AUTOR: Ramón Gálvez Zaloña Médico neurólogo. Comisión de Redacción de la revista AJM.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

El momento actual con la necesidad urgente de conseguir la imprescindible inmunización de toda la humanidad para terminar de forma definitiva con la pandemia causada por COVID-19 esta caracterizado por la presentación de forma prácticamente diaria de informes, documentos y posicionamientos de todo tipo de instituciones públicas y organizaciones civiles con gran repercusión mediática. La coyuntura es vital y como se resuelva será clave para el futuro de la salud de la humanidad. Por esta razón desde la Comisión de Redacción de AJM decidimos redactar un número fundamentalmente destinado a exponer a nuestros lectores los rasgos principales y las principales alternativas y propuestas. En un intento de aproximarnos a la realidad difícil y compleja que vivimos hemos incluido reflexiones desde diferentes perspectivas. generales internacionales, europeas, de nuestro propio país y finalmente desde las iniciativas de las organizaciones organizaciones sociales y ciudadanas. Deseamos que este número sea útil en este empeño.

La Administración Biden y su propuesta. Un movimiento sísmico en el tablero de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19

El presidente de EE.UU Biden, rompiendo de alguna manera con su pasado legislativo (1), se comprometió a apoyar un cambio de las reglas de propiedad intelectual para la producción de las vacunas COVID-19, afirmando que «es la única cosa humana que se puede hacer en el mundo». A continuación y ya en plena crisis humanitaria en la India, un comunicado de prensa de la administración Biden, a través de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine

Tai :fue la expresión pública de una modificación importante en el posicionamiento tradicional de EE.U: «Esta es una crisis de salud mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias», para continuar señalando «La administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero al servicio de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19».

Esta declaración ha sido elogiada por grupos de interés público, y notablemente destacada por los medios de comunicación, como un paso adelante en la posibilidad de adoptar acciones de emergencia sobre las patentes para garantizar el acceso universal a las vacunas.

Sin embargo, la declaración de Tai tiene unos límites claros. Solamente, mencionó las vacunas COVID y evitó respaldar una exención más amplia, como la propuesta por India y Sudáfrica que cubriría «kits de diagnóstico, vacunas, medicamentos, equipos de protección personal y ventiladores». En su declaración, también advirtió, de manera preventiva, que las “negociaciones tomarán

tiempo dada la naturaleza basada en el consenso de la OMC y la complejidad de los temas involucrados”.

Entramos en un proceso complejo, pleno de tensiones, que brindará sin duda a las empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas que ya han expresado su absoluto rechazo, una oportunidad notable para limitar y/o rechazar la exención final de las vacunas Covid-19

Para analizar y profundizar en esta situación nueva que abre algunos caminos, es necesario revisar el recorrido de las patentes de medicamentos y vacunas e intentar aproximarnos a identificar cuales son los determinantes que intervienen de forma decisiva en su trayectoria Veamos de forma resumida algunos de ellos que el lector puede ampliar y completar en los artículos de este número

Los antecedentes inmediatos: Monopolios, precios y patentes

La utilización por los gobiernos de las denominadas «flexibilidades» de los ADPIC de la Declaración de Doha (2), que teóricamente conceden el derecho de aplicar una exención a las patentes y así permitir su producción abierta (con el pago de regalías), se ha enfrentado, en el

pasado reciente, a demandas judiciales extraordinarias desde las empresas farmacéuticas y a rápidas represalias comerciales y económicas agresivas utilizando los acuerdos comerciales bilaterales y regionales (Tratados de Libre Comercio TLC )

Esto no ha variado en la actual pandemia. Gilead por ejemplo ha amenazado con demandar al gobierno de Ucrania ante la posibilidad de aplicar una licencia obligatoria para Remdesivir

Desde la AAJM hemos planteado la necesidad de revisar el actual modelo de monopolio de las de patentes que está provocando un serio problema de muy altos precios de los nuevos medicamentos, limitando seriamente el acceso y comprometiendo severamente los presupuestos de los sistemas sanitarios públicos (3).

La respuesta a la pandemia de COVID-19: la estrategia de producción y distribución de vacunas

Hace aproximadamente un año surgió Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) (4). El objetivo propuesto era proporcionar una respuesta global a la pandemia y acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, medicamentos y vacunas para COVID-19.

Esta idea se desarrolló en un proceso cerrado liderado por McKinsey & C, el Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización ( GAVI ), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en la preparación de Epidemias (CEPI ), el Fondo Rotatorio de la OPS y la OMS,.

ACT-A plantea una estrategia de trabajo con cuatro áreas fundamentales: diagnóstico, terapéutica, vacunas y sistemas de salud. El Fondo para el Acceso Global a las vacunas ( COVAX ) (5) se convirtió desde el comienzo en el centro de la atención de expertos y analistas. Su objetivo: entregar 2 mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 para fin de año, fue resaltado como una esperanza para la humanidad. El resultado previsto sería suministrar durante 2021 vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante, para las personas de mayor riesgo y así evitar infecciones y fallecimientos.

Sin embargo, pronto quedó claro que esta meta se encontraba obstaculizada y seriamente limitada por las realidades políticas, los intereses de los países ricos y de

las empresas productoras de vacunas y la falta de profundidad y ambición del propio proyecto.

Efectivamente, ACT-A, de la que surge COVAX, se corresponde con un modelo de salud global dominado por el lenguaje de la industria farmacéutica que utiliza los mismos instrumentos, que antes de la pandemia, para intentar conseguir que lleguen las vacunas a los países de bajos y medianos ingresos. Sigue, por tanto, el planteamiento tradicional planteado por GAVI para la distribución de las vacunas antes de COVID. Efectivamente, GAVI actúa con una estrategia de compra de vacunas a través de UNICEF, que recibe financiación a través de donaciones, donde predomina una perspectiva de ayuda y por tanto no de un acceso justo y equitativo.

Un enfoque en el cual la financiación aportada para conseguir las vacunas responde a un modelo de ayuda internacional que depende de la voluntariedad y benevolencia de los donantes ricos. Esta forma de plantear la inmunización frente a enfermedades infecciosas y epidémicas provocaba ya ven el pasado reciente, serios problemas e insuficiencias en la distribución de vacunas en los países de bajos ingresos.

Un modelo en el que predomina la oferta y no la demanda de toda la humanidad. En una situación de pandemia mundial en la cual está implicada toda la humanidad la utilización de un esquema de trabajo similar estaba condenada al fracaso. Se precisaba una actuación inmediata y urgente que asegurara la producción y distribución de vacunas a todos los seres humanos y el modelo adoptado no puede producir los resultados que teóricamente se proponían.

El desarrollo inmediato de los acuerdos de compra anticipada ( ACÁ) de los países ricos, colateralmente a COVAX, ha sido el siguiente factor desencadenante de una insuficiencia manifiesta de la producción de vacunas COVID-19. Los países ricos han acumulado vacunas con las empresas fabricantes, antes de obtener las aprobaciones de uso, logrando un acceso prioritario, una vez iniciada la producción. Como resultado, la mayor parte de la capacidad de fabricación de vacunas en el mundo está comprometida con el cumplimiento de estos acuerdos de compra anticipada (ACÁ). De esta forma miles de millones de dosis en los próximos meses y años, están ya sujetas a acuerdos cerrados que disminuyen de forma absoluta la posibilidad para adquirir vacunas.de aquellos otros países

carentes de financiación suficiente para negociar ACÁ. Los países de ingresos altos se han asegurado coberturas poblacionales de dosis de vacunas superior al 200% que se extienden, no solamente a las existencias disponibles ahora, si no también a las futuras.

Los países de ingresos medianos han quedado excluidos de estos acuerdos o han tenido que afrontar serias dificultades. Un buen ejemplo de las duras negociaciones a las que se ven abocados estos países, cuando quieren desarrollar acuerdos de compras bilaterales, son las condiciones abusivas a las que les somete la industria farmacéutica, como han señalado Brasil, o Argentina. Durante las negociaciones bilaterales, se impone a los países latinoamericanos la exigencia de garantías de pago adicionales, utilizando para ello activos estatales, como edificios civiles y públicos, edificios de embajadas, o hasta el agua de los glaciares.

En los países más pobres, al momento de finalizar este texto, menos del 1% de las personas ha recibido una sola dosis de vacuna.

Como consecuencia se está produciendo un reforzamiento notable de las desigualdades en la distribución de vacunas a nivel mundial y por lo tanto de la prolongación de la pandemia y sus riesgos de aparición de nuevas variantes de la enfermedad.

Esta realidad fue reconocida por la OMS en enero de este año 2021, en palabras de su Director General (6) que realizó un llamamiento cargado de ansiedad: » Hasta el presente se han administrado mas de 39 millones de dosis de vacunas en 49 países de altos ingresos. solo se han administrado 25 dosis en un país de bajos ingresos. No 25 millones ,no 25 mil, sólo 25.». Y continuó afirmando: » el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico » Explica de forma nítida en su alocución, cómo bajo un lenguaje de acceso equitativo, en realidad los países ricos y las empresas farmacéuticas han dado prioridad a los acuerdos bilaterales de compra «sorteando» a COVAX. ( En 2020 se habían firmado 44 acuerdos bilaterales y en el propio mes de enero otros 12).

El problema en el diseño de COVAX, está posiblemente causado como apunta Balaji (7) en que » sus arquitectos clave están profundamente enredados en el régimen global de propiedad intelectual (PI) en el corazón del apartheid de vacunas que se está desarrollando.”.

Los monopolios que crean las patentes en torno a necesidades vitales, como las vacunas COVID-19, no solamente obligan a precios por encima de los costes de producción, si no que evitan que otros posibles fabricantes produzcan vacunas e impiden aumentar la capacidad de producción y distribución de las vacunas a toda la humanidad .La PI, continúa afirmando el autor anteriormente citado: «ha creado una situación en la que se prevé que gran parte del mundo no esté vacunada hasta 2024, mientras que muchas fábricas con capacidad para producir vacunas no pueden hacerlo»

Sin embargo, como señala Thomas Piketty (8), es preciso salir de esta noción neocolonial de ayuda internacional, dirigida por la buena voluntad de los países ricos, bajo su control y pasar a una lógica de derechos, solidaridad y justicia. ( Piketty ha propuesto como alternativa un impuesto sobre el patrimonio del 2% para financiar bienes de salud pública mundial). Evidentemente, la posición relevante de Gates en el seno de COVAX está muy lejos de este planteamiento. El filántropo, hasta ahora claro defensor de las patentes, incluso cuando la situación actual de emergencia para la humanidad le ha obligado a reformular y ampliar su discurso, añadiendo al argumento de la bondad de las patentes como impulsoras de la investigación y desarrollo, la dificultad de producción por la existencia de pocas fábricas disponibles. También añade Gates, como señala Lee Fang, (9) la «inseguridad de compartir la información crítica necesaria» para permitir que las vacunas se produzcan más ampliamente. En una intervención reciente en Sky News a la pregunta directa del periodista sobre si las restricciones de patentes serían útiles respondió con un rotundo no. Para a continuación añadir: «Bueno, hay un número limitado de fábricas de vacunas en el mundo y la gente se toma muy en serio la seguridad de las vacunas. » Tampoco tiene inconveniente en afirmar que el retraso en la entrega de vacunas a los países de ingresos bajos y medios, ha sido más corto de lo esperado. «Por lo general, en la salud mundial, se necesita una década entre el momento en que una vacuna llega al mundo rico y el momento en que llega a los países pobres».

La exención de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19 y el aumento de producción de vacunas.

El debate actual sobre las vacunas COVID-19 se centra en la cuestión de las exenciones de los derechos de propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento y tecnología para conseguir un aumento sensible de la producción de las dosis de vacunas.

Este es el problema que tiene la OMC. La petición de exención, planteada inicialmente por India y Sudáfrica, patrocinada también por otros 60 países en desarrollo, el grupo de África y el grupo de países menos desarrollados, hoy se ha extendido de forma

generalizada con el apoyo de decenas de organizaciones de la sociedad civil, expresidentes, primeros ministros, premios Nobel miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, líderes religiosos, etc.

Como iniciábamos en el comienzo de este texto, la administración del presidente estadounidense Biden, probablemente forzada por este consenso mundial. ha expresado su opinión a favor de una exención de la propiedad intelectual, abriendo un camino y unas expectativas hasta ahora impensables y provocando una brecha con algunos gobiernos occidentales (Suiza, Alemania , Japón y Reino Unido entre otras naciones) y el apoyo de países como España .

La mayoría de las organizaciones sociales y de la ciudadanía están de acuerdo en que las condiciones de la pandemia justifican plenamente una exención. Los millones de muertes y la enorme cantidad de vidas amenazadas por el virus y el sentimiento compartido de humanidad avalan esta decisión. Las vacunas son un bien público, un bien común de la humanidad. La seguridad del conjunto de los seres humanos depende en última instancia de la de todos los demás.

En esta pandemia ha sido la inversión pública de los gobiernos la que ha posibilitado la investigación y el desarrollo de vacunas y ha financiado de forma masiva la producción lo cual sin duda proporciona aún más razones, si cabe, para la aplicación de licencias obligatorias

Nos encontramos con tres posibles alternativas para aumentar la producción. En primer lugar la renuncia explícita a los derechos de propiedad intelectual, dejando de forma abierta la disponibilidad de tecnología y conocimientos. En segundo lugar la concesión de licencias obligatorias de patentes lo que supone, una suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la producción, uso, venta o importación del producto o proceso patentado, por un tercero, sin la necesidad de su consentimiento, y pagando al titular los derechos por su uso. Por último las licencias voluntarias, acuerdos que las empresas propietarias de las patentes establecen con otras empresas para la producción con las compensaciones económicas correspondientes. En este caso el ejemplo es el acuerdo de AstraZeneca con él Serum Institute de la India para la fabricación y exportación de su vacuna.

La formulación optima sería la primera, que de alguna forma, se proponía en Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP), la iniciativa que propuso Costa Rica al comienzo de la pandemia. Con este planteamiento se pretendía lograr que “las vacunas, las pruebas, los tratamientos y otras tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra la COVID-19 estén al alcance de todos”. Costa Rica propuso un repositorio, un «pool» que “deberían incluir derechos presentes y futuros en invenciones y diseños patentados, sí como derechos en datos de prueba, el denominado saber cómo, líneas celulares, manufactura, test de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas”. El objetivo de dicha iniciativa era lograr el acceso libre o licencia de uso al conocimiento para cada país miembro. Sin embargo esta iniciativa fracasó de forma absoluta por la falta de incorporación tanto de países como de empresas farmacéuticas. Por lo tanto como alternativa real solo queda la posibilidad de aplicar la exención de la propiedad intelectual.

Un punto que, sin duda, es necesario abordar es la fabricación de las vacunas. La consideración de la no viabilidad de la producción de vacunas por fabricantes alternativos se ha convertido en en un argumente utilizado por la industria y sus portavoces. Según este planteamiento no existirían posibilidades reales siendo la capacidad de fabricación global limitada. Pero esto no es cierto Buranyi (10),

comenta la existencia de una gran capacidad de fabricación preparada para producir vacunas si se obtuvieran la autorizaciones necesarias Como ejemplo cita, a Biolyse una empresa canadiense de Ontario, capaz de producir millones de dosis de vacunas para exportar a personas en el Sur Global. Sin embargo su petición ha sido rechazada tanto por AstraZeneca como por Johnson & Johnson. Fulton vicepresidente de la empresa declara en el texto citado «Si hubiéramos comenzado esto el año pasado, ya podríamos haber enviado millones de dosis». “Se supone que esto es como un esfuerzo en tiempos de guerra, todos juntos. Pero ese no parece ser el caso “

Biolyse ha establecido contactos con otros fabricantes, como por ejemplo, la también canadiense Pnuvax y un productor de Bangladesh Incepta para formar un consorcio y fortalecer así su oferta. Como estas empresas, existen otras que podrían iniciar sus actividad si se les transfiriera el conocimiento y la tecnología, en un plazo no mayor de 6 meses. Ejemplos de posibilidades similares tenemos en nuestro país como Biofabri del grupo Zendal en Galicia, capaz de trabajar con Novavax en la producción de la vacuna; los laboratorios farmacéuticos Rovi que realizan el llenado de viales de Moderna o Insud Pharma en Azuqueca de Henares (Guadalajara), que encarga del llenado y empaquetado de viales de la vacuna AZD1222 de AstraZeneca.

BIOLYSE PHARMA

Retornando al principio: la influencia de la posición de la Administración Biden y la decisión de la OMC

La actual Directora General de la OMC ( desde el 1 de marzo) Nkosi Okongo-Iweala, economista respetada en los ámbitos

financieros internacionales, anteriormente Directora Gerente del Banco Mundial y exministra de Finanzas del gobierno de Nigeria y también directora de la Junta de GAVI y copresidente de COVAX, planteó en su primera intervención pública (11) que la OMC «debe desempeñar un papel más enérgico para minimizar o eliminar las restricciones a la exportación que obstaculizan las cadenas de suministro de productos y equipos médicos».

Sus comentarios, sobre la propuesta de India y Sudáfrica, subrayaron la responsabilidad de los miembros de la OMC de rechazar el nacionalismo y el proteccionismo de las vacunas. Como estrategia alternativa propuso lo que denominó una «tercera vía » para ampliar el acceso a las vacunas, facilitando la transferencia de tecnología en el marco de las normas multilaterales con un núcleo básico de acuerdos con las farmacéuticas sobre la base de las licencias voluntarias.

Como comenta Germán Velásquez, asesor especial sobre políticas y salud del South Center, «su declaración está en contra de la propuesta de India y Sudáfrica» Su posición, trata por tanto de estimular las licencias voluntarias y los acuerdos voluntarios con los fabricantes, rechazando el sistema de licencias obligatorias y las flexibilidades del ADPIC.

De forma contraria y sensiblemente diferente a este análisis de Velasquez fue la reacción del portavoz de la Federación internacional de asociaciones y fabricantes de productos farmacéuticos Thomas Cueni que agradeció el mensaje positivo de la Directora General, reiterando que el «cuello de botella» de la producción era la falta de ingredientes activos y en ningún caso las patentes tenían algún papel en la falta de producción de vacunas ¿ Como puede mover esta posición de la OMC la nueva actitud de la administración Biden?

El poder de los grupos de presión farmacéuticos en EE.UU, que canalizan dinero de forma ingente para influir en los miembros del Congreso americano, puede alterar las buenas intenciones de Estados Unidos.

Es improbable que el apoyo de la administración de Biden a la exención pueda además por sí solo conseguir una modificación sustancial, mientras la UE, el Reino Unido y Australia no sigan su ejemplo. Francia y Alemania han expresado su rechazo. Pero en mayo comienzan las negociaciones donde los grupos de presión liderados por la industria farmacéutica en su conjunto intentarán limitar sustancialmente aquellos acuerdos que disminuyan el poder de decisión y los beneficios de las compañías farmacéuticas.

Un elemento reciente interesante y positivo ha sido el texto del Panel de Expertos Independientes que empezaron a trabajar en mayo de 2020. a través del encargo de la Asamblea Mundial de la Salud al Director General de la OMS para que iniciara una revisión imparcial, independiente y exhaustiva de la respuesta sanitaria internacional al COVID-19 y de las experiencias y lecciones aprendidas y formulara recomendaciones para mejorar las capacidades para el futuro. El Director General encargó a S.E. Ellen Johnson Sirleaf y el Rt Hon. Helen Clark un informe. LAs autoras han presentado las conclusiones del informe que presentarán a la Asamblea Mundial de la Salud en el, próximo mes de junio. (La lectura de su contenido es altamente recomendable en su conjunto).

En el ámbito de la producción y distribución de vacunas, el informe propone que la OMC y la OMS convoquen a los principales países productores y fabricantes de vacunas para lograr un acuerdo sobre licencias voluntarias y de transferencia de tecnología para las vacunas COVID-19 (incluso a través del Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP)). Establece a continuación de forma rotunda que si las acciones no ocurren dentro de los tres meses siguientes debería entrar en vigencia de inmediato una exención de los derechos de propiedad intelectual en función de los ADPIC Clark señaló en la presentación del informe que el «modelo actual de

desarrollo y entrega» de vacunas, tratamiento y otras herramientas de salud «no es adecuado para su propósito» y es necesario pasar de un modelo basado en el mercado a uno basado sobre bienes públicos globales.

Este documento refuerza aún más la exigencia de llevar adelante la exención de las patentes e iniciar de forma inmediata un modelo nuevo que asegure y garantice que las vacunas Covid -19 estén disponibles para toda sin excepción¡iones la humanidad

Nos encontramos pues, como comentá_ bamos al principio, en semanas cruciales donde la determinación y la fuerza de las organizaciones civiles y sociales pueden ser claves para modificar las posiciones de ls gobiernos y conseguir que estos asumen su condición de líderes obligados a conseguir la inmunización de todas las ciudadanas y ciudadanos del mundo

Referencias bibliográficas

1.- David S, Bragman W, Perez A. «Will Joe Biden Betray His Big Pharma Friends?». Jacobin, 5 April 2021 https:// www.jacobinmag.com/2021/05/vaccinewaiver-biden-pfizer-moderna-patent 2.- Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Públic OMC (DOHA, 2001). https://www.wto.org/spanish/ tratop_s/trips_s/healthdeclexpln_s.htm 3.- Lamata F, Gálvez R. «Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública». Fundación Alternativas nº 202/2019 27/06/2019. https://www.fundacionalternativas.org/ laboratorio/documentos/documentos-detrabajo/monopolios-y-precios-de-losmedicamentos-un-problema-etico-y-desalud-publica 4.- The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator World Health Organisation https://www.who.int/initiatives/actaccelerator 5.- COVAX: Colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19. https://www.who.int/es/ initiatives/act-accelerator/covax 6.- Alocución de apertura del Director General de la OMS en la 148 reunión del Consejo Ejecutivo 18 de enero de 2021. OMS. https://www.who.int/es/director-general/ speeches/detail/who-director-general-sopening-remarks-at-148th-session-of-theexecutive-board 7.- Balaji Aishu. «COVAX Protects the Vaccine Apartheid Status Quo”. Jacobin, 05/09/2021. https://jacobinmag.com/ 2021/05/covid-covax-vaccine-apartheidwto-trips-intellectual-property-ip 8.- Thomas Piketty : “La crise du Covid-19, plus grave crise sanitaire mondiale depuis un siècle, oblige à repenser la notion de solidarité inter nationale». Le Monde, 10/4/2021. https://www.lemonde.fr/idees/ article/2021/04/10/thomas-piketty-il-fautrepenser-l-ensemble-du-systeme-economiqueinternational-en-termes-de-droits-pour-lespays-pauvres_6076257_3232.html 9.- Lerner S, Fang L.»Factory owners around the world stand ready ro manufacture Covid-19 Vaccines» The Intercept, 29/4/2021. https://theintercept.com/ 2021/04/29/covid-vaccine-factoryproduction-ip/ 10.- Buranyi S. «The world is desperate for more Covid vaccines – patents shouldn’t get in the way» The Guardian, 24/4/2021. https://www.theguardian.com/ commentisfree/2021/apr/24/covidvaccines-patents-pharmaceutical-companiessecrecy 11.- Zarocostas J. New WTO leader faces COVID-19 challenges. Lancet. 2021 Feb 27;397(10276):782 https://doi.org/ 10.1016/S0140-6736(21)00507-9 12.- The Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response «COVID-19: Make it the Last pandemic». https:// theindependentpanel.org/wp-content/ uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-theLast-Pandemic_final.pdf

Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

Resumen: En esta pandemia la realidad ha superado a la ficción: si hubiese sido el argumento de la típica película americana en la que un virus amenaza a toda la humanidad y millones de vidas de inocentes están en juego, con el descubrimiento de la vacuna habría terminado todo, dando por supuesto que llegaría a todo el mundo inmediatamente. Por desgracia en la pandemia real, aunque se ha descubierto la vacuna, e incluso varias, no han sido la solución sino tan solo el objeto de un infame negocio de patentes controlado por una organización, la OMC, las multinacionales farmacéuticas y unos políticos títeres, que cual organización SPECTRE en 007 gestionan la escasez y con ello quien muere y quien no. En esta situación, India y Sudáfrica pidieron en octubre la exención de la protección de las patentes de las vacunas del Covid-19 para poder proteger a todos los ciudadanos. Millones de personas han muerto, muchos más lo harán si no les llega a tiempo la vacuna y los políticos aún deshojan la margarita de los muertos. Si Edward Jenner y Louis Pasteur levantasen la cabeza nos escupirían a la cara.

1. La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

Fundada en 1995, la mayoría de los acuerdos de la OMC son el resultado de negociaciones comerciales entre gobiernos celebradas entre 1986 y 1994 (1). Uno de ellos es el Acuerdo sobre los ADPIC firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, que exige que se conceda protección durante 20 años mediante patentes a casi todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en casi todos los campos de la tecnología. No obstante, se permite la exclusión en el caso de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos. Asimismo, se establecen condiciones para la concesión de licencias obligatorias o el uso por los gobiernos de patentes sin la autorización de sus titulares (2).

2. Los acuerdos de Doha de 14/11/2001:

La aplicación del acuerdo sobre los ADPIC a los medicamentos tuvo efectos devastadores para los países más pobres y tan solo 5 años después la propia OMC lo reconocía y en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha se adoptó una declaración relativa al acuerdo

sobre los ADPIC y la salud pública (3), según la cual todos los países: −Reconocen la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en desarrollo y menos adelantados, especialmente los resultantes del VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. −Recalcan la necesidad de que el

Acuerdo sobre ADPIC forme parte de la acción nacional e internacional más amplia encaminada a hacer frente a estos problemas. −Reconocen que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevos medicamentos.

Reconocen asimismo las preocupaciones con respecto a sus efectos sobre los precios. −Convienen en que el Acuerdo sobre los

ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteran su compromiso con el Acuerdo sobre los

ADPIC, afirman que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos. −A este respecto, reafirman el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto. Estas flexibilidades incluyen, entre otras, que cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias.

3. Dificultades para utilizar esas flexibilidades en materia de patentes. Las 7 preguntas al lobo

En la reunión del Consejo de los ADPIC del 3/12/2020 diferentes países formularon las siguientes preguntas a la Unión Europea sobre este problema (4):

Mozambique:

Tras haber disuadido durante años a los

Miembros de la OMC -en particular a los países en desarrollo- de adoptar medidas para mejorar su legislación sobre patentes a fin de posibilitar la expedición de licencias obligatorias en interés de la salud pública, ¿cómo espera la Unión Europea que todos los

Miembros de la OMC estén preparados para utilizar licencias obligatorias si surgiera la necesidad de hacerlo?

Sudáfrica:

La Unión Europea y Suiza destacan las flexibilidades como las medidas clave que deben utilizar los Miembros. ¿Significa esto que la UE y Suiza se comprometerán de ahora en adelante a no presionar a los países en desarrollo cuando mejoren sus leyes sobre licencias obligatorias y demás flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC o recurran al uso de licencias obligatorias? De ahora en adelante, ¿excluirá la Comisión Europea las licencias obligatorias y demás flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC de su informe sobre la observancia de la propiedad intelectual? ¿Hará lo mismo el Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales en su informe del artículo 301 especial? Si los mecanismos de concesión de licencias voluntarias funcionan, ¿por qué en diversos acuerdos de licencia suscritos por empresas se excluye del suministro a la mitad de la población mundial y solo se conceden licencias a unos pocos fabricantes específicos? ¿Por qué no conoce nadie exactamente las condiciones de las licencias?

Si las licencias voluntarias funcionan, ¿entonces por qué están sujetas en los acuerdos a restricciones geográficas para limitar el suministro únicamente a los países de ingresos bajos y medianos, lo que excluye del suministro a los demás países en desarrollo?

India:

Si los mecanismos voluntarios funcionan, ¿por qué el sector farmacéutico ha rechazado colectivamente la participación en la plataforma de Acceso Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-19 (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), iniciativa que fomenta las contribuciones voluntarias en forma de PI, tecnología y datos a fin de apoyar el intercambio de productos médicos y farmacéuticos contra la COVID-19 a nivel mundial y aumentar la fabricación y el suministro de esos productos? Poco más se puede añadir, quizás solo la pregunta que ellos no se atrevieron a formular, pero que ya la hizo por ellos la revista “Hermano Lobo” en su primer número:

¿Cuándo dejará de ser el hombre un lobo para el hombre?

4. La propuesta de la India y Sudáfrica del 2/10/2020

Si el Acuerdo sobre los ADPIC fue devastador para los problemas de salud pública de los países más pobres, en la actual pandemia lo están siendo para toda la humanidad, aunque nuevamente de manera mucho más acusada para los países más pobres. Ahora los acuerdos de Doha no dan solución a la emergencia mundial.

Por ello India y Sudáfrica han presentado ante la OMC la solicitud IP/C/W669 (5) para la renuncia a ciertas disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC de 1994 para la prevención, contención y tratamiento del covid-19 y en cuyo punto tercero exponen que “Dado el contexto actual de emergencia mundial, es importante que los Miembros de la OMC trabajen juntos para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los diseños industriales, los derechos de autor y la protección de la información no divulgada, no creen barreras para el acceso a productos médicos, incluidas las vacunas y medicamentos o para ampliar la investigación, el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos médicos esenciales para combatir el COVID-19”.

Y solicitan una exención de la implementación, aplicación y cumplimiento de las Secciones 1 (Derecho de autor), 4 (Diseños industriales), 5 (Patentes ) y 7 (Protección de la información no divulgada) de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC (6) en relación con la prevención, contención o tratamiento de COVID-19, hasta que haya una vacunación generalizada a nivel mundial y la mayoría de la población mundial haya desarrollado inmunidad, por lo que proponen una duración en años a negociar y limitada al período que el Consejo de la OMC considere necesario. Explican que incluyen esas cuatro secciones porque los productos y tecnologías sanitarios como kits de prueba, mascarillas, medicamentos, vacunas, componentes de ventiladores como válvulas, mecanismos de control y los algoritmos y archivos CAD utilizados en su fabricación están protegidos por estos cuatro tipos de derechos de propiedad intelectual. Eso asegura que no implica una exención de todas las obligaciones de los ADPIC, sino solo de estas secciones específicas y que también solo en la medida en que las mismas sean esenciales para el manejo efectivo de la crisis de COVID-19.

5. Mapas para la reflexión

Situación internacional de los apoyos con que cuenta la propuesta de India y Sudáfrica (7)

Cuando lograrán los ciudadanos de cada país la cobertura de vacunación (8)

Es lamentable ver a los países europeos, que junto a Estados Unidos seremos lo primeros en vacunar a toda la población, liderando la oposición a la solución que permitiría a los países más pobres acelerar la vacunación a todos sus ciudadanos y revacunarlos sin demoras, si fuese necesario por la aparición de nuevas cepas. Y es encomiable el cambio de posición de Estados Unidos que ha protagonizado su nuevo Presidente manifestando su apoyo a la misma, lo que ha abierto esperanzas reales para que la propuesta salga adelante. En todo caso ha marcado un antes y un después que ha dejado a las multinacionales farmacéuticas en shock y a Europa con sus vergüenzas al aire.

6. La posición de España

La posición actual del Gobierno de España es favorable, si bien ha variado en los últimos meses.

En febrero pasado, la Ministra de Sanidad manifestó en la Comisión de Sanidad del Congreso que “España comparte la posición de la Comisión Europea, que no es partidaria de reformar el sistema de patentes” (9). Lo dijo como respuesta a la pregunta de Unidas Podemos, de si creía que el Gobierno debe apoyar el proyecto de Médicos sin Fronteras respecto a las vacunas, para liberar las patentes: “Lo que sí ha hecho España ha sido respaldar el ACTAccelerator, que da la bienvenida a iniciativas voluntarias de colaboración sobre los derechos de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología para facilitar el acceso oportuno, equitativo y asequible a vacunas y a medicamentos contra la COVID” dijo la Ministra.

¿Y qué es el ACT-Accelerator? (10) Es un marco de colaboración que reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos con el objetivo de acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y el acceso equitativo a los mismos. Consta de cuatro pilares de trabajo: medios de diagnóstico, tratamientos, vacunas (también denominado COVAX) y conexión de los sistemas de salud.

Se creó en abril de 2020 en respuesta a un llamamiento de los líderes del G20 y la OMS. Lo pusieron en marcha la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates.

Al cumplirse un año desde su creación The Lancet ha publicado el editorial “ACT Accelerator: ¿va en la dirección correcta?” (11). Estas son algunas de sus conclusiones:

– Gran parte de la atención se ha centrado en las vacunas. COVAX planea entregar 2 mil millones de dosis de la vacuna COVID-19 para fin de año, pero su misión se ha visto obstaculizada por las realidades políticas y la falta de ambición.

– El pilar de diagnóstico, tenía como objetivo desarrollar nuevos test, asequibles y de alta calidad, y respaldar la adquisición y despliegue de 500 millones de test para personas de bajos y medianos ingresos. Pero existen grandes diferencias en las tasas entre los países de ingresos altos (620 test por 100 000 personas por día) y los países de ingresos bajos (6,5 test por 100 000 personas por día, con una alta tasa de positividad del 13,3%). Al igual que con las vacunas, los países ricos pueden comprar los test directamente a los fabricantes. Los países que no tienen recursos se quedan sin ellos.

– El pilar terapéutico, tiene la tarea de encontrar terapias efectivas y distribuirlas equitativamente a gran escala, y ha descubierto, en estudios clínicos, que muchos tratamientos potenciales eran ineficaces: el estudio clínico RECOVERY (que estudió una serie de posibles alternativas terapéuticas para pacientes hospitalizados con COVID-19) estableció la dexametasona como la primera terapia que salva vidas a los pacientes ingresados en hospital con COVID-19, y ACT-Accelerator aseguró 2.9 millones de tratamientos para los países de ingresos bajos y medianos a través de compras. Sin embargo, esta cifra es solo una fracción del objetivo de administrar 245 millones de dosis de terapéutica a los países de ingresos bajos y medianos.

– Las estrictas regulaciones de transferencia de tecnología y patentes han obstaculizado el escalado de la fabricación de las vacunas que se necesitan, y es

Imagen: https://peoplesvaccine.org/

probable que las mismas barreras se apliquen a los nuevos tratamientos, como los anticuerpos monoclonales. ACTAccelerator también tardó en abordar el tema del oxígeno médico, y otros medicamentos esenciales para los pacientes con COVID-19 siguen siendo escasos.

Del editorial se concluye con claridad que, aunque ha sido útil y muy loable su labor, seguir apoyando esa iniciativa como única alternativa para lograr que las vacunas y el resto de tratamientos y productos diagnósticos imprescindibles lleguen a todos y así poder acabar con esta pandemia, es una completa irresponsabilidad.

El 21 de abril en el pleno de la Cumbre Iberoamericana celebrado en Andorra, el Presidente del Gobierno español defendió que el acceso a las vacunas debe ser equitativo y universal, para lo que hay que considerar todas las opciones.

Sin embargo, el 28 de abril se votó en el Parlamento Europeo en el contexto del Certificado Verde Digital, una enmienda que pedía tener en cuenta la propuesta de India y Sudáfrica, que impulsan la suspensión temporal de las patentes. Votaron en contra de esta enmienda, todos los eurodiputados españoles excepto los de Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, Junts per Cat, ERC y una eurodiputada de Ciudadanos (12). Con posterioridad, en la Cumbre Social Europea del 7 de mayo en Oporto el Presidente de Gobierno de España apoyó de nuevo la exención de patentes de las vacunas contra la Covid-19 y señaló que, mientras esto se logra, se deben activar y poner en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para promover e incentivar los acuerdos de licencias voluntarias.

Finalmente, en un artículo publicado en Financial Times el 12 de mayo, el Presidente del Gobierno apoya la liberación de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, porque la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para el acceso equitativo y universal a las mismas porque son la clave para poner fin a la pandemia (13).

7. Las patentes en el campo de la salud restan más que suman

Si en algún momento se ha hecho evidente, que en campo de la salud las patentes no son la solución sino parte del problema es este: tres centros de investigación han recibido miles de millones de euros de financiación pública con la que habían identificado posibles dianas terapéuticas frente a otros virus de la familia de los Coronavirus y desarrollado las tecnologías para producirlas. Cuando surge esta pandemia causada por el Coronavirus SARS-CoV-2, dos multinacionales farmacéuticas se alían con dos de ellos para desarrollar su vacuna y el tercero decide hacer el desarrollo por su cuenta. En unos meses concluyen los ensayos clínicos que confirman su seguridad y eficacia para poder ser comercializados como medicamentos: así se hicieron Pfizer, AstraZeneca y Moderna con la patente de sus vacunas para 20 años. Los ensayos clínicos les habrán costado algunas decenas de millones de euros, frente a los miles de millones de financiación pública que hemos pagado los contribuyentes para su investigación.

Cuando India y Sudáfrica presentaron a la OMC en octubre pasado la solicitud de exención IP/C/W/669, había más de un millón de muertos por coronavirus confirmados en todo el mundo. Siete meses después la cifra de muertos se ha triplicado y no para de crecer, sin embargo, las vacunas protegidas por las patentes llegan con cuentagotas. Como dice Bob Dylan, ¿Cuántos muertos serán necesarios, antes de que se den cuenta de que han sido demasiados? Pero en este caso la respuesta no está en el viento, la respuesta está en nuestras manos y en las de los gobiernos a quienes elegimos democráticamente los ciudadanos.

Por eso exigimos al Gobierno de España que en las reuniones de la OMC en que se debata esa propuesta, la apoye decididamente. Porque Sra. Merkel, ¿qué sentido tiene proteger con patentes la creatividad y la innovación en el terreno de los medicamentos si no sirve para que se beneficien todos los que los necesitan, si sólo sirven para que ganen ingentes cantidades de dinero las multinacionales farmacéuticas? Malditos los que negocian con la vida, la muerte y el sufrimiento de inocentes.

Bibliografía

1.- https://www.wto.org/spanish/thewto_s/ thewto_s.htm 2.- https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ trips_s/intel6_s.htm 3.- https://www.wto.org/spanish/thewto_s/ minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm 4.- https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/ directdoc.aspx?filename=s:/IP/C/ W674.pdf&Open=True 5.- https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/ directdoc.aspx?filename=s:/IP/C/ W669.pdf&Open=True 6.- https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ trips_s/t_agm0_s.htm 7.- https://msfaccess.org/no-patents-nomonopolies-pandemic? utm_source=Twitter&utm_medium=Organi c&utm_campaign=NOPip 8.- https://peoplesvaccine.org/take-action/ 9.- https://www.congreso.es/publicaciones-organo? p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state= normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode= mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XI V&_publicaciones_texto=&_publicaciones_id_texto =DSCD-14-CO-291.CODI.#1 10.- https://www.who.int/es/initiatives/actaccelerator/faq 11.- https://www.thelancet.com/journals/ lancet/article/PIIS0140-6736(21)00835-7/ fulltext 12.- https://www.newtral.es/liberacionpatentes-vacuna-covid/20210506/ 13.- https://www.ft.com/stream/ 980691bf-5f43-4c28-a642-6fde8e607fa5

AUTOR: Fernando Lamata Cotanda Doctor en Medicina, experto en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios, presidente del Consejo Editorial de la Revista AJM.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

La decisión de Biden apoyando la suspensión de patentes de las vacunas frente a la COVID-19, propuesta por India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio, abre un nuevo escenario en la lucha contra la pandemia. Las razones para el cambio de posición de EEUU, que hasta ahora venía oponiéndose a dicha propuesta, las expresaba la Sra Katherine Tai, embajadora Representante de Comercio de los Estados Unidos, el pasado 5 de mayo, afirmando que: “Esta es una crisis global de salud, y las circunstancias excepcionales de la pandemia de la COVID-19 reclaman medidas extraordinarias… El objetivo de la Administración es ofrecer la mayor cantidad de vacunas seguras y eficaces, a la mayor cantidad de personas, en el menor tiempo posible” (1).

Este cambio de posición viene a reconocer que el actual modelo de monopolios (patentes y otras exclusividades), aprobado en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 1994, no está siendo capaz de responder a las necesidades de vacunación de la humanidad en el menor tiempo posible y de forma equitativa. En efecto, a día de hoy se ha vacunado el 40% de la población en EEUU y menos del 1% de la población en el continente africano. Los monopolios conceden a las empresas algunas decisiones clave: ¿cuánto producen?, ¿a quién venden? y ¿a qué precio? Así, los titulares de las patentes deciden las empresas a las que subcontratan para fabricar las vacunas. Con la capacidad de producción utilizada se administran 20 millones de dosis diarias, cuando se necesitarían 65 millones de dosis diarias para vacunar al 70% de la población mundial al mismo tiempo que a los países ricos (finales de septiembre 2021). La otra barrera que generan los monopolios es el precio. Las vacunas se venden a más de 10 veces lo que cuestan. A las empresas les resulta más rentable vender a la UE y a EEUU 1.600 millones de dosis a 24.000 millones €, que vender 11.000 millones para vacunar a todo el planeta a precio de coste, unos 12.000 millones €. ¿Cómo no van a defender los monopolios?

Por eso, la federación de industrias farmacéuticas de EEUU, PhRMA, protestó inmediatamente el mismo día 5, asegurando que la decisión de la Administración Biden “debilitará la respuesta global a la pandemia y comprometerá la seguridad”, porque afectará a las cadenas de suministro y permitirá el aumento de las falsificaciones (2). Lo que hace falta, según PhRMA es aumentar la disponibilidad de materias primas y mejorar la distribución local. La misma protesta manifestó la federación

internacional IFPMA, añadiendo que animaba a los países ricos a donar más vacunas a los países en desarrollo. Las compañías farmacéuticas insisten en que no basta con suspender las patentes, sino que se necesita transferir el conocimiento y la tecnología y eso lleva tiempo. Esto es evidente, y eso es lo que los gobiernos deben exigir, no dejándolo al arbitrio de las empresas.

¿Cómo ha reaccionado la Unión Europea? Lamentablemente, la Unión Europea se ha enrocado en la posición que viene manteniendo, alineándose con el discurso de la industria farmacéutica, defendiendo que el modelo actual de patentes funciona y rechazando la propuesta de suspensión. Propone tres acciones: aumentar la producción, con más ayudas de dinero público a la industria; permitir que las empresas exporten a los clientes que ellas elijan y al precio que elijan, muy por encima de los costes, logrando beneficios privados muy jugosos; dar limosna a los países pobres, con las vacunas que nos sobre, directamente o a través de COVAX (3). El viejo colonialismo: dejar el poder en las grandes empresas, en vez de en la gente, y ofrecer caridad en vez de justicia.

Si hemos visto que, con los acuerdos voluntarios de las empresas, no tenemos la capacidad de vacunar a todo el planeta, tenemos que plantear otras alternativas, que es lo que ha reconocido Biden. Cada día que tardemos mueren miles de personas, se enferman cientos de miles, y las economías siguen lastradas, empobreciendo a millones. Por otro lado, surgen nuevas variantes que podrían no responder a las actuales vacunas, por lo que habrá que revacunar a toda la población una y otra vez. Así, con el modelo actual de monopolio y “escasez” calculada, Pfizer ya ha asegurado a la UE que le podrá suministrar 1.800 millones de dosis más para 2022 y 2023, eso sí, subiendo el precio, obligando a pagar a los contribuyentes más de 35.000 millones € por algo que cuesta 2.000 millones €. Desgraciadamente, los países pobres seguirán esperando su primera dosis, el virus seguirá mutando y podrá hacer inútiles estas vacunas.

Ahora bien, aunque la Comisión Europea, Alemania, Francia y otros países de la UE se han puesto en contra, España, Italia, Irlanda y algunos otros países están a favor de la propuesta de Biden. Pedro Sánchez, en su “White Paper” reconoce que la producción mundial de vacunas es insuficiente y que su distribución no es equitativa, por lo que “la producción y el acceso a las vacunas … deben aumentar de manera exponencial y urgente”, por lo que apoya la suspensión temporal de las patentes. Además, insiste en que se debe “potenciar la plataforma COVID-19 Technology Access Pool (CTAP), para promover la transferencia de know how que permita aumentar la producción” y propone también crear “una Plataforma para Producir y Casar la Oferta y la Demanda…” para monitorizar e impulsar la capacidad de producción mundial, y coordinar cadenas de suministros. Y pide también aumentar las contribuciones a COVAX (4). Son propuestas muy interesantes.

En efecto, como señala el presidente español, además de la suspensión de patentes, es preciso que los gobiernos muestren la voluntad política para, simultáneamente: negociar / forzar la transferencia de conocimiento y tecnología a otras empresas (igual que se ha hecho con las subcontratas y las licencias voluntarias); identificar la capacidad de producción mundial y, aumentarla (mediante contratos de compra anticipada); garantizar una distribución equitativa (plataforma COVAX con control intergubernamental); y fijar precio de coste.

El problema de la pandemia ha puesto sobre la mesa, en toda la humanidad, la barrera de los monopolios de medicamentos. Incluso un gran defensor de las patentes como Bill Gates ha manifestado, a través del portavoz de su fundación, su apoyo a la suspensión temporal de patentes porque “ninguna barrera, incluida la propiedad intelectual, se debe interponer en el camino para el acceso

equitativo a las vacunas” (5). Esta es una enseñanza fundamental: en pandemia, las patentes y monopolios deben prohibirse automáticamente.

Nosotros, en la AAJM, pensamos que los monopolios de medicamentos no deben existir en ningún caso, para ninguna vacuna o fármaco, porque siempre son barreras en el acceso equitativo a los fármacos. Así como es impensable y no sería ético que un médico se guardara el conocimiento de una técnica diagnóstica o quirúrgica para sí mismo, y no la compartiera con sus colegas, impidiendo que pudiera beneficiar a todos los pacientes, de igual manera no es ético que los gobiernos concedan monopolios sobre la comercialización de medicamentos a unas empresas, permitiendo que fijen precios abusivos, y evitando que millones se puedan beneficiar. Y es que, en efecto, en el mundo siguen muriendo millones de personas cada año por enfermedades que sí tienen tratamiento, porque no pueden acceder a los medicamentos a causa de los altos precios que fuerzan los monopolios.

La razón que argumentan algunos, de que el monopolio de medicamentos es incentivo para la investigación, es falsa. El 70% de la investigación innovadora actual se financia con becas, subvenciones, centros públicos de investigación, y otras ayudas públicas, como se han investigado las vacunas COVID. De la misma, las empresas farmacéuticas hacían más investigación antes de generalizarse las patentes para medicamentos con los acuerdos ADPIC. Lo que sí han conseguido los monopolios es multiplicar por cuatro los beneficios de dichas empresas con precios abusivos y limitar el acceso a los medicamentos a millones de personas. Los monopolios en medicamentos son, simplemente, una máquina de hacer dinero para unos pocos a costa de la muerte de muchos.

La pandemia ha hecho evidente que las patentes y los monopolios no están justificados (la investigación se ha hecho con dinero público a través de ayudas directas y préstamos; el desarrollo y fabricación inicial se han hecho con dinero público a través de compras anticipadas), y que suponen una barrera real para que millones de personas puedan vacunarse. Los precios y las ganancias abusivas no tienen sentido (para la sociedad, aunque sí lo tengan para los ejecutivos de las empresas farmacéuticas). Muchas personas y algunos gobiernos han comprendido que este es un problema de salud global, que pone en riesgo la seguridad de la población mundial y necesita una solución global. “Nadie estará a salvo hasta que todos no estemos a salvo”. Por eso, la propuesta de suspender las patentes mientras dure la pandemia para que se pueda vacunar todo el mundo, es importante. A partir de ahí, deberemos seguir insistiendo para que todos los medicamentos, para la tuberculosis, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas y neurológicas y otros problemas de salud, sean accesibles a todos, a precios justos.

La decisión histórica de Biden apoyando la suspensión de patentes para vacunas COVID debe suponer un estímulo para seguir luchando por la equidad en el acceso a los medicamentos.

REFERENCIAS

1.- https://ustr.gov/about-us/policy-offices/ press-office/press-releases/2021/may/ statement-ambassador-katherine-taicovid-19-trips-waiver

2.- https://www.phrma.org/Press-Release/ PhRMA-Statement-on-WTO-TRIPSIntellectual-Property-Waiver

3.- https://www.voanews.com/covid-19pandemic/eu-calls-us-others-export-theircovid-19-vaccines

4.- https://www.lamoncloa.gob.es/ presidente/actividades/Documents/ 2021/070521-Vacunas_para_todos.pdf

5.- https://www.gatesfoundation.org/ideas/

AUTORA: María Julia Bertomeu Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la República Argentina. Comisión Editorial de la la revista AJM

Editorial de la Revisra nº 3 de mayo de 2021 de AAJM.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la República Argentina. Comisión Editorial de la la revista AJM.

En los primeros meses del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre varios casos de neumonía en China (Wuhan). Muy pronto la pandemia de Covid 19 inició su recorrido por la aldea (capitalista) global. Se pusieron en práctica medidas de aislamiento y cuarentena en muchos países; casi en simultáneo algunos políticos y dirigentes de organismos internacionales -entre ellos el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gutierrez- plantaban una semilla de esperanza que rápidamente se marchitó, al decir que la gestión del virus bien podría ser una oportunidad que llamara a la solidaridad, porque “la humanidad está angustiada y el tejido social se está desgarrando. La gente está sufriendo, enferma y asustada» (ONU, 2020, https:// news.un.org/es/story/2020/03/1471472).

Tras el comienzo de la vacunación, los reclamos públicos de solidaridad y cooperación para garantizar acceso y distribución equitativa no se han agostado, aunque no suenen creíbles. Hoy se nos revela –con los datos brutales de la pandemia- que aconteció todo lo contrario: que la distribución y los precios de las vacunas están regulados por un mercado oligopólico y que “el modelo de restricciones a la producción y de acceso desigual dará lugar a un incremento del precio y obviamente de las desigualdades internacionales, dejando a gran parte del mundo sin acceso hasta 2024” (de Menezes, 2021).1

Se habla del milagro de la aparición de vacunas en muy poco tiempo, aunque habría que revisar el uso del término milagro o atesorarlo para los quienes hacen ciencia, luchan por mantenerla abierta y con financiación pública y control democrático. La producción y distribución actual de vacunas no es un milagro en uno de los sentidos que el diccionario le otorga a la palabra: “hacer algo con muy pocos medios o hacer rendir mucho los medios de los que se dispone”. No fue asi, con algunas pocas excepciones. Las compañías farmacéuticas privadas recibieron ingentes sumas de dinero de los contribuyentes de algunos países con renta alta, y las empresas exigen firmar contratos secretos con cláusulas leoninas, para luego retener en exclusiva las patentes fruto del trabajo científico y la financiación mayoritaria con dinero público, sin control democrático. Para decirlo con palabras de Marina Mazzucato: “ni duda cabe que el trabajo para crear vacunas en cuestión de meses merece elogios. La humanidad ha dado un monumental salto tecnológico, aunque el trampolín fueron décadas de inversión pública masiva en investigación y desarrollo. Sin embargo, para que los avances tecnológicos se traduzcan en salud para todos, las innovaciones creadas colectivamente deben regirse por el interés público y no por el beneficio privado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de desarrollar, fabricar y distribuir una vacuna en el contexto de una pandemia” (Mazzucato, 2020).2

En el espacio académico y político tiene lugar hoy una disputa creciente acerca de la distribución, la producción y el innegable acaparamiento. Por un lado los “nacionalizadores” elaboran argumentos

para justificar una apabullante concentración de la producción y disponibilidad de vacunas e insumos en manos de los países ricos, con algunos curiosos argumentos sobre los méritos de un “buen nacionalismo” en tiempos de pandemia global, un absurdo sin duda alguna3. Por el otro, los cosmopolitas de distinto linaje, algunos reclamando una “cooperación global” de manera casi retórica, y otros que emprenden luchas políticas prometedoras exigiendo una vacuna del pueblo, la concesión de licencias obligatorias, levantar patentes mientras dure la pandemia.

¿Qué ocurrió con la ansiada solidaridad en pandemia? ¿Qué ocurrió que un concepto en principio esperanzador no hizo mella en los discursos y las prácticas, sabiendo hoy que la pandemia golpea muy especialmente a “las personas más vulnerables, que son las que viven en los países en desarrollo y los países menos adelantados con sistemas de salud débiles” (Correa, 2021)4. ¿Qué ocurrió que esa humanidad sufriente, angustiada y temerosa dejó de ser también el destinatario natural de las vacunas y de los cuidados en pandemia?5

Sucedieron muchas cosas y ninguna es nueva, todas eran esperables y están perfectamente documentadas. Por ejemplo: que las normas del comercio internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que regula y administra el dinero de las patentes de medicamentos son vinculantes, mientras la Organización Mundial de la Salud no dispone de los medios jurídicos necesarios y suficientes para poner en práctica un verdadero programa de protección de la salud mundial (Velásquez, 2020). Y también sucedió que el “filantrocapitalismo” se apropió lentamente de la OMS, la institución creada en 1948 como un organismo público del sistema de Naciones Unidas especializado en la salud pública mundial. En los últimos 20 años la financiación pública proveniente de los 194 países miembros fue ampliamente superada por contribuciones voluntarias públicas o privadas (un 80 por ciento) incluidos los aportes filantrópicos de Bill y Melinda Gates. Tal como no se cansa de repetir Velásquez, la dependencia excesiva de las contribuciones voluntarias (privadas o públicas) da lugar a la incapacidad de establecer las prioridades mundiales de salud pública (Velásquez, 2020)6 .

I. Solidaridad, salud pública y

pandemia.

Como todos los conceptos normativos, el de solidaridad tiene una historia que deja huellas profundas en su semántica, y suele reaparecer con nervio en tiempos de crisis7 . Huelga decir que en su versión política, el concepto se potenció a finales del XIX, y muy especialmente con el movimiento “solidarista” que inició León Bourgeois, su gran impulsor. Antes de entrar en tema me permito recordar un breve texto suyo que hoy conserva actualidad, aunque la situación político-social era muy distinta:

“El término solidaridad está presente hoy en día por doquier, tanto en discursos como en escritos políticos. Al comienzo la palabra se usó como una simple variante de la fraternidad, el tercer término de la divisa republicana. Pero a medida que lo reemplazaba, el sentido que le adjudicaron tanto escritores, como oradores y la opinión pública fue tornándose parcial, menos profundo y más estrecho. ¿Es sólo un vocablo?, ¿se trata de una palabra nueva? ¿O simplemente de un capricho del lenguaje? ¿Sería correcto decir que la palabra enuncia una nueva idea que conlleva una evolución del pensamiento global?…..es como si las propias sílabas (de solidaridad) trajeran la solución para todos los problemas”. (…..)8

Incluso en pandemia, no es infrecuente que las sílabas de la solidaridad se presenten como la solución para todos los problemas, invocándosela incluso en contextos de injusticia global, sin nombrarla de manera explícita. Según decía en los primeros meses del 2020 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “solo detendremos el COVID-19 si somos solidarios”. “Los países, los asociados en el

ámbito de la salud, los fabricantes y el sector privado deben actuar juntos para que los frutos de la ciencia y la investigación beneficien a todas las personas…El reto es acelerar y armonizar los procesos para garantizar que, cuando los productos se consideren seguros y eficaces, puedan llegar a los miles de millones de personas que los necesitan en todo el mundo”. Y recordaba “, la experiencia pasada ‒por ejemplo, en los primeros días del tratamiento del VIH y en el despliegue de vacunas contra el brote de infección por el virus H1N1 en 2009‒demuestra que incluso cuando las herramientas están disponibles, no todas las personas tienen acceso equitativo a ellas”9 .

El presidente Macrón acude de manera constante a la solidaridad y a ciertos conceptos anejos como, por ejemplo, que las vacunas deberían ser consideradas bienes públicos universales distribuidos de manera equitativa a nivel global, y no como bienes privados que se distribuyen según capacidad de pago los dueños de las patentes10 . Solidaridad mundial en el reparto de insumos, medicamentos y vacunas, solidaridad interpersonal, solidaridad en acatar las normas de los sanitaristas en cuarentena, solidaridad con los vulnerables, solidaridad como estrategia para combatir el flagelo, solidaridad como egoísmo bien entendido, ¿qué ha sido de ella?

No hemos salido de la pandemia, tampoco tenemos razones para creer que saldremos más solidarios. Si la solidaridad, parafraseando a Habermas, es «la otra cara de la justicia», “el pegamento entre los ladrillos que forman la arquitectura de nuestras instituciones políticas y sociales”;11 en este momento de crisis capitalista brutal deberíamos comenzar por volver a construir los ladrillos con un criterio de justicia internacional, para que luego –en los intersticios- pudiera fraguar el pegamento de la solidaridad.12 Mi hipótesis es que en cuestiones de salud pública global vivimos tiempos de barbarie. Volveré sobre este punto en la sección final. Cuando se discute la distribución global de un bien social -en este caso medicamentos, insumos médicos en general y vacunas-, preciso es indagar ex ante de qué tipo de bien social se trata y cuáles son las instituciones internacionales que deberían trazar las estrategias globales. Mientras el filantrocapitalismo y la OMC decidan las prioridades en salud pública mundial, hablar de solidaridad es una pura retórica confundente que oculta el verdadero problema.

II. Distribución de vacunas.

La discusión bioética en tiempos de pandemia le presta atención creciente al tema de la distribución de vacunas e insumos. La principal polémica lo es entre el nacionalismo y el cosmpolitismo, y esta discusión está permeada por una puesta a punto del principio de solidaridad en salud pública, y muy especialmente también sobre su carácter legalmente vinculante en temas que atañen al derecho internacional.13

Hace varios años se publicó un artículo señero sobre la solidaridad en la salud pública, firmado por Barbara Prainsack y Alena Buyx, investigadora del Departamento de Ciencia política de la Universidad de Viena, la primera, e investigadora de la Universidad técnica de München, la segunda-. Es un estudio sobre la solidaridad entendida como un concepto emergente en bioética, uno de cuyos capítulos trata el tema que nos ocupa.14

Prainsack y Buyx propusieron una definición interesante y polémica de solidaridad en salud: “una práctica que expresa la voluntad de apoyar a otros con los que reconocemos una similitud en un aspecto relevante”. Interesantemente la definen como una práctica -y no un mero discurso- una acción en la que se patentiza la voluntad de apoyar a otros. El punto nodal de la definición, obviamente, depende de especificar cuáles son los ‘aspectos relevantes’ en los distintos contextos de aplicación. Por ejemplo, una identificación solidaria que une a todos los

que sostienen un sistema público de salud con sus impuestos, porque todos tienen en común la posibilidad de enfermar; y también la identificación entre aquellos que solidariamente se unen intentando excluir de la cobertura médica a las personas que han «elegido» estilos de vida poco saludables (Prainsack y Buyx, 2011). Es claro, entonces, que las conductas, prácticas o políticas de quienes se reconocen solidariamente entre sí no tienen que ser necesariamente causas justas.

Ahora bien, ¿cuáles son esos “aspectos relevantes” que las autoras le adscriben a la solidaridad en pandemia?:

“dado que los costes de la contención de las pandemias no son asumidos solo por un subgrupo, sino por toda la población, y dado que las pandemias se producen en un periodo de tiempo relativamente corto en el que las personas corren riesgos y tienen intereses muy diferentes, las posibilidades de movilizar la solidaridad para apoyar las medidas de salud pública son limitadas”. En particular, argumentamos que las medidas de salud pública impuestas por el Estado, por muy legítimas y útiles que sean, no deberían justificarse a priori con referencia a la solidaridad” (Prainsack, Buyx, 2011, 68)

Sin duda alguna el texto es descriptivamente interesante y aporta elementos para entender la ausencia de solidaridad interpersonal y comunitaria; sin embargo, el análisis resulta limitado porque está centrado mayoritariamente en la presencia o ausencia de fuerza motivacional subjetiva separada de los diseños institucionales y políticos. Por ejemplo, cuando explican la casi imposibilidad de hacer cumplir solidariamente medidas de salud pública, como lo son el cierre de escuelas y comercios y la reducción de la circulación15. Entre otros argumentos, Prainsack cita un estudio cualitativo con conclusiones interesantes, entre ellos que la insistencia de las autoridades públicas sobre los «grupos de riesgo» aumenta la percepción de las diferencias entre los grupos y alimenta las animosidades, en lugar de crear las condiciones necesarias para que florezca la solidaridad interpersonal o grupal.

La pregunta es ¿qué pasaría si extrapolamos este enfoque motivacional de la solidaridad para pensar en la salud pública global en pandemia?. Las autoras lo responden de manera parcial en el capítulo 7 del informe de Nuttfield.16 La estrategia expositiva que eligieron fue tomar como punto de partida una hipótesis de sentido común, para luego cuestionarla, a saber: dado que todos los países del mundo comparten un grado de vulnerabilidad ante una pandemia, y que todos pueden necesitar ayuda, sería lógico pensar que estarían dispuestos a compartir riesgos y beneficios para acabar con el flagelo que azota a la humanidad, realizando conductas solidarias con quienes lo están pasando peor. (Prainsack, Buyx, 2011, 91 y ss)

Pues bien, las autoras no son optimistas sobre el éxito de la solidaridad en pandemia por algunas de las siguientes razones: a) porque no es posible esperar que los países actúen de forma solidaria entre sí y sean capaces de reconocer cierta similitud “en un aspecto relevante” que los lleve a sentirse solidariamente conectados, como lo hacen habitualmente los individuos b) porque existen factores que no todos comparten, como el tamaño, la riqueza, la estructura política y la infraestructura de los países que impiden reconocer similitudes “en aspectos relevantes”, c) porque la asistencia mutua entre países en tiempos de pandemia es más difícil de argumentar pues no tenemos un super-gobierno que pueda dictar y hacer cumplir normas globales.

Aún sin desconocer que la solidaridad debería solidificarse en las sistemas de salud públicos y accesibles como lo hace Prainsack en el texto de 2020; el planteo adolece de un problema grave, que consiste en afirmar de manera a-crítica que “no tenemos un supergobierno que pueda dictar y hacer cumplir normas globales y obliguen a los países a prestarse ayuda mutua”. En realidad ocurre todo lo contrario: tenemos normas globales y geopolíticas impuestas por los países ricos de

un modo no precisamente democrático, y son justamente las que impiden que solidifiquen comportamientos solidarios, empezando por un buen funcionamiento del Programa COVAX que ha quedado en manos del filantrocapitalismo.

Este tipo de abordajes que ponen el acento en los aspectos subjetivos y motivacionales de la solidaridad –la voluntad de cooperar con quienes nos identificamos de alguna manera –, no prestan una debida atención a cuáles son los diseños institucionales en los que se fragua la salud pública internacional.

III. Pandemia, vacunas y barbarie

Las discusiones sobre la distribución de bienes sociales son hueras mientras no se explique de qué tipo de bienes se trata y, muy especialmente, si lo que se propone distribuir es una mercancía o un bien social imprescindible para el efectivo cumplimiento de derechos universales, como lo es el derecho a la salud.

El pensamiento liberal –en su variado espectro histórico y geográfico- tuvo un éxito cognitivo formidable para imponer ciertas ideas políticas, entre ellas que el mercado es la forma más apropiada de realizar todo tipo de intercambios sociales. Suelen exceptuar de la lógica mercantil algunos intercambios -como venderse como esclavo, vender el voto, la ciudadanía, vender un riñón-, algunas pocas excepciones similares a unos pequeños fragmentos no mercantilizables del orden social, ínsitos en las mismas transacciones de mercado (Radin, 1996, 30)17. Las vacunas, medicinas e insumos son hoy mercancías que los propietarios ofrecen a quienes tienen capacidad de pago y están dispuestos a firmar contratos que incluso hipotecan los recursos naturales de los países pobres.

Pues bien, hemos dicho antes que los mismos gobiernos que invocan la solidaridad internacional -entre ellos Francia- se oponen a tratar la petición liderada por los gobiernos de India y Sudáfrica para que los países miembros de la OMC renuncien voluntariamente a disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para evitar las barreras de las patentes durante la pandemia. “Los mismos países que bloquean esta iniciativa son los que han aplicado el ´nacionalismo de las vacunas´ o la priorización de sus ciudadanos”, y los datos nos dicen que a febrero de 2021: sólo 10 países concentran el 75% del total de las dosis producidas, mientras que más de 130 todavía no habrían recibiendo ninguna.18

La tríada “propiedad privada, contrato, mercado” viralizada como la panacea universal por la jerga política del capitalismo global fracasó, y en pandemia su fracaso es estrepitoso. En primer lugar i) porque en este momento la única respuesta inteligente -incluso para un egoísta racional – sería apoyar la suspensión de derechos de propiedad (intelectual) e imponer licencias obligatorias sin dilación, cosa que incluso algunas empresas y gobiernos “propietarios” sugieren hoy al reconocer que no son capaces de producir cantidades suficientes un bien esencial para la salud mundial (Lombardi, 2021). Pero también ii) porque el binomio propiedad privada y contratos (libremente consentidos) vuelve a poner en evidencia que entre el dominador y el vulnerable no hay posibilidad de firmar contratos legítimos. Las empresas exigen contratos públicos con cláusulas secretas, estrategias de compra anticipada que desperdician recursos escasos y pago adelantado sin información pública sobre precios y plazos.

Frente al desastre de la inequidad en el reparto de vacunas –el ejemplo más claro de que el mercado oligopólico no funciona- resulta curioso que todavía quien hoy intente argumentar que una vacuna no debería ser una mercancía sujeta a las leyes de un mercado oligopólico, tenga la carga de la prueba. Este imperialismo de un mercado capitalista global lleva a que el dinero domine fuera de su esfera y muy

especialmente en el ámbito político de las polis y en la cosmópolis, en la OMC y en la OMS. Estamos en manos del filantrocapitalismo que decide a quién “ayudar” en el marco de una batalla imperialista geopolítica brutal.

Como lo resume un trabajo reciente publicado por Germán Velásquez (South Center):

“El mayor problema de la OMS hoy en día, y al mismo tiempo la causa de muchos otros males, como se afirma en el documento oficioso, es la pérdida de control sobre el presupuesto ordinario. Esto ha llevado a una «privatización» progresiva del organismo. «En el momento en que los 194 Estados Miembros de la OMS, tras largas negociaciones, aprueban el presupuesto programático, sólo se puede prever una financiación parcial (aproximadamente el 20% de las cuotas)». Aproximadamente el 80% del presupuesto está en manos de contribuyentes voluntarios (públicos y privados), incluidas entidades filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates y un pequeño grupo de países industrializados, que hacen donaciones para fines específicos elegidos a menudo por ellos de manera unilateral. La dependencia excesiva de las contribuciones voluntarias (privadas o públicas) da lugar a la incapacidad de establecer prioridades basadas en las prioridades mundiales de salud pública…. Como se indica claramente en el documento oficioso franco-alemán: » (…) la financiación que llega se basa en gran medida en los intereses individuales de los donantes (…) la forma actual de financiación de la OMS ha dado lugar a un alto riesgo de vulnerabilidad y dependencia de los donantes…19

El informe de Velásquez concluye recomendando recuperar el carácter público y multilateral de la institución para ponerla al servicio de la salud publica mundial, porque el problema no es la falta de financiación sino cómo y quién financia al organismo. Para concluir deseo aclarar en qué sentido afirmo que – al menos en lo que hace al acceso y la distribución de vacunas y medicamentos esenciales- estamos en estado de barbarie. El capitalismo global –con la complicidad o con la exclusión de los gobiernos de algunos de sus países miembros- impone leyes canibalísticas, depredadoras y fraudulentas, y la mundialización de las reglas internacionales del comercio hacen imposible el efectivo goce del derecho a la salud y de uno de sus componentes centrales, el acceso a los medicamentos y vacunas.

Este proceso tuvo lugar de manera evidente desde el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y de los diversos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y luego cobró fuerza adicional con la estrategia de promover negociaciones bilaterales —especialmente Norte-Sur— para fortalecer tales derechos allende lo consentido por los acuerdos multilaterales.

A la lista de horrores de la barbarie del capitalismo depredatorio internacional -sin democracia global- apuntamos ahora el manejo inequitativo de los recursos para salvar vidas en pandemia, la ausencia de una vacuna que también reciban los más vulnerables de la “aldea (capitalista) global. Como ha dicho el politólogo Jedediah Purdy en un artículo reciente con el que deseo cerrar mi artículo:

…“barbarie es un sistema que convierte a los pueblos en enemigos, víctimas y opresores de los demás…….es lo que divide a los pueblos y los enfrenta entre sí… es lo que el acaparamiento de recursos y las temibles economías hipercompetitivas hacen a las personas….es un sistema que mantiene a su gente en la oscuridad y no les da ninguna salida….Las crisis golpean como los terremotos o las plagas medievales; algunos sucumben a ellas, y los afortunados supervivientes pasan a la siguiente” 20 .

Barbarie es, también, que el destino de la humanidad dependa de las patentes de invención en el campo farmacéutico que consagran derechos patrimoniales que son incompatibles con el derecho universal a la salud, y en cierta medida también a la vida. Es absurdo hacer competir el derecho humano a la salud con los derechos patrimoniales de protección de creaciones

intelectuales. Y si estamos de acuerdo en el acaparamiento y las compras anticipadas de vacunas para Covid-19 por parte de los países más ricos tienen una relación directa con el actual sistema de patentes de invención, entonces estamos en condiciones de concluir que lo que ocurre es injusto y no sólo insolidario, que para que el cemento de la solidaridad frague es necesario volver a construir los ladrillos que hoy sustentan el injusto edificio de la salud global. (BergelBertomeu, 2020).21

REFERENCIAS

1.- De Menezez, Henrique Zeferino (2021) “The TRIPS waiver proposal: an urgent measure to expand access to the COVID-19 vaccines”, Research Paper, South Center 129. https://www.southcentre.int/wpcontent/uploads/2021/03/RP-129.pdf

2.- Mazzucato, Marina (2020, “Diseñar vacunas para las personas, no para las ganancias” https://sustainability.es/salud/ disenar-vacunas-para-las-personas-no-paralas-ganancias/) Acceso 11-04-2021.

3.- Fergusen, Kyle, Arthur Caplan (2020). ”Love thy neighbour? Allocating vaccines in a world of competing obligations”, J Med Ethics 2020;0:1–4. doi:10.1136/ medethics-2020-106887. Bollyky, T, Brown, Ch (2929) “The tragedy of vaccines nationalism”, Foreign Affaires https:// www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2020-07-27/vaccine-nationalismpandemic “Global Gobernance for Covid-19 vaccines” www.thelancet.com Vol395 June20,2020. Acceso 11-04-2021. Un interesante debate político-estratégico paralelo: https://sustainability.es/politicaspublicas/la-vacunacion-en-europa-falloestas-son-las-razones/.

4.- Correa, Carlos (2021) “La pandemia de Covid-19: El acceso a la prevención y el tratamiento es una cuestión de seguridad nacional e internacional”. https:// www.southcentre.int/wp-content/uploads/ 2020/05/COVID-19-Open-Letter-REVES.pdf. Acceso 10-04-2021.

5.- Correa, Carlos (2021) “La pandemia de Covid-19: el acceso a la prevención y el tratamiento es una cuestión de seguridad nacional e internacional”. https:// www.southcentre.int/wp-content/uploads/ 2020/05/COVID-19-Open-Letter-REVES.pdf., Acceso 11-04-2021.

6.- Velásquez, Germán (2020) “Las reformas de la Organización Mundial de la Salud en la época de COVID-19”, Documento de Investigación 121, https:// www.southcentre.int/documento-deinvestigacion-121-noviembre-2020/. Obviamente suceden también muchas otras cosas, entre ellas i) una profunda crisis en la Organización Mundial de la Salud, producto de los desequilibrios de las relaciones internacionales y del quite de financiación en plena pandemia por parte de EEUU, ii) una creciente influencia del capital filantrópico sobre sus agendas, prioridades y programas como COVAX y y iii) la presión por parte de la industria farmacéutica y de los gobiernos que les conceden patentes por “invenciones” financiadas en gran parte con dineros públicos de los contribuyentes y que se usan como argumento para legitimar el nacionalismo de las vacunas. Es importante recordar también el concepto de “salud global” de los 80-90, que diseñó una estrategia siniestra de interdependencia entre la OMS, la OMC y el BM, siendo éste último el encargado de las reformas de los sistemas de salud y la OMC con el manejo, la administración y regulación de las patentes farmacéuticas que, en la práctica, supone que “la industria farmacéutica y las corporaciones internacionales de salud cogobiernan la agenda mundial de salud”. (Lombardi, Vanina, (2021), “El Covax invisibilizó la discusión sobre patentes” http://socompa.info/noticias/el-covaxinvisibilizo-la-discusion-sobre-patentes/)

7.- Sobre el concepto de solidaridad, su multiplicidad semántica, su apogeo y eclipse. Bertomeu, Maria Julia (2018) “El concepto de solidaridad y su multiplicidad semántica.

A la memoria de Toni Domènech”. Madrid, Endoxa, DOI: https://doi.org/10.5944/ endoxa.41.2018.21813 . http:// revistas.uned.es/index.php/endoxa/article/ view/21813. Acceso, 7-4-2121.

8.- Bourgeois, Léon (1896). Solidarité. pp. 6-7. http://classiques.uqac.ca/classiques/ bourgeois_leon/solidarite/ solidarite_couverture.html. Acceso, 5-04-2121. Acceso 4-04-2021.

9.- (https://www.who.int/es/news-room/ detail/24-04-2020-global-leaders-unite-toensure-everyone-everywhere-can-accessnew-vaccines-tests-and-treatments-forcovid-19). Acceso, 5-04-2021.

10.- Hace unas semanas Macron volvió a hablar de solidaridad por el envío de 250.000 vacunas a Colombia, aunque no deberíamos olvidar que la Comunidad Europea, EEUU y el Reino Unido bloquean el proyecto de resolución presentado por India y Sudáfrica ante la Organización mundial del comercio (OMC) para suspender las patentes mientras dure la pandemia.

11.- Habermas, Jürgen (1986) Autonomy and Solidarity, Peter Drews (edit), London, Verso.

12.- La metáfora elegida por Habermas deriva de la etimología del término y de varios verbos que forman el núcleo semántico de la palabra solidaridad, tales como cementar, fraguar y solidificar. Para continuar con el uso de la metáfora habermasiana, recordemos que los cementos no fraguan cuando el material de los ladrillos es defectuoso.

13.- Sobre el tema de la solidaridad en la ética de la salud pública, recomiendo el articulo de Angel Puyol de la Universidad Autónoma de Barcelona. Puyol, Angel (2017) “La solidaridad en la ética de la salud pública” , Revista Bioética y Derecho, 2017; 40: 33-47. Sobre solidaridad en el derecho internacional y cosmopolita: Rüdiger Wolfrum, Chie Kojima (eds.) (2009) Solidarity: A Structural Principle of International Law , Springer Heidelberg Dordrecht London New York . Para el tema que nos ocupa recomiendo especialmente el primer capítulo: Karel Wellens, (2009) “Revisiting Solidarity as a (Re-)Emerging Constitutional Principle: Some Further Reflections”.

14.- Barbara Prainsack y Alena Buyx (2011) “Solidarity: reflections on an emerging concept in bioethics” , Nuffield Foundation. El trabajo dedica un capítulo especial para los usos del concepto de solidaridad en pandemia del que me he nutrido. En el año 2020, Barbara Prainsack volvió sobre el tema ya con la pandemia del Covid19, con un artículo breve: Prainsack (2020) “Solidarity in Times of Pandemics”, Democratic Theory, Volume 7, Issue 2, Winter 2020: 124–133. El texto de Puyol de 2017, es una excelente puesta a punto y discusión de algunas de las tesis sobre aspectos normativos y descriptivos del principio de solidaridad en salud pública, y también sobre la importancia de no confundir solidaridad con justicia.

15.- Las autoras proponen una muy útil diferenciación entre distintos niveles de un posible ejercicio de la solidaridad en pandemia, por ejemplo, cuando los gobiernos y las autoridades públicas piden a la gente que haga algo costoso solidaria_ mente –no salir de sus casas, educar a sus hijos en el hogar o aceptar pérdidas de ingresos o incluso de sus puestos de trabajo en aras de la protección de unos pocos-, momento en el cual, como lo sabemos hoy, es muy probable que suscite resistencia en la población. El argumento central es que el periodo de tiempo no es lo suficientemente largo para que las personas pasen por diferentes etapas de capacidad y necesidad, lo que facilitaría el reconocimiento de las similitudes con diferentes grupos de personas. Obviamente la pregunta es cuánto tiempo debería pasar para que las personas con intereses distintos se identifiquen y actúen solidariamente, pues en la pandemia Covid19 los datos nos muestran que el paso del tiempo agudiza una lucha entre “intereses” distintos.

16.- El capítulo al que hago referencia es “Solidaridad en la práctica II: las pandemias

y la salud global en el caso de la gripe aviar” del Informe de 2011.

17.- Radin, Margaret (1996) Contested Commodities, London, Harvard University Press.

18.- Sobre el debate pendiente en la OMC recomiendo un excelente trabajo de Lombardi, Vanina (2021) “Covid-19 y patentes. El debate pendiente pendiente”. http://www.unsam.edu.ar/tss/covid-19-ypatentes-el-debate-pendiente/Acceso 11 abril 2021.

19.- El documento oficioso que Velásquez menciona en la cita es el “Non-Paper on Strengthening WHO’s leading and coordinating role in global health. With a specific view on WHO’s work in health emergencies and improving IHR implementation”, que fue elaborado por los gobiernos de Alemania y Francia, en el mes agosto de 2020. El informe de Velásquez realiza un análisis pormenorizado de algunas de las acciones que habría que modificar a futuro en la OMS, entre ellas revisar y hacer cumplir el RSI (Reglamento de la salud internacional), eliminando una palabra en el «el art. 1 del RSI en la medida en que las recomendaciones temporales se definan como medidas ‘vinculantes’. Pues “si bien otros instrumentos mundiales jurídicamente vinculantes incluyen mecanismos de incentivo para la aplicación y la presentación de informes, el RSI no prevé actualmente esos mecanismos….cosa que sí ocurre con la OMC”. (Velásquez, 2020, p. 11).

20.- Purdy, Jedediah (2020), “Solidarity and Crisis”. Dissent , https:// www.dissentmagazine.org/article/solidarityand-crisis, Acceso, 11-04-2021.

21.- Bergel, Salvador, Bertomeu, María Julia (2020) “Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta”, Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason”, Barcelona, 65, 2020 75-84.

Imagen: ABEL F. ROS / qapta.es – Licencia Creative Commons.

AUTOR. Fernando Lamata Cotanda. Doctor en Medicina, experto en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios, presidente del Consejo Editorial de la Revista AJM

REVISTA Nº2 ABRIL 2021

El pasado día 30 de marzo se publicó en la prensa una declaración de 25 Presidentes y Primeros Ministros, junto al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, comprometiéndose a “una acción conjunta para una arquitectura sanitaria internacional más sólida”, y afirmando que “las naciones deben trabajar unidas para establecer un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante pandemias”. Entre los firmantes están Pedro Sánchez, Ángela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson y el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El escrito acierta, en parte, en el diagnóstico y en las propuestas, pero, a mi juicio, se queda corto, pudiendo quedarse en otro ejercicio retórico, de distracción, o de descargo de conciencia. Me explicaré.

Por una parte, respecto a la situación actual, se dice que la pandemia de la COVID-19 es el mayor desafío de la comunidad mundial desde la década de 1940, tras la devastación de las dos guerras mundiales, y se señala que, frente a la pandemia “nadie estará a salvo hasta que todo el mundo lo esté”. En esto estoy de acuerdo. Pero, luego, añaden los mandatarios que se comprometen “a garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas… frente a esta pandemia y otras futuras”, y subrayan que “la inmunización es un bien público mundial y tendremos que ser capaces de desarrollar, fabricar y desplegar vacunas lo más rápidamente posible”. Resulta evidente que estas buenas palabras, que podríamos suscribir, no se corresponden con las decisiones tomadas por la Unión Europea (UE) y por sus Estados Miembros (EEMM) en el año que dura la pandemia. Por el contrario, en ese tiempo, la UE ha reservado más de 2.000 millones de dosis de vacunas para sus 450 millones de habitantes, mientras la mayoría de los países pobres no han podido abastecerse. A día de hoy se había vacunado el 8% de la población de la UE, mientras en Egipto, Mauritania, Gabón o Namibia se había vacunado menos del 0,1%. Esto no es equidad, se mire como se mire. Es una catástrofe moral, en palabras del Dr Tedros. En EEUU se habrán vacunado a más del 70% de la población este verano y en la UE antes de final de año. Pero, en muchos países de África, Asia y América Latina, hasta final de 2022 ó 2023, millones de personas con los mismos derechos humanos que nosotros, no se habrán vacunado. Si los habitantes de los países ricos tuvieran que recibir una dosis de refuerzo en 2022, o si aparece una variante que se escape a la inmunidad generada por las actuales vacunas, entonces los países pobres deberán seguir esperando.

En su declaración, los mandatarios indican que su respuesta para lograr “un acceso igualitario” a las vacunas y otras tecnologías frente a la COVID era el “Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator”. Esta iniciativa, en la que participan la OMS y otras entidades, ha delegado en el “mecanismo COVAX” la responsabilidad de acelerar la fabricación, desarrollo y distribución de vacunas. COVAX es una iniciativa público-privada gestionada por la Alianza para las vacunas GAVI, que a su vez está impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Los gobiernos deberían saber que una vacunación equitativa no se conseguirá nunca con un enfoque de “cooperación” con los pobres, de donaciones, de acciones caritativas, de limosna: dar lo que nos sobra. Se conseguirá con un enfoque de derechos humanos, de justicia: recibir lo que nos pertenece. El mecanismo COVAX está apoyado la federación de industrias farmacéuticas, porque no cuestiona el principal escollo real para la fabricación y acceso a los medicamentos a un precio justo, que son las patentes y los monopolios, y que es su principal fuente de beneficios abusivos. Por eso es imposible que, con este enfoque, la UE y sus EEMM logren la equidad en el acceso a las vacunas en el mundo.

Se debe hacer mucho más, como se reconoce en la misma declaración. Para empezar, pueden y deben apoyar la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en la Organización Mundial del Comercio en octubre de 2020 para suspender las patentes de vacunas y otras tecnologías frente a la COVID, mientras durara la pandemia. Propuesta que ya respaldan más de 100 países, incluido el Vaticano, y que está bloqueada por la UE y sus EEMM. Junto a esa decisión, la UE, EEUU y la OMS debían presionar a las empresas farmacéuticas a que cedieran el conocimiento y tecnologías necesarias para desarrollar las vacunas, teniendo en cuenta que la mayor parte de esos conocimientos se han desarrollado con inversión pública directa. Dicha cesión se haría a la COVID-Technology Access Pool, C-TAP, de la OMS. La OMS identificaría todas las fábricas del mundo que puedan producir vacunas y transferiría la tecnología necesaria. En 6 meses se podría estar empezando a fabricar 3 veces más de dosis de vacunas (20.000 millones de dosis anuales, frente a los 6.000 millones de dosis que se fabricarán este año, al ritmo actual). Dichas vacunas serían a precio de coste, con lo que, a mediados de 2022 estaría vacunada toda la población, con menos de la mitad del dinero que nos vamos a gastar para vacunar solo a los países ricos, y se podría hacer frente a dosis de refuerzo o a nuevas variantes y nuevas pandemias.

P

orque, como reconocen los firmantes de la declaración, está muy claro que “habrá otras pandemias y otras grandes emergencias de salud, y ningún gobierno … podrá hacer frente por sí solo a esta amenaza. La cuestión no es si las habrá, sino cuándo”. En este sentido, el Tratado que se propone, arraigado en la Constitución de la OMS, y sustentado en el Reglamento Sanitario Internacional, es muy interesante. Solo una respuesta multilateral tendrá capacidad de hacer frente a ésta y a futuras emergencias de salud. Sin embargo, esta propuesta exige un análisis más complejo.

Para que la OMS pueda desarrollar ese papel tiene que reforzarse. Eso supone aumentar el presupuesto, de los menos de 3.000 millones de dólares anuales actuales, a más de 5.000 millones, y, al mismo tiempo, prohibir la financiación privada del organismo, consolidando una financiación pública que garantice la independencia de la institución. En este momento, entre la Fundación Bill y Mellinda Gates, GAVI y otras entidades privadas, una sola persona particular puede influir en el 25% del presupuesto de la OMS. Así mismo, en la gestión de los programas de la OMS y de la UE, se debe huir de la llamada “colaboración público-privada” los “partnership”, y otras fórmulas similares surgidas al calor del neoliberalismo que demoniza la gestión pública e idealiza la gestión privada y que, inevitablemente, pone los intereses privados por delante del interés general. El mismo neoliberalismo que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, como en la Sareb, “el banco malo” creado en 2012, que en 2020 ha engrosado el déficit público en otros 10.000 millones de euros que tendremos que pagar los contribuyentes. El mismo neoliberalismo que ha diseñado los contratos de la UE con las empresas farmacéuticas para las vacunas COVID. Ahí vemos que la UE y otros países habiendo financiado el 90% de la investigación y el desarrollo de las vacunas, ceden la propiedad de las patentes y el derecho de monopolio a las empresas. Así, son éstas las que deciden cuánto y dónde fabrican (embudo a la fabricación mundial), a quién se las dan primero, y a qué precio. Los precios fijados son abusivos, en promedio diez veces por encima de su coste, pero, además, en caso de que haya reclamaciones por efectos adversos, los gobiernos (es decir, los contribuyentes) deberán pagar las indemnizaciones.

Por eso, no basta diseñar un Tratado de pandemias. Debemos ampliar el enfoque hacia el futuro. Se debe lograr un nuevo equilibrio entre el poder de las multinacionales y los grandes fondos de inversión, y el poder de los gobiernos democráticos. Hoy, ese balance está claramente dominado por la plutocracia del dinero cuyo objetivo es ganar más; es como un cáncer que, con la fuerza destructiva de la codicia es capaz de acabar con la humanidad. Si no se cambia ese equilibrio, los organismos multilaterales, como la OMS, no podrán estar al servicio de las personas, sino de las grandes empresas. En la primera mitad del siglo XX, con la presión del movimiento obrero en Europa, y con los gobiernos del presidente demócrata Franklin Delano Roosvelt en EEUU, se logró un nuevo equilibrio, que se traducía, por ejemplo, en un sistema fiscal más justo y progresivo, donde el tipo marginal de las rentas más altas se llegó a situar por encima del 70 y el 80%. Un modelo en el que, otro ejemplo, se aprobó en EEUU la separación de los bancos de depósito y de inversión de riesgo, con la ley Glass-Steagall, reduciendo el tamaño y el poder de las entidades financieras. Después de la segunda guerra mundial se crearon la ONU, y la OMS, y se fundó la UE, impulsando el multilateralismo democrático y la defensa de los derechos humanos. Pero en los años 80 del pasado siglo comenzó la revolución de los ricos, la financiarización de la economía, y los think-tanks que impusieron poco a poco el discurso neoliberal. Como signo, en 1999 se derogó la ley Glass-Steagall durante el segundo gobierno del presidente demócrata Bill Clinton. El mismo gobierno que se opuso a que Mandela quisiera aprobar un genérico para la medicación frente al SIDA en Sudáfrica. Después, en 2008, cuando estalló la crisis financiera, como los bancos eran “tan grandes que no se les podía dejar caer”, los rescatamos con dinero del contribuyente. Y, mientras, los mil-millonarios siguen aumentando su riqueza.

Es precisa una refundación de la OMS, pero es precisa también una refundación de la Organización de las Naciones Unidas. Las pandemias, los problemas de seguridad, la crisis del cambio climático, y la necesidad de una economía que respete el medio ambiente y logre una distribución más justa de la riqueza, reduciendo drásticamente la desigualdad, solamente se podrán lograr con un poder político multilateral, democrático, que pueda doblar el brazo a los mil-millonarios y a las grandes corporaciones. Solo así se podrá colaborar, de verdad, con el sector privado realmente productivo. Mientras tanto se tratará de parasitación, de aprovechar los recursos y decisiones públicas para beneficio privado. Un Tratado para hacer frente a pandemias puede ser un paso en la dirección de construir este multilateralismo democrático que reclama Federico Mayor Zaragoza. Pero no será suficiente si no se enmarca en una ambición real de los gobiernos por refundar y fortalecer un mecanismo público de gobierno en las Naciones Unidas, con capacidad de acordar normas justas (en materia fiscal, financiera, sanitaria, medioambiental, en las tecnologías de información y comunicaciones, etc.), y con la fuerza para hacerlas cumplir.

AUTORA. Soledad Cabezón Ruiz. Médica, especialista en Cardiología. Diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales. Diputada nacional 2008-2014. Diputada europea 2014-2018. Elabora el informe “Acceso a los medicamentos de la Unión Europea” para la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria

REVISTA Nº 2 ABRIL 2021

La carrera por el acceso a los medicamentos por parte de los países en desarrollo no parece alcanzar su fin; aún con retos pendientes como en el combate de enfermedades infectocontagiosas que hace décadas dejó atrás el mundo desarrollado surgió el Ébola y, ahora, la pandemia por Covid19.

La ayuda de los países desarrollados a través de la cooperación al desarrollo no les garantiza el acceso a estos bienes básicos, es más, puede parecer que el verdadero objetivo no es otro que perpetuar el actual sistema del medicamento.

En la pandemia por Covid19, la geopolítica ha pasado a jugar un papel fundamental en garantizar el derecho a la salud a falta de que los mecanismos legales internacionales previstos se implementen y desarrollen, lo que puede suponer cambios de consecuencias históricas en el equilibrio internacional.

Artículo

Hoy, el mundo en vías de desarrollo, aún sin haber podido despejar otras enfermedades infectocontagiosas con alta morbimortalidad, se enfrenta a una nueva amenaza sanitaria, la pandemia por Covid 19.

El pasado mes de agosto de 2020 era noticia internacional que África erradicaba la polio, a pesar de que la vacuna oral que se ha utilizado en la mayoría de los países del mundo se desarrolló en 1961¹.

Hoy, las vacunas contra la tuberculosis, la propia polio, la rubeola, la fiebre amarilla, el sarampión o la hepatitis han pasado a un segundo plano en muchos países en vías de desarrollo debido a la nueva crisis sanitaria desencadenada por la COVID-19². UNICEF muestra cómo las medidas de cuarentena obstaculizaron la inmunización en numerosos países, aumentando el riesgo de que en torno a 80 millones de niños menores de 1 año contraigan una enfermedad prevenible, que en muchos casos puede resultar grave.

Está claro que para estos países no basta con el descubrimiento de la vacuna, se necesita de mucha solidaridad y ayuda internacional.

La infección de la viruela fue oficialmente declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. Una de las enfermedades más temidas en el mundo, que provocó más de 500 millones de muerte en el siglo XX y cuyo camino a la erradicación se inicia con el desarrollo de la vacuna en 1796.  Sin embargo, mientras en los años 50 todos los países ricos del mundo habían logrado eliminar la enfermedad, para el resto del mundo hubo que esperar a la creación de la OMS tras la Segunda Guerra Mundial que se marcó la erradicación de la viruela como uno de sus grandes objetivos en 1967³.

Ahora, para el proceso de vacunación mundial contra el Covid19 nace, con la supuesta buena intención de ayuda internacional para su erradicación en los países en desarrollo, la iniciativa COVAX, la cual podría ser cuestionada desde su concepción al pretender inmunizar sólo a un 20% de esta población, por lo tanto, sin la intención de erradicar, sino de controlar, lo que puede parecer un ejercicio “redención católica” y un ejercicio de los países ricos para expiar sus culpas por la acaparar la producción internacional de vacunas.

El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19⁴ (COVAX, por sus siglas en inglés), con 190 países participantes y un fondo de 4 mil millones de dólares, escasos comparado con los desembolsos realizados por la Comisión Europea y el resto de países ricos, es una iniciativa público-privada por la que los países de ingresos altos y medianos contribuyen al fondo y reciben una parte de las vacunas adquiridas y los países más pobres las reciben de forma gratuita.

Esta iniciativa se justifica en tratar de evitar lo sucedido con las vacunas para la influenza A (H1N1) en 2009, cuando los países más ricos acapararon, una vez más, los suministros de vacunas, pero no es menos cierto que esta estrategia permite asegurar unas ventajosas ganancias para la industria farmacéutica que no se ve obligada moralmente a bajar el precio o suministrar gratuitamente la vacuna a los países con menor nivel económico, sino que los países de mayor nivel desarrollo las financiarían; lo que no deja de ser claramente insuficiente si sólo se propone inmunizar a un 20% de esta población, incluso puede parecer que es una estrategia más para perpetuar el actual sistema del medicamento a nivel internacional que priva a millones de personas en el mundo de los medicamentos esenciales.

Pero, lo más inverosímil es que nada de esto debiera ser necesario atendiendo a los acuerdos de sobre las flexibilidades de los TRIPS a raíz de la Declaración de DOHA⁵ sobre la propiedad intelectual de la OMC y el derecho a preservar la salud y, en su caso, incluso suprimir las patentes cuando hay una situación de salud pública como la que se vive con la pandemia por Covid19. Del mismo modo que llama la atención la falta de desarrollo de la estrategia acordada en la 64 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud para evitar futuras pandemias y garantizar el acceso a las vacunas y medicamentos a raíz de la pandemia por H1N1⁶.

Desde luego, esta pandemia ratifica la ineficacia, ineficiencia e injusticia del actual sistema del medicamento a nivel internacional, sus justificaciones, ya a vistas de todo el mundo, ponen de manifiesto una forma de entender el mundo por los países ricos desde la esfera del capitalismo neoliberal, Sin embargo, esta pandemia tiene otro componente inédito en pandemias anteriores, la geopolítica con Rusia y China suministrando a aquellos países a los que los países ricos sólo les vuelven a dar una limosna y, es que, el egoísmo de los países ricos puede acabar impulsando un mundo más injusto, con menos derechos, incluido para los países ricos, a pesar de que “haya vacuna para todos”, si esto puede suponer un avance de los países con menos garantías de las libertades individuales y de los derechos fundamentales.

En definitiva, hoy nos enfrentamos a una pandemia que, de nuevo, para los países en desarrollo se les antoja larga y difícil. No obstante, en el momento actual subyacen nuevos componentes e intereses en la geopolítica mundial que pueden sorprender a aquellos países ricos con una mirada a corto plazo, mientras que países como China⁷, e incluso Rusia, pretenden acelerar el control de la pandemia en el mundo en vías de desarrollo, lo que pude dejar un panorama mundial muy diferente al que conocemos hoy. Las nuevas alianzas mundiales no se basan en la de sus ejércitos ante guerras entre pueblos, sino que va virando hacia la unión ante amenazas vitales de la población mundial con agentes biológicos como el Covid19.

China ya provee a Brasil, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, y en breve lo hará a Argentina, Chile, Jordania, México, Perú o Turquía. También los países como Botsuana, Marruecos o la República Democrática del Congo esperan esta vacuna.

La Comisión Europea debiera poner las luces largas y liderar un nuevo modelo de cooperación al desarrollo donde acciones como la de asegurar el acceso a los medicamentos esenciales para todos fuese una de sus prioridades reales, lo que pasa necesariamente por una revisión el modelo farmacéutico impuesto por EEUU y la UE. Ya no es ni siquiera una cuestión de justicia social, también de preservar el sistema social y de derechos europeo, ejemplo mundial hasta ahora, pues no deja ser paradójico que China anuncie que su vacuna es un “bien público mundial” mientras en occidente perpetúa un modelo farmacéutico ineficiente e injusto que pretende anteponer la economía de forma cortoplacista, mientras repite que es la zona del mundo con el mayor bienestar social y garantías de derechos.

1. África erradica la polio: cómo consiguió este histórico hito. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53909749
2.      Coronavirus | Las vacunas que se han dejado de suministrar en América Latina a causa del COVID-19. https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/coronavirus-las-vacunas-que-se-han-dejado-de-suministrar-en-america-latina-a-causa-del-covid-19-noticia/
3. El Programa de Erradicación de la Viruela (1966-1980).https://www.who.int/features/2010/smallpox/es/
4. COVAX: cómo será el plan de la OMS para llevar vacunas para el COVID-19 a países en desarrollo. https://www.infobae.com/salud/2021/01/18/covax-como-sera-el-plan-de-la-oms-para-llevar-vacunas-para-el-covid-19-a-paises-en-desarrollo/
5. The Doha Declaration on the TRIPS agreement and public health (2001). (WT/MIN(01)/DEC/2).https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/
6. WHA64/2011/REC/1. https://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html
7. WHA64/2011/REC/1. https://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html

AUTOR. David Larios –Abogado. Vocal de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM)

«Muy probablemente, la solución permanente a la crisis de la COVID-19 llegará con el desarrollo y la distribución de una vacuna segura y eficaz contra el virus. Por cada mes que se adelante su distribución, se salvarán vidas, puestos de trabajo y miles de millones de euros[1]»

Partiendo de esta premisa la Comisión Europea y los Estados miembros han concluido Acuerdos de Adquisición Anticipada con la industria farmacéutica para garantizarse el suministro de suficientes dosis de una vacuna segura y eficaz contra la COVID-19.

Esta apuesta por la compra centralizada, en palabras de la Presidenta de la Comisión Europea «ha sido un experimento, una prueba para la UE, y de su éxito dependerá no sólo la recuperación económica sino futuros intentos de descargar responsabilidades históricamente nacionales en manos comunitarias»[2]

Es mucho lo que está en juego y la UE ha actuado con rapidez poniendo en marcha una estrategia de compra centralizada inédita hasta la fecha. El procedimiento se iniciaba en marzo de 2020, apenas declarada la pandemia, y culminaba pocos meses después con la celebración de los contratos que permitían el inicio, a finales de año, del suministro a los Estados miembros de las primeras vacunas autorizadas.

A la rapidez con la que ha actuado la UE se suman otros efectos positivos de la estrategia de compra centralizada de vacunas como son (i) la negociación conjunta para obtener mejores condiciones; (ii) la actuación coordinada posibilita una distribución equitativa de las dosis entre los Estados miembros y (iii) la diversificación de la compra, mediante la adquisición de opciones amplias sobre futuros, minimiza el riesgo de dependencia de los proveedores.

El instrumento jurídico-económico elegido por la UE para formalizar su estrategia de compra centralizada son los Acuerdos de Adquisición Anticipada (APA, por sus siglas en inglés). Con los APA, diseñados a partir de la propuesta metodológica del Premio Nobel de Economía en 2019 Michael Kremer, se pretende «reducir la incertidumbre» de las partes en la contratación del suministro de vacunas en el escenario altamente complejo en el que nos encontramos: «Las partes comprenden que el desarrollo de una vacuna segura y eficaz es un proceso extremadamente complejo y que dicha empresa entraña un riesgo de fracaso elevado. Por tanto, el objetivo es concluir APA con los fabricantes de las posibles vacunas más destacadas para maximizar las posibilidades de tener acceso, al menos, a una vacuna satisfactoria»[3]

Los APA son contratos anticipados en la medida en que: «contemplan la fabricación, adquisición y suministro de una vacuna que, en el momento de celebrarse el contrato ni se ha podido fabricar, ni se sabe si se podrá producir, ni tampoco si su comercialización será autorizada. En suma, se trata de un contrato sometido a una condición suspensiva, consistente en que la vacuna llegue a fabricarse tras un proceso exitoso de investigación y ensayo, y reciba las correspondientes autorizaciones públicas para su comercialización»[4]

Para ello, los Estados adelantan a la industria importantes cantidades para financiar la investigación, con lo que contribuyen a aumentar la velocidad y la escala de fabricación al tiempo que se aseguran el suministro y evitan la puja al alza que podría darse si actuasen por separado, adquiriendo el derecho y la obligación de comprar un número «N» de vacunas en un plazo y a un precio pactado. La industria, por su parte, ve reducido su riesgo de inversión en los procesos de investigación y producción, y se asegura las ventas una vez autorizada la comercialización de la vacuna en condiciones de certidumbre previamente fijadas.

Ciertamente es pronto para evaluar en qué medida los APA están cumpliendo estos objetivos y si el equilibrio de las partes se encuentra garantizado por sus cláusulas y condiciones, algunas de las cuales han provocado inquietud, cuando no abiertas críticas, en sectores políticos, económicos y jurídicos.

El primero y quizá más decisivo de los problemas detectados sea el llamativo desequilibrio en la posición de las partes respecto a los derechos sobre el resultado de la inversión conjunta (pública-privada). Así, pese a que la UE habría invertido 15.900 millones de euros y los Estados miembros 7.200 millones de euros más, frente a la inversión privada de la industria que no alcanzaría los 3.000 millones[5], los APA no compensan esa financiación pública con ningún derecho sobre la propiedad intelectual ni garantía de licencias no exclusivas, sino que atribuyen la patente y el derecho de explotación de las vacunas finalmente autorizadas a los laboratorios titulares. De este modo la UE ha perdido la oportunidad de que las vacunas obtenidas gracias a una ingente inversión de dinero público sean consideradas un «bien público», o que al menos estén sujetas a licencias de explotación «no exclusivas», contribuyendo a un monopolio de producción y distribución limitada que conlleva una ralentización del ritmo de vacunación que cuesta vidas y millones de euros. Y ello en frontal contradicción con lo expresado en el propio preámbulo del Acuerdo citado al inicio, y también con la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de julio de 2020, que animaba a la Comisión «a exigir en todas sus convocatorias para proyectos de financiación e inversión que los productos finales tuvieran licencias no exclusivas» y que «en las negociaciones con la industria la CE impulsara que la vacuna sea considerada bien público mundial».

Un segundo problema que presenta el clausulado de los APA se ha puesto de manifiesto con motivo del incumplimiento de una de las empresas contratistas de su compromiso de suministro de las dosis inicialmente pactadas. Ante la situación de desabastecimiento generada por la compañía AstraZeneca, que había entregado menos del 10% de las dosis que tenía comprometidas, la Comisión dictó el Reglamento de Ejecución UE de 29 de enero de 2021 prohibiendo al laboratorio la exportación de vacunas fuera de la UE mientras se mantenga el incumplimiento. Esta medida extraordinaria se acordó ante la inexistencia de un mecanismo contractual de responsabilidad por incumplimiento, más allá de la simple declaración de inexistencia de obligaciones contractuales con terceros que impidan el cumplimiento del contrato, dado que en los Acuerdos las compañías no adquieren una obligación de resultado, sino de medios. Es decir: los Acuerdos no obligan a los laboratorios a fabricar y entregar «N» dosis en un plazo concreto, sino a «hacer sus mejores esfuerzos razonables» («best reasonable efforts»); término indeterminado que el contrato con AstraZeneca define, de forma aún más indeterminada si cabe, como «el grado de esfuerzo que una empresa de tamaño similar, con una infraestructura de tamaño similar y recursos similares, emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una vacuna en la etapa pertinente de desarrollo y comercialización, teniendo en cuenta la urgente necesidad de disponer de una vacuna para poner fin a una pandemia mundial que está causando graves problemas de salud pública y restricciones a las libertades personales y económicas, pero sin perder de vista la eficacia y seguridad»[6]. Una vez acreditado que la empresa contratista, pese a haber hecho sus «mejores esfuerzos razonables», no puede cumplir con la entrega de las dosis acordadas, debería notificarlo a la Comisión y en tal caso la UE podría presentar a otra empresa (no titular de la patente) que fuera capaz de fabricar y suministrar las vacunas. Pero aún ante dicha propuesta el contratista no estaría obligado a compartir o ceder sus derechos de explotación exclusiva, sino a hacer «sus mejores esfuerzos razonables» para llegar a un acuerdo con dicha empresa a efectos de aumentar la producción. No se prevé consecuencia jurídica para el caso de que tal acuerdo no se llegase a producir.

Otro de los aspectos más criticados de los APA ha sido la falta de transparencia en la negociación y finalización de los propios contratos, sometidos a cláusulas de confidencialidad para la protección del secreto comercial de los laboratorios contratantes que impiden conocer, entre otros elementos, el precio pactado por dosis, los plazos de entrega y las consecuencias de su incumplimiento, así como determinados aspectos no revelados de la responsabilidad jurídica por efectos adversos de las vacunas. No fue sino en enero de 2021 cuando la Comisión dio acceso a una versión parcialmente censurada del primero de los acuerdos firmado con el laboratorio CureVac, previa conformidad de la compañía, en respuesta a la presión ejercida por la Eurocámara, que llevaba meses exigiendo conocer su contenido y denunciando la opacidad del proceso. Sin embargo, la publicación de la versión parcial de los contratos no aminoró las críticas de los europarlamentarios contra la falta de transparencia, al ser las empresas quienes deciden qué parte de los contratos se puede leer y qué párrafos aparecen tachados. La eurodiputada francesa Manon Aubury expresaba la opinión de su grupo político al declarar que: «La lectura (parcial) del contrato es angustiosa. La vacuna, fruto de la inversión pública, es propiedad exclusiva de las grandes farmacéuticas. Las empresas son irresponsables si ocurren efectos negativos. En resumen, privatización de ganancias, socialización de pérdidas»

Precisamente el régimen de responsabilidad jurídica por los efectos adversos que puedan provocar las vacunas es otro de los aspectos más criticados de los APA. La cláusula en que se regula esta materia consta de seis párrafos, de los cuales hay dos tachados que no se pueden leer. De su contenido parcial se desprende que los perjudicados por la administración de la vacuna podrán reclamar ante el laboratorio titular, como viene siendo habitual en el campo de la responsabilidad civil por productos defectuosos, pero que serán los Estados contratantes quienes se harán cargo de las indemnizaciones que las compañías deban satisfacer en caso de «reclamaciones por muerte, lesiones físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidad o miedo a lo anterior».

Es decir, que los Estados que financiaron con dinero público buena parte de la investigación y el desarrollo de las vacunas sin participación en el derecho de propiedad intelectual, que adquieren con dinero público las dosis pactadas al precio pactado, asumen también la responsabilidad final de satisfacer con dinero público las indemnizaciones por efectos adversos derivados de su administración a los ciudadanos. Un desequilibrio evidente en la posición de las partes que no ha pasado desapercibida y ha sido objeto de fuertes críticas al considerar que los Estados están sobre-financiando estas operaciones en tres momentos y por tres conceptos sucesivos: pago por adelantado, pago por suministro y pago por los efectos adversos. A lo que habría que añadir los costes que asume la sanidad pública derivados de la morbilidad por retrasos en el ritmo de vacunación debidos al incumplimiento de los plazos de entrega y dosis pactadas.

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[1] Anexo del Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19. BOE núm. 211 (5 agosto 2020)

[2] Diario El Mundo 10/02/2021 “La Presidenta de la Comisión Europea admite errores en la estrategia de reparto de las dosis a los Estados miembros” (http//:elmundo.es/internacional/2021/02/10/6023c41b21efa01f198b45d0.html)

[3] Anexo del Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19. BOE núm. 211 (5 agosto 2020)

[4] Sánchez Lorenzo, Sixto A. “El advance purchase agreement (APA) entre AstraZeneca y la Comisión Europea visto desde el Derecho privado”. Diario La Ley. UE. Núm. 90. Marzo, 2021. Wolters Kluwer.

[5] BBC News. 15/12/2020 “Vacunas contra el coronavirus: cuánto dinero pueden ganar realmente las farmacéuticas con la inmunización” (http/:bbc.com/mundo/noticias-55293057) 

[6] García Vidal, A. “Los acuerdos de adquisición anticipada de vacunas contra la COVID-19 firmados por la Comisión Europea”. Análisis Farmacéutico. Febrero 2020. Gómez Acebo y Pombo.

AUTORA. Vanessa López, directora de Salud por Derecho

Mientras en los países ricos se está vacunando contra la COVID-19 a una persona cada segundo, en 47 de los 79 países más pobres aún no se ha administrado ninguna dosis. Después de un año de pandemia este es el triste balance si miramos grosso modo el ritmo de vacunación en todo el planeta. Pero las previsiones sobre cómo será el acceso a las vacunas en los países empobrecidos durante los próximos meses tampoco dejan buenas noticias: solo una de cada diez personas podrá ser vacunada en 2021, según datos de People’s Vaccine Alliance. En la otra cara de la moneda están los países ricos [1]con Israel a la cabeza en el porcentaje de población vacunada, seguido de Emiratos Árabes, Chile y Estados Unidos. Europa, a pesar de haber hecho fortísimas inversiones de dinero público en las vacunas (1.500 millones de euros para impulsar su I+D y 27.000 millones en los acuerdos de compra avanzada), se encuentra bastante rezagada en el ritmo de vacunación en comparación con los países mencionados. Sin embargo, intentar entender a qué podría deberse esta diferencia y analizar la estrategia general seguida por la EU para impulsar la búsqueda de una vacuna y asegurar su suministro en los países miembros o los procesos de negociación y contratación con las compañías farmacéuticas sería motivo de otro artículo.

En cualquier caso, estamos asistiendo a un acaparamiento de un producto sanitario sin precedentes:  los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, a pesar de que solo representan el 16% de la población mundial, según un estudio de la Universidad de Duke, y podrían vacunar 2,6 veces a su población. Esta actitud no es sólo cuestionable desde el punto de vista ético y moral, sino también como medida de salud pública, pues sólo acabaremos con la pandemia si avanzamos todos los países al unísono y evitamos las desigualdades en el acceso a las vacunas. Una proyección[2] realizada por la Northeastern University de Boston y otras universidades norteamericanas afirma que, si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será solo de un tercio.

Por otro lado, también resulta inquietante que, a pesar de que ya han fallecido 2,6 millones de personas[3] en todo el mundo a causa de la COVID-19, su altísimo impacto en las economías y de la dolorosa experiencia que tenemos con otras pandemias, especialmente la del VIH/SIDA, donde la falta de acceso a los tratamientos en los países pobres ha provocado la muerte de millones de personas durante décadas, las acciones que están tomando los líderes mundiales son totalmente insuficientes.  Si entonces el problema era el elevadísimo precio de los medicamentos antirretrovirales para el VIH (10.000 dólares por paciente y año), hoy, además, el cuello de botella está en los problemas de producción y suministro que tiene como consecuencia el que no haya dosis suficientes para abastecer a la población mundial. Y el problema de fondo es el mismo: la protección de la propiedad intelectual en la que se basan los monopolios permite a las compañías farmacéuticas fijar los precios a su antojo y tener la exclusividad de la fabricación y comercialización de las vacunas. En definitiva, tienen en control, y esto ocurre a pesar de que las inversiones[4] públicas de los estados han sido importantísimas. Las consecuencias, como hemos visto, son la desigualdad en el acceso en los países más pobres, pero también nos afecta a los países ricos, como España, pues impide que podamos avanzar más rápido en los planes de inmunización.

COVAX: un mecanismo de solidaridad insuficiente

En la primavera del año pasado se puso en marcha la plataforma COVAX con el fin de impulsar la búsqueda de una vacuna efectiva contra la COVID-19, fomentar una suerte de coordinación global en la compra y distribución equitativa, así como crear un mecanismo común de donaciones de vacunas a los países de medios y bajos ingresos. Sin embargo, esta iniciativa ya surgió con un defecto de partida: los países receptores de las donaciones solo podrían acceder, a través de este mecanismo, a un número máximo de dosis como para inmunizar al 20% de su población (mientras que la inmunidad de grupo se alcanzaría vacunando al 70% de la población). Los datos que dan cuenta del funcionamiento de COVAX tampoco son nada halagüeños: las vacunas disponibles a fecha de hoy para donar a los países pobres sólo alcanzarían al 3,3% de su población. Es cierto que los países de medios y bajos ingresos tendrían otras vías para adquirir vacunas por si mismos, al margen de programas de solidaridad, pero las compañías farmacéuticas están imponiendo condiciones imposibles en los contratos, tal y como ha denunciado el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sin contar con el problema del acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos antes mencionados. Necesitamos que se tomen medidas efectivas, y no parches, que permitan ampliar la capacidad de producción en todo el mundo.

Una solución de emergencia: la exención a las patentes

Llegados a este punto, nos parece que la solución más efectiva es la propuesta que India y Sudáfrica han hecho en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para acordar una exención de las patentes relacionadas con las tecnologías de la COVID-19 mientras dure la pandemia y se alcance la inmunidad global. Esta medida, que facilitaría la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el know-how, evitaría los monopolios y eliminaría la inseguridad jurídica, permitiendo la libertad de operar a los fabricantes y favoreciendo una colaboración que aumente y acelere la producción y asequibilidad de las vacunas, diagnósticos y tratamientos para la COVID-19 en todo el mundo.

Lo cierto es que, a pesar de que la industria farmacéutica ha puesto el grito en el cielo por esta propuesta, existe un antecedente histórico: en 2001, en plena pandemia del VIH/sida, los estados llegaron a un consenso para acordar una exención relacionada con el párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. La exención estableció un mecanismo para permitir a los países que producían medicamentos genéricos bajo una licencia obligatoria suministrar los fármacos a otros países que carecían de la capacidad de fabricación necesaria para producirlos ellos mismos. Si en esta ocasión la iniciativa saliera adelante, un reto también sería reforzar la capacidad de producción, especialmente en los países pobres.

La propuesta cuenta con el apoyo de 99 de los 164 países de la OMC. Sin embargo, países como Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea están en contra. La presidenta de la comisión europea Von der Leyen, ha manifestado, preguntada en una rueda de prensa reciente por este tema, que no descarta nada. Esta posible nueva actitud, aunque podría ser tan solo un brindis al sol, abre un resquicio el fuerte bloqueo que ha mostrado la Unión Europea, por lo que se hace necesario un debate urgente, profundo y al más alto nivel en el Consejo de Ministros de Salud de la UE y en el propio Consejo de la UE. Esta cuestión se seguirá debatiendo en los próximos meses y esperemos que los líderes europeos reconsideren su posición y decidan proteger el interés general y no el de las empresas farmacéuticas. 

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[1] https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?tab=map&zoomToSelection=true&time=latest&pickerSort=desc&pickerMetric=total_vaccinations_per_hundred&Metric=Vaccinations&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=CHN~USA~RUS~MEX~DEU~FRA~BHR~ARE~IND~ITA

[2] Matteo Chinazzi , Jessica T. Davis , Natalie E. Dean , Kunpeng Mu , Ana Pastore y Piontti1 , Xinyue Xiong, M. Elizabeth Halloran, Ira M. Longini Jr. , Alessandro Vespignani. Estimating the effect of cooperative versus uncooperative strategies of COVID-19 vaccine allocation: a modeling study https://www.mobs-lab.org/uploads/6/7/8/7/6787877/global_vax.pdf

[3] WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/

[4] Según  MSF Access Campaign, los gobiernos han invertido 10.000 millones de dólares en I+D de vacunas y ensayos clínicos y fabricación de las seis potenciales candidatas vacunas de la COVID-19 desarrolladas por AstraZeneca / Universidad de Oxford (más de 1.700 millones de dólares) Johnson & Johnson / BiologicalE (1.500 millones de dólares), BioNTech (500 millones de dólares), GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur (2.100 millones de dólares), Novavax / Serum Institute of India (casi 2.000 millones de dólares) y Moderna / Lonza (2.480 millones de dólares). 

EDITORIAL – REVISTA Nº 2 ABRIL 2021

AUTOR. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la AAJM. Médico de Familia. Master en Administración de Servicios Sanitarios. Presidente de la OMC 2009 – 2017. Presidente de la Comisión Deontológica del ICM Toledo y vocal de la Comisión Nacional de la OMC. Vicepresidente de la Confederación LatinoIberoamericana de Entidades Médicas (CONFEMEL).

El principal objetivo y preocupación de la AAJM tiene una gran componente moral, reivindicamos que todos los ciudadanos, tras la injusta distribución de la riqueza y unos sistemas públicos de salud cada vez más debilitados e intervenidos por los intereses mercantiles, tengan acceso justo a los medicamentos necesarios para preservar su salud.

La aparición de la revista AAJM es un motivo de gran satisfacción y alegría para todos los que creemos posible mejorar el acceso universal y justo al medicamento. El espacio estaba vacío, parece que estaba esperando a nuestra joven Asociación. Es de alegría en tanto que supone un rito de paso en aquel proyecto que ya hace 5 años iniciamos, creyendo que un mundo mejor es posible o al menos evitar su deterioro. Vivimos tiempos vertiginosos. La crisis económica y las políticas presupuestarias de estabilidad propiciaron desde el 2009 medidas de reducción en los programas sociales de España, que no se han desarrollado paralelamente con políticas de ajuste eficaz sobre el gasto en medicamentos, especialmente sobre los precios de las moléculas más novedosas. Por si fuera poco, aparece el COVID19 y complica muchísimo más la situación y con ella las amenazas y las situaciones abusivas que utilizan y especulan con la necesidad urgente de responder contra la Pandemia y proteger a todos con vacunas y medicamentos de forma justa. Lo que predomina es la lógica de los mercados y la incapacidad de los gobiernos para controlarlos eficazmente, permitiendo precios y ganancias abusivas de la IF.

Apenas 300 personas tienen más renta que el 40% de la humanidad. 1200 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día. Han vuelto a aparecer enfermedades que se creían desterradas. Que podemos decir de la actual pandemia que nos asola, tanto por las muertes que causa la enfermedad como por la pobreza que provocan, en parte ocasionada por los gastos sanitarios que la misma origina. El “si Dios ha muerto todo está permitido” de Dostoievski lo ha hecho cierto un sistema económico que convierte en mercancías y dinero todo lo que toca. Y esto es precisamente lo que ocurre con la actual pandemia. Mientras una buena parte del mundo se retuerce de dolor, miedo y sufrimiento, las grandes industrias farmacéuticas (IF) y sus dueños pretenden extraer de ellos el máximo beneficio posible, aunque ello suponga incrementar más y más la gravedad de los riesgos en los que la humanidad esta sumida. Utilizan para ello su gran justificación que le ofrecen las prerrogativas de las patentes sobre sus moléculas de medicamentos y la manida y falsa disculpa de que necesitan esas ganancias -sin límites- para investigar. Ocurre al contrario, las expectativas de grandísimos beneficios en torno a una nueva molécula desaconsejan la investigación en otras para atender aquellas necesidades de salud que ofrecen menos oportunidades de negocio. Por ejemplo, enfermedades raras o antibióticos. El establecimiento de las patentes y su regulación actual constituyo una maldita decisión que impuso la OCDE, gobernada por los intereses económicos mas importantes del mundo, que España acepto en 1986. Hoy constituye un extraordinario problema de salud para buena parte del mundo.

Justicia y libertad … son palabras de uso cotidiano. La cuestión está en el significado que se les otorga y el compromiso que suponen. En la AAJM el compromiso con la justicia distributiva para poder ofrecer más libertad supone atender, sin discriminación de ninguna naturaleza, las necesidades de salud de los pacientes, con los valores de la ética médica, el humanismo asistencial y las competencias profesionales más apropiadas. La prestación farmacéutica es un elemento esencial de la asistencia sanitaria. El insumo farmacéutico representa el mayor valor de los activos que se consumen en la “industria de la salud”. No solo suponen entre el 25 y el 30% del presupuesto sanitario de cada Comunidad Autónoma, además se estima que una tercera parte del medicamento consumido no está justificado, está contraindicado o es mal utilizado. Es decir hace daño e incluso puede ser causa de muerte

Las progresivas presiones y amenazas que sufre el ejercicio de la medicina, por agentes externos a la misma vinculados a la IF, hacen imprescindible que la medicina y los médicos nos detengamos a meditar, sobre la situación y los cambios habidos en la misma. Estos cambios provocan respuestas desviadas del centro o núcleo fundamental de la práctica médica y de sus fundamentos, el bien del paciente y la necesidad sanitaria. Quien haya leído “Un mundo feliz” de Aldous Huxley escrita en 1932 o “1984” de George Orwell, escrita entre 1947-1948, comprobara que ambas son distopias o utopías negativas trazadas hace 7 décadas. Pero también que hace tiempo se instalaron entre nosotros. La máxima pena ideada por el Big Brother de Orwell es castigar a cada ciudadano con lo que más le aterra individualmente. Y es el caso que sufren los Sistemas Públicos de Salud que con la colaboración de parte de la profesión médica, se convierten en sus propios verdugos al permitir y pagar un sobreprecio de los medicamentos. Por un lado, absorben recursos sociales disponibles, disminuyen la capacidad de respuesta del SNS a las necesidades de salud de los pacientes, entregando así a los seguros privados a la población mejor situada económicamente. Y ese sobreprecio responde a un uso abusivo y sin control de las prerrogativas que ofrecen las patentes de los medicamentos y productos sanitarios. Es decir, aceptan, toleran y no reaccionan ante una situación que se vuelve contra ellos cronificando una espiral progresiva de insuficiencia económica y dependencia externa

Y esas causas convierten a buena parte de la profesión en su propio agente de destrucción pues un buen porcentaje de esas ganancias abusivas de la IF se dedican a propaganda y compra de voluntades en el sector, lo que a su vez determina las conductas y respuestas clínicas y con ellos un incremento en número de unidades prescritas y limitación de la capacidad de respuesta profesional. En suma, un incremento injustificado del gasto sanitario, que por ejemplo disminuye o impide por imposibilidad presupuestaria mejorar las condiciones laborales de los profesionales, menos aún que estos actúen con espíritu crítico a la hora de revisar sus propias conductas. No existe transparencia ni en las decisiones sobre el establecimiento de los precios de los medicamentos, ni tampoco sobre los conflictos de interés de las personas que forman parte de las comisiones implicadas en dichas decisiones. Con un absoluto descaro, los órganos de supervisión y control cada día están más mediatizados por los intereses industriales. Tanto que supone una desvergüenza observar a sus componentes y las relaciones de alguno de ellos con los intereses de la IF.

Garantizar la sostenibilidad a medio plazo del SNS será posible si la prestación farmacéutica es accesible, de calidad y utilizada de modo racional y económicamente eficiente. Es urgente recargar con valores éticos ejemplares los comportamientos de los dirigentes políticos, y profesionales. Pero también realizar, junto con la limpieza y transparencia absoluta de los órganos reguladores y asesores de la Administración Sanitaria, una actuación integrada en el ámbito regulador, asistencial y de gestión, para poder responder a las necesidades y preferencias responsables de los pacientes y usuarios, así como defender y proteger los intereses del SNS como bien público de primera magnitud.

La pandemia que sufrimos ha hecho aflorar en buena parte de la sociedad lo mejor, pero en otra sale con fuerza el egoísmo y la avaricia, olvidando que la solidaridad, la cooperación y convivencia entre todos son las únicas soluciones validas contra la terrible crisis que sufrimos, e incluso de provecho a medio plazo para los intereses egoístas instalados en nuestra sociedad. Las únicas respuestas validas, que obligaran a realizar cambios radicales alejados de largos documentos de consenso llenos de buenas intenciones, son las respuestas colectivas, el que la sociedad civil se organice conozca, estudie, informe, defienda, acuse, exija y obligue a que se respeten sus derechos. Y ese es el modo de trabajar que hemos decidido en la AAJM, revisar, estudiar, publicar y denunciar para que la población conozca las situaciones que les afectan en relación con el cuidado de su salud.

No podemos pensar, a riesgo de quedarnos anclados en la angustia, que lo que nos ocurre sólo nos pasa a nosotros debido a nuestra mala suerte, a nuestra mala preparación, a nuestra falta de esfuerzo. Siempre hay alternativas. Las patentes se han convertido con el tiempo en el sistema más perverso de trasvase de dinero público a las arcas privadas y en consecuencia de retirada de recursos en prestaciones sociales y sanitarias para aquellos que las precisen, y así son la principal causa de los graves problemas de acceso a medicamentos esenciales en países pobres y de la hiper medicación que ocurre en los países ricos Es un sistema perverso que genera  problemas de acceso y de exceso simultáneamente, perjudicando a millones de pacientes y causando un enorme gasto innecesario. Como digo constituye el sistema más perverso de transferencia de dinero público a arcas privada sin el beneficio correspondiente para la ciudadanía.

¿Podemos cambiar esta situación, o es inevitable? Claramente se puede cambiar. Es difícil, pero hay que intentarlo convencidos de que es posible lograrlo para conseguir un mundo mejor o al menos que el actual frene su deterioro. Y eso es precisamente el objetivo de nuestra Revista por un AJM analizar, repasar y estudiar, desde una visión científica y profesional todas las concausas de lo mencionado y sus posibles soluciones, porque las hay. Y ordenadamente ponerlas a disposición de la ciudadanía sanitaria.