El número 31 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO, https://accesojustomedicamento.org/revista-de-la-aajm-2/ ya está disponible. Un número dedicado a la excelente acogida y amplísima difusión de la investigación de Ángel María Martín Fernandez-Gallardo, inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la AAJM, titulada, “La red oscura que las multinacionales farmacéuticas ocultan tras los pagos a profesionales sanitarios: sus líderes de opinión en el SNS y su red de intereses al descubierto”,que se publicó en la anterior edición de la revista.
Uno de los temas estrella que debería haberse aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra entre el 27 de mayo y el 1 de junio, es el Tratado de Pandemias. Lamentablemente no ha sido así. En efecto, en diciembre de 2021 la mayoría de países, sobrecogidos por el impacto de la pandemia de COVID-19, acordaron poner en marcha un Grupo Internacional Negociador (INB en sus siglas en inglés), con representantes de todos los países, para discutir y acordar un Tratado de Pandemias (TP), que se debería aprobar en la Asamblea Mundial de la Salud de 2024 y que garantizaría el acceso equitativo a vacunas y medicamentos en todo el mundo. Nueve rondas de negociaciones, durante estos más de dos años, no han sido suficientes para llegar a un acuerdo antes de la Asamblea.
Los representantes de los países del Norte quieren que todos los países (sobre todo, los del Sur Global) garanticen un intercambio transparente de información en tiempo real sobre aparición de brotes potencialmente peligrosos, cesión de muestras de patógenos y secuencias genómicas, etc. Estos datos pueden ayudar para prevenir y controlar la posible pandemia en los países del Norte y para investigar diagnósticos, vacunas y otros tratamientos, que podrán lograr importantes ganancias para los ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas.
Los países del Sur Global piden que los diagnósticos, vacunas y otros tratamientos que se desarrollen para combatir una pandemia sean accesibles para todas las personas, en todo el mundo, de forma equitativa. Esto requiere la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual (patentes y otras exclusividades que generan monopolios de producción y comercialización), la transferencia obligatoria e inmediata de conocimientos, tecnologías y componentes, la fabricación en todas las plantas acreditadas en todo el mundo, y la venta a precio de coste de fabricación.
Las grandes empresas farmacéuticas y los gestores de fondos de inversión, que son sus principales accionistas institucionales, presionaron a los gobiernos de los países ricos para que se opusieran a las versiones iniciales del TP: “El mundo estaría mejor sin aprobar el dañino texto del tratado. En pocas palabras, no tener tratado es mejor que un mal tratado”, declaró la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) en octubre de 2023 (1). Su argumento, repetido machaconamente, es que si se suspenden los derechos de propiedad intelectual no habrá investigación. Esto es falso, ya que la mayor parte de la investigación de todos los medicamentos ya tiene financiación pública directa. Y en la pandemia de la COVID-19, además de la financiación de centros y proyectos, se llevó a cabo la compra anticipada de vacunas, con lo que toda la financiación de la investigación tuvo cobertura pública, de forma directa o indirecta. La razón de los ejecutivos de las grandes empresas es otra.
Veamos: si las vacunas y otros productos hubieran podido fabricarse por empresas de genéricos en los cinco continentes, y comercializarse a precio de coste, se hubieran podido vacunar a todas las personas en todo el mundo, con un coste de 20.000 millones de euros, varias veces menos de lo que nos gastamos solamente los países ricos. En este caso, las empresas habrían obtenido un beneficio, razonable, de 2.000 millones de euros. Pero, con los derechos de propiedad intelectual y los monopolios que les ceden los gobiernos, las empresas pudieron decidir quién fabricaba, cuánto fabricaba, dónde fabricaba, a quién vendía y a qué precio. De esa forma, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a las vacunas, pero (ésta es la clave) las empresas obtuvieron unas ventas superiores a los 200.000 millones de euros, con unos beneficios de más de 170.000 millones en dos años. Comparando entre 2.000 y 170.000 millones de beneficios es lógico que las empresas y los gestores de fondos de inversión quieran evitar la suspensión de las patentes. Los bonos y ganancias para cada uno de ellos son significativamente diferentes. Ahora bien, lo que no es lógico es que los gobiernos no impongan los intereses generales por encima de los intereses de unos cientos de ejecutivos. Es una vergüenza. Porque esas decisiones cuestan vidas, más de 9 millones de vidas que podrían haberse conservado si se hubieran vacunado y tratado en el Sur Global al mismo ritmo que en el Norte. Además, el daño nos afecta a todos, no solo al Sur. El impacto económico negativo y el sufrimiento en pérdida de vidas humanas y enfermedad también afectó a países del Norte, y todavía se arrastra.
Sin embargo, la presión de la gran industria farmacéutica sobre EEUU, la UE, Japón, Reino Unido y otros países ricos ha tenido más fuerza y ha bloqueado el TP. Como ejemplo podemos leer las declaraciones del ministro alemán de sanidad: “no habrá tratado de pandemias sin protección de los derechos de propiedad intelectual” (2); o las del portavoz del ministerio de salud del Reino Unido advirtiendo que no firmarían el acuerdo (3); o la carta de 51 senadores republicanos al presidente Biden exigiéndole que no apoye el tratado de pandemias porque compromete la soberanía del país (4).
Finalmente, la Asamblea Mundial de la Salud 2024 no aprobó el TP, y los países decidieron el último día de sesiones, 1 de junio, que se ampliaría el plazo de negociación durante un año más, hasta la próxima Asamblea.
Sí se ha aprobado, en cambio, la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que se discutía en paralelo. Este sí que interesaba a los países del Norte. Define la emergencia pandémica, pide a los países que refuercen sus sistemas de vigilancia epidemiológica y la colaboración con países vecinos, y que agilicen las notificaciones a la OMS. Y sobre acceso a vacunas y medicamentos, dice que se creará un mecanismo de coordinación financiera para apoyar a países de bajos ingresos. Buenas palabras.
El director general de la OMS ha declarado que “la decisión de concluir el TP dentro del próximo año demuestra con qué fuerza y urgencia lo desean los países, porque la próxima pandemia es una cuestión de “¿cuándo?”, no de “si”” (5). Una declaración muy optimista (¿o debería decir irónica?), ya que la “urgencia” no ha logrado un acuerdo en más de dos años de debates. En cambio, los países del bloque africano han expresado una valoración negativa, que refleja Oxfam Internacional: “los países ricos han bailado la música de las grandes corporaciones farmacéuticas… Es ya hora de que los países ricos dejen de bloquear propuestas que priorizan salvar vidas en todo el mundo por encima de los monopolios y beneficios de la industria farmacéutica” (6). También Germán Velásquez, de South Center, ha expresado su crítica: “Una vez más, los intereses comerciales privados se encontraron por encima del interés público ante los ojos impotentes del secretariado de la OMS…” (7).
Al mismo tiempo, la IFPMA ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Reglamento Sanitario Internacional y su disposición a participar en la elaboración de un futuro tratado de pandemias que deberá tener en cuenta sus puntos de vista (8).
Conviene no olvidar lo que nos advierte el informe de evaluación del desempeño del SNS frente a la pandemia COVID-19 cuando afirma que “una nueva pandemia de virus respiratorio de alta gravedad no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo” (9). La nueva pandemia podría ser más dañina que la de COVID-19, podría tener la misma contagiosidad y más letalidad. Es una posibilidad real y, seguramente, ya se está gestando en algún rincón del planeta. Estos días hemos visto que en EEUU se ha detectado contagio de gripe aviar (H5N1) a ganado vacuno, y otras especies animales, y hay tres personas contagiadas (10). En México ha fallecido un hombre por gripe aviar, sin haber tenido contacto previo con aves de corral (11). Son discretos avisos. Sin embargo, de momento, la fuerza de los beneficios empresariales tapona los oídos y el corazón de los gobiernos en los países del Norte. Sería penoso que tuviéramos que sufrir una nueva pandemia, con más de 300 millones de muertos en el mundo, para que estos gobiernos reaccionaran. Y más penoso sabiendo que hay alternativa. Una alternativa que la AAJM y otras organizaciones vienen proponiendo: suspensión de los monopolios de medicamentos, vacunas y otros productos (derechos de propiedad intelectual y exclusividades); fondo de investigación pública; prioridades de investigación según necesidades de salud; investigación abierta y compartida (pública y privada); licencias no exclusivas (de titularidad pública); transferencia de tecnología y conocimiento; fabricación en todo el mundo (pública y privada); precio de coste de fabricación; y distribución equitativa en todo el planeta. Esta es la manera en la que podremos garantizar que, de verdad, todas y todos dispongamos de medicamentos y vacunas en condiciones de equidad en una nueva situación de pandemia. Por eso es preciso seguir insistiendo. La lucha por un modelo más justo de acceso a vacunas y medicamentos debe seguir, sin desánimo, de Norte a Sur, y de Este a Oeste.
La publicación del trabajo realizado por Ángel María Martín ha generado una importante reacción, tanto en medios, como en redes sociales. La investigación realizada ha puesto en evidencia las consecuencias nefastas no solo ya en términos económicos si no sobre la propia práctica clínica que tiene, de forma directa, el actual modelo de investigación y formación de los profesionales sanitarios soportado a través de la financiación de la industria farmacéutica.
Su notable valor viene determinado por haber puesto de relieve de forma incontestable la profundidad, naturaleza, forma de distribución y cuantía de los pagos que los profesionales sanitarios reciben de la industria farmacéutica, señalando como consecuencia sus efectos inmediatos. En primer lugar, el impacto económico sobre el sistema sanitario por el elevado coste de los medicamentos y a continuación en el notable riesgo al que se somete a los pacientes.
Una aportación indudable de la investigación realizada es haber proporcionado a lectoras y lectores interesados, por vez primera en nuestro país, un análisis basado en datos del volumen e importancia de la financiación de las empresas farmacéuticas a los profesionales y de su estrategia de distribución fundamentalmente dirigida a los denominados líderes de opinión que influyen de forma determinante en la prescripción.
A nivel internacional esta situación ha sido bien descrita, como se puede leer en un considerable número de artículos publicados, algunos recogidos en números anteriores de la AJM. En éste hemos seleccionado una muy breve muestra en el apartado de informes y documentos. En ellos, se exponen de forma reiterada los conflictos de interés graves y continuados en el tiempo que esta estrategia de actuación de la industria farmacéutica ocasiona. Por ejemplo, en carta publicada en JAMA, que también incluimos, se expone como “los médicos en EE. UU. recibieron pagos financieros de la industria, por un total de 2.460 millones de dólares en 2022”. Para añadir a continuación: “estos pagos pueden representar una colaboración científica, pero también pueden responder a una estrategia de marketing sin beneficios clínicos. Esta situación, concluyen, plantea: “preocupaciones con respecto a su influencia en la toma de decisiones clínicas”.
Como conocemos bien la causa inicial es el sistema actual de patentes y precios abusivos que determinan inexorablemente las estrategias de las empresas farmacéuticas para conseguir elevados beneficios. Estás estrategias capturan a los profesionales médicos a través de los mecanismos de pago y retribución de la investigación y formación, mediante lo que eufemísticamente la BigPharma ha conseguido introducir en el lenguaje como “transferencias de valor”.
Es por tanto imprescindible cambiar el actual sistema de financiación de la investigación. Como señalan Radder et al es posible una forma diferente de “cómo organizar y financiar la investigación de medicamentos que priorice su interés público en lugar de su privatización a través de la patente”. Los autores consideran factible la investigación médica sin patentes que afirman “es científica, social y moralmente preferible, económica y financieramente rentable, y sociopolítica y organizativamente practicable”.
Creemos que en España y en la Unión Europea es necesario abrir la discusión y debate para modificar este sistema. Proponemos pues un proceso de reflexión y análisis sobre la investigación y desarrollo de nuevos fármacos y del modelo de patentes y fijación de precios El actual equipo del Ministerio de Sanidad (MS) ha comunicado recientemente que se encuentra en desarrollo un borrador de trabajo sobre estrategias a desarrollar en el campo de la industria farmacéutica. La importancia y envergadura del lobby farmacéutico capaz incluso de capturar órganos reguladores como la Comisión Interministerial de precios de los medicamentos nos preocupa extraordinariamente.
Consideramos, por ello, imprescindible que la sociedad civil y expertos independientes participen de forma activa en las propuestas que el MS realice.
La salud y un acceso justo a los medicamentos de nuestras ciudadanas y ciudadanos está en juego y es posible, sin duda, un modelo distinto que no responda a los intereses y beneficios de la industria farmacéutica.
He leído con interés el artículo titulado “La red oscura que las multinacionales farmacéuticas ocultan tras los pagos a profesionales sanitarios” de Ángel María Martín, publicado en el número 30 de su revista. Se trata del trabajo más completo de caracterización de los pagos a profesionales sanitarios por parte de la industria farmacéutica que se haya publicado en España hasta el momento.
Constituye un aporte original a través de análisis de fuentes secundarias que se traduce en un avance significativo en el conocimiento del objeto de estudio que nos ocupa: la influencia de la industria en la prescripción, autorización y evaluación de medicamentos. El magistral tratamiento de datos, cruce de variables y documentación gráfica nos viene a dibujar un mapa completo del estado de la cuestión. Al hilo del artículo cabe probablemente realizar algunos comentarios y remarcar algunas ideas.
1) En primer lugar me ha agradado que el artículo de por sentada la hipótesis de que el dinero genera influencia. Creo que ninguna persona bien pensante duda de esto en la actualidad, pero afortunadamente ya no es una cuestión de creencias sino que existe abundante evidencia empírica al respecto.
2) Los pagos a profesionales por parte de la industria no son fenómenos aislados, sino que adolecen de carácter sistémico. Como tal están rutinizados e institucionalizados.
3) Este sistema prima la eficiencia. Existe un diseño piramidal de influencia secuencial, con importantes pagos a agentes clave que influyen sobre los demás profesionales a los que para reunir en una audiencia hay que procurarles pagos anecdóticos.
4) El sistema apunta a los prescriptores, pero también, y cada vez más, a los decisores. Este fenómeno ya lo hemos documentado ampliamente en NoGracias y cabe reparar en profesionales clave que recibieron importantes pagos en el pasado y ahora ocupan cargos en la Administración. Ya no reciben dinero porque están sujetos a escrutinio público, pero trabajan en la lógica de las industrias porque han accedido a esos cargos para tal fin.
5) La actuación de las empresas opera en una lógica internacional y la concentración del mercado en una decena de ellas se expresa mediante un dominio de posición.
6) De la estrategia del año 2000 en adelante que consistía en universalizar el uso de medicamentos a renovado target bajo la definición laxa de variados factores de riesgo, sobre todo cardiovascular, se ha pasado a fijar la atención en unos pocos medicamentos y una lista exigua de enfermedades cuyo tratamiento se enfocará mediante medicamentos de muy alto costo. De ahí los pagos cada vez más selectivos, con profesionales clave que reciben un porcentaje alto del total de transferencias de valor.
7) A lo publicado siempre hay que añadir lo que profesionales reciban a través de Sociedades Científicas, ya que no conocemos el desglose de los importes que estos grupos reciben. Es algo sobre lo que hemos llamado la atención también siempre desde NoGracias.
8) Los sistemas de transparencia, control y evaluación que tiene la Administración a tal respecto son escasos e ineficaces. La falta de regulación no revela desinterés sino precisamente el interés de que las cosas sucedan en este sentido.
9) Las posibilidades de que este fenómeno sea enfrentado son también, por lo visto hasta ahora, escasas. La prueba es que cabría esperar que un día después de la publicación de este artículo los cimientos del sistema sanitario se quebraran y una crisis de reputación lo amenazara. Nada pasa porque todo está diseñado para que nada pase. Queda solamente poco menos que hacer que, como el meme de Michael Jackson, sentarse a comer palomitas y a ver la película de cómo la industria con su influencia va corroyendo poco a poco el sistema y la confianza en torno a éste. Luego los profesionales sanitarios se rasgan las vestiduras y expresan su indignación más o menos fingida cuando los pacientes se echan en brazos de las pseudociencias o las teorías conspiranoicas.
10) Aun reiterando las alabanzas al artículo comentado cabe reparar en que la comprensión honesta del fenómeno de la influencia pasa por reconocer que la simple constatación de las cifras no provoca modificaciones relevantes ni en la conciencia ni en el comportamiento de los actores. Es lo que se podría denominar una “anestesia de cifras”: son ya tan disparatadas y reiteradas las cantidades que se reciben que ya “no nos hacen daño”. Este fenómeno se inserta también en un contexto institucional y administrativo: vemos tanta podredumbre y corrupción en tantos ámbitos de la Administración y de la vida social que ya un poco más… Hace falta algo más para activarnos y, aunque no es sencillo proponer el qué, me parece claro que un primer paso es la identificación de los profesionales sanitarios que reciben esas grandes cantidades para tener una información completa. Como siempre dice la industria a través de sus profesionales pagados: nosotros solamente informamos de los productos, para que los profesionales cuenten con toda la información y decidan con su criterio. Pues justamente lo mismo: queremos solamente la información completa. Si el artículo comentado se despedía prometiendo que publicaría los nombres si los 10.000 lectores de la revista lo pidieran: aquí va la primera petición de las 10.000. 9) Me han encantado las expresiones que acuña el autor y que ha creado para ponerle palabras a conceptos o clasificaciones: “lluvia de pagos”, “KOL con dueño”, “KOL diamante, oro, plata y bronce”… son mis favoritas. Los rigores del activismo no están reñidos con la estética ni con lo literario. Gracias.
[1]. Doctor en Medicina, médico general rural jubilado, Equipo CESCA, Madrid, España.
[2]. Especialista en Medicina Interna, médico rural jubilada, Equipo CESCA, Madrid, España.
Revista Nº 31 JUNIO 2024
La irracionalidad del mercado de medicamentos
Respecto a los medicamentos, hay un gran comprador, el Sistema Nacional de Salud (SNS), que, según la teoría económica, debería tener un gran poder para conseguir el mejor producto al mejor precio.
El mercado farmacéutico, en los países con sistema sanitario público de cobertura universal, es casi un monopsonio, una estructura de mercado en la que hay varios oferentes (vendedores) pero existe un único comprador (demandante), lo que hace que el demandante posea el control sobre los precios de los productos.
Lamentablemente, la situación es exactamente la contraria y el SNS compra frecuentemente medicamentos nuevos sin ventajas sobre los anteriores y, en general, a un precio muy por encima de “precio de coste” (hasta cien veces).
La apariencia es casi de extorsión, de abuso por parte de las industrias farmacéuticas que imponen productos y precios sin relación a necesidades de pacientes y poblaciones sino en una lógica de pura avaricia, de beneficio y lucro para sus accionistas.
La situación es universal y lleva a la negación del acceso justo a medicamentos imprescindibles para cientos de millones de humanos en países empobrecidos y al “desabastecimiento” de medicamentos baratos y eficaces, que no interesa producir, en países enriquecidos (1).
¿Cómo se logra esta distorsión del mercado que provoca daños al SNS, a los pacientes y a la Humanidad?
Los mecanismos son múltiples, desde las políticas de patentes al cabildeo rampante en los organismos de decisión, pero en este caso nos interesa el papel de la corrupción insidiosa que introducen los pagos de las industrias farmacéuticas a los médicos y a sus sociedades. Lo llaman “transferencias de valor”, con las que se abonan gastos de “formación e investigación”, desde viajes a informes, pasando por la realización de ensayos clínicos y elaboración de normas y guías clínicas. Incidentalmente, conviene hacer notar que en el caso de otros funcionarios de la Administración tales pagos serían considerados como cohecho, un delito penado hasta con cárcel. Las “transferencias de valor” no se hacen al azar sino en relación con la codicia de los accionistas de las industrias farmacéuticas, que se centran en determinados productos, los más rentables. Para introducirlos, los pagos se concentran en médicos y en sociedades “científicas”,) que tienen capacidad de influir en el proceso. Se pone el dinero, “la bolsa”, por encima de la vida, literalmente.
Los líderes de opinión (KOL, key opinion leaders) tienen capacidad de influir en otros colegas, la Administración y la población (como “expertos” en los medios de comunicación), y participan como ponentes y moderadores en congresos, tertulias, cursos, encuentros, reuniones, comidas de trabajo, elaboración de guías y protocolos clínicos, declaraciones, establecimiento de definiciones, clasificaciones y estándares, etc.
Las “transferencias de valor” pagan esa capacidad de influencia que se traduce al final en ventas, tanto por su influjo en los altos órganos de decisión, en el Ministerio y Consejerías de Sanidad, como por su impacto en la trabajo diario de miles de médicos clínicos “de a pie” y por su efecto en la sociedad y en los pacientes.
Se pretende “obtener perdón” de tanta confusión con la simple “confesión” de la declaración de conflictos de interés, como si tal declaración llevara a la absolución. Para hablar en términos católicos: la declaración de conflictos de interés no conlleva arrepentimiento ni sensación de culpa. Es una confesión meramente rutinaria, sin propósito de enmienda ni de reparación del daño. Tal declaración incluso puede dar la impresión de transparencia e inocencia, de pureza y de superioridad moral y altura de miras.
Para cumplir con su finalidad, al menos debería conllevar un plan de “manejo” para limitar daños (2) Y lo honrado es evitar, no declarar, los conflictos de interés.
Frecuentemente, quienes reciben pagos de las industrias farmacéuticas no ven ningún conflicto de interés en ello pues todo se justifica con la “formación continuada” y el supremo interés del paciente al que se cree atender mejor con lo más nuevo y más caro. Hay una ceguera profesional interesada que convierte lo sucio en limpio y lo turbio en claro, y así se llega a ver al colega que dice “no gracias” como obsoleto y negacionista, como anti-sistema.
En palabras de un médico prescriptor de base.
Respecto a las publicaciones (3, 4) y a la charla (5)de Ángel Ma Martín Fernández-Gallardo, aparte de los datos, que son muy ilustrativos de lo que ocurre, creo que conocen la situación la mayoría de médicos más o menos vinculados con la industria farmacéutica (aunque sólo sea como asistentes a algún congreso esporádico).
Los casi 90.000 médicos, que en dichas publicaciones y charla se denominan “peones”, saben bien que normalmente para que te inviten a ir a un congreso hay que hacer “méritos”.
Si no tienes relación personal con el visitador correspondiente y sabe de tus hábitos de prescripción se puede dar una conversación del tipo:
“Estoy interesado en ir al Congreso/Reunión Z”.
“Por mi parte estaría encantado de invitarte, pero ya sabes que me lo tiene que autorizar el responsable de zona. Este año se está promocionando, tenemos mucho interés, en X (antidiabético, vacuna, antihipertensivo, hipolipemiante, broncodilatador, antineoplásico, para menopausia, etc). Y si lo estás prescribiendo, o más o menos haces intención, se te puede invitar, y si no, pues no”.
La industria farmacéutica sabe perfectamente nuestras prescripciones y para ser “cuidado” por ella hay que adorarla recetando los medicamentos que se promocionan, generalmente los nuevos y más caros. A los médicos aún no prescriptores a menudo se les invita para vincularlos.
En muchos casos se logra transmitir la idea de que nuevo y más caro es mejor que conocido y barato, idea que comparten médicos prescriptores y líderes de opinión (y la sociedad). Todo parece limpio y honrado, todo parece que forma parte del circuito que promueve la Administración para que las industrias se hagan cargo de la formación continuada.
Y, cuestión importante, a todas estas actividades y encuentros de propaganda (“de formación”, dicen) se suele asistir con permiso retribuido por el SNS. Es decir, pagamos para que nos engañen pues tal actividad formativa es, en realidad, deformativa y sirve puramente a intereses comerciales (6).
Sucede lo mismo con los miles de ensayos clínicos en España (de gran elegancia interna pero de gran irrelevancia externa), un despilfarro de recursos públicos pues se ponen pacientes y pruebas del SNS a disposición de los intereses de las industrias farmacéuticas, como parte de su maquinaria de propaganda (7). España es líder en Europa en ensayos clínicos, pero la mayor parte no se publican nunca, y este entramado sugiere falta de rigor y de responsabilidad de la Agencia Española del Medicamento, que no defiende el mejor interés de los pacientes y del SNS. Además, permite pensar que la proliferación de ensayos clínicos es más una estrategia de promoción comercial que de investigación clínica donde se pone por delante “la bolsa” (de los accionistas) que el bienestar y la vida (de los pacientes participantes) (8).
Los ponentes, moderadores, docentes, etc. (los líderes de opinión), aparte de estar normalmente asociados a la sociedad “científica” organizadora, se les incentiva y vincula fácilmente. Por ejemplo, invitación al congreso/actividad en plan VIP de viaje, alojamiento y manutención y fuerte pago por “actuación”, que si se alinea con los intereses de la industria concreta puede ir seguida de otras actuaciones. Así, es frecuente que si se da una charla/conferencia/ponencia en relación a un determinado producto (vacuna, antidiabético, antibiótico, anticuerpo monoclonal, estatina, anticoagulante, etc.) y si te muestras convencido y transmites el mensaje que quiere la industria, puedas dar la misma charla en muchas ocasiones y en muchos ámbitos, con la consiguiente rentabilización (y si no coincides con los intereses de la industria, das una charla y a casa, se olvidan de ti).
Creo que también la industria farmacéutica influye mucho a través de facilitar los temas curriculares, méritos académicos, que luego servirán para oposiciones, traslados, carrera profesional y demás. Tanto facilitando la asistencia a cursos acreditados, como para presentar comunicaciones orales/escritas en congresos, dar charlas, ponencias, publicar en revistas de prestigio, participar en proyectos de investigación, etc.
Además, claro, el hecho de la socialización, el sentirte parte de una profesión y un colectivo que muchas veces maltratan las instituciones, la fuerza emocional de los re-encuentros, la recompensa intelectual de “estar al día”, las actividades lúdicas, “el follar fuera de casa”, etc.
Y respecto a los departamentos de la industria farmacéutica de “Relaciones Institucionales” es impresionante cómo secuestran al regulador. Supongo que sabes que en muchas ocasiones la industria farmacéutica es la que financia actividades institucionales (Consejería, Gerencias, Parlamentos, Institutos, etc.) relativas a programas de calidad, reuniones, encuentros y demás.
En fin, todo bien planificado y engrasado”.
En palabras y datos de Juan Simó
Entre los miles de médicos insignificantes se camuflan los influyentes “key opinion leader” KOL, que reciben pagos generosos de las farmacéuticas por trabajos varios, entre los que destaca convencer a sus colegas insignificantes de lo bueno de usar determinados fármacos.
“La inmensa mayoría de quienes reciben pagos destacados son jefes de servicio o de sección y/o profesores universitarios de medicina del sector público y privado. Parece que algo se nos está yendo de las manos y una fosa séptica se va llenando en los sótanos de nuestros centros sanitarios y facultades que algunos intentan justificar de forma penosa”.
“El chapapote del conflicto de intereses no sólo nutre la fosa séptica de centros sanitarios y facultades, también alcanza a la administración sanitaria. Algunos piensan que el prestigio es el antídoto del conflicto de intereses: «Es posible que haya un potencial conflicto de intereses como investigador, pero mi prestigio como tal es superior» (9). Sin embargo, probablemente ocurra lo contrario: el conflicto de ‘interes€€€€s’ atenúa el prestigio y hasta puede erradicarlo”.
Juan Simó lo demostró con datos en 2019 (10) y lo tituló: “Médicos pagados por la industria: influyentes camuflados entre insignificantes que se parten la cara por los influyentes”.
Sí, el problema es universal y no restringido a los médicos y sus sociedades “científicas”
La cuestión de las transferencias de valor es universal, y por ello es universal el interés por su resolución. No obstante, en España la corrupción es espectacular; por ejemplo, el pago de las industrias farmacéuticas por médico en España es casi 8 veces lo que en el Reino Unido. Incluso los pagos por consultoría son casi 5 veces más en España que en Suecia (11).
Carecemos de datos sobre pagos a otros profesionales sanitarios, como enfermeras, dietistas y psicólogos y sus sociedades “científicas”. Faltan datos, también, sobre transferencias a políticos, economistas de la salud y otros “no sanitarios” con extraordinaria influencia pública.
Por ahora tenemos datos sobre los pagos a médicos y a sus sociedades “científicas” de las industrias farmacéuticas, pero carecemos de algo parecido respecto a las industrias tecnológicas. Estas tienen un peso creciente, tanto en la tecnología en sí (aparatos y productos sanitarios) como en las aplicaciones de lógica digital (desde sistemas de automatización a la “inteligencia artificial”). Por citar algunas entre el primer apartado: Medtronic, Abbot, Stryker, Philips, Roche, Siemens, Boston Scientific, Johnson/Johnson, etc. En el segundo apartado: Google Health/DeepMind, IBM Watson Salud, Augmedix, CloudMedX Health, Babylon Health, etc. ¿Qué dinero desembolsan en transferencias de valor?
Tampoco tenemos datos sobre “transferencias de valor” a periodistas y “expertos en comunicación científica”, ni a sus medios (privados y públicos).
En este campo se incluyen los pagos a “influencers” en las Redes, muy importantes en las campañas de “disease mongering”, de promoción de enfermedades, que inundan los medios formales e informales y crean ruido para favorecer la prescripción de determinados medicamentos, como testosterona (síndrome por déficit), nirsevimab (bronquiolitis), vacuna del herpes zóster, etc.
Una cuestión relevante es el de las transferencias de valor a las asociaciones de pacientes (12), hoy determinantes en la extorsión en el mercado de medicamentos y tecnologías.
Conclusión
El SNS es un gran comprador que no ejerce su poder de compra sino que acepta la extorsión de los vendedores. Tal extorsión no sería posible sin un ejército de médicos corruptos que emplean su poder de influencia para lograr cumplir con la codicia de los accionistas de las empresas farmacéuticas, y otras.
Industry funding of patient organisations in the UK: a retrospective study of commercial determinants, funding concentration and disease prevalence https://bmjopen.bmj.com/content/13/6/e071138
Médico de Familia. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOM de Toledo y vocal de la Comisión Nacional de la OMC. Vicepresidente del Confederación Latino-Iberoamericana de Entidades Médicas (CONFEMEL). Expresidente de la OMC y de la AAJM.
Revista Nº 31 JUNIO 2024
No puedo por menos que manifestar mi enorme satisfacción tras leer detenidamente el minucioso trabajo de investigación de Ángel María Martín Fernández-Gallardo que publica el número de mayo de 2024 de la revista Acceso Justo al Medicamento, titulado “Multinacionales farmacéuticas introducen sus medicamentos en el SNS a golpe de talonario”. En él disecciona los pagos efectuados a los médicos por las 18 grandes compañías farmacéuticas. Lo primero es agradecer el enorme trabajo desarrollado por el autor. Es tan meticuloso como infrecuente en nuestro mundo profesional, a pesar de la importancia y trascendencia de su contenido, tanto para la salud de los pacientes como del Sistema Nacional de Salud. Aunque son muchas las sensaciones y reflexiones que produce su lectura. Quería referirme brevemente a la salud ética y, por supuesto, moral de nuestra profesión, que ha normalizado la relación de interés económico con la industria farmacéutica, condicionando sus decisiones terapéuticas en función del dinero que recibe de la misma y elevando a categoría de normal lo que simplemente es corrupción. Corrupción conocida y tolerada por nuestras administraciones que no poner coto ante la situación que se desprende del trabajo.
Aunque sea un gesto repetido rutinaria y frecuentemente en tantas ocasiones, cuando el medico prescribe un medicamento se retrata a sí mismo como agente moral, es decir, como un ser libre y responsable. Por ello, el Código de Ética y Deontología Medica (CEDM) es contundente en el Art. 20.2 cuando exige que el médico debe disponer de libertad de prescripción respetando la evidencia científica, las indicaciones autorizadas y la eficiencia. Pero esa libertad viene exigida por el derecho del paciente a recibir un tratamiento que compagine los criterios de eficacia y calidad con el uso equitativo de los recursos disponibles. No puede el médico adulterar la libertad de prescripción y vender su buen juicio clínico y sus deberes de justicia a cambio de un incentivo financiero, proceda de la industria o de la misma organización en que trabaja. Queda muy claro en el artículo 20.3 del CEDM que es contrario a la Deontología Médica solicitar o aceptar contraprestaciones a cambio de prescribir un medicamento o de utilizar un producto sanitario.
Tal conducta corruptiva constituiría una ofensa a la dignidad de toda la profesión, ya que puede dar pie a que el público pueda sospechar difusamente de la integridad de todos los médicos. Como ocurre en el caso que nos ocupa. Cuando un médico prescribe medicamentos a un paciente o cuando ofrece información a otros colegas en formación o que tienen en alta consideración su información, no se puede separar libertad de responsabilidad, independencia de prudencia y sensatez de juicio.
El médico debe situar su compromiso con el paciente en el lugar principal y primigenio de sus preocupaciones con el fin de prestar a sus pacientes el mejor servicio de que sea capaz, al dictado de su competencia profesional y conciencia. En consecuencia, el médico no puede corromper su independencia profesional con ningún otro interés que no sea la mejor atención al paciente y, en segundo lugar, al menor coste posible para el SNS. Esa independencia es, sobre todo, un derecho de los enfermos, que deben ser atendidos por un médico competente, concienzudo e impenetrable por las influencias o compra de voluntad de la industria farmacéutica, tecnológica o cualquier otro agente, provengan de donde provengan.
El artículo de Ángel María nos pone ante el espejo para recordar que el médico tiene derecho a libertad de prescripción, pero no para ventaja o provecho propios, sino para mejor responder a las necesidades de su paciente. El médico debe ejercer su libertad con recta conciencia, lo que supone estar siempre dispuesto a dar razón de sus decisiones, de un modo sincero, transparente, fundado y objetivo. No sé si podrán hacerlo eso cientos de profesionales de la medicina que se han beneficiado económicamente del favor de las multinacionales farmacéuticas. Gracias de nuevo.
Mariana Mazucato insiste de nuevo, como en anteriores artículos recogidos en la revista, en la necesidad de considerar a la salud como una prioridad transversal en la formulación de políticas de bienestar con el objetivo de Salud para Todos.
Señala, por ejemplo, como la innovación en vacunas y medicamentos debe considerarse un bien común y que por tanto los gobiernos están obligados a establecer condiciones más rigurosas para las empresas farmacéuticas y de tecnología sanitaria, para así asegurar que los productos y servicios estén disponibles de forma general y sean asequibles a toda la población.
Dar forma a nuestras economías para que reflejen el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de «salud para todos» es crucial para prevenir, o al menos responder más rápido a las futuras pandemias. Pero el éxito requerirá un nuevo pensamiento económico y esfuerzos para alinear los objetivos de política sanitaria, económica, social y ambiental.
GINEBRA – El mundo necesita urgentemente un nuevo marco global que haga hincapié en la equidad y se base en las lecciones de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a medida que la Asamblea Mundial de la Salud se pone en marcha, el hecho de que los estados miembros no cumplan con la fecha límite para un acuerdo pandémico se agranda. Aún así, la reunión de este año ofrece algo de esperanza, porque los estados miembros votarán una resolución sobre la «Economía de la Salud para Todos», que está profundamente conformada por el trabajo del Consejo de Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud.
Si se aprueba la resolución, la OMS tendrá el mandato de comenzar a implementar las recomendaciones del Consejo a través de su trabajo con los Estados miembros. Haciendo hincapié en los vínculos entre la salud y la economía, identifican los pasos específicos que la organización y los gobiernos pueden tomar para establecer la salud y el bienestar como una prioridad transversal en la formulación de políticas. El Consejo pidió a los gobiernos de todo el mundo que invirtieran en salud para todos y organizaran sistemas económicos que valoren, financien, innoven y desarrollen capacidad para lograr este objetivo.
Dar forma a nuestras economías para que reflejen el objetivo de la salud para todos es crucial para prevenir, o al menos responder más rápidamente a las futuras pandemias. Pero requiere alinear los objetivos de la política sanitaria, económica, social y ambiental. Si bien son los ministros de salud los que votarán en esta asamblea, no deben ser vistos como los únicos responsables. La salud para todos requiere un enfoque de todo el gobierno, y especialmente la atención de los ministros de finanzas y política económica.
Esto es especialmente cierto hoy en día. La resolución insta a los Estados miembros a que enmarquen el gasto en salud como una inversión a largo plazo, no como un coste a corto plazo. Pero la austeridad ha vuelto a muchos países, amenazando a los presupuestos de salud que ya están bajo la presión de los costos del servicio a la deuda y a la inflación. Esto no es simplemente un punto. Las inversiones en salud son, de hecho, impulsores del crecimiento a largo plazo. La métrica entre la deuda y el PIB es una relación en la que: si los gobiernos se centran en reducir la deuda (el numerador) y evitan las inversiones que promoverán el crecimiento futuro (el denominador), la relación no disminuirá, e incluso puede aumentar.
Afortunadamente, la política industrial está de vuelta a favor en todo el mundo, ofreciendo a los gobiernos la oportunidad de orientar sus estrategias de crecimiento en torno a la salud y otras prioridades críticas. En lugar de centrarse en sectores o tecnologías seleccionadas, una estrategia industrial moderna debe centrarse en misiones sociales y ambientales audaces, que luego catalizarán la inversión, la innovación y el crecimiento en todos los segmentos relevantes de la economía.
Como subrayó el Consejo que dirigí, la innovación se basa en la inteligencia colectiva; no emerge espontáneamente de una sola empresa. En todo el mundo, la innovación en salud se beneficia enormemente de la inversión pública. Las vacunas de ARNm contra la COVID-19 fueron apoyadas por alrededor de 31.900 millones de dólares en inversión pública de EE. UU., y representa solo un ejemplo entre muchos.
Sin embargo, a menos que la innovación se rija por el bien común, es posible que los beneficios no se compartan ampliamente. Para garantizar un intercambio adecuado de riesgos y recompensas, necesitaremos un nuevo enfoque para la colaboración público-privada. Los gobiernos deben establecer condiciones más fuertes para aquellos que buscan apoyo público para la innovación en salud, sobre todo exigiendo que los productos y servicios de salud resultantes estén ampliamente disponibles y sean asequibles.
El problema es que el cabildeo de la industria farmacéutica sigue limitando la fuerza de estas condiciones. En las negociaciones en curso sobre el tratado sobre la pandemia, por ejemplo, los intereses especiales han logrado bloquear medidas importantes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.
Como he argumentado anteriormente, estos derechos no deben estructurarse para proteger los beneficios del monopolio, o para inhibir el acceso a innovaciones vitales para la salud, por ejemplo, bloqueando la producción oportuna y asequible, o reteniendo las transferencias de conocimiento y tecnología. En una emergencia sanitaria como una pandemia, todos, y todas las economías, sufren en última instancia si el acceso equitativo a las pruebas, las vacunas y los productos de salud que salvan vidas no es una prioridad. En el caso de la COVID-19, se estima que 14 millones de personas murieron y la economía mundial perdió alrededor de 14 billones de dólares.
La negociación del acuerdo sobre la pandemia pone de relieve la necesidad de diseñar instrumentos políticos de una manera orientada a la misión: si el objetivo es prevenir amenazas catastróficas para la salud, entonces el acuerdo debe estar orientado en torno a este objetivo. Y eso significa hacer hincapié en la equidad. Esto también es cierto para el diseño de las finanzas globales. Los países de ingresos bajos y medios necesitan espacio fiscal para hacer inversiones críticas en salud. El acuerdo sobre la pandemia hace alguna referencia a la importancia de las medidas de alivio de la deuda, pero se requiere un compromiso mucho más fuerte, en línea con las demandas de la Iniciativa Bridgetown, encabezada por la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, para reformar los bancos multilaterales de desarrollo y garantizar que los países tengan acceso no solo a la cantidad correcta, sino también a la calidad correcta, de la financiación, y no se vean obstaculizados por la deuda insostenible de hacer inversiones críticas a largo plazo en salud, clima y prioridades económicas.
La pandemia puede estar disminuyendo, pero el mundo todavía se enfrenta a múltiples crisis interrelacionadas relacionadas con la salud, el clima y la creciente desigualdad dentro y entre los países. Además, no estamos aprendiendo de las lecciones de los últimos cuatro años. El cambio climático garantiza que los brotes sean más frecuentes, sin embargo, la financiación para la preparación y la respuesta a las epidemias sigue siendo insuficiente.
En lugar de perseguir el crecimiento económico independientemente de las consecuencias, deberíamos orientar la actividad económica hacia los objetivos de la salud y el bienestar humanos, y a garantizar un medio ambiente saludable y sostenible. Debemos escapar del pensamiento económico profundamente defectuoso que permitió que la pandemia de COVID-19 se volviera tan mala como lo hizo.
La implementación de una economía de este tipo no es una aspiración de lujo. Es una necesidad si queremos evitar los costos humanos (y económicos) de otra pandemia. Más allá de la adopción de la resolución, esto requerirá el liderazgo de la OMS y los delegados de los Estados miembros. Si la salud para todos se va a convertir en una prioridad, como debe ser, debe reflejarse plenamente en el diseño de las estructuras de finanzas públicas y las políticas económicas, industriales y de innovación.
Un estudio demuestra la “red de intereses” que tejen las multinacionales farmacéuticas a través de los pagos que realizan a los profesionales sanitarios. En 2022, 2.789 profesionales sanitarios recibieron cantidades superiores a 5.000 euros de una única empresa.
Excelente artículo de Sara Plaza donde comenta el informe de Ángel María Martin aportando interesantes, comentarios y reflexiones.
Lo llaman “transferencias de valor” cuando podrían llamarle “red de intereses”. Un nuevo estudio, realizado por Ángel María Martín Fernández- Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), demuestra cómo, con «precisión quirúrgica”, las 18 principales farmacéuticas que operan en el Estado reparten dinero a profesionales sanitarios con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud.
En total, y sirviéndose de los datos de 2022 que hace públicos Farmaindustria, estas empresas repartieron 103 millones de euros entre más de 90.000 profesionales sanitarios por conceptos como la asistencia a congresos o pagos por servicios realizados que, “en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional y el valor que tenga ese profesional para su interés terapéutico estratégico”, varían desde el coste de una comida hasta decenas de miles de euros por servicios que le haya realizado.
Y, detrás de estos pagos, unas figuras: los líderes de interés, conocidos como KOL (su acrónimo en inglés), personajes con “influencia, prestigio y credibilidad”, normalmente médicos, que expanden los mensajes entre sus compañeros, en palabras de Martín. Son “referentes” que extienden su capa de influencia entre los más de 90.000 profesionales que viven en casi 2.000 localidades que abarcan el 74% de las zonas de salud, donde vive el 87% de la población de España, tal y como se recoge en el estudio.
“En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales que reparten de manera muy selectiva”.
“Las multinacionales farmacéuticas tienen una extensa red social trabajando a pleno rendimiento en función de su interés terapéutico y para ello se sirven de toda una red de más de 90.000 profesionales”, explica a El Salto el autor del estudio. Este análisis demuestra que en España hay 2.789 profesionales sanitarios líderes de opinión que recibieron pagos superiores a 5.000 euros de alguna de estas multinacionales. Además, 856 profesionales sanitarios recibieron más de 15.000 euros de todas las multinacionales farmacéuticas hay nueve que cotizan por encima de los 100.000 euros que reciben un pago medio de las farmas de 147.614 euros.
El autor del informe contextualiza qué significan estas cifras: “En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros, según el INE en 2022. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales, igual al salario anual de 2.750 profesionales sanitarios que reparten de manera muy selectiva”.
Obligación de transparencia
Pero, ¿de dónde parten estas cifras? En junio de 2013, y con la intención de mejorar en transparencia en este área, se aprobó el Código de divulgación de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) que obliga a todas las empresas miembro de la EFPIA a divulgar las transferencias de valor y los pagos realizados a profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias en concepto de donaciones, actividades formativas, prestación de servicios e investigación y desarrollo correspondientes al año anterior. En 2016, la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reconoció el interés general de la publicación de las transferencias de valor de forma individual, estableciendo que ya no será necesario que cada profesional firme un consentimiento.
“En España, las 18 empresas pertenecientes a Farmaindustria publican el montante que han destinado a pagar a cada médico, dando los datos del médico, nombre completo, lugar de trabajo, dirección, localidad y país”, explica el vicepresidente de AAJM, quien ha cruzado los informes de las 18 farmas para elaborar la investigación.
En cuanto al montante aportado a los líderes de opinión, destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones.
Con respecto al montante aportado a los líderes de opinión por estas empresas destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones. Entre las cuatro acumulan el 42% del importe total que reciben los líderes de opinión que se embolsaron más de 15.000 euros al año.
Y, en cuanto a especialidades, los pagos se realizan con una precisión quirúrgica, siendo las áreas más remuneradas oncología médica, hematología, dermatología y reumatología, las cuales representan solo el 6% de los especialistas del Sistema Nacional de Salud, pero aportan el 50% de los líderes de opinión. “¿Alguien puede creer que sea fruto del azar que el 18,5% del gasto farmacéutico hospitalario sea en oncología y el 11,5% en hematología, y que la inversión de las multinacionales farmacéuticas en líderes de opinión de oncología y hematología sea también del 18,6% y el 11,6%?”, se pregunta el autor del estudio.
Otro dato que demuestra la dirección de sus dádivas: solo 22 enfermedades concentran el 74% de los líderes de opinión que han ganado más de 15.000 euros al año, mientras que la clasificación internacional de enfermedades CIE11 de la OMS recoge 17.000. “Eufemísticamente lo llaman transferencias de valor, pero es evidente que es una inversión en valores, acciones de un mercado de valores muy selectivo que les reporta un suculento beneficio económico”, asegura Martín.
Desde la AEMP hasta los hospitales públicos
Una red de influencias que llega hasta la propia AEMP, tal y como analiza el informe. “El 10% de los asesores externos de la AEMP, que son 311 expertos, son líderes de opinión y han recibido más de un millón de euros en un año”, explica Martín.
El análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen.
Además, el análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen. El Hospital Clínic, el Vall de Hebrón, el Ramón y Cajal, el Doce de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón encabezan la lista, dos de Barcelona capital y cuatro de Madrid capital, que con 189 profesionales acumulan el 22% de todos los líderes de opinión que han recibido pagos superiores a 15.000 euros y, con 6,1 millones de euros, el 24% de los pagos.
No en vano, según el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre el estado de la Atención Especializada, el gasto farmacéutico es la partida que más ha aumentado en los servicios hospitalarios. Así, entre el 2014 y 2019 el aumento fue de 44,3%, y entre 2014 y 2023 del 86,19%. Entre los factores detrás de este gran aumento, desde FADSP apuntan al envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la introducción de nuevos fármacos con un alto precio.
Para Martín, la clave está en mejorar la transparencia mediante declaraciones de intereses: “El Ministerio de Sanidad debería exigir a los profesionales que declaren todos los intereses y hacerlos públicos. Y esta labor no la debería de hacer la industria farmaceútica, tendría que ser una labor pública. Así, cualquier ciudadano podría conocer los pagos que la industria le está haciendo al médico que quiera y no tendría que hacer una minuciosa labor de recopilación como la que he hecho yo”, zanja.
En un diálogo académico histórico organizado por el Centro del Sur, expertos y formuladores de políticas se reunieron para discutir el enfoque innovador de Argentina para frenar la perennidad a través de rigurosas pautas de examen de patentes.(1) Esta práctica de otorgar patentes “secundarias”, que extienden los monopolios de mercado para las compañías farmacéuticas al cubrir formas alternativas de moléculas conocidas o nuevos usos médicos, se ha visto significativamente limitada en Argentina, sentando un nuevo precedente global.
Aspectos destacados clave de la discusión
Cambio en el examen de patentes después de 2012
El Prof. Ken Shadlen de la London School of Economics presentó su investigación, destacando un cambio dramático en las prácticas de examen de patentes de Argentina desde 2012. Su análisis de las solicitudes de patentes y sus resultados mostró que las directrices de Argentina han sido muy efectivas para reducir el número de patentes secundarias. Antes de 2012, las patentes farmacéuticas se concedían más fácilmente. La introducción de nuevas directrices ha dado lugar a una mayor tasa de rechazo de patentes secundarias, alineando la práctica jurídica con los objetivos políticos.
Estrategias multinacionales e impacto local
El Prof. Carlos Correa, director ejecutivo del Centro Sur, detalló cómo las compañías farmacéuticas multinacionales a menudo utilizan bosques de patentes y marañas de licencias para bloquear la competencia. Estas estrategias implican obtener múltiples patentes sobre una sola molécula para extender sus períodos de monopolio. Las directrices políticas de Argentina, desarrolladas para contrarrestar estas prácticas, han sido cruciales para mitigar su impacto.
Un caso importante involucró a BMS, que tenía una patente para una formulación de didanosina de liberación lenta e intentó impedir que el Ministerio de Salud argentino importara el medicamento. Esto motivó una investigación sobre las solicitudes de patentes, que reveló un gran número de patentes perdurables. Las directrices resultantes, basadas en las recomendaciones de la OMS y la UNCTAD, se adoptaron en 2012 para prevenir tales prácticas.
Impacto de las Directrices
La investigación del profesor Shadlen encontró que el 63% de las patentes en su conjunto eran patentes primarias, mientras que el 37% eran aplicaciones secundarias. Las directrices dieron lugar a una reducción significativa de las patentes secundarias, con una alta tasa de rechazo y muchas solicitudes abandonadas o retiradas. Esto ha permitido una mayor competencia genérica una vez que expiran las patentes primarias.
Consideraciones futuras e implicaciones internacionales
Juan Correa, del Instituto Max Planck de Innovación y Competencia, destacó la importancia de los lineamientos argentinos para el acceso a medicamentos y la producción local. También planteó dudas sobre el impacto potencial de que Argentina se una al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El Profesor Shadlen sugirió que, dado que las directrices están bien integradas en las prácticas de la oficina de patentes, el PCT probablemente tendría un impacto limitado en el examen de las patentes farmacéuticas.
Peter Maybarduk de Public Citizen enfatizó la importancia global del enfoque de Argentina. Señaló los paralelismos con los esfuerzos estadounidenses por negociar los precios de los medicamentos y sugirió que Estados Unidos podría beneficiarse de directrices similares. En particular, el informe Especial 301 de Estados Unidos no ha criticado las directrices de examen de patentes de Argentina por primera vez en más de una década.
Conclusión
Las rigurosas directrices de examen de patentes de Argentina han establecido un nuevo estándar en la lucha contra la perennidad, asegurando que el sistema de patentes fomente la innovación sin sofocar la competencia. Han abierto oportunidades para que las industrias locales proporcionen medicamentos asequibles, lo que demuestra un modelo exitoso para otros países. El diálogo en el Centro del Sur subraya la importancia de la cooperación internacional continua y la innovación de políticas en propiedad intelectual y salud pública.
La lectura de este breve artículo donde se recogen las palabras de Jonás Salk en su entrevista con Murrow, donde a la pregunta de este último sobre la posible patente de la polio responde de forma categórica: “acaso se puede patentar el sol?” nos ha vuelto a recordar la importancia y sencilla verdad que encierran . Por ello hemos decidido incluir este texto como homenaje a una postura de una humanidad insobornable y para recordar que otros caminos son posibles.
La gente, diría yo. No hay patente. ¿Podrías patentar el sol?» Esta fue la reacción de Jonas Salk durante una entrevista de 1955 cuando Edward R. Murrow le preguntó sobre la propiedad de la patente de la recién inventada vacuna contra la poliomielitis. Casi 70 años después, en 2024, esta respuesta sigue sorprendiendo a las nuevas generaciones e inspirando el cambio.
La pregunta del entrevistador también es sorprendente: «¿Quién es el propietario de la patente de esta vacuna?» Murrow no preguntó si alguien tendría una patente sobre este invento. La forma en que se enmarca esta pregunta transmite un aire innegable de naturalidad. Se basa en lo que el entrevistador percibió que era una suposición lógica: «Si hay un invento potencialmente rentable, entonces, por supuesto, alguien ya tiene derechos exclusivos sobre él».
Al ver la grabación de la entrevista, está claro que Jonas Salk no está de acuerdo con esta lógica. Varias personas podrían detectar rastros de indignación, sorpresa e incluso ironía en su breve declaración. Su memorable respuesta es, de hecho, una curiosa mezcla de estas emociones. Sin embargo, también refleja otros sentimientos que pueden ser particularmente útiles para abordar nuestros desafíos actuales. Hasta el día de hoy, la postura de Salk impresiona con su coraje, desinterés y espontaneidad.
Especialmente relevante es la capacidad de Jonas Salk para reconocer lo absurdo. A pesar de la supuesta naturalidad de la pregunta de Murrow, Salk no se engaña y, de manera desconcertante, señala la incorrección de la pregunta. Después de todo, ¿cómo podría pensar alguien en limitar la producción y el acceso a una tecnología capaz de salvar millones de vidas?
Es precisamente por esta razón que Jonas Salk continúa inspirando a un número infinito de personas e iniciativas en todo el mundo, incluido el trabajo en curso de su propio instituto en los Estados Unidos, varios libros y premios. Además, también ha sido una de las principales inspiraciones para el movimiento Public Pharma for Europe, dando su nombre a una de sus propuestas más prometedoras: el Instituto Europeo Salk, promovido por la organización belga Medics for the People y apoyado por numerosas organizaciones de todo el mundo.
Sin embargo, más que publicar editoriales y nombrar institutos después de él, la única manera de honrar verdaderamente el legado de Jonas Salk es denunciando la inmoralidad intrínseca del sistema de patentes y adoptando una postura intransigente hacia la justicia.
La memoria de Jonas Salk es especialmente relevante en los tiempos actuales, cuando parece que estamos atrapados por una trágica mezcla de falso pragmatismo, desesperación y falta de imaginación. Con pocas excepciones, y sin romper realmente el núcleo de la lógica de Murrow, la visión de nuestros jóvenes, movimientos sociales y académicos parece limitarse a «equilibrar» los sistemas de patentes, reformar las leyes de patentes, «negociar» licencias voluntarias, implementar flexibilidades de los TRIPS, pedir exenciones temporales de propiedad intelectual, enfatizar la necesidad de patentes defensivas e incluso abogar por aumentar el número de patentes originarias en el Sur Global.
Podemos aspirar a mucho más: es importante recordar que no todo está perdido, y la llama de la indignación sigue viva. Siguiendo el ejemplo de Salk y desafiando el mortal consenso neoliberal, Radder y Smiers, por ejemplo, proponen una alternativa concreta: la investigación médica sin patentes. Se ha demostrado que su modelo es científica, social y moralmente preferible. También es económica y financieramente rentable, y sociopolíticamente y organizativamente viable. Su perspectiva proporciona un faro de esperanza, demostrando que con ideas audaces y esfuerzo colectivo, ¡podemos remodelar nuestro futuro!
A medida que nos acercamos al 29 aniversario de la muerte de Jonas Salk el 23 de junio, debemos rechazar inequívocamente la noción de que las innovaciones médicas que salvan vidas pueden ser mercantilizadas y confinadas por patentes. Al adoptar la visión de Salk, podemos esforzarnos por un mundo en el que los avances científicos sirvan a la humanidad en su conjunto, no a los beneficios de unos pocos. Es hora de desafiar y transformar el status quo, asegurando que la próxima generación mire hacia atrás en nuestra era y vea el coraje para poner fin a este absurdo.
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