AUTOR: Javier Padilla Bernáldez.
Médico de Familia y Comunidad, máster en Salud Pública y en Economía de la Salud y el
Medicamento, diputado autonómico de Más Madrid.
Revista nº 22 de junio de 2023
AUTOR: Javier Padilla Bernáldez.
Médico de Familia y Comunidad, máster en Salud Pública y en Economía de la Salud y el
Medicamento, diputado autonómico de Más Madrid.
Revista nº 22 de junio de 2023
AUTOR: Fernando Lamata Contada Presidente de honor de la AAJM. (Artículo publicado el 29-06-2023 en su blog personal: http://fernandolamata.blogspot.com/2023/06/claroscuros-de-la-mocion-del-comite.html
Revista nº 22 de junio de 2023
¿Por qué deberían existir corporaciones farmacéuticas como Merck y Eli Lilly?
Estas corporaciones depredadoras tratan de presentarse como socialmente responsables, pero su modelo de negocios continúa lastimando a las mismas personas por las que dicen preocuparse.
Revista nº 22 de junio de 2023
OTRAS FUENTES
Richard Eskow
Common Dreams – 15-06- 2023. https://www.commondreams.org/opinion/big-pharma-merck-eli-lilly
Se supone que las patentes de medicamentos expirarían en 20 años. Sin embargo, gracias a los trucos legales, por lo general lleva mucho más tiempo que eso.
Revista nº 22 de junio de 2023
OTRAS FUENTES
Ryan Cooper
The American Prospect – 06-06-2023. https://prospect.org/health/2023-06-06-how-big-pharma-rigged-patent-system/
Interesante artículo que aborda el tema de la utilización de patentes y exclusividades para mantener el monopolio e impedir. la aparición de genéricos más baratos. Es de notable interés su análisis de las diferentes tácticas y estrategias que la Big Pharma utiliza para conseguir este objetivo. Al mismo tiempo señala la dificultad y debilidad de las Agencias Reguladoras.
Revista nº 22 de junio de 2023
OTRAS FUENTES
D. Ravi Kanth
Servicio de Información de TWN sobre cuestiones de salud del Tercer Mundo / Washington DC – 13-06-2023. https://www.twn.my/title2/health.info/2023/hi230604.htm
En este artículo se recogen las interesantes aportaciones del embajador de Colombia en la OMC, así como de los 65 miembros liderados por Sudáfrica e India que plantean de forma clara la necesidad de una alternativa a las licencias voluntarias con la extensión de la exención de la propiedad intelectual.
Este proceso de discusión en la Organización Mundial de Comercio se encuentra actualmente, durante este mes de junio, en plena fase de desarrollo con la oposición abierta, como señala el artículo, de aquellos países ricos donde las grandes farmacéuticas condicionan las posiciones de los gobiernos respectivos.
Colombia, junto con una gran mayoría de los países en desarrollo y menos desarrollados de la Organización Mundial del Comercio, «amplió la apuesta» para extender y aplicar rápidamente la Decisión Ministerial sobre el Acuerdo sobre los ADPIC alcanzado en la duodécima conferencia ministerial de la OMC (MC12) el pasado junio de medidas para el diagnóstico y la terapéutica de la COVID-19, según afirmaron fuentes conocedoras del tema
En la reunión informal del Consejo de los ADPIC el 8 de junio, el número de países que solicitaron una decisión temprana sobre el párrafo ocho de la Decisión Ministerial MC12 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC, ha crecido sustancialmente, afirmaron participantes en la reunión.
, afirmaron participantes, que pidieron no ser identificadas.
El nuevo enviado comercial de Colombia
En la reunión del Consejo de TRIPS, el nuevo enviado comercial de Colombia, el embajador Mauricio Bustamante, reiteró «la extensión de la exención a la producción y el suministro de medios de diagnóstico y tratamientos contra la COVID-19».
Instó a los miembros a empezar a pensar en futuras pandemias, en línea con las discusiones que están teniendo lugar en otros foros.
El embajador Bustamante pidió que se intensificaran los esfuerzos para «establecer un mecanismo de «adopción inmediata » que permita que la exención se utilice en futuras pandemias, sin tener que comenzar a negociar todo desde cero en medio de una crisis».
Sugirió «permitir que este sea un instrumento que se pueda utilizar por defecto frente a una nueva crisis de salud que de lugar a una nueva declaración de pandemia por parte de la OMS, para que no se pierda un tiempo valioso en circunstancias que requieren velocidad y urgencia».
Al comentar sobre un tema asociado relacionado con el uso de licencias voluntarias para futuras pandemias en lugar de una exención, como sugirieron los opositores, el nuevo enviado comercial colombiano dijo con cierta firmeza que, desde la perspectiva de Colombia, «las licencias voluntarias pueden ser valiosas en algunos casos específicos, pero no son una respuesta global definitiva y no nos sirven a todos por igual».
El enviado comercial colombiano afirmó: «La experiencia de la pandemia nos mostró que, en situaciones de crisis, este no era el camino ideal».
Habló sobre las muy difíciles negociaciones a las que se enfrentó Colombia, debido «a los altos precios, en condiciones asimétricas y en competencia con sus socios y vecinos».
En este contexto, comentó: «Solo es razonable que las alternativas producidas localmente sean parte de nuestras conversaciones actuales sobre políticas públicas».
«Incluso a pesar de las posibles ineficiencias, está claro que en ciertas situaciones se requiere un mínimo de autonomía para resolver problemas agudos sociales y de salud pública, como el que ocurrió en el caso de la COVID-19», dijo el enviado comercial colombiano.
Al expresar su agradecimiento por el documento emitido por Suiza y México sobre la mejora del uso de licencias voluntarias, dijo: «De hecho, las licencias voluntarias no han sido una buena opción de política pública para que Colombia se prepare para crisis como la que estamos experimentando».
De hecho, la concesión de licencias voluntarias se ve afectada por varios problemas, agregó el enviado. Incluyen:
Más importante aún, «los términos de negociación con el licenciatario son inherentemente asimétricos, no transparentes, y tienen efectos muy modestos en el precio, por lo que incluso en el mejor de los casos, la alternativa de licencia voluntaria presenta problemas significativos como una opción política», dijo Colombia.
No es de extrañar que «las licencias voluntarias para la producción de ciertos bienes estén llenas de limitaciones y dificultades», dijo el enviado comercial colombiano, y agregó que es por eso que apoyó la exención de vacunas y ahora apoya la simple extensión de la exención a la terapéutica y el diagnóstico, así como la existencia de un mecanismo de «disparador» que facilite las discusiones en el futuro.
Parece que el nuevo enviado comercial de Colombia, que aparentemente es un profesional médico, ha emitido una poderosa declaración contra el retraso en la extensión de la Decisión Ministerial MC12 sobre el Acuerdo TRIPS a los diagnósticos y terapias de COVID-19, dijeron personas familiarizadas con las discusiones.
En virtud del párrafo ocho de la Decisión Ministerial MC12 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC (WT/MIN(22)/30), los miembros de la OMC están obligados a ampliar la decisión sobre las vacunas contra la COVID-19 al diagnóstico y la terapéutica contra la COVID-19.
Pero debido a los continuos obstáculos creados por algunos de los principales países industrializados que representan a las «grandes farmacéuticas», las posibilidades de una decisión temprana parecen algo sombrías, al menos hasta finales de octubre, cuando se espera que EE.UU. anuncie una decisión basada en las investigaciones de su Comisión de Comercio Internacional (ITC).
En este contexto, Sudáfrica, la India y muchos países en desarrollo señalaron el tema como su principal preocupación en la reunión informal del Consejo de TRIPS.
Varios defensores de la coalición de países en desarrollo que han estado presionando enérgicamente por una decisión basada en el párrafo ocho, comenzando con Sudáfrica y la India, e incluyendo a Colombia y otros países, concluyeron en un fuerte mensaje que enfatiza la importancia de los diagnósticos y las terapias de COVID-19 como herramientas críticas para luchar contra la pandemia.
Al parecer, los defensores argumentaron que la presencia de COVID-19 en varios países es motivo de preocupación y excluir estas herramientas vitales socavará la eficacia de la decisión que tiene como objetivo el acceso oportuno y asequible a vacunas efectivas contra la actual pandemia de COVID-19, dijeron las personas, que pidieron no ser citadas.
Los 65 defensores destacaron repetidamente la importancia del diagnóstico y la terapéutica, que dará como resultado un enfoque holístico para permitir a los países en desarrollo abordar esas barreras de la P.I. (propiedad intelectual) que impiden la expansión y diversificación de la producción y aumentan la accesibilidad a herramientas cruciales de COVID-19 que salvan vidas.
Anteriormente, los proponentes dijeron: «El resultado actual (Decisión Ministerial MC12 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC) representa una decisión condicionada estrecha debido a las demandas de algunos miembros de la OMC, que requiere compromisos significativos por parte de los copatrocinadores que esperaban una mayor solidaridad entre los miembros de la OMC durante una emergencia de salud pública
En privado, varios países sostuvieron que la credibilidad de la OMC se ha visto manchada debido a la captura del proceso de toma de decisiones por parte de un puñado de países que representan los intereses de las «grandes farmacéuticas», dijeron las personas que preferían no ser identificadas.
Oposición al párrafo ocho
En la reunión informal del Consejo TRIPS, Suiza continuó oponiéndose a cualquier decisión sobre el párrafo ocho sobre la base de que no hay pruebas materiales que sugieran que los derechos de propiedad intelectual sean una barrera, una posición que también fue compartida por el Reino Unido.
La Unión Europea dijo que está lista para comprometerse con los proponentes para finalizar la decisión, mientras que los EE. UU. aparentemente proporcionaron un informe sobre sus investigaciones en curso del ITC, dijeron las personas, que prefirieron no ser citadas.
La presidenta del Consejo TRIPS, embajadora Pimchanok Pitfield, de Tailandia, indicó su continuo compromiso con los miembros en diferentes grupos/configuraciones.
Al parecer, la presidente informó de que no ha habido en absoluto cambios con respecto al párrafo ocho en los últimos tres meses.
Reiteró su intención de seguir trabajando para encontrar formas de superar las diferencias existentes. La embajadora Pitfield habló sobre sus reuniones con las delegaciones en los últimos dos meses.
Dijo que su informe indica claramente que el compromiso sustantivo en este tema será más constructivo una vez que los miembros hayan completado sus respectivos procesos de consulta nacional.
La embajadora Pitfield trató de conocer de los miembros si había voluntad de hacer un balance de los acontecimientos relevantes con las partes interesadas externas, como las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el mundo académico, en particular sobre cómo abordar el párrafo ocho de la Decisión Ministerial MC12 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC.
Dijo que, en general, las delegaciones apoyaban esta idea con el fin de recopilar aportaciones y compartir experiencias.
Se espera que la presidente, convoque una reunión periódica del Consejo de los ADPIC el 14 de junio, presente un informe claro sobre el camino a seguir en varias cuestiones, como la preparación para la pandemia y sobre las quejas de no infracción y situación de los ADPIC, dos cuestiones que se discutieron en la reunión informal del 8 de junio.
De acuerdo con la Decisión Ministerial MC12 sobre las quejas de no infracción y situación de los ADPIC (WT/MIN(22)/26), los ministros de comercio «tomaron nota del trabajo realizado por el Consejo para los Aspectos Relacionados con el Comercio
De conformidad con la Decisión del Consejo General de 10 de diciembre de 2019 sobre «Las quejas de no manipulación y situación del PTRIP» (WT/L/1080), y le ordena que continúe su examen del alcance y las modalidades de las quejas de los tipos previstos en los apartados 1(b) y 1(c) del artículo XXIII del GATT de 1994 y haga recomendaciones a la 13a se acuerda que, mientras tanto, los miembros no iniciarán tales quejas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC».
Los ministros de comercio también emitieron una declaración bastante larga (WT/MIN(22)/31) sobre la respuesta de la OMC a la pandemia de COVID-19 y la preparación para futuras pandemias.
Algunos de los elementos importantes de la declaración son:
Con el fin de acelerar el acceso a las vacunas, terapias, diagnósticos y otros productos médicos esenciales contra la COVID-19, durante la COVID-19 y futuras pandemias, «alentamos la cooperación regulatoria, según corresponda, y el intercambio de información regulatoria de forma voluntaria».
Los ministros de comercio recordaron la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001 y reiteraron que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni debe impedir que los miembros tomen medidas para proteger la salud pública. «En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, reafirmamos que el Acuerdo puede y debe interpretarse y aplicarse de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos».
Los ministros de comercio reafirmaron que los miembros tienen derecho a utilizar plenamente el Acuerdo sobre los ADPIC y la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública de 2001, que proporcionan flexibilidad para proteger la salud pública, incluso en futuras pandemias. «Recordamos la Decisión Ministerial sobre el Acuerdo sobre los ADPIC: WT/MIN(22)/30 y WT/L/1141».
Los ministros de comercio reconocieron que el aumento del nivel de preparación global para la COVID-19 y las futuras pandemias requiere un fortalecimiento de la capacidad productiva, científica y tecnológica en todo el mundo.
Los ministros de Comercio también reconocieron que dicha capacidad es fundamental para desarrollar soluciones a las crisis de salud pública más allá de la COVID-19, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras epidemias, así como las enfermedades tropicales desatendidas, y para diversificar las ubicaciones de fabricación. Los ministros de comercio reconocieron la importancia de facilitar las operaciones internacionales de los proveedores de servicios que participan en la producción y distribución de vacunas, terapias, diagnósticos y otros productos médicos esenciales contra la COVID-19, como la logística y los servicios de tran
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OTRAS FUENTES
Jaume Vidal
HAI Health Action International – Junio 2023. https://haiweb.org/wp-content/uploads/2023/05/IP-Protection-in-a-Post-pandemic-World.pdf
Informe de Jaume Vidal, de Health Action International, donde se analiza de forma resumida la situación actual de la propiedad intelectual y las diferentes posiciones y alternativas que se han ido planteando. Finaliza con un apartado de recomendaciones de notable interés.
Revista nº 22 de junio de 2023
OTRAS FUENTES
Zacharía Kafuko
The American Prospect – 03-07-2023. https://prospect.org/health/2023-07-03-pharma-giants-block-access-vaccine-research/
Ponente: Fernando Lamata Cotanda. Médico psiquiatra. Presidente Honor de AAJM
Moderador: Antonio Pujol de Castro. Médico Residente de Salud Pública y Medicina Preventiva. Secretario de ARES
Resumen: La iniciativa de la Asociación de Residentes de Salud Pública y Medicina Preventiva se plasmó en este ENCUENTRO con Fernando Lamata donde se analizaron y debatieron las posibilidades que se presentan para la mejora del acceso a los medicamentos con motivo del la Presidencia Española del Consejo de Europa durante los próximos seis meses.
Como punto de partida la carta remitida desde AAJM al Presidente del Gobierno de España con este motivo
Antonio Pujol de Castro, en su doble condición tanto en ARES como en AAJM, contribuyó a la celebración del evento y la coordinación y moderación del mismo.
Resumen: En el último número de laRevista AAJm se tratan aspectos que van desde la importancia de la financiación pública en el proceso de la obtención de fármacos, en la editorial, hasta la amenaza de privatización de la OMs en la conversación con Germán Velasquez.
Deficiencias en el acceso a medicamentos en las Residencias. Favoritismos empresariales y las deficiencias de la nueva legislación farmacéutica europea son temas que se abordan en nuestros artículos originales.
Imprescindibles los contenidos de Otras Fuentes e Informes y Documentos.
AUTOR: Comisión de Redacción de la rAJM
EDITORIAL. Revista Nº 21 Mayo 2023
Hemos venido recogiendo en la revista AJM, diversos artículos e informes que señalan como los monopolios farmacéuticos generados por el sistema actual de propiedad intelectual y las patentes son la causa de los altos precios de los fármacos. Como consecuencia inmediata, se está produciendo una profunda inequidad y falta de acceso a aquellos medicamentos y vacunas necesarios para recuperar la salud a nivel mundial.
También hemos podido constatar, como desde las últimas décadas, el modelo de financiación y desarrollo de la investigación y de la producción de nuevos fármacos implantado por la industria farmacéutica, está provocando una situación insostenible para los pacientes y un problema gravísimo para los gobiernos, incapaces de responder a unos precios excesivos, claramente abusivos.
Diversos autores, en informes y textos de notable valor y rigor científico, venían demostrando como los argumentos de la industria farmacéutica para sostener y justificar los altos precios, basados en el alto coste de la investigación y en la necesidad de un retorno financiero suficiente para compensar adecuadamente los riesgos asumidos e incentivar a los investigadores son sencillamente parciales y falsos.
Efectivamente, en el desarrollo de nuevos medicamentos, por una parte se invierten cientos de miles de millones de dólares de fondos públicos en la financiación de la I+D y las compañías farmacéuticas suelen disponer, además de créditos y ventajas fiscales. A cambio de esta inversión pública los gobiernos y los ciudadanos no reciben en compensación apenas nada por las sumas invertidas.
Pero lo fundamental es que, además de la financiación pública previa, el modelo de financiar la investigación de la industria farmacéutica que ésta aplica y defiende denodadamente, consiste en la incorporación de sobrecostes en los precios finales reales. Este mecanismo, sin control alguno, produce un gasto injustificado y provoca una presión insoportable sobre los pacientes y los sistemas sanitarios públicos. ( En nuestro país pudimos experimentar la situación con los antivirales de acción directa para la Hepatitis C donde el conjunto del SNS estaba pagando más de, 10.000 e incluso 20.000 € por medicamentos cuyo coste de investigación y desarrollo y fabricación era de menos de 300 € por tratamiento.)
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve de forma contundente y nítida la situación de precios insoportables y desorbitados. que ya estábamos observando en los tratamientos oncológicos, Car-T, medicamentos para enfermedades raras, e incluso para medicamentos habituales como la insulina.
Hoy conocemos bien, como las vacunas y los tratamientos para la pandemia se lograron fundamentalmente con fondos públicos. (La financiación pública, a través de los NIH fue fundamental para las vacunas de ARNm.). Sin embargo y a pesar de ello, las compañías farmacéuticas han utilizado estos desarrollos realizados con financiación pública, tanto en las primeras fases, como incluso en las finales a través de los contratos de compra anticipada, para alimentar ganancias extraordinarias. Las siete principales empresas farmacéuticas de vacunas obtuvieron beneficios enormes de 90.000 millones de dólares en 2021 y 2022. (Como señala Marina Mazzucatto en un artículo recogido en este número Moderna pudo obtener más de &36.000 millones y su CEO, S. Bancel pudo enriquecerse exponencialmente.)
Los elevados precios han provocado una vergonzosa inequidad en la distribución mundial de vacunas y son los responsables de millones de muertes innecesarias. Como señala Fernando Lamata en un artículo: “si se hubiera vacunado a todo el planeta al mismo ritmo que nos vacunamos en el Norte se habrían evitado unos 9 millones de muertos”.
Desde la OMS y en diferentes ámbitos se ha subrayado la necesidad de que esta debacle no se repita nunca más. ( Un ejemplo destacable es la carta firmada por más de 100 diferentes personalidades, algunas de las cuales no destacan precisamente por su vertiente solidaria, donde se afirma que: “ La especulación financiera de las compañías farmacéuticas y el nacionalismo vacunal no pueden ir por delante de las necesidades de la humanidad.”
¿ Pero son posibles y viables alternativas diferentes al modelo actual?
En un artículo recogido en esta revista se señala como la inversión de 1.000 millones en gasto público en investigación provocaría un impacto de una reducción de 25.000 millones en los precios de los medicamentos, ( un retorno de la inversión de 25 a 1 ) si, como consecuencia de esta inversión pública, los medicamentos fueran considerados como genéricos. Los autores cifraban para el mercado de Estados Unidos un ahorro de más de 400.000 millones de dólares al año.
Durante este tiempo hemos visto cómo, ante el abandono en el que los países de bajos y medianos ingresos se han encontrado durante la pandemia, imposibilitados para ofrecer a su población las vacunas imprescindibles por los altos precios y la falta de disponibilidad y el fracaso de mecanismos de enfoque caritativo como COVAX, se han visto obligados a desarrollar iniciativas de investigación y producción pública propia. Los ejemplos son numerosos y se dan a diferentes niveles. Por ejemplo, nada menos que en EEUU, el Estado de California producirá y distribuirá insulina al precio del coste de producción. Biovac propiedad en parte del gobierno de Sudáfrica y socio de producción de Afrigen son los responsables de la producción de vacunas genéricas de ARNm.
En el momento actual existe un consenso generalizado entre expertos de diferentes campos de la salud, fuera del ámbito de la industria farmacéutica y de sus poderosos lobbies de presión y think-thank académicos y científicos acompañantes de su discurso, sobre la necesidad de modificar radicalmente un sistema lesivo para la salud. Mariana Mazzucato propone de una forma clara la necesidad de cambiar el actual sistema de innovación de los medicamentos y señala como se deben modificar y establecer nuevas reglas sobre la propiedad intelectual, los precios y la fabricación de fármacos.
¿Qué ventajas y beneficios tendría la financiación pública de la investigación de nuevos medicamentos?
La financiación pública de la investigación permitiría obtener precios de los fármacos al coste real de producción, evitando los sobrecostes actuales que impone arbitrariamente la industria farmacéutica. Además permitiría redirigir las investigaciones a las necesidades reales de salud detectadas. Un ejemplo notable es lo que está ocurriendo actualmente con la investigación sobre los antibióticos imprescindibles para afrontar la resistencia bacteriana (RAM). La industria farmacéutica considera que no es un campo rentable y no está dispuesta a invertir en investigación salvo que se le proporcionen “incentivos”. Solicita en la UE, nada menos que prolongar los periodos de exclusividad, monopolio, sobre determinados fármacos rentables para considerar la posibilidad de dedicar recursos económicos a esta tarea. Evidentemente, la lógica debería llevar a rechazar esta “ proposición indecente” y dedicar el dinero de los sobrecostes a la financiación pública directa de la investigación.
En nuestro país, un documento reciente [https://programa.masmadrid.org/#Comunidad%20de%20Madrid] realiza una propuesta inicial para la Comunidad de Madrid consistente en la creación de una empresa pública de investigación de medicamentos y también con la posibilidad de incluir la producción de fármacos. En él, se propone: “ la creación de una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y comercialice en la CAM medicamentos ”.
Sin duda, desarrollar, extender e impulsar este tipo de iniciativas u otras alternativas similares a nivel estatal en nuestro país puede ser una alternativa útil y viable . Es necesario pues iniciar un camino que sin duda se debe enmarcar también en propuestas de desarrollo legislativo tanto en España como en la UE.
Mantener el sistema actual seguirá originando desigualdad y falta de un acceso y provocará los mismos resultados que hemos experimentado con la pandemia actual en pandemias futuras y en el manejo terapéutico de diferentes enfermedades. Es imprescindible eliminar la barrera de la propiedad intelectual e invertir en la financiación de la investigación con fondos públicos para garantizar una investigación abierta y una producción suficiente, adecuada y descentralizada de los medicamentos y vacunas que precisen ciudadanos y pacientes.
Es el reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios públicos y la ciudadanía. Recuperar la consideración del medicamento como un bien social, no sujeto al mercado, exige un cambio radical del modelo actual