La versión genérica de un fármaco que ya está en el mercado, que puede suprimir y prevenir el VIH, seguiría produciendo un beneficio del 30% si se redujera el precio actual, afirman los investigadores.
Breve artículo que recoge un tema de una importancia y actualidad considerable, como es el tratamiento preexposición para el VIH Sida con Lanacapavir. De nuevo Gilead pone un precio abusivo de 42.250 $ a un fármaco que según estimaciones del nuestro bien conocido y estimado Andrew Hill costaría aproximadamente 40 $. En una situación en la que el objetivo para 2030, como señala Ouma, es impedir la aparición de nuevos casos de VIH/sida el resultado puede depender de disponer de medicamentos como éste. Obligar a Gilead a poner precios razonables es una obligación para frenar el desarrollo de la enfermedad. Si no, como afirma A. Hill, se deberían utilizar las licencias obligatorias.
Un nuevo medicamento descrito como «lo más cerca que hemos estado de una vacuna contra el VIH» podría costar 40 dólares (31 libras esterlinas) al año por cada paciente, mil veces menos que su precio actual, sugiere una nueva investigación.
Lenacapavir, vendido como Sunlenca por el gigante farmacéutico estadounidense Gilead, cuesta actualmente 42.250 dólares al año. Se insta a la empresa a que lo ponga a disposición en todo el mundo a mil veces menos que ese precio.
UNAids aseguró que podría «anunciar un avance en la prevención del VIH» si el medicamento estuviera disponible «rápidamente y asequible».
El lenacapavir administrado por inyección cada seis meses, puede prevenir la infección y suprimir el VIH en personas que ya están infectadas.
En un ensayo, en más de 5.000 mujeres en Sudáfrica y Uganda, el medicamento demostró un 100% de protección según los resultados anunciados por Gilead el mes pasado.
Lenacapavir actualmente tiene licencia para el tratamiento, no para la prevención.
En un estudio presentado el martes en la 25ª Conferencia Internacional sobre Sida en Múnich, los expertos calcularon que el precio mínimo para la producción en masa de una versión genérica, basado en los costos de los ingredientes y de la fabricación de lenacapavir, y permitiendo un 30% de beneficio, era de 40 dólares al año, asumiendo que 10 millones de personas lo usaran anualmente. A largo plazo, afirmaron que 60 millones de personas probablemente necesitarían tomar el medicamento de forma preventiva para reducir significativamente los niveles de VIH,.
El Dr. Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool, que0 dirigió la investigación, comentó: «Tenemos una inyección que alguien podría recibir cada seis meses y no contraer el VIH. Eso es lo más cerca que hemos estado de una vacuna contra el VIH».
La mayor parte de la prevención del VIH actualmente se basa en píldoras diarias y medidas de barrera, como los condones.
Los activistas quieren que Gilead permita licencias genéricas, a través de Mrdicines Patent Pool respaldado por la ONU, en todos los países de bajos y medianos ingresos (LMIC), que representan el 95% de las infecciones por VIH. Mecanismos similares han estado en vigor en el mercado del tratamiento del VIH durante décadas, donde los países ricos pagan precios más altos que los más pobres.
Si eso no sucediera, dijo Hill, los países deberían considerar la emisión de licencias obligatorias que permitan la fabricación genérica frente a una emergencia de salud pública.
Gilead afirmó que era «demasiado pronto» para fijar el precio del lenacapavir para la prevención, ya que estaba a la espera de datos de ensayos clínicos y posibles presentaciones regulatorias, pero prometió «una estrategia para permitir una amplia, «Salvar vidas» al proporcionar una opción más discreta que las tabletas diarias para las personas que se enfrentaron al estigma debido a su estado de VIH o sexualidad.
Esto incluiría tanto «el suministro de Gilead en los países donde la necesidad sea mayor hasta que los empresas asociadas a través de licencias voluntarias puedan suministrar versiones de alta calidad y bajo costo de lenacapavir» y un programa de licencias voluntarias para «países de alta incidencia y recursos limitados». Gilead comenta que la elección de esos países estaba en curso.
Pero los activistas dijeron que era vital que todos los países de ingresos bajos y medios, incluidos los países de “ingresos medios altos” como Brasil, tuvieran acceso a formas genéricas de bajo costo del medicamento.
En el pasado, selecciones similares habían excluido a países donde la epidemia del VIH estaba creciendo más rápido, comentaron.
Los ensayos en los países de ingresos bajos y medios refuerzan aún más el argumento a favor del acceso universal, afirmó Hill, señalando como la Declaración de Helsinki sobre ética médica, dice que los ensayos solo deben realizarse en poblaciones que puedan beneficiarse de los resultados.
Joyce Ouma, oficial sénior de programas de Y+ Global, una red de jóvenes que viven con el VIH, dijo que un inyectable dos veces al año sería «transformador para los jóvenes como yo que viven o están en riesgo de VIH».
Ouma dijo: «No es exagerado decir que el objetivo de 2030 de poner fin a las nuevas transmisiones del VIH depende de Gilead para garantizar que las personas en el sur global tengan un acceso justo al lenacapavir».
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de UNAids, afirmó que el tratamiento podría «salvar vidas» al proporcionar una opción más discreta que las tabletas diarias para las personas que enfrentaron estigmas debido a su estado de VIH o sexualidad.
Este artículo resultado de un proceso de investigación de Public Eye es de un notable interés. El autor ha analizado específicamente el caso de Roche y su fármaco Entresto. Nuestras lectoras y lectores pueden encontrar aquí una extraordinaria información sobre los procedimientos de “marañas de patentes” y “reverdecimiento de patentes” para prolongar el periodo de monopolio y conseguir así mantener los altos precios y conseguir y miles de millones de beneficio.
También el texto es muy ilustrativo de los procedimientos judiciales y de los acuerdos extrajudiciales con las empresas de genéricos para mantener el monopolio
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Las empresas farmacéuticas suizas a menudo se distinguen a nivel internacional por una acumulación de litigios legales destinados a evitar la competencia de los genéricos y mantener un precio alto en sus productos estrella. Sin embargo, esta estrategia pone en peligro el acceso a tratamientos asequibles. Es hora de actuar contra la multiplicación de patentes secundarias abusivas, sin valor añadido terapéutico y que solo sirven para llenar las arcas ya bien surtidas de Big Pharma. Una verdadera extorsión a costa de los seguros sociales, que Suiza debe denunciar en lugar de apoyar ciegamente.
Un nuevo medicamento no está protegido por una solo, sino por decenas, incluso a veces más de un centenar de patentes. Hablamos entonces de “maraña de patentes” (“patent thickets” en inglés). Estas se colocan a lo largo del tiempo, lo que significa que la duración del monopolio de un producto a menudo supera con creces los veinte años teóricos previstos por el Convenio sobre Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Una estrategia de acumulación de patentes sin fin calificada como “evergreening” en inglés.
Hay que distinguir dos tipos de patentes:
Las patentes primarias relativas a la molécula o moléculas y presentadas al principio de la fase de desarrollo.
Las patentes secundarias, presentadas justo antes o durante la fase de comercialización, que amplían el período de exclusividad comercial sin aportar un verdadero valor terapéutico.
Si bien cualquier patente es una excepción al libre mercado, las secundarias son las que tienen el mayor impacto en la competencia y los precios, especialmente porque han proliferado en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, donde se emiten más fácilmente.
Patentes secundarias concedidas en masa
Cada año, Suiza se jacta de ser uno de los “países más innovadores”, basándose simplemente en el número de patentes presentadas. Sin embargo, en el ámbito de los medicamentos, en cualquier caso, la gran mayoría es injustificada. De hecho, los grandes grupos farmacéuticos comprendieron rápidamente los beneficios financieros que podían obtener de estas murallas de patentes abusivas que bloquean el camino de sus competidores. En el otro extremo de la cadena, los pacientes tienen que pagar sus tratamientos a un precio alto durante más tiempo, sin ninguna justificación válida.
Recordemos que la patente es un derecho exclusivo que permite al titular de una invención prohibir que terceros la fabriquen y comercialicen. Pero es un derecho territorial: si una empresa farmacéutica quiere proteger su medicamento en varios países, debe solicitarlo en cada uno de ellos, excepto en Europa, donde la Oficina Europea de Patentes (OEB), que reúne a 39 países, incluida Suiza, tiene un procedimiento centralizado válido simultáneamente en todas estas jurisdicciones.
Recordemos también que una invención debe cumplir tres requisitos generales para ser patentada: (1) ser nueva (2) implicar una actividad inventiva (3) ser susceptible de aplicación industrial. Por lo tanto, una solicitud de patente sobre un medicamento no se juzga en función de la utilidad del tratamiento, sino que solo se tiene en cuenta el hecho de que sea un «nuevo invento», incluso si se trata solo de una modificación menor de un producto ya existente.
El acuerdo ADPIC deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros de la OMC para decidir qué invención merece una patente o no, siempre que se cumplan los tres requisitos. Así, según la legislación vigente y la minuciosidad con la que se examinan las solicitudes, las patentes se conceden en masa (como en los Estados Unidos); de forma un poco más restringida porque a veces se impugna (como en Europa); o con moderación debido a cláusulas más restrictivas destinadas a evitar recompensar pseudoinnovaciones que ponen en peligro el derecho a la salud (como en la India). Estos enfoques tienen consecuencias muy diferentes en términos de competencia y acceso a los medicamentos, con una llegada al mercado más o menos tardía, según el país, de genéricos vendidos a precios más bajos.
Estados Unidos, auténtico “El Dorado” de la farmacia
Como en muchos otros sectores, Estados Unidos marca el tono en el campo farmacéutico. Con más de 600 mil millones de dólares estadounidenses anuales, el país del Tío Sam representa por sí solo más de la mitad del mercado farmacéutico mundial. Un campo de juego esencial para Roche y Novartis, respectivamente segundo y octavo del mundo en términos de facturación en 2023.
Los gigantes de Basilea son miembros desde hace mucho tiempo del poderoso lobby farmacéutico en los Estados Unidos (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America o PhRMA), que está en la calle del Congreso y la Casa Blanca. El CEO de Novartis incluso asume su presidencia desde 2023. En los Estados Unidos, las empresas farmacéuticas se benefician de numerosos incentivos y grandes ventajas fiscales en el ámbito de la investigación, así como de una política de patentes muy generosa y de un sistema judicial propicio para iniciar litigios a toda marcha. El procedimiento de autorización de comercialización también está estrechamente relacionado con el estatuto de las patentes, lo que no es el caso en Europa. Y, la guinda del pastel: hasta la fecha no existe un verdadero control estatal de los precios.
Por lo tanto, los grandes grupos buscan lanzar primero sus nuevos productos en los Estados Unidos, para poder proteger su invención el mayor tiempo posible (a veces durante 40-50 años) y obtener un precio muy alto en el mercado estadounidense, que luego utilizarán como base de negociación en otros países, por ejemplo en Europa, donde el control de precios es un poco más estricto.
El Entresto, punta de lanza de Novartis
Para ilustrar cómo la farmacia explota su posición de fuerza para evitar cualquier competencia, hemos estudiado el caso del Entresto de Novartis. Después de un comienzo bastante lento, este tratamiento para la insuficiencia cardíaca, lanzado en julio de 2015 en los Estados Unidos y poco después en Suiza y Europa, vio explotar sus ventas en 2021, gracias a la obtención de una extensión de indicación para diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. En Suiza, sus ventas anuales se han más que duplicado, pasando de 18 a más de 39 millones de francos entre 2019 y 2023, según la caja de salud Helsana. En 2023, Entresto generó los mayores ingresos del grupo a nivel mundial, con más de 6 mil millones de dólares (aproximadamente el 13% de las ventas totales). En apenas ocho años, Novartis ya ha recaudado más de 20 mil millones de dólares en ventas gracias a este producto.
Su precio oficial en Suiza para un mes de tratamiento es de unos 130 francos (2,3 francos por comprimido). Como suele ser el caso de los medicamentos, es cuatro veces más alto en los Estados Unidos: 668 dólares al mes, mientras que es un poco más barato en la India (10 200 rupias, o unos 103 francos al mes). Este precio puede parecer irrisorio en comparación con los contra el cáncer, pero el margen sigue siendo importante debido a una fuerte demanda y un coste de producción extremadamente bajo: 0,13 francos por comprimido.
Además, Entresto es una combinación de dos moléculas antiguas, incluido el valsartán, que ha hecho los mejores días de Novartis como tratamiento para la hipertensión en los últimos 25 años bajo el nombre de marca Diovan, con más de 65 mil millones de dólares en ingresos hasta la fecha. Desde un punto de vista comercial, el Entresto es, por tanto, un intento de Novartis de prolongar las enormes ventas de su predecesor Diovan, al tiempo que amplía su público objetivo a los pacientes con insuficiencia cardíaca. En resumen: el premio gordo
La inversión de Novartis para desarrollar el Entresto se ha amortizado desde hace mucho tiempo, con un margen de beneficio astronómico. Sin embargo, el gigante de Basilea siempre quiere más y ha iniciado, en 2019, una verdadera saga judicial en Estados Unidos e India para retrasar al máximo la llegada al mercado de competidores genéricos. Aquí es donde entran en juego las patentes secundarias.
Una jungla de patentes “frívolas”
Novartis ha obtenido al menos trece patentes sobre este producto en los Estados Unidos, lo que teóricamente le otorga una exclusividad comercial de casi 40 años, el doble del estándar previsto por las normas de la OMC (véase la tabla ). Más allá del número, es el tipo de patentes y sus fechas de presentación lo que llama la atención. El medicamento, una combinación de dos moléculas, se ha mantenido igual desde el principio. Solo han cambiado su uso (indicación), su dosis y otros aspectos como su método de administración. Sin embargo, cada vez se han presentado y concedido nuevas patentes secundarias. ¿Para qué ganancias terapéuticas? Prácticamente ninguna. Por otro lado, la duración del monopolio se ha ampliado 18 años, hasta 2042.
PATENTES DE ESTADOS UNIDOS (ENTRESTO, NOVARTIS)
Con la patente primaria vencida, el período de monopolio de 20 años previsto por las normas de la OMC debería terminar. Pero con todas las demás patentes secundarias obtenidas, Novartis puede teóricamente mantener los genéricos fuera durante 18 años más suplementarios en los EE.UU
En Europa, hay al menos nueve solicitudes de patentes, tres de las cuales están siendo examinadas por la OEP. Solo tres patentes son válidas hasta la fecha (véase la tabla ). La patente primaria del Entresto ha expirado desde 2023, pero se beneficia de una extensión de protección en Suiza hasta enero de 2028, concedida por las autoridades suizas. La protección del Entresto en Europa, todas las patentes concedidas combinadas, se extiende teóricamente hasta mayo de 2036, pero si las tres solicitudes en curso tienen éxito, será de 40 años, es decir, el doble del estándar de la OMC. Se han revocado dos patentes secundarias (una por el titular; la otra por oposición), lo que demuestra que no se habrían concedido si el examen por parte de la OE hubiera sido más minucioso.
PATENTES EUROPEAS Y EXTENSIONES SUIZAS (ENTRESTO, NOVARTIS)
En Europa también la patente primaria ha caducado desde 2023, pero gracias a otros privilegios nacionales su protección durará hasta 2028 en Suiza. Gracias a las patentes secundarias obtenidas y futuras (tres solicitudes en curso), Novartis podría impedir la llegada de genéricos de Entresto hasta 2043, es decir, 40 años de monopolio en total
El panorama sigue siendo diferente en la India, donde se han concedido cinco patentes sobre el Entresto (comercializado bajo la marca Vymada), cuatro de ellas secundarias (véase la tabla siguiente). La patente primaria (que caducó en enero de 2023) fue impugnada en los tribunales en 2019 por cuatro fabricantes de genéricos, en vano. La segunda patente, presentada en 2006, fue objeto de nueve oposiciones antes de su concesión, según lo autorizado por la ley india, pero finalmente se concedió. Entonces se presentaron nuevos recursos; el procedimiento sigue en curso. En cuanto a las otras tres patentes, bien podrían ser impugnadas posteriormente en los tribunales por empresas indias. Los desafíos: no retrasar la comercialización de equivalentes genéricos más asequibles (al menos un 50% más baratos que el original) y mejorar el acceso a este producto, en un país donde la mayoría de los pacientes pagan los tratamientos médicos de su bolsillo.
Con sus patentes primarias vencidas y más de 85 mil millones de dólares recaudados en 25 años, gracias a Diovan y Entresto, es hora de que Novartis finalmente deje espacio para los competidores. Pero al gigante de Basilea no le importa y sigue acudiendo sistemáticamente a la justicia para obstaculizar a sus competidores a través de patentes secundarias abusivas.
PATENTES INDIA VYMADA (ENTRESTO, NOVARTIS)
La legislación india es más estricta en términos de concesión de patentes, con cláusulas de salud pública para luchar contra las patentes secundarias abusivas, como lo permiten los acuerdos de la OMC. Sin embargo, si todas las oposiciones en curso o futuras fracasan, Novartis podría beneficiarse de un monopolio total de 33 años, mucho más allá de los estándares de la OMC.
Quejas en ráfaga en los Estados Unidos
Nuestra exhaustiva investigación ha permitido rastrear las numerosas denuncias presentadas por Novartis en los Estados Unidos por supuesta infracción de patentes con Entresto, sobre la base de documentos judiciales a los que hemos tenido acceso (ver la cronología siguiente).
En el inicio de esta investigación, una observación sorprendente: durante la última década, las empresas farmacéuticas suizas han acudido a la justicia de forma casi rutinaria en los Estados Unidos o en la India con el objetivo de evitar -o al menos retrasar fuertemente- la competencia, ya sea para Entresto o Gilenya (contra la esclerosis múltiple) sobre Novartis, o para Esbriet (contra la fibrosis pulmonar) o sus tratamientos contra el cáncer de mama (Herceptin en el pasado, actualmente Perjeta) de Roche. Hemos estudiado cada uno de estos casos, pero nos centraremos aquí en el emblemático del Entresto.
En los Estados Unidos, Novartis presentó, entre octubre de 2019 y octubre de 2022, no menos de 25 denuncias por presunta infracción de nueve de sus patentes de Entresto contra 18 empresas farmacéuticas que han informado de su intención de comercializar versiones genéricas allí. Hay que tener en cuenta que todas estas quejas, antes de la comercialización, eran puramente preventivas. Las empresas en cuestión no vendían entonces ningún genérico de Entresto en el mercado estadounidense, sino que simplemente habían iniciado el largo procedimiento de aprobación con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para estar listos cuando finalizara la exclusividad comercial. Estos enjuiciamientos preventivos son una particularidad de la ley estadounidense, llamada «enlace de patentes» en inglés, que vincula el estado de las patentes al procedimiento de autorización de comercialización. Una situación que, afortunadamente, Europa no conoce. El papel de una agencia de medicamentos como Swissmedic es asegurarse de que los tratamientos a homologar sean seguros y eficaces, no jugar al gendarme de la competencia.
De las 18 empresas demandadas por Novartis, tres vieron la denuncia en su contra abandonada, por falta de violación constatada. Otros once han llegado a un acuerdo confidencial con Novartis, probablemente comprometiéndose a no comercializar sus genéricos antes de una fecha acordada entre las partes, a cambio del cese del proceso.
Este tipo de acuerdo adopta, en general, dos formas en el ámbito farmacéutico:
La concesión de una licencia contra el pago de regalías, válida a partir de una fecha determinada;
El “pay-for-delay”, una táctica clásica, especialmente cuando una patente se tambalea. El fabricante de un medicamento original paga entonces una cantidad determinada a una empresa competidora para animarla a posponer el lanzamiento de su genérico. Esta práctica, también frecuente en Europa, ha sido fuertemente criticada en varias ocasiones por las autoridades de competencia. También cuesta mucho a los sistemas de salud, ya que el medicamento sigue vendiéndose a alto precio hasta la llegada de un genérico. En el caso del Entresto, parece que se han celebrado acuerdos de licencia, aunque no es posible ninguna certeza, ya que los documentos judiciales están sellados y ocultados .
La cronología de las denuncias presentadas por Novartis en los Estados Unidos por presunta infracción de patentes en Entresto se descarga aquí en PDF.
En julio de 2023 se emitieron los dos únicos veredictos hasta la fecha en esta saga judicial:
En un caso, después de cuatro años de procedimiento con grandes refuerzos de expertos y abogados, una de las nueve patentes de Entresto en cuestión fue invalidada por el tribunal de Delaware. Novartis recurrió inmediatamente al nivel federal (el procedimiento está en curso).
En el otro veredicto, el tribunal de Virginia Occidental se pronunció a favor del gigante de Basilea, confirmándose la violación de dos patentes contra la empresa Mylan. Este último no apeló, y no se puede detectar ninguna otra información a partir de los documentos judiciales, pero podemos imaginar que se ha llegado a un acuerdo confidencial. Hay que tener en cuenta en que esto se jugó a media molécula de agua en la fórmula química entre el producto original de Novartis y el genérico de Mylan para inclinar el veredicto en una dirección u otra, según la decisión del tribunal. Esto demuestra la complejidad del procedimiento, pero también el considerable incremento de tiempo que pueden obtener los gigantes farmacéuticos gracias a tales denuncias judiciales.
Actualmente, las quejas de Novartis se refieren “solo” a cuatro empresas y a una supuesta infracción de cuatro patentes (cinco si Novartis gana su apelación). No se sabe cuándo se emitirán los próximos veredictos, pero el procedimiento aún podría durar.
Entre mayo y agosto de 2024, siete versiones genéricas del Entresto finalmente obtuvieron luz verde de la FDA, pero esta autorización aún no significa que pronto puedan comercializarse y acceder a los pacientes. Porque Novartis vuelve a acudir a la justicia, con una demanda civil presentada el 30 de julio, esta vez contra la FDA por violación de sus procedimientos de homologación (Novartis Pharms Corp. v. Xavier Becerra y Robert Califf, Caso No. 1:24-cv-02234, US District Court of Columbia, 30/07/2024). Aunque el tribunal desestimó en primera instancia la moción de Novartis para bloquear la autorización de la FDA, estas empresas podrían ver que la comercialización de sus genéricos de Entresto se retrase aún más en los Estados Unidos, dependiendo del resultado de esta queja, así como de otros litigios de patentes en curso.
Mientras tanto, Novartis puede seguir ganando miles de millones de dólares adicionales gracias a sus patentes secundarias «frívolas», un ejemplo perfecto de evergreening. Todo esto a costa de los pacientes y de los seguros sociales, una verdadera estafa.
Una saga judicial también en la India
Dado que la India siempre se negó a introducir un sistema que vinculara el estado de las patentes con el procedimiento de homologación («enlace de patentes»), las versiones genéricas de Vymada (marca comercial de Entresto en la India) obtuvieron una autorización de comercialización en 2019. Las perspectivas son realmente jugosas, con un mercado de cardiología estimado en 2.500 millones de francos y más de 650 000 nuevos casos de insuficiencia cardíaca diagnosticados cada año. En 2019, Novartis demandó a cuatro fabricantes de genéricos indios afectados, que luego contraatacaron solicitando la revocación de la patente primaria (IN 229051). El Tribunal Superior de Delhi finalmente dio la razón al gigante de Basilea en 2021, prohibiendo a las empresas locales fabricar y comercializar sus versiones genéricas, al menos hasta que expire la patente primaria (enero de 2023).
A continuación, se prestó atención a la segunda patente, secundaria (IN 414518), que se había concedido en la India a pesar de nueve oposiciones debidamente argumentadas, y que extendió la exclusividad comercial de Novartis hasta noviembre de 2026. Por lo tanto, varias empresas de genéricos han recurrido a la justicia, desde 2022, para intentar revocar esta patente secundaria después de su concesión. En un primer momento, el Tribunal Superior de Delhi suspendió, en enero de 2023, la patente secundaria en cuestión, antes de revocar su decisión unos días después, confirmando su validez. El resto es aún más confuso, entre el contraataque de las empresas genéricas para intentar revocar la patente secundaria y las apelaciones de Novartis, que sepamos, sin veredicto hasta la fecha. Y la cuestión de las otras tres patentes secundarias, con una duración de protección teórica hasta febrero de 2037, tampoco está resuelta.
Aunque este no ha sido el caso hasta ahora para Entresto, la farmacéutica suiza se ha roto los dientes varias veces en el pasado en la India con las oposiciones a las patentes previas a la concesión (o “pre-grant”). Empezando por el emblemático caso del anticancerígeno Glivec de Novartis, al que las autoridades indias le habían negado su patente primaria. Solo unos pocos países, como India o Tailandia, utilizan esta flexibilidad legal consagrada en los acuerdos de la OMC. Europa (a excepción de Portugal) y Estados Unidos no prevén estos procedimientos previos a la concesión, que tienen el don de irritar a Big Pharma, que los considera un obstáculo para el buen funcionamiento de sus negocios. En su acuerdo bilateral de libre comercio celebrado recientemente con la India, Suiza también ha logrado debilitar estas posibilidades de intervención previa. Muy malas noticias para el acceso a los medicamentos y la salud pública.
Novartis demanda a la administración Biden
En los Estados Unidos, el caso Entresto no se limita a un tira y afloja entre las empresas farmacéuticas. Novartis también presionó directamente a la FDA para que el policía estadounidense de medicamentos no homologara ningún genérico de su producto durante su período de exclusividad comercial, siempre buscando conseguir tiempo adicional.
En septiembre de 2021, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación civil por posibles remuneraciones pagadas a la profesión médica con el fin de impulsar las ventas de Entresto. Novartis ya ha estado en el punto de mira de las autoridades estadounidenses por prácticas comerciales ilegales. En 2020, la empresa de Basilea tuvo que pagar una multa de más de 670 millones de dólares para resolver un caso de corrupción relacionado con varios de sus productos (incluido Diovan, predecesor de Entresto). Desde entonces, no se ha hecho pública ninguna otra comunicación sobre la última investigación sobre Entresto.
En agosto de 2022, es el problema de la difusión: Novartis es demandada por las universidades de Michigan y Florida del Sur por una posible violación de su patente que cubre una técnica de fabricación utilizada para el Entresto. Se desconoce el resultado de este caso, pero podría haberse resuelto en forma de compensación financiera de Novartis a ambas universidades.
Por último, gracias a la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act o IRA), obtenida en agosto de 2022 por la administración Biden frente al poderoso lobby farmacéutico PhRMA, el seguro público Medicare (para personas mayores de 65 años) ha obtenido, por primera vez en su historia, la posibilidad de negociar directamente el precio de los tratamientos más caros en términos de cobertura. Un año después, se hizo pública la lista de los primeros diez medicamentos que debían pasar por este nuevo procedimiento, con un nuevo precio regulado aplicable a partir de 2026.
Entre estos productos prioritarios: el Entresto de Novartis, le costó a Medicare alrededor de 2.900 millones de dólares en 2023 para unos 600.000 asegurados. Medicare aspiraba a reducir su precio en al menos un 25%. La reacción no se hizo esperar: Novartis demandó al gobierno de Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023, calificando esta reforma de inconstitucional. La empresa de Basilea considera que es similar a una “expropiación de bienes privados” y que corre el riesgo de “poner en peligro la investigación de medicamentos innovadores”.
Todas las grandes farmacéuticas afectadas, así como su organización paraguas, también han acudido a la justicia, gritando que viene el lobo. Incluso Roche, cuyo nombre no aparece en esta primera selección, fue con un chantaje, amenazando con retrasar la comercialización de nuevos productos vitales debido a esta reforma. Como a menudo, Big Pharma se une para evitar cualquier precedente desafortunado que pueda ir en contra de su modelo de negocio, especialmente en su Eldorado en los Estados Unidos, donde las empresas eran hasta ahora todopoderosas en la fijación de precios.
Sin embargo, una investigación de la ONG Public Citizen mostró que en 2022, las empresas farmacéuticas afectadas por estas negociaciones invirtieron en la recompra de acciones, el pago de dividendos a los accionistas y el salario de sus directivos en un promedio de 10 mil millones de dólares más que en investigación y desarrollo (I+D); para Novartis, fueron 18 mil millones frente a 10 mil millones para I+D. Suficiente para relativizar considerablemente su amenaza con respecto a la innovación.
Sin embargo, Novartis se ha resignado a entrar en negociaciones a pesar de su denuncia en curso. La razón: impuestos de hasta el 95% de la facturación del producto en cuestión si no lo hiciera. También pudo presentar una contraoferta al precio ofrecido por Medicare. A mediados de agosto de 2024, Medicare hizo públicos los nuevos precios negociados. Estos mostraron una reducción de más del 50% en el precio del Entresto (295 dólares), que Novartis criticó de inmediato. Si bien otras dos quejas de Big Pharma ya han sido rechazadas, la de Novartis contra el gobierno de Biden sigue pendiente.
Suiza debe actuar contra las patentes abusivas
El “evergreening”, o la acumulación abusiva de patentes secundarias sobre productos terapéuticos, representa un freno al acceso a los medicamentos, así como un enorme coste adicional para los pacientes y la sociedad. En Suiza, los medicamentos representan 1 franco de cada 4 de los gastos del seguro médico obligatorio, de los cuales el 75% se debe a productos patentados, según un análisis del Consejo Federal. ¿Con qué cantidad de patentes «frívolas» que permiten mantener un monopolio -y el alto precio que conlleva- mucho más tiempo que la duración prevista por las normas de la OMC? Imposible de cuantificar, a falta de estudios precisos sobre el tema en Europa. Sin embargo, se puede apostar a que esta proporción es alta si se compara el número limitado de nuevos medicamentos lanzados cada año en el mercado con todas las patentes farmacéuticas presentadas.
Según la ONG I-MAK, el abuso de patentes de los diez medicamentos más vendidos en Estados Unidos asciende a decenas de miles de millones de dólares en costes adicionales para el sistema de salud cada año. El gobierno de Estados Unidos finalmente levanta el tono contra estas selvas de patentes que alimentan la codicia de Big Pharma, y está considerando reformas. ¿Está el viento girando al otro lado del Atlántico?
Suiza, por su parte, se niega sistemáticamente a actuar contra los abusos de propiedad intelectual relacionados con el acceso a los medicamentos en los foros multilaterales, como se ha visto durante la crisis de Covid (en la OMC) y actualmente en el marco del Tratado Internacional sobre Pandemias, en negociación en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Peor aún, las autoridades suizas buscan reforzar aún más la propiedad intelectual o, si no lo logran, limitar el margen de maniobra de los países de bajos ingresos para luchar contra los abusos, como se ha visto en el marco del acuerdo bilateral de libre comercio celebrado en marzo con la India.
Como miembro de la OEP, que expide las patentes europeas de la industria farmacéutica, Suiza podría actuar a este nivel para ofrecer un examen más detallado de las solicitudes. Aunque Europa concede menos que Estados Unidos, todavía se emiten demasiadas patentes no merecidas, como lo ilustra nuestra oposición de 2019 sobre el anticancerígeno Kymriah, tras la cual Novartis revocó la patente impugnada antes de cualquier debate contradictorio. Es mejor evitar que se expidan patentes abusivas, en lugar de tener que luchar contra ellas después en litigios largos y costosos. Para ello, es imperativo definir normas de patentabilidad más estrictas y aplicarlas.
Suiza se había opuesto durante mucho tiempo a las patentes de medicamentos, considerando que se trataba de un bien esencial como ningún otro, antes de cambiar radicalmente de posición. Sin llegar a tal cambio, ¿por qué no empezar por luchar contra las prácticas abusivas de sus farmacias, que tienen consecuencias perjudiciales para la salud y las finanzas públicas, tanto en Suiza como en otros lugares?
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se ha distinguido durante años por su constante y valiosa defensa de una sanidad pública de calidad. En este artículo el autor recoge el planteamiento claro y decidido de la FADSP para modificar el actual sistema de patentes de fármacos mediante una reflexión de la reciente sentencia sobre Apixabans.
LaFederación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el sistema de patentes hay que cambiarlo y premiar la innovación con sistemas más alineados con los intereses públicos.
Si la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, el acceso a los medicamentos es parte de ese derecho. El precio excesivo de los medicamentos (muy por encima del coste de fabricación y de I+D), además de suponer una barrera importante al acceso, provoca que la calidad de otras prestaciones se vea mermada y que se ponga en riesgo la estabilidad del sistema sanitario público.
Al otorgar las patentes, los Gobiernos conceden a las empresas un periodo de tiempo de exclusividad en el mercado como supuesta forma de mantener y mejorar la innovación. Durante esos años, el propietario de la patente puede fijar un precio del fármaco muy por encima de los costes, puede recuperar los costos de su inversión en I+D y obtener un beneficio supuestamente adecuado al riesgo que soporta. Pero en la práctica el sistema de patentes permite que los laboratorios impongan precios abusivos a los sistemas públicos de salud.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) aboga por cambiar el actual sistema de patentes de fármacos. Estas son responsables de la hegemonía de la financiación privada, el monopolio comercial y las estrategias de extensión de patentes, la investigación en cerrado, el marketing como instrumento de ventas y la necesidad de retornos en el corto plazo (que favorecen estrategias especulativas, agresivas conspiraciones y acuerdos en la sombra y una elevada prevalencia de delitos corporativos).
La FADSP considera que el sistema de patentes es contrario a la sostenibilidad, la cooperación y la ciencia independiente. Hay que cambiarlo y premiar la innovación con sistemas más alineados con los intereses públicos, para ello se precisa impulsar reformas legislativas y estructurales orientadas a promover licencias abiertas, compartidas y no exclusivas, donde la propiedad intelectual no suponga una barrera en el acceso a los tratamientos que pudieran finalmente desarrollarse. También impulsar plataformas públicas para investigación clínica que potencien la financiación de investigación básica y de Ensayos Clínicos No Comerciales que aglutine los estudios independientes y generen derechos y patentes de titularidad pública.
Puede ser muy clarificador analizar el más reciente caso de “guerra de patentes” ocurrido respecto al apixabán, principio activo indicado para el tratamiento de diversas situaciones proclives a la formación de trombos. El certificado complementario de protección de la patente (que propiamente dicha ya expiró) del medicamento Eliquis de la farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS), que ha comercializado el apixabán, vence en noviembre de 2026, pero el laboratorio Teva Pharma pleiteó en los tribunales utilizando el argumento de plausibilidad, una vía abierta el año pasado ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) para producir el primer genérico de apixabán: Apixabán Tevagen del laboratorio Teva Pharma comercializado con un precio casi un 50% inferior al de Eliquis.
Un principio fundamental del derecho de patentes es que el alcance del monopolio de la patente debe estar justificado por la contribución técnica del titular de la patente a la técnica. Al considerar la actividad inventiva, es necesario considerar qué problema técnico resuelve la invención reivindicada; si no es plausible que la invención resuelva ningún problema técnico, entonces el titular de la patente no ha hecho ninguna contribución técnica y la invención no implica una actividad inventiva.
El Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona dio en enero la razón a Teva, y cuando la farmacéutica tenía listo el lanzamiento del genérico para el 1 de marzo, BMS recurrió a otro juzgado de Madrid y logró que este lo paralizara de forma cautelar. La situación creó un conflicto de jurisdicciones que tardó cerca de dos meses en ser resuelto por el Supremo, en este caso a favor de Teva (en el sentido de conceder la jurisdicción al juzgado de Barcelona). Dos datos ilustran las enormes cifras de negocio que dependen de estos procesos. El primero es que el retraso de dos meses en la salida al mercado del genérico por una medida cautelar hizo que la sanidad pública no pudiera ahorrar en primavera 23 millones de euros. El segundo, que en los cuatro meses que el genérico ha estado en el mercado desde mayo, las comunidades autónomas han ahorrado más de 45 millones de euros.
Ahora, una sentencia dictada el pasado 18 de julio por la Audiencia de Barcelona da la razón a BMS en sus argumentos de que la protección del Eliquis debe seguir vigente, devuelve la partida a la casilla de salida, aunque de forma provisional. Teva tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, aunque este podría tardar más de un año en resolverse. Los litigios entre farmacéuticas suelen incluir reparaciones entre ellas por las que las compañías que pierden un caso indemnizan a las que lo ganan, pero esto no ocurre con la sanidad pública. Es decir, si el Supremo diera de aquí a un año la razón a Teva, las comunidades autónomas no serían resarcidas por los 138 millones adicionales (380.000 euros diarios) que pagarán durante los próximos 12 meses.
Divulgación de información sobre las actividades de lobby en EE. UU: Cómo las grandes farmacéuticas lucharon contra la exención de los ADPIC y presionan para lograr una protección sólida de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre la Pandemia
OTRAS FUENTES. Revista Nº 33 Octubre 2024.
Peter Maybarduk & Michael Weinstein.
Peter Maybarduk, Director del Grupo de Acceso a Medicamentos de Public Citizen ( pmaybarduk@citizen.org ); Michael Weinstein, Presidente de la AIDS Healthcare Foundation (Contacto de prensa: Guilherme Faviero, AHF Global Public Health Institute, Guilherme.faviero@ahf.org ), en Priti Patnaik en Génova Health Files, 28-10-2024, https://substack.com/home/post/p-150770965
Recogemos aquí un texto seleccionado por Priti Patnaik en Génova Health Files de una investigación realizada por Public Citizen sobre las acciones de lobby de la industria farmacéutica en su esfuerzo para mantener fuertes protecciones de la propiedad intelectual y las implicaciones que han supuesto y suponen para la salud pública durante y después de COVID-19.
La información destaca las acciones de lobby en el marco de las discusiones para abordar decisiones políticas en las negociaciones sobre la exención de los ADPIC en la OMC y de la negociación actualmente en desarrollo el sobre el Acuerdo sobre la Pandemia en la OMS.
Los hallazgos del estudio muestran que las corporaciones, los grupos comerciales y otras organizaciones desplegaron a más de 500 lobistas para persuadir a los legisladores y los responsables de las políticas estadounidenses durante la COVID-19 para que moldearan la posición global del gobierno de Estados Unidos sobre la propiedad intelectual, y casi el 90 por ciento de estos lobistas se oponían a la exención de los ADPIC. Según Public Citizen, en 2022, el año en el que se contrataron más lobistas, las entidades opuestas a la exención de los ADPIC superaron en número a las contratadas por los partidarios en una proporción de 32 a 1.
Veinte entidades revelaron que habían ejercido presión sobre la exención durante la primera mitad de 2024, cuando concluyeron las negociaciones sobre la exención de los ADPIC. Estas entidades son en su mayoría empresas farmacéuticas o de biotecnología y sus asociaciones comerciales relacionadas.
Estas revelaciones son cruciales a la luz no solo de las negociaciones en la OMC, sino también de las negociaciones en curso hacia un Acuerdo sobre la Pandemia en la OMS, donde los países desarrollados han luchado por una mayor protección de la propiedad intelectual en el contexto de futuras emergencias.
Durante la pandemia de COVID-19, las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo gastaron casi tanto en enriquecer a los accionistas como en investigación y desarrollo.
Los gigantes de la industria Amgen y Novo Nordisk pagaron dividendos a los accionistas que duplicaron su gasto en I+D, mientras que Novartis y AbbVie dirigieron más de 10 mil millones de dólares más a los accionistas que a la investigación.
A medida que el virus barría el mundo, exponiendo profundas desigualdades en el acceso a las medidas contra la pandemia, las naciones del Sur Global lucharon por asegurar vacunas y tratamientos que salvaban vidas, ya que los países de altos ingresos acaparaban suministros, imponían controles de exportación y compraban la mayoría de las existencias disponibles. Con el tiempo, aprenderíamos que se estima que solo el acaparamiento de vacunas se ha cobrado más de 1,3 millones de vidas, con un impacto desproporcionado en los países de bajos y medianos ingresos (LMIC).
A pesar de los pagos sustanciales de los accionistas que excedieron muchos de los presupuestos de I+D, el lobby farmacéutico estaba trabajando arduamente para socavar las propuestas globales destinadas a promover un mayor acceso a vacunas, terapias y diagnósticos en el Sur Global. Armada con la impugnada premisa de que tales esfuerzos «sofocarían la innovación», la industria presionó ampliamente contra la aplicación de la exención de los aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual (TRIPS) que habría suspendido temporalmente las restricciones de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en productos que salvan vidas.
La exención, propuesta originalmente por India y Sudáfrica en octubre de 2020, buscaba suspender temporalmente disposiciones específicas del acuerdo sobre los ADPIC de la OMC para garantizar que las normas de propiedad intelectual de la OMC no crearan barreras para el acceso oportuno a las contramedidas para combatir la pandemia. Esta propuesta, de ser adoptada, habría apoyado los esfuerzos para ampliar la producción y abordar las brechas mundiales en el suministro de vacunas, diagnósticos y tratamientos hasta que la vacunación generalizada estuviera disponible. Si bien la exención por sí sola no habría sido una solución completa al problema del acceso, habría hecho una contribución significativa al eliminar las barreras comerciales a las contramedidas críticas durante la peor emergencia sanitaria en más de cien años. También habría señalado una cooperación mundial esencial en la lucha contra el acaparamiento de productos sanitarios relacionados con la pandemia y lo que se ha denominado el apartheid de la vacuna.
A pesar del apoyo de casi 100 naciones en desarrollo, y más de 170 ex jefes de gobierno y premios Nobel, la exención se enfrentó a una oposición significativa de algunas naciones ricas. Sujetos a los intensos esfuerzos de lobby por parte de la industria farmacéutica, muchos países de altos ingresos, incluidos el Reino Unido, los miembros de la UE e inicialmente los Estados Unidos, trataron de retrasar la propuesta a través de tácticas de demora que se extendieron durante unos asombrosos 18 meses, hasta que la exención estuvo muerta definitivamente. Todo esto ocurrió durante un período crítico de la peor crisis sanitaria mundial en la memoria reciente, cuando una acción rápida en todos los frentes hubiera sido vital para abordar las desigualdades y salvar vidas.
En Europa, donde una parte sustancial de las economías de muchas naciones proviene de la industria farmacéutica, el Observatorio de Europa Corporativa reveló que, a partir de 2021, más de 40 empresas farmacéuticas informaron que habían gastado una estimación de 25,3 millones de euros anuales en cabildeo mientras desplegaban 290 grupos de presión para influir en las políticas de la UE. Un portavoz de Janssen, la filial de investigación y desarrollo farmacéutico que desarrolló la vacuna de una sola inyección de Johnson & Johnson, fue aún más allá al supuestamente amenazar a la oficina del Primer Ministro belga de que la compañía reconsideraría sus inversiones en el país si Bélgica respaldaba la exención.
(Véase también: Un informe de STOP AIDS basado en investigaciones en Europa: Acceso denegado – Lo que sucede cuando Big Pharma está en el asiento del conductor).
Si bien Estados Unidos cambiaría su postura y eventualmente apoyaría una exención limitada solo aplicable a las vacunas, adoptada a través de la Decisión Ministerial de la OMC el 17 de junio de 2022, los esfuerzos de Big Pharma ya habían dado sus frutos, ya que la implementación de cualquier exención se retrasó significativamente y su alcance se redujo sustancialmente.
Después del cambio de política de los Estados Unidos, que ocurrió después de la transición de la administración Trump a la administración Biden, los esfuerzos de cabildeo, impulsados en gran medida por entidades opuestas a la exención, continuaron. En 2022, el año en el que se contrataron más grupos de presión, las entidades que se opusieron a la exención superaron en número a las contratadas por los partidarios 32 a 1.
Además, las revelaciones de cabildeo muestran un esfuerzo de oposición que se extiende hasta 2024. Dos docenas de entidades revelaron el cabildeo sobre la exención hasta la primera mitad de 2024, cuando concluyeron las conversaciones sobre la exención de los ADPIC. La mayoría de estas entidades eran empresas farmacéuticas o de biotecnología y asociaciones comerciales que representaban a las industrias. Pero los esfuerzos de la industria fueron más allá de la exención en sí.
influencia de la industria en las negociaciones de acuerdos de pandemia en curso
Insatisfecha con la mera eliminación de la exención en la OMC, la industria ha seguido adelante con sus esfuerzos para socavar aún más en las negociaciones en curso la equidad global en el Acuerdo de Pandemia de la OMS.
Sus esfuerzos de cabildeo parecen haber tenido un impacto duradero, ya que muchas naciones ricas involucradas en las negociaciones del Acuerdo sobre la Pandemia de la OMS han adoptado desde entonces posturas que son paralelas a las que la industria mantuvo anteriormente en la OMC. Países como los Estados Unidos y los estados miembros de la UE, por ejemplo, han adoptado posiciones estrictas en torno al intercambio de tecnología y sobre la flexibilidad de la propiedad intelectual, haciéndose eco de los puntos de discusión de la industria, que afirman que ciertas disposiciones para hacer operativa la equidad implicarían «eliminar las protecciones de la propiedad intelectual».
Además de la exención de TRIPS, las asociaciones comerciales que representan a la industria farmacéutica y biotecnológica también han presionado al gobierno de los Estados Unidos sobre el Acuerdo de Pandemia. Estas incluyen algunos de los grupos comerciales más poderosos del país, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Organización de Innovación Biotecnológica. En 2024, la Cámara de Comercio envió 49 grupos de presión al Capitolio para presionar sobre el Acuerdo de Pandemia. La Organización de Innovación Biotecnológica desplegó 16 grupos de presión para influir en las negociaciones del Acuerdo Pandémico, según la divulgación más reciente de su cabildeo.
Aunque muchos países ricos tienen a su disposición amplias herramientas jurídicas y reglamentarias para obligar a la industria a compartir tecnología y conocimientos técnicos por medios no voluntarios, no se puede exagerar la hipocresía de luchar por un lenguaje que pueda disuadir a los países de ingresos bajos y medios de hacer lo mismo. Además, algunos de estos países ricos también se oponen a la inclusión de una «cláusula de paz» que reafirmaría un compromiso colectivo de los signatarios de abstenerse de «cualquier presión directa o indirecta» para desalentar el uso del Acuerdo sobre los ADPIC y otras flexibilidades previstas en el Artículo 9, una disposición relacionada con la investigación y el desarrollo. pesar de haber sido reiniciadas en Ginebra el pasado septiembre, las negociaciones no han superado los desacuerdos críticos que existen a lo largo de la división Norte-Sur sobre cómo abordar áreas críticas para la equidad, incluido el Sistema de Intercambio de Beneficios y Acceso a Patógenos propuesto (PABS) y las disposiciones sobre la transferencia de tecnología y conocimientos para la producción de productos de salud relacionados con la pandemia. Los países de altos ingresos continúan oponiéndose a avances significativos en el PABS y presionando por incluir disposiciones vinculantes que definirían la transferencia de tecnología en términos de «condiciones voluntarias» y «acordadas mutuamente», la posición preferida de la industria que está siendo defendida fuertemente por los países en su mayoría desarrollados y otros actores con sede en Ginebra.
Aunque muchos países ricos tienen a su disposición amplias herramientas jurídicas y reglamentarias para obligar a la industria a compartir tecnología y conocimientos técnicos por medios no voluntarios, no es exagerado destacar la hipocresía de plantear un lenguaje que pueda disuadir a los países de ingresos bajos y medios de hacer lo mismo. Además, algunos de estos países ricos también se oponen a la inclusión de una «cláusula de paz» que reafirmaría un compromiso colectivo de los signatarios de abstenerse de «cualquier presión directa o indirecta» para desalentar el uso del Acuerdo sobre los ADPIC y otras flexibilidades previstas en el Artículo 9, una disposición relacionada con la investigación y el desarrollo.
Teniendo en cuenta las complejidades de estas negociaciones globales entre países con capacidades y circunstancias muy diferentes, es fácil perder de vista la influencia dañina que el lobby farmacéutico ha tenido en el proceso. Sin embargo, la cuestión fundamental que se interpone en el camino del gran acuerdo que puede prevenir brotes mortales y poner a disposición herramientas médicas para combatirlos, es si las naciones ricas están preparadas para romper el acuerdo con la industria farmacéutica y decir «no» a la codicia insaciable y los intereses corporativos.
Los fabricantes de medicamentos y otros actores tienen un interés financiero en mantener la propiedad de las herramientas médicas y el conocimiento, solo están dispuestas a compartir utilizando estrictamente sus propias reglas, incluso durante las catástrofes globales, y están haciendo todo lo posible para proteger su capacidad de ganancias sin ser agobiados por las preocupaciones sobre la equidad.
El diario El País publicaba a finales de septiembre una carta abierta de cuatro reconocidos investigadores internacionales que han estado desarrollando investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer, donde solicitaban que la EMA reconsiderara su decisión sobre la aprobación de lecanemab. Efectivamente los autores señalaban que la EMA “niega el acceso a los pacientes y sus médicos a un tratamiento que puede cambiarles la vida”.
El debate sobre el anticuerpo monoclonal Lecanemab para Alzheimer en fase temprana, es importante y ha sido motivo de fuerte controversia. Public Citizen se ha hecho eco de una información de un medio generalista importante como el The New York Times que mostraba el rechazo a la aprobación dedeterminados grupos de profesionales médicos que han puesto en duda los ensayos clínicos.Los estudios publicados constatan su efectividad clínica (27% de pacientes en los que se observa un retraso en la evolución de la enfermedad) y su alto coste (25.000 € paciente/ año). Sin embargo, su alto coste y muy moderado beneficio han motivado que algunas administraciones públicas, como en el Reino Unido, decidieran la no financiación de esta medicación.
Es una discusión de notable calado, donde se incluyen también reflexiones desde el punto de vista de la ética clínica. Pero además introduce aún más dudas en el proceso de decisión de financiación del fármaco.
Nuño Domínguez señalaba en El País del 25 de septiembre pasado: “El primer fármaco que ha mostrado algún efecto contra el alzhéimer en varias décadas —el lecanemab— está dividiendo a la comunidad científica y médica. Estados Unidos, China, Japón, Israel, Corea del Sur o Emiratos Árabes ya han aprobado el uso de este anticuerpo monoclonal. Reino Unido le acaba de dar el visto bueno, pero su sistema público no lo suministrará, porque considera que sus efectos son demasiado modestos para su coste, de unos 24.000 euros al año por paciente. A contracorriente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA)lo rechazó en julioal considerar que sus beneficios —reduce un 27% el avance de la enfermedad— no compensan los riesgos —hemorragias cerebrales y muerte de dos pacientes—. (…) En un movimiento poco habitual, cuatro prestigiosos investigadores internacionales que llevan décadas estudiando esta enfermedad han enviado una carta abierta a EL PAÍS para pedir que Europa reconsidere su decisión y apruebe esta clase de fármacos. La decisión de la EMA “niega el acceso a los pacientes y sus médicos a un tratamiento que puede cambiarles la vida”, escriben Bart de Strooper, cofundador del Instituto de Investigación de Demencia de Reino Unido, Henrik Zetterberg, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Christian Haass, de Múnich (Alemania), y John Hardy, del University College (Reino Unido)”.
En sentido contrario, desde Public Citizen, el 23 de octubre sembraban dudas sobre los ensayos clínicos que han conducido a la aprobación: ”Un inquietante artículo del New York Times el miércoles reveló que, durante los ensayos clínicos de dos medicamentos recientemente aprobados para la enfermedad de Alzheimer, a los participantes no se les dijo si sus perfiles genéticos aumentaban sus riesgos de lesiones cerebrales al recibir los medicamentos. Según el artículo, en los ensayos de lecanemab (Leqembi) y donanemab-azbt (Kisunla) «los voluntarios primero tuvieron que firmar formularios de consentimiento que decían que las personas con ciertos perfiles genéticos enfrentaban mayores riesgos de lesiones cerebrales al recibir el medicamento, y que los participantes se harían a pruebas para ellos ¾, pero no se les diría los resultados».
Doctor Robert Steinbrook, director del Grupo de Investigación de Salud del Ciudadano Público, pide a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y a la Oficina de Protección de la Investigación Humana (OHRP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) que investiguen la realización de los dos ensayos y las acciones de las juntas de revisión institucional que aprobaron las disposiciones de secreto. Emitió la siguiente declaración:
«El requisito bajo las regulaciones federales de obtener el consentimiento informado antes de involucrar a las personas en la investigación es una protección fundamental para los sujetos de investigación. Las revelaciones sobre las disposiciones de secreto en los ensayos de la enfermedad de Alzheimer sugieren que el principio del consentimiento informado se socavó. Si los sujetos hubieran sabido que tenían un mayor riesgo de lesiones cerebrales, podrían haber decidido no participar en los ensayos. Esta es la información que los posibles participantes querrían saber».
La FDA y la OHRP deberían investigar formalmente la realización de los dos ensayos y las acciones de las juntas de revisión institucional con supervisión de los estudios. Tanto el lecanemab como el donanemab-azbt son medicamentos con beneficios clínicos muy modestos que no superan sus riesgos sustanciales de seguridad, incluida la inflamación y el sangrado cerebral. La FDA no debería haber aprobado ninguno de los medicamentos».
Historiador y periodista. Miembro de las comisiones Editorial y de Redacción de la rAJM.
A la Comisión de Redacción de esta revista le llamó la atención un artículo de Pilar León Sanz, catedrática de Historia de la Medicina de la Universidad de Navarra, titulado “Profesión y asistencia médico-farmacéutica en los escritos de Jaime Vera (1859-1918)”(01), cuya lectura recomendamos. En este artículo se aborda nuestro leitmotiv, el acceso justo al medicamento, en un momento crítico para la historia de España como lo fue el tránsito del siglo XIX al XX, de la mano de un médico con prestigio profesional reconocido y, a la vez, ideólogo marxista cofundador del Partido Socialista Obrero Español. Lo que nos ofrece la Profesora León es un análisis de los escritos de Jaime Vera, que disocia entre los de índole profesional y los de carácter político, pero en los que advierte el punto de discrepancia de Vera con la línea ortodoxa del partido en torno a la integración de los intelectuales en las filas de los trabajadores, e, igualmente, comenta el acceso a la atención médico y farmacéutica de los trabajadores, en aquel momento de cénit del Estado liberal de la Restauración borbónica, que necesitan apoyarse en la iniciativa privada de las llamadas sociedades de socorros mutuos.
En ese escenario, la Dra. León nos relata la confrontación entre la Mutualidad Obrera, cooperativa creada por los socialistas, y los propios farmacéuticos que desde un punto de visa corporativo se estaban organizando como profesión, y hace referencia a la industrialización de la farmacia que coincide con el paso de boticario a farmacéutico y los conflictos que ello generaba. Jaime Vera, concluye esta autora, entra en contradicción entre lo que debería constituir el pensamiento socialista y la defensa de las formas profesionales tradicionales, que vinculaban la inviolabilidad entre el profesional y la propiedad de la farmacia.
El trabajo de Pilar León nos ha incentivado para tratar de ampliar el foco; es decir, aportar más información y puntos de vista en torno a la figura de Jaime Vera López, y, simultáneamente, intentar contextualizar más ampliamente el acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos en la construcción del Estado liberal en España.
Consideraciones previas
Con carácter previo queremos incorporar dos consideraciones. La primera, del Profesor Juan Esteva de Sagrera (02), que nos advierte que históricamente, antes de la segunda mitad del siglo XIX, “los medicamentos eran caros y a la vez ineficaces, razón por la que los pobres se veían poco perjudicados por no poder acceder a ellos, incluso, dado que a menudo los remedios eran dañinos, resultaba más beneficioso no acudir ni al médico ni a la botica”. La segunda previa es que el desmontaje del Antiguo Régimen y construcción del Estado Liberal le costó a España tres guerras civiles, las carlistas, la última concluida en 1876. El nuevo Estado liberal trajo consigo la desaparición de los gremios a partir de los decretos de 20 de enero de 1834 y de 6 de diciembre de 1836. Una desaparición muy bien recibida por cuanto los gremios obstaculizaban el despegue de la incipiente industria, pero que tuvo un efecto colateral al desaparecer también, de manera brusca, la acción social que los gremios prestaban en casos de enfermedad, invalidez, viudedad y orfandad, que fue sustituida, muy poco a poco y en ámbitos urbanos incompletos, por un asociacionismo mutualista de iniciativa privada: las sociedades de socorros mutuos (03).
La situación de avance de las ciencias médicas y farmacéuticas a lo largo del siglo XIX, (microbiología, bacteriología, asepsia, anestésicos, síntesis química de principios activos farmacológicos, etc.), dieron lugar a unos niveles de efectividad hasta ese momento desconocidos. El acceso a los mismos, sin embargo, estaba limitado de manera absoluta según los niveles de renta. La atención sanitaria entró a formar parte, en el último cuarto del siglo, de las demandas del sector más desfavorecido por las desigualdades, demandas que en su conjunto se etiquetaron como “cuestión social”. Para todos aquellos interesados en obtener una visión de conjunto de esos avances en el ámbito de la sanidad en nuestro país, es aconsejable la lectura de “Las ciencias médicas en la España del siglo XIX” del Profesor José María López Piñero (04).
Injusticia, desigualdad, situación de alienación y explotación que se encontraran presentes en una etapa del desarrollo del capitalismo y del Estado liberal de la España de la restauración borbónica, con una oligarquía gobernante basada en el fraude electoral por el entendimiento entre el Partido Liberal Conservador de Antonio Cánovas del Castillo y el Liberal Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta. El 90 por ciento de la población, mayoritariamente analfabeta y agraria, estaba excluida de cualquier participación en la política. Ese es el marco en que nacerán, como reacción, las organizaciones obreras y en el que desarrollará su ciclo vital el doctor Jaime Vera López.
El Dr. Jaime Vera
Jaime Vera, sin haber desempeñado ningún cargo político de relevancia, es un personaje ampliamente biografiado. La síntesis de lo publicado en Diccionario Biográfico del Socialismo Español es la siguiente (05):
“Nacido en Salamanca el 20 de marzo de 1858, hijo del escritor y periodista republicano Rafael Vera. Estudió las primeras letras en el Colegio krausista de la Corredera Baja de Madrid.Cursó la carrera de Medicina en la Universidad Central, donde se licenció en 1879 con sobresaliente y premio extraordinario. Al año siguiente obtuvo el grado de doctor. Acudió a la reunión fundacional de la Agrupación Socialista Madrileña celebrada el 2 de mayo de 1879. En la misma fue elegido para formar parte de la Comisión que tendría el encargo de redactar el Programa del Partido. Desde 1880, ya como doctor en Medicina, inició una brillante carrera como médico alienista. Discípulo del doctor José María Esquerdo, se especializó en enfermedades nerviosas y psiquiátricas, donde alcanzó un gran prestigio llegando a ser director del Departamento Psiquiátrico del Hospital General de Madrid. Desde 1882 fue secretario de la Sección de Ciencias del Ateneo de Madrid. En 1884 redactó, por encargo de la Agrupación Socialista de Madrid, el trabajo “El Partido Socialista Obrero ante la Comisión de Reformas Sociales”, informe sobre el estado y necesidades de la clase trabajadora y las relaciones entre el capital y trabajo, considerado como el mejor texto marxista del socialismo español. Partidario del entendimiento con los republicanos, discrepó de las bases de la redacción de El Socialista, aprobadas en enero de 1886, que establecían que «la controversia de doctrina había de ser más acentuada con los partidos avanzados». Se mantuvo alejado del PSOE unos años, aunque siempre informado de los avatares de este a través de Ignacio Franco, colaborador de la Agrupación Socialista de Madrid. Tras el triunfo de la socialdemocracia alemana en febrero de 1890 volvió a la vida activa del PSOE. Asistió acompañando a Pablo Iglesias al Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Londres en 1896. Iniciado en la masonería a finales de 1917, formó parte de la logia “Hispano-Americana” de Madrid. Fue médico personal de Pablo Iglesias, encargando de este cometido al doctor Huertas una vez que él desapareciera. Fue un “trabajador intelectual” al servicio de la clase obrera. Falleció en Madrid el 19 de agosto de 1918”.
El Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, cuenta asimismo con una entrada dedicada a Jaime Vera (06), redactada por Manuel Contreras Casado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. El pediatra e historiador de la medicina José Álvarez Sierra, incluyó a Vera en su Diccionario de autoridades médicas (07), de 1963, destacándolo como neuropatólogo y psiquiatra, pero sin aludir para nada a su actividad política. Desde su propio partido los reconocimientos biográficos laudatorios fueron inmediatos. Juan José Morato (1864-1938), tipógrafo, periodista miembro del PSOE, publico el mismo año del fallecimiento de Vera, la biografía: Jaime Vera y el socialismo(08), el texto más amplio de entre los que resumen su vida. También hay reseñas que pueden calificarse de memorables, una del propio Pablo Iglesias, en un homenaje a Jaime Vera celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid en el quinto aniversario de su muerte (09), o, con ocasión del noveno aniversario de su fallecimiento (10), calificándolo como “hombre genial, que destacó la fuerza creadora de su poderoso cerebro en distintas disciplinas científicas”. El mismo Vera se calificaba a sí mismo como súbdito exclusivo del método científico, así lo señaló en 1912 en el folleto La verdad social y la acción(11): “En el pensar nunca he admitido más férula que el método científico. Esta libertad es condición indispensable para que la inteligencia dé sus frutos. Y así, ser socialista no me obliga intelectualmente más que a pensar bien. Yo entiendo que por pensar bien (aunque sea inmodestia), soy socialista y buen socialista”.
Movimientos obreros en España
Dando un paso atrás para mejorar la comprensión, debemos recordar que los obreros españoles el último cuarto de siglo XIX asumieron las corrientes ideológicas en boga en Europa: el anarquismo de Mijaíl Bakunin y el social-comunismo de Carlos Marx. Hasta el destronamiento de Isabel II por la Revolución de 1868, esas organizaciones no pudieron salir de la clandestinidad. Anarquistas y social-comunistas convivieron en la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), Primera Internacional, aunque enfrentándose.
Bakunin envió a España al italiano Giuseppe Faneli, que desconocía por completo nuestro idioma. Viaja a Madrid y Barcelona en 1868, contacta con los pocos que puedan entenderle en francés o italiano. No eran proletarios propiamente dichos, sino tipógrafos, zapateros y algunos estudiantes. Organizaron la Alianza de la Democracia Social Española como sociedad secreta (en política anarquista, en economía colectivista y en religión atea). Con el lema acabar con el Estado y la Iglesia y levantar sobre sus ruinas la libre federación de asociaciones libres de trabajadores libres, tuvieron un rotundo éxito. Por toda España se incrementaba la animosidad entre pobres y ricos.
Marx, por su parte, propició la llegada a España en 1871 de su yerno Paul Lafargue que había nacido en La Habana y hablaba español. Atacó a la Alianza Democrática por su carácter de sociedad secreta y cuando en el Congreso de La Haya de 1872, Marx consigue expulsar a Bakunin de la Internacional, la separación también se materializa en España. La división durante la Primera República (1873) entre cantonalistas, apoyados por anarquistas y republicanos federales centristas que cuentan con la Federación de Madrid de la AIT – Primera Internacional (Pablo Iglesias) acentuará las diferencias entre ambas organizaciones. Sus caminos divergen (12).
Lafargue había entrado en contacto en Madrid con el círculo obrerista en torno al periódico La Emancipación (13), del que se hizo colaborador. “En los artículos que el yerno de Marx escribía se dejaba ver un cambio en las ideas del propio periódico. Al igual que el propio Lafargue había pasado de sus posiciones proudhonianas a las marxistas, estas últimas ideas comenzaron a aflorar entre los militantes obreros madrileños” (14). Pedro Díaz Chavero, el que fuera secretario ejecutivo confederal de la UGT que dimitió en 2001, en el prólogo de una reedición de la biografía de Pablo Iglesias(15), escrita por Juan José Morato en 1931, señala que “tanto Lafargue como su esposa serían un gran ayuda para Pablo Iglesias, contribuyendo a despejar sus dudas y aumentar su conocimiento de los textos marxistas”. Cuando el 2 de mayo de 1879, en la taberna Casa Labra de la calle Tetuán, de Madrid, se celebra la reunión secreta que dará lugar al proceso de formación de organizaciones socialistas en España, se nombra una comisión encargada de redactar un proyecto de programa y las bases de la organización. Forman parte de dicha comisión los médicos Alejandro Ocina, Jaime Vera y Gonzalo Zubiaurre, así como los tipógrafos Victoriano Calderón y Pablo Iglesias. Según advierte Díaz Chavero, de esa comisión inicial quedó excluido Jaime Vera por su disconformidad con la inclusión en el nombre del partido del adjetivo “obrero”, para él restrictivo y para Iglesias indispensable. Una discrepancia que, aunque apartó a Vera de la primera línea del PSOE en los primeros años, no mermó ni su ideología socialista, ni su amistad con Pablo Iglesias, de salud delicada, del que fue su médico personal.
Lafargue era médico de formación, al igual que Jaime Vera, siendo indudable que tuvieron que conocerse hemos buscado si existió o no algún indicio de mayor complicidad, pero no lo hemos hallado. Aunque Lafargue y su mujer, Laura Marx, permanecieron en Madrid siete meses en el segundo piso de la calle de Atocha 117 (en la actualidad), incluso en la capital de España falleció uno de sus hijos que fue enterrado en el cementerio de la Puerta de Toledo (16 y 17), parece que existían entre ellos diferencias conceptuales respecto al marxismo. Según señala Julián Vadillo en La importancia de Paul Lafargue en el obrerismo0 español (18):
“Lafargue trazó una división entre el modelo republicano, que considera de carácter burgués, y el modelo socialista propio de la Internacional. Así en su artículo «La huelga de los ricos» (19) hace una crítica a la burguesía afiliada al republicanismo, en clara referencia a su experiencia vivida en Francia respecto a los republicanos moderados y la Comuna de París. Esta visión del republicanismo, como rival en el interior del movimiento, pero visto como corriente reformista y no obrerista, marcó la política del PSOE en el pacto con esta fuerza progresista, que no se produciría de forma efectiva hasta el desarrollo de la Conjunción republicano-socialista de 1909, que llevó a Pablo Iglesias al Congreso en 1910. Igualmente, en «La panacea de la burguesía» (20), Lafargue hace una crítica al modelo cooperativista, basándose también en el ejemplo francés”.
Ambos aspectos ideológicos son opuestos al pensamiento de Jaime Vera. El Profesor Juan José Castillo, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense (doctor en Historia Social por la Sorbona con una tesis dirigida por Pierre Vilar) en la introducción de Ciencia y proletariado. Escritos seleccionados de Jaima Vera (21, pág 9.), indica:
“Vera significó la flexibilidad y el análisis sin esquematismo que podría haber dado -a mi juicio- una mayor relevancia práctica al socialismo español. No por su radicalidad; Vera era consciente de la escasa fuerza (física y moral) que tenían las huestes proletarias. No rechazará el empleo de la fuerza -de la violencia revolucionaria- para conseguir sus objetivos. Únicamente, dice, no debe derramarse ni una sola gota de sangre obrera que no se cobre con la victoria. Esto es, lo que importa «en la revolución son las nueces, no el ruido». No son sólo «revolucionarios los que predican a toda hora sangre y exterminio. El radicalismo está en las ideas y en la eficacia de los procedimientos».
Por esta razón ha de calibrarse bien su reformismo cuando insiste en la alianza con los radicales burgueses. «Pocos son los obreros cándidos que pueden creer en una mejora progresiva dentro de un régimen que les pondría a dieta de aire, si fuese susceptible de apropiación y de venderse por partes».
Vera explicaba teóricamente esta posición por el retraso del capitalismo español que no había realizado completamente la «revolución burguesa». Los cambios solo habían afectado a la súper estructura política, y esto de manera falseada (son los años de la Restauración). Por eso los propios obreros son los primeros interesados en el mejoramiento del sistema productivo capitalista que está empozoñado de reacción aristocrática.
Los socialistas han de recorrer pues una parte de su camino en compañía de quienes hacen «civilización burguesa», aunque, afirma, llegará un momento en que habrá que ir también contra ellos y contra el sistema mismo de explotación de clase”.
En la misma línea, Lafargue, por su experiencia en la Comuna de Paris, desconfía del cooperativismo, mientras que Vera, sin considerarlo una prioridad, lo asume como modelo transitorio para paliar las penosas condiciones de los obreros.
El otro referente doctrinal del socialismo español fue Jules Guesde (22), fundador en 1877 del semanario marxista L’Egalité, del Partido Obrero Francés en 1882, y del Partido Socialista Unificado francés en 1905. Juan José Castillo (23), en este sentido, subraya, que utilizando como base principal la biografía de Pablo Iglesias escrita por Juan José Morato (15), la influencia de Guesde fue decisiva no sólo en Iglesias, sino en todo el socialismo español que, en su dogmatismo inicial, puede considerarse una prolongación del guesdismo. Castillo añade (anotación 34) que “es admisible el contenido y las consecuencias de la afirmación de Tomás Álvarez Angulo (1878-1970, socialista, periodista, empresario cinematográfico y diputado durante la Segunda República) (24) en sus Memorias de un hombre. Sin importancia, pág. 258, «no sabíamos quién era Carlos Marx (en 1899), ni conocíamos su obra fundamental El Capital, ni la hemos leído jamás (se refiere a él mismo), como les ha ocurrido y les ocurre al 99,5 por ciento de los militantes»”.
Para algunos autores las influencias de Lafargue y Guesde en el socialismo español constituyen una vulgarización o simplificación del socialismo científico de Marx y Engels (25).
Conjunción republicano – socialista
No obstante, volviendo a la introducción de Pedro Díaz Chavero a la biografía de Pablo Iglesias, escrita por Juan José Morato (15), para sintetizar, podemos apreciar que el punto de vista de Jaime Vera acabo imponiéndose por pragmatismo al producirse la conjunción entre republicanos y socialistas.
A finales de julio de 1909 se produjo en Barcelona un levantamiento popular conocido como la Semana Trágica. El punto de inicio fue el llamamiento de 20.000 reservistas (soldados que ya habían hecho el servicio militar, la mayoría casados y con hijos) para la Guerra de Marruecos. Tuvieron lugar violentos desordenes en el puerto cuando iban a ser embarcados. A ello se unió una huelga general convocada por los anarquistas, socialistas y republicanos. Barcelona quedó bloqueada por barricadas y el conflicto se extendió a otras ciudades catalanas. Acabó derivando en un motín anticlerical, con el incendio y saqueo de numerosos conventos. El gobierno conservador de Maura reprimió con dureza el conflicto. El pedagogo anarquista Ferrer Guardia, acusado de promover los desórdenes, fue fusilado. El hecho levantó las protestas de las izquierdas (a las que se unió el propio Partido Liberal) y dio lugar a una campaña internacional. Alfonso XIII obligó a dimitir a Antonio Maura, que fue sustituido por Segismundo Moret (Partido Liberal).
La participación conjunta de anarquistas, socialistas y republicanos necesita una reflexión. Los republicanos de Lerroux (ausente, en viaje por Hispanoamérica) eran populistas, enemigos de la clase obrera y de los nacionalistas. El Partido Liberal, desde Madrid, los apoyaba con fondos secretos del Ministerio de la Gobernación desde 1901. ¿Cómo fue posible que la revuelta popular contra el en embarque de reservistas degenerara en quema de conventos? El objetivo de los republicanos fue derrocar a Maura. El de anarquistas y socialistas la revolución, en defensa de las clases populares, víctimas de la aventura marroquí que los llevaba a la muerte mientras enriquecía a algunos empresarios y promociona a altos mando del ejército. ¿Por qué no se incendiaron bancos o fábricas? La explicación hay que buscarla en que el único punto de encuentro entre esas tres fuerzas era el anticlericalismo. La Iglesia española mantenía un marcado apoyo a los conservadores, que entre las clases populares urbanas derivó a un abierto anticlericalismo. En ello coincidían con los populistas republicanos de Lerroux que, a su vez, conectaba con los nuevos planteamientos anticlericales del Partido Liberal para ganar posiciones. Esta conjunción de fuerzas marcó el declive de la monarquía de la Restauración y será, 21 años después, el germen de la IIª República española (26).
Es en ese marco, explica Díaz Chavero, en el que Pablo Iglesias en un mitin del 7 de noviembre de 1909 anunciará, junto con otros líderes republicanos, la Conjunción Republicano-Socialista.
“Gracias a esa alianza Pablo Iglesias obtendrá en las elecciones generales de 1910 el primer escaño socialista en el Congreso de los Diputados, representando al pueblo de Madrid. La candidatura de la Conjunción, formada por Pi y Arsuaga, Benito Pérez Galdós (1843-1920), Esquerdo, Sábilas, Soriano e Iglesias aventajó en más de diez mil votos a la de los partidos monárquicos, demostrando así su efectividad (…) En el Congreso de los Diputados permanecerá Pablo Iglesias como único representante socialista hasta 1918, año en que se incorporan también al Parlamento: Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano (1882- 1964), Andrés Saborit (1889-1980) e Indalecio Prieto, la mayoría de ellos llegados a la Cámara desde la cárcel o el exilio sufridos a consecuencia de la fracasada huelga revolucionaria del 17” (15).
El tacticismo político de Jaime Vera había terminado por imponerse. En el Congreso del PSOE de 1915, Jaime Vera y Julián Besteiro firmaron conjuntamente una ponencia que fue aprobada por mayoría con el refrendo de Pablo Iglesias. El texto fue el siguiente: “Justifican y hacen obligatorio del mantenimiento de la Conjunción Republicano-Socialista razones doctrinales y de orden práctico tan poderosas y tantas que, en la imposibilidad de enumerarlas todas, o siquiera las esenciales, los delegados que suscriben limitan el preámbulo de su dictamen a las sencillas consideraciones siguientes: Por la historia y por la actual realidad social y política, el movimiento socialista es el aliado natural de todas las acciones y fuerzas progresivas en todas las manifestaciones de la vida” (27).
Comisión de Reformas Sociales
Veamos ahora otras actuaciones sobresalientes de Jaime Vera, en concreto, el informe que, por encargo de la Agrupación Socialista de Madrid, presentó a la Comisión de Reformas sociales en 1884.
La llamada “cuestión social” en el último cuarto del siglo XIX, ya apuntada muy escuetamente, era motivo de preocupación en los gobiernos liberal capitalistas de Alemania y Reino Unido, que estaban iniciando sistemas se seguros sociales como muros de contención ante las demandas crecientes de los trabajadores.
En España, no para dar soluciones en aquel momento, pero sí para mostrar que la clase dirigente se preocupaba por el tema, el 5 de diciembre de 1883, el ministro de la Gobernación Segismundo Moret (del Gobierno liberal presidido por José Posada Herrera) firmaba un real decreto, cuya exposición de motivos comienza diciendo: “Las frecuentes agitaciones políticas engendradas por nuestra laboriosa reorganización, no han consentido que los Gobiernos pusieran su cuidado en aquellas cuestiones llamadas sociales, y que preocupan a todos los países y que conmueven, ya no poco, a nuestra patria”.(28), para concretar, más adelante, que se crea una comisión de estudio de las cuestiones que interesan al bienestar de las clases obreras y que afecten a las relaciones entre el capital y el
trabajo. Es el nacimiento de la Comisión de Reformas Sociales.
La Comisión cita ponentes de todos los ámbitos. Varios comparecientes del PSOE, entre los que se encontraban algunos de sus fundadores: Pablo Iglesias, Antonio García Quejido y Jaime Vera, rechazaron el objetivo de la propia Comisión y, desde óptica marxista ortodoxa, advirtieron que no existe solución ninguna para la clase trabajadora mientras no consiga su emancipación del capitalismo (29).
Por la contundencia y claridad de su contenido, merece la pena destacar algunos aspectos del Informe de Jaime Vera (30):
“Doquiera la acumulación capitalista haya alcanzado desarrollo medianamente notable, allí se verá como la extrema riqueza coincide con la pobreza extrema” (pág. 36).
“El mercado es el campo de batalla donde los distintos capitales contienden sin tregua para vender. En él impera en absoluto el principio darwiniano de la lucha por la existencia. Allí toda consideración humanitaria cesa” (pág. 37).
“Romper el molde capitalista es emancipar al hombre de la lucha darwiniana por la existencia en el orden económico” (pág. 46).
“Si los Gobiernos y su poderdante la burguesía, por una parte, y la clase trabajadora, por otra, se alzan frente a frente como dos poderes rivales, como dos términos incompatibles en el terreno histórico, representando el poder burgués la conservación del capitalismo y representando el poder obrero la revolución colectivista, tan absurdo es en los poderes políticos ofrecer espontáneamente pactos, concesiones o mejoras, como sería insigne mentecatez en los trabajadores creer en su posibilidad” (pág. 57).
“Tenemos que considerar el propósito ostensible del Sr. Moret puramente fantástico, y las tareas de la Comisión informadora, infecundas. Deplorable es, sí, la situación presente de la clase obrera en España; más si se quiere hablar con verdad del porvenir, hay que confesar que sería esperanza vana confiar en días mejores, si no, muy al contrario, que su agravación habría de llegar al extremo, a no impedirlo la resistencia obrera, luchando cada vez con más fuerza contra la clase explotadora” (pág. 58).
“Los ascendientes de los actuales proletarios fueron perseguidos como delincuentes de su inactividad y de su pobreza forzosas, y los únicos socorros que debieron a la paternal solicitud de los Poderes públicos fueron inmundas pordioserías, las cárceles, las galeras, la marca y los azotes, la esclavitud y la horca. De esta legislación sanguinaria contra los expropiados aún quedan huellas en los Códigos actuales” (pág. 64).
“Toda legislación aparentemente encaminada a la protección del trabajo ha tenido por verdadero objeto la defensa de los intereses capitalistas-colectivos; pero sólo se ha hecho efectiva, cuando las reclamaciones obreras han amenazado graves compromisos para estos intereses, mereciendo, por lo tanto, considerarse todas las mejoras legales obtenidas para el trabajo como verdaderas conquistas de la clase obrera sobre la clase burguesa, nunca como concesiones humanitarias de ésta. Así, donde ha faltado la fuerza proletaria para sostenerlas, el desenfreno capitalista no ha tenido limite” (pág. 67).
La creación de la Comisión de Reformas Sociales fue un intento de respuesta conciliadora, por parte de los dirigentes del Estado liberal – capitalista, al creciente malestar de la clase trabajadoras por todas de deficiencias y desigualdades que padecían. Ya hemos comentado que al final del primer tercio del siglo XIX, la liquidación de los gremios y, por ende, de la acción social que prestaban dio lugar a la creación de sociedades privadas de socorros mutuos que solían agruparse por profesiones. El estado liberal trató, asimismo, de fomentar el ahorro individual potenciando las cajas de ahorro, que desde 1839, estipulo que debían establecerse en todas las provincias asociadas a un Monte de Piedad para canalizar los pequeños préstamos.
A este respecto, Esther Martínez Quintero en su estudio El nacimiento de los seguros sociales en el contexto de reformismo y la respuesta del movimiento obrero(31), señala que mientras las sociedades de socorros mutuos canalizaron las demandas de protección de los trabajadores urbanos, las cajas de ahorro, fundamentalmente, canalizaron el ahorro agrario. También advierte esta investigadora, que, por una parte, se produjo un asociacionismo mixto de obreros y patronos en los círculos católicos, y por otra, en mutuas exclusivamente obreras que, además de tratar de prestar amparo a sus asociados, aparecían relacionadas con sociedades de resistencia para la mejora de la clase obrera. Para 1904, indica esta autora, “existirían unas 309 sociedades de socorro mutuo obreras, con 84.420 asociados”, cifra que, de ser cierta, resulta absolutamente ridícula si tenemos en cuenta que a comienzos del siglo XX España ya superaba los 18 millones de habitantes. En todo caso implica que fuera de la beneficencia, únicamente aplicada a los pobres de solemnidad, el Estado se desentendía de toda acción social.
En esta línea, la progresiva presión de las organizaciones de trabajadores dará lugar a pasos tímidos. En ese año de 1904 la Comisión de Reformas Sociales se transforma en Instituto de Reformas Sociales (dedicado al estudio y preparación de propuestas de leyes de protección de los trabajadores), y en 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión (INP) que inicia la capitalización de pensiones sociales. En ambas instituciones aparecerá como consejero, en representación de los trabajadores, Matías Gómez Latorre, tipógrafo y uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de Madrid (32). La prestación de atención médico-farmacéutica a todos los trabajadores y sus familias no se abordará hasta la IIª República y, hasta entonces, para los pocos que pueden pagar las cuotas se mantiene el régimen de mutualidades privadas.
Álvaro López Núñez (1865-1936), periodista, académico de Ciencias Morales y Políticas, defensor de los seguros sociales y de la democracia cristiana, escribió para el Instituto de Reformas Sociales la monografía El Seguro Obrero en España(33), en donde describe las estadísticas de las asociaciones obreras en España en 1904. Con respecto a los seguros de enfermedad señala que están explotados como un negocio de reciente creación. Los asociados pagan, por término medio, una peseta mensual por la asistencia médico-farmacéutica individual y dos por la familiar. Añade que, según datos oficiales en Madrid había en 1903 más de 30 sociedades de esta índole. Los servicios facultativos son prestados por médicos y farmacéuticos principiantes a los que se impone un trabajo abrumador, el beneficio de estas sociedades alcanza el 53 por ciento de las cuotas recibidas, y, detalla: “hay Sociedades de esta índole en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Burgos, Zaragoza, Granada, Cartagena, Palencia, Alicante y en ,otras muchas localidades de España, y contra sus abusos se han recibido en el Ministerio de la Gobernación muy amargas y justificadas quejas”.
Mutualidad Obrera socialista
Precisamente en 1904, el 1 de septiembre, y sería lógico interpretarla como una medida de ampliación de servicios a sus afiliados, se constituye la Mutualidad Obrera, cooperativa médico-farmacéutica y de enterramiento de trabajadores asociados. En Renovación. Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España, del 1 de enero de 1914 (34), incluye la historia de la Mutualidad Obrera. Según detallan:
“El primero de septiembre de 1904 comenzó su vida oficial la Mutualidad Obrera con 1.300 socios entre familiares e individuales”.
El servicio que inmediatamente instaló fue el siguiente: cuatro médicos de Medicina general, un tocólogo, un comadrón, una comadrona, un practicante de medicina y cirugía, un consultorio con un conserje, una farmacia con un farmacéutico, dos auxiliares de farmacia y un mozo. En las oficinas dos oficiales y además dos cobradores”.
“Como no se tenía fondo alguno y no se contaba con más ingresos que los que resultasen de las cuotas y los gastos eran muy superiores a los ingresos, hubo necesidad de recurrir a la solidaridad de las sociedades de resistencia y, en honor a todas ellas, es justo consignar aquí que las que podían respondieron admirablemente, y que se dieron cuenta de la importancia de la empresa”.
“Después, hasta en 1910, tuvo una vida bastante precaria lo que es natural en toda organización incipiente”.
“Hoy (por el 1 de enero de 1914) la clase trabajadora madrileña puede presentar a los obreros de toda España la sociedad más importante de este carácter”.
“Actualmente (1914) figuran en la Mutualidad Obrera 9.840 familias; es decir, disfrutan de los servicios que ha establecido más de 40.000 individuos”.
“Tiene 26 médicos de medicina general, dos cirujanos, tres tocólogos, cuatro practicantes de medicina y cirugía, dos comadrones, 12 comadronas, 6 farmacias (una fuera del término municipal de Madrid) y un laboratorio. En estas dependencias prestan servicios 6 farmacéuticos, 22 auxiliares de farmacia y 12 mozos. Tiene 7 consultorios (dos fuera del término municipal de Madrid) cinco conserjes y cinco auxiliares. En las oficinas hay tres oficiales y un auxiliar, seis cobradores y un gerente; es decir, que el personal técnico y administrativo en total suman 110 individuos. Todo este personal ingresa por concurso de méritos con arreglo a las bases aprobadas por la Junta general de mutualistas”.
“También posee una clínica operatoria, con su sala de operaciones e instrumental necesario para hacer toda clase de operaciones y camas en habitaciones separadas, donde asisten a los operados las personas de la familia que los interesados creen conveniente sin temor a presiones de ninguna clase que puedan violentar su conciencia”.
“Para que se tenga una idea de la importancia de la Mutualidad Obrera en cuanto a movimiento y a los servicios que presta, es suficiente dar los datos correspondientes al mes de noviembre último”.
“En el mes de noviembre (de 1913) hubo resumen de cuentas que dio el siguiente resultado: ingresos 64.075 pesetas, gastos 39.194 pesetas, quedando para el mes de diciembre un fondo de 24.880 pesetas. En medicamentos se ha gastado en dicho mes 14.805 pesetas, en material de cura y operaciones 1.186, por defunciones 2.806, en alquileres 1.647 y en contribuciones 1.948. En haberes del personal la cifra ascendió a 14.502 pesetas.
“Los servicios prestados en ese mismo mes son los siguientes: consulta de enfermedades de la vista 100, de cirugía 1.410, de matriz 274 y de otras enfermedades no clasificadas 5.907. Los avisos para la asistencia a domicilio han sido 1.240, los partos asistidos 127, las defunciones 43, y las recetas despachadas a los socios entre todas las farmacias suman 14.967. Por todo lo expuesto, está demostrado que las organizaciones de esta clase pueden reportar de una manera inmediata grandes beneficios a la clase trabajadora y que por lo tanto todos estamos obligados, naturalmente sin dejar de trabajar en otros sentidos, a cooperar al desarrollo y fundación de toda clase de cooperativas de consumo y mutualidades”.
El fundador fue Francisco Largo Caballero (gerente y posteriormente presidente del Consejo Administrativo), junto con un grupo de obreros de la Casa del Pueblo de Madrid. Según sus estatutos “para ser socio era obligatorio estar afiliado a uno de los sindicatos del Centro de Sociedades Obreras de Madrid (más tarde, la Casa del Pueblo). En la práctica, los obreros no fueron los únicos miembros de la Mutualidad, pronto pertenecieron a la misma otros tipos de asalariados, como periodistas, empleados de bajos sueldos de las administraciones públicas, entidades bancarias, miembros de profesión liberales, etc. Existieron dos clases de beneficiarios: el individual, que tenía que pagar una cuota 1,15 pesetas mensuales y el familiar, desembolsando 2,25 pesetas” (35).
El único vestigio físico de la Mutualidad Obrera que queda en Madrid es el Centro de Salud Eloy Gonzalo (calle Eloy Gonzalo, 24), anteriormente Residencia Sanitaria Fernando Primo de Rivera y geriátrico público, con titularidad sucesiva (hacia atrás) de la Consejería de Sanidad de Madrid, el INSALUD, el INP y la Obra Sindical 18 de julio. Edificio expoliado a la UGT en 1939 por los vencedores de la Guerra Civil (36). Fue construido a partir de 1928, e inaugurado como Clínica de la Mutualidad Obrera en 1932, siendo su jefe clínico el Dr. Ramón Gallastegui (37).
Conflicto entre la Mutualidad Obrera y los farmacéuticos
Para concluir, es ocasión de traer el pensamiento directo de Jaime Vera en relación con el pleito surgido entre la Mutualidad Obrera y algunos colectivos farmacéuticos.
Sobre el enconamiento del problema se puede leer, desde el punto de vista del PSOE, la información Los farmacéuticos y la Mutualidad Obrera, publicada en El Socialista del 29 de marzo de 1914 (38), donde entre otras cuestiones se señala: “La Mutualidad Obrera tiene potencia para sostener farmacias por su cuenta, evitando así el tener que estar sujeta a contratos que puede prescindir, en beneficio de sus asociados. Tiene necesidad de esas farmacias porque su desarrollo, el número de vecinos a los que alcanza su acción, lo exigen imprescindiblemente. Ahora no lo tiene merced a ese privilegio medieval que los farmacéuticos disfrutan”.
A este respecto disponemos de tres cartas del propio Jaime Vera, de fechas 6, 7 y 20 de mayo de 1914, dirigidas a Francisco Largo Caballero, presidente del Consejo Administrativo de la Mutualidad, que le había solicitado opinión sobre el conflicto. Son de amplitud extensa y tratamos de sintetizar su contenido e ideas clave (39):
“El interés de los mutualistas es interés público”.
“Los medios curativos son de necesidad apremiante. La falta de medicamentos, en la oportunidad, puede costar la vida”.
“Toda elevación contractual de precios, que disminuye automáticamente el consumo de productos farmacéuticos, es sencillamente homicida”.
Se trata de una posición que podría ser perfectamente la de nuestros días; es decir, el interés de los mutualistas (pacientes) es interés público. La falta de medicamentos puede atentar al derecho fundamental a la vida y, la elevación de precio, que incida como límite en el acceso al medicamento, es homicida.
Por otra parte, Jaime Vera analiza con rigor científico las circunstancias, de la misma manera que elaboraba los informes médicos-legales en los pleitos en los que era requerido como perito. En este sentido y sobre la situación del propio colectivo farmacéutico, apunta:
“El antiguo boticario, que a veces herborizaba por sí mismo, trabajaba en su laboratorio como en su taller el artífice dueño del instrumento de su trabajo. A lo más colaboraban en su obra practicantes o discípulos, siendo a la vez maestro y operario”.
“La acción absorbente y propulsiva del capital transforma esta pequeña industria y este pequeño comercio en industria y comercio a gran escala”.
“Los límites de producción capitalista no son los naturales de las formas productivas y las necesidades mesurables, sino los medios de pago de los consumidores (…) La farmacéutica capitalista deriva de este axioma: los perfeccionamientos de la producción farmacéutica son en ella un derivado; el objeto directo, la ganancia”.
“En los tiempos de la producción farmacéutica individual la sencillez y el poco coste relativo de la botica, normal instrumento de trabajo del farmacéutico, hacía racional la presunción de que su propiedad fuese accesible a cuantos llevasen sus estudios a buen término. Tener botica era el modo normal de ejercer la profesión, en la pequeña botica no cabían farmacéutico y el empresario sino fundidos en una misma persona. La prohibición absoluta de abrir y explotar boticas a los extraños a la profesión equivalía exactamente a consignar el exclusivo derecho de ejercer la farmacia a sus licenciados y doctores de la facultad. Así defendía la ley al farmacéutico y al público del intrusismo, el enemigo común”
“La penetración del capital extraprofesional en la producción farmacéutica en la botica tiene alta significación porque modifica esencialmente la botica esta institución tradicional en su botica ya no está solo el farmacéutico, aunque invisible para los que no ven con la inteligencia allí ha entrado y está la representación del capital y está allí para llevarse su parte para especular por medio del farmacéutico con el público”.
Desde nuestro punto de vista en estas reflexiones se encuentra el quid del asunto. La Mutualidad Obrera pretendía tener farmacias propias, ser la propietaria de establecimientos de dispensación de medicamentos con farmacéuticos como directores técnicos. Una opción a la que con toda lógica legal querrían acceder otras entidades privadas, posiblemente sin los intereses altruistas de una cooperativa de trabajadores, si no, como subraya Vera, con pretensiones capitalistas especulativas que ya se estaban produciendo en otros países. Con ese punto de vista, no por corporativismo, como apuntaba el artículo de Pilar León Sanz que citábamos al inicio (01), sino como defensa de los profesionales intelectuales (médicos como él mismo, farmacéuticos, periodistas, enseñantes, etc.), es por lo que defiende como mejor opción, en el caso de los farmacéuticos, es el modelo tradicional que vinculaba el ejercicio profesional con la propiedad del establecimiento. Algo que, a su vez, entraba dentro de su lógica de considerar a la burguesía progresista como aliada coyuntural de la clase obrera.
El trasfondo de esta toma de posición tenía su contrapunto en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, presidido en 1914 por Ramón Sáiz de Carlos. Los farmacéuticos se enfrentaban a varios problemas que cuestionaban su propia identidad profesional. Por una parte, el decreto de colegiación obligatoria de 1898 no estaba funcionando por el rechazo de un sector de los titulares, por otra, sufrían un acoso de competencia desleal por parte de la farmacia militar y los drogueros que estaban vendiendo principios activos. Una de las opciones que manejaban, pero que todavía no estaba consolidada, era la Unión Farmacéutica Nacional, corporación farmacéutica que había nacido en 1913 que trataba de implantar la colegiación obligatoria y consolidar el monopolio de la preparación de medicamentos. En ese escenario citan las actas de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid de 1914 (40), en el mes de mayo de 1914 irrumpe, desde su punto de vista, la petición de la Mutualidad Obrera al Ministerio de Gobernación (máxima autoridad sanitaria) solicitando autorización para instalar farmacias. Los farmacéuticos tratan de defenderse “como gato panza arriba” y sacan a la luz todas las argumentaciones legales que sostenían su ejercicio.
Ante el conflicto social, Largo Caballero, presidente del Consejo Administrativo de la Mutualidad Obrera, pide consejo a Jaime Vera, y éste contesta en los términos conciliadores ya mencionados que, en definitiva, eluden un conflicto abierto con un segmento profesional que no era hostil.
Reseñas
LEÓN SANZ, Pilar. “Profesión y asistencia médico-farmacéutica en los escritos de Jaime Vera (1859-1918)”. Dynamis – Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam – Año 2006, Número 26 (169 – 193). Accesible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3333094
ESTEVA DE SAGRERA, Juan. 2005. Historia de la farmacia. Los medicamentos, la riqueza y el bienestar. Barcelona. Masson. 416 págs. (El Profesor Esteva de Sagrera hace una detallada exposición del mundo del medicamento y su entorno. Señala que “la farmacia ha sido en muchas épocas estéril, incapaz de proporcionar medicamentos seguros, eficaces y de calidad”). En la ficha de mi biblioteca personal puede accederse a un resumen de este planteamiento. Disponible en: https:// biblioteca.sanitikon.com/2020/06/esteva- de-sagrera-juan-historia-de-la.html
BRENAN, Gerald. El laberinto español. antecedentes sociales y políticos de la guerra civil. Editorial Ruedo Ibérico (2ª). Paris. 1975. 301 págs. Traducido del inglés por J. Cano Ruiz.
MADRID SANTOS, Francisco. Prensa anarquista y anarcosindicalista en España, 1869-1939. Tesis doctoral, Universitat de Barcelona. Departament d’Història Contemporània, dirigida por Josep Termes. 1989. 983 págs. Accesible en http://hdl.handle.net/10803/284155 También en la Web del autor y concretamente en el apartado dedicado al periódico La Emancipación: https://madrid-santos.ficedl.info/article16.html
VADILLO MUÑIZ, Julián. “Bajo el influjo de un italiano y un francés. Fanelli y Lafargue en la fundación de la Internacional en España”, en Universidad de Valladolid, Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 37 (2017), pp. 175-203. DOI: https://doi.org/10.24197/ihemc.37.2017.175-203
MORATO, Juan José. Pablo Iglesias. Madrid. Editorial Ariel. 2000. 165 págs. Prólogo de Pedro Díaz Chavero, secretario ejecutivo confederal de UGT (págs. 5 a 34). La primera edición de esta biografía escrita por Juan José Morato con el título Pablo Iglesias. Educador de muchedumbres, fue publicada por la editorial Espasa Calpe en 1931. La edición de Ariel del año 2000 está accesible en: https://pscmarxistes.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/pablo-iglesias-j-j-morato.pdf
JARA, Javier. “Cementerio General del Sur o Cementerio de la Puerta de Toledo”, en Blog Necrológico Cementerios de Madrid. https://cementeriosdemadrid.blogspot.com/2012/10/cementerio-general-del-sur.html . Visitado el 12-09-2024. “El Cementerio General del Sur o Cementerio de la Puerta de Toledo se construyó por orden del rey José Bonaparte para dar apoyo al Cementerio General del Norte que se había quedado pequeño y para enterrar a las víctimas de la Guerra de la Independencia. Se inauguró en 1810 y estaba situado fuera de la Puerta de Toledo en el Alto de Opañel, ya pasado el Río Manzanares, entre las antiguas carreteras de Carabanchel y de Getafe, en lo que hoy es Carabanchel Bajo. En su proximidad se levantó en 1851 el Cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José. Fue ampliado varias veces y se clausuró en 1884, pero a pesar de su estado ruinoso siguió sirviendo de lugar de enterramiento hasta 1905. Finalmente fue demolido en 1942 y los restos humanos que allí quedaban se trasladaron al Cementerio de La Almudena”.
CUADRAT, Xavier . “Los días de la ira”, y CONNELLEY ULLMAN, Joan. “Arde Barcelona” en La Semana Trágica. 1985. Madrid, Cuadernos Historia 16. Nº 132. 92 págs.
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MARTÍNEZ QUINTERO, Esther. El nacimiento de los seguros sociales en el contexto del reformismo y la respuesta del movimiento obrero. Universidad de Salamanca. Revista Studia Histórica. Historia Contemporánea 2. 2010. (Págs. 61 a 83). Accesible en: https://revistas.usal.es/uno/index.php/0213-2087/article/view/5694
SIN FIRMA. “La Mutualidad Obrera”, Renovación. Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España, año IV. Nº 49, 1 de enero de 1914. (pág. 2). Accesible en: https://drive.google.com/file/d/1NY9Os_gqgC8LekIN4NsrR6vs7r7ZaDx4/view?usp=sharing
EX CONSEJERO DE LA MUTUALIDAD OBRERA. “Centro de la Mutualidad Obrera”, en Cartas al director del Diario El País, del 2 de junio de 1982. Rectificado una información de El País del 24-04-1982 que había atribuido la propiedad del centro geriátrico de la calle Eloy Gonzalo esquina con Trafalgar, a la Obra Sindical 18 de julio.
SIN FIRMA. “Inauguración de la nueva Clínica de la Mutualidad Obrera”, en La Edificación. Órgano de la Federación local de Obreros de la Industria de la Edificación de Madrid y sus limítrofes. Año V. Nº 56, mensual que apareció el 15 de octubre de 1932. Pág. 2. Accesible en: https://drive.google.com/file/d/1MGd4noWgYzUxo-0L7-GF-BnmjDjWwlbJ/view?usp=sharing
CASTILLO, Juan José. (Obra citada, págs. 259 a 273).
GUTIERREZ COLOMER, Leonardo. Breve historia de las corporaciones farmacéuticas de Madrid. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 1980. 481 págs. Es una recopilación de las actas de las Juntas de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, desde 1837 hasta 1936 (Actas de 1914 en pág. 425).
La profesora e investigadora neurocientífica Dra. Carmen Estrada Cerquera, que ha desarrollado su actividad en las universidades Autónoma de Madrid (UAM), City of Hope National Medical Center en Duarte (California) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), tras su jubilación como catedrática en la Universidad de Cádiz (UCA), se centró en el estudio del griego clásico en la UCA y en la UAM e inició una actividad como escritora.
Como es habitual Dean Baker nos proporciona una lectura excelente, donde de forma breve, pero con claridad meridiana, propone la financIación pública de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
Sin duda, los lectores están confundidos por la referencia a los aranceles del 1000 por ciento sobre los medicamentos recetados. No llamamos a la protección para las empresas de medicamentos recetados «tarifas», las llamamos «monopolios de patentes». Pero a las intervenciones gubernamentales en el mercado no les importa cómo las llamemos, tienen el mismo efecto.
Al igual que los aranceles sobre las importaciones, los monopolios de patentes otorgados por el gobierno aumentan enormemente el costo de los medicamentos recetados, a menudo haciendo que el precio sea diez o incluso cien veces mayor que el precio del mercado libre. En un mercado libre sin patentes o protecciones relacionadas, los medicamentos serían casi invariablemente baratos. Es raro que cueste más de 20 o 30 dólares por receta fabricar y distribuir medicamentos, y a menudo considerablemente menos. Los monopolios de patentes permiten a las compañías farmacéuticas vender medicamentos por cientos o incluso miles de dólares por receta.
Esta sería una mala noticia si estuviéramos hablando de teléfonos inteligentes o zapatillas para correr, pero es una historia especialmente mala cuando hablamos de drogas que la gente necesita para su salud o incluso para su vida. Como ocurre ahora, debido a los monopolios de patentes, las personas a menudo tienen que luchar para obtener el dinero que necesitan para medicamentos que salvan vidas o luchar con las aseguradoras para cubrir los costos. Este no sería el caso si los medicamentos se vendieran por sus precios de libre mercado.
Además de aumentar enormemente el precio de los medicamentos recetados, los monopolios de patentes también proporcionan enormes incentivos para que las compañías farmacéuticas engañen al público sobre la seguridad y eficacia de sus medicamentos. Vimos esto más claramente en la crisis de los opioides, donde las compañías farmacéuticas engancharon al público en la adicción a la nueva generación de opioides, pero este es un problema recurrente. La economía nos enseña que las personas responden a los incentivos y los precios de monopolio de patentes proporcionan un enorme incentivo para impulsar las drogas lo más ampliamente posible, incluso si eso significa exagerar sus beneficios y minimizar sus riesgos.
Las compañías farmacéuticas suelen silenciar a cualquiera que plantee preguntas sobre sus monopolios de patentes al insistir en que no podríamos desarrollar nuevos medicamentos sin este incentivo. Esto no es cierto. Si bien tenemos que pagar por la investigación involucrada en el desarrollo de medicamentos, el gobierno federal gasta más de 50 mil millones de dólares al año en investigación biomédica a través de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias.
La mayor parte de este dinero se destina a la investigación más básica, sobre la que las empresas farmacéuticas luego se basan para desarrollar nuevos medicamentos y vacunas. Pero no hay nada natural en esta división del trabajo. El gobierno federal podría duplicar o triplicar este gasto y buscar reemplazar gran parte o el total de la investigación desarrollada por el monopolio de patentes que ahora está llevando a cabo la industria farmacéutica.
Hay varias grandes ventajas de ir por este camino. En primer lugar, todos los nuevos medicamentos desarrollados podrían venderse como genéricos baratos el día en que sean aprobados por la FDA. Nadie tendría que luchar para conseguir decenas de miles de dólares para medicamentos que salvan vidas o rogarle a su aseguradora que pague la cuenta.
Una segunda gran ventaja es que toda la investigación podría estar completamente abierta. El gobierno podría exigir que todos los resultados de la investigación se publiquen en la web tan pronto como sean factibles, imponiendo una regla comparable a los Principios de las Bermudas en el Proyecto del Genoma Humano. Eso significa que nadie tendría el incentivo o la capacidad de mentir sobre la eficacia y seguridad de los nuevos medicamentos. Todos los datos estarían disponibles para que cualquier investigador los evalúe.
Una tercera ventaja es que la financiación podría utilizarse para apoyar la investigación sobre nuevos usos de medicamentos más antiguos y también sobre las causas dietéticas y ambientales de la enfermedad. Dado que es poco probable que esta investigación resulte en un producto patentable, la industria farmacéutica tiene poco interés en perseguirla.
En este momento hay poco interés en los círculos políticos en promover mecanismos alternativos para financiar la investigación de medicamentos. El senador Bernis Sanders ha propuesto una legislación que establecería fondos de premios para comprar patentes y poner a disposición nuevos medicamentos como genéricos, pero ha encontrado pocos aliados en este esfuerzo.
De hecho, tenemos un gran ejemplo de una vacuna desarrollada a través de este modelo de código abierto. Los Dres. Peter Hotez y Maria Elena Bottazzi, junto con sus colegas de la Facultad de Medicina de Baylor y el Hospital Infantil de Texas, desarrollaron una vacuna contra el Covid, Corbevax. Esta vacuna ya se ha administrado a más de 100 millones de personas en India e Indonesia, protegiéndolas contra enfermedades graves y muertes por Covid.
Aunque esta vacuna probablemente se vendería por alrededor de 5 dólares en los Estados Unidos, en lugar de más de 100 dólares para los refuerzos de Pfizer y Moderna, la FDA se niega a aprobarla basándose en su no aceptación de los ensayos clínicos realizados en otros lugares y en los estudios puente de las compañías farmacéuticas. Si la FDA otorgara la aprobación, proporcionaría un gran ejemplo de los beneficios potenciales de un modelo alternativo de desarrollo de medicamentos.
De todos modos, puede pasar mucho tiempo antes de que tengamos financiación pública para el desarrollo de nuevos medicamentos, pero sería un gran primer paso si pudiéramos comenzar a tener la discusión. La mayoría de las personas orientadas a las políticas pueden entender cómo un impuesto del 10 por ciento sobre las importaciones puede ser algo malo. De alguna manera también tenemos que hacer que entiendan cómo un impuesto del 1000 por ciento sobre los medicamentos recetados también puede ser algo malo. Aprender es posible.
Esto apareció por primera vez en el blog Beat the Press de Dean Baker.
Dean Baker es el economista senior del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, DC.
Breve artículo periodístico, publicado en El Diario.es, donde se explica la intención del Ministerio de Sanidad, de introducir en la norma la obligatoriedad de conocimiento del coste de producción de los medicamentos incurrido por la industria farmacéutica.
Las compañías farmacéuticas tendrán que informar de los “costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación” para que sus productos se evalúen e incorporen al Sistema Nacional de Salud, según marca un proyecto de decreto que el Ministerio quiere aprobar próximamente.
El Ministerio de Sanidad obligará en los próximos meses a los laboratorios a rendir cuentas sobre cuánto les ha costado producir, investigar y desarrollar un producto como parte del proceso ordinario de evaluación para incluirlo en el Sistema Nacional de Salud. Las negociaciones entre las instituciones sanitarias y las farmacéuticas encierran todavía opacos procesos y con este paso, asegura el equipo de la ministra Mónica García, se quiere avanzar a favor de la transparencia.
La medida, que forma parte de un paso previo a la fijación de los precios, está recogida en un real decreto que regula la evaluación de las tecnologías sanitarias y que se encuentra desde agosto en fase de consulta pública. “El desarrollador de una tecnología en evaluación está obligado a aportar los costes fidedignos de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privadas”, dice el artículo 23 del proyecto del texto, que todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y puede sufrir cambios. Estas tecnologías abarcan desde medicamentos a procedimientos médicos y quirúrgicos.
“Es la primera vez que se va a exigir conocer realmente lo que han invertido. Hasta ahora era como la gallinita ciega, lo que permitía maximizar los beneficios”, explica Ángel María Martín, vicepresidente de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento (AAJM).
La organización está satisfecha con la decisión de Sanidad, aunque ha presentado alegaciones para ir más allá. Quieren que los datos que se aporten sean determinantes a la hora de establecer los precios de manera que los beneficios que se embolsan los laboratorios, que consideran excesivos, se rebajen para ahorrar dinero a las arcas públicas.
España aprobó en 1990 un decreto (271/1990) que marcaba que los precios debían fijarse en función de los costes, “pero en la práctica no se cumple, aunque no esté derogado”, aseguran desde la AAJM, que espera que esta nueva regulación “no se vuelva a quedar como un florero”.
En general, el precio de los medicamentos en España sigue siendo un misterio. Se conoce el coste máximo que las administraciones pueden pagar por los tratamientos, pero la cantidad que se paga por algunos fármacos es un secreto que durante años tanto las farmacéuticas como Sanidad han guardado.
Sin embargo, en el último año el equipo que dirige García ha cambiado la postura del Ministerio en dos procesos judiciales y está dispuesto a revelar cuánto cuestan el Veklury (remdesivir) y Yescarta (axicabtagén ciloleucel), dos tratamientos del laboratorio Gilead. Este viraje de rumbo también se constata de alguna manera con el decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, si finalmente se aprueba el texto tal y como redactado en el proyecto. El Ministerio también pretende sacar adelante próximamente una nueva ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento que contemplará un apartado relacionado con los precios, según fuentes ministeriales.
Un 8% más de gasto farmacéutico en España
El gasto farmacéutico en España ha crecido de enero a mayo, según los datos aportados por AAJM a partir de los ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, más de un 8% respecto al mismo periodo del año anterior, un aumento de 761 millones de euros. En 2023 la cifra total sobrepasó los 23.000 millones. “Los costes que se están pagando por los medicamentos están muy lejos de los de producción”, sostiene la asociación, que lamenta que esto es “perjudicial para los intereses públicos”.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha prohibido recientemente al laboratorio Teva Pharma la venta de un anticoagulante oral muy usado, comercializado con el nombre de Apixabán, cuya patente pertenece a otra compañía (Bristol Myers Squibb). La versión de la primera farmacéutica –que pidió que expirara la patente de la segunda– es génerica y, por tanto, tiene un precio mucho menor.
El restablecimiento del monopolio es un caso sin precedentes, fruto de la guerra entre dos compañías, que tendrá implicaciones para el sistema público y sus pacientes: las comunidades autónomas deberán pagar 380.000 euros diarios más (138 millones al año) para financiar los tratamientos de más de 300.000 pacientes, según El País. Cada caja del genérico cuesta un 45% menos (45,08 euros) que las del fármaco de marca (81,96 euros), llamado Eliquis. La Asociación para el Acceso Justo al Medicamento ha pedido al Ministerio de Sanidad que recurra esta decisión judicial para evitar un sobrecoste al sistema.
En el análisis y recogida de artículos sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) nos ha parecido de importancia para el conocimiento de nuestras y nuestros lectores exponer la situación actual en el uso de antimicrobianos en la industria ganadera y su repercusión en la salud humana.
El artículo que reproducimos a continuación subraya una vez más la dificultad para conseguir declaraciones que vayan dirigidas a conseguir mejoras dirigidas a toda la humanidad. Como queda claro en el texto, una vez más las principales naciones ricas y productoras de carne y otros alimentos como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda son capaces de modificar una resolución dirigida a disminuir el uso de antibióticos en la industria ganadera, acuícola y agroalimentaria.
Sin embargo, como señala el artículo, esto es un problema muy grave, pues es responsable de más de 5 millones de muertes provocados por la creciente resistencia al uso de los antimicrobianos
Los objetivos que apuntaban a reducir el uso de antimicrobianos en la industria ganadera han sido eliminados de la última versión del borrador de la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), aparentemente como resultado de la presión de los principales países productores de carne y de la industria de medicamentos veterinarios.
El proyecto de declaración, que tiene como objetivo frenar la creciente resistencia de los patógenos a los principales antibióticos, antivirales y antiparasitarios, se distribuyó entre los estados miembros de la ONU el 9 de septiembre antes de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas del 26 de septiembre.
La versión de mayo de la declaración tenía como objetivo reducir “al menos en un 30%” la “cantidad de antimicrobianos utilizados en el sistema agroalimentario a nivel mundial” para 2030, como informó anteriormente Health Policy Watch . El último borrador, casi definitivo, incluye solo un compromiso vago de “esforzarse significativamente” por reducir su uso.
El mayor uso de antibióticos en el mundo se da, con diferencia, en la agricultura, y en particular en la industria ganadera: se calcula que, tan solo en Estados Unidos, el 80% de los antibióticos se administran a animales, no a personas. Por otra parte, se calcula que los microbios resistentes a los fármacos matan a casi cinco millones de personas al año.
Con respecto a la reducción del uso de antibióticos en la producción ganadera, el Dr. Holy Teneg Akwar de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) dijo en una conferencia de prensa el miércoles que “los países desarrollarán sus propios objetivos teniendo en cuenta sus respectivos contextos”.
“Hubo mucha susceptibilidad en torno a los compromisos sobre los antimicrobianos en los animales de granja”, añadió Javier Yugueros-Marcos, responsable de RAM en la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH).
La rueda de prensa fue convocada por el grupo “cuatripartito” que gestiona la RAM a nivel mundial: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la WOAH.
“El uso excesivo y masivo de antibióticos en las granjas industriales de Estados Unidos es una grave amenaza para la salud pública”, dijo el senador estadounidense Cory Booker en una declaración sobre el resultado del borrador final de la ONU.
“Las agencias federales tienen una historia preocupante de ceder ante los intereses corporativos en este tema, y estoy muy preocupado por cualquier papel que haya jugado Estados Unidos en debilitar los compromisos internacionales para reducir el uso de antibióticos en animales de granja”, dijo el senador del Partido Demócrata, que está haciendo campaña para mejorar el control de los antibióticos en animales productores de alimentos en Estados Unidos.
Plan de vacunación animal
La declaración ordena a los países utilizar antimicrobianos en los animales y la agricultura “de manera prudente y responsable, de acuerdo con las normas sobre RAM del Codex Alimentarius ” y las “normas, orientaciones y recomendaciones” de la WOAH.
También se compromete a un plan mundial de vacunación animal para 2030, basado en la lista de enfermedades prioritarias de la WOAH para reducir el uso de antibióticos.
La declaración ordena a la FAO de las Naciones Unidas que elabore más directrices mundiales para prevenir y reducir también los antimicrobianos en la agricultura vegetal, otra fuente de riesgo de RAM.
“El uso indebido de medicamentos esenciales en la producción de alimentos, ya sea en la ganadería, la acuicultura o la producción agrícola, acelera la aparición y propagación de la resistencia”, dijo Junxia Song, oficial superior de sanidad animal de la FAO, en la rueda de prensa.
“Algunas infecciones bacterianas comunes [en animales] se han vuelto más difíciles, y a veces imposibles, de tratar”, añadió.
“Estas cepas resistentes pueden transferirse de los animales a los humanos a través del contacto directo o a través del entorno agrícola o la cadena alimentaria, creando un ciclo que empeora la crisis de la RAM”.
La resistencia a los antimicrobianos amenaza los medios de vida de 1.300 millones de personas que dependen del ganado, afirmó Song.
“El Banco Mundial proyecta que, en un escenario de alto impacto de la RAM, la producción ganadera en los países de bajos ingresos podría disminuir un 11% para 2050, lo que aumentaría los costos para los agricultores y haría subir los precios de los alimentos”, agregó.
Reducir la mortalidad en un 10% y recaudar 100 millones de dólares
Dos objetivos clave para reducir la mortalidad relacionada con la resistencia a los antimicrobianos, así como para recaudar fondos para combatirla, sobrevivieron a las negociaciones de los Estados miembros para llegar al borrador actual. Existe el compromiso de reducir las muertes mundiales por resistencia a los antimicrobianos en un 10% para 2030, en comparación con la base de referencia de 2019 de aproximadamente 4,95 millones de muertes asociadas con la resistencia a los antimicrobianos cada año.
También se ha fijado el objetivo de recaudar 100 millones de dólares “de cooperación internacional” para garantizar que el 60% de los países desarrollen e implementen planes de acción nacionales contra la RAM para 2030.
Aitziber Echeverría, coordinador de RAM del PNUMA, advirtió que se está desarrollando resistencia a los medicamentos y transmitiéndose en el medio ambiente.
“La atención mundial a la resistencia a los antimicrobianos se ha centrado principalmente en la salud humana”, afirmó Echeverría. “Pero existe un consenso generalizado en que para abordarla se requiere un enfoque multisectorial de Una Salud que considere la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente en general, incluidos los ecosistemas, como interconectados e interdependientes.
“Las fuentes más importantes de microorganismos con genes resistentes a los antimicrobianos en el medio ambiente son los desechos humanos que terminan en las aguas residuales, cloacales o vertederos”, advirtió.
Prioridades de la OMS
Dr. Yvan Hutin, director de la división de RAM de la OMS
El Dr. Yvan Hutin, director de la división de RAM de la OMS, dijo en la conferencia de prensa que la resistencia a los antibióticos suele ser rápida y aparecer en el plazo de diez años.
“Cada vez que somos inteligentes al inventar un antibiótico, la naturaleza evoluciona rápidamente y encuentra una contramedida.
La velocidad de la resistencia AMR
“El problema es que nuestra cartera de medicamentos está agotada. Nuestra capacidad para añadir un poco más de antibióticos a este panorama ya no es la misma que antes. Está surgiendo resistencia y la cartera de medicamentos se está agotando”.
La OMS ha propuesto cuatro pasos para abordar la RAM: prevención de la infección (mediante la garantía del acceso a agua potable y saneamiento, inmunización y control de la prevención de infecciones); acceso universal a diagnósticos asequibles y de calidad y al tratamiento apropiado de la infección; información estratégica, ciencia e innovación (guiadas por la ciencia); y gobernanza y finanzas eficaces.
La OMS también ha desarrollado una caracterización de “semáforo” para los antibióticos, con “antibióticos verdes” para infecciones comunes que tienen el menor potencial de resistencia; antibióticos naranjas que tienen un mayor potencial de resistencia y son para infecciones menos comunes; y luego antibióticos de reserva “rojos” para usarse solo cuando sean absolutamente necesarios.
Los líderes del Cuatripartito expresaron su “cauteloso optimismo” sobre la declaración política y el resultado esperado de la RAN. La última RAN se celebró en 2016.
