OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025

Michael Channan.

Jacobin Rewiev. 19-07-2025. https://jacobin.com/2025/09/cuba-alzheimers-drug-treatments-documentary/

Este breve, pero interesante artículo comenta la película “El sueño de Teresita: La batalla de Cuba contra el Alzheimer” que relata y describe las investigaciones realizadas por la Dra. Teresita Rodríguez Obaya sobre el tratamiento para la demencia de Alzheimer.

Cuba de nuevo demuestra su dedicación a la investigación, para ayudar y resolver los problemas de salud. Su desarrollo de la vacuna Soberana para COVID -19 fue un ejemplo de su capacidad y solidaridad con los países de bajos y medianos ingresos. Sus trabajos en el campo del cáncer de pulmón o en la implementación de vacunas para la meningitis B, la hepatitis B y el cólera muestran como la investigación y producción pública pueden dar respuesta a las necesidades de salud de la ciudadanía. Su enorme esfuerzo supera el injusto e inmoral bloqueo del gobierno de los EE.UU. Una vez más, este ejemplo demuestra como la producción pública de vacunas y medicamentos puede garantizar resultados de excelencia y conseguir el acceso a los tratamientos necesarios para recuperar y mantener su salud.

El film ha sido presentado en la Universidad de Glasgow, College of Social Sciences, College of Medical, Veterinary and Life Sciences and Havana Glasgow Film  el 16 September 2025.

Cuba ha desarrollado su propia infraestructura para producir tratamientos médicos, con un historial notable a pesar del bloqueo estadounidense y otras limitaciones materiales. Un nuevo medicamento tiene el potencial de aliviar los síntomas del Alzheimer.

El sueño de Teresita: La batalla de Cuba contra el Alzheimer es una película modesta sobre un medicamento para la enfermedad de Alzheimer que es innovadora en más de un aspecto. En primer lugar, porque el medicamento se ha desarrollado en Cuba, lo cual no es poca cosa. En segundo lugar, por su carácter inusual como documental sobre el desarrollo de una droga.

Producido por Belly of the Beast, un colectivo de medios cubano-estadounidense, Teresita’s Dream es narrado por la Dra. Teresita Rodríguez Obaya, una investigadora biotecnológica cuya madre sufría de Alzheimer. Ella ha sido fundamental en el desarrollo del nuevo tratamiento y nos cuenta su propia historia sobre el cómo y el porqué.

Tratando la demencia

Me pareció una historia alentadora, que une mi larga relación con Cuba y mi preocupación más reciente por el Alzheimer, después de que un primo y luego mi hermano contrajeran la enfermedad.

Las grandes farmacéuticas del Norte Global han gastado miles de millones de dólares durante varias décadas en desarrollar medicamentos para el Alzheimer, con un éxito limitado. Cuba, a la que el bloqueo impide acceder a medicamentos estadounidenses, creó su propio instituto de biotecnología en la década de 1980. A pesar de las limitaciones que enfrenta, desde entonces ha producido vacunas exitosas para varios tipos de cáncer, meningitis y hepatitis B, por no mencionar la COVID-19.

Las grandes farmacéuticas del Norte Global han gastado miles de millones de dólares en desarrollar medicamentos para el Alzheimer, con un éxito limitado.

Conocí la iniciativa poco después de su creación. Durante un receso en la grabación de un reportaje sobre Cuba para el Canal Cuatro del Reino Unido, me llevaron de visita. En aquel entonces, desconocía la biología y no estaba preparado para comprender el trabajo de los investigadores del instituto, pero seguí siguiendo sus actividades a distancia, por lo que la noticia de la nueva vacuna no me sorprendió.

La demencia en sus diversas formas, de las cuales el Alzheimer es el tipo más común, presenta dificultades particulares. La causa de la enfermedad sigue siendo desconocida, y el efecto de los fármacos desarrollados hasta la fecha es escaso y a corto plazo. Además, los fármacos solo tienen algún efecto si se administran en las primeras etapas de la enfermedad, y también conllevan el riesgo de efectos secundarios graves.

El problema es que la demencia es difícil de diagnosticar a tiempo como para marcar la diferencia, y la urgencia es cada vez mayor. El Alzheimer ataca en la vejez, y la población cubana está envejeciendo, por múltiples razones, entre ellas la emigración de las generaciones más jóvenes y la baja tasa de natalidad. Como muestra la película, desarrollar una vacuna y probarla según los estándares internacionales en estas circunstancias es un logro notable.

Documentando el Alzheimer

El Sueño de Teresita también destaca por su relato del proceso de desarrollo del fármaco. He estado escribiendo un libro sobre la representación de la demencia en la pantalla mundial. Existen docenas de películas de ficción y cientos de documentales, tanto cortos como largos, muchos de ellos instructivos y educativos. Algunos son retratos creativos en primera persona de pacientes individuales, mientras que otros, como este, adoptan la forma de reportajes de investigación.

En estas películas se aprende mucho sobre la vida con demencia, incluyendo tanto los síntomas del deterioro cognitivo como las cargas que recaen sobre los cuidadores. Sin embargo, nos dicen muy poco sobre la medicación y nada en absoluto sobre la investigación y el desarrollo que conlleva, que es el enfoque principal de El Sueño de Teresita.

El nuevo tratamiento cubano es uno de los numerosos fármacos que se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos; según un informe reciente, hasta 180. Los ensayos siguen los estrictos protocolos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que sirven como estándar internacional. Consisten en tres fases que tardan años en completarse: Pocos candidatos sobreviven a la Fase III.

El creciente número de candidatos que entran en ensayos clínicos se explica por el fracaso de los fármacos basados en el modelo dominante. Este modelo se remonta a 1906, cuando Alois Alzheimer, de quien toma su nombre, reconoció por primera vez la demencia como una enfermedad y no simplemente como una carga de la vejez. Alzheimer descubrió proteínas anormales en el cerebro de una paciente tras su muerte.

La investigación posterior se vio obstaculizada hasta el desarrollo de las neurociencias tras la Segunda Guerra Mundial, que gradualmente reveló anomalías en el supuesto curso de la enfermedad (algunas personas presentaban las proteínas anormales sin presentar síntomas). La industria farmacéutica ignoró estas anomalías hasta que los investigadores observaron que algunos fármacos desarrollados para otros fines mostraban propiedades neuroprotectoras.

Teresita se fijó en uno de ellos, en desarrollo en Cuba para enfermedades cerebrales como el Párkinson, cuyos ensayos preliminares mostraron ausencia de efectos secundarios. Se dio cuenta de que podría ayudar a personas con Alzheimer como su madre y se unió al equipo.

Durante tres años, utilizó el fármaco para tratar a su madre, de quien habla con mucha emoción. Nos muestra fotos, habla de cómo vio una mejoría en sus síntomas, e incluso vemos evidencia de ello en un fragmento de una película casera donde aparece bailando.

El nuevo tratamiento cubano es uno de los numerosos medicamentos que se encuentran actualmente en fase de prueba; según un informe reciente, hasta 180.

Esto dio lugar a ensayos clínicos con pacientes de Alzheimer en un centro de atención en un pueblo cercano a La Habana, con 174 participantes. El 30 % se estabilizó y el 54 % mejoró, sin que se detectaran efectos secundarios.

A medida que los ensayos avanzan a la siguiente fase, con casi 1500 participantes en todo el país, la película sigue el formato estándar del documental de investigación, ampliándose para incluir entrevistas con los colegas de Teresita y seguirla en sus visitas a pacientes y sus familias, quienes hablan de mejoras notables.

Precondiciones para el Progreso

Las causas subyacentes de la demencia siguen siendo desconocidas. El nuevo fármaco no cura la enfermedad y es demasiado pronto para saber su eficacia a largo plazo. Sin embargo, por lo que vemos en esta película, promete aliviar gran parte de la carga que la enfermedad supone para quienes la padecen, sus familias y el sistema sanitario.

Esto es mucho más de lo que se puede decir de los últimos fármacos de las gigantes farmacéuticas de Estados Unidos y otros países que han obtenido la aprobación final. El Servicio Nacional de Salud británico no los ha adoptado porque son demasiado caros, sus efectos son efímeros y apenas perceptibles, y requieren una monitorización constante de los efectos secundarios.

Esto es el resultado de un sistema fragmentado de desarrollo de fármacos dominado por intereses comerciales. En ese marco, los científicos crean laboratorios de investigación para desviar fondos gubernamentales con la esperanza de vender sus esfuerzos a las empresas que realizan los ensayos y luego cobrar precios exorbitantes si tienen éxito (muchos son abandonados por considerarlos inútiles).

La lección de la película es que el sueño de Teresita solo puede hacerse realidad en un país con un sistema de salud totalmente socializado e integrado, libre de intereses capitalistas. Al final de la película, Teresita dice que le gustaría ver la vacuna comercializada en el extranjero, pero se pregunta quién podría prestarle atención.

No necesita explicarlo. Ciertamente no en Estados Unidos, por mucho que pudiera ayudar a aliviar un sistema de salud quebrado. Desde una perspectiva más optimista, he visto informes sobre una nueva empresa de cooperación biofarmacéutica entre Cuba y China para la producción de medicamentos innovadores contra el cáncer, así como para enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas.

• Michael Chanan es profesor emérito de cine y vídeo en la Universidad de Roehampton, Londres. Sus libros incluyen “From Printing to Streaming: Cultural Production Under Capitalism”, “The Politics of Documentary” y” Cuban Cinema”.

Tráiler de la película disponible en https://youtu.be/a2Y5FBR0pnU?si=v4ffyD01OSoLEBR8

OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025

Marion Courtassol.

Le Nouveau paradigm. 22-09-2025. https://lenouveauparadigme.fr/lexplosion-des-prix-des-medicaments-menace-lacces-aux-soins/

Este artículo, describe desde un análisis de la situación francesa del elevado precio de los medicamentos y su repercusión sobre el sistema de salud, la necesaria utilización de mecanismos (que conocemos ampliamente en otros artículos publicados en AJM), como la transparencia, la utilización de licencias obligatorias, etc.

Su conclusión, es la ineludible necesidad de una producción pública de medicamentos como forma de garantizar un acceso universal a medicamentos y vacunas.

El caso del anticancerígeno Keytruda, estudiado por el UFC-Que Choisir, ilustra un modelo farmacéutico financiarizado que socava la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso equitativo a la atención. Cada vez más actores se oponen y proponen soluciones para proteger las drogas de la especulación y los intereses privados.

En 2024, el sistema francés de seguros de salud gastó más de 2.000 millones de euros en Keytruda, el medicamento contra el cáncer más vendido del mundo, un producto estrella de Merck. Esta cifra, revelada en un estudio reciente de UFC-Que Choisir, representa más del 5% de todos los reembolsos de medicamentos en Francia. Con un valor nominal por tratamiento que alcanza los 70.000 euros por paciente al año, cabe preguntarse cuánto tiempo seguirá la sanidad pública financiando sin límites las prácticas especulativas de las grandes farmacéuticas. Y, sobre todo, ¿cuánto durará el sistema sanitario antes de colapsar?

La UFC señala que los descuentos negociados por el Estado, es decir, las reducciones de precio obtenidas de las farmacéuticas a cambio del reembolso de la Seguridad Social, están protegidos por secreto comercial. Esto excluye, en la práctica, cualquier control democrático. Sin embargo, estimaciones independientes sitúan el precio justo de Keytruda entre 52 y 885 euros. Entonces, ¿qué se financia realmente: la innovación médica o las operaciones financieras que la acompañan? La asociación de consumidores también cita el caso de Zolgensma, un fármaco de terapia génica utilizado en el tratamiento de la atrofia muscular espinal infantil (AME). Una sola inyección cuesta nada menos que dos millones de euros, a pesar de que se desarrolló en gran medida gracias a la investigación pública.

Desabastecimiento de medicamentos vitales

Estos grandes éxitos farmacéuticos no son neutrales. Consumen considerables recursos en detrimento de hospitales, personal sanitario y equipos. Para absorber estos costes, el gobierno impone recortes en genéricos y biosimilares, lo que debilita la producción local y fomenta el desabastecimiento. A finales de 2024, casi 400 medicamentos no estaban disponibles en Francia, incluyendo tratamientos vitales.

Frente a esta tendencia, UFC-Que Choisir no está sola. En Francia, el Tribunal de Cuentas ha advertido sobre el aumento descontrolado del gasto en medicamentos innovadores contra el cáncer. Asociaciones de pacientes como la Liga contra el Cáncer han denunciado los precios excesivos que amenazan el acceso equitativo a la atención médica. A nivel europeo, varios países han optado por unir fuerzas para negociar juntos, mientras que el Parlamento exige mayor transparencia. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que los precios reflejan la capacidad de pago de los sistemas de salud, más que el valor terapéutico real. ONG como Médicos Sin Fronteras también señalan que este enfoque excluye a millones de pacientes en todo el mundo.

Debates en torno a un centro farmacéutico privado

Se han presentado varias propuestas. La transparencia de los precios reales de las patentes debe convertirse en la norma, no en la excepción. Es necesario negociar a nivel europeo para reequilibrar el poder con los gigantes de la industria. Las licencias obligatorias previstas por el derecho internacional deben utilizarse en cuanto los precios se vuelvan excesivos. Debe iniciarse la reubicación estratégica de la producción de medicamentos esenciales para asegurar el suministro y restablecer la soberanía sanitaria.

Entonces, ¿por qué no mirar más allá con la creación de un centro farmacéutico verdaderamente público, capaz de garantizar la investigación, la producción y la distribución de tratamientos esenciales, libre de lógicas especulativas? Dicha estructura permitiría la planificación democrática de la política farmacéutica y garantizaría el acceso universal a las innovaciones terapéuticas.

• Los activistas advierten que el nuevo acuerdo de libre comercio entre India y el Reino Unido pone en peligro el acceso a los medicamentos al socavar las protecciones existentes.

OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025

Peoples Dispatch.

Peoples Dispatch. 30-07-2025. https://peoplesdispatch.org/2025/07/30/india-uk-trade-deal-threatens-access-to-medicines-activists-warn/

Este artículo muestra, una vez más, como los tratados de libre comercio (TLC) son utilizados por los países de altos ingresos en sus negociaciones con el resto de países, como un instrumento para imponer los intereses económicos de sus empresas.

En el campo de los medicamentos, las grandes industrias farmacéuticas impulsan a sus gobiernos, a incluir medidas en los TLC dirigidas fundamentalmente a fortalecer y endurecer aún más las disposiciones incluidas en ADPIC.

El texto que podemos leer a continuación muestra bien como el Gobierno de la India ha sido sometido a la presión suficiente por el Gobierno de UK para incluir medidas que dificultan las licencias obligatorias, hacen retroceder la transparencia y prolongan la propiedad intelectual. Las consecuencias para la población de la India, en el acceso a medicamentos necesarios para la recuperación de la salud serán sin duda muy notables.

El acuerdo comercial recientemente firmado entre India y el Reino Unido tendrá efectos perjudiciales en el acceso a medicamentos en la India, advirtió la semana pasada. Al aceptar concesiones en materia de transparencia, licencias obligatorias y en el sistema de patentes, las autoridades indias corren el riesgo de socavar las garantías de salud pública que tanto han costado conseguir en la legislación nacional, incluida la Ley de Patentes de la India, declararon expertos durante una conferencia de prensa organizada por el grupo.

K.M. Gopakumar, coorganizador del Grupo de Trabajo, señaló que, si bien el debate público en torno al tratado de libre comercio (TLC) se ha centrado en la posibilidad de un whisky más barato en India, se ha prestado mucha menos atención a su impacto en la accesibilidad a los medicamentos. Según Gopakumar, al debilitar las garantías contra la perpetuación de patentes y privilegiar las licencias voluntarias sobre las obligatorias, entre otras cosas, el TLC introduce en la práctica disposiciones ADPIC+ por la puerta trasera.

“El TLC claramente establece el mecanismo voluntario, como la licencia voluntaria, como la vía preferida y óptima para promover el acceso a los medicamentos”, afirmó el grupo de trabajo. La licencia voluntaria permite a las compañías farmacéuticas otorgar a determinados productores el derecho a fabricar medicamentos patentados en las condiciones que ellas mismas definen. Dado que estas condiciones se establecen para proteger los beneficios de la compañía, la práctica no beneficia a las personas que necesitan el tratamiento. En cambio, la licencia obligatoria permite a los gobiernos autorizar la producción de genéricos sin el consentimiento de la compañía titular de la patente, lo que aumenta las posibilidades de que la producción beneficie a la salud pública.

Gopakumar, el experto en comercio internacional Prof. Biswajit Dhar, y el defensor del acceso a medicamentos Roshan Joseph coincidieron en que este cambio hacia las licencias voluntarias tendrá un efecto disuasorio sobre los posibles solicitantes de licencias obligatorias, ya que indica que las autoridades indias no consideran viables estas medidas. «Esta preferencia explícita por las licencias voluntarias deja el acceso a los medicamentos en manos de las fuerzas del mercado y socava la función del gobierno a la hora de facilitar la disponibilidad de medicamentos asequibles para la población», declaró el Prof. Dhar. «También envía una clara señal a los posibles solicitantes de licencias obligatorias de que no son bienvenidos».

Las disposiciones del TLC entre India y el Reino Unido, añadió el Prof. Dhar, «no son un buen augurio para los pacientes ni para la accesibilidad a los medicamentos». Esta no es la primera vez que India debilita las protecciones existentes en materia de salud pública. El año pasado, el país firmó un acuerdo comercial con cuatro países europeos que también diluyó dichas salvaguardias, alineando la política india más estrechamente con las demandas de los países de altos ingresos y las corporaciones farmacéuticas multinacionales. «Existe un movimiento progresivo hacia la aceptación de las demandas de los países desarrollados, que eliminan sistemáticamente las salvaguardias de interés público disponibles en la Ley de Patentes de la India», escribió el grupo de trabajo.

Las disposiciones del TLC van más allá de las preferencias en materia de licencias: también reducen los requisitos de transparencia. En las condiciones actuales, los titulares de patentes deben presentar informes anuales sobre su situación, pero el nuevo acuerdo permite presentar informes cada tres años. «Esto compromete efectivamente la capacidad de los potenciales solicitantes de licencias obligatorias de demostrar demandas insatisfechas, lo que constituye un motivo para la licencia obligatoria», declaró Jyotsna Singh, co-coordinadora del Grupo de Trabajo: «Inclina claramente la balanza a favor de las corporaciones farmacéuticas transnacionales».

La sección de propiedad intelectual también corre el riesgo de erosionar las protecciones contra la perpetuación de patentes al impulsar la armonización, lo que podría socavar la capacidad de la India para evaluar y regular las patentes de forma independiente. “Actualmente, India cuenta con disposiciones que no permiten la perennización, es decir, la concesión de patentes sobre una pequeña modificación de un medicamento existente”, afirmó Gopakumar. “La armonización impulsará a India a hacerlo”.

El grupo de trabajo instó a una resistencia oportuna y organizada a las tendencias plasmadas en el TLC entre la India y el Reino Unido. Roshan Joseph enfatizó que, a medida que se introduzcan más disposiciones de este tipo mediante acuerdos comerciales y otros acuerdos bilaterales, será cada vez más difícil revertirlas. «La implementación de estas disposiciones reduce la capacidad de los gobiernos central y estatales para cumplir con su obligación constitucional en materia de derecho a la salud», concluyó el Grupo de Trabajo.

OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025

Ellen’t Hoen.

Medicines Law&Policy. 10-09-2025. https://medicineslawandpolicy.org/2025/09/who-members-meet-to-finalise-the-pathogen-access-and-benefit-sharing-instrument/

Este artículo de Ellenˋt Hoen explica la situación actual y el devenir próximo del instrumento PABS (Acceso a los Patógenos y la Distribución de Beneficios) en vigor del acuerdo pandémico. Se plantean como es habitual en los procesos de negociación los problemas con el acceso a vacunas y medicamentos relacionados con propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Los países de altos ingresos muy probablemente seguirán obstaculizando, como hicieron durante las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia la concesión de licencias de tecnología posicionamiento que colisiona con el objetivo de disponer de un intercambio rápido de información sobre patógenos para facilitar la investigación y el desarrollo de contramedidas contra pandemias.

Veremos qué sucede, pero como sabemos bien por la experiencia anterior, la posición de los países de altos ingresos, y aún más en el contexto actual, será la de mantener la propiedad intelectual y no acceder a la transferencia de tecnología.

En mayo de 2025, los estados miembros de la OMS adoptaron el Acuerdo sobre Pandemias, pero postergaron la creación de un instrumento para el Acceso a los Patógenos y la Distribución de Beneficios (PABS). Para ello, se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), y los países volvieron a la mesa de negociaciones en Ginebra.

El GTI tiene la tarea de redactar y negociar un nuevo instrumento sobre el PABS. Su mandato es crear un marco integral y jurídicamente vinculante que garantice el acceso equitativo a los patógenos con potencial pandémico y a los beneficios derivados de ellos.

Este Instrumento PABS será un anexo al Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, y su finalización es un paso crucial, ya que, sin él, el Acuerdo no podrá ratificarse ni entrar en vigor.

El Acceso a los Patógenos (PA) se refiere al intercambio rápido de materiales e información secuencial sobre patógenos con potencial pandémico. Esta información es crucial para las estrategias de prevención y el desarrollo de los productos necesarios para responder a una amenaza pandémica, como vacunas y medicamentos. Sin embargo, compartir dicha información también conlleva efectos adversos para el país que la comparte. Por ejemplo, en 2021, científicos sudafricanos compartieron información genómica sobre una nueva variante de la COVID-19, que 72 horas después se denominó Ómicron. Sin embargo, en cuestión de un día, Sudáfrica se enfrentó a restricciones de viaje impuestas por varios países. Esto pone de relieve la tensión entre priorizar la salud pública mundial y los riesgos económicos de hacerlo sin garantías de acceso a los productos desarrollados mediante el intercambio rápido de información sobre patógenos.

El objetivo del instrumento PABS es doble: comprometerse con el intercambio rápido de información sobre patógenos y garantizar que quienes comparten información sobre nuevos patógenos, utilizada para el desarrollo de nuevos conocimientos y productos, tengan acceso a los beneficios derivados de dicha información. Los países acordaron en mayo de 2025 que el instrumento PABS debía garantizar una distribución rápida, oportuna, justa y equitativa de los beneficios derivados del intercambio y/o la utilización de materiales e información de secuencias PABS con fines de salud pública.

El objetivo del intercambio rápido de información sobre patógenos es facilitar la investigación y el desarrollo de contramedidas contra pandemias. Para ello, desde 2015, la OMS también ha desarrollado el Plan de I+D para Epidemias, que incluye un marco científico para la preparación para la investigación en epidemias y pandemias, incluyendo la priorización de patógenos.

La primera reunión del IGWG se celebró los días 9 y 10 de julio y abordó principalmente cuestiones de procedimiento relacionadas con su trabajo. La segunda reunión del IGWG tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre de 2025 y se espera que aborde los detalles sustantivos. La OMS ha presentado un borrador de dos páginas con los elementos que abordará el sistema PABS.

El Instrumento PABS

El Instrumento PABS tiene como objetivo proporcionar un sistema global para compartir patógenos y los beneficios derivados de su uso. Los Estados miembros de la OMS decidieron crear el sistema PABS al adoptar el Acuerdo sobre Pandemias en mayo de 2025. El Artículo 12 del Acuerdo establece los parámetros del instrumento:

1. Intercambio Rápido de Patógenos: Los Estados se comprometen a compartir rápidamente materiales biológicos (patógenos) y la información de su secuencia genética con la OMS y los laboratorios designados tras la identificación de una posible amenaza de pandemia. Esto garantiza que los científicos y las empresas dispongan de las muestras necesarias para la investigación, la vigilancia y el desarrollo de contramedidas.
2. Distribución Equitativa de Beneficios: A cambio de compartir patógenos, se garantiza a los países el acceso a los beneficios, incluyendo vacunas, terapias y diagnósticos derivados del intercambio y/o uso de materiales, así como contribuciones monetarias y no monetarias. Los beneficios son multifacéticos e, además del acceso a los productos, incluyen:

Desarrollo de capacidades y asistencia técnica

• Cooperación en investigación y desarrollo.
• Facilitación del acceso rápido a vacunas, terapias y diagnósticos para responder a los riesgos para la salud pública.
• Otorgamiento de licencias no exclusivas a fabricantes en países en desarrollo para la producción y distribución eficaz de vacunas, terapias y diagnósticos.
• Transferencia de tecnología: intercambio de conocimientos técnicos y capacidades de fabricación.

La propuesta para el instrumento PABS debe finalizarse antes de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2026. Esto puede parecer una eternidad para quienes anhelamos las vacaciones de primavera, pero en el mundo de la elaboración de tratados, ocho meses es muy poco tiempo, sobre todo porque las conversaciones abordarán cuestiones espinosas relacionadas con el acceso a productos sanitarios, las licencias de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología. Temas que regularmente retrasaron el progreso durante las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia.

Para preparar el IGWG-2, la Oficina ha solicitado a los Estados miembros de la OMS que presenten propuestas de texto, que servirán de base para las negociaciones. Hasta la fecha, la OMS ha recibido 18 propuestas de países y grupos de países.

Las propuestas anticipan los puntos más delicados de las conversaciones. Algunas de ellas recordarán los temas más difíciles de las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia. Por ejemplo, el Grupo de Equidad, que reúne a 29 países en desarrollo, propone:

“(iii) en caso de una ESPII o una emergencia pandémica, otorgar a la OMS licencias no exclusivas que puedan sublicenciarse a fabricantes de países en desarrollo, especialmente a aquellos que proporcionaron materiales PABS e información de secuencias PABS, para el desarrollo o la producción de productos relacionados con la pandemia necesarios en dichos países, con el fin de ampliar rápidamente el suministro y garantizar un acceso equitativo y rápido en dichos países. Dicha licencia debe incluir la entrega de la documentación reglamentaria completa, los conocimientos técnicos y cualquier material necesario (por ejemplo, líneas celulares, etc.)”.

Los países de altos ingresos han insistido durante las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia en que la concesión de licencias de tecnología solo se realizaría de forma voluntaria. Es probable que esta demanda se retome en las negociaciones del PABS.

Las negociaciones del PABS se habrían beneficiado de disposiciones claras en el Acuerdo sobre la Pandemia sobre licencias de propiedad intelectual, acceso a los conocimientos técnicos y transferencia de tecnología. A falta de compromisos firmes para compartir tecnología sin barreras de propiedad intelectual, es probable que el tema vuelva a surgir en las conversaciones del IGWG.

OTRAS FUENTES. Revista nº 40 – Verano 2025

Gabriela Parada Martínez y Magdalena Piñeyro

El Salto, 26-06-2025. https://www.elsaltodiario.com/opinion/novo-nordisk-activismo-molesta

La valoración de las socias 0 valoracioneEfectivamente, un ya en 2023 los ingresos de Novo Nordisk por Ozempic fueron aproximadamente 13.890 millones de dólares… La revista económica Fortune publicaba un artículo con un titular que ayuda a comprender la bestrategia: «Ozempic y Wegovy inyectaron 26 mil millones de dólares en Novo Nordisk el año pasado (2024). ¿Podrá el gigante farmacéutico encontrar su próximo avance antes de que termine el auge?” El texto del artículo de Fortune continúa: “Es difícil predecir cuánto más rápido aumentarán las ventas de medicamentos para la obesidad de Novo. La patente sobre la

semaglutida expira en los Estados Unidos en 2032” . La publicidad de Novo Nordisk sin duda va dirigida a consolidar la expansión en el mercado ampliando sensiblemente el número de personas en tratamiento El artículo citado finaliza de una manera aún más esclarecedora; “En marzo, un estudio financiado por la Fundación Gates concluyó que la mayoría de los adultos del mundo serán clínicamente obesos para 2050. Dice Moore: «Acabamos de empezar».

Comentarios terribles que que una vez más ilustran perfectamente la necesidad de acabar con el sistema actual de patentes y precios de los nuevos medicamentos. Agradecemos a las autoras del artículo su texto y la oportunidad que nos ha proporcionado.

Desde la semana pasada la farmacéutica Novo Nordisk se encuentra en el ojo de la crítica, tras lanzar una fuerte campaña publicitaria que relaciona la gordura con la enfermedad y la muerte. Hay quienes ven en sus mensajes una insinuación hacia el consumo de su producto estrella, Ozempic, un medicamento para tratar la diabetes cuyo efecto colateral, en ocasiones, es el adelgazamiento, hecho que le ha sembrado amplia popularidad a lo largo y ancho del mundo e hizo posible el Premio Princesa de Asturias a la Investigación Científica y Técnica en el año 2024. Dadas las circunstancias, los lemas tajantes como “la obesidad es una enfermedad” y “la obesidad puede matar” dejan al descubierto que la compañía podría estar incurriendo en publicidad encubierta, a la vez que respaldar lo que podría  considerarse una irresponsabilidad por parte de la medicina: recetar un tratamiento para una enfermedad crónica a personas que no la padecen.    

El vídeo da a entender que la vergüenza que siente la gente gorda al comer en público es culpa del cuerpo y no de una sociedad que discrimina y violenta a las personas por su peso

La campaña se ha desplegado en anuncios de televisión y redes sociales, así como en múltiples marquesinas de las grandes ciudades del país, donde su cartel principal, de estética sobria y minimalista, cede el protagonismo casi exclusivo al texto, en un marco que nos recuerda a los anuncios de las cajetillas de tabaco. Otro de los mensajes más destacados es: “La obesidad es un problema de salud, no de estética. Y sigue expandiéndose mientras discutimos cómo hablar de ella”. 

Todas las piezas comparten una advertencia en la parte superior que dice: “Contenido sin filtros. Este contenido es extremadamente delicado y puede herir sensibilidades”. En la parte inferior, junto al logotipo de Novo Nordisk, figuran los de varias instituciones médicas que respaldan la campaña, entre ellas la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO).

Contenido “sin filtros”: ¿A quién va dirigida esta campaña?

El vídeo que ha circulado por televisión y redes sociales deja entrever, a través de la simulación de un programa de preguntas y respuestas, que la persona gorda que relaciona su cuerpo con salud y aceptación, y no con enfermedad, está equivocada. Todo gira en torno a la individualidad y no a la colectividad: incluso da a entender que la vergüenza que siente la gente gorda al comer en público es culpa del cuerpo y no de una sociedad que discrimina y violenta a las personas por su peso.

Este “contenido sin filtros” constituye una clara provocación que señala de forma directa a quien dirige su campaña, es decir, a todas las que hasta ahora hemos hablado, según ellos, “con filtros” y con reserva sobre el tema de la gordura. Cuando el Ministerio de Sanidad anunció que pediría explicaciones a la farmacéutica por esta campaña, su respuesta fue: “hablar de obesidad sigue generando muchas más sensibilidades que hablar de cualquier otra patología crónica (…) Es urgente hablar de obesidad como una enfermedad crónica que puede matar y alejarla de corrientes estéticas o body-positive para que exista una conciencia real de la importancia de ir al médico”. 

El interlocutor de esta campaña somos nosotras: las personas que hacemos sensibilización sobre la gordofobia y sus efectos, las que hablamos de aceptación corporal, derechos humanos y diversidad. La advertencia de Novo Nordisk es clara: seguir fomentando el respeto hacia las personas gordas mata. No tenemos derecho a hablar de obesidad y apelar a vidas dignas, debemos de hacerlo en términos que fomenten adelgazar, y para eso, su compañía ya nos vende un producto. 

La idea principal de la campaña es que sea el mercado de la salud quien tenga el monopolio para hablar sobre la gordura, porque es, según ellos nuevamente, quien puede hacerlo de manera seria, rigurosa y con la urgencia que amerita el número de víctimas que, supuestamente,  la obesidad cobra cada año. 

La campaña de Novo Nordisk es una invitación al silencio, a callar otros debates en torno a las personas gordas y su salud

La campaña de Novo Nordisk es una invitación al silencio, a callar otros debates en torno a las personas gordas y su salud ¿Por qué quieren que callemos? ¿Qué estamos diciendo desde los activismos gordos y body-positive que incomode lo suficiente para lanzar una campaña millonaria dirigida a nosotras? Recordemos, además, que no es la primera vez que sucede esto: Lilly, la compañía creadora de Mounjaro, competencia de Ozempic, pagó a Paula Leitón, referente fugaz del body-positive en España en el año 2024, para que participara de una campaña, también avalada por la SEEDO, con un mensaje similar al de Novo Nordisk: “la obesidad es más que un número en la báscula”. El fin parece ser desacreditar nuestras voces y, de paso, a nuestras referentes.

¿Por qué silenciarnos? 

La campaña de Novo Nordisk realiza una afirmación categórica sobre un debate que se mantiene vigente dentro de la comunidad de profesionales de la salud. Y es que, si bien un sector habla de la gordura como “enfermedad” (simplificando a nuestro modo de ver una realidad social, cultural y biológica compleja), otro sector la ve como una condición física que por sí misma no requiere tratamiento, aún cuando pudiera constituir un factor de riesgo para la salud, como lo pueden ser la edad, el género, tomar sol sin protección, o practicar deportes de riesgo y hasta reírse muy fuerte. Lo cierto es que factores de riesgo hay muchos y enfermar es una posibilidad siempre independientemente del tipo de cuerpo que tengas, pero, por algún motivo, la gordura se ha llevado la palma de los factores de riesgo, incluso por encima del alcohol, las condiciones laborales o la polución, que de hecho le ganan en las estadísticas aunque no en la narrativa de la preocupación y alarma social.  

Lo cierto es que factores de riesgo hay muchos y enfermar es una posibilidad siempre independientemente del tipo de cuerpo que tengas, pero, por algún motivo, la gordura se ha llevado la palma de los factores de riesgo

Históricamente, el índice de masa corporal (IMC) ha sido la herramienta utilizada para clasificar los cuerpos como obesos. El IMC es una fórmula simple que relaciona el peso con la estatura (peso/altura²), pero no distingue entre grasa, músculo o distribución corporal. Una persona muy musculosa puede tener un IMC alto sin tener exceso de grasa. El IMC no tiene en cuenta la etnia de la persona, la edad u otros factores que influyen en la composición corporal. Fue diseñado originalmente en el siglo XIX, por Lambert Adolphe Jacques Quetelet, en el contexto del racismo científico, no como un método de diagnóstico, si no como una herramienta estadística poblacional (Quetelet buscaba designar el tamaño medio del hombre blanco europeo). En la actualidad, esta herramienta (más estadística que de salud) está siendo cuestionada no solo por el activismo antigordofobia, sino también por la propia SEEDO.

Con esta principal herramienta al borde del abismo, han comenzado a aparecer otras formas de medir la grasa corporal con las que categorizarnos como personas normopeso, sobrepeso u obesas, pero lo cierto es que gran parte de la investigación científica realizada hasta ahora sobre obesidad se edificó sobre un parámetro que hoy estamos considerando erróneo: el IMC. 

Por otra parte, la misma SEEDO en su decálogo “Meta Obesidad 2025”, al igual que otras múltiples investigaciones y organizaciones de todo el mundo, ya reconoce que el peso de una persona (ellos dicen “obesidad”) es multifactorial. También lo es la salud. La Robert Wood Jhonson Fundation señaló la importancia de los determinantes sociales de la salud con la siguiente frase: “tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético”. No todo depende ni de la genética ni de las calorías ingeridas y quemadas, sino que entran en juego otros factores como el entorno social, el contexto económico, la cultura, las oportunidades, el estrés, el cuidado de la salud mental, los tratamientos médicos… y, por supuesto, en nuestro caso, un estigma que no ayuda en absoluto a la calidad de vida, salud ni cuidado de las personas gordas (ellos dicen obesas). 

Nosotras añadimos unas cuantas cuestiones más respecto a la gordofobia (ellos dicen “estigma de la obesidad”). Las personas gordas tenemos más dificultades para encontrar empleo que las personas delgadas y, en consecuencia, menos recursos para acceder a alimentos de calidad, ocio y descanso. No cabemos en el transporte público, en los cines ni en los teatros. No cabemos en la indumentaria cotidiana ni en los uniformes laborales. La apariencia física es uno de los principales motivos de bullying escolar en el mundo, dentro de lo cual se encuentra el peso.

El estrés y la exclusión que produce el estigma nos enferman, del mismo modo que nos conduce a conductas de riesgo de control del peso, todo lo cual acarrea altos índices de sufrimiento psíquico o problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Novo Nordisk dice que uno de sus objetivos es que las personas gordas vayamos al médico, pero alrededor del 70% de la  población adulta señala haber sufrido discriminación en la consulta médica y algunos estudios señalan que un tercio de los errores de la atención sanitaria podrían estar cometiéndose en la atención de las personas gordas. Esta empresa, que ha llegado a tener ingresos más altos que el PIB de Dinamarca, habla de reducir nuestro peso, pero no nuestra exclusión, discriminación o sufrimiento. 

¿Es Ozempic (o algún primo suyo) la solución?

Probablemente, todas las entidades firmantes de esta campaña ya hayan asumido la verdad: la gordura no es fácilmente modificable, el peso no depende de hacer dieta y ejercicio como siempre nos han hecho creer. Y aunque la adquisición de hábitos de vida saludables, como la alimentación equilibrada y la actividad física, mejoran significativamente nuestra salud, lo cierto es que no siempre implican una reducción del peso corporal. Frente a esta compleja realidad sociopolítica, económica, cultural y biológica, la propuesta de un sector médico y farmacéutico es, sencillamente, medicarnos. Medicarnos sin garantías a largo plazo (aún no hay estudios con seguimiento de más de dos años) con sustancias que guardan una larga lista de efectos secundarios para la salud, algunos confirmados y otros en investigación. 

La Medical Students for Size Inclusivity, comparte en su artículo GLP-1 Agonist Medications: Informed Consent Resource (2023) algunos datos al respecto: los efectos tales como náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal e hinchazón se están dando en un 74% de los casos, mientras que la gastroparesia, enfermedad renal y pancreatitis en un 10%. Asimismo, la organización señala que en Estados Unidos estos medicamentos llevan una advertencia de cáncer de tiroides y también han sido asociados a cáncer de páncreas, íleo y trastornos de la conducta alimentaria. Además, continúan siendo investigados por posibles ideaciones suicidas, y han sido publicadas recientemente advertencias sobre pérdida de visión repentina. Por último, no existen garantías de pérdida de peso a largo plazo, sobre todo si se deja la medicación. 

Este panorama de posibles daños de la salud física en pos de un intento de adelgazamiento, nos lleva a preguntarnos, sin filtros: ¿Quiénes son los que están poniendo la estética por delante de la salud?

Este panorama de posibles daños de la salud física en pos de un intento de adelgazamiento, nos lleva a preguntarnos, sin filtros: ¿Quiénes son los que están poniendo la estética por delante de la salud?

Aunque mañana mismo el debate en torno la “obesidad” se cerrara concluyendo que las personas gordas estamos todas enfermas y moriremos a la brevedad, desde acá, estas activistas gordas seguirían sosteniendo que merecemos derechos básicos y una vida digna, libre de discriminación, prejuicios y violencia. Y, sobre todo, libre de carteles desplegados por toda la ciudad recordándonos, con autoritarismo y sorna, nuestra muerte inminente.

EDITORIAL. Revista nº 40 – verano 2025

Roberto Sabrido.

Vicepresidente de la AAJM.

El pasado 16 de noviembre de 2022, en el número 16 de esta Revista, publiqué un editorial con el título” ¿Avanzamos en Transparencia “? Lo hice con motivo de la aprobación por el Consejo de ministros, del 8 de noviembre de ese año del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés.

Decía entonces que me parecía un ligero avance en transparencia, opinión que no se si voy a ser capaz de mantener al final de este editorial, en el que el titulo ya revela mi opinión actual.

El motivo de insistir en este tema es que en febrero de este año ya tenemos en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de grupos de interés. El Congreso ha encomendado su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Hacienda y Función Pública, habiendo pasado desde la aprobación del anteproyecto dos años y tres meses, aunque el retraso en legislación sobre esta materia lleva muchos más años.

Por ejemplo, una Ley sobre los “lobbies” aparecía en el pacto de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos de diciembre de 2019.

Sin augurar lo que pueda salir del Congreso de los Diputados y después del Senado, la regulación de los grupos de interés constituye un hecho relevante para contribuir a cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, tratando de corregir la opacidad de la influencia de los grupos de interés en los procesos normativos y de toma de decisiones en la Administración General del Estado.

No existen prácticamente diferencias significativas entre el Anteproyecto del 2022 y el Proyecto de Ley de 2025.

Es la primera vez que se regula en el ámbito de la Admiración General del Estado y de su sector público institucional las relaciones ente los denominados grupos de interés y los titulares de puestos públicos en la Administración General del Estado susceptibles de recibir influencia, en aras de garantizar una mayor transparencia en la participación en la toma de decisiones públicas y prevenir también los conflictos de intereses.

Se crea el Registro Público y obligatorio de los grupos de interés, considerando como tales “a aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes y otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico y que llevan a cabo actividades de influencia sobre el personal público”.

Se mantienen en el proyecto dos hechos que merece la pena destacar. Uno es que se introduce un informe de “huella normativa” de tal manera que las actividades realizadas por los lobbies para influir en la elaboración y adopción de cualquier proyecto normativo serán reflejadas por parte del departamento competente en un informe de huella normativa, al cual se hará referencia en la correspondiente memoria de análisis del impacto normativo.

Otro hecho destacable es que este Proyecto de Ley modifica el art.15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado para reforzar que los responsables públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrán realizar actividades profesionales de influencia o para entidades inscritas en el registro de grupos de interés en ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento al que haya pertenecido. Se dificulta, por lo tanto, aparentemente, las «puertas giratorias «que tan frecuente han sido y son en la industria farmacéutica.

No obstante, observamos también, desde mi punto de vista, algunas deficiencias que de momento no han sido corregidas en el Proyecto de Ley. Una de ellas es que quien debe fiscalizar el correcto cumplimiento de la normativa, y que además es el órgano competente para la incoación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador que afecte a los grupos de interés, es la Oficina de Conflictos de interés, que depende directamente del Gobierno, siendo más oportuno qué sea un organismo independiente del gobierno para que se parezca menos a un autocontrol. Para intentar acercarse más a este control independiente el Proyecto de Ley modifica el art.19 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, en lo referente a la Oficina de conflictos añadiendo que actuará con independencia funcional.

Por otra parte, las sanciones que contempla deberían ser más disuasorias, ya que el régimen sancionador tiene importantes fallos.

También es destacar que deja fuera de los grupos de presión a las organizaciones sindicales y empresariales, así como a los Colegios Profesionales y demás corporaciones de derecho público, cuando realiza funciones públicas. Quizás se haya hecho para que no pierdan la singularidad que les da aparecer en la Constitución, aunque creo que en el registro de lobbies se deberían aplicar a todo el que trate de influir de las decisiones públicas.

Una circunstancia que limita mucho el avance en transparencia que pretende esta Ley, es que solo es aplicable para la Administración General del Estado y no afecta por tanto a la Administración Autonómica ni Local, donde solo hay un registro de grupos de interés hasta ahora en Cataluña y Comunidad Valenciana.

Tampoco afecta la Ley a las actividades del Congreso y del Senado, donde se debaten las normas legales que más nos afectan. Se debería modificar el Reglamento tanto del Senado como del Congreso para que, entre otras cosas, fuesen públicas las agendas de todos los parlamentarios, cosas que no ocurre actualmente y que queda a la buena voluntad del grupo parlamentario. El Grupo Socialista presento en 2021 una propuesta de reforma del Reglamento en este sentido que no avanzó.

Por lo que vemos estamos ante un tímido avance en transparencia, en caso de aprobarse el Proyecto de Ley, cosa que está por ver, un avance si se le puede llamar así totalmente insuficiente (y eso que lleva más de diez años de retraso), pero parece que en esto no lo opina todo el mundo. El pasado 18 de marzo el grupo parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad      del Proyecto de Ley pidiendo su devolución al Gobierno, justificándolo en que “lejos de establecer una regulación equilibrada y objetiva de la actividad de influencia en el proceso de toma de decisiones públicas, el texto propuesto introduce un marco normativo que podría derivar en un control administrativo excesivo, dirigido principalmente a la fiscalización de entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.

Hay una variada legislación ya sobre transparencia y más legislación que está por venir, como nos ilustro nuestro compañero Javier Sánchez Caro en su artículo “conflictos de intereses y salud” publicado en el nº 37 de esta revista en marzo de este año.

Pero a pesar de tanta legislación, mi sensación es que la trasparencia se queda en datos y en migajas de información y se oculta lo verdaderamente interesante e importante para que la ciudadanía pueda ejercer un auténtico control sobre lo público.

Como digo, a pesar de toda la normativa existente, estamos actualmente viviendo malos tiempos para la transparencia y sobre todo en el campo de los medicamentos. Dos hechos han ocurrido recientemente que así lo corroboran.

Por una parte, nos encontramos con el anteproyecto de Ley de medicamentos y productos sanitarios. Si lo que conocemos de este anteproyecto no cambia (a pesar de las alegaciones que también hemos realizado por AAJM) y se aprueba como ley, significará que la ciudadanía nunca sabrá lo que pagan las administraciones públicas por cada fármaco.

El borrador que conocemos no solo mantiene como confidencial la información que obtenga la Administración General de los datos económicos que proporcionen los laboratorios, si no que da un paso más en la ocultación e información al establecer que también será confidencial “la información que resulte de los acuerdos de financiación que se alcance o de la financiación de estos”.

Desde la AAJM ya hemos dicho que esta información no debe ser confidencial sino publica, como cualquier otra compra pública. Es dinero público de los impuestos. Como se puede ver no solo no avanzamos, sino que retrocedemos con un texto, que, en este aspecto, es totalmente contrario a los principios de buen gobierno y transparencia.

En este sentido llama la atención que las primeras declaraciones del nuevo equipo Ministerial de Sanidad siempre se abogaba por una mayor transparencia, así los Cursos de Verano de la Universidad Complutense celebrados en el Escorial el año pasado, el actual secretario de Estado de Sanidad decía que la información de los fármacos debía de ser” pública, publicada, publicitada y fácilmente accesible para la gente” y que “esté disponible para el uso conjunto de la población”.

Parece que estas opiniones han cambiado radicalmente. Así Diariofarma ,el pasado 5 de junio de este año titulaba” Padilla tira de protagonismo para justificar mantener la cooficialidad de los precios” En esta información se hace referencia a una publicación del Secretario de Estado en su nuevo canal de Substack explicando su posición en este tema, donde manifiesta que “mientras una mayor trasparencia a un nivel global es deseable , la transparencia por etapas en contexto de opacidad es probable que perjudique a los países que  adopten en primer lugar” .Considera, también, que antes de dar un paso en el avance en transparencia es necesario “responder con solvencia por falta de evidencia publicada a lo siguiente: ¿Qué un país de manera independiente publique los precios netos de adquisición -en el caso de saberlos ojo- de los medicamentos innovadores , tienen efecto negativos en I)el precio II)el acceso y disponibilidad de ese medicamento III) los procesos de negociación posterior con los medicamentos  y IV) la disponibilidad de ese mismo medicamento?”.

Está claro que no hay evidencia publicada por que hasta ahora el precio neto final de un medicamento no es público en ningún sitio. Esto nos lleva al mismo planteamiento que tiene la industria farmacéutica y es que no conocer el precio final es bueno para la población.

En otro hecho relevante que hace que no sean buenos tiempos para la transparencia se refiere a las recientes sentencias de la Audiencia Nacional en los casos Zolgesma (promovido por la campaña No es Sano y por Civio) y Luxturna (promovido por Civio) donde avalan mantener secretas las condiciones de financiación y precios en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Los magistrados argumentan, recogiendo la opinión de la industria farmacéutica, que revelar el precio final permitiría “deducir márgenes comerciales y estructura de costes” perjudicando los “intereses legítimos “de los laboratorios. Además, defiende la sentencia que la confidencialidad sirve para “salvaguardar los intereses del Estado “y “su posición institucional como adquiriente de medicamentos. Es de significar que en los recursos que se presentaron ante la Audiencia Nacional, al existir sentencias favorables de primera instancia el Ministerio de Sanidad de época anterior a la actual se presentó también como parte recurrente junto al laboratorio.

También el fallo dice que aplica la actual Ley del medicamento que protege la confidencialidad de los negocios.

Se han anunciado los recursos a estas sentencias por lo cual estaremos muy atentos al fallo del Tribunal Supremo.

Así pues, en este tema estamos como en el caso de la medicina paternalista donde es mejor que el paciente no sepa lo malito que esta por su propio bien.

Y digo yo que, ya que esta conficialidad es por nuestro bien, el del Sistema Nacional de Salud y el del Estado, lo mejor sería catalogar el precio final de los medicamentos como materia clasificada dentro de la Ley 9/1986 de secretos oficiales. Esta ley establece que hay que imponer limitaciones a la publicidad” cuando de esa publicidad pueda derivarse prejuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad Nacional” Las actividades clasificadas solo pueden se conocidas por personas autorizadas y salvo que se desclasifiquen nunca se conocerán.

Creo que por este camino vamos sí el Tribunal Supremo no lo remedia y así el precio por valor (lo máximo que se pueda pagar) será él dominante en las negociaciones y sin competencia por la patente, ¿se puede pedir más?.

Termino por lo tanto con el título de este editorial NO, NO AVANZAMOS EN TRANSPARENCIA, ni parece que haya voluntad política para ello, por lo menos en un sector tan sensible como el de los medicamentos.