AUTORA: Vanesa López García. Directora de Salud por Derecho.
REVISTA Nº 9 Febrero 2022
Si echamos un vistazo a las cifras de COVAX, la iniciativa gestionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y GAVI para impulsar el desarrollo y la distribución de vacunas de la COVID-19, 1.230 millones de dosis han sido enviadas a 144 países de medios y bajos ingresos, de los cuales 500 millones de dosis corresponden a donaciones a COVAX y no a compras directas de este instrumento. Por otro lado, sus previsiones muestran que gracias a los contratos de compra y a donaciones tendrá aseguradas una cifra acumulada de 2.390 millones de dosis hasta marzo de 2022 (gráfico 1). Sin embargo, este volumen de vacunas solo alcanzaría para ofrecer la pauta completa al 30% de la población de los países pobres y elegibles. Por su parte, la Unión Africana, según los datos recopilados por UNICEF, tendría asegurados acuerdos de compra por un total de 330 millones de vacunas procedentes de Moderna y Janssen (gráfico 2); una cifra muy escasa en comparación con la población del continente. Estos datos son importantes cuando lo que queremos analizar son las posibilidades reales de un acceso equitativo a las vacunas por parte de los países más pobres del planeta si las cosas siguen como hasta ahora: los países ricos continúan acaparando la mayor parte de las dosis disponibles, las compañías prefieren vender sus vacunas a los países que más pagan y los pobres dependen de una solidaridad internacional claramente insuficiente.
No obstante, la cuestión clave es que, aun ampliándose la capacidad de producción, lo previsible es que la desigualdad en el acceso a las vacunas lamentablemente continúe. Por ello se necesita reforzar la capacidad de producción local de medicamentos y vacunas; es una medida imprescindible no solo para resolver la inequidad actual y la dependencia que África y otros países pobres tienen de programas de ayuda externa y de proveedores internacionales de productos farmacéuticos, sino para estar mucho mejor preparados para el futuro. Como dijo el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa el pasado 18 de febrero en el lanzamiento de varios Centros de Transferencia de Tecnología de Vacunas ARNm en el marco de la 6ª Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana: “África seguiría recibiendo migajas de la mesa” de Occidente. En Europa, algunos ciudadanos ya están recibiendo su tercera vacuna contra la COVID-19, mientras que el 80% de los africanos aún no han recibido nada.” El presidente sudafricano apuesta por la “soberanía biotecnológica” y fue claro: “no podemos seguir siendo consumidores de soluciones médicas producidas a precios elevados que no son asequibles para el continente”.
Esta reciente puesta en marcha de cinco Centros de Transferencia de Tecnología de Vacunas ARNm en países africanos (Kenia, Túnez, Egipto, Nigeria y Senegal) junto con el de Sudáfrica, creado en 2021, podría ser un de las medidas más importantes y con mayor recorrido de las lanzadas durante la pandemia. El objetivo de esta iniciativa, liderada por la OMS y con la colaboración del Medicines Patent Pool para asesorar en los aspectos de propiedad intelectual, es establecer una capacidad permanente de producción de vacunas para la COVID-19 en países de medios y bajos ingresos.
Los resultados ya están siendo prometedores. A principios del mes de febrero, investigadores de la empresa Afrigen en Sudáfrica, y sede del primer Centro de Transferencia de Tecnología, habían casi completado el proceso de reproducción de la vacuna ARNm de Moderna según los datos publicados por la empresa, pero sin su participación en la transferencia de tecnología. La OMS les aconsejó copiar la vacuna de Moderna en parte porque la compañía se comprometió a no hacer cumplir sus patentes de COVID-19 durante la pandemia. Sin embargo, la empresa podría cambiar de opinión en cualquier momento u obstaculizar los avances si ve amenazados sus intereses comerciales con esta iniciativa. Por ello, es fundamental que los países acuerden una exención temporal a las patentes, para hacer posible que estos Centros de Transferencia de Tecnología puedan operar al máximo de su potencial y hacerlo con la mayor seguridad jurídica posible.
Además, para promover la producción local de vacunas y medicamentos resulta necesario reforzar la capacitación técnica de los profesionales y la capacidad regulatoria de los gobiernos. Una excelente noticia que conocíamos el 23 de febrero es que la OMS, la República de Corea y la Academia de la OMS han creado el Centro Global de Capacitación en Biofabricación para atender a todos los países de bajos y medios ingresos que deseen producir productos biológicos como vacunas, insulina, anticuerpos monoclonales y tratamientos contra el cáncer. También complementará las capacitaciones específicas desarrolladas por el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas ARNm en Sudáfrica.
Son buenas noticias, pero quedan muchos retos pendientes. Entre ellos está la financiación: el presupuesto a 5 años del Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas ARNm de Sudáfrica asciende a 92 millones de euros, pero hasta la fecha se ha conseguido sólo la mitad de los recursos. También, como mencionábamos anteriormente, las patentes y otros derechos de propiedad intelectual tienen que dejar de ser un obstáculo a la transferencia de tecnología y a la fabricación de vacunas y medicamentos como bienes públicos. Los Estados miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen que acordar urgentemente la exención temporal de las patentes para todo el mundo y para todas las tecnologías sanitarias de la COVID-19. Además, los gobiernos, y por supuesto la Comisión Europea, deben de encontrar la manera de forzar a las compañías farmacéuticas, que tanto dinero público están recibiendo, para que incluyan en sus contratos de compra y financiación la transferencia de tecnología como una condición sine qua non.