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Exclusión farmacéutica: aproximación a un debate conceptual en torno al problema del no acceso a medicamentos esenciales

AUTOR: Jon Gómez Garmendia. Criminólogo. Doctorando en el Programa de Doctorado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-penal.

REVISTA Nº 7, Noviembre-Diciembre 2021

Resumen

En el presente escrito se proponen alternativas conceptuales al daño social conocido como el no acceso a medicamentos esenciales. Un recorrido que partirá con la presentación de los distintos tratamientos dados por la literatura académica y que nos servirá para comprender que estos, en muchas ocasiones, son políticamente demasiado correctos. Por ello, como posibles alternativas optaremos por analizar si los distintos impactos generados por este problema pueden englobarse en la pobreza o en la exclusión social. Dos vías donde, a no ser que comprendamos la pobreza en sentido amplio, nos llevan a defender la última opción, la de la exclusión farmacéutica.

Palabras clave: Palabras clave: exclusión social; pobreza; daño social; medicamentos.

Esta segunda intervención en la Revista AJM puede conectarse con las reflexiones publicadas en el número 5 en torno a la culpabilidad y responsabilidad en materia de garantía del DAME (recordemos, el Derecho al Acceso a Medicamentos Esenciales) (1). En concreto, nuestras siguientes ideas se centran en abrir un espacio de debate en torno a cómo podríamos denominar adecuadamente a esta no garantía del DAME. Es decir, buscamos abrir un espacio de reflexión en torno a uno de los temas centrales que nos preocupan: el no acceso a los medicamentos esenciales.

Tratamiento de la literatura científica entorno al problema

Por dar comienzo, con la finalidad de realizar un primer esbozo a la cuestión de cómo se llama en distintos trabajos a este «no acceso», debemos partir por señalar que no existe un consenso amplio en el tratamiento de la literatura académica y las organizaciones no gubernamentales. Así, aunque las citas a las que haremos mención pueden servir de fondo documental en materia de acceso a los medicamentos esenciales, nos limitaremos en esta ocasión a citar tan solo el uso realizado por cada uno de ellos.

En este sentido, en el informe de Amnistía Internacional «La receta equivocada: el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España» se utilizaron expresiones como «deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria», «barreras en el acceso» o «dificultades en el acceso» (2). Un tratamiento enfocado en materia del derecho a la salud, que no olvidemos, es donde también podríamos situar al DAME. En suma, en el ámbito académico hay también quienes utilizan la expresión de «barreras en el acceso». Son ejemplos de ello, un trabajo que se marcó como objetivo identificar las barreras sociales, culturales y regulatorias en el acceso a medicamentos en Uganda (3) o el texto de Wilson, Esmail y Cohen (4) donde se trabajó la temática de la responsabilidad de los Estados en la provisión de los medicamentos esenciales.

Por otro lado, el uso de «la falta de acceso a medicamentos esenciales» también resulta ser habitual a la hora de reflejar la no garantía del DAME. Algunos escritos donde se apuesta por esta opción son los de Wolfang y Moon (5), Vawda y Baker (6), Strauss y Horsten (7), Pollock (8), Jurua (9) o Puzin et al. (10). Mientras que el Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos (11) o la investigación de Enoch y Piot (12) sobre el surgimiento histórico de los derechos humanos y los avances y retrocesos de estos en materia a las medidas tomadas en torno al VIH/SIDA, apuestan por el uso de las «lagunas» o «brechas» en el acceso.

Distintos tratamientos como barreras, dificultades, faltas, lagunas o brechas a las que se podrían añadir la opción generalista de los «problemas en el acceso» a los que se refiere Klug (13) en su análisis sobre las políticas en la materia tras la transición democrática y el contexto de la pandemia del VIH/SIDA en Sudáfrica o la «no adherencia al tratamiento» utilizada por Morgan y Lee (14) a la hora de estudiar el acceso a la atención a la salud de las personas de más de 65 años en once países de altos ingresos.

La pobreza y la exclusión social como posibles alternativas

Expuestos algunos tratamientos para nombrar al problema de la no garantía del DAME, la pregunta que nos hacemos resulta ser la siguiente: ¿reflejan con claridad lo que venimos denunciando, por ejemplo, en los siete números de esta Revista? Nuestra respuesta es negativa. Consideramos que estos términos no reflejan de forma directa un daño social o una violencia estructural de tal magnitud. ¿Dónde se encuentran expuestas las acciones y omisiones de los E s t a d o s y l o s M e r c a d o s c u a n d o denominamos al problema como barreras, brechas, faltas o el no acceso a los medicamentos esenciales?

Con la finalidad de ser más directas y directos proponemos dos alternativas que puedan estar vinculadas a las causas de esta problemática (como la situación de monopolio de las farmacéuticas o la sumisión y debilidad de los Estados en la búsqueda de soluciones). Para ello, optamos por analizar las expresiones de pobreza y exclusión social. Dos grandes vocablos que definiremos etimológicamente, los compararemos entre ellos y citaremos su uso en otros problemas sociales que nos afectan de cerca.

a) La pobreza

El origen etimológico del término pobreza proviene de la unión del adjetivo «pobre» y el sufijo «-eza». El primero de ellos proviene del latinismo pauper (pobre, poco o que produce poco), mientras que el sufijo proviene de -itia (una cualidad patrimonial). Es decir, la pobreza podría definirse como la cualidad de pobre, de poco o de producir poco que una entidad/organismo posee. Dicho en otros términos, «una distribución injusta de bienes, beneficios y recursos» (15).

A la hora de poder analizar su utilidad en materia de la no garantía del DAME, su uso podemos encontrarlo cuando definimos un problema social de actualidad como lo es la falta de energía. Así, el uso del concepto de pobreza energética se encuentra afincado y puede definirse como una situación en la que un hogar es «incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda» (16). Definición que puede enriquecerse como «la incapacidad de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía» (17).

b) La exclusión social

Por su parte, la segunda alternativa que proponemos proviene etimológicamente de los latinismos excludere (sacar, dejar fuera o rechazar) y -tio (acción o efecto). Así, a diferencia de la cualidad que implica la pobreza, la exclusión puede entenderse como la acción de sacar, rechazar o dejar fuera. De esta manera, lejos de lo que podría ser una situación de precariedad, inseguridad o i n c a p a c i d a d , l a exc l u s i ó n i m p l i c a directamente una falta ejecutada por una entidad/organismo.

Su uso respecto a otros problemas sociales puede encontrarse, por ejemplo, en la exclusión étnica y cultural que la RAE define como la «tendencia a dejar de lado a las personas o pueblos, por sus diferencias étnicas y culturales con otros individuos o pueblos» (18). Siendo común también su empleo a la hora de referirse a la denegación del derecho a una educación plena, la exclusión educativa (19) o, la falta de acceso a la utilización de los servicios bancarios, la exclusión financiera/bancaria (20).

Justificación sobre la elección de la exclusión farmacéutica

En definitiva, aplicadas estas dos posibles alternativas a ese «no acceso a medicamentos esenciales», la pobreza farmacéutica podría interpretarse como la incapacidad individual de llegar a acceder a ciertos medicamentos por desigualdades económicas. Mientras que la exclusión farmacéutica haría referencia a la falta de acceso a través de una acción de dejar fuera que es impulsada por ciertos intereses y organismos.

Por ello, si debemos de escoger una de ellas, consideramos que la segunda resulta ser más amplia y directa. Una opción que resulta ser la más adecuada a no ser que interpretemos la pobreza como algo más que la falta de bienestar material, incluyendo en su concepción el rechazo de oportunidades o las opciones esenciales para el desarrollo

humano (7). De este modo, damos protagonismo a la acción, ese «dejar fuera» que incluye dentro de sí a personas y familias que no pueden adquirir medicamentos, pero también, al desinterés por atender ciertos padecimientos, anteponer el lucro al bienestar a la hora de establecer precios por parte de las corporaciones, las acciones y omisiones de los Estados a la hora de adquirir ciertos medicamentos o aplicar mecanismos que permitan su disponibilidad y accesibilidad o las actuaciones que defienden una visión mercantilista de la salud y de las medicinas.

Un concepto de exclusión social que posee tres aspectos reveladores con los que queremos terminar este breve análisis:

1)    tiene un carácter estructural (lo que la aleja de concepciones de responsabilidad individual y c u l p a b i l i z a c i ó n e i m p l i c a preguntarse por las decisiones y políticas institucionales);

2)    es multidimensional (no implica tan solo dimensiones económicas, sino también transformaciones políticas, de participación social o de acceso efectivo al bienestar público); y

3) es procesual (en cuanto a que este fenómeno y la integración social son estadios a los que se llega a través de diversas fases) (21, 22).

En conclusión, teniendo presente lo que conocemos, hemos leído y se seguirá publicando en espacios como la presente revista, dejamos en vuestras manos la reflexión sobre si estas últimas características concuerdan con el daño social de la no garantía del DAME y si la exclusión farmacéutica resulta ser la opción más acorde a la hora de denunciar el problema.

Bibliografía

1.- Gómez Garmendia, J. Reflexiones en torno a la culpabilidad y la responsabilidad en materia de acceso a medicamentos esenciales (1ª y 2ª parte). Revista AJM. 2021; (5): 20-32.

2.- Amnistía Internacional. La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España. Madrid: Amnistía Internacional; 2018.

3.- Ooms, G.I. et al. Barriers to Accessing Internationally Controlled Essential Medicines in Uganda: A Qualitative Study. Journal of Pain and Symptom Management. 2019; 58(5): 835-843

4.- Wilson, K., Esmail, L. y Cohen, J.C. 24. National responsibility in the provision of basic medicines. En: Cohen, J.C., Illingworth, P. y Schüklenk, U. (Eds.). The Power of Pills: Social, Ethical and Legal Issues in Drug Development, Marketing and Pricing. Londres: Pluto Press; 2006. pp. 260- 271.

5.- Wolfang, H. y Moon, S. Chapter 5. The HIV/AIDS Crisis: The Rise of the Access Norm. En: Informal Norms in Global Governance: Human Rights, Intellectual Property Rules and Access to Medicines. Farnham: Ashgate; 2013. pp. 67-105.

6.- Vawda, Y.A. y Baker, B.K. Achieving social justice in the human rights/intellectual property debate: Realising the goal of access to medicines. African Human Rights Law Journal. 2013; 13: 55-81. p. 75.

7.- Strauss, Z. y Horsten, D. A human rights-based approach to poverty reduction: the role of the right of access to medicine as an element of the right of access to health care. Potchefstroom Electronic Law Journal. 2013; 16(3): 336-375. p. 336.

8.- Pollock, A. Places of pharmaceutical knowledge-making: Global Health, postcolonial science, and hope in South African drug discovery. Social Studies of Science. 2014; 44(6): 848-873. p. 853.

9.- Jurua, M. Access to Drugs at Risk: Securing Access to Medicines for Least Developed Countries. Africa Development/ Afrique et Développement. 2017; 42(1): 101-120. p. 111.

10.- Puzin, S.S. et al. Protection of the Rights of Disabled People to Access Medicines. Advances in Gerontology. 2019; 9(1): 56-61. p. 56.

11.- UNHLP. Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos: promover la innovación y el acceso a las tecnologías de la salud. Nueva York: Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos; 2016.

12.- Enoch, J. y Piot, P. Human Rights in the Fourth Decade of the HIV/AIDS Response: An Inspiring Legacy and Urgent Imperative. Health and Human Rights. 2017; 19(2): 117-122. p. 121.

13.- Klug, H. Access to Medicines and the Transformation of the South African State: Exploring the Interaction of Legal and Policy Changes in Health, Intellectual Property, Trade, and Competition Law in the Context of South Africa’s HIV/AIDS Pandemic. Law & Social Inquiry. 2012; 37(2): 297-329. p. 298.

14.- Morgan, S.G. y Lee, A. Cost-related non-adherence to prescribed medicines among older adults: a cross-sectional analysis of a survey in 11 developed countries. BMJ Open. 2017; 7(1): e014287.

15.- De Oliveira Ribeiro, C. y Campos Pavone Zoboli, E.L. Pobreza, bioética e investigación. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2007; (15): 843-849. p. 845.

16.- Tirado Herrero, S. et al. Pobreza energética en España, Potencial de generación de empleo directo de la pobreza derivado de la rehabilitación energética de viviendas. Madrid: Asociación de Ciencias Ambientales; 2012. p. 21.

17.- Bouzarovski, S. y Petrova, S. A global perspective on domestic energy deprivation: Overcoming the energy poverty–fuel poverty binary. Energy Research & Social Science. 2015; (10): 31-40. p. 31.

18.- DPEJ-RAE. Exclusión étnica y cultural. dpej-rea.es. 2021. Disponible en: https:// dpej.rae.es/lema/exclusi%C3%B3n- %C3%A9tnica-y-cultural

19.- Tabarini, A., Jacovkis, J. y Montes, A. Los factores de la exclusión educativa en España: Mecanismos, perfiles y espacios de intervención. Madrid: UNICEF Comité Español; 2017.

20.- Mendizabal Zubeldia, A. et al. Ref lexiones sobre el origen y las implicaciones de la exclusion financiera. En: De Castro Silva, E.J. y Díaz de Castro, F.J. (Coords.). Universidad, Sociedad y Mercados Globales. Madrid: Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa; 2008. pp. 209-218.

21.- Laparra, M., Zugasti, N. y García Lautre, I. Reflexiones metodológicas en el análisis de la exclusión social. Documento de Trabajo 3.11. Madrid: Fundación Foessa; 2014. pp. 2-3.

22.- Bailey, N., Fahmy, E. y Bradshaw, J. Thirteen. The multidimensional analysis of social exclusion. En: Bramley, G. y Bailey, N. (Eds.). Poverty and social exclusion in the UK: Volume 2 – The dimensions of disadvantage. Bristol: Bristol University Press; 2017. pp. 311-344.

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La economía no da paso a la salud, ¿derecho humano? La vacuna contra la COVID-19 entiende de dinero más que de salud

AUTORA: Soledad Cabezón Ruiz Cardióloga. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). Máster en Derecho Sanitario. Experta en Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Revista Nº 6 de Octubre 2021.

La pandemia de COVID-19 ha traído un sufrimiento devastador para las familias y comunidades de todo el mundo que no estaba preparado para dar respuesta a esta amenaza global. A la fecha, ha cobrado ya más de 4,6 millones de vidas y ha causado una crisis económica y social. Mientras la COVID-19 ha dado lugar a niveles de colaboración y rápidos avances en la ciencia biomédica nunca antes vistos y a una velocidad vertiginosa, las reglas acordadas 4a nivel mundial para garantizar el acceso equitativo a las herramientas de salud esenciales no han sido eficazmente desarrolladas, poniendo de manifiesto las consecuencias para la salud de disparidades económicas entre países y millones de personas en países que aún no tienen acceso1. El pasado 31 de agosto, ocho meses después de aprobarse por la EMA la primera vacuna contra el COVID-19, la Comisión Europea hacía gala de haberse alcanzado el 70% de vacunación de la población adulta europea con una dosis, al menos. De forma general, en los países de mayores ingresos, esto era alrededor del 60% mientras nuevas oleadas de COVID-19 continúan causando gran desesperación y cobrando millones de vidas en el mundo menos desarrollado, donde solo el 1% de las poblaciones más pobres había recibido al menos una dosis de una vacuna, habiendo administrado 100 veces más vacunas que los países ricos que los estados más pobres2,3 (figura 1).

En abril de 2020, la OMS impulsaba la iniciativa COVAX para acelerar y facilitar el acceso a la vacuna a los países menos ricos y, sobre todo, para evitar su acaparamiento por parte de los países ricos, precedente que ya se dio en la epidemia de gripe porcina de 2009. Sin embargo, a día de hoy, cada vez es más evidente que hay pocas posibilidades de que alguna vez se supere la brecha sobre el acceso a las vacunas, pues, COVAX, no ha cumplido con sus objetivos, ya modestos. En concreto, ha contribuido con sólo el 5% de todas las vacunas administradas a nivel mundial y recientemente anunció que no alcanzaría su objetivo de 2.000 millones para 2021. De las 1.900 millones de dosis de vacunas que COVAX debería entregar este año a las economías menos desarrolladas, hasta la fecha, ha enviado solo alrededor de 210 millones de dosis4.

A pesar de los comunicados de prensa halagadores y las promesas generosas, las donaciones de los países ricos también han cubierto solo una fracción de los requisitos. Hasta la fecha, el Reino Unido ha entregado solo alrededor del 10% de los 100 millones de dosis que prometió donar a los países en desarrollo para mediados de 2022. Además, el enfoque en las economías desarrolladas se está desplazando gradualmente hacia la vacunación de los niños y la administración de dosis de refuerzo a la población en general. Por otro lado, economías desarrolladas, como Reino Unido y Canadá, no han dudado en asestar golpes a COVAX; a finales de junio, el Reino Unido recibió 539.000 dosis de vacuna de COVAX, más del doble de la cantidad de vacunas que COVAX envió a África ese mes, más allá de la prohibición de exportación de vacunas por parte de la India ante la devastadora ola de infecciones por Covid19 sufrida en el país. Y es que este mecanismo adolece de ambición y compromiso desde su nacimiento, no sólo por establecer un objetivo más que modesto del 20% de vacunación de los países menos ricos, sino también por no contar en su diseño con estos países ni la sociedad civil, poniendo de manifiesto una falta de compromiso firme por parte del mundo desarrollado. En el mes de octubre del pasado año, Sudáfrica e India presentaron ante la Organización Mundial del Comercio una propuesta de renunciar temporalmente a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y terapias COVID-19 en base a las flexibilidades de los Acuerdos de ADIPC sobre la propiedad intelectual, recogidas en la Declaración de Doha de 2002 ante situaciones de emergencias de salud pública y que, a su vez, darían cumplimiento a la revisión de 2005 del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, que pretende establecer las bases para abordar futuras p a n d e m i a s y a m e n a z a s d e s a l u d transfronterizas. Y es que, para acelerar la fabricación de las vacunas contra la COVID-19, se requiere el acceso a los conocimientos y a la experiencia, protegidos por secretos comerciales propiedad de varias empresas farmacéuticas, a pesar de la importante aportación de financiación pública en su investigación5.

Sin embargo, las negociaciones están estancadas y sin rumbo, como se puso de manifiesto en la última reunión del Consejo de ADIPC el pasado 4 de octubre. Pues, aunque más de 100 países respaldan la exención, un puñado de países, incluidos algunos que albergan importantes empresas farmacéuticas, siguen oponiéndose. El apoyo de Estados Unidos en mayo generó expectativas de un avance, pero la UE sigue siendo uno de los principales opositores aduciendo la falta de capacidades por parte de los países menos desarrollados. El próximo Consejo Europeo, a celebrar a finales de mes, será importante en la posición definitiva de la posición de la UE y, en consecuencia, de la OMC. Pero más allá de las preocupaciones éticas, los retrasos en la vacunación de la población mundial tendrán un alto costo. Se estima que aquellos países que hayan vacunado a menos del 60% de su población a mediados de 2022 registrarán pérdidas de PIB por un total de 2,3 billones de dólares en 2022-25, equivalente al PIB anual de Francia, lo que sería soportado por los países en dos tercios 2 (figura 2).

E s t a s e s t i m a c i o n e s s ó l o c a p t u r a n parcialmente las oportunidades económicas perdidas, sobre todo a largo plazo, por ejemplo, las derivadas del impacto en la educación donde no existe el aprendizaje a distancia. Además, mientras crecen las diferencias económicas y las desigualdades, el orden mundial también puede cambiar. China y Rusia expanden su diplomacia por el mundo (figura 3, en pág. 26). Desde comienzos del año en curso, China y Rusia han enviado cientos de millones de dosis de sus vacunas a los países emergentes como parte de una operación de “diplomacia de vacuna”, aunque con resultados variables. El retraso en el suministro y la falta de transparencia ha hecho que la estrategia diplomática por parte de Rusia haya fracasado, mientras que la estrategia de China puede considerarse exitosa, al menos en parte, pues, a pesar de su gran población, ha sido el principal país exportador de va c u n a . N o o b s t a n t e, l a f a l t a d e reconocimiento por parte de Occidente en el certificado de vacunación necesario para la movilidad entre países, lo que agrava aún más la división entre países ricos y pobres, o una tasa intermedia de protección son sus limitaciones2. Por otro lado, el éxito de los países ricos en su particular visión sesgada y parcelada de los que han venido a denominar One Health no está garantizada. De persistir sin control la circulación del virus entre millones de personas de los países de menos ingresos, es posible que surjan nuevas variantes que dificulten el control de la pandemia, como ha ocurrido con la variante Delta que ha incrementado el objetivo de población inmunizada necesaria para adquirir la inmunidad de rebaño o el propio objetivo de la vacuna con aminoración de la gravedad de la enfermedad. Por todo ello, es muy probable que la infección por COVID-19 pueda durar bastantes años en una forma endémica6. En definitiva, a pesar de las circunstancias excepcionales a las que el mundo se ha visto sometido, la respuesta no ha sido “más que lo de siempre”. Lo que desagraciadamente no extraña cuando vemos las limitadas y lentas actuaciones llevadas a cabo por los países desarrollados ante infecciones como el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis y otras, que aún hoy suponen importantes retos de salud para los países con menos ingresos. Tampoco nos extrañaría que se trate de renunciar a dar la batalla y se pospusiese para futuras pandemias, lo que no sería más que un fracaso del orden internacional y de sus organismos de control como son la OMC y la propia OMS ante una ciudadanía que necesita confiar en ellas. Es por ello que debe darse una respuesta a esta pandemia acorde a la consideración de derecho humano que es la salud, por encima de los intereses económicos de una minoría, para lo que se hace urgente hacer uso de la normativa adoptada a nivel internacional de la OMC sobre las flexibilidades de la propiedad intelectual ante amenazas de salud pública.

Referencias

1.Another triumph of Science, but defeat for access?, Agosto de 2021. dndi.org/wp-content/uploads/2021/08/ DNDi-COVID-19-Policy-Report-2021.pdf https://mail.google.com/mail/u/0/ #inbox/ FMfcgzGlkPQRZfwMVWWbMVtQQRBX prpl?projector=1&messagePartId=0.1 2.Despliegue de vacunas COVID-19. https://en.m.wikipedia.org/wiki/ Deployment_of_COVID-19_vaccines 3.How much will vaccine inequity cost? The economist intelligence unit. https:// www.eiu.com/n/campaigns/how-much-willvaccine-inequity-cost/ #:~:text=Beyond%20ethical%20concerns% 2C%20delays%20in,US%242.3trn%20by% 202025. 4.Cómo Covax no cumplió su promesa de vacunar al mundo, 8 de octubre de 2021. https://www.thebureauinvestigates.com/ stories/2021-10-08/how-covax-failed-on-itspromise-to-vaccinate-the-world 5.Accelerating COVID-19 Vaccine Production via Involuntary Technology Transfer. https://www.southcentre.int/ policy-brief-102-september-2021/ 6.COVID-19: learning as an interdependent world. https://www.thelancet.com/ journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(21)02125-5/fulltext? dgcid=raven_jbs_etoc_emai

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“El Gobierno de España debería apoyar las propuestas de India y Sudafrica en relación con los tratamientos y vacunas contra el Covid-19”

Autor/es:  AAJM

Resumen:  La AAJM valora muy positivamente la Comunicación de India y Sudáfrica al Consejo de los ADPIC sobre transferencia de tecnología para acelerar y facilitar el acceso a vacunas y tratamientos para la COVID-19 ante la situación de Crisis Sanitaria y Económica a nivel mundial.

Leer nota de prensa de AAJM

IMPACTO EN MEDIOS

Acta Sanitaria – Anis – Cope – Infosalud – Siglo XXI – redacción médica – Sanikiton

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Medicamentos para el cáncer. ALTOS PRECIOS Y DESIGUALDAD.

Autor/es: Irene Bernal (Sociologa) y Eva Iráizoz (Licenciada en Farmacia). Miembros destacados de la plataforma NoEsSano. Cuentan además con un completo y variado grupo de expertos colaboradores.

Resumen: Brillante trabajo, muy bien documentado. Parte del significado e impacto del cáncer en nuestra sociedad actual y su importancia clínica y repercusión sobre la salud. Sitúa al medicamento como tecnología imprescindible para paliar y/o evitar las cosencuencias de la enfermedad. Y de como las estructuras responsables de su actualización y producción se empeñan en dificultar su acceso a los necesitados, anteponiendo desorbitados beneficios a facilitar su utilización.

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RIGGED

Autor/es: DEAN  BAKER.  Economista estadounidense. (Democrata). Cofundador y Codirector del Center for Economic and Policy Research.​  Macroeconomia y Analisis Economico. Wuashington DC

Resumen:  Como  si la globalización y los postulados de la moderna economía estuvieran diseñados para hacer a los ricos más ricos. En contraposición defiende el derecho de acceso a los medicamentos por encima de las ganancias.

 

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