AUTOR: Fernando Lamata Cotanda
Presidente de honor de la AJM y presidente de la Comisión Editorial de la rAJM.
EDITORIAL. Revista nº 19 – Marzo 2023.
La pandemia de la COVID-19 ha mostrado, una vez más, que los monopolios en los medicamentos matan y son una fuente injusta de beneficios excesivos para los accionistas y los ejecutivos de las empresas farmacéuticas. Esos monopolios, patentes y otras exclusividades, se concedieron y conceden por los países con una supuesta justificación: que con el sobreprecio que fijan las empresas durante el monopolio podrán financiar la I+D de nuevos medicamentos. Pero, al tratarse de la vida o la muerte, de la salud de las personas, las empresas que disponen de un monopolio tienden, inevitablemente, a fijar precios abusivos, varias veces por encima de lo necesario para financiar la I+D. Esos precios abusivos limitaron el acceso a millones de pacientes en el mundo.
En el caso de las vacunas para la COVID-19 comprobamos que la I+D se financió con dinero público. Un estudio del profesor Massimo Florio y colaboradores para el Parlamento Europeo (1) muestra que los países concedieron ayudas a diferentes empresas por más de 9.000 millones de euros para I+D. Además, mediante compra anticipada de vacunas (antes de que estuvieran desarrolladas y aprobadas), se financiaron con más de 21.000 millones de euros las fases finales de investigación y desarrollo, así como las instalaciones para fabricación, materias primas, etc. Además de esta financiación, los países han destinado durante los últimos 20 años importantes cantidades a financiar estudios de plataformas para desarrollo de vacunas y otras tecnologías que han sido utilizadas para el desarrollo de las vacunas frente a la COVID-19. En cuanto a la financiación de las empresas para desarrollar las vacunas COVID, se estima en menos de 5.000 millones de euros, que, como se verá, se pagaron más de veinte veces con dinero público a través de los sobre-precios. Otro trabajo de Hussain Lalani y colaboradores, publicado en BMJ el 1 de marzo de este año (2), muestra como los EEUU ha financiado con fondos públicos todas las fases de investigación de las vacunas COVID-19, tanto con las investigaciones previas, entre 1985 y 2020, como en los años de la pandemia, con más de 29.700 millones de euros en becas, ayudas y compras anticipadas.
A pesar de financiar la I+D los gobiernos de EEUU y la UE no establecieron “condiciones” a las empresas para la fijación de precios justos, y para la transferencia de tecnología y conocimiento que permitiera aumentar la producción en diferentes plantas en todo el mundo, y les cedieron los Derechos de Propiedad Intelectual. La consecuencia fue que, con un coste de fabricación de las vacunas de 0,54 a 2,85 dólares por dosis (3; 4) se fijaron precios de 15-30 dólares por dosis. Estos precios abusivos se tradujeron en beneficios injustificados, pero también en una falta de acceso, con miles de muertes evitables, y, como señaló el Director General de la OMS, una quiebra moral de la humanidad. Conviene señalara que ha habido algunas excepciones a la fijación abusiva de precios, como la vacuna de Astra Zeneca, diseñada por la Universidad de Oxford con dinero público, o la vacuna de la universidad de Texas. Estos ejemplos muestran que es posible otro enfoque.
Cuando decimos que los monopolios de las patentes en medicamentos matan no exageramos. Si los monopolios no hubieran evitado que las vacunas frente la COVID-19 se hubieran distribuido al mismo ritmo y en la misma proporción en los países de bajos ingresos y en los de altos ingresos, se habrían evitado entre 1,3 y 9 millones de muertes, sobre todo en países de bajos ingresos. ¿No se debe calificar de crimen contra la humanidad?
En efecto, un estudio de Sam Moore y colaboradores, publicado en Nature Medicine el 27 de octubre de 2022, estimó que el número de fallecimientos por COVID-19 que se podrían haber evitado si se hubieran compartido las vacunas de forma equitativa en todo el mundo, ascendía a 1,3 millones de personas (5).
Por su parte, Watson y colaboradores, del Imperial College, publicaron en The Lancet, el 23 de junio de 2022, otra investigación simulando cuántas muertes se habían evitado gracias a la vacunación (6). Según ellos, el exceso de mortalidad por la COVID-19 ascendió a casi 18 millones de personas en todo el mundo, de ellas 2,5 millones en países de altos ingresos y 15,5 en países de bajos ingresos. Pero las vacunas habían evitado la muerte de 19,8 millones de personas, de las cuales 8 millones en países de altos ingresos y 11,8 en países de bajos ingresos. Tomando estos datos, si la proporción y el ritmo de vacunación en los países de bajos ingresos hubiera sido similar a la de los países de altos ingresos, se podían haber evitado 9 millones de fallecimientos por COVID-19.
Pero la codicia de algunas empresas farmacéuticas, contando con la debilidad o complicidad de los gobiernos, fue más fuerte que la justicia, más fuerte que la obligación moral de que los medicamentos fueran asequibles a un precio justo. En efecto, según un detallado estudio de SOMO, elaborado por Esther de Haan y Albert ten Kate, los beneficios obtenidos por cuatro grandes empresas (Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac) por venta de vacunas y medicamentos frente a la COVID-19 ascendieron a más de 90.000 millones de dólares en 2021 y 2022 (7). Estos beneficios suponen un 62% a 76% sobre ventas, superando con mucho la media del sector industrial del 5%. Es decir, en vez de un beneficio razonable, en torno a 7.000 millones de euros, que ya es mucho dinero, obtuvieron 83.000 millones más. Beneficio abusivo. ¿A dónde va ese dinero? No a investigación, que ya está pagada, sino a los accionistas (dividendos, recompra de acciones, compra de otras empresas) y a los ejecutivos de estas empresas (bonos, acciones, etc.). Según el CEO de Moderna, ese exceso de dinero obtenido lo devolverán a los accionistas. Pero es que ese dinero no era de los accionistas, es dinero público, de la ciudadanía. Y, si es grave que estas empresas pongan por delante de la salud sus beneficios económicos, es más grave que los gobiernos no analicen esta situación y la corrijan. Victor Roy, mostrando unos datos similares, denuncia este desequilibrio entre riesgo público y beneficio privado, y entre sus propuestas para corregir esta injusticia apunta la necesidad de una producción pública de medicamentos y tecnologías sanitarias (8).
En una carta publicada con motivo del tercer aniversario del inicio de la pandemia, titulada Nunca Más (9), doscientos líderes, políticos, científicos, y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, denuncian las muertes que se podían haber evitado con una producción eficaz y una distribución justa de las vacunas, y reclaman la supresión de las barreras de la propiedad intelectual (monopolios), así como aumentar la inversión en investigación y en la capacidad de fabricación en el sur global.
En estas mismas fechas vemos otra consecuencia vergonzosa de la falta de equidad que genera el modelo actual de monopolios en medicamentos: los países de altos ingresos, incluida la Unión Europea, que acapararon vacunas, comprando diez dosis por habitante, e impidiendo que esas vacunas llegaran a personas que las necesitaban, tienen ahora que destruir millones de dosis de vacunas caducadas (10).
No es un consuelo saber que ya advertimos de todos estos efectos negativos. Para lograr un acceso justo a los medicamentos los gobiernos deben acabar con los monopolios en este sector. Para ello sería importante que los gobiernos progresistas impulsaran la retirada de los medicamentos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y promovieran un Convenio Internacional para la financiación de los medicamentos a través de un fondo global, gestionado por la OMS. Alcanzar ese objetivo llevará tiempo. Entre tanto, los países deben seguir avanzando en transparencia, en la negociación de precios más justos, en la garantía de la formación independiente de los profesionales sanitarios, en la prohibición de puertas giratorias, en la prevención de los efectos adversos de una mala prescripción y de la sobremedicación, etc. Una herramienta estratégica clave es desarrollar plataformas regionales, nacionales o multi-nacionales para la Investigación y Desarrollo de medicamentos hasta la fase de fabricación y comercialización. Un ejemplo lo muestra el Estado de California, en EEUU, que ha decidido fabricar insulina, para hacer frente a la falta de acceso de este medicamento para miles de pacientes, por culpa de los altos precios. En EEUU, según Dylan Scott (11), uno de cada seis pacientes con diabetes tiene que racionar sus dosis porque no pueden pagar los altos precios. En los últimos meses, la ley promovida por el presidente Biden para reducir la inflación, incluye la fijación de un tope máximo del precio de la insulina de 35 dólares por mes, pero solo para pacientes de Medicare (que cubre a las personas mayores). Como reacción, las empresas Eli-Lilly y Novo Nordisk han anunciado que reducirán sus precios. Pero California quiere que sea accesible también para el resto de la población y, mientras construyen sus propias instalaciones, están en contacto con otras empresas de genéricos para comprar y distribuir la insulina a un precio justo.
¿Podría la Unión Europea promover una infraestructura pública para la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos? Pensamos que sí, y que debería ser una apuesta de la Unión en la política farmacéutica. Esta idea está expuesta en detalle en un estudio del profesor Massimo Florio y colaboradores para el Parlamento Europeo (12). El escenario más ambicioso que propone necesitaría un presupuesto anual de 6.500 millones de euros para desarrollar esta gran empresa pública, con una perspectiva de medio-largo plazo, de 20-30 años. Pensemos que, cada año, el exceso de beneficio que pagamos a las empresas farmacéuticas por sobreprecios abusivos en la UE supera los 70.000 millones de euros. Merece mucho la pena. Esta iniciativa pública permitiría: definir las prioridades de investigación según las necesidades de salud; fomentar la cooperación entre todos los centros públicos de investigación, construyendo redes europeas, con investigación abierta; lograr que los productos resultantes fueran de propiedad pública; fabricar o negociar su fabricación con diferentes empresas, para su comercialización a precios asequibles; monitorizar la disponibilidad de principios activos y materias primas; hacer estudios de seguridad y eficacia de los medicamentos existentes, etc. Disponer de esta empresa permitiría, además, ganar fuerza en la negociación de precios, mientras llega la necesaria supresión de las patentes y monopolios en medicamentos. Las decisiones en la Unión Europea se impulsan o frenan por los diferentes Estados Miembros (a través del Consejo de la Unión Europea) y por el Parlamento. Es buena señal que desde el Parlamento Europeo haya salido el estudio citado. España ejercerá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Reflexionando, tres años después, sobre lo que ha ocurrido en la pandemia de la COVID-19, sería muy deseable que el Gobierno de España impulsara una Infraestructura Europea para la investigación, desarrollo y fabricación de medicamentos.
Biblografía
(1).European Parliament. Mapping of long-term public and private investments in the development of COVID-19 vaccines. Policy Department for Economic, Scientific, and Quality of Life Politics. Autor Massimo Florio y colaboradores. Marzo 2023. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/740072/IPOL_STU(2023)740072_EN.pdf
(2).Lalani H, et al. US public investment in development of mRNA COVID-19 vaccines: retrospective cohort study. BMJ. 1 marzo 2023
https://www.bmj.com/content/380/bmj-2022-073747
(3).Kis Z et al. Pandemic-response adenoviral vector and RNA vaccine manufacturing. Nature npj Vaccines, 2 marzo 2022.
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00447-3
(4).Light DW, Lexchin J. The costs of coronavirus vaccines and their pricing. JR Soc Med, 3 Noviembre 2021.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01410768211053006
(5).Moore S et al. Retrospectively modeling the effects of increased global vaccine sharing on the COVID-19 pandemic. Nature Medicine, 27 October 2022.
https://www.nature.com/articles/s41591-022-02064-y
(6).Watson OJ et al. Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modeling study. The Lancet Infectious Diseases, 23 june 2022
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2822%2900320-6/fulltext
(7).SOMO. Pharma´s Pandemic Profits. Pharma profits from COVID-19 vaccines. Esther de Haan, Albert ten Kate. Febrero 2023. https://www.somo.nl/pharmas-pandemic-profits/
(8).Roy V. Financing Covid-19 mRNA vaccines. Public risk, private rewards. BMJ, 1 marzo 2023 https://www.bmj.com/content/380/bmj.p413
(9).Johnson S. Profiteering of Covid pandemic must never be repeated, world figures warn. The Guardian 11 marzo 2023.
https://www.theguardian.com/global-development/2023/mar/11/profiteering-of-covid-pandemic-must-never-be-repeated-world-figures-warn
(10).Bradley S. Covid vaccine doses go to waste in Switzerland amid huge stockpile. Swissinfo.ch, 11 marzo 2023. https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/covid-vaccine-doses-go-to-waste-in-switzerland-amid-huge-stockpile/48330402
(11).Scott D. Insulin is way too expensive. California has a solution: make its own. Vox. 7 febrero 2023. https://www.vox.com/policy-and-politics/23574178/insulin-cost-california-biden-medicare-coverage
(12).European Parliament. European pharmaceutical research and development: Could public infrastructure overcome market failures? STOA Panel. Massimo Florio y colaboradores. Diciembre 2021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)697197