Revista 49, Junio – Julio 2026
Amparo Botejara y Javier Sánchez.
Representantes de PODEMOS en el Congreso de los Dioutados.
La Proposición de Ley sobre cribado neonatal se presentó ante la opinión pública con un propósito aparentemente intachable: homogenizar la conocida prueba del talón en todo el Sistema Nacional de Salud, garantizando la equidad territorial y el acceso al diagnóstico precoz de enfermedades graves. Un objetivo que, formulado en estos términos, difícilmente encontraría oposición alguna en el arco parlamentario ni en la sociedad civil.
Sin embargo, un análisis riguroso de la realidad normativa revela el carácter superficial de este tipo de iniciativas. El cribado neonatal ya forma parte de la cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud desde el Real Decreto 1030/2006, de carácter vinculante para todas las comunidades autónomas y el INGESA. Más aún, la reciente Orden SND/356/2026 actualizó el catálogo de patologías objeto de detección, incorporando precisamente las 21 enfermedades que ahora contempla esta ley. El marco legal ya existía y había sido actualizado apenas unos meses antes. La pregunta que cualquier observador atento debería hacerse es: ¿qué necesidad había, entonces, de una nueva ley?
Para buena parte de los profesionales sanitarios, la respuesta parecía evidente: se trataba de una operación de cosmética política, destinada a que el Ministerio de Sanidad exhibiera síntomas de actividad legislativa tras un periodo de relativa parálisis. Pero esta interpretación, aunque lógica, era equivocada. La verdadera finalidad era servir de vehículo para introducir, de manera subrepticia y por la puerta de atrás, una reforma de enorme calado en la regulación farmacéutica española que nada tiene que ver con la salud del recién nacido.
Durante las semanas de tramitación, el debate transcurrió por cauces previsibles. Se registraron cuarenta enmiendas centradas en aspectos técnicos del cribado. Nada hacía presagiar la maniobra que se ejecutaría el 17 de junio, víspera de la votación en la Comisión de Sanidad. Ese día se registró una enmienda transaccional, firmada por PSOE, Sumar y el Partido Popular. En teoría, estas enmiendas sirven para consensuar textos ya existentes, pero en este caso, la enmienda no guardaba relación temática con la ley ni sintetizaba propuestas previas. Su contenido era una disposición final destinada a modificar el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2015 de garantías y uso racional de los medicamentos.
El objetivo real de esta maniobra no era otro que blindar por ley la confidencialidad de los precios efectivos que el Estado paga a las multinacionales farmacéuticas. Se trata de un diseño de opacidad estructural: mientras los inspectores y reguladores podrán conocer los datos, la ciudadanía, los investigadores y los periodistas quedarán excluidos. El dinero público, en este ámbito, deja de ser transparente para convertirse en un secreto de Estado negociado en despachos cerrados.
Resulta especialmente doloroso observar cómo esta reforma es impulsada por la ministra Mónica García. Quien durante años defendió desde la oposición una transparencia radical y una distancia profiláctica frente a los lobbies farmacéuticos, hoy se alinea con el Partido Popular para blindar el secreto comercial. El argumento esgrimido para justificar este giro es, cuando menos, inverosímil: se afirma que la opacidad es necesaria para evitar que la administración estadounidense aplique cláusulas de «Nación Más Favorecida» que encarecerían los precios. Es un pretexto geopolítico que no resiste un análisis serio sobre soberanía sanitaria y derecho a la información.
La verdadera urgencia de esta reforma parece tener un origen más cercano: el Tribunal Supremo. Actualmente, el Alto Cuerpo tiene admitidos a trámite dos recursos de casación, impulsados por la organización Civio, sobre la transparencia en los precios de medicamentos de altísimo coste como Luxturna y Zolgensma. Antes de que el Supremo pueda fijar una doctrina favorable a la transparencia, PSOE, PP y Sumar se han apresurado a cambiar la ley para vaciar de contenido cualquier futura sentencia. Es una maniobra legislativa para desactivar este control judicial.
Desde Podemos no podemos ser cómplices de este atropello. Apoyamos el cribado neonatal, pero nos negamos a que se utilice la salud de la infancia como mero pretexto mientras se blindan los beneficios opacos de las grandes farmacéuticas. La sanidad pública no es un mercado de transacciones opacas, sino un derecho que debe gestionarse con luz y taquígrafos. Votamos en contra porque la democracia exige que sepamos cuánto pagamos por lo que es de todos y de todas, y porque no aceptamos que la política sanitaria se dicte bajo cláusulas de confidencialidad impuestas por el poder corporativo.