AUTOR: Pablo Martínez Segura. Miembro de la Comisión de Redacción de la rAJM.
REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022
En la vídeo conferencia participaron, en una primera ronda: César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad; Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM); Vanessa López, directora de Salud por Derecho; y Juan Luis Beltrán, expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Seguidamente tomaron la palabra: Roberto Sánchez, presidente de No Gracias; José María González, representante de la OCU; y Consuelo Giménez, vocal de Comunicación y Desarrollo del Conocimiento de Médicos del Mundo. Al término se abrió un turno de debate con los asistentes virtuales. Moderado por Oriol Güell, periodista de El País, que destacó, entre las conclusiones del encuentro: “la coincidencia de los participantes en el diagnóstico de los problemas de la innovación biomédica en la política farmacéutica, en el control ejercido por la industria farmacéutica a través de los sobreprecios y la priorización de la investigación hacia sus intereses económicos y de negocio, y la necesidad de que la nueva Ley del Medicamento, o alternativamente medidas más puntuales, puedan introducir cambios en la situación actual de las patentes y de control de precios, o que las compras centralizadas de la Comisión Europea sirvan para orientar la investigación hacia el dominio público”. El conjunto de los participantes agradeció a César Hernández su participación, al abordar y dar respuesta a la mayoría de las cuestiones que se le plantearon
Un resumen de las distintas intervenciones es el siguiente:
* César Hernández, subrayó en su intervención las dificultades de su Departamento para agilizar la entrada de nuevos medicamentos debido a su alto precio. Desde su punto de vista, la manera de abaratar los precios es incentivar la competencia, fuera de patente a través de genéricos y biosimilares, y en el caso de la innovación, abriendo el paso a distintas alternativas farmacoterapéuticas. Igualmente abogó por la recuperación de algunos medicamentos antiguos, efectivos pero cuyo bajo precio les ha hecho desaparecer, incentivando un nuevo reconocimiento y un valor real. En sus respuestas a otros participantes y a las preguntas de algunos asistentes señaló, con respecto al calendario de la nueva Ley del Medicamento, que siendo una prioridad para el Ministerio, los tiempos de un proceso legislativo dependen de otros muchos agentes y factores. En ese sentido, añadió que en ningún caso esa circunstancia va a paralizar un proceso de mejoras que pueden abordarse con cambios normativos de menor rango. A la pregunta de Joan Ramon Laporte, catedrático emérito de Farmacología de la Universidad de Barcelona, sobre el inadmisible proyecto de ampliar el monopolio de las patentes con modelos de utilidad, denunciado en la revista Acceso Justo al Medicamento, el director general de Farmacia no contestó directamente, sino que indicó que las patentes y los modelos de utilidad no son competencia de Sanidad. Con respecto a la cuestión planteada por Vanesa López sobre la participación de del sector público en las terapias avanzadas, Hernández señaló que el CAR-T desarrollado en el Hospital Clinic de Barcelona es una autorización de uso para hacer más fácil el salto del desarrollo académico a la autorización de mercantilización, pero que no podría darse ningún tipo de autorización de comercialización ya que inmediatamente quedaría fuera de la legislación.
* Fernando Lamata, planteó que los altos precios de los medicamentos que están erosionando gravemente el Sistema Nacional de Salud, están originados por los monopolios sin competencia que proporcionan las patentes. En su opinión, en el caso de los medicamentos, esas patentes deberían retribuir los costes de investigación y fabricación, pero sin fija precios abusivos y arbitrarios. Puso como ejemplo el caso de los antivirales contra la Hepatitis C, que con unos costes totales investigación y fabricación de 300 euros, el Estado español ha pagado 18.000 euros por tratamiento. Asimismo, hizo referencia a la necesidad de modificar el actual sistema de formación continuada de los profesionales sanitarios. La industria, destacó, con los 8.000 millones de euros que obtiene de sobre-beneficio patrocina actividades, sociedades científicas o guías clínicas que orientan la prescripción. Desde su punto de vista, el patrocinio de esas actividades de formación continuada debería realizarse desde la Administraciones Públicas financiado con una aportación por parte de las empresas farmacéuticas de entre el 15 y el 20% de su volumen de ventas. Es una opción que garantizaría la independencia de la formación y la vía para modificar el modelo actual controlado por los intereses de la industria.
* Juan Luis Beltrán, hizo hincapié en las contradicciones legislativas para garantizar la transparencia de los precios de los medicamentos. Por una parte, indicó, el artículo 7 de la actual Ley del Medicamento señala que las Administraciones Sanitarias deben garantizar la máxima transparencia en los procesos de adopción de sus decisiones en material del medicamento, pero añade que eso debe llevarse a cabo sin perjuicio del derecho a la propiedad industrial. Según advirtió, estos dos principios de transparencia y confidencialidad que se contraponen, no están solucionados puesto que no se establece ninguna pauta para conciliarlos. En los casos en los que estos conflictos han llegado a los tribuales, Beltrán explicó que “el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento, al menos hasta ahora, se han alineado con las posiciones de la industria farmacéutica”. En su opinión, la futura Ley del Medicamento debe abordar este conflicto y favorecer la transparencia dentro de los límites que hasta ahora ha marcado la jurisprudencia .
* Vanesa López, destacó dos cuestiones que desde Salud por Derecho consideran importantes de cara a la futura ley. La primera es la incorporación de criterios de interés público a las inversiones públicas para garantizar su retorno a la sociedad. La segunda es que se fomente la fabricación pública de medicamentos. En este sentido formuló una pregunta muy concreta al director general de Farmacia sobre las terapias CAR-T que se están desarrollando en el Hospital Clinic de Barcelona. Concluyó recordando que Salud por Derecho considera que los medicamentos son un bien público y que los estados tienen la responsabilidad de garantizar que se desarrollen los fármacos que la población necesita a un precio asequible. Por último, invitó a los asistentes a conocer un documento de propuestas políticas que su organización había hecho público ese mismo día “Medicamentos: acceso, asequibilidad e incentivos justos”.
* Roberto Sánchez, inició su intervención compartiendo lo ya apuntado por Fernando Lamata y Vanesa López y, añadió, la preocupación de No Gracias por la necesidad de que se precisen los casos de indicaciones fuera de ficha técnica que se acaban implementado de facto en la práctica clínica. Planteó, como ejemplo, el caso de algunas vacunas no financiadas, pero que se prescriben de forma masiva porque la prescripción fuera de ficha técnica está recogida para casos puntuales.
* José María González, puso de manifiesto la sensibilidad de la OCU ante el hecho de que haya nuevos medicamentos para tratar enfermedades graves o raras que alcanzan precios desorbitados, por lo que se corre el riesgo de que los sistemas públicos de salud no puedan seguir financiándolos. Denunció la falta de transparencia en el sistema de fijación de precios, justificada por los gobiernos por unos costes de investigación que no se conocen, o, por otra parte, las maniobras de reposicionamiento de algunos medicamentos antiguos cuyos costes de investigación ya están amortizados. Estos aspectos es primordial que se aborden en la futura Ley del Medicamento, tomando en consideración las inversiones públicas previas.
* Consuelo Giménez, destacó la visión de Médicos del Mundo de la salud como un derecho humano universal que incluye la garantía de un acceso equitativo a los medicamentos. En ese sentido, llamó la atención a que la futura Ley del Medicamento incorpore algo que consideran imprescindible, la revisión del sistema de copagos, para que dicha aportación no represente un obstáculo insalvable personas en situaciones de vulnerabilidad social, ya sean trabajadores precarios con bajos ingresos o personas inmigrantes. También pidió que se considere el caso de algunos medicamentos excluidos de la financiación pública por estar destinados a síntomas menores, pero que resultan indispensables en algunas patologías y quedan fuera del alcance de pacientes con bajos recursos.
* No es Sano es una campaña coral de organizaciones que luchan para defender y promover el acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la salud, promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, OCU, SESPAS, CECU, No Gracias, OMC y AAJM, con apoyo de ISGlobal y Oxfam Intermón, y financiada con el apoyo de Open Society Foundation. Su manifiesto ha sido suscrito, asimismo, por la Coordinadora estatal de VIH y sida, SEFAP, Escuela Andaluza de Salud Pública y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España.
