Johnson y Johnson y Thermo Fisher Scientific, que donaron 905.000 y 644.000 libras esterlinas, respectivamente.

El BMJ recopiló datos de todos los colegios médicos reales, así como de otros colegios reales relevantes para la atención médica, incluidos el Real Colegio de Parteras y el Real Colegio de Enfermería, que se publicaron en las bases de datos de transparencia.

Escándalos de conflicto de intereses

Los pagos de marketing a los colegios médicos reales y otras organizaciones de salud influyentes han llamado la atención recientemente. En marzo de 2023, la ABPI suspendió temporalmente a la compañía farmacéutica Novo Nordisk debido a «graves infracciones» del código de práctica de la asociación, incluidas las acusaciones de que patrocinó de forma encubierta cursos de pérdida de peso y promovió su medicación a los profesionales de la salud.

En respuesta, los dos colegios reales que han recibido con mucho la mayor cantidad de dinero de la compañía, el Royal College of GPs, que recibió 585 000 libras esterlinas en 2015-22, y el Royal College of Physicians, que recibió 126 000 libras esterlinas, anunciaron que dejarían de colaborar con Novo Nordisk y devolverían las sumas recibidas. Pero cuando el BMJ preguntó si las revelaciones sobre Novo Nordisk habían llevado a un cambio en la política para tratar con el dinero de la industria, ninguno de los 16 colegios reales dijo que lo hubiera  hecho.

Algunas universidades reales han sido criticadas por sus vínculos con la industria en el pasado. En 2018, el Royal College of GPs se vio obligado a cortar los lazos con Emma’s Diary, una revista de asesoramiento sobre el embarazo, después de que la Oficina del Comisionado de Información multara a la empresa por recopilar y vender ilegalmente la información personal de más de un millón de personas. En 2019, el Royal College of Paediatrics and Child Health dejó de aceptar fondos de las compañías de leche de fórmula debido a la presión pública.

Límites de las iniciativas de transparencia de la industria

Las iniciativas de transparencia de la industria son la única forma en que el público puede ver los pagos de las empresas individuales a las universidades, pero han sido muy criticadas. La ABPI solo guarda los datos sobre los pagos de los últimos tres años y elimina los datos históricos. El BMJ accedió a los datos desde 2015, cuando se creó por primera vez Disclosure UK, de los investigadores Piotr Ozieranski, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Bath, y Shai Mulinari, profesor titular de sociología de la Universidad de Lund.

El dúo de investigadores habló  a The BMJ de las irregularidades con los datos: los pagos se informaron en categorías amplias, se cambiaron sin explicación o fueron inconsistentes entre las fuentes de datos. Es imposible saber cuánto dinero va a cada destinatario «sin muchas horas de trabajo forense», dicen.

Disclosure UK ha sido reconocida como una de las «bases de datos de la industria de mayor calidad y más accesibles de Europa», dice Amit Aggarwal, director ejecutivo de asuntos médicos y asociaciones estratégicas de la ABPI. Afirma que la asociación considera que tres años es un período razonable para retener los datos, pero mantiene dichos asuntos bajo revisión.

Consulta sobre divulgación obligatoria

El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido anunció recientemente una consulta pública sobre la divulgación obligatoria de los pagos de la industria al sector de la salud, programada para el verano , algo que la ABPI dice que apoya.

En los EE. UU., la Physician Payments Sunshine Act requiere que los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos y productos biológicos que participan en programas federales de atención médica informen sobre los pagos a los médicos y hospitales docentes. El Reino Unido no tiene iniciativas de transparencia para otras industrias, incluidas las empresas de alimentos, las empresas de software o análisis de datos o las empresas de equipos médicos.

Todos los pagos a las universidades reales deben ser transparentes, dice Neena Modi, profesora de medicina neonatal en el Imperial College de Londres y expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health, y agrega que esto se aplica a todas las organizaciones de salud y a la propia BMJ. Modi, que también fue miembro de la Junta Asesora Científica Internacional de Nestlé, dice que las colaboraciones entre las organizaciones de salud y la industria son necesarias y deben ser remuneradas.

«Es profundamente decepcionante que tantas universidades reales negocien estos pagos y ni siquiera digan la verdad completa y detallada sobre ellos», dice Susan Bewley, profesora honoraria emérita de obstetricia y salud de la mujer en el Kings College de Londres y ex presidenta de la iniciativa de transparencia HealthSense UK. «Los pacientes necesitan confiar en las instituciones médicas que educan o crean e implementan directrices, que deben basarse en la mejor evidencia disponible, no en el cabildeo», dice Bewley. «El sol y la transparencia total son lo mínimo que los pacientes, y de hecho los médicos miembros de las universidades, merecen».

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

The Washington Post,16 de julio de 2023
https://www.washingtonpost.com/health/2023/07/16/vaccines-mrna-global-south/
Nuestra bien conocida y apreciada Amy Maxmen de nuevo publica un excelente artículo. En esta
ocasión en The Washington Post comenta la iniciativa para involucrar a gobiernos, entidades
públicas y empresas privadas en el Sur global para la producción de vacunas en futuras pandemias.
Se trata así de evitar la tremenda desigualdad que se produjo en la distribución de vacunas para
COVID-19.
En el texto, describe los esfuerzos que los países africanos y otros como Brasil están llevando a cabo
en la actualidad para asegurar su capacidad de respuesta, no solamente ya frente a COVID-19 y
otras pandemias futuras, si no también frente a enfermedades como la tuberculosis que están
asolando el continente africano. Como señala A. Maxmen citando a Graham al final de su artículo:
«Tenemos la ciencia para hacer las cosas correctas si tuviéramos la voluntad política».

Una  vez que quedó claro que las naciones ricas se ayudaron  a sí mismas con las vacunas contra el coronavirus, mucho antes de que las naciones más pobres tuvieran acceso, los investigadores de África, Asia y América del Sur se unieron a la Organización Mundial de la Salud en una afirmación: Nunca más, se permitirían estar a merced del mundo occidental mientras un patógeno mortal atravesaba sus regiones.

Lanzaron una iniciativa en expansión que incluyó a empresas e institutos en 15 países de ingresos medios en el Sur del mundo, la mitad del mundo que anhelaba las vacunas contra el coronavirus en 2021,  cuando por el contrario los países ricos almacenaban dosis. Los grupos tenían como objetivo desarrollar su capacidad para producir vacunas de ARN mensajero. Las primeras vacunas protegerían contra el coronavirus. Y después de eso, esperaban generar vacunas de ARNm contra otras enfermedades, como la fiebre amarilla, la tuberculosis y cualquier virus aterrador que surja a continuación.

Ahora, dos años después del inicio de la iniciativa, el mercado de las vacunas contra el coronavirus ha disminuido, y los gobiernos han centrado su atención en otras emergencias, como la guerra en Ucrania. Pero los grupos involucrados en el proyecto siguen avanzando. Lanzado el centro de transferencia de tecnología de vacunas de ARNm, destinado a reflejar su intención de compartir la tecnología de ARNm, la iniciativa se diferencia  del modo típico competitivo de desarrollo de medicamentos en el que las empresas mantienen los descubrimientos en secreto.

En un césped mullido de la ladera de la carretera donde se encuentra la sede de la OMS en Ginebra, el coordinador del proyecto de esa agencia reiteró el compromiso de la organización en un evento paralelo el 23 de mayo en la Asamblea Mundial de la Salud. Él y otros discutieron ideas sobre cómo el centro se mantendría a flote después de que se agoten los iniciales  117 millones de dólares en fondos.

El daño causado por la desigualdad mundial de las vacunas en 2021 todavía estaba fresco en la mente de la gente en Ginebra. Un estudio estima que causó más de 1 millón de muertes en el sur del mundo. También resultó en un daño duradero a los sistemas de salud ya débiles y según afirmaron algunos científicos, dio lugar a las variantes  delta y omicron del coronavirus, y que la India y el sur de África se enfrentaron a oleadas sin posibilidad de ser mitigadas de covid-19.

«El Covid ha puesto una lupa sobre las fisuras y grietas de nuestro mundo», dijo Ayoade Alakija, copresidente de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, un grupo establecido por la Unión Africana que tiene como objetivo garantizar que el continente pueda acceder a las vacunas contra el coronavirus y otras amenazas para la salud. «Este mundo es profundamente, profundamente injusto e inequitativo».

Para evitar una repetición, las grandes compañías farmacéuticas, con sede predominantemente en los Estados Unidos y Europa Occidental, están construyendo puestos de avanzada en los países africanos y han firmado un compromiso de reservar dosis para los países más pobres durante futuras pandemias.

Por el contrario, las empresas e institutos más pequeños que participan en la iniciativa del centro son de propiedad y están operados localmente, lo que garantiza que las vacunas que esperan producir servirían primero a las personas de esas regiones.

La pandemia dejó una lección duradera: los intereses nacionales superan a las intenciones altruistas, dijo Sotiris Missailidis, director de innovación del instituto de investigación gubernamental Bio-Manguinhos/Fiocruz en Río de Janeiro, el centro brasileño incluido en la iniciativa.

«La pandemia nos mostró que no se puede depender de los demás cuando todo el mundo está compitiendo por un recurso», dijo Missailidis. «Necesitamos hacer lo nuestro».

Desde el inicio del proyecto, los centros de Argentina, Bangladesh, Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y Vietnam han construido laboratorios para desarrollar vacunas de ARNm. A principios del próximo año, Brasil espera comenzar los ensayos clínicos de su vacuna de ARNm contra el coronavirus.

Los centros que se lanzaron en países con sectores biotecnológicos más pequeños, como Senegal y Túnez, han instalado nuevos equipos para llevar a cabo investigaciones sobre vacunas de ARNm que podrían atacar enfermedades como la fiebre del valle del Nilo y la leishmaniasis.

Los Estados Unidos no han financiado la iniciativa hasta ahora. La mayor parte de los fondos del programa provienen de Canadá, Francia y la Comisión Europea.

Barrena Graham, un virólogo que dirigió el desarrollo de vacunas de ARNm en los Institutos Nacionales de Salud, es asesor de la iniciativa del centro, porque cree que podría ser crucial para frenar la próxima pandemia. Si los centros pueden producir vacunas de ARNm rápidamente cuando surjan nuevos patógenos, podrían evitar que los brotes localizados se propaguen por todo el mundo.

«Es en el mejor interés de todos si más lugares pueden encontrar soluciones a sus propios problemas regionales», dijo Graham.

Para que eso suceda, los centros deben permanecer abiertos y operativos desde ahora hasta cuando explote el próximo brote.

«Nuestra mayor preocupación es que dentro de 10 años, de repente tengamos otra pandemia, los llamamos y dicen: ‘Oh, ¿esa instalación? Bueno, estacionamos los coches allí ahora'», dijo Martin Friede, coordinador de investigación de vacunas de la OMS. Pero el camino por delante puede ser largo. Además de desarrollar vacunas y plantas para producir vacunas  en grandes cantidades, varios países deben fortalecer sus agencias reguladoras para garantizar que las vacunas sean seguras.

La complejidad del proyecto refleja los problemas que se está intentando resolver. No se trata simplemente de construir plantas de fabricación de vacunas, dijo Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. «Estamos hablando de creación de empleo, estamos hablando de crecimiento económico».

Para otros, el objetivo de la iniciativa es alterar un desequilibrio fundamental que ha dejado repetidamente al sur global dependiente del norte. Durante décadas, los tratamientos que salvan vidas han llegado a los países en desarrollo. A medida que la epidemia del VIH aumentó en África a principios de la década de 2000, cientos de miles de personas murieron sin acceso a medicamentos antirretrovirales que llegaron al continente solo varios años después de que estuvieran ampliamente disponibles en Australia, los Estados Unidos y Europa Occidental.

Una barrera que ha impedido que muchos países de bajos ingresos produzcan sus propios suministros es el gasto del desarrollo y la producción de vacunas.

Las tecnologías de vacunación tradicionales se basan en la inactivación de virus vivos o en el cultivo de proteínas dentro de grandes cubas de células vivas o dentro de huevos de gallina frescos. Estos pasos requieren mucho espacio, equipo y procesos biológicos que son complicados y pueden fallar.

Graham considera que la tecnología de ARNm es un posible cambio de juego porque se basa en procesos químicos más predecibles con una huella de fabricación más pequeña. Significa que los laboratorios pequeños pueden generar candidatos a vacunas para probar de una forma  más rápida, ahorrando tiempo y dinero.

Pero las vacunas de ARNm hasta ahora han demostrado ser efectivas solo contra el coronavirus. En abril, científicos de unos 20 países se reunieron en el centro insignia de la iniciativa, una pequeña empresa de biotecnología llamada Afrigen Biologics and Vaccines, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Durante unos largos días, investigaron qué tipo de vacunas de ARNm se pueden tratar  de crear ahora que la demanda de vacunas contra el coronavirus ha disminuido.

Afrigen había logrado reproducir la vacuna contra el coronavirus de ARNm de Moderna en enero de 2022 basándose en información disponible públicamente, después de que la compañía se negara a licenciar su tecnología para la iniciativa. Desde entonces, Afrigen ha estado ajustando la receta y estudiando la protección de la vacuna en roedores. Pero Petro Terblanche, CEO de Afrigen, dijo que la compañía ya no planea probarlo en ensayos clínicos porque son logísticamente complicados ahora que la mayoría de los sudafricanos han sido infectados o vacunados. Además, la demanda de vacunas contra el coronavirus es ahora baja en Sudáfrica.

Aún así, dijo, el proceso de desarrollo de una vacuna similar a la de Moderna ha permitido a la compañía construir sus instalaciones para cumplir con altos estándares internacionales de seguridad en la producción de vacunas de ARNm. Han comenzado la investigación sobre una vacuna de ARNm contra la tuberculosis, que se dirigiría a algunas proteínas de la bacteria de la tuberculosis, identificada en la Universidad de Ciudad del Cabo.

La tuberculosis es uno de los principales asesinos en el país, causando unas 58 000 muertes en 2019. Aunque el impacto de una vacuna sería masivo, Terblanche espera que el desarrollo pueda llevar una década porque la bacteria de la tuberculosis es biológicamente más complicada de atacar con las vacunas que muchos virus, incluido el coronavirus SARS-CoV-2. Por lo tanto, Afrigen también está investigando el potencial de una vacuna de ARNm contra el virus que causa la fiebre del valle del Nilo, en colaboración con el centro de Senegal.

En Brasil, en el centro del instituto Fiocruz, los investigadores se atrevieron a no reproducir la vacuna de Moderna porque el país, con una gran población de ingresos medios y, por lo tanto, un mercado considerable, se enfrenta a barreras de patentes más altas. Mientras que Moderna prometió no hacer cumplir sus patentes en el centro en Sudáfrica, la compañía no proporcionó tal garantía en América Latina.

Otra barrera, dijo Missailidis, fue que cuando los brasileños estaban desesperados por las vacunas contra el coronavirus en 2021, Fiocruz firmó un acuerdo con la compañía farmacéutica británica AstraZeneca prometiendo que no fabricarían vacunas producidas originalmente en otros países a cambio de una licencia para producir las vacunas de AstraZeneca. Como resultado, es posible que no puedan transferir la vacuna de ARNm que sus colaboradores sudafricanos han fabricado.

Aún así, la inmunóloga brasileña Patricia Neves estaba entusiasmada hace unos meses con los últimos resultados de su equipo en Fiocruz. Una vacuna de ARNm basada en un fragmento diferente del coronavirus que las dirigidas por Moderna y otros grupos, había provocado fuertes respuestas inmunitarias en ratones. Y estaban probando una vacuna relacionada que incluye instrucciones genéticas que dirigen al ARNm para que se replique dentro de las células. En teoría, eso reduciría la cantidad de vacuna necesaria por dosis, reduciendo los costos.

El centro brasileño espera a principios del próximo año comparar a uno de sus candidatos a vacuna de ARNm con las dosis de refuerzo de Moderna o Pfizer en los rastros clínicos. Si resulta ser tan efectivo, Missailidis dijo que el gobierno brasileño probablemente compraría las vacunas de Fiocruz porque serían menos costosas.

«Como institución pública, solo podemos añadir un margen del 20 por ciento por encima del costo de producción cuando vendemos al gobierno», dijo Missailidis. Estimó un precio de alrededor de 1,50 $ por dosis, en comparación con más de 20 $ para los productos de las grandes compañías farmacéuticas.

El grupo también ha comenzado a explorar la leishmaniasis.

Mientras tanto, el centro en Bangladesh, en la empresa de biotecnología Incepta Pharmaceuticals, espera desarrollar una vacuna para proteger a los niños contra la forma más mortífera de diarrea causada por los rotavirus. Aunque eso parece biológicamente factible, dijo Friede, esa vacuna podría tener dificultades para encontrar un mercado porque las vacunas genéricas contra el rotavirus, hechas en plataformas más tradicionales, cuestan menos de 1 dólar por dosis.

Las realidades del mercado son lo más importante para Friede porque participó en un proyecto hace 17 años para construir instalaciones de producción de vacunas contra la gripe pandémica en todo el sur del mundo. Para 2016, solo un par de las instalaciones conservaron la capacidad de producir las vacunas en caso de que surgiera otra pandemia de gripe.

Friede dijo que esta vez, el resultado puede ser diferente dada la eficiencia de la tecnología de ARNm. Las vacunas contra la gripe requerían que las plantas almacenaran continuamente miles de huevos de gallina frescos y fertilizados pedidos a los agricultores por adelantado. Cuando las vacunas no estaban en demanda, los huevos se desperdiciaban.

Otra razón para la esperanza es que la iniciativa de ARNm ha sostenido el interés de grupos influyentes, incluido el mayor comprador de vacunas para países de bajos ingresos, la alianza de vacunas Gavi. Gavi ha prometido apoyo al ofrecerse a pagar más por las vacunas producidas en África, aunque no ha contribuido con dinero al esfuerzo, como lo hizo con la Operación Warp Speed en los Estados Unidos, ni ha especificado el tamaño del pago adicional.

Crear un mundo más equitativo para las vacunas ya no es una cuestión de innovación tecnológica, dijo Graham. «Tenemos la ciencia para hacer las cosas correctas si tuviéramos la voluntad política».

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

Civio.
Civio, 12 de septiembre de 2023.
https://civio.es/novedades/2023/09/12/transparencia-precios-medicamentos-zolgensma-novartis/
En este texto Civio realiza un relato de notable interés de la trayectoria que inició en diciembre de
2021, para conseguir que el Ministerio de Sanidad hiciera público el coste real y las condiciones de
financiación de Zolgensma. De acuerdo con la aplicación de la Ley de Transparencia, disponer de
esta información para un medicamento cuyo precio es desmesurado para la sanidad pública, sin
duda debería ser una obligación. En la sentencia se rechazan los argumentos de Novartis de forma
clara y contundente: “conocer el precio real que abonan las arcas públicas por este medicamento no
afecta a los intereses económicos y comerciales del laboratorio para que no se ofrezca dicha
información sobre la base de su simple interés particular”Sin duda podemos hacer nuestra la
afirmación de Civio: “NO a la opacidad del coste real de los medicamentos para la sanidad pública».

En diciembre de 2021, Civio solicitó al Ministerio de Sanidad vía Ley de Transparencia el coste real y las condiciones de financiación de Zolgensma, el medicamento más caro que sufraga hoy en día la sanidad pública. Más de 600 días después, un juez respalda el interés público para saber estos datos.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, perteneciente a la Audiencia Nacional, ha desestimado el recurso de Novartis con el que pretendían ocultar el precio y las condiciones de financiación acordadas en secreto por Zolgensma, el medicamento más caro que cubre hoy en día el Sistema Nacional de Salud. La sentencia, que no es firme, apoya los argumentos de Civio y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) al avalar el interés público que tiene dicha información, rechazando así la posición de Novartis, la farmacéutica que comercializa la terapia.

La sentencia llega casi dos años después de que Civio registrara una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Sanidad para conocer la resolución administrativa con el precio real y las condiciones de financiación de Zolgensma. El tratamiento, que sirve para niñas y niños que sufren atrofia muscular espinal, una enfermedad poco frecuente y muy grave, se financia en el Sistema Nacional de Salud desde diciembre de 2021. Sin embargo, su inclusión en la prestación farmacéutica pública ha estado marcada por una gran opacidad. Hasta la fecha, Sanidad solo ha hecho público el precio máximo que las administraciones públicas están dispuestas a pagar por cada tratamiento. La cantidad, que asciende a 1.945.000 euros, no coincide con el importe real que se abona. Esta segunda cifra, que corresponde realmente con 1.340.000 euros por dosis, salió a la luz gracias a una exclusiva de Civio, pero no ha sido facilitada por el ministerio, que tampoco ha difundido por el momento las condiciones de financiación negociadas en secreto con Novartis, que continúan siendo opacas.

Cuando Civio solicitó vía Ley de Transparencia estos datos, el departamento dirigido entonces por Carolina Darias rechazó conceder el acceso a esta información. Después de esta negativa, Civio reclamó ante el CTBG, que nos dio la razón a finales de 2022. Sin embargo, Novartis recurrió la resolución en los tribunales, donde Civio ha sido defendida por nuestro abogado y patrono Javier de la Cueva, mientras que en esta ocasión el Ministerio de Sanidad no se ha personado en el procedimiento, al contrario de lo ocurrido en un juicio previo sobre precios de medicamentos, que también ganamos.

El juez cita una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que dice que “el conocimiento del consumo o precio de un determinado medicamento supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular”.

La sentencia sobre Zolgensma, que confirma los argumentos de Civio y del CTBG, señala que conocer el precio real que abonan las arcas públicas por este medicamento no afecta a los intereses económicos y comerciales. Y, además, rechaza que se puedan aplicar límites como el secreto profesional, la propiedad intelectual e industrial o la confidencialidad, tal y como pedía Novartis con el fin de restringir el ejercicio del derecho a saber. Para ello, el juez cita una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que dice que “el conocimiento del consumo o precio de un determinado medicamento supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular”. Asimismo, de acuerdo con la sentencia, que la normativa sanitaria exija que determinados datos sean confidenciales durante el proceso de negociación no significa que deba mantenerse oculto el coste real de los medicamentos que finalmente se aprueba.

El derecho a saber sobre precios de medicamentos, en los tribunales.

Esta es la segunda sentencia que confirma el derecho a conocer la resolución de Sanidad con el precio real y las condiciones de financiación de los fármacos financiados por lo público. El fallo anterior, que desestimó los recursos de Novartis y Sanidad, apoyando a Civio y al CTBG, también reconoció que “el interés público” para conocer “cómo se emplean” los recursos públicos en materia de medicamentos “es evidente”. Además, en aquella sentencia, la magistrada afirmó que la información pedida por Civio “no alude a información privada”, sino a una resolución que tiene la consideración de información pública, fruto del ejercicio de competencias públicas, sin que en dicha información se refleje la información aportada por el laboratorio farmacéutico”.

No obstante, al igual que ocurre ahora con el fallo sobre Zolgensma, aquella sentencia no era firme, esto es, cabía interponer recurso de apelación ante la Audiencia Nacional. Eso es lo que ha hecho recientemente Novartis, titular de la terapia Luxturna, que era el medicamento sobre el que versaba aquel primer juicio. La farmacéutica ha recurrido la sentencia ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para impedir que el precio y las condiciones de financiación de esta terapia sean públicos. Y lo hace esgrimiendo que la confidencialidad ha de ser absoluta, pese a que la legislación sanitaria solo contempla que sean secretos los datos que obtenga la Administración de la industria farmacéutica, no la resolución que dicte con el precio real y las condiciones de financiación por lo público, que es lo que en realidad solicita Civio.

Novartis sostiene que conocer el coste efectivo para las arcas públicas y los requisitos de financiación de Luxturna supondría un grave perjuicio para los intereses económicos y comerciales, cuestión a la que previamente ya se ha opuesto Civio al entender que debe prevalecer el interés público en un tema tan sensible y relevante como el acceso a la salud. La farmacéutica, por último, dice que la sentencia “constituye un nuevo intento de imponer de forma absoluta y desproporcionada la transparencia” sobre la financiación pública de medicamentos, sistema que, según Novartis, “puede verse profundamente alterado hasta el punto de llegar a impedirse la incorporación a la prestación farmacéutica de innovaciones terapéuticas trascendentales”. Una afirmación que puede sonar a amenaza velada y que a su vez encierra otro problema. Y es que argumentos de este tipo podrían ser utilizados por cualquier empresa para exigir opacidad en los precios de los contratos públicos. Algo que, de producirse, sería un enorme paso atrás en transparencia y contra el que Civio seguirá peleando en los tribunales.

NO a la opacidad del coste real de los medicamentos para la sanidad pública.

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

Ellen’t Hoen
Medicines, Law & Policy,9 de agosto de 2023.
https://medicineslawandpolicy.org/2023/08/the-european-commissions-compulsory-licensing-proposals-aresensible-but-do-not-go-far-enough/
Como es habitual los análisis y propuestas de Ellen ‘t Hoen en Medicínese, Law& Policy son de
singular interés.
En este artículo plantea la necesidad de ampliar el mecanismo de licencias obligatorias en la UE, no
solamente en las situaciones de crisis sino también por motivos de interés público. Además considera
que el uso eficaz de las licencias obligatorias, exige que estén disponibles las exenciones de
exclusividad de datos y de mercado. Como señala, la exclusividad de datos se convierte en una
barrera para la aplicación de licencias obligatorias y la posibilidad de disponer de medicamentos
genéricos.

La Comisión Europea ha solicitado comentarios sobre su propuesta de un mecanismo de licencias obligatorias en toda la UE, lo que indica que hay margen para mejorar la legislación propuesta. Hemos respondido a esta invitación y hemos hecho algunas propuestas de cambio. Una propuesta clave que hicimos es garantizar que el mecanismo pueda utilizarse para proteger la salud pública en todas las situaciones, no solo en emergencias sanitarias.

Si los monopolios otorgados por el gobierno en forma de patentes no pueden eliminarse cuando el interés público lo requiere, el abuso está a la vuelta de la esquina. La legislación recientemente propuesta en la Unión Europea tiene el potencial de contrarrestar esos abusos, pero actualmente se limita a situaciones de crisis. Para proteger verdaderamente la salud pública, hay que ir más allá.

La pandemia de Covid-19 ha reavivado el interés por la concesión de licencias obligatorias de patentes de tecnologías sanitarias. La licencia obligatoria es un mecanismo que un gobierno puede implementar para autorizar el uso de un producto o proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente. La Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2001 adoptó una declaración que aclaraba que esta flexibilidad de la ley de patentes es consistente con las reglas del comercio global y puede usarse al máximo para proteger la salud pública. La concesión de licencias obligatorias se hizo popular en el ámbito de la salud mundial a principios de la década de 2000 para garantizar que los medicamentos contra el VIH de bajo precio pudieran circular en el comercio mundial.

Desde 2020, se han adoptado iniciativas para la concesión de licencias obligatorias de terapias contra la Covid-19 en nueve países, lo que ha llevado a la concesión de seis licencias obligatorias. Varios países actualizaron sus leyes de patentes para permitir una rápida concesión de licencias obligatorias durante la pandemia. Por ejemplo, en marzo de 2020, Alemania adoptó una legislación que facultaba al ministro de salud para ordenar la concesión de licencias obligatorias para el uso gubernamental de patentes para una variedad de productos necesarios durante la pandemia. Estados Unidos autorizó el uso de patentes sin el consentimiento del propietario de la patente para acelerar la investigación y el desarrollo de contramedidas pandémicas. El grupo de investigación Knowledge Ecology International informó sobre 62 contratos gubernamentales relacionados con la pandemia de Covid-19 que autorizaban el uso de invenciones patentadas para garantizar que los litigios sobre patentes no retrasaran el desarrollo de vacunas contra el Covid-19. Estas acciones se consideraron, con razón, esenciales para proteger al público en un momento en que el acceso oportuno a contramedidas pandémicas era una cuestión de vida o muerte.

Desafortunadamente, no es fácil ni sencillo implementar estas herramientas frente a las necesidades públicas. La Comisión Europea identificó recientemente una serie de problemas con el actual sistema de licencias obligatorias de la UE. Incluyen: la falta de coherencia entre las licencias nacionales obligatorias en la UE, el efecto territorial limitado de estas licencias, los procedimientos administrativos engorrosos y prolongados y la falta de un mercado único para los productos sujetos a licencias obligatorias. Además, las licencias obligatorias generalmente se aplican a las patentes y a los “certificados de protección suplementarios”, que amplían la protección de las patentes para tener en cuenta los largos tiempos de aprobación regulatoria. Pero, con excepción de la ley española, las normas de concesión de licencias obligatorias en la UE no prevén la transferencia de secretos comerciales, datos de prueba o conocimientos técnicos que puedan ser necesarios para poder producir el producto.

La protección de la propiedad intelectual está cada vez más armonizada en la UE, pero los mecanismos para proteger el interés público (parte integral de cualquier sistema de propiedad intelectual equilibrado) no lo están. Por ejemplo, recientemente entró en vigor un nuevo sistema de patente unitaria en gran parte de la UE, pero no prevé licencias obligatorias. Dichas licencias siguen regidas por las leyes de los estados miembros participantes. Para citar el informe de la Comisión sobre el tema: “los sistemas de licencias obligatorias puramente nacionales y sus divergencias resultantes entrarían en conflicto con la creciente integración europea de la ley de patentes”.

Esta situación fortalece aún más la posición de mercado de las empresas farmacéuticas. No es ningún secreto cómo las empresas aprovechan ese poder de mercado. Un libro blanco publicado en 2020 por la industria europea de genéricos titulado “Anatomía de un fracaso en el lanzamiento” ofrece una visión general aleccionadora de una amplia gama de tácticas de extensión de monopolios que la industria farmacéutica despliega para mantener a raya a los competidores durante el mayor tiempo posible, sin importar el coste para la salud pública.

Otras barreras al uso efectivo de las licencias obligatorias en la UE se pueden encontrar en la regulación de medicamentos de la Unión, que ofrece datos y exclusividades de mercado para los medicamentos registrados en la UE. Estos monopolios de mercado no relacionados con las patentes obstaculizan gravemente el uso efectivo de las licencias obligatorias. Para registrar y luego vender un medicamento genérico en la UE, los fabricantes deben demostrar que el producto es equivalente al producto original ya registrado. La exclusividad de los datos retrasa la entrada de genéricos al restringir el acceso de los fabricantes de genéricos a la información de los ensayos clínicos para poder demostrar la equivalencia.

No existe un equivalente a una licencia obligatoria para los monopolios otorgados a través del sistema regulatorio de medicamentos. En la UE, no se puede renunciar a la exclusividad de datos y de mercado. Como resultado, la licencia obligatoria se convierte en una medida muda porque el producto genérico que se producirá o importará bajo la licencia obligatoria no puede registrarse y, por lo tanto, no puede ingresar al mercado.

No se trata de una cuestión hipotética: la exclusividad de los datos fue una de las principales barreras en 2015, cuando Rumania consideró emitir una licencia obligatoria para la importación de sofosbuvir genérico, un antiviral para el tratamiento de la hepatitis C.

Incluso en caso de una emergencia de salud pública, las exclusividades regulatorias no pueden levantarse legalmente. Esto se hizo evidente por primera vez en 2006. La Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (desde entonces rebautizada como Medicamentos para Europa) pidió aclaración sobre si la exclusividad de datos se aplicaría en caso de una licencia obligatoria de emergencia para el medicamento contra la gripe oseltamivir (vendido por Roche bajo la marca nombre Tamiflu) dentro de la Unión Europea. Debido al brote de gripe aviar H5N1, los países habían acumulado reservas de oseltamivir, lo que provocó escasez del producto. Sin embargo, la Comisión Europea informó a las empresas de genéricos que el cuerpo de leyes de la Comunidad Europea sobre productos farmacéuticos “no contiene actualmente ninguna disposición que permita una exención de las normas sobre exclusividad de datos y períodos de protección de comercialización”.

Diecisiete años y otra pandemia después, esto finalmente va a cambiar. La Comisión Europea está proponiendo nueva legislación para un mecanismo de concesión de licencias obligatorias en toda la UE y para exenciones de exclusividad de datos y mercado.

La Comisión propuso un reglamento sobre licencias obligatorias para la gestión de crisis que, de ser adoptado, establecerá un procedimiento único para otorgar una licencia obligatoria de la Unión que cubra toda la UE y pueda otorgarse mediante la presentación de una única solicitud. La licencia obligatoria de la Unión estará disponible para «productos y procesos relevantes para la crisis». La licencia obligatoria de la Unión podrá aplicarse a las patentes concedidas, a las solicitudes de patente publicadas para patentes nacionales y europeas y a los certificados complementarios de protección. La nueva directiva farmacéutica propuesta prevé la suspensión de la exclusividad de los datos y la protección del mercado en el caso de una licencia obligatoria para hacer frente a una emergencia de salud pública.

Se trata de propuestas sensatas y tardías, pero el problema es que se limitan a situaciones de crisis. Esto es miope.

Por ejemplo, puede ser necesaria una licencia obligatoria para garantizar el acceso a la tecnología y evitar que se produzca una crisis. La concesión de licencias obligatorias también debería ser un remedio eficaz contra las prácticas anticompetitivas a nivel de la UE. Además, desarrollar la Unión Europea de la Salud requerirá medios más sólidos para abordar los altos precios de los tratamientos novedosos. Hoy en día, los Estados miembros tienen grandes dificultades para lograr buenos resultados en la negociación de precios con las empresas farmacéuticas monopolistas, lo que provoca retrasos en el acceso a los medicamentos y un acceso desigual a nuevos medicamentos en la UE. La Comisión Europea se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros para hacer frente a los altos precios de los medicamentos. Un mecanismo eficaz de licencias obligatorias proporcionaría ese apoyo al reforzar la posición de los gobiernos en las negociaciones de precios.

De vez en cuando, un gobierno debería poder golpear la mesa con el puño, pero eso es difícil de hacer sin sacrificar la salud de los pacientes si el monopolio farmacéutico nunca puede levantarse.

Es importante ampliar el mecanismo de licencias obligatorias a escala de la UE más allá de las situaciones de crisis para que también pueda utilizarse por otros motivos de interés público cuando sea necesario. Para garantizar el uso eficaz de las licencias obligatorias, deben estar disponibles exenciones de exclusividad de datos y de mercado en todas las situaciones en las que la Comisión o un Estado miembro emita una licencia obligatoria relacionada con un producto médico. Las nuevas normas también deberían prever la posibilidad de incluir la obligación del titular de la patente de transferir conocimientos técnicos al beneficiario de una licencia obligatoria.

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

Andrés Pérez / Cunningham Cook.

Jacobin, 2 de septiembre de 2023

https://jacobin.com/2023/09/drug-prices-profiteering-medicare-negotiation-inflation-reducation-act-big-pharma

Este artículo revisa el tema de los precios de los medicamentos en Estados Unidos en comparación con el resto del mundo y comenta el programa de negociación para Medicare que ha desarrollado la Administración Biden.

El  interés para las y los lectores de la revista  de este texto son sus reflexiones sobre cómo las ganancias abusivas de la industria farmacéutica están soportadas por el desarrollo de los fármacos con fondos públicos. Así afirma: “Todos los medicamentos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó para la venta entre 2010 y 2019 se beneficiaron de la investigación financiada por los NIH, según un estudio del año 2020 del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico.”

El texto contiene ejemplos muy ilustrativos de los precios y ganancias de la industria farmacéutica para diferentes fármacos.

En respuesta al lanzamiento esta semana de un nuevo programa que permite a Medicare negociar precios más bajos para un puñado de medicamentos, los fabricantes de medicamentos insisten en que la iniciativa limitará el acceso de los pacientes a los medicamentos y sofocará el desarrollo de nuevos tratamientos.

Sin embargo, los diez medicamentos que se están negociando ya se están vendiendo en otros países a fracciones de lo que las compañías farmacéuticas están cobrando por ellos en los Estados Unidos, según nuestra revisión, y los fabricantes de medicamentos están reportando enormes ingresos de esas ventas en el extranjero.

En algunos casos, a los estadounidenses, cuyo dinero de los impuestos subvenciona el desarrollo de prácticamente todos los medicamentos aprobados para la venta en los Estados Unidos, se les cobra un 1.000 por ciento más que a los pacientes extranjeros por los mismos medicamentos.

Los fabricantes de medicamentos han presentado múltiples demandas para tratar de bloquear el nuevo programa de negociación de Medicare, alegando que las reducciones de precios perjudicarán a los pacientes estadounidenses. Sin embargo, algunas de esas mismas empresas recaudaron recientemente más de 4.000 millones de dólares en ingresos el último trimestre vendiendo seis de los productos farmacéuticos específicos en países extranjeros a precios más bajos en el mercado mundial. Eso es más de 47 millones de dólares al día, o 2 millones de dólares por hora.

Ese acarreo de efectivo, revelado en los informes de ganancias de los fabricantes de medicamentos, sugiere que las compañías farmacéuticas todavía podrán cosechar enormes ganancias inesperadas, incluso si los estadounidenses finalmente pueden acceder a precios más cercanos a los que se cobran en el mercado global para algunos medicamentos.

Durante dos décadas, el Gobierno de EE. UU. prohibió a Medicare negociar los precios de los medicamentos. Al mismo tiempo, las compañías farmacéuticas han jugado con el sistema de patentes para evitar que los competidores vendan versiones genéricas de menor costo de sus productos. Mientras tanto, durante décadas, los aliados en el Congreso de los fabricantes de medicamentos bloquearon la legislación diseñada para ayudar a los farmacéuticos y mayoristas a importar medicamentos a precios más bajos del mercado mundial y venderlos a precios de descuento en los Estados Unidos.

El resultado final: los estadounidenses pagan los precios más altos per cápita entre los residentes de los países ricos por los medicamentos recetados, a pesar de que el público estadounidense subvenciona los costos de investigación y desarrollo (I+D) en esencialmente todos los medicamentos aprobados para la venta en los Estados Unidos.

Los costos farmacéuticos son una de las principales razones por las que el sistema de atención médica de EE.UU. es el más caro del mundo y, sin embargo, ofrece constantemente malos resultados.

En pocas palabras, los costos más altos de los medicamentos matan a la gente.

Equivalente a la extorsión»

Desde al menos 2006, los políticos demócratas han hecho campaña sobre la idea de permitir que Medicare, el programa nacional de seguro de salud para personas mayores y personas con discapacidades, se una al resto del mundo en la negociación de los precios de los medicamentos para reducir los costos de atención médica tanto para los pacientes como para el gobierno.

El presidente Joe Biden se comprometió durante su campaña de 2020 a «reformar la ley existente que prohíbe explícitamente a Medicare negociar precios más bajos con las empresas farmacéuticas».

El año pasado, los demócratas finalmente aprobaron una disposición de negociación sobre el precio de los medicamentos, pero la medida fue mucho más limitada de lo que los legisladores propusieron originalmente, gracias al agresivo cabildeo de la industria y a los esfuerzos exitosos de los legisladores favorables a los productos farmacéuticos para diluirla.

La ley permitirá a Medicare comenzar a negociar los precios, a partir de 2026, de un puñado selecto de medicamentos caros que no tienen competencia genérica y que han estado en el mercado durante al menos nueve años.

Como señala el sitio de noticias de la industria biofarmacéutica Endpoints News, es posible que cuatro de los diez medicamentos en la lista de objetivos de la administración Biden ni siquiera tengan sus precios negociados al final, gracias a la «competencia genérica o biosimilar entrante».

Sin embargo, la industria farmacéutica se ha enfurecido contra el plan limitado de negociación de medicamentos con una serie de demandas y comentarios histéricos, por temor a que las disposiciones sobre los precios de los medicamentos de la Ley de Reducción de la Inflación puedan abrir la puerta a una actitud más agresiva en el futuro.

«La política no debe dictar qué tratamientos y curas vale la pena desarrollar y quién debe tener acceso a ellos», dijo el martes el principal grupo de presión de medicamentos de Washington Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), quejándose de que la administración Biden está «dando poder a una sola agencia gubernamental para fijar arbitrariamente los precios de los medicamentos con poca responsabilidad, supervisión o aportación de los pacientes [y] de sus médicos».

El fabricante de medicamentos Merck, con sede en Nueva Jersey, demandó a la administración Biden en junio, argumentando que el programa de negociación de los precios de los medicamentos de la Ley de Reducción de la Inflación es «equivalente a la extorsión» e inconstitucional. La acción de Merck ha sido seguida por demandas de la propia PhRMA, así como de los fabricantes de medicamentos Astellas, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb y Johnson & Johnson.

Una historia de dos precios

Las empresas que fabrican los diez medicamentos en la lista de objetivos de la administración Biden han estado vendiendo los productos por mucho menos en otros lugares, según nuestra revisión de estudios gubernamentales, informes de grupos de expertos y sitios web de farmacias internacionales.

Januvia, una píldora que se toma una vez al día de Merck ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2. Un informe de 2019 de los demócratas de la Cámara de Representantes encontró que Januvia tenía un precio de 15,70 dólares por dosis en los Estados Unidos, o aproximadamente un 1.020 por ciento más alto que en los mercados internacionales, donde costó solo 1,40 dólares en promedio.

NovoLog, una insulina hecha por Novo Nordisk, tiene un precio de 37,30 dólares por dosis en los Estados Unidos, o un 440 por ciento más que los 6,90 dólares que cuesta en otros países, según el informe. Stelara, una inyección de Janssen utilizada para tratar la enfermedad de Crohn y la psoriasis en placas grave, cuesta 16.600 dólares por dosis en los Estados Unidos, o un 360 por ciento más que los 3.585 dólares que tiene un precio en otros lugares.

Otro medicamento de la lista, Xarelto de Johnson & Johnson, previene la coagulación de la sangre para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. El precio minorista bruto interno de Xarelto fue de 15,70 dólares por pastilla, según un informe de 2021 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos. Eso es un 575 por ciento más alto que los 2,30 dólares por los que se vende en promedio en Australia, Canadá y Francia.

Entresto, un medicamento de Novartis utilizado para tratar la insuficiencia cardíaca, se vende al por menor en los Estados Unidos por 9,20 dólares por pastilla, o un 230 por ciento más que los 2,82 dólares por los que se vende en Australia, Canadá y Francia, según un informe.

Imbruvica de AbbVie, que se utiliza para tratar cánceres de sangre, se vende al por menor por 158 dólares por pastilla en los Estados Unidos, más del doble de lo que cuesta en esos países.

Eliquis, de Bristol Myers Squibb, se utiliza para prevenir la coagulación de la sangre y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. Según un informe del año pasado de la organización sin fines de lucro Health Care Cost Institute, Eliquis se ha vendido en los Estados Unidos a un costo medio de 7,30 dólares por pastilla, que es un 267 por ciento más alto que los 2 dólares por los que se ha vendido en Alemania, España y Suiza.

Ganancias financiadas con fondos públicos

Los Estados Unidos gastan 45.000 millones de dólares anuales en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que  se destinan a financiar la investigación de nuevos medicamentos. Todos los medicamentos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó para la venta entre 2010 y 2019 se beneficiaron de la investigación financiada por los NIH, según un estudio del 2020 del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico.

Debido a que los Estados Unidos subvencionan en gran medida la I+D, reducir las ganancias de los principales medicamentos entre un 15 y un 25 por ciento tendría un efecto insignificante en el número de nuevos medicamentos introducidos durante la próxima década, según un estudio no partidista  del año 2021 de la Oficina de Presupuesto del Congreso federal .

Si bien la industria farmacéutica afirma que la negociación de los precios de los medicamentos podría reducir el incentivo de las empresas para gastar en investigación y desarrollo, un estudio del año pasado encontró que, entre 2012 y 2021, las mayores empresas farmacéuticas que cotizan en bolsa gastaron más en recompras de acciones y dividendos para recompensar a los accionistas de lo que gastaron en investigación y desarrollo.

Entre los medicamentos en la lista de negociación de la administración Biden se encuentran dos utilizados para tratar la diabetes tipo 2: Jardiance, de Boehringer Ingelheim; y Farxiga, de AstraZeneca.

Una actualización de la investigación de 2016 del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los NIH encontró que los institutos habían «apoyado muchas etapas» de la investigación que llevaron a la creación de Jardiance y Farxiga.

Según PharmacyChecker.com, el precio con descuento más barato para Jardiance en los Estados Unidos es de 19,04 $ por tableta, que es un 1065 por ciento más alto que el 1,63 $ por el que se vende en promedio en las farmacias internacionales en línea.

El precio con descuento más bajo en EE. UU. para Farxiga es de 18,14 $ por tableta, según el mismo sitio web. Eso es casi un 970 por ciento más alto que el promedio de 1,70 dólares por el que se vende a través de farmacias internacionales en línea.

El Gobierno de los Estados Unidos también otorga liberalmente la exclusividad de patentes a los fabricantes de medicamentos, un acuerdo que permite a las empresas maximizar las ganancias. Además, el gobierno ha permitido a las empresas emplear estrategias dudosas para mantener artificialmente los monopolios de las drogas lucrativas durante años después de que su exclusividad haya expirado.

Un informe de 2022 de I-MAK, un grupo de defensa que trabaja en cuestiones de patentes de medicamentos, encontró que las compañías farmacéuticas presentan un promedio de 140 patentes por medicamento, con un promedio del 66 por ciento de esas patentes presentadas después de que la FDA hubiera concedido la aprobación.

Enbrel, fabricado por Amgen, trata los síntomas de la artritis reumatoide. Enbrel se vende en los Estados Unidos en paquetes de cuatro inyecciones de dosis única a un costo medio de 5.087 dólares, según el informe del Health Care Cost Institute. Ese costo es un 373 por ciento más alto que los 1.076 dólares que los pacientes pagan en promedio en Alemania, España y Suiza.

En 2016, la FDA aprobó un biosimilar a Enbrel, que es esencialmente una repetición de menor costo de ese medicamento, una alternativa genérica de menor precio. Sin embargo, debido a una decisión judicial de 2021 en Nueva Jersey, donde la industria farmacéutica es un importante empleador,  impidió que el  biosimilar competidor pueda  llegar al mercado hasta 2029.

El miércoles, Endpoints News informó que Enbrel podría no terminar siendo parte de las negociaciones de precios de 2026, debido a la competencia entrante.

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

Brook Baker.
Health Gap, 17 de agosto de 2023.
https://healthgap.org/pharma-pricing-secrecy-runs-amok/
Este artículo de Brook Baker es en realidad una protesta frente a una estrategia de la industria
farmacéutica dirigida a consolidar la falta de transparencia de acuerdos y precios. Esta conducta de
actuación provoca una situación que afecta de una forma terrible a la disponibilidad de
medicamentos necesarios para el VIH. Específicamente señala, como ejemplo, que la no
disponibilidad de CAB-LA provoca la imposibilidad de satisfacer la necesidad de PrEP por parte de
mujeres, niñas y poblaciones en riesgo en todo el sur global.

• Los términos del contrato de precio y suministro no son secretos comerciales legítimos, ni deben estar sujetos a acuerdos de confidencialidad

• ¿Por qué PEPFAR y la Administración Biden están reforzando el poder de monopolio de una compañía de medicamentos contra el SIDA?

Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Merck y otras grandes empresas farmacéuticas consolidaron sus protecciones de secreto durante la pandemia de COVID-19 para maximizar su capacidad de aprovechar y controlar el suministro y la distribución de vacunas y medicamentos que salvan vidas. Con pocas excepciones, principalmente en los Estados Unidos, exigiendo a los gobiernos que firmaran acuerdos de confidencialidad sobre el precio de las vacunas y los medicamentos y sobre los términos de suministro, indemnización y entrega en los acuerdos de compra de medicamentos. Lo hicieron incluso si la legislación nacional de los países contratantes, como Sudáfrica, o las entidades regionales, como la Unión Europea, requieren transparencia  de precios en los contratos de contratación pública. Hicieron lo mismo con respecto a los tratamientos antivirales contra la COVID, como Paxlovid de Pfizer, en acuerdos de opción con UNICEF y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, que negociaron  en nombre del Acelerador de Herramientas de Acceso a la COVID-19 (ACT-A).

La industria biofarmacéutica obtuvo ganancias récord en las contramedidas de COVID en gran parte dando prioridad a las ventas de alto precio a los países de altos ingresos y haciendo cumplir los precios escalonados secretos en los países de ingresos altos y medios para las entregas retrasadas y parciales. Incluso los precios de acceso  a las ventas de vacunas a Gavi no siempre fueron transparentes.

Big Pharma ahora está tratando de ampliar su escudo de secreto donde la divulgación completa de los precios de los medicamentos había sido la norma anteriormente. Como último ejemplo, Médicos Sin Fronteras (MSF) informa que ViiV ha insistido en la no divulgación de precios y contratos por su intento de compra de cantidades lamentablemente pequeñas de cabotegravir de acción prolongada (CAB-LA) para PrEP para su uso en países de ingresos bajos y medios. Los precios de los medicamentos antirretrovirales para tratar y prevenir el VIH se han compartido públicamente como algo natural, incluidos los precios de ViiV para el dolutegravir, una columna vertebral de los regímenes actuales de tratamiento del VIH en todo el mundo. Durante años, MSF pudo publicar una guía completa sobre los precios de los medicamentos contra el VIH llamada Untangling the Web y las empresas informaron rutinariamente sus precios de ARV en sitios web públicos. cabotegravir de acción prolongada (CAB-LA) para PrEP para su uso en países de ingresos bajos y medios. Los precios de los medicamentos antirretrovirales para tratar y prevenir el VIH se han compartido públicamente como algo natural, incluidos los precios de ViiV para el dolutegravir, una columna vertebral de los regímenes actuales de tratamiento del VIH en todo el mundo. Durante años, MSF pudo publicar una guía completa sobre los precios de los medicamentos contra el VIH llamada Untangling the Web y las empresas informaron rutinariamente sus precios de ARV en sitios web públicos.

¿Cómo es posible que la información que antes se consideraba «pública» ahora se trate como información confidencial protegida por secretos comerciales? ¿Cómo es que los gobiernos están siendo coaccionados, y permitiéndose ser coaccionados, para mantener la confidencialidad de las condiciones del acuerdo de compra y los términos de precio, incluso cuando la legislación nacional requiere una divulgación completa? La respuesta es el poder monopolista y la capitulación de los gobiernos, a las demandas inconcebibles de las grandes farmacéuticas.

Los activistas en Sudáfrica han llevado al gobierno a los tribunales, y han ganado, en un caso para levantar el secreto sobre la compra por parte del gobierno de las vacunas Johnson & Johnson COVID. Hay una controversia en curso en la Unión Europea sobre el secreto de los acuerdos sobre vacunas que Pfizer negoció con el presidente de la Comisión Europea. Aunque la Administración Biden optó por resistirse a la no divulgación y dar a conocer los términos de precios de las vacunas y los medicamentos contra la COVID, ha dado un paso sin precedentes para eludir las leyes de transparencia y ordenar a su contratista, Chemonics, que firme un acuerdo de confidencialidad obligatorio sin precedentes con ViiV para la adquisición y distribución de CAB-LA por parte de PEPFAR. Esto debe ser impugnado en los tribunales.

El mundo no puede aceptar, literal y moralmente, permitir que la industria más rentable del mundo use escudos de secreto autodefinidos para ocultar información crítica de precios que es fácilmente accesible e incluso obligatoria en los frascos de mantequilla de maní en las tiendas de comestibles. ViiV y otras grandes empresas farmacéuticas utilizan maliciosamente la confidencialidad para evitar que los países busquen mejores precios negociados por otros compradores. Requieren secreto sobre los plazos de entrega inconcebibles para que puedan situar constantemente a los países más pobres al final de la línea. Si bien los regímenes diarios de PrEP oral son seguros y efectivos, la investigación ha encontrado que el CAB-LA, tomado cada dos meses, es superior a la PrEP oral para la prevención del VIH, incluso entre las mujeres transgénero, las adolescentes cisgénero y las mujeres, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, poblaciones que se vuelven extremadamente vulnerables a la infección por el VIH debido a la discriminación, la criminalización y la marginación.

La adhesión a un régimen diario de PrEP oral es un obstáculo persistente que socava la eficacia de la PrEP oral como herramienta de prevención del VIH, especialmente para las adolescentes y las mujeres jóvenes en el África subsahariana. Cinco mil nuevas infecciones por el VIH ocurren semanalmente entre mujeres y niñas de 15 a 24 años. CAB-LA tiene el potencial de ser un avance revolucionario para poner fin a la pandemia del VIH, pero ViiV es la mayor barrera para la accesibilidad, acumulando volúmenes de CAB-LA para la prevención y el tratamiento en los países más ricos.

El uso indebido de las reglas de secretos comerciales por parte de la industria biofarmacéutica se extiende más allá de los acuerdos de compra. Moderna y Pfizer/BioNTech mantienen un estricto control sobre la información, los conocimientos de fabricación y los materiales necesarios para fabricar vacunas de ARNm. Estas empresas se negaron a compartir su «conocimiento secreto de propiedad» con otros productores que podrían haber ayudado al mundo a vacunarse contra la COVID-19 de manera mucho más rápida y equitativa. Incluso ahora, la industria está promocionando su capacidad para responder a la demanda de la pandemia a través de medidas puramente voluntarias, incluidos los precios escalonados, a pesar de que quiere que los acuerdos y los precios estén envueltos en secreto.  Las  empresas se ríen hasta la irresponsabilidad.

Los gobiernos deben controlar las normas sobre secretos comerciales e información confidencial y prohibir el uso de acuerdos de confidencialidad en los contratos de adquisición de biofarmacéuticos. Necesitan crear un amplio interés público y excepciones de salud pública a los secretos comerciales y/o permitir la concesión de licencias obligatorias de secretos comerciales. Es necesario renunciar a los secretos comerciales de los productos médicos en respuesta a las pandemias y otras emergencias sanitarias mundiales, y esto debe abordarse en la OMC y en las negociaciones de la OMS sobre las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y sobre un nuevo Tratado de Prevención, Preparación y Respuesta a la Pandemia.Más inmediatamente, ViiV debería abandonar inmediatamente su insistencia en el secreto en sus acuerdos de compra de CAB-LA con MSF, PEPFAR, el Fondo Mundial y otros, y también debería comprometerse a expandir rápidamente la capacidad de producción para que pueda satisfacer la necesidad insatisfecha de PrEP por parte de mujeres, niñas y poblaciones clave en todo el sur mundial.

AUTOR: Roberto Sabrido Bermúdez. Vicepresidente de la AAJM.

Revista nº 22 de junio de 2023

Haciendo una búsqueda por internet sobre temas farmacéuticos me encontré con una noticia que despertó mi curiosidad, era sobre un discurso del Papa Francisco a los miembros de la Fundación “Banco Farmacéutico” el 19 de septiembre de 2020. En primer lugar, no sabía de la existencia de tal Fundación (y eso que tiene ya 20 años), que se creó como estructura del Vaticano para proporcionar medicinas a los más pobres que no pueden acceder a ellas por el precio. Se trata evidentemente de una actuación caritativa.

Me llamó la atención la noticia publicada en el vaticannews.va/es su titular: “El Papa: No tener acceso a las medicinas es una injusticia”. Seguí leyendo el discurso del pontífice a los miembros de esta Fundación reunidos en el Vaticano y atrajo mi atención gran parte del mismo, entre otras frases: “A veces se corre el riesgo de no recibir el tratamiento con los medicamentos necesarios por falta de dinero…Esto lleva a la marginalidad farmacéutica…Desde el punto de vista ético, si existe la posibilidad de curar una enfermedad con un medicamento, este debería estar al alcance de todos, de lo contrario se comete una injusticia”. Después hablaba del “peligro de la Globalización de la Indiferencia” y proponía “cambiarlo por la globalización de la cura”.

(El discurso completo del Papa se puede leer completo en: (https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/september/documents/papa-francesco_20200919_banco-farmaceutico.html).

Pensando lo que está ocurriendo en el mundo con el acceso a los medicamentos, despertó mi curiosidad el concepto de globalización de la indiferencia y seguí buscando en internet. Esto me llevó al primer viaje del pontificado del Papa Francisco que se realizó a la isla de Lampedusa, donde se estima que han muerto más de 20.000 inmigrantes en sus alrededores en el mar. Allí hizo un duro discurso donde condenó con fuerza el trato que se dispensa a los inmigrantes y la insensibilidad que existe ante su tragedia, y habló de la globalización de la indiferencia a la que se refirió como “la cultura que nos hace pensar en nosotros mismos nos hace insensibles a los gritos de los otros…Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro, ¡no nos atañe, no nos interesa, no es asunto nuestro¡”.

Me parece muy interesante que un líder mundial, como el Papa Francisco, qué tiene fuertes altavoces hable de una manera tan potente en contra de las injusticias, y tragedias que se generan, y meta entre estas también la “marginalidad farmacéutica” de los que menos tienen, planteamientos en los que humildemente coincidimos en nuestra AAJM.  Y no lo digo por la filosofía caritativa del “Banco Farmacéutico”. No me opongo a las voluntarias acciones caritativas individuales o corporativas, pero creo que debe primar la Justicia Social como deber y obligación de los Estados, otorgando derechos que fomenten la equidad ante las necesidades de la ciudadanía. Me viene aquí muy bien una frase de Miguel Delibes en su libro Cinco horas con Mario donde dice. “La caridad está para llenar las grietas de la justicia, no los abismos de la injusticia”.

Sí, considerar que el medicamento no es un bien social sino un elemento más del mercado y considerar que los derechos derivados de las patentes están por encima del interés de la salud, ocasiona que, por sus altos precios injustificados por abuso de la patente, según la OMS cada año mueren alrededor de diez millones de personas en el mundo por la falta de acceso a los medicamentos necesarios, y hay problemas de disponibilidad de medicamentos para dos de cada seis personas. Pero esto no es sólo un problema de países “pobres”, en España según el último Barómetro sanitario, que publica el Ministerio de Sanidad, en torno al 3,5% de la población (1.660.000 personas) no pudo pagar algún medicamento que le habían recetado en el sistema público de salud.

Y mientras estas tragedias ocurren ¿qué hacemos la mayoría?, o ¿qué hacen quién puede y debe hacer?, ¿mirar para otro lado, inhibirse, parchear, ser indiferentes?

Para comprobar si estamos en una globalización de la indiferencia ante estos problemas, vamos a ver que nos proponen nuestros Gobiernos y partidos políticos patrios.

Cuando escribo este editorial se han celebrado las elecciones municipales y autonómicas del 28M y nos encaminamos a las elecciones generales del 23 de Julio.

Revisando los programas electorales marco para el 28J, es poco lo que se dice sobre política farmacéutica al ser esta una competencia mayoritariamente de la Administración General del Estado y no autonómica ni local. No obstante, se hacen menciones genéricas como extender las compras centralizadas, buscar mayor eficiencia en el gasto farmacéutico, evitar desabastecimientos… Hay dos casos que se salen de estas generalidades y son por una parte el partido Más Madrid que propone “la creación de una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y comercialice medicamentos en la Comunidad Autónoma de Madrid” y el programa marco de Izquierda Unida que también propone “crear una empresa pública farmacéutica” que se dedicará a “ la fabricación de aquellas moléculas cuya patente se haya extinguido, e igualmente en caso de desabastecimiento, esta empresa podrá fabricar cualquier molécula independientemente del estado de la patente en caso de desabastecimiento”.

En cuanto a las elecciones generales que se nos avecinan el 23J, todavía no se conocen los programas electorales y lo que se va conociendo no dice nada de política farmacéutica, salvo lo que ya ha salido de las propuestas del grupo de Sanidad de Sumar, que en su bloque 6 dice que van a “explorar estrategias de producción pública de medicamentos y terapias esenciales aprovechando los recursos propios del SNS” y van a “regular la independencia del sistema público respecto a diferentes industrias (farmacéutica, diagnóstica ,alimentaria)en aspectos relacionados con la formación y la investigación”. Parece un pequeño avance ya que la exploración está más que hecha y no se debe perder tiempo. También he recurrido a ver qué decían los programas electorales en las generales del 2019 y para ello me he basado en el comunicado que hicimos entonces las asociaciones que formamos la plataforma No es Sano, en el cual se denunciaba “la ambigüedad” de los programas y no había ninguna propuesta en asuntos tan importantes como, transparencia en la negociación de los precios de los medicamentos y por supuesto ni siquiera incorporaban a la agenda política la reforma y limitación del sistema de patentes ni la creación de fondos públicos para la financiación de la investigación, ni las licencias obligatorias por interés de la salud.

Esperemos que esto cambie para el 23J, pero me temo que no. No obstante, es de destacar que en la legislatura que ha concluido tanto el PSOE como Unidas Podemos impulsaron una Proposición no de Ley instando al Gobierno a asumir las recomendaciones del Panel de Expertos de Alto Nivel de Naciones Unidas para el Acceso a Medicamentos y el Informe de Acceso a medicamentos aprobado por el parlamento Europeo en 2017 (Informe Cabezón). De asumir estas recomendaciones y establecer una hoja de ruta para su implementación, sería un importante paso para la reforma del sistema de innovación, pero el rechazo del PP a esta iniciativa y el fin de la legislatura han impedido que siguiera para adelante.

Pero esta indiferencia, inhibición o impotencia, no afectan solo a los gobiernos y a la mayoría de los partidos políticos, también afecta a asociaciones de pacientes, sociedades científicas y sindicatos profesionales.

Las asociaciones de pacientes quieren tener acceso cuanto antes a las nuevas moléculas (cosa lógica), pero hay que garantizar que este acceso ágil a los tratamientos más novedosos sea con total seguridad y teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera de todo el sistema público ya que este, puede verse amenazado por los precios desorbitados de manera injustificada de estas novedades.

Las sociedades científicas y los sindicatos abogan por aumentar la calidad de la asistencia incrementando el número de profesionales y sus retribuciones. Pero para que esto sea más factible, deben tener en cuenta que el precio desorbitado e injustificado de los nuevos medicamentos hacen que los incrementos presupuestarios que se puedan dar en el sistema público sean absorbidos por el incremento del gasto farmacéutico, no dejando espacio para el incremento de otras partidas. Luego a todos nos incumbe y afecta y no podemos, ni debemos mirar para otro lado.

Leía hace exactamente una semana, que las últimas proyecciones económicas de la OCDE mejoraban las previsiones de crecimiento de la economía española, que sería del 2,1% del PIB en 2023 y del 1,9% en 2024. En la misma noticia venían unas declaraciones de la presidenta de la Asociación de Economía de la Salud que manifestaba que “de cumplirse estas previsiones, las cifras pueden tener un impacto directo sobre el gasto sanitario público” pero que cree que un mayor gasto sanitario “se centraría en el crecimiento del gasto farmacéutico, así como el gasto dirigido a la concertación de la asistencia sanitaria…”

Nadie, por lo tanto, debe mirar para otro lado en política farmacéutica, nadie debe inhibirse, nadie debe ser indiferente, pues a todos y a todo nos afectan los excesivos e injustificados precios que pagamos a la industria farmacéutica debido a los monopolios de la comercialización (patentes y otras exclusividades).

Pero como la indiferencia parece que sí está globalizada, no ocurre solo en España. A nivel Europeo, donde tuvimos una bocanada de aire fresco con el informe Cabezón del año 2017,se acaba de presentar en el mes de abril una nueva propuesta de legislación farmacéutica europea, que en palabras de nuestra compañera Dra. Soledad Cabezón, en el número anterior de esta revista, este nuevo paquete legislativo que ha presentado la Comisión Europea “es una oportunidad y esperanza para un necesario cambio de modelo farmacéutico que se queda muy corto y ,si es para 20 años es necesario una mayor ambición”. Esperemos que se pueda modificar en el Parlamento Europeo.

Nuevamente podemos decir, ¿ineptitud? ¿miedo? ¿Impotencia? ¿inhibición? ¿indiferencia?

No quisiera que quedase este editorial como pesimista, como un simple lamento, todo lo contrario, quisiera que quedase como un estímulo para seguir luchando por nuestros objetivos, para seguir luchando para cambiar el modelo de investigación, para cambiar la política farmacéutica nacional y europea, para limitar el uso de las patentes, en definitiva, para ir contra la globalización de la indiferencia, para que se sigan dando pasos.

A quienes hayáis aguantado hasta el final leyendo este editorial me gustaría dejaros, para alejar los males de la indiferencia, unos versos sacados del poema de Gabriel Celaya La Poesía es un arma cargado de futuro:

“Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural de los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”