AUTOR: Xosé María Torres Portavoz de patentes de Farmamundi. Farmacéutico especialista en Farmacia Industrial y Galénica.

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

La aparición y difusión a finales de 2019 del virus SARS-CoV-2 ha resultado en pandemia de covid-19 que asola al mundo causando muertes y un fortísimo impacto en los sistemas sanitarios de todos los países. Es sin duda el desafío sanitario más importante de las últimas décadas en los países ricos del planeta, si bien no hay que olvidar que en los países en desarrollo otras enfermedades como el sida, paludismo y tuberculosis siguen provocando más muertes.

Batalla de patentes

Desde la aparición de la primera vacuna contra la covid-19, la de Pfizer/BioNTech, autorizada por la FDA el 11 de diciembre de 2020 (¡un éxito terapéutico!) la atención en nuestro entorno occidental se ha fijado en las vacunas. Si bien su producción está aumentando, es claramente insuficiente, y hay un intenso debate en relación con sus derechos de propiedad intelectual (DPI), que comprenden las patentes y otras materias (derechos de autor, secretos industriales, diseños, etc.). La disputa aparece tras otras propuestas infructuosas, como declarar a las vacunas Bienes Públicos Globales, o la iniciativa CTAP, el Acceso Mancomunado a Tecnología contra COVID-19 (un fondo con el que la OMS buscaba repetir el relativo éxito que tuvo el pool de patentes para el sida que gestiona UNITAID), y llega al órgano clave: el Consejo de los ADPIC, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, uno de los acuerdos fundacionales -y fundamentales- de la OMC desde su constitución en 1994 en Marrakech (Marruecos). El impulso ha corrido a cargo, una vez más, de India y de Sudáfrica, abanderados de los países en desarrollo, que han propuesto suspender los DPI de medicamentos, vacunas y tecnologías de uso contra la covid-19 mientras dure esta pandemia. Los acuerdos en la OMC se adoptan por consenso de todos sus miembros, por lo que se requieren múltiples negociaciones para lograr un objetivo, si bien es posible la aprobación de una propuesta con el apoyo del 75% de los 164 países miembros, es decir, 123. Los países ricos: EEUU, la UE, Suiza, Japón… con algún aliado incongruente como Brasil (¿influencia del negacionista Bolsonaro?), se habían opuesto. Pero, de forma sorpresiva, el pasado 5 de mayo la Representante de Comercio Exterior de EE.UU., Katherine Tai, mostró su apoyo a la propuesta de India y Sudáfrica por la necesidad de aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo, lo que ha llevado a otros países a alinearse con esta idea.

Más allá de la forma en que se materialice la aprobación de esa propuesta en el Consejo de los ADPIC, este debate trae al recuerdo lo ocurrido hace 20 años en el seno de la OMC con la llamada Declaración de Doha de 2001, que en el ámbito del acceso a medicinas para países en desarrollo se ha convertido en un mito, y sobre la que hay no pocas confusiones por tratarse de materias de no fácil dominio como son la propiedad intelectual y las patentes, su alcance,

características, limitaciones y salvaguardas, y por coincidir en esa época diferentes iniciativas que favorecieron el acceso a medicamentos.

2. Antecedentes de la Declaración

Tras la aparición del VIH/sida en 1981 no se dispuso hasta 1987 de un medicamento eficaz, el AZT o zidovudina, un inhibidor de la transcriptasa inversa. Desde entonces pasarían 10 años, hasta mediados de los años 90, para la aparición de los inhibidores de la proteasa (IP), un salto importantísimo en el arsenal terapéutico contra esta enfermedad. Si la polémica mundial por la falta de acceso al AZT era grande, con la llegada del ritonavir, nelfinavir y resto de IP, el escándalo adquirió proporciones mayores, por ser su precio inalcanzable para pacientes y sistemas sanitarios de los países en desarrollo, lo que condujo a la muerte de decenas de millones de personas. De hecho, durante años la OMS ni siquiera se atrevía a incluir en su lista de medicamentos esenciales (LME) -que actualiza cada 2 años- a los antirretrovirales (ARV) de nueva generación (inhibidores de la transcriptasa e inhibidores de la proteasa), que iban comercializándose, y solo incluía el AZT, de eficacia reducida y con importantes efectos secundarios, mientras otros 11 fármacos contra el VIH/sida, debido al estatus de sus patentes y a su precio astronómico, permanecían ausentes de la lista. El catalogar a los nuevos ARV de medicamentos esenciales era sin duda un apoyo moral muy importante para tratar de hacerlos accesibles a los enfermos de países empobrecidos, en esepcial de África subsahariana. Finalmente, en 2002 la OMS los incluyó en la LME , al cambiar sus criterior de inclusión. Algunos de estos países empezaron a tomar medidas para superar esta falta de acceso; uno de ellos fue Sudáfrica (Bergel, 2020), uno de los países más castigados por el sida, cuyo Parlamento aprobó, el 31 de octubre de 1997, la Medicines and Related Substances Control Act n.º 90 de 1997, que permitía reducir los costes de los medicamentos en la asistencia pública y privada, mediante la competencia por genéricos o su importación paralela desde países como la India. El Presidente Nelson Mandela sancionó el 25 de noviembre de ese año dicha ley, entrando en vigor. El 18 de febrero de 1998, la Asociación de Fabricantes Farmacéuticos (PhMA) y 41 multinacionales recurrieron ante la justicia sudafricana alegando que la ley era inconstitucional y contraria a la Ley sudafricana de Patentes de 1978 y al artículo 27 de los ADPIC. El proceso provocó una movilización mundial de organizaciones de la sociedad civil, en la que destacó la Campaña de Acción para el Tratamiento (TAC), organización sudafricana defensora de personas que viven con sida. En abril de 2001, ante la ola mundial de protestas (y tal vez el debate latente en la OMC) las empresas retiraron su recurso. Al tiempo, otras polémicas se sucedían, como las presiones, en enero de 2000, de la patronal de EEUU, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), ante el Representante de Comercio de ese país (USTR) por el supuesto incumplimiento de las reglas de DPI en Argentina, Brasil, India y Egipto, por la aplicación de controles de precios y expedición (Moreno, 2015) de licencias obligatorias (LO) para permitir la producción genérica de medicamentos. Cuatro meses después, el USTR incluyó a Argentina y Brasil en la Special 301 Priority Watch List, una lista de vigilancia de países a los que EE.UU. podría aplicar represalias comerciales.

3. Declaración de Doha de 2001 y consecuencias

Por todo ello el Grupo Africano llevó el debate al seno de la OMC. Las intensas negociaciones concluyeron el 14 de noviembre de 2001 en la 4ª Conferencia Ministerial, su máximo órgano de decisión, reunida en Doha (Qatar). Allí se adoptó, por consenso, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, para

dar respuesta a los problemas que afrontaban países en desarrollo por la incidencia de VIH/sida, paludismo, tuberculosis y otras epidemias (¡una adición muy importante!). La Declaración está compuesta por 7 párrafos y 645 palabras (en español), y de ella destacamos: a) Los países en desarrollo miembro tienen derecho: – A conceder licencias obligatorias (LO) y a determinar con libertad las condiciones. Todo ello sin necesidad de una negociación previa con la empresa. – A determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. – A realizar importaciones paralelas b) En cuanto a los países desarrollados: – No podrán recurrir la aplicación de estos mecanismos ante la OMC, ni ante un Grupo Especial o Panel ni ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), el máximo nivel de resolución de conflictos. – Si someten una queja a un Panel de la OMC será el demandante quien tenga la carga de la prueba. Esta Declaración iniciaba la Agenda de Doha para el Desarrollo, que en 2008, -ante la llegada de la crisis financiera internacional originada por las hipotecas subprime de EE. UU.- terminó sin avances relevantes para los países pobres.

Secuelas

La Declaración reconocía el derecho de los países en desarrollo de otorgar LO para fabricar libremente en el interior de cada país aquellos medicamentos que considerasen oportunos. Esto dejaba fuera a los países en desarrollo con escasa o nula capacidad de fabricación, y de forma más rotunda a los países menos adelantados (los PMA, unos 50 países empobrecidos, todos de África y AsiaPacífico, además de Haití), por lo que la Declaración contenía asimismo: – Un compromiso (párrafo 7), acorde al art. 66 de los ADPIC, de «fomentar la transferencia de tecnología a los países PMA». En la práctica, un brindis al sol. – Un mandato (párrafo 6) al Consejo de los ADPIC para buscar una solución para estos países. Esto se concretó el 30 de agosto de 2003 mediante una Decisión del Consejo General de la OMC (el 2º nivel de autoridad tras la Conferencia Ministerial), acompañada de una Declaración del Presidente del Consejo de los ADPIC que precisaba ciertos puntos. Esta decisión temporal otorgó el derecho a realizar importaciones paralelas desde países con capacidad de producción (en especial India), y fue incorporada de forma definitiva a los ADPIC como art. 31 bis mediante el Protocolo de 6 de diciembre de 2005, la primera modificación de un acuerdo de la OMC. La enmienda, sometida al proceso habitual de los acuerdos internacionales de ratificación posterior por cada país, pasó a ser definitiva el 23 de enero de 2017 una vez confirmada por dos tercios de los miembros de la OMC. Desde 2001, al menos 32 países han aplicado LO en 63 ocasiones: − De 2001 a 2009: 44 ocasiones − De 2010 a 2021: 19 ocasiones si bien hay que indicar que en algunas ocasiones un solo país ha concedido a la vez varias LO, en especial para medicamentos ARV. De los 32 países, esta ha sido la distribución geográfica:

Un último detalle de interés es que incluso tres países de renta alta, Alemania, Israel e Italia, han concedido LO en estos años. 2021 2020

La Decisión de 2003 representó en parte una victoria de los países más pobres, pero en la práctica contenía tantos requisitos y condiciones, detalladas en múltiples apartados (1 protocolo y 3 anexos, con 18 apartados y 11 subapartados, con un total -en español- de 2.163 palabras), en realidad trabas, que fue un absoluto fracaso. Por citar solo alguno de los requisitos:

a) el país exportador debía tener en su legislación interna leyes que permitiesen LO para la exportación de medicinas (debe recordarse que las LO originalmente son para uso mayoritario dentro del propio país)

b) si ello no era fácil, la segunda condición, que el país importador también tuviese una legislación sobre LO es un requisito sin duda laborioso cuando hablamos de países PMA como Benín, Burkina

Faso, Chad o Haití.

c) Cada nuevo envío, incluso del mismo medicamento, requiere nuevas licencias específicas de exportación e importación, comunicadas previamente a la

OMC.

La prueba de ello es que en 18 años la Decisión solo fue aplicada por un único país, Rwanda, para importar de Canadá, del laboratorio Apotex, una única partida de TriAvir, un ARV. ¡Pero tardó 27 meses (2005-2008) en implementar todo el proceso! Otros intentos de Nepal, por ejemplo- decayeron por inviables. Un fracaso similar ha obtenido el reglamento europeo (CE) 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, que permitiría conceder LO para exportar genéricos a países en desarrollo con problemas de salud pública. Ningún país en vías de desarrollo ha podido hacer una importación paralela desde alguno de los 27 países de la UE en sus 15 años de vigencia. Hay que decir que las importaciones

paralelas despiertan un grandísimo recelo en las multinacionales

farmacéuticas; si observan las LO con cierta flema es porque su logística se desarrolla dentro de un único país, pero las importaciones paralelas conllevan una logística internacional, y con ello la posibilidad -nunca demostrada- de la desviación de esos medicamentos a mercados de los países ricos, su máximo temor y preocupación.

4. Confusión sobre Doha

La Declaración de Doha tuvo cierta utilidad y varios países la aplicaron para producir o importar medicamentos, en especial ARV. Con todo, la expansión mundial del tratamiento contra el VIH/sida estuvo a cargo, fundamentalmente, de los programas internacionales de ayuda como el Fondo Mundial, ONUSIDA, UNITAID y otros, como el mismísimo PEPFAR (“Programa de emergencia de lucha contra el sida del Presidente de EE.UU.” lanzado en 2003 por George Bush), que entregaron de forma gratuita a partir de 2001 los ARV producidos en la India.

Esta dualidad ha llevado a una cierta confusión, relativamente habitual, en torno a la declaración de Doha, erróneamente mitificada, al producirse en 2001 la coincidencia de dos acontecimientos:

a) La propia Declaración de Doha relativa al

Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud

Pública.

b) La oferta internacional de ARV genéricos a bajo precio lanzada por el laboratorio indio CIPLA (El País, 2001, El Mundo, 2001).

Esa coincidencia no implica relación; de hecho la Declaración de Doha es de noviembre de 2001, mientras que la propuesta de CIPLA, laboratorio indio con base en Bombay, formulada por su presidente, el Dr. Yusuf Hamied (¡al que algún día habría que hacerle un monumento o darle el Premio Nobel de la Paz por la cantidad de vidas salvadas en todo el mundo!) para fabricar varios anti-VIH es anterior, de febrero de 2001. En ese mes ofreció una triterapia antiVIH/sida de lamivudina-nevirapina-estavudina (con patentes originales de GSK, Boehringer Ingelheim y BMS respectivamente) a

Dr. Yusuf Hamied (izquierda) recibiendo el premio Padma Bhusan del presidente de la India Dr. Avul Pakir Jalnulabdeen Abdul Kalan, en 2005. Imagen de Muhamed-tawiki, bajo licencia de Creative Commons

gobiernos y a ONG como MSF a un precio inferior a 1.000 $/paciente.año, es decir una décima parte del precio habitual de mercado. En el documental Fire in the Blood (2013), del director indio-canadiense Dylan Mohan Gray, puede verse como Yusuf Hamied describe con detalle esa oferta.

Para mayor claridad, la Declaración de Doha de 2001 confirmaba las flexibilidades ya existentes en los ADPIC, como las LO, el uso gubernamental y las importaciones paralelas, etc., pero es preciso reiterar que India en 2001 no necesitaba conceder LO, pues desde 1970 su ley de patentes excluía de forma expresa los productos farmacéuticos. Además, al constituirse la OMC se habían establecido periodos de transición o moratorias para la aplicación de los DPI, entre ellos:

a) Países en desarrollo (como India): 2005.

b) Países menos adelantados (PMA): 2012, fecha posteriormente prorrogada a 2016, 2021 y 2033 en la actualidad.

Por ello, CIPLA llevaba fabricando anti-VIH desde los años 90, e India podía producir libremente cualquier fármaco. Únicamente, tras su adhesión a la OMC debía admitir entre 1996 y 2004, por el sistema mail box, la presentación de solicitudes de patentes de nuevos medicamentos, examinarlas a partir de 2005, y -si la patente fuese entonces aprobada- conceder unos derechos exclusivos de comercialización (DEC) de 5 años. Pero incluso en 2005, al reformar su ley para admitir las patentes de medicamentos, India excluyó, mediante el artículo 3 d), la concesión de patentes sobre inventos o avances triviales, como fue el caso del mesilato de imatinib (Glivec) de Novartis, usado en la leucemia mieloide crónica. A día de hoy India sigue siendo la farmacia del mundo en desarrollo, y su sector farmacéutico, como se está viendo con el Instituto Serum en la fabricación de vacunas para la covid-19, es potente, competitivo y de calidad.

El papel del South Centre

El Centro del Sur es un organismo intergubernamental fundado en 1995 y formado por 54 países en vías de desarrollo. Con sede en Ginebra (Suiza), es poco conocido pero está teniendo un papel clave en la promoción del acceso a la salud frente a los privilegios que otorgan las patentes de medicamentos y en la formación del personal de las oficinas de patentes en los países en vías de desarrollo. Sobre esto último ha iniciado con Propiedad

intelectual y acceso a medicamentos: una introducción a cuestiones clave – algunos términos y conceptos básicos,

una nueva e importante linea de publicaciones.

Su director ejecutivo desde julio de 2018 es Carlos Correa, profesor de la universidad de Buenos Aires y académico de renombre con profundo conocimiento de temas como el comercio internacional, la propiedad intelectual, la salud y la transferencia de tecnología a países en desarrollo. Asimismo, cuenta entre su personal a Germán Velásquez, asesor especial de salud y desarrollo, economista colombiano de amplia trayectoria en el ámbito de los medicamentos esenciales, tras su trabajo en la OMS. Velásquez es asimismo titular de la Cátedra Farmamundi de la Universidad Complutense de Madrid. El Centro del Sur muestra una labor activa en el estudio y análisis de las regulaciones internacionales sobre medicamentos y propiedad intelectual, difunde herramientas para la aplicación de las LO -como la Guía para la concesión de licencias obligatorias y uso gubernamental de patentes farmacéuticas (Correa, 2020)- y asesora a gobiernos y funcionarios de países en desarrollo sobre los criterios de patentabilidad. En varios informes (South Centre, 2011) ha analizado el impacto de la Declaración de Doha, afirmando que tiene «aspectos muy positivos», pero insuficientes, a la vista de los resultados. Queda mucho camino por recorrer para que los países en desarrollo tengan un acceso

adecuado a los medicamentos más necesarios para combatir las enfermedades. La declaración de Doha fue en su momento, junto con otras iniciativas, un paso adelante, pero debe ser bien conocida y no mitificada, para que nuevas propuestas -como el nuevo tratado de pandemias que proyecta la OMS- consigan que los medicamentos y la salud no sean una simple mercancía. NB: en los casos en que se habla en este artículo de concesión de licencias obligatorias para uso en el interior de un país, debe entenderse que comprende también al uso gubernamental.

Bibliografía

– Bergel, Salvador y Bertomeu, María Julia (2020). “Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta”. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason 65, 2020, 75-84 – Correa, Carlos M. (2005). El acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a medicamentos en los países en desarrollo. Sur, Rev. int. direitos human., Nº 3 Año 2, 26-39. – Correa, Carlos M. (2020). Guía para la concesión de licencias obligatorias y uso gubernamental de patentes farmacéuticas. Documento de investigación nº 107. South Centre. Ginebra – Moreno Gómez, Francisco. (2015) “Patentes del sofosbuvir. Litigios. Licencias obligatorias.”, in Costas, Enrique. y Torres, Xosé María (ed.) (2015): Hepatitis C. La revolución de los pacientes. Valencia, Farmamundi. – Nwobike, Justice C. (2006) “Empresas farmacéuticas y acceso a medicamentos en los países en desarrollo: el camino a seguir”. Sur, Rev. int. direitos human., São Paulo, v. 3, n. 4, p. 126-143. – “Una empresa farmacéutica india ofrece el cóctel contra el sida a 178 pesetas por día”. El País, 8.02.2001. Consultado 25.05.21 en: https:// elpais.com/diario/2001/02/08/sociedad/ 981586814_850215.html – “SIDA. La patente o la vida”. El Mundo, 17.03.2001. Consultado 25.05.21 en: https:// www.elmundo.es/salud/ 2001/426/984565143.html – South Centre (2011). El estado de la aplicación de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública diez años después de su adopción. Informe sobre políticas N° 7, 1 de noviembre de 2011. – Velásquez, Germán (2021). Propiedad intelectual y acceso a medicamentos: una introducción a cuestiones clave – algunos términos y conceptos básicos. Material de capacitación nº 1. Ginebra, South Centre.

Distribución de medicamentos en Haití. Imagen Farmamundi.

Javier Sánchez Caro Abogado. Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad. Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Miembro del Consejo Editorial de la Revista AJM.

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

1.- PLANTEAMIENTO

El pasaporte de vacunación, pasaporte COVID, certificado verde digital y, definitivamente, certificado COVID digital, según la UE, es un documento con un código QR (similar a un código de barras) en el que las autoridades de los países podrán comprobar tres informaciones: si la persona se ha vacunado, si ha pasado la enfermedad o si tiene una prueba negativa que acredite que no está infectada.

El certificado contiene información sobre el historial de vacunación COVID-19 de cada persona y los resultados recientes de pruebas PCR.

El ejecutivo comunitario propone que las personas que hayan completado la pauta de vacunación catorce días antes de un viaje y las que hayan superado la enfermedad en los últimos seis meses estén exentas de tener que someterse a pruebas de PCR ni de antígenos. En esta categoría también se encuentran, según la Comisión, quienes hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas. Si no se está en alguna de las categorías señaladas, se deberá aportar una prueba diagnóstica que permita evitar la cuarentena y cuya validez se señala: 72 horas para las PCR y 48 horas para los antígenos, animando a los ciudadanos a usar más estas últimas al ser más rápidas y asequibles. La Comisión también propone, para garantizar la unidad familiar, que los menores de edad que viajen con sus progenitores estén exentos de cuarentena si sus padres no tienen que someterse a ella. Los menores de seis años estarán exonerados siempre de las pruebas de viaje. La Comisión Europea propone suavizar los umbrales de los mapas del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC son sus siglas en inglés) con el fin de ayudar a reactivar los viajes. Este sistema de ECDC se basa en tres niveles que van del verde (no se establecen limitaciones a viajar) al rojo (desaconsejado salvo casos de fuerza mayor), con un naranja intermedio. Cada uno corresponde a unos valores de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días.

Bruselas también pondrá a disposición de los países la plataforma para que éstos verifiquen los datos del certificado digital que presenten los ciudadanos a la hora de viajar, pretendiéndose que los países puedan empezar a emitir sus pasaportes vacunales desde la primera semana del mes de junio, si están preparados.

Se trata, pues, de un salvoconducto para que las personas puedan moverse sin restricciones y al que puede accederse con facilidad desde un teléfono o almacenarse en un dispositivo. Se asemeja, aunque más actualizado y digitalizado, a la tarjeta amarilla, que se empleaba, por ejemplo, para la fiebre del mismo color.

En todo caso, entraría en vigor el primero de julio y se aplicaría a los 27 Estados

Miembros, estando también disponible para los países del espacio Schengen no pertenecientes a la UE y se aprobaría mediante un reglamento de la UE, que es una norma comunitaria vinculante para todos los países. El certificado será, además, gratuito y abarcará las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, si bien los Estados podrán decidir si aceptan otras vacunas (en concreto, España ha planteado la admisión de las autorizadas por la Organización Mundial de la Salud). No se discrimina a las personas que no están vacunadas, puesto que el certificado no se convierte en una condición previa a la libre circulación, sino que facilita el derecho fundamental. Las personas que no reúnan los requisitos pueden ejercer su derecho a la libre circulación con las limitaciones correspondientes, como la realización de pruebas o la cuarentena y el autoaislamiento.

2.- EL CONFLICTO DE LOS VALORES

Los hechos relatados pueden suscitar estimaciones que nos hagan preferirlos o rechazarlos. Aceptarlos por razonables o repudiarlos por interferir en otros valores importantes que se desprecian y que deben ser objeto, también, de contemplación adecuada, pues los criterios que se han expuesto pueden no realizan una ponderación conjunta de todos ellos. Dichas apreciaciones son los valores. El caso que se plantea es un auténtico conflicto de valores en el que se observa cierta incertidumbre en los hechos, su dinamicidad y lo difícil que es jerarquizarlos cuando no se pueden compatibilizar, como se observa al describir sus ventajas y sus inconvenientes

VENTAJAS: Marcará un antes y un después para el turismo español. Se prevé que lleguen 40 millones de viajeros (la mitad que en 2019) y detenga en parte la ruina a la que, por ejemplo, podrían estar abocados los servicios de hostelería, con perdidas de miles de millones, evitando, además, la sangría presupuestaria actual, traducida en diversos procedimientos de ayudas para evitarlo (ERTES, etc.). Además, con carácter general, no solo puede reactivar el turismo de los países, sino también el comercio y el trabajo. Se trata, pues, de facilitar la libertad de movimientos de la ciudadanía y de consolidar un “valor económico “, que en un amplio sector de la población (la española desde luego) es sentido como un valor crucial para rehacer dignamente sus vidas, sin ignorar los riesgos que entraña (luego se hará referencia a los peligros) pero que se estiman de rango inferior (jerarquización), pues la población, en julio, se espera que tenga un alto nivel de vacunación y, sobre todo, ya habrán sido vacunados los de mayor riesgo (mayores, sanitarios, servicios esenciales, cuidadores, etc.)

INCONVENIENTES: la vacuna no es obligatoria en la UE, por lo que exigir el certificado es incongruente y discriminatorio; hay personas que no pueden vacunarse (alergias, problemas médicos, embarazadas, menores y jóvenes y adultos a los que no ha llegado la vacuna). El resultado negativo se carga al certificado, pero las pruebas, según los conocimientos científicos actuales, no son concluyentes: las vacunas no son cien por cien eficientes y pueden no ser efectivas contra las nuevas variantes del Covid 19.

En concreto, las variantes de rápida propagación del coronavirus llevan mutaciones que les permiten escapar de parte de la respuesta inmune creada naturalmente o mediante la vacunación (estudio en la Revista Science, por científicos de EE. UU, Alemania y Paises Bajos. “El Pais” 26 de mayo de 2021, en donde se da noticia de otros trabajos científicos en el mismo sentido). En cambio, en otro trabajo publicado en el mismo rotativo, se afirma que los infectados pueden generar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de su vida (publicado en Nature, “El

Pais”, 2 de junio), si bien se desconoce si el sistema inmune podrá neutralizar las nuevas variantes que vayan surgiendo con el tiempo, pues todo depende de cuanto cambie la secuencia genética del virus. Como dice AMARTYA SEN, la riqueza perdida podría recuperarse más o menos rápidamente, pero eso no devolverá la tragedia de que tanta gente haya muerto”. Se recuerda a este respecto que, a 1 de junio, la tasa en España alcanza a 120 casos por 100.000 habitantes, (4. 388 nuevos contagios y 30 nuevos fallecimientos), por lo que la incidencia, aunque continua en descenso, experimenta una cierta estabilización. Además, los Estados deben hacer frente con las ayudas correspondientes a los sectores damnificados, pero siempre dando preferencia a la salud sobre la economía (jerarquización establecida con carácter general) Según la OMS (21 de abril) no es recomendable exigir un certificado como condición de entrada, dada la evidencia limitada (aunque creciente) sobre el desempeño de las vacunas en la reducción de la transmisión y la persistente inequidad en su distribución mundial.

Se pueden crear espacios de élite. El paso siguiente es exigir el certificado para trabajar o para ir a la universidad. Existe riesgo de falsificación y, por último, se asume un peligro muy alto de atentar contra la intimidad (acceso al historial médico) y menoscabar la protección de datos.

3.- CONCLUSIÓN

El caso expuesto pone de manifiesto la bipolaridad a que están sometidos los conflictos de valores (frente a un valor se puede enfrentar el contrario), la conflictividad que se genera en su seno y la pluralidad que existe en las sociedades libres para su apreciación, siendo difícil, por tanto, su jerarquización. En el caso del COVID-19, el mundo se ha dividido entre los países ricos y los pobres. En los primeros, los avances en vacunación han determinado la opción en favor del valor economía con subordinación de los restantes y con olvido de la afirmación repetida de que ningún país estará a salvo hasta que todas las personas estén vacunadas, con independencia del lugar donde vivan (se recuerda el problema de las mutaciones), por lo que son valorables las iniciativas de diferentes países, como la India y Sudáfrica, secundadas por más de cien países (entre ellos EE. UU y España), con el objetivo de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes, transferir la tecnología y permitir la fabricación y distribución de las vacunas a precio de coste para hacer frente al cúmulo de muertes y secuelas en los países pobres. Añádase, además, que esta forma de actuar repercute de manera positiva, necesariamente, en favor de los países ricos. En el mundo occidental han contribuido, además, otras causas: el cansancio del confinamiento; los efectos letales o graves, que afectan, fundamentalmente, a un sector determinado de la población (los de mayor edad; otra cosa hubiera sido que afectara, por ejemplo, a los niños); el difícil sacrificio impuesto a la gente joven, unido a la dificultad para insertarse en la comunidad con un trabajo digno y estable, y la crisis de valores profundos que impulsa a un hedonismo instantáneo, apreciado como sucedáneo de felicidad.

Queda al juicio del lector apreciar si, como consecuencia de lo expuesto, la jerarquía de los valores ha sufrido un cambio notable.

REFERENCIAS

https://accesojustomedicamento.org https://noessano.org/es/wp-content/ uploads/2021/05/Informe Vacunas NES-2.pdf En cualquiera de los dos vínculos se puede obtener bibliografía pormenorizada

AUTOR: Roberto Sabrido Bermúdez Médico. Máster en Administración de Servicios Sanitarios, gerente del SESCAM 2001-2005, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha 2005-2008, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2008-2012, miembro del Consejo Editorial de la Revista AJM.

Editorial de la Revisra nº 4 de Junio de 2021 de AAJM.

La actual pandemia, o mejor dicho sindemia, del SARS-CoV-2 está haciendo más visibles los graves problemas que ya teníamos sobre las enormes desigualdades sociales existentes en el acceso a los medicamentos y las vacunas.

Existe un gran consenso de que estos graves problemas de acceso a los medicamentos/ vacunas se deben, fundamentalmente, al monopolio que otorgan las patentes originando precios desorbitados, inequidades en el acceso y limitaciones a la producción.

Esta sindemia ha generado tal nivel de miedo, angustia e incertidumbre que, como dice la Asociación por un Accseso Justo al Medicamento en la reciente carta abierta que ha dirigido al Director General de la OMS y a los miembros representantes en la OMS en la 74 Asamblea Mundial de la Salud, “se está produciendo una movilización social sin precedentes, con la intervención de organizaciones civiles, representantes parlamentarios, gobiernos e instituciones, personalidades, etc., que con una posición unánime consideran imprescindible liberar las patentes de las vacunas para conseguir aumentar su producción y lograr que lleguen a toda la humanidad”.

Además, el mundo científico, y también ya el no científico, tienen claro que, ante una pandemia, o nos vacunamos todos equitativamente o el problema seguirá sin resolverse. Pero en esta posición unánime de organizaciones civiles, personalidades, incluido el Gobierno de EEUU se echa en falta a la profesión médica, bien a través de su representación institucional o a través de sociedades científicas.

Recientemente se ha publicado en España la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología realizada entre el 14 de julio y el 19 de octubre de 2020, por lo tanto, en plena pandemia Covid 19 y realizada por iniciativa de FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) y con el patrocinio del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Uno de los resultados que arroja dicho estudio, en el apartado referido a la imagen social de la profesión científica, es que la profesión más valorada por la ciudadanía española es la profesión médica, a la que otorga una valoración de 4,74 en una escala de 1 a 5. Esta valoración es la más alta que logra la profesión desde que se empezó a realizar esta encuesta en el año 2002 con una periodicidad bienal .

Por este prestigio social es por lo que se echa aún más en falta a los profesionales en toda esta movilización social y política, en la que se les debe exigir un plus de propuestas y actuaciones para lograr, también con su presión, el cambio en el modelo actual del monopolio de las patentes.

Haciendo un repaso a la hemeroteca y a las páginas web de instituciones y sociedades

científicas médicas en España no he encontrado un posicionamiento claro sobre la liberación de patentes como mecanismo para lograr una mayor producción de vacunas para hacerlas accesibles rápidamente a toda la población, y a veces, el posicionamiento es totalmente contrario a esta medida.

En la página web de la Asociación Médica Mundial (wma.net) lo más reciente encontrado es una nota del 23 de abril de 2021 titulada “La AMM hace un llamamiento a la solidaridad internacional en la lucha contra la pandemia Covid”, en la que se señala que “la pandemia no terminará hasta que abordemos la covid en cada país, estamos en un momento de cooperación global, solidaridad y apoyo mutuo”. Como se puede ver, en esta nota, se deja todo a las buenas intenciones y caridad de los países ricos, que están acaparando las vacunas, pero no hay ninguna manifestación ni propuesta para evitar las inequidades actuales en los accesos a la vacuna.

En España en las noticias de prensa, sobre todo sanitaria, que ha recogido la opinión de Sociedades Científicas Médicas y de las que yo he podido ver, sólo la Sociedad Española de Medicina General (SEMG) a través de la portavoz de su grupo de vacunas ha manifestado que “está totalmente a favor de liberar las patentes de vacunas”.

Más de una y de dos sociedades dicen que no opinan sobre el tema de la liberalización de patentes al ser un tema político, manifestando alguna de ellas que “nosotros creemos en el acceso de todos a las vacunas, pero es una cosa que nuestra entidad no puede opinar al ser un tema político”.

En este panorama, sin embargo, también hay que reseñar que un importe número de entidades y asociaciones médicas de Centroamérica y Sudamérica sí se han pronunciado a favor de la liberalización de las patentes, poniéndose también de manifiesto la diferencia de la profesión médica de países más y menos ricos.

No obstante, en España algún movimiento positivo ha habido. Así, el pasado mes de abril se presentó la Declaración de Barcelona, que ha sido suscrita entre otras entidades por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, que aboga por liberar patentes temporalmente (algo es algo) que permitan la transferencia de conocimiento y aumentar así la producción de vacunas Covid.

Es importante reseñar que, también en el mes de abril se ha celebrado, en Toledo, el VII Congreso de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos propiciado por su Comisión Deontológica Nacional. En sus conclusiones se ha recogido que el hilo conductor del Congreso ha sido que “la pandemia de Covid 19 ha reafirmado el deber, la responsabilidad y el compromiso ético de los profesionales de la medicina para con la sociedad”.

Cabe resaltar que el Comité Científico del Congreso organizó una de las mesas de debate sobre “Justicia en el acceso a las vacunas y los medicamentos para la Covid 19”, mesa que tuve la oportunidad moderar y en la que se puso de manifiesto que las desigualdades existentes actualmente a nivel mundial en el acceso a las vacunas y medicamentos para la Covid “suponen una discriminación injustificable para una gran parte de la población, además de una gran torpeza científica”.

Asimismo, se significó que una causa fundamental de esta gran inequidad es el sistema actual de monopolio de las patentes, por lo que se consideró que “el modelo actual de patentes colisiona con principios éticos del Código Deontológico Médico”;. En concreto se hizo referencia a los siguientes artículos del Código: Art 5.1 ”El cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”; Art.5.2 “El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes”, y el Art.38.1” los médicos compartirán sus conocimientos científicos en beneficio de los pacientes, sin discriminación ninguna.

Se concluyó en este foro que, ante la actual catástrofe de la Covid 19, hay razones éticas, más que suficientes para suspender el monopolio de las patentes de las vacunas para el SARS-CoV- 2, para así, aumentar su producción y eliminar las inequidades en el acceso.

La profesión médica está por lo tanto obligada y debe aprovechar la gran valoración social que tiene para hacer más fuerte la presión para cambiar el actual modelo de patentes. La profesión médica puede y debe hacer más en este sentido, adoptando una posición activa con iniciativas y propuestas porque, entre otras cosas, a ello le obliga su propio Código Deontológico.

La Sociedad nos necesita ahora y, por lo que pueda venir en el futuro, no es momento de esconderse.

Soledad Cabezón Ruiz Cardióloga. Máster en Derecho Sanitario y Bioética. Experta en Gestión de Servicios Sanitarios y en Promoción de la Salud en la Comunidad. Diploma en Alta Dirección de Instituciones Sociales.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

Resumen

La Comisión Europea (CE) ha asumido un papel de coordinar y asegurar una respuesta equitativa en la Unión Europea (UE) en el acceso a las vacunas contra el Covid19. Sin embargo, el apoyo económico y la coordinación de las compras conjuntas no parecen suficientes para alcanzar el objetivo necesario de vacunar al conjunto de la población mundial. La posición de la UE en el Consejo de los ADPIC de la OMC ha sido hasta ahora contraria a la suspensión de las patentes de las vacunas, optando por impulsar por otras vías que incrementen la producción y distribución. Sin embargo, EEUU ha marcado un punto de inflexión en el debate y la UE discute su posicionamiento para la próxima reunión del Consejo de la OMC de junio, coincidiendo con la votación de la resolución del Parlamento Europeo al respecto.

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaraba como pandemia global la enfermedad por coranovirus 2019 (COVID-19).

El 17 de junio la CE presentó la Estrategia de Vacunas de la UE con el objetivo de acelerar el desarrollo, la fabricación y la utilización de vacunas contra la COVID-19, lo que incluye como pilares fundamentales el apoyo a la financiación y flexibilización de la investigación y desarrollo, un acuerdo de compras conjuntas y un apartado de solidaridad de contribución en Access To Covid-19 Tools (ACT) Accelerator.

En cuanto a la financiación, a falta de transparencia y coherencia de los datos aportados a la fecha por la Comisión Europea, según las comunicaciones públicas, van desde 350 millones y mil millones de euros para la investigación en la vacuna contra el Covid19 a 15,9 billones para la lucha específica contra el COVID, con 6.15 billones adicionales para el desarrollo y asegurar el acceso equitativo a las vacunas, test diagnósticos y tratamientos, sin que se encuentren desagregados los datos 1-3 .

Por otro lado, los acuerdos de adquisición anticipada con los distintos productores en nombre de los Estados miembros, a cambio del derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un período y a un precio establecidos, la Comisión financió una parte de los costes iniciales que afrontaban los productores de vacunas con cargo a los 2700-2900 millones de euros de dotación del Instrumento de Asistencia Urgente, en parte, un pago a cuenta de la adquisición de las vacunas. A su vez los EEMM desembolsarán 30 billones de euros en la compra de vacunas.

Además, los productores de vacunas pueden recibir también el apoyo de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para reducir los riesgos para las empresas.

Con una gran falta de la transparencia, denunciada por los Eurodiputados4, la estrategia de vacunación europea contra el Covid19 está suponiendo unos costes multimillonarios, más allá de los derivados de la crisis económica, a pesar de una raquítica cooperación con los países en desarrollo, más allá de formar parte del mecanismo internacional COVAX, por el que los 172 países participantes pretenden financiar la vacunación para el 20% de la población de los países en desarrollo y que a mayo sólo había alcanzado un 3% de este objetivo.

Es más, en la carrera por la vacunación entre los países desarrollados, ante el monopolio de la industria farmacéutica dirigiendo las ventas, se llega a adoptar por la UE el acuerdo de prohibición de exportación de vacunas fuera de la UE a finales del mes de marzo.

Hasta el pasado mes de noviembre que el Parlamento Europeo, en su resolución del 25 de noviembre 5 , a través de un grupo de eurodiputados, consigue la inclusión de una enmienda que solicita que la UE marque el camino para facilitar el acceso igualitario a las vacunas en todo el mundo, el debate en la UE ha girado en torno a la garantía de acceso a la ciudadanía de la UE, para lo que se celebró una audiencia pública en septiembre de 2019 y cuyas conclusiones se recogen en resoluciones plenarias de las sesiones de noviembre y diciembre.

Mientras, el 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica se dirigen al Consejo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) (IP/ C/W669) de la OMC solicitando la renuncia a determinadas disposiciones del acuerdo de viajes para la prevención, contención y tratamiento del covid-19 6: “12. En estas circunstancias excepcionales, solicitamos que el Consejo de los ADPIC recomiende, lo antes posible, al Consejo General una exención de la implementación, aplicación y cumplimiento de las Secciones 1, 4, 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con la prevención, contención o tratamiento de COVID-19”, lo cual es rechazado en la reunión del Consejo de 12 de diciembre.

Esta solicitud por parte de India y Sudáfrica marcan la organización por parte de la sociedad civil de la Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’, una coalición de más de 200 organizaciones europeas de la sociedad civil de 14 países europeos, con el objetivo de garantizar el acceso de las vacunas para todo el mundo y para lo que se solicita la suspensión de las patentes de las vacunas.

En el mes de marzo de 2021, centenares de eurodiputados firman una carta dirigida a la Comisión Europea para que se considerase esta suspensión de las patentes y se apoyase la solicitud de India y Sudáfrica en la próxima reunión del Consejo que tendría lugar los días 10 y 11 de marzo, donde, de nuevo, fue rechazada, como también lo había sido en la del 23 de febrero, quedando emplazado el debate para la reunión prevista el 8 y 9 de junio. Hasta la fecha, la posición de la mayoría de los países de la UE ha sido contraria7,8 .

En el mes de abril, Premios Nobel y 170 exmandatarios pedían a Biden lo que anunció el 5 de mayo, que EEUU apoyase la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid 9 y que provocó, tan sólo un día después, que la Comisión Europea, a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, afirmase que estaba dispuesta a “debatir cualquier propuesta que aborde la crisis de manera eficaz y

pragmática» durante el debate del estado de la Unión10 .

En la Cumbre de Oporto del 7 y 8 de mayo, por primera vez, los países de la UE discuten la posibilidad de suspender las patentes de las vacunas, lo que reflejó una clara división entre ellos. Mientras Alemania encabeza una férrea oposición, países como España, Francia e Italia se muestran favorables a su discusión 11-13 .

El Parlamento Europeo, por su parte, en su sesión plenaria de mayo debatió el día 19 la propuesta de suspender en la OMC las patentes de las vacunas contra el coronavirus y cuya resolución se votará en la próxima sesión del 8 al 11 de junio, lo que coincidirá con la reunión del 8 y 9 de junio del Consejo de los ADIPC de la OMC.

En el debate del Europarlamento se pudo apreciar la división de los grupos parlamentarios. Mientras que los conservadores y liberales se oponían, los socialdemócratas, verdes y el grupo de la izquierda mostraban su apoyo, lo que se materializó en la enmienda introducida por el grupo de la izquierda en otra resolución relativa a la lucha contra el sida, que sí se votó, y que salió adelante con una escasa diferencia de 9 votos.

Aunque la decisión sobre la eliminación de los derechos de protección intelectual debe adoptarse en el seno de la Organización Mundial del Comercio, el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo de junio, cobra una crucial relevancia, máxime coincidiendo con la reunión del Consejo de los ADIPC con este punto en el orden del día. El resultado no se adivina por la división entre los grupos parlamentarios, pero todo a punta a que el margen es estrecho y las presiones van a ser importantes 14, a lo que hay que añadir la dificultad que supone la postura reticente de la propia Comisión Europea y del Director General de la OMC, Dr Ngozi OkonjoIweala, quien se dirigió a los eurodiputados de la Comisión de Internacional del Parlamento Europeo celebrada el día posterior al debate, más proclives a buscar otras vías que incrementen la producción y distribución.

Referencias

1.- https://global-response.europa.eu/ index_en 2 2.- https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/research-area/health-researchand-innovation/coronavirus-research-andinnovation/vaccines_en3 3.- https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/research-area/health-researchand-innovation/coronavirus-research-andinnovation_en 4.- http://www.obcp.es/opiniones/muchodinero-y-muchos-secretos-en-los-contratosde-vacunas 5.- https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/TA-9-2020-0322_ES.html 6.- Waiver from certain provisions of the trips agreement for the prevention, containment and treatment of covid-19. WTO (IP/C/W669). 7.- https://www.wto.org/spanish/news_s/ news21_s/trip_11mar21_s.htm 8.- https://www.elespanol.com/invertia/ observatorios/sanidad/20210310/omcplantear-liberacion-patentes-vacunasanticovid-rechazada/564694837_0.html 9.- https://www.lavanguardia.com/vida/ 20210415/6870135/covid-premios-nobelexmandatarios-piden-biden-apoyo-eliminarpatentes-vacunas.html 10.- https://es.euronews.com/2021/05/13/ liberacion-de-patentes-de-las-vacunascontra-la-covid-19-la-hora-de-europa 11.- https://www.france24.com/es/europa/ 20210506-union-europea-patentes-vacunascoronavirus-pandemia 12.-https://www.elperiodico.com/es/ internacional/20210506/von-der-leyenunion-europea-patentes-vacunascovid-11704410 13.- https://www.ft.com/stream/ 980691bf-5f43-4c28-a642-6fde8e607fa5 14.- Big pharma lobby’s self-serving claims block global access to vaccines. https:// corporateeurope.org/en/2021/04/bigpharma-lobbys-self-serving-claims-blockglobal-access-vaccines

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AUTOR: Adrián Arias Mieres Responsable de Comunicación del Comité de España de Right2Cure.

Revista AJM Nº 3 MAYO 2021

El pasado 5 de mayo, los EEUU hacían pública una nota firmada por Katherine Tai, representante de Comercio de la administración Biden, en la que apoyaban la exención de la propiedad intelectual de las vacunas frente a la COVID19. De esa manera se sumaban a la lista de países que en la OMC apostaban por la propuesta de India y Sudáfrica sobre suspensión de patentes. En apenas doce horas, nadie quería quedarse atrás y los diferentes gobiernos mundiales, y sobre todo europeos, que se habían opuesto con especial ahínco a ese debate, se abrían ahora a tenerlo tras la posición norteamericana.

Centenares de titulares y teletipos agitaron la actualidad mundial sobre ese tema durante varios días. El apoyo de una potencia como EEUU a la propuesta de suspender las patentes suponía un gran impulso, pero también provocaba que todas las luchas e iniciativas que desde la sociedad civil se han ido desarrollando en todo el mundo en torno a este tema, hayan quedado en un segundo plano. Y es que la lucha por la suspensión de patentes, es fundamentalmente una lucha de la sociedad civil. Son miles los colectivos, entidades o asociaciones a nivel mundial que en el inicio del debate sobre las vacunas frente a la COVID19, comenzaron a exigir que estas fueran un bien público global.

Las experiencias de décadas anteriores servían de guión, fundamentalmente con la batalla titánica de suspender patentes y permitir la producción de tratamientos genéricos para hacer frente a la expansión por África y América del Sur del virus del SIDA. Las organizaciones no gubernamentales no tardaron en ver que la pandemia del coronavirus se podía unir y agrandar aún más la pandemia de la desigualdad que se vive a nivel mundial. Situaciones como los nulos resultados del mecanismo de colaboración voluntaria CTAP, impulsado por la OMS, que las grandes farmacéuticas rechazaron desde el inicio, ya les hacían presagiar que la batalla sería larga y compleja. La memoria colectiva de las organizaciones sociales tiene esa riqueza que va más allá de lo material y que es capaz de adelantar escenarios futuros, como finalmente así ha sido.

Un ejemplo en el que se empezaron a mirar muchas organizaciones, fue la lucha conjunta entre sociedad civil y países y gobiernos comprometidos por el acceso justo a los tratamientos frente al VIH como el de Brasil o Sudáfrica, que obtuvo como resultado la Declaración de Doha. Esta decisión en el seno de la OMC cristalizaba el empuje para que las patentes y la propiedad intelectual no fueran un freno ante una situación de emergencia sanitaria. Tal y como la OMS declaraba sobre el acuerdo de Doha:

“había aumentado la preocupación de que las normas sobre patentes pudieran restringir el acceso a medicamentos asequibles para las poblaciones de los países en desarrollo en sus esfuerzos por controlar enfermedades de importancia para la salud pública, como el VIH, la tuberculosis y la malaria. La Declaración responde a las preocupaciones de los países en desarrollo sobre los obstáculos que enfrentaron al tratar de implementar medidas para

promover el acceso a medicamentos asequibles en interés de la salud pública en general, sin limitarse a determinadas enfermedades.”

La Declaración incluía “el derecho a otorgar licencias obligatorias y la libertad de determinar los motivos por los cuales se otorgan las licencias, el derecho a determinar qué constituye una emergencia nacional y circunstancias de extrema urgencia, y la libertad de establecer el régimen de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

Emergencia nacional, circunstancias de extrema urgencia y salud pública. Tres elementos que volvían a estar en la agenda política con la crisis del coronavirus. Y ahí volvía a entrar en juego esa memoria colectiva de la sociedad civil. Eso no significa que desde 2001, año en que nace la Declaración de Doha, hasta hoy, las oenegés y las entidades sociales no hayan reivindicado con especial insistencia la grave brecha de acceso a los medicamentos que el mundo sufría. La división Norte-Sur ha sido un eje estratégico para el trabajo de las entidades sociales a lo largo de estos veinte años.

Pero de repente, aparece la pandemia de la COVID19 y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el monopolio de las patentes en el mundo sanitario como “elefante en cacharrería”. Pero en esta ocasión, al tratarse de una pandemia que ha generado una sensación de fragilidad a nivel mundial, este debate adquiere una mayor trascendencia. Y es además, un debate que ha puesto muy nerviosa a la gran industria farmacéutica. Como ejemplo, el amplio despliegue que el lobby de la Federación Europea de industrias y asociaciones farmacéuticas realizó en Bruselas para evitar que la Comisión Europea apoyara las reivindicaciones en torno a la suspensión de patentes o la campaña de Farmaindustria “sin patentes no hay innovación”.

Disipada la niebla y el inicial optimismo por los apoyos recibidos, la negociación sobre la propuesta de suspensión de patentes se prevé dura. No sólo por la presión que ha comenzado a ejercer la Big Pharma, sino porque sabemos que más importante que la suspensión de las patentes es que venga acompañada de toda una serie de iniciativas como compartir el “know-how” (literalmente el conocimiento de cómo producir la vacuna) y desarrollar programas de colaboración obligatoria entre todas las unidades productivas de la industria farmacéutica. Con un único objetivo: Producir el mayor número de vacunas, en el menor tiempo posible. En definitiva, poner todo nuestro conocimiento, empeño y capacidad en salvar vidas. Y en esa dura lucha que tenemos los próximos meses, el papel de presión que se pueda desarrollar desde la sociedad civil será clave. Las organizaciones y entidades de manera unitaria se tienen que configurar en un contrapoder al ruido, intereses e incluso medias verdades que intentará imponer la gran industria farmacéutica en este debate.

Para finalizar, no querría dejar pasar por alto iniciativas concretas como las impulsadas por Médicos sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional o la Alianza Vaccine´s People que son claros ejemplos de lo viva que está la sociedad civil en esta lucha. Si bien esas acciones han ido enfocadas a presionar a los gobiernos y a las instituciones para que apoyen la suspensión de patentes en la OMC, hay también propuestas como la iniciativa ciudadana europea “Right to Cure” que exige a la Unión Europea mecanismos para que las patentes no sean el freno y el monopolio que están siendo en la actualidad para el acceso universal a las vacunas. Una iniciativa que lucha por conseguir un millón de firmas en toda la UE y que puedes apoyar en el enlace: www.liberarpatentes.com.