AUTORA. Vanessa López, directora de Salud por Derecho
Mientras en los países ricos se está vacunando contra la COVID-19 a una persona cada segundo, en 47 de los 79 países más pobres aún no se ha administrado ninguna dosis. Después de un año de pandemia este es el triste balance si miramos grosso modo el ritmo de vacunación en todo el planeta. Pero las previsiones sobre cómo será el acceso a las vacunas en los países empobrecidos durante los próximos meses tampoco dejan buenas noticias: solo una de cada diez personas podrá ser vacunada en 2021, según datos de People’s Vaccine Alliance. En la otra cara de la moneda están los países ricos [1]con Israel a la cabeza en el porcentaje de población vacunada, seguido de Emiratos Árabes, Chile y Estados Unidos. Europa, a pesar de haber hecho fortísimas inversiones de dinero público en las vacunas (1.500 millones de euros para impulsar su I+D y 27.000 millones en los acuerdos de compra avanzada), se encuentra bastante rezagada en el ritmo de vacunación en comparación con los países mencionados. Sin embargo, intentar entender a qué podría deberse esta diferencia y analizar la estrategia general seguida por la EU para impulsar la búsqueda de una vacuna y asegurar su suministro en los países miembros o los procesos de negociación y contratación con las compañías farmacéuticas sería motivo de otro artículo.
En cualquier caso, estamos asistiendo a un acaparamiento de un producto sanitario sin precedentes: los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, a pesar de que solo representan el 16% de la población mundial, según un estudio de la Universidad de Duke, y podrían vacunar 2,6 veces a su población. Esta actitud no es sólo cuestionable desde el punto de vista ético y moral, sino también como medida de salud pública, pues sólo acabaremos con la pandemia si avanzamos todos los países al unísono y evitamos las desigualdades en el acceso a las vacunas. Una proyección[2] realizada por la Northeastern University de Boston y otras universidades norteamericanas afirma que, si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo de un tercio.
Por otro lado, también resulta inquietante que, a pesar de que ya han fallecido 2,6 millones de personas[3] en todo el mundo a causa de la COVID-19, su altísimo impacto en las economías y de la dolorosa experiencia que tenemos con otras pandemias, especialmente la del VIH/SIDA, donde la falta de acceso a los tratamientos en los países pobres ha provocado la muerte de millones de personas durante décadas, las acciones que están tomando los líderes mundiales son totalmente insuficientes. Si entonces el problema era el elevadísimo precio de los medicamentos antirretrovirales para el VIH (10.000 dólares por paciente y año), hoy, además, el cuello de botella está en los problemas de producción y suministro que tiene como consecuencia el que no haya dosis suficientes para abastecer a la población mundial. Y el problema de fondo es el mismo: la protección de la propiedad intelectual en la que se basan los monopolios permite a las compañías farmacéuticas fijar los precios a su antojo y tener la exclusividad de la fabricación y comercialización de las vacunas. En definitiva, tienen en control, y esto ocurre a pesar de que las inversiones[4] públicas de los estados han sido importantísimas. Las consecuencias, como hemos visto, son la desigualdad en el acceso en los países más pobres, pero también nos afecta a los países ricos, como España, pues impide que podamos avanzar más rápido en los planes de inmunización.
COVAX: un mecanismo de solidaridad insuficiente
En la primavera del año pasado se puso en marcha la plataforma COVAX con el fin de impulsar la búsqueda de una vacuna efectiva contra la COVID-19, fomentar una suerte de coordinación global en la compra y distribución equitativa, así como crear un mecanismo común de donaciones de vacunas a los países de medios y bajos ingresos. Sin embargo, esta iniciativa ya surgió con un defecto de partida: los países receptores de las donaciones solo podrían acceder, a través de este mecanismo, a un número máximo de dosis como para inmunizar al 20% de su población (mientras que la inmunidad de grupo se alcanzaría vacunando al 70% de la población). Los datos que dan cuenta del funcionamiento de COVAX tampoco son nada halagüeños: las vacunas disponibles a fecha de hoy para donar a los países pobres sólo alcanzarían al 3,3% de su población. Es cierto que los países de medios y bajos ingresos tendrían otras vías para adquirir vacunas por si mismos, al margen de programas de solidaridad, pero las compañías farmacéuticas están imponiendo condiciones imposibles en los contratos, tal y como ha denunciado el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sin contar con el problema del acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos antes mencionados. Necesitamos que se tomen medidas efectivas, y no parches, que permitan ampliar la capacidad de producción en todo el mundo.
Una solución de emergencia: la exención a las patentes
Llegados a este punto, nos parece que la solución más efectiva es la propuesta que India y Sudáfrica han hecho en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para acordar una exención de las patentes relacionadas con las tecnologías de la COVID-19 mientras dure la pandemia y se alcance la inmunidad global. Esta medida, que facilitaría la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el know-how, evitaría los monopolios y eliminaría la inseguridad jurídica, permitiendo la libertad de operar a los fabricantes y favoreciendo una colaboración que aumente y acelere la producción y asequibilidad de las vacunas, diagnósticos y tratamientos para la COVID-19 en todo el mundo.
Lo cierto es que, a pesar de que la industria farmacéutica ha puesto el grito en el cielo por esta propuesta, existe un antecedente histórico: en 2001, en plena pandemia del VIH/sida, los estados llegaron a un consenso para acordar una exención relacionada con el párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. La exención estableció un mecanismo para permitir a los países que producían medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria suministrar los fármacos a otros países que carecían de la capacidad de fabricación necesaria para producirlos ellos mismos. Si en esta ocasión la iniciativa saliera adelante, un reto también sería reforzar la capacidad de producción, especialmente en los países pobres.
La
propuesta cuenta con el apoyo de 99 de los 164 países de la OMC. Sin embargo,
países como Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión
Europea están en contra. La presidenta de la comisión europea Von der Leyen, ha
manifestado, preguntada en una rueda de prensa reciente por este tema, que no
descarta nada. Esta posible nueva actitud, aunque podría ser tan solo un
brindis al sol, abre un resquicio el fuerte bloqueo que ha mostrado la Unión Europea,
por lo que se hace necesario un debate urgente, profundo y al más alto nivel en
el Consejo de Ministros de Salud de la UE y en el propio Consejo de la UE. Esta
cuestión se seguirá debatiendo en los próximos meses y esperemos que los
líderes europeos reconsideren su posición y decidan proteger el interés
general y no el de las empresas farmacéuticas.
[1] https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=latest&pickerSort=desc&pickerMetric=total_vaccinations_per_hundred&Metric=Vaccinations&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=CHN~USA~RUS~MEX~DEU~FRA~BHR~ARE~IND~ITA
[2] Matteo Chinazzi , Jessica T. Davis , Natalie E. Dean , Kunpeng Mu , Ana Pastore y Piontti1 , Xinyue Xiong, M. Elizabeth Halloran, Ira M. Longini Jr. , Alessandro Vespignani. Estimating the effect of cooperative versus uncooperative strategies of COVID-19 vaccine allocation: a modeling study https://www.mobs-lab.org/uploads/6/7/8/7/6787877/global_vax.pdf
[3] WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/
[4] Según MSF Access Campaign, los gobiernos han invertido 10.000 millones de dólares en I+D de vacunas y ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales candidatas vacunas de la COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford (más de 1.700 millones de dólares) Johnson & Johnson / BiologicalE (1.500 millones de dólares), BioNTech (500 millones de dólares), GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur (2.100 millones de dólares), Novavax / Serum Institute of India (casi 2.000 millones de dólares) y Moderna / Lonza (2.480 millones de dólares).