EDITORIAL. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Jaume Vidal.

Senior Policy Advisor (He/Him). Miembro de la Comisión Editorial de la rAJM.

La 78 Asamblea Mundial de la Salud, cita anual para la discusión y gestión de la Salud Global, se cerró el pasado martes. Como es tradición, han sido nueve días de debates, declaraciones y deliberaciones entre Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros entes activos en la intersección entre salud, diplomacia e intereses comerciales.

Esta vez, uno de los principales actores tanto en términos políticos como económicos no sería parte tangible de las conversaciones. Estados Unidos no participaría por vez primera en las deliberaciones de la principal agencia sanitaria internacional. La retirada estadounidense de la organización forma parte de una estrategia más amplia de repliegue virulento que ha visto a agencias fundamentales como USAID tambalearse y programas vitales como PEPFAR cancelados sin previo aviso a las poblaciones afectadas.

Los principales temas en la agenda, la reforma de la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aprobación del texto acordado del tratado pandémico, tenían implicaciones sustantivas para el para el (posible) futuro de la (OMS) como actor de referencia, con capacidad para responder a retos y desafíos ámbito de la salud planetaria.

El hecho que ambos fueran aprobadas con amplias mayorías podría entenderse como una expresión de apoyo a la organización y su director general en un momento crítico. Sin embargo, también se trataría de una expresión de  interés propio por  parte de Estados miembros y otras organizaciones: la necesidad de perpetuar la creencia que el sistema de gobernanza en salud global construido alrededor de la OMS desde el final de la segunda Guerra Mundial (emulando a la pionera Organización Panamericana de Salud) y complementado muy especialmente desde el final de la Guerra fría y el proceso de globalización neoliberal es aún posible sin la participación (o incluso activa oposición) de uno de sus principales artífices.

Ni el acuerdo pandémico está finalizado (aún queda negociar el protocolo para la gestión e intercambio de patógenos) ni ha quedado resuelta la situación financiera de la organización (los cortes de personal y reorganización de programas se mantienen) con lo que la victoria, a la luz del día, se asemeja a una tregua. A la espera de las nuevas decisiones de Washington, Bruselas y otras capitales acerca de su compromiso (o convicción) con la protección y la promoción global como mecanismo indispensable para la solidaridad entre los pueblos.

Mención aparte merece la estrategia española de elevar su perfil, tras la elección al comité ejecutivo de la OMS, consiguieron la aprobación de una resolución sobre enfermedades raras, la primera en la historia, superando las reticencias de algunos socios y con el apoyo critico de gran parte de la sociedad civil. Pasos importantes que necesitan ser acompañados por acciones tangibles en el ámbito doméstico con la nueva ley del medicamento actualmente en discusión.

• Ascenso y descenso de la evaluación de medicamentos en España

ORIGINAL. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Emilio Jesús Alegre del Rey.

Farmacéutico. Hospital Universitario Puerto Real.

Introducción

Siempre me he sentido orgulloso de la sanidad pública española. Cuando aún era residente del Doce, a principios de los 90, dispensaba los carísimos fármacos del VIH a chavales de zonas muy pobres y eso me hacía pensar que teníamos una sociedad civilizada, solidaria y con capacidad de grandes logros, de los que realmente importan. Mis primeros años en la Atención Primaria andaluza, a finales de la misma década, me permitieron admirar este sistema que pivotaba sobre la prevención, facilitaba diagnósticos tempranos y constituía la piedra angular de un sistema sanitario envidiable.

Sin embargo, desde el cambio de milenio hasta aquí, mientras las innovaciones técnicas han sido notorias y la demanda ha aumentado enormemente por una pirámide de población envejecida, he visto decadencia, inversiones insuficientes y descompensadas y una lenta pero constante degradación de la atención sanitaria, como si no fuéramos capaces de mantener la herencia que tanto costó construir. Esta ponía en práctica una profunda y antigua convicción moral del pueblo español: la atención sanitaria al que no puede pagársela es un deber de justicia, basado en la dignidad de la persona.

Creo que la “Ley de los Medicamentos”[i] es un paso más en este lento declive de la sanidad española. Para cualquier sistema sanitario público, hoy día, es importante incorporar de forma racional —juiciosa, inteligente— los nuevos medicamentos, de forma que sirvan a los pacientes, que se utilicen solo en aquellos que realmente obtendrán un beneficio relevante con su uso y no sean dirigidos sobre todo por la promoción publicitaria, con intereses económicos espurios. La peor ineficiencia resulta de no evaluar, de no gestionar bien, de no invertir selectivamente los recursos que se obtienen con los impuestos de todos.

Pero el mayor temor de una industria farmacéutica miope es precisamente la evaluación. O mejor dicho, más que la evaluación: la toma de decisiones posteriores basadas en ella, el posicionamiento terapéutico, lo que empezó a hacer el NICE ya hace dos décadas con su financiación selectiva y sus esquemas de acceso de pacientes. No han conseguido derribarlo por mucho que lo han intentado, algo que sí hicieron con la evaluación del Infarmed portugués, con la inestimable ayuda de la oposición política[ii].

En este tiempo, he observado que ese sector miope de la industria farmacéutica —no de toda— teme sobre todo dos cosas: (1) la evaluación-posicionamiento post-regulatorio y (2) los informes públicos y no sesgados de coste utilidad. La evaluación y el posicionamiento multidisciplinar exponen la utilidad comparativa de los medicamentos y especifican la población diana que se podría beneficiar de ellos, limitando la influencia promocional. Por su parte, las evaluaciones económicas públicas y transparentes evidencian la injusticia de ciertas pretensiones económicas, a todas luces excesivas. Podrían cambiar el sentido de la presión social, orientándola hacia la exigencia de un acceso justo a aquellos nuevos fármacos que aporten beneficios reales a los pacientes, y dificultando que la negociación de precios se convierta en una imposición unilateral al sistema sanitario público.

 La industria farmacéutica es crucial para Europa y es muy importante cuidarla, pero también es importante establecer unas reglas de juego sanas y claras a favor del bien común,  y mantenerlas en el tiempo con acuerdos políticos. Eso beneficiaría tanto a la sociedad como al desarrollo de la propia industria, cuya base ética y de negocio no puede ser otra cosa que sanitaria. Solo si somos exigentes con los fármacos por los que pagamos, la industria invertirá en lo que realmente nos ofrece beneficio, y eso no es ni la promoción omnipresente, ni los KOL platino[iii], ni nuevos fármacos cuyos informes necesitan mucha cirugía estética para que parezca que aportan algo.

Sin embargo, de vez en cuando los servidores públicos sucumben a la idea mesiánica de que con la industria es mejor aliarse y evitar tensiones. Y es que para el Ministerio de Sanidad y los gestores autonómicos,  sostener una línea clara en política farmacéutica basada en la evaluación, el posicionamiento multidisciplinar, el estudio económico y la financiación selectiva puede ser muy costoso políticamente, por la presión mediática dirigida. La manipulación que se hizo en España a partir del informe W.A.I.T., un análisis simplista —como mostraron nuestros compañeros[iv]— sobre el acceso de los nuevos fármacos al mercado, ya se hizo contra el NICE hace dos décadas —informe del Instituto Karolinska, financiado por Roche[v]—. En Reino Unido suscitó discusiones pero no caló; aquí ha calado porque nuestra política y medios de comunicación presentan un nivel diferente. A nivel político, las ventajas inmediatas de seguirle el juego a la industria son suculentas y aparentemente inocuas, como lo son las ganancias de los KOL —“key opinión leaders” sostenidos económicamente por la industria— a nivel sanitario. Pero siempre hay contrapartidas poco evidentes: la contrapartida política es desactivar la evaluación-posicionamiento y olvidar la publicación de estudios económicos, como se estaba empezando a realizar con los IPT. Eso tiene un coste que impedirá dar respuesta a un reto fundamental, que es incorporar racional y eficientemente los nuevos medicamentos.

Historia profunda de la evaluación de nuevos medicamentos en España

1- Los inicios (1994-1999)

La Ley del Medicamento (1990)[i] de nuestro compañero Joaquín Bonal fue un hito tras décadas de proteccionismo nacional con bajos estándares, porque exigió ensayos clínicos para los nuevos medicamentos. Francia llevaba cerca de dos décadas haciéndolo. Por tanto, en ese momento, el Catálogo de Especialidades Farmacéuticas español estaba plagado de medicamentos carentes de evidencia suficiente —desde reserpina para la tensión hasta triflusal, el antiagregante español, mucho más caro que la aspirina—. El Ministerio/INSALUD reunió a un grupo multidisciplinar de facultativos para hacer la necesaria criba. Conocí a dos de sus miembros, y trabajaron arduamente para presentar su informe: un listado de medicamentos de “Utilidad Terapéutica Baja (UTB)”[ii] o “Valor Intrínseco no Elevado” (VINE) —les sonará a los más viejos, como yo—.

Creo que aquel fue un estimulante principio para la evaluación post-regulatoria en España, pero sucumbió pronto: la industria se lo cambió al Ministerio por una rebaja del 3% en el precio de los medicamentos[iii], a cambio de guardar el listado en un cajón. “Nada nuevo bajo el sol”. Algún miembro de aquella comisión evaluadora no se sometió y filtró la lista; muchos la teníamos fotocopiada con el marchamo de “confidencial”. Pero aquellos medicamentos siguieron prescribiéndose con cargo a la sanidad pública hasta el “medicamentazo”[iv] de Aznar en 1998, absurdamente contrarrestado por Chaves en Andalucía.

2 –Grandes avances en evaluación  (2000-2012)

 Corrían tiempos de apertura; el Ministerio acogía la autocrítica: su revista, Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, evaluaba anualmente los nuevos tratamientos autorizados, reconociendo que cerca de la mitad no aportaban nada[i]. Pero, por dentro, la oposición antievaluadora hacía su trabajo. Dos farmacéuticas elaboraban parcos informes para unas mil especialidades incorporadas al año; su capacidad técnica y criterio eran encomiables, pero el equipo estaba llamativamente infradimensionado. Todo se financiaba. Así seguiría mucho tiempo, con Carlos Lens (2012-2018), hasta que Patricia Lacruz y Dolores Fraga llegaron al Ministerio.

Sin embargo, como muchos gestores y sanitarios entendíamos que no se podía dejar la incorporación de la innovación bajo la influencia de una promoción industrial sin contrapesos, los avances evaluadores se sucedían aguas abajo en el sistema sanitario. Tras el florecimiento, en los ‘90, de la “Medicina Basada en la Evidencia”, sobre todo en atención primaria, y el desarrollo progresivo de las Comisiones de Farmacia amparadas por la Ley del Medicamento en hospitales —buenas leyes ayudan a progresar—, varios grupos profesionales establecieron sistemas bien ajustados para la evaluación post-regulatoria y selección de los nuevos medicamentos. En primaria, el Comité Mixto para la Evaluación de Nuevos Medicamentos (CMEnM), integrado por centros de información de medicamentos autonómicos de elevada competencia científica, elaboraba “fichas de novedad terapéutica” de cada nuevo fármaco, especificando y calificando su utilidad comparativa con el tratamiento habitual[ii]. El grupo GENESIS, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, constituyó un grupo colaborativo donde farmacéuticos de toda España compartían en abierto evaluaciones con un sistema riguroso y estandarizado, que se presentaban en las comisiones de farmacia hospitalarias. Al final de este período, la mayoría de los hospitales incorporaban crítica y selectivamente los medicamentos, basándose en sus informes[iii].

Por otra parte, con los “me too” —nuevos medicamentos similares a otros ya comercializados—, los hospitales empezaron a aplicar políticas de “alternativas terapéuticas equivalentes”[iv]: entre dos opciones de similar beneficio clínico, lo más razonable y justo es usar la de menor coste. Eso introdujo competencia y bajadas de precios entre fármacos muy caros bajo patente, algo muy útil para la incorporación de biológicos en psoriasis, artritis reumatoide, y más tarde en asma, dermatitis atópica, etc. En primaria, la prescripción por principio activo, más adecuada científicamente y limpia —desligada de la marca comercial—, ya había avanzado en el mismo sentido. Las plantillas comerciales de la industria se resintieron, pero la sanidad ganó. Más adelante llegarían al hospital los biosimilares. Un artículo sobre el control presupuestario en el NHS destacaba la importancia de todas estas políticas de competencia de precios para gestionar bien la inversión en farmacia[v].

La industria, atrapada como Roma en una hispánica guerra de guerrillas autonómica y local, no lograba que su gran inversión promocional diera sus frutos. Los fármacos eran incorporados selectivamente en hospitales, y en primaria las falsas novedades encallaban en indicadores de prescripción como el de “novedades terapéuticas no recomendadas”[vi], el indicador más pedagógico que he visto. Este, por cierto, desapareció por orden política sin discusión posible. Estaba yo entonces en la implementación de aquellos indicadores y me transmitieron que “la decisión venía de arriba”: Roma locuta, causa finita. Eran tiempos de Bernat Soria (2009). El ideal de “llevarse bien con la industria” —entiéndaseme— empezaba a reaparecer, pero aquello fue aún esporádico.

3 – La evaluación, centralizada y desactivada (2012-216)

Entre aquellas dificultades para la industria, alguien debió barruntar la solución. En los encuentros financiados, publicados luego profusamente en sus medios afines, no se hablaba de otra cosa: la inequidad. Resultaba intolerable para los pacientes que unos fármacos fueran restringidos en unos hospitales y en otros no. Es cierto, el sistema no era perfecto[i], pero en lo que importa al paciente, no se restringían fármacos que aportaban beneficios clínicos reales, sino productos fallidos como el carísimo bevacizumab en cáncer de mama, que no aportaba nada y tuvo que ser suspendido por la FDA[ii]. También se usaban fármacos más económicos, pero igualmente eficaces y seguros.

Los “Informes de Posicionamiento Terapéutico” aportaron la solución, varios años después. El nuevo mensaje de “evitar las evaluaciones paralelas”, obedeció a una nueva dirección desde la industria: “informes sí, pero que los haga la AEMPS”. No les faltaba razón estratégica para ello. La misma entidad que autorizaba y redactaba las indicaciones no iba a añadir restricciones ni criticar la evidencia que había sostenido sus propias decisiones. La inanidad de las conclusiones de aquellos primeros IPT lo refleja de forma llamativa —ver ejemplo en cuadro adjunto—[iv]. Pero, aun con informes de posicionamiento que no posicionaban, la evaluación hospitalaria, local, comenzó a desactivarse. Algunos farmacéuticos abogaron por reconvertirse en “facilitadores” del medicamento, lo cual asegura menos conflictos y más satisfacciones. La destrucción de la evaluación a manos de la promoción parecía consumarse.

4 – Auto-reforma de los IPT desde dentro y REvalMED (2016-2022)

Había dos felices errores en toda esa estrategia antievaluadora: uno, que se había introducido la palabra “posicionamiento” en el título de los informes: posicionar no es solo presentar y analizar la evidencia; supone partir de ahí para especificar el lugar en terapéutica recomendable para el fármaco: para qué pacientes y en qué lugar de prioridad frente al tratamiento habitual —¿preferente, equivalente, postergado?—[i]. Otro error afortunado fue el segundo: de nuevo, no se había contado con los efectos de la plural idiosincrasia hispánica, y las Comunidades Autónomas participaban con sus expertos, todos con abundante experiencia evaluadora en el sistema sanitario, que hicieron buen equipo y se complementaron con técnicos de la Agencia independientes y preparados, aun con perspectivas distintas. Los informes de posicionamiento empezaron a posicionar de forma consensuada. Para muchos fármacos se especificaba en qué pacientes eran más beneficiosos que el estándar y en cuales no —escenario de utilidad—[ii]. Otros productos fueron rechazados y no se financiaron, como el famoso atalureno[iii], que nunca debió autorizarse y debería estar ya retirado, o ixazomib para mieloma, cuya única bondad era la administración oral, buen reclamo comercial pero no tanto sanitario cuando la eficacia no acompaña[iv].

Aquel importante avance en los IPT, que sorprendió a muchos,  convivió en el tiempo con un relajamiento en las políticas de exigencia de estudios en la EMA, bajo el lema de la “aprobación acelerada” y “facilitar el acceso” de los medicamentos al mercado —no de los pacientes a los medicamentos que necesitan, nótese el matiz—. Desde entonces, a menudo ya no se exigen ensayos clínicos aleatorizados, basta con estudios de fase II con un solo brazo.  Eso, que en principio iba a ser solo para fármacos con una primera evidencia drástica de eficacia en situaciones graves sin alternativas adecuadas —como fue sofosbuvir en hepatitis C—, acabó estableciéndose para situaciones menos especiales, y para determinadas enfermedades crónicas, y para la vecina del quinto. Además, las autorizaciones condicionales eran en la práctica definitivas. Así ocurrió precisamente con atalureno o ixazomib; que el estudio pedido fracasara no se traducía en revocación de la autorización; al fin y al cabo, que un mal resultado no estropee un buen fármaco.

Con este declive de rigor evaluador regulatorio, la evaluación afinada de los IPT era cada vez más necesaria y utilizada, tanto para la financiación pública en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, como para el posicionamiento efectivo en los hospitales, aunque esto de forma parcial y desigual —no se tomó Zamora en una hora, todo esto es difícil y complejo, y las CCAA, salvo excepciones como Cataluña, tenían una asignatura pendiente en la implementación homogénea de las decisiones en sus hospitales y centros de salud—.

 Pero aquello empezaba a funcionar, y desde un Ministerio ahora realmente independiente, con el tándem Patricia Lacruz – Dolores Fraga se potenció y se le quiso dar solidez, mediante el Plan de consolidación de los IPT[v]. Con la creación de REvalMED, se formaron nodos multidisciplinares para supervisar los informes y se incluyeron estudios económicos. Ambos eran grandes avances pero a la vez retos difíciles, que necesitaban una inversión que no llegaba y carecieron del tiempo suficiente para madurar. Con una valoración positiva de lo que se estaba haciendo, el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS, con ayuda de un grupo multidisciplinar de evaluadores clínicos y economistas de la salud, presentó sus recomendaciones para una evolución del sistema evaluador y decisor

5 – La destrucción de la evaluación pública(2022 – actualidad)

La política farmacéutica dio un giro de 180^o con la entrada de César Hernández a la Dirección General, proveniente de la AEMPS. Farmaindustria había llevado a los tribunales el sistema de los IPT, con base regulatoria insuficientemente desarrollada, y el Ministerio lo dejó caer. Luego, en vez de reformarlo y darle solidez, lo desactivó y entregó en exclusiva los IPT a la AEMPS, esta vez sin participación autonómica, en espera de una evaluación europea centralizada en la que participa la propia AEMPS[i]. Para acabar con una iniciativa como los IPT hay algo peor que eliminarla, peor que destruir su metodología y su esencia crítica: mantener su nombre y su apariencia. Los IPT han vuelto a 2013: ya no posicionan, todo es útil en su indicación sin más. Se inactivó la evaluación post-autorización[ii], a manos de la misma agencia que realiza la evaluación pre-autorización, con la excusa de esperar a las evaluaciones europeas. El RD-ETS[iii] consolidará este grave retroceso[iv] y no cabe esperar milagros de última hora, porque esta es de esas raras cosas en las que la oposición está de acuerdo sin que se note demasiado. Así que las CCAA esperan en silencio las evaluaciones europeas.

Dichas evaluaciones europeas no aportarán recomendaciones de posicionamiento, obviamente. Justificadas como un recurso útil para los numerosos países que no cuentan con una evaluación propia consolidada, dejan explícitamente a los países miembros la misión de extraer y aplicar conclusiones del informe[v]. EL RD-ETS, sobreinterpretando una de las recomendaciones del CAPF, —separar la evaluación (farmacoclínica y económica) de la decisión (de precio y financiación)²⁴—, renuncia a las valoraciones sobre el escenario de utilidad de los nuevos medicamentos, y esto reduce la evaluación a mero ejercicio informativo, resumen de la evaluación regulatoria.

Este es el contexto en el que se presenta la nueva Ley de los Medicamentos. La situación de la evaluación post-regulatoria es la peor de los últimos 25 años: la estatal está desactivada, pero subsiste nominalmente, lo que resta solidez legal a las evaluaciones autonómicas y locales. La evaluación en farmacia hospitalaria y comisiones locales está casi desaparecida, con la excepción de las evaluaciones propias de GENESIS y GHEMA, el grupo andaluz de evaluación hospitalaria, que tampoco pasa por su mejor momento. Solo Cataluña, que insistió en consolidar un sistema de evaluación propio y bien diseñado mientras participaba en los IPT, parece haber acertado. A veces el que desconfía acierta, pero no es buen síntoma.

 El farmacocentrismo, una lacra

Antes de valorar el anteproyecto de Ley de los Medicamentos, hay que situarse en una perspectiva sanitaria más amplia. La política farmacéutica no es la clave del sistema sanitario, ni el gasto farmacéutico es el condicionante principal de su sostenibilidad, aunque sea muy importante (ver tabla 3 y figuras 2 y 3 en el anexo). La clave es decidir en qué se invierten esfuerzos y recursos, en dónde se ponen las prioridades para beneficiar a los pacientes. Incluso en las mejores épocas para la política farmacéutica, el sistema se ha resentido por un desarrollo descompensado, farmacocéntrico, de forma que son los nuevos medicamentos y su promoción los que dictan la atención y la agenda de gestores y clínicos. Parte del problema reside en que es más fácil, cuantificable e inmediato expresar el beneficio de un nuevo medicamento anticanceroso que expresar el beneficio de los cuidados paliativos, o de una atención clínica multidisciplinar para solucionar problemas que va causando el tumor en su progresión, o de la adecuación de plantillas. Por tanto, no financiar el medicamento puede traer problemas de opinión pública a corto plazo, lo otro no. Tal vez por eso gastamos millonadas en mejorar dos o tres meses la supervivencia, mientras seguimos con unos cuidados paliativos infradimensionados. Otra parte del problema es directamente la inyección de millones de euros para que se preste atención privilegiada al nuevo medicamento.

La gestión sanitaria y la atención médica han de estar centradas en las necesidades del paciente, establecer con ellas sus prioridades, y no estar continuamente atendiendo al nuevo fármaco de turno. Es más importante ajustar las plantillas sanitarias según progresa la envejecida pirámide demográfica que financiar hasta el último fármaco. Se da la incongruencia de que a menudo hay personal suficiente para prescribir el fármaco, pero no para realizar un seguimiento adecuado de ese tratamiento con posterioridad. Sin embargo, es el nuevo fármaco el que financia congresos, investigación, publicaciones, equipamientos, formación —incluso dentro de los centros públicos y a los residentes—. La industria farmacéutica es en realidad quien marca las agendas de la atención sanitaria pública, y esto es perjudicial de los pacientes.

El problema no es ya siquiera que la innovación sea demasiado cara. El problema es que la promoción con intereses económicos, si carece de contrapesos, emponzoña todo el sistema, y los fármacos acaban convertidos en algo mucho más complejo que una herramienta sanitaria al servicio del paciente, que es lo que son. Ante esto, las propuestas políticas maximalistas de eliminar toda promoción ligada a los medicamentos se quedan en papel mojado[i] si el sistema sanitario no se atreve a dar el paso adelante de asumir la financiación de formación e investigación auténticas e independientes.

Análisis del Anteproyecto de Ley de los Medicamentos

Con todo lo anterior, se entienden las recomendaciones fundamentales que el CAPF hizo en 2021[ii], 2022[iii] y 2023²⁴, que podrían haber guiado la nueva regulación que se proyecta. Las más importantes parecen las referidas en la tabla 2.

Tabla 2. Valoración de los aspectos principales del SPL que afectarán a la evaluación y posicionamiento de nuevos medicamentos en España. Referencias a documentos del CAPF de 2022³³ (A), 2023²⁴ (B) y 2021³² (C).

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Estas doce medidas y otras habrían hecho progresar mucho la incorporación racional del los nuevos medicamentos en el SNS. Sin embargo, lo que aporta el anteproyecto de Ley en esos 12 puntos es sustancial y estratégicamente distinto, como se refleja en la propia tabla y comentamos a continuación.

La evaluación estatal no se articula como función propia, sino que se remite a la evaluación clínica europea prevista en el Reglamento (UE) 2021/2282, que no incluirá recomendaciones clínicas. El anteproyecto encarrila la entrega exclusiva de la evaluación post-regulatoria al evaluador regulatorio (AEMPS), consolidando su papel técnico sin contrapeso evaluador alguno.

1. Las CCAA se han excluido del proceso evaluador. Solo están presentes en la financiación. Así, la participación de las CCAA y del propio Sistema Nacional de Salud se limita a funciones de revisión o consulta a través de expertos bajo la selección y dirección de la AEMPS, pero revisar no es participar: no hay intervención sustantiva ni capacidad propia de evaluación clínica. Se desmantela así, de facto, cualquier posibilidad de una evaluación estatal independiente del regulador e insertada en el SNS. España, con una gran capacidad evaluadora demostrada en su propio SNS, quedaría sin estructura evaluadora clínica propia en el escenario post-regulatorio.

• Formalmente se separa evaluación y decisión, pero se lleva al extremo de excluir toda recomendación sobre el lugar terapéutico de los medicamentos, que tampoco se hará en la evaluación europea. Esto, bajo pretexto de alinearse con el Reglamento europeo, hace realmente lo contrario: una dejación de las funciones estatales de extraer conclusiones para el SNS (ver texto adjunto). Con ello, las decisiones de posicionamiento —de naturaleza a veces económica y política, pero con base necesariamente clínica y científica— quedarían si existen, exclusivamente a criterio político.

• El concepto de “beneficio clínico incremental relevante” sí se introduce como criterio de financiación en el artículo 106.2 de la Ley. Es un paso adelante importante, pero exige una valoración que no encontraría sitio en el sistema diseñado por la ley.

• No se menciona el concepto de “alternativas terapéuticas de similar beneficio clínico”, carencia que afecta a la evaluación y el posicionamiento y dificulta la generación de competencia razonable de precios ante beneficios similares.

• Sí se refiere como criterio de financiación el coste-efectividad y el impacto presupuestario, con obligación del solicitante de presentar los estudios (art. 117.3). Estos se deben ajustar al beneficio clínico incremental relevante antes determinado (art. 106, 2d). Esto último sería un gran avance, pero la ley no diseña el marco adecuado para recomendar el escenario de utilidad y valorar clínicamente el beneficio. Así, se corre el grave peligro de asumir que cualquier beneficio es relevante y que la indicación autorizada define por sí sola el escenario de utilidad.

• No se menciona la transparencia de las evaluaciones económicas y de impacto presupuestario. Este es un punto clave para que la opinión pública conozca los precios.

• Sí se incluye a pacientes en el proceso de evaluación, lo cual es positivo.

• No se establece un procedimiento de reevaluación de precio y financiación ante cambios en el escenario y arsenal terapéutico, salvo para los casos de aprobación acelerada (art. 106.9). Esto genera un sistema inflexible a evidencias que dejan obsoletas ciertas opciones, y frente al desplazamiento del consumo a productos más caros que quedan bajo patente, frente a  los que quedan sin promoción.

• La posibilidad de realizar guías metodológicas para las evaluaciones solo se menciona inespecíficamente. Art 116.5. Recordemos que el CAPF recomendó una guía de evaluación económica —y lideró su elaboración[i]— otra para la valoración del beneficio clínico adicional relevante, una tercera sobre incertidumbre y otras dos sobre impacto presupuestario y acuerdos innovadores de financiación.

1. Se mantiene la confidencialidad de los acuerdos de financiación (Exposición de motivos, VIII). Para el sistema sanitario y la ciudadanía, sería importante conocer lo que se financia, por qué y a qué precio, y lo que no se financia, por qué y qué precio se pedía. La falta de transparencia no solo esconde acuerdos favorables para el SNS, sino también exigencias injustas de precio que deberían pasar factura social a la industria.

1. No se hace referencia a evaluaciones a posteriori de las decisiones de financiación.

El problema no es solo que este sistema desmantelará de facto la evaluación crítica post-regulatoria en España, sino que al mantener un sistema solo formal pero irreal, desincentivará y dificultará la toma de decisiones a niveles inferiores  del SNS, para hacer frente a esa omisión.

El futuro de la evaluación post-regulatoria en España

Es muy difícil imaginar cómo los profesionales del SNS van a enfrentar este importante reto y restaurar la evaluación de nuevos medicamentos, pero la historia nos enseña que el futuro no está tan escrito como pueda parecer. La nueva ley, a la vez que limita y malogra los avances, incorpora criterios clave que podrían desarrollarse, como la valoración del beneficio clínico incremental relevante, así como la exigencia de ajustar la valoración económica a una valoración clínica previa.

Ante esto, la evaluación crítica de grupos como GENESIS (SEFH) será particularmente valiosa, y la sociedad civil tendrá que afrontar nuevos retos en la exigencia de independencia en la toma de decisiones clínicas a profesionales y sociedades. La responsabilidad de evaluar recaerá de nuevo —como era antes de los IPT— sobre el propio SNS, es decir, sobre las propias CCAA que tienen las competencias de su gestión y que necesitan avanzar en la toma de decisiones de posicionamiento multidisciplinar y consensuado, aunque sea a nivel de recomendación. Los servicios de farmacia tendrán que recuperar de nuevo un papel evaluador relevante, para no dejar el campo expedito a la promoción.

 No son buenos tiempos para el conformismo; son tiempos que demandan trabajo y crítica, frente a la resignación de un sistema que se desmantela desde dentro, en sincronía con intereses externos.

No obstante,  las graves crisis y derrotas sirven para obligarnos un poco a pensar fuera de la caja, y eso implica una dosis de idealismo, puesto que conectados con el suelo ya estamos.  Un sistema sanitario centrado en el paciente debería asumir por sí mismo, de forma independiente, la formación continua de sus profesionales, así como la información y la investigación sobre medicamentos. La industria lo ha asumido en exclusiva porque le es rentable; mucho más rentable le sería al sistema sanitario público fomentar una sana independencia a todos sus niveles, y no abocar a los sanitarios a acudir a intereses espurios para progresar científicamente.  Esto sí que sería una buena inversión.

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15 Soriano Martínez M, Desongles Corrales
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Novedades terapéuticas no recomendadas:
perfil del médico prescriptor. Congreso
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16 Puigventós Latorre F, Santos-Ramos B,
Ortega Eslava A, Durán-García ME, en
representación del Grupo de Evaluación de
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Hospitalaria (SEFH). Variabilidad en la
actividad y los resultados de la evaluación de
nuevos medicamentos por las comisiones de
Pág. 24 R evista AJM Nº 39 MAYO 2025
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      en-la-evaluacion-demedicamentos/
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      [29] Parlamento Europeo y Consejo. (2021,
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      Oficial de la Unión Europea, L 458, 1–32.
      Disponible en: https://www.boe.es/doue/
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      [30] Redacción Médica. (2020, 23 de julio).
      Formación médica sin financiación de la
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      www.redaccionmedica.com/secciones/
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      de-la-industria-es-un-brindis-alsol–
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      [31] Comité Asesor para la Prestación
      Farmacéutica. (2022, 15 de junio).
      Recomendaciones finales sobre los criterios y
      procedimiento para orientar la fijación de
      precios y la inclusión y exclusión, a la
      entrada en el mercado o con posterioridad,
      de un medicamento en la cobertura pública.
      Ministerio de Sanidad. Disponible en:
      https://www.sanidad.gob.es/areas/
      farmacia/comitesAdscritos/
      prestacionFarmaceutica/docs/
      20220615_Recoms_Finales_LE2_1LE2_2_
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      Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/
      areas/farmacia/comitesAdscritos/
      prestacionFarmaceutica/docs/
      20240227_CAPF_Guia_EE_definitiva.pdf
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      [33] Comité Asesor para la Financiación de la
      Prestación Farmacéutica (CAPF). (2021, 25
      de noviembre). Recomendaciones sobre los
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      (IPT) de los medicamentos en el Sistema
      Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad.
      Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/
      areas/farmacia/comitesAdscritos/

ORIGINAL. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Antonio Ugalde ¹ y Núria Homedes ².

• Presidente de la Junta Directiva de Salud y Fármacos. Profesor emérito del Departamento de Sociología, Universidad de Texas-Austin.
• Directora ejecutiva de Salud y Fármacos. Exdirectora del Programa Salud Global en la Escuela de Salud Pública, Universidad de Texas-Houston.

La misión de Salud y Fármacos, una organización sin ánimo de lucro, es fomentar el acceso y uso adecuado de medicamentos entre la población hispano parlante. Para lograr este objetivo hacemos investigación rigurosa, publicamos en revistas científicas reconocidas, y difundimos trimestralmente nuestros propios Boletines Fármacos.

El origen de Salud y Fármacos se remonta a la primera reunión internacional para mejorar el uso de medicamentos (International Conference on Improving Use of Medicines o ICIUM) que se realizó en Chiang Mai, Tailandia, entre el 1 y el 4 de abril de 1997. Ahí nos encontramos con otros interesados en promover el uso adecuado de medicamentos en América Latina, y nos dimos cuenta de que nuestro trabajo se podía fortalecer mediante el intercambio de ideas y métodos de investigación. De ahí surgió la iniciativa de producir un boletín de noticias sobre lo que estaba sucediendo en cada país, que también incluiría los resúmenes de algunos artículos publicados en revistas médicas o en boletines de medicamentos. En ese momento había poca información disponible sobre estos temas, especialmente en español.

Dado que la Dra. Nuria Homedes tenía un cargo administrativo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston, Texas, en el campus regional de El Paso, ciudad fronteriza con la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, se ofreció a hacerse cargo de la edición del boletín. Empezamos publicando dos boletines al año de unas 15-20 páginas en 1998. A petición del Dr. Antonio Ugalde, el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Texas en Austin albergó la publicación electrónica del boletín en su página web durante dos años. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que técnicamente la universidad podía inmiscuirse en el contenido de los boletines, si consideraba que su contenido podía no ser del agrado de alguna empresa. También nos dio miedo que alguna empresa pudiera llevar a juicio a la universidad, pues habíamos recibido amenazas que felizmente nunca se llegaron a materializar. Consecuentemente, decidimos abrir nuestra propia página web.

En el año 2000, empezamos a publicar tres boletines al año, para pasar a cuatro el año siguiente. Dado el éxito de los boletines, en el 2003 el número aumentó a cinco, gracias a la ayuda del Dr. Emilio Cermignani, profesor de la universidad de la Plata (Argentina) y del Dr. Martín Cañás (FEMEBA, Argentina), y además pudimos contratar a Jimena Orchuela, una socióloga que empezó a ayudarnos en la publicación de los boletines.

Desgraciadamente Emilio murió muy pocos años después. La inspiración y ánimo que recibimos de Emilio ha quedado a lo largo de nuestro trabajo. A lo largo de siete años, Jimena fue una ayuda extraordinaria para la preparación y publicación de los boletines, que cada vez incluían más información.

En el 2005 nos incorporamos formalmente como ONG en el estado de Texas. La cantidad de información sobre medicamentos iba creciendo. Mientras tanto, en nuestra vida como académicos acudíamos a reuniones internacionales, y buscábamos oportunidades para hacer estudios multicéntricos. En el 2008 y 2010 organizamos reuniones en Buenos Aires (Argentina) para desarrollar una agenda de investigación sobre ética y ensayos clínicos; y durante esos mismos años realizamos trabajo de campo en México y editamos un libro titulado Las Farmacias, los farmacéuticos y el Uso Adecuado de Medicamentos en América Latina, que incluyó artículos sobre Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México y Perú. El trabajo sobre ensayos clínicos derivó en un estudio multicéntrico sobre el papel de los administradores de investigación por contrato (las CROS o Contract Research Organizations) que coordinó SOMO (Países Bajos) e involucró a India, Argentina, Brasil y Perú. Posteriormente, en 2012, publicamos un libro Ética y Ensayos Clínicos en América Latina, con artículos sobre Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Perú. Una versión actualizada de este manuscrito se publicó en inglés bajo el título Clinical Trials in Latin America: When Ethics and Business Clash (Springer, 2014).

En el 2015, decidimos que los boletines eran demasiado largos, y para facilitar su lectura dividimos cada uno de ellos en cuatro, bajo los siguientes temas: Boletín de Farmacovigilancia y Uso Apropiado de Medicamentos, Boletín de Economía y Acceso, Boletín de Agencias Reguladoras y Políticas; y el Boletín Ética, Derecho y Ensayos Clínicos.

En el 2016 diseñamos otro estudio multicéntrico, esta vez nuestro interés fue descubrir como se podían fortalecer los Comités de Ética en Investigación para proteger mejor a los participantes en ensayos clínicos. Se hicieron entrevistas de profundidad y grupos focales en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Los informes con los resultados de los estudios en cada uno de estos países excepto Brasil están disponibles en nuestra página web (www.saludyfármacos.org).

En el 2019, el número de boletines subió a seis y se seguían publicando cuatro veces al año; y en 2022 se empezaron a publicar ocho, cada uno sobre un área temática diferente: 1. Boletín farmacovigilancia; 2. Boletín prescripción, farmacia y utilización; 3. Boletín economía, acceso y precios; 4. Boletín agencias reguladoras; 5. Boletín ética y derecho; 6. Boletín ensayos clínicos; 7. Boletín propiedad intelectual; 8. Boletín políticas.

Los boletines son una fuente única para quien quiere acceder a información sobre medicamentos y su herramienta de búsqueda funciona bastante bien.

Hemos sido miembros, y formado parte del comité ejecutivo de la Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos (International Society of Drug Bulletins) desde 2005. Entre 2003 y 2011 se acordó con el Institut Borja de Bioètica, con sede en Barcelona, co-editar el Boletín.

Todo esto se ha hecho sin financiamiento externo (excepto una pequeña beca europea para incorporan el boletín en Argentina, que luego se disolvió), el único recurso que hemos tenido ha sido como se dice “el amor al arte”, aunque ha habido ocasiones que personas relacionadas con la industria farmacéutica han ofrecido ayuda que no se ha podido aceptar. Vale la pena decir que la universidad llegó a prohibir a la Dra. Homedes que trabajara en América Latina, publicara libros o artículos en español, y le ordenó que abandonara el trabajo con Salud y Fármacos.

Recientemente Salud y Fármacos decidió trasladar su centro de operaciones a Bogotá, Colombia en donde está montando un pequeño grupo para coordinar el trabajo de la organización en otros países hispano parlantes. Esto nos ayudará a seguir con las publicaciones e iniciar otras actividades, tales como la enseñanza. Seguimos sin apoyos externos, utilizando los recursos propios y estamos abiertos a recibir ayudas que no comprometan nuestra independencia de la industria farmacéutica.

Nuestra página ofrece información sobre la historia, organización, e incluye las publicaciones de libre acceso que vamos haciendo. https://www.saludyfarmacos.org/

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Germán Velasquez.

Cambio. 22-05-2025. https://cambiocolombia.com/internacional/acuerdo-pandemico-de-la-oms-una-oportunidad-perdida-y-la-consagracion-de-la

Germán Velasquez ha publicado el 22 de abril en la revista Cambio de Colombia un análisis del texto del Acuerdo Pandémico. Como conocemos el Acuerdo ha sido aprobado recientemente en la Asamblea Mundial de la Salud sin ningún tipo de modificación.

Sin embargo, Velásquez, comentaba que la redacción propuesta no abordaba elementos clave para conseguir que los países de bajos y medianos ingresos pudieran acceder a vacunas y medicamentos de manera adecuada para garantizar la salud de su población. Asimismo, señalaba también la falta de un planteamiento en el texto del Acuerdo para facilitar la adopción de medidas para impedir el monopolio.

Animamos a nuestros y nuestros lectores a su lectura, pues como podrán observar, coincide con los planteamientos que la AAJM ha realizado a través de un posicionamiento público que recogemos en las páginas de la revista.

En medio de las profundas cicatrices que dejó la pandemia de covid-19 en el mundo –millones de muertes, sistemas de salud colapsados y economías fracturadas–, la comunidad internacional tenía una oportunidad histórica: redactar un tratado vinculante, ambicioso y equitativo que corrigiera las profundas fallas del sistema global de salud. Pero lo que ha surgido del proceso de negociación que duro más de tres años del Órgano de Negociación Intergubernamental (INB) de la OMS es, lamentablemente, todo lo contrario: un documento débil, diluido y estructuralmente injusto, que prioriza la protección de los intereses comerciales de la gran industria farmacéutica por encima de la salud de los pueblos. Ese anuncio del 15 de abril deberá ser ratificado por la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2025.

Uno de los aspectos más indignantes del texto actual es la propuesta de reservar únicamente un 10 por ciento de la producción global de vacunas, medicamentos y herramientas médicas para los países en desarrollo en caso de futuras pandemias. Este número no solo es insuficiente, sino que representa una legitimación explícita de la desigualdad. Convertir en política acordada lo que durante la pandemia fue una injusticia denunciada a nivel mundial, es convertir la discriminación en norma escrita. Es institucionalizar la exclusión.

Durante la pandemia de covid-19, mientras los países del Norte Global acaparaban dosis y firmaban contratos preferenciales con las grandes farmacéuticas, la gran mayoría de los países del Sur Global quedaron en espera, dependiendo de donaciones tardías o de mecanismos como Covax que nunca estuvieron a la altura de las necesidades. Esta brecha tan brutal llevó al propio director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, a calificar la situación como un verdadero “apartheid sanitario”. Y tenía razón: mientras algunas naciones vacunaban a su población por tercera vez, otras ni siquiera habían recibido dosis suficientes para proteger a los trabajadores de la salud.

Frente a este precedente tan doloroso, resulta inaceptable que la solución propuesta para futuras pandemias sea un compromiso mínimo del 10 por ciento. Lejos de corregir el error histórico, este número lo reafirma. No se trata de un avance; es un retroceso enmascarado de cooperación. ¿Cómo puede justificarse un sistema internacional de salud que, frente a una emergencia global, formaliza la distribución desigual de las herramientas necesarias para salvar vidas?

Este enfoque no es solo éticamente insostenible, sino también estratégicamente miope. Las pandemias, por definición, no reconocen fronteras. Un acceso desigual a vacunas y tratamientos no solo prolonga innecesariamente el sufrimiento humano en los países excluidos, sino que permite que el virus continúe circulando y mutando, poniendo en riesgo incluso a aquellos que inicialmente estuvieron protegidos. La solidaridad no es solo una cuestión moral: es una necesidad sanitaria global. Y más que solidaridad, que vimos fracasó durante el covid-19, se trataba de exigir justicia a través de un tratado internacional vinculante.

Además, el texto mantiene la transferencia de tecnología en términos completamente voluntarios, replicando el mismo esquema que ha fracasado durante más de 80 años. Esta “voluntariedad mutualmente acordada” es, en realidad, un mecanismo para perpetuar el control exclusivo que las grandes farmacéuticas ejercen sobre el conocimiento y la producción. No hay medidas concretas para obligar a compartir licencias, abrir patentes o establecer centros regionales de producción. Es decir, se preserva el modelo de monopolio privado incluso ante emergencias sanitarias globales.

El concepto de “Una Salud” debilita y diluye el poder de la OMS

En medio de la negociación del tratado pandémico, ha surgido y se integró en el texto, el concepto de One Health o “Una Salud”, una idea en apariencia noble que busca integrar la salud humana, animal y ambiental. Sin embargo, detrás de esta propuesta aparentemente holística se esconde un movimiento más profundo y estratégico: el progresivo vaciamiento del poder y la autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como organismo rector de la salud global.

No es la primera vez que esto sucede. La historia reciente ofrece precedentes claros. En los años noventa, en plena crisis del VIH/Sida, en lugar de fortalecer el rol de la OMS, se creó Onusida, una agencia interagencial que respondió más a intereses geopolíticos que a una necesidad técnica. Poco después, el programa de vacunación que era competencia de la OMS fue externalizado mediante la creación de Gavi, la Alianza para las Vacunas, una entidad público-privada donde actores filantrópicos y corporativos ganaron un lugar preferente en la mesa de decisiones sanitarias.

El patrón se repitió con la financiación de la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis: aunque la OMS propuso un mecanismo para canalizar recursos, lo que terminó aprobándose fue el Fondo Global, otro organismo independiente cuya existencia, aunque relevante en resultados, fragmentó aún más el ecosistema de la gobernanza sanitaria internacional.

Hoy, “Una Salud” parece ser el nuevo caballo de Troya. Bajo el discurso de la interdependencia de salud entre humanos, animales y medioambiente –lo cual es científicamente incuestionable– se impulsa una arquitectura de gobernanza paralela, en la que participan entidades como la FAO, la OIE (ahora WOAH) y el PNUMA. Al incluir nuevas agencias en la gestión de amenazas pandémicas, se diluye aún más la responsabilidad de la OMS, justo en el momento en que debería reforzarse su liderazgo para enfrentar futuras crisis globales.

Este enfoque, más que una solución integradora, corre el riesgo de ser funcional a una estrategia de gobernanza distribuida, en la que ninguna agencia tenga el poder suficiente para liderar con claridad, pero muchas tengan acceso a recursos, y visibilidad.

La creación de nuevas estructuras siempre parece responder a la insatisfacción con el statu quo, pero también refleja una preferencia por fórmulas de gobernanza en las que los grandes donantes y actores privados tienen mayor capacidad de influencia. Así, en lugar de reformar y empoderar a la OMS, se opta por crear alternativas que se ajusten mejor a los intereses de ciertos países industrias y fundaciones.

En lugar de seguir fraccionando el mandato de la OMS, el tratado pandémico debería servir para blindar su autonomía, asegurar su financiación básica e incondicional, y reconocer que, sin una OMS fuerte, coordinada y respetada, la próxima pandemia no se enfrentará con eficacia, sino con caos institucional.

La asimetría en las negociaciones ha sido evidente desde el inicio del proceso. Las voces del Sur Global han sido sistemáticamente desoídas y debilitadas, como se refleja en la decisión de aplazar discusiones cruciales como el Sistema de Acceso y Beneficios Compartidos (PABS). Este sistema, que podría asegurar que los datos, muestras y tecnologías compartidas durante una pandemia se traduzcan en beneficios reales para todos, ha quedado en suspenso. Se dilata así una medida esencial que podría equilibrar el acceso y corregir la desigualdad estructural.

Y en medio de este desequilibrio, el secretariado de la OMS, lejos de actuar como un árbitro neutral, ha sido criticado por favorecer posiciones más alineadas con los intereses de los países ricos y de la industria que con el mandato original de garantizar un tratado equitativo y vinculante. El resultado es un documento que no protege a la humanidad entera, sino a los intereses de una minoría con poder económico y político.

En conclusión, la comunidad internacional se resigna –o se somete– a un acuerdo pandémico que no previene futuras injusticias, sino que las consagra. Lejos de ser un tratado transformador, lo que se ha producido es un manual de buenas intenciones sin dientes, diseñado para mantener intactas las estructuras que permitieron el apartheid sanitario del covid-19.

Se nos prometió un nuevo paradigma de salud global. Lo que tenemos hoy es más de lo mismo. Y con eso, no se evitarán las próximas tragedias; simplemente se repetirán. Veremos si el conjunto de los países de la OMS da el paso a ratificar, en el próximo mes de mayo, en la Asamblea Mundial de la salud, un texto que hace de la injusticia una norma escrita.

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Equipo de vigilancia de la OMS

People’s Health Dispatch. 30-05-2025. https://peoplesdispatch.org/2025/05/20/the-78th-world-health-assembly-and-the-future-of-global-health/

Este excelente artículo destaca las insuficiencias del Acuerdo pandémico y va más allá al destacar las causas políticas y económicas que explican las mismas.

 Después de más de tres años de negociaciones, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han aprobado un Acuerdo donde aun permanecen asuntos clave sin resolver. Por ejemplo, como se señala en el texto, los aspectos relacionados con los mecanismos de distribución equitativa y las garantías de acceso planteadas por los países del Sur Global y los problemas financieros que afectan gravemente a la capacidad de respuesta de la OMS.

El artículo aborda también de forma singular aspectos relacionados con el derecho a la salud, como el genocidio en Gaza la situación de guerra en África y Asia Occidental, o el papel de la austeridad y de la IA.

La destrucción ambiental amenaza vidas, las protecciones sociales se erosionan y los líderes de extrema derecha atacan los derechos en beneficio del lucro. La violencia armada y genocida azota África y Asia Occidental, mientras que la militarización se extiende por Europa bajo el pretexto de la «seguridad».

Estas condiciones no son inevitables: son el resultado de décadas de decisiones políticas y políticas económicas que priorizan la acumulación de capital sobre el cuidado y la igualdad. La austeridad, la privatización y la desregulación han erosionado los cimientos de la salud y la justicia. También han socavado las instituciones destinadas a salvaguardar la salud pública mundial, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Asamblea de este año se encuentra en una encrucijada crucial: ¿seguirá la salud mundial al servicio de los intereses de los poderosos o podrá la OMS recuperarse como una institución verdaderamente democrática centrada en la justicia, los derechos y la solidaridad? La decisión sigue abierta, pero no por mucho tiempo. La Asamblea Mundial de la Salud (WHA78) debe estar a la altura de este desafío histórico. La sociedad civil, los Estados miembros y las comunidades deben exigir un camino más audaz.

Financiación de la OMS: ¿Quién paga, ¿quién decide?

La cuestión de la financiación es el núcleo de la crisis que enfrenta la OMS. Creada para defender el derecho fundamental a la salud, la OMS fue concebida como un bien público mundial, una institución gobernada por sus Estados miembros y responsable ante la población. La salud, tal como se define en la Constitución de la OMS, es «un estado de completo bienestar físico, mental y social», no simplemente la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en un mundo de crisis climáticas, pandemias y riesgos globalizados, se le pide a la OMS que haga más con menos.

La inestabilidad financiera de la organización se ha gestado durante años. Desde la década de 1990, la proporción de contribuciones voluntarias y destinadas a fines específicos de actores privados y países específicos ha aumentado constantemente. Esto socavó la independencia de la OMS y la convirtió en un organismo fragmentado e impulsado por los donantes.

La salida de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump deja un enorme déficit en el presupuesto de la OMS. Sin embargo, el costo total para cubrir este déficit es sorprendentemente bajo: tan solo 3 millones de dólares por país. El hecho de que esto aún no haya sucedido refleja una crisis política.

Durante años, la petición del director general de la OMS a los Estados miembros sobre la restricción de la financiación asignada ha seguido un guion ya conocido. Este año, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus adoptó una postura más firme, contrastando el modesto presupuesto de la organización con las asombrosas sumas gastadas en guerra y muerte, al solicitar 2.100 millones de dólares anuales para financiar sus programas esenciales que salvan vidas. «2.100 millones de dólares es lo que el mundo gasta en ejército cada ocho horas», declaró ante la Asamblea. «De alguna manera, la humanidad ha perdido de vista lo que realmente importa».

Si los países intensificaran la financiación completa de la OMS mediante contribuciones no asignadas, podrían recuperar el control de los intereses corporativos y filantrópicos y restaurar la capacidad de la organización para abordar los determinantes estructurales de la salud. Como advirtió el presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Teodoro Javier Herbosa: «El costo de la inacción se contabiliza en vidas». La Asamblea Mundial de la Salud 78 no debe eludir esta verdad. Sin medidas audaces en materia de financiación, será imposible realizar reformas significativas en la OMS.

Emergencias y la trampa tecnocrática

Una de las funciones fundamentales e históricas de la OMS es actuar como órgano ejecutivo y rector durante las emergencias sanitarias. Tras la devastadora crisis de la COVID-19, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA78) está debatiendo el marco de Prevención, Preparación, Respuesta y Resiliencia ante Emergencias Sanitarias (HEPR). Este marco guía a los Estados Miembros para desarrollar la capacidad y la infraestructura necesarias para cumplir con los acuerdos del Acuerdo sobre Pandemias y actuar eficazmente en caso de otras emergencias sanitarias. Hace hincapié en los avances en los sistemas de vigilancia, las contramedidas y la coordinación. El marco se centra en soluciones tecnocráticas y biomédicas: pero no identifica ni aborda las causas profundas de las emergencias sanitarias.

La COVID-19 fue una catástrofe social y política. Los fracasos en la inequidad vacunal, el acaparamiento de recursos por parte de los países ricos y la marginación de los países de bajos ingresos en la toma de decisiones pusieron de manifiesto la profunda injusticia que subyace a la gobernanza sanitaria mundial. Una verdadera preparación implica mucho más que contar con laboratorios y reservas. Requiere abordar las causas fundamentales: la pobreza, la exclusión, la destrucción del medio ambiente y los legados coloniales.

La salud mundial debe dejar de tratar los síntomas y empezar a curar los sistemas. La Asamblea Mundial de la Salud (WHA78) debe oponerse a la mercantilización de la respuesta a emergencias.

El genocidio en Gaza y la politización de la salud

Se avecina una trampa retórica en la narrativa sobre la salud en Palestina, donde algunos Estados miembros insinúan la politización de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS). Sin embargo, la salud es y siempre ha sido inherentemente política. En Gaza, el sistema de salud está siendo destruido deliberadamente. Más de 1400 trabajadores sanitarios han sido asesinados, se han bombardeado hospitales, se han atacado ambulancias y se ha negado sistemáticamente el acceso humanitario. El resultado no es solo un desastre de salud pública, sino una catástrofe humanitaria y un fracaso moral a escala mundial.

La táctica retórica de algunos miembros de la OMS, que insisten en que la salud debe ser «neutral» o «técnica», funciona para silenciar las críticas y proteger el poder. La propia Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS lo deja claro: el desplazamiento, el apartheid y la ocupación militar no son cuestiones abstractas, sino determinantes materiales del acceso de las personas a la vivienda, la nutrición y la vida misma. Hablar de salud en Gaza sin nombrar a las fuerzas que la destruyen es distorsionar el concepto de salud hasta hacerlo irreconocible.

La Asamblea y toda la comunidad sanitaria mundial deben exigir un alto el fuego inmediato y permanente, el fin de la ocupación y el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

IA y austeridad: falsas soluciones

El papel de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de salud también está cobrando fuerza en la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA78). Se promueve la IA como una forma de optimizar el diagnóstico, la vigilancia y la respuesta a emergencias. En una era de austeridad, la IA se presenta no solo como un complemento a la atención humana, sino como un sustituto de la inversión pública y el desarrollo de la fuerza laboral.

El software de IA no protege los datos personales y, a menudo, es de naturaleza extractivista. Profundizará las desigualdades existentes, consolidará el racismo y los prejuicios, y desviará la atención de los determinantes políticos de la salud. Además, la IA está  cada vez más desarrollada y controlada por empresas tecnológicas privadas cuyos afán de lucro no se alinean con los objetivos de salud pública.

La OMS no debe permitir que la promesa de innovación se convierta en una cortina de humo para la privatización y la automatización. En cambio, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA78) debe comprometerse con una gobernanza transparente, responsable y basada en los derechos de las herramientas de salud digital, centrada en la propiedad pública y el control comunitario.

La WHA que queremos y necesitamos

En esta coyuntura histórica, debemos ir más allá del lenguaje de la austeridad. Ahora es el momento de ser audaces, decir la verdad a los poderosos y dar forma a la OMS que la gente quiere y necesita.

La OMS debe abordar las raíces políticas de la desigualdad en salud. La gente necesita una organización de salud que trabaje para redistribuir el poder y los recursos económicos para lograr la salud para todos, y que sitúe las soluciones lideradas por la comunidad en el centro de su trabajo. Una organización que reconoce los impactos persistentes del colonialismo, el militarismo y la ocupación, y que denuncia cuando pueblos enteros están siendo exterminados, como sucede ahora en Palestina, la República Democrática del Congo y Sudán.

Los Estados miembros deben actuar con valentía y comprometerse a financiar de forma completa y sostenible a la OMS mediante contribuciones públicas, poniendo fin a la era de las políticas impulsadas por los donantes. También debemos oponernos a la externalización de la salud pública a gigantes tecnológicos privados.

Hacer realidad esta visión requerirá un liderazgo audaz de los Estados miembros, una defensa firme de la sociedad civil y un compromiso colectivo para reimaginar la salud mundial. Que la AMS78 sea el punto de inflexión. Que sea el momento de recuperar la gobernanza de la salud mundial para la mayoría, no para unos pocos.

El equipo de WHO Watch está compuesto por Pedro Villadri, Jan Wintgens, Mariana Lopes Simoes, Marta Caminiti, Michael Ssemakula, Juliette Mattijsen, Indrachapa Ruberu, Heba Wanis, Dua Ijaz, David Franco, Ben Verboom y Rahaf Bashir.

 El Despacho de Salud Popular es un boletín quincenal publicado por el Movimiento de Salud Popular y Despacho Popular..

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Mark Eccleston-Turner, Michelle Rourke, Stephanie Switzer.

Think Global Health, 20-05-2025. https://www.thinkglobalhealth.org/article/fate-unknown-pandemic-agreements-pathogen-access-and-benefit-sharing

Este texto tiene una importancia notable, pues aborda, desde un análisis riguroso y técnico, algunos de los principales problemas del Acuerdo Pandémico. Así señala como el aplazamiento para una negociación posterior en un Anexo al Acuerdo del sistema PABS (Acceso a nuevos Patógenos y la distribución de Beneficios) por su carácter polémico entre los Estados miembros no supone que pueda llegarse a un consenso posterior.

Los autores expresan también sus dudas por la mezcla de dos elementos muy diferentes de asignación de recursos de salud pública:” (1) el intercambio de datos sobre patógenos y (2) el suministro y la distribución de productos farmacéuticos. Ambas son actividades vitales que se abordarían de forma más eficaz por separado.”

El artículo también resalta como no se ha abordado la propiedad intelectual por las presiones de la UE y también la falta de transparencia contractual.

En la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de esta semana, los Estados miembros adoptaron el Acuerdo sobre Pandemias. Su adopción marca la culminación de más de tres años de negociaciones para crear un nuevo instrumento de derecho internacional para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

El texto final se acordó hace apenas unas semanas, con gran bombo y platillo. Sin embargo, es demasiado pronto para celebrar.

El acuerdo aún no está abierto a la firma y no lo estará hasta que se resuelva uno de los temas más polémicos de las negociaciones: el acceso a los patógenos y la distribución de beneficios (PABS) (véase el artículo 31.2 del texto del acuerdo). El PABS ha estado en la mesa de negociación desde el principio, pero ahora se ha relegado a un anexo separado que se negociará para que las partes menos polémicas del Acuerdo sobre Pandemias puedan adoptarse ahora.

Los defensores del PABS creen que este sistema asegurará muestras de patógenos para investigación y desarrollo (I+D) y garantizará la equidad al proporcionar un mecanismo legal para que los países de ingresos bajos o medios (PIBM) accedan a vacunas, terapias y diagnósticos (TEP) en un mercado farmacéutico competitivo que a menudo excluye a estas naciones.

En nuestra opinión, el PABS vincula dos problemas distintos de asignación de recursos de salud pública: (1) el intercambio de datos sobre patógenos y (2) el suministro y la distribución de productos farmacéuticos. Ambas son actividades vitales que se abordarían de forma más eficaz por separado. Sin embargo, los Estados miembros de la OMS han optado por conectar estas cuestiones a través del sistema PABS, fijándose el ambicioso y posiblemente poco realista objetivo de negociar el anexo del PABS en el plazo de un año.

Siete cuestiones clave ejemplifican las complejas decisiones que los negociadores deben abordar antes de que puedan comenzar las celebraciones.

1. Definición del alcance

El Acuerdo sobre Pandemias establece estándares mínimos para un sistema PABS, lo que deja mucho por decidir en futuras negociaciones. Incluso el alcance de «materiales e información secuencial sobre patógenos con potencial pandémico» no está definido. Hasta la fecha, las negociaciones se han centrado en muestras e información humanas, a pesar de que la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis.

Ignorar las muestras de patógenos y la información secuencial derivada de animales contradice el principio de «Una Salud» del Acuerdo sobre la Pandemia. De igual manera, las negociaciones realizadas hasta la fecha han ignorado que, según el derecho ambiental internacional, las normas de acceso y distribución de beneficios (ABS) se aplican a los «conocimientos tradicionales» de los pueblos indígenas y las comunidades locales en lo que respecta a los recursos genéticos. Los conocimientos tradicionales tienen el potencial de mejorar la detección y la prevención de enfermedades, y deben considerarse en cualquier instrumento sobre el acceso y el uso de patógenos, en particular si dicho instrumento busca ser reconocido en el marco del régimen internacional vigente sobre ABS.

• Asegurar que los beneficios superen los costos

Otra cuestión se refiere a qué entidades privadas, o «fabricantes participantes», estarán sujetas a las condiciones de distribución de beneficios del sistema PABS. Esta cuestión es de gran importancia, dado que, durante una pandemia, cada fabricante participante «pondrá a disposición» el 10 % de su producción en tiempo real de ETV a la OMS como donación, y el otro 10 % estará disponible para su compra a «precios asequibles» (Artículo 12(6)(a)). Estas obligaciones se detallarán en «contratos jurídicamente vinculantes» que acordarán la OMS y los fabricantes participantes.

La OMS no parece haber realizado una revisión del alcance para determinar la amplitud de esta categoría de usuarios ni si tiene la capacidad de contratar con estas entidades, supervisar el uso y el cumplimiento, y hacer cumplir las obligaciones contractuales. Una revisión del alcance podría ayudar a garantizar que los costos de la puesta en marcha no superen los beneficios.

Las próximas negociaciones deberían priorizar esta revisión.

• Criterios para la asignación de beneficios

Dejando de lado nuestro escepticismo sobre si las vacunas, terapias y diagnósticos (VTD, por sus siglas en inglés) se materializarán alguna vez con el PABS, y asumiendo que el sistema funcionará según lo previsto para asegurar entre el 10 % y el 20 % de la producción en tiempo real de los fabricantes participantes de VTD durante una pandemia, aún se necesita claridad sobre cómo la OMS distribuirá dichos beneficios. El borrador del acuerdo establece que «la distribución de estas vacunas, terapias y diagnósticos se basará en el riesgo y la necesidad para la salud pública, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo».

Sin embargo, «riesgo y necesidad para la salud pública» es una categorización subjetiva y podría verse necesariamente afectada por imperativos políticos. ¿Se harán públicos los criterios de toma de decisiones para su análisis? ¿Se priorizará a los países que aportan sistemáticamente materiales patógenos e información de secuencias al sistema PABS, o se dará prioridad a aquellos dispuestos a eximir de responsabilidad a los actores de la industria (como sucedió con la iniciativa de la OMS para el despliegue de vacunas en 2009 contra la gripe H1N1)?

Los Estados miembros probablemente basarán su decisión de participar en el sistema PABS (y, por lo tanto, en el Acuerdo sobre la Pandemia) en función de dónde se asignarán los beneficios durante una pandemia.

• Transparencia contractual.

Como se ha señalado, es probable que el PABS se implemente mediante contratos privados o Acuerdos Estándar de Transferencia de Material (ANTM) entre la OMS y los fabricantes participantes. El éxito de todo el sistema PABS depende de estos contratos y de la solidez de las obligaciones legales que establecen.

Es improbable que estos contratos estén sujetos al escrutinio de las partes interesadas que no sean partes directas del contrato. Este enfoque refleja la confidencialidad comercial que la OMS ha asumido con los ANTM en virtud del Marco de Preparación para la Gripe Pandémica (PIP) (el instrumento en el que se basa el PABS).

Las versiones públicas de los contratos PIP incluyen pocos detalles, y las disposiciones sustantivas se ocultan en pliegos de condiciones confidenciales. Lo que es aún más preocupante que esta falta de transparencia es que, cuando se han facilitado los detalles, los contratos contienen varias cláusulas alarmantes sobre fuerza mayor, responsabilidad e indemnización, lo que pone en duda su aplicabilidad. Los contratos PABS, así como cualquier documento que afecte materialmente a las obligaciones contractuales, deben ponerse a disposición de los Estados miembros y la sociedad civil para su análisis antes de su aprobación.

Los contratos defectuosos contribuirán a la ineficacia del sistema PABS.

• Seguimiento y rastreo

El seguimiento y rastreo del uso de materiales e información de secuencias del PABS fue muy polémico durante las negociaciones. El Artículo 12(3) del acuerdo simplemente establece que, en las negociaciones sobre el anexo del PABS, el sistema PABS «abordará las medidas de trazabilidad y el acceso abierto a los datos». Nuevamente, una revisión del alcance ayudaría a determinar el alcance de los patógenos y el número probable de usuarios involucrados, dando a los negociadores una mejor idea de la escala, el costo y la viabilidad del seguimiento y rastreo del uso de materiales e información en el sistema PABS.

• Desarrollo de la información digital de secuencias (IDS) sobre patógenos

Se supone que el sistema PABS abarca tanto las muestras de patógenos como la información de secuencias. Sin embargo, desde 2016, las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas han estado debatiendo el acceso y la distribución de beneficios de la información digital de secuencias (IDS), y la Conferencia de las Partes del CDB adoptó recientemente la Decisión 16/2, que establece un mecanismo multilateral de distribución de beneficios para la IDS sobre recursos genéticos. A pesar de la superposición de alcances, no está claro cómo interactuarán estos instrumentos. A menos que la información de secuencias de PABS se aloje exclusivamente en bases de datos exclusivas de PABS (lo que podría socavar el mecanismo multilateral del CDB) o que se utilicen y monitoreen exhaustivamente las etiquetas o identificadores de PABS (lo que requeriría cambios significativos en la infraestructura de las bases de datos), los usuarios podrían acceder y utilizar involuntariamente la información de secuenciación de PABS.

Esto se complica aún más por el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que se utilizan cada vez más en la I+D farmacéutica. El hecho de que el sistema PABS esté a punto de excluir parte de la información de secuenciación del mecanismo multilateral del CDB es preocupante, ya que podría generar obligaciones contradictorias de distribución de beneficios para el uso de la información de secuenciación de patógenos en virtud de diferentes instrumentos jurídicos.

Garantizar la coherencia jurídica y evitar la superposición de obligaciones debería ser un elemento central de las próximas negociaciones sobre PABS.

• Lograr el equilibrio adecuado en materia de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual (PI) han sido un tema candente durante las negociaciones, y el texto actual sobre PABS no menciona la PI.

Los borradores anteriores [PDF] buscaban restringir la capacidad para obtener protección de la PI sobre cualquier producto resultante de la I+D en materiales PABS. Sin embargo, las propuestas de países como la Unión Europea fueron mucho más respetuosas con los derechos de PI, estableciendo únicamente que no se podía solicitar protección de la PI sobre la «muestra no modificada ni los datos de secuencia no modificados» del sistema PABS, pero que las muestras y secuencias modificadas (es decir, cualquier producto desarrollado con materiales PABS) podrían estar sujetas a protección de la PI.

El hecho de que los materiales PABS y la información de secuencias puedan estar sujetos a protección de la PI por parte de los fabricantes de materiales PABS determinará hasta qué punto los países de ingresos bajos y medios estarán dispuestos a proporcionar sus muestras al sistema PABS y si los fabricantes de materiales PABS accederán a ellas y las utilizarán en su I+D. Si los negociadores no logran el equilibrio adecuado, algunos proveedores y usuarios podrían cerrar acuerdos bilateralmente, al margen del sistema multilateral PABS.

Como se observa en el ejemplo de COVAX, las partes se apresurarán a entablar negociaciones bilaterales si el sistema multilateral no se adapta a sus necesidades en una emergencia.

Celebraciones prematuras

Los objetivos del PABS son loables, pero vincular dos cuestiones distintas de asignación de recursos las vuelve prácticamente inalcanzables. El panorama que se presenta aquí presenta una serie de cuestiones técnicas polémicas y complejas que probablemente surgirán en las próximas negociaciones sobre el PABS.

Sin embargo, la mayoría de estas cuestiones ya figuraban en borradores anteriores del sistema de una forma u otra, y no se logró un consenso. Por lo tanto, los Estados miembros optaron por eliminar el sistema PABS y negociarlo por separado para poder alcanzar un consenso sobre las cuestiones menos polémicas a tiempo para la Asamblea Mundial de la Salud de esta semana.

Resulta bastante desconcertante que los Estados miembros crean que pueden resolver las cuestiones más polémicas de los tres años anteriores simplemente porque se encuentran en un anexo separado y en un solo año. Deseamos a los negociadores lo mejor en su esfuerzo, porque si no logran negociar el anexo PABS, entonces todo el champán que se ha derrochado para celebrar el Acuerdo sobre la Pandemia esta semana bien podría volver a la bodega.

Mark Eccleston-Turner, PhD, is a senior lecturer in global health law at King’s College London and an academic fellow at the Honorable Society of the Middle Temple.

Michelle Rourke, PhD, is an Australian Research Council Discovery Early Career Research Award fellow at Griffith Law School, Australia. 

Stephanie Switzer, PhD, is reader in law at the University of Strathclyde in Glasgow, Scotland.

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Marta Iraola Iribarren & Grégoire Lory.

Euronews, 14-052025, https://es.euronews.com/my-europe/2025/05/14/varias-organizaciones-pro-transparencia-celebran-la-sentencia-del-tjue-sobre-el-pfizergate

Este artículo destaca una muy importante noticia: la sentencia del TJUE rechazando la negativa de la Comisión Europea a revelar los mensajes entre Von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en los meses más críticos de la pandemia.

Esta sentencia se enmarca en la denegación de la Comisión Europea a la solicitud de una periodista de The New York Times de acceso a los mensajes entre la presidenta Von der Leyen y Albert Bourla CEO de Pfizer.

Como los autores señalan podemos considerar esta sentencia como una victoria para la transparencia

El Tribunal de la UE ha fallado en contra de la Comisión por no justificar su negativa a divulgar los mensajes entre Von der Leyen y el director de Pfizer. Los críticos afirman que la actuación de la Comisión socava la rendición de cuentas y reclaman una mayor transparencia.

Varias ONG focalizadas en asuntos de ética y transparencia pública han celebrado la sentencia dictada el miércoles por el Tribunal General de la UE, uno de los dos organismos de los que se compone el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). Esta afirma que la Comisión Europea no ha dado una explicación plausible tras negarse a entregar unas conversaciones de WhatsApp de alto nivel entre Ursula Von der Leyen y el director de Pfizer durante la pandemia de coronavirus. Estas versarían sobre los contratos de compra de la vacuna COVID-19 con el gigante farmacéutico.

Tras las revelaciones del ‘New York Times‘ sobre la existencia de mensajes entre Von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en aquellos meses críticos, una periodista del periódico estadounidense presentó una solicitud de acceso a los mensajes. En aquel momento, la Comisión denegó dicha petición, argumentando que los mensajes de texto son, por naturaleza, efímeros y no cumplen los criterios para ser incluidos en el sistema de gestión de documentos públicos de la institución.

«La decisión de hoy es una victoria para la transparencia y la responsabilidad en la Unión Europea. Envía un poderoso mensaje de que las comunicaciones efímeras no están fuera del alcance del escrutinio público», ha declarado un portavoz del ‘New York Times’ en un comunicado tras la sentencia. La publicación añade que la sentencia deja claro que los funcionarios están obligados a tratar los mensajes de texto como cualquier otro documento de trabajo y critica la gestión de la Comisión Europea. Según el Tribunal, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no posee los documentos solicitados, y debería haber ofrecido explicaciones creíbles que permitan tanto al público como al Tribunal entender por qué no se pueden localizar los documentos.

«La sentencia de hoy demuestra claramente que la transparencia y la responsabilidad democrática no deben ejercerse a puerta cerrada en la Unión Europea», ha declarado la eurodiputada Tilly Metz (Luxemburgo / Los Verdes). La centroeuropea añade que cuando las decisiones y los acuerdos importantes se realizan en secreto, existe el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre el bien público. Metz también participó en otro proceso judicial, iniciado en 2021, contra Von der Leyen en relación con la transparencia de los contratos de vacunas. En ese caso, la Comisión publicó documentos muy censurados; una opacidad que el Tribunal de Justicia de la UE condenó más tarde al observar irregularidades en dicho procedimiento.

En 2022, la defensora del pueblo de la UE, Teresa Anjinho, también criticó la gestión de la Comisión ante la petición del ‘New York Times’, describiéndola como un «toque de atención» a la UE. En reacción a la sentencia de hoy, Anjinho ha declarado lo siguiente: «El Tribunal -al igual que esta defensora- subraya una vez más que el derecho de acceso a los documentos exige que las instituciones afectadas, en la medida de lo posible y de forma no arbitraria y previsible, elaboren y conserven siempre la documentación relativa a sus actividades«. La defensora también ha pedido a la Comisión que extraiga las conclusiones necesarias de la sentencia de hoy y garantice el pleno respeto del derecho de acceso del público a los documentos.

«Esta sentencia nos recuerda una vez más que la UE se rige por el Estado de Derecho y que sus dirigentes están sometidos al escrutinio constante de los medios de comunicación libres y de un Tribunal independiente«, ha declarado Alberto Alemanno, fundador de The Good Lobby. Alemanno añade que la victoria del ‘NYT’ es «la victoria de todos, ya que esta sentencia está llamada a conducir a una mayor responsabilidad de las acciones de los líderes de la UE». Shari Hinds, responsable de políticas en la organización Transparencia Internacional UE, declara a ‘Euronews’ que «sigue habiendo mucha falta de claridad y debería haber transparencia en torno a lo sucedido». En su opinión, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales cuando se trata de decisiones de salud pública como estos contratos, que afectan a millones de personas. «Creemos que la confianza pública debe ser restaurada, hay preguntas abiertas y es hora de que la Comisión muestre su compromiso de aumentar la responsabilidad pública«, ha añadido.

La Comisión Europea, que tiene dos meses para presentar un recurso de apelación, ha dicho que examinará de cerca la decisión del Tribunal General antes de decidir sus próximos pasos. También ha anunciado planes para adoptar una nueva decisión que ofrezca una explicación más detallada en respuesta a la petición original del ‘New York Times’. «La transparencia siempre ha sido de suma importancia para la Comisión y para la presidenta Von der Leyen. Seguiremos cumpliendo estrictamente el sólido marco jurídico vigente para hacer cumplir nuestras obligaciones», ha declarado un portavoz de la Comisión.

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Ellen ‘t Hoen.

Medicines Law & Policy, 09-05-2025. https://medicineslawandpolicy.org/2025/05/the-people-vs-abbvie/

Un excelente e ilustrativo artículo de Ellen ´t Hoen donde relata la demanda de la Fundación de Responsabilidad Farmacéutica (PAF) sobre las descomunales ganancias de Abbvie con el medicamento Humira obtenidas en los Países Bajos.

Sin duda sería un espléndido resultado para los pacientes y sistema público de salud neerlandés que los tribunales estimarán la demanda y condenarán a Abbvie.

Hoy, 9 de mayo de 2025, es un día importante en los tribunales para la Fundación de Responsabilidad Farmacéutica (PAF) de los Países Bajos. En febrero de 2023, la PAF interpuso una demanda contra AbbVie por las ganancias excesivas obtenidas por la venta de Humira (adalimumab), su medicamento para la artritis reumatoide.

La PAF alega que la compañía actuó ilegalmente al obtener ganancias excesivas de las ventas de Humira en los Países Bajos, lo que provocó un desplazamiento de la atención sanitaria en el país. Al fin y al cabo, cada euro destinado a la atención sanitaria solo se puede gastar una vez.

En los Países Bajos, las ventas de Humira ascendieron a 2.100 millones de euros entre 2004 y 2018. Según PAF, hasta 1.000 millones de euros correspondieron a beneficios excesivos obtenidos mediante prácticas de fijación de precios desleales. (Entre 2003 y 2024, la facturación global del producto fue de 231.000 millones de dólares estadounidenses).

Los beneficios excesivos de Humira en los Países Bajos se tradujeron en la pérdida de cerca de 14.000 años de vida saludable. Las cifras que respaldan el caso se pueden encontrar en el estudio económico de Zorgvuldig Advies, realizado a petición de PAF.

El diagrama a continuación, tomado de este estudio, muestra la relación entre el coste, los beneficios razonables y los beneficios excesivos. Los beneficios excesivos representan el 49% de las ventas. Este nivel de beneficios se mantuvo durante los años de exclusividad en el mercado, a pesar de que las ventas aumentaron debido a la ampliación de las indicaciones del producto. Normalmente, cuando el volumen de ventas de un producto aumenta, el precio baja

La caída del 90% en el precio de Humira tras el vencimiento de las exclusividades de mercado en 2018 y la entrada en competencia de genéricos ofrece una prueba más de los precios excesivos de AbbVie. La Autoridad Sanitaria Holandesa (NZa) señaló en su informe «De la Patente a la Competencia», publicado en abril, que el gasto anual por paciente en adalimumab en los Países Bajos se redujo casi un 90%, de 10.400 € durante el periodo de la patente a 1.300 € tras la entrada en competencia de genéricos. Esto proporciona una prueba más de que el elevado precio de Humira se debió a que AbbVie aprovechó su posición de monopolio en el mercado.

Hoy, en respuesta a los medios de comunicación, AbbVie ha comentado que la acción de PAF podría perjudicar la innovación para los pacientes neerlandeses. Este es un argumento recurrente utilizado por la industria farmacéutica para contrarrestar cualquier medida que no les guste, con la predicción de que abandonarán sus esfuerzos de innovación. La amenaza de que la innovación pueda estar en juego suele impresionar a los responsables políticos. Pero en este caso, es difícil de sostener, considerando que la facturación global del producto fue de 231.000 millones de dólares.

No es la primera vez que AbbVie es objeto de escrutinio por el precio de Humira. En 2019, la autoridad de competencia neerlandesa, la Autoridad para los Consumidores y los Mercados (ACM), inició una investigación sobre los descuentos que AbbVie ofrecía a los hospitales. A finales de 2018, AbbVie había perdido su monopolio de mercado debido a la expiración de la patente y trató de obstaculizar la entrada de biosimilares al mercado mediante contratos exclusivos con hospitales, mediante los cuales estos solo mantendrían los descuentos si no cambiaban a ninguno de sus pacientes a un biosimilar. La investigación se cerró en 2020 después de que AbbVie declarara que ya no obligaría a los hospitales a comprar exclusivamente a AbbVie.

En mayo de 2021, el Congreso de Estados Unidos investigó a AbbVie como parte de una investigación exhaustiva sobre las prácticas de fijación de precios de la industria farmacéutica, incluyendo el precio de Humira. AbbVie había aumentado el precio de Humira en un 470% desde su introducción en 2003 en Estados Unidos. Los pacientes estadounidenses pagaron 77.586 dólares estadounidenses por el suministro de un año.

AbbVie ha utilizado derechos de monopolio para mantener sus precios elevados más allá de lo razonable. La Iniciativa para Medicamentos, Acceso y Conocimiento (I-Mak) descubrió que AbbVie presentó 257 patentes para Humira. El 90% de estas patentes se presentaron después de la primera aprobación del fármaco en 2002, por lo que tenían poca relación con el desarrollo del producto y se utilizaron principalmente con fines de marketing estratégico. I-Mak denominó a esto el «muro de patentes» de AbbVie, cuyo objetivo era mantener fuera del mercado versiones biosimilares más asequibles de su producto. Y funcionó: Los biosimilares de Humira no estuvieron disponibles en el mercado estadounidense hasta 2023, tras lo cual los precios comenzaron a bajar.

El caso de PAF se verá en el Tribunal de Distrito de Ámsterdam ante un panel de jueces el 9 de mayo de 2025. Casualmente, en Estados Unidos, AbbVie celebrará su junta anual de accionistas a las 15:00 CET. Se espera que el Tribunal dicte una decisión sobre el fondo del caso en un plazo de 6 a 12 semanas.

OTRAS FUENTES. Revista nº 39 – Mayo 2025.

Carlos Fernández Oropesa.

Revista Española de Comunicación en Salud, Suplemento 1 2025, 9-17. Acceso a resumen del artículo: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/8878 

Acceso a la revista completa:

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/issue/view/756/258

Este artículo explora las complejas relaciones entre la industria farmacéutica, a través de sus grupos de presión y la atención primaria. Describe los mecanismos utilizados por la BigPharma para conseguir sus objetivos de precios elevados, prolongación de patentes, etc.

Como posible respuesta a la estrategia utilizada por las empresas farmacéuticas, propone una Atención Primaria centrada en el paciente con un enfoque clínico basado en la evidencia.

Introducción

Martín (2024) publicó un artículo cuyo objetivo ha sido exponer las prácticas ocultas de las multinacionales farmacéuticas en España. El estudio aborda específicamente cómo estas empresas utilizan pagos a los profesionales sanitarios para influir en sus decisiones y promover sus propios intereses dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con su extensa investigación, el autor buscaba revelar las redes de intereses y conflictos que estas prácticas generan, subrayando la falta de transparencia y las implicaciones negativas para la ética y la

eficacia del sistema sanitario.

El tema, por conocido, no deja de ser polémico, sobre todo a la luz de las conclusiones del artículo citado, que indican que las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios están marcadas por prácticas que pueden comprometer la independencia y la objetividad de estos últimos. Por consiguiente, es urgente implementar reformas que promuevan la transparencia y prioricen la salud pública sobre los intereses comerciales, para evitar que los réditos corporativos dominen el proceso de toma de decisiones en el ámbito sanitario.

La situación anterior no parece exclusiva de nuestro país, habida cuenta del gran volumen de evidencia publicada al respecto. En las últimas décadas, la relación entre los sistemas sanitarios y los laboratorios farmacéuticos ha sido objeto de múltiples análisis, críticas y debates (Civio, 2017; Sayed et al., 2024).

Como es sabido, la industria farmacéutica juega un papel fundamental en el desarrollo de medicamentos que salvan y mejoran vidas, la reciente pandemia de COVID-19 ha sido un buen ejemplo de ello. Sin embargo, existe una creciente preocupación por la influenca que ejerce en los sistemas de salud, con posibles implicaciones de índole ética y práctica, fruto de una inadecuada relación entre el lobby farmacéutico y las instituciones sanitarias, organizaciones académicas, sociedades científicas y los propios profesionales, a la luz de los datos que revelan las ingentes cantidades de dinero invertidas en estas prácticas (Statista, 2024).

En el contexto asistencial español, la atención primaria (AP) es un pilar esencial para garantizar que la salud pública se mantenga centrada en el interés del paciente, antes que en los intereses comerciales. Una AP fuerte, con sus atributos conservados, puede desempeñar un papel crucial en la mitigación de los riesgos asociados a la influencia del lobby farmacéutico.

Este artículo examina la relación entre la asistencia sanitaria y el lobby farmacéutico, con un doble enfoque: por un lado, identificando los riesgos inherentes y las consecuencias de dicha relación y, por otro, explorando cómo una AP robusta junto con una comunicación efectiva, puede actuar como un contrapeso necesario.

Actividades del lobby farmacéutico y sus consecuencias

El término «lobby» o más acertadamente en español, grupo de presión, se define como un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social (Real Academia Española, 2024). En el ámbito sanitario, el lobbismo farmacéutico se refiere a las actividades realizadas por la industria farmacéutica y sus representantes para influir en las políticas de salud, la legislación y las decisiones de los profesionales sanitarios a cualquier nivel (Van de Vrande, Subramanian, Lévesque & Klopf, 2024). Esta influencia se ejerce de múltiples maneras, desde la financiación de estudios clínicos y la promoción de medicamentos específicos, hasta la formación de médicos y la presión sobre los legisladores para aprobar regulaciones favorables (Chimonas, Mamoor, Bach & Korenstein, 2021). Como se puede observar en la Figura 1, la industria de productos médicos no solo tiene numerosos vínculos directos con todas las partes clave del ecosistema de atención médica y con algunas actividades, sino también vínculos indirectos en todo el ecosistema de la salud.

En España, como en muchos otros países, la industria farmacéutica invierte considerables recursos en actividades de lobbismo. Estas actividades pueden incluir la organización de congresos médicos, la financiación de publicaciones científicas y la participación en comités de evaluación de tecnologías sanitarias (Martín, 2024).

Si bien, estas acciones no son ilegales, sí plantean cuestiones sobre la posible distorsión de la práctica clínica y la política sanitaria, en favor de los intereses comerciales, con el consiguiente impacto en los costes, la sostenibilidad del sistema sanitario público y los potenciales daños asociados a los pacientes.

A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a repasar brevemente algunas de las prácticas más comunes:

1.- Fijación de precios elevados, lo que puede afectar a la accesibilidad a los nuevos tratamientos: la industria farmacéutica justifica unos precios iniciales altos argumentando el alto coste de la investigación y desarrollo (I+D) de los nuevos medicamentos, de tal manera que, cuando salen al mercado su precio suele ser superior a las alternativas existentes, aprovechando el período de exclusividad de la patente que impide la competencia de los genéricos (DiMasi, Grabowski & Hansen, 2016; Kesselheim, Avorn & Sarpatwari, 2016). Todo lo anterior parece coherente en un mercado libre y con medicamentos considerados innovadores, porque aportan mejoras sustanciales en términos de seguridad, eficacia o adecuación. No obstante, hay controversia por la falta de transparencia de los costes en I+D o cuando dichas mejoras son cuestionables, como ocurre con los nuevos tratamientos oncológicos (Brinkhuis, Goettsch, Mantel-Teeuwisse & Bloem, 2024).

2.- Prolongación del proceso de exclusividad: muy relacionado con el punto anterior, la fijación de precios en medicamentos de especial relevancia para la industria farmacéutica, puede asociarse a prácticas para la prolongación del proceso de exclusividad ligado a la patente, mediante pequeñas modificaciones en la formulación del medicamento, como sucede con los isómeros, sales y profármacos (Kapczynski, Park & Sampat, 2012), o mediante nuevas indicaciones terapéuticas o métodos de administración que permiten obtener nuevas patentes.

Este proceso, conocido como «evergreening» retrasa la entrada de los genéricos a un precio más contenido y busca, en definitiva, maximizar los beneficios económicos (Hemphill & Sampat, 2012).

Otras acciones muy extendidas son el blindaje de un producto con múltiples patentes, como ha ocurrido recientemente con los análogos del receptor del GLP-1 (Alhiary, Kesselheim, Gabriele, Beall, Tu & Feldman, 2023), los interminables y caros litigios por las patentes (Thomas, 2010) o el pago por demora (Hemphill, 2006), que consisten en acuerdos para pagar a las compañías de genéricos para que retrasen la introducción de sus versiones

más económicas en el mercado.

En definitiva, el alto coste de los medicamentos de reciente comercialización (independientemente de su valor terapéutico), mantenido en el tiempo con estas prácticas, puede exacerbar las desigualdades en el acceso a tratamientos, especialmente en los países con menos recursos para invertir en sanidad. Asi mismo, los pacientes más vulnerables pueden verse privados de opciones terapéuticas accesibles y efectivas (Tenni et al.,

2022; Gotzsche, 2018).

3.- Estrategias de marketing: realizando una promoción directa de sus productos a los prescriptores para que prioricen su uso, incluso si existen mejores opciones avaladas por la evidencia científica (Mora, 2003), alternativas similares más económicas o si la indicación no está autorizada en la ficha técnica (uso off label) (Rusz, 2021).

Para estos fines, el lobby farmacéutico tiene múltiples herramientas, como la visita médica, el patrocinio de actividades formativas u otro tipo de encuentros profesionales (Wazana, 2000; Fugh-Berman, 2021), los incentivos económicos directos (pagos por consultorías, participación en estudios patrocinados, conferencias) (Martín, 2024), la elaboración de directrices de tratamiento como consensos y guías (Lenzer, 2013), o el patrocinio de estudios (Gazendam, Slawaska-Eng, Nucci, Bhatt & Ghert, 2023).

Todas estas prácticas y actividades realizadas por la industria farmacéutica y sus representantes pueden acarrear las siguientes consecuencias:

Prescripción de baja calidad (Aaron et al., 2021).

Fragmentación de la atención, al centrarse el discurso en un medicamento o enfermedad concretos y no en el abordaje holístico del paciente.

Manipulación de la demanda y expansión injustificad de los diagnósticos, por la proliferación de enfermedades «inventadas» para la ocasión (Moynihan, Heath & Henry, 2002) y de trastornos o procesos que seponen de moda (Lexchin, 2006).

Y, lo que estimamos más importante: el control de la narrativa con campañas de sensibilización y estrategias de marketing, con efectos directos en los pacientes (allí donde está permitido), y su influencia en los medios de comunicación y en la opinión pública (Angell, 2004).

Como consecuencia de todo lo anterior, se puede originar una práctica profesional distorsionada por los conflictos de interés que pueden sesgar la toma de decisiones clínicas, en detrimento del paciente.

El rol de la atención primaria en la mitigación de los riesgos

La AP es el primer punto de contacto de los pacientes con su sistema de salud y la Organización Mundial de la Salud la define como «un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de las personas tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas» (World Health Organization, 2018). Su enfoque holístico y centrado en el paciente, son propiedades que tienen la capacidad de convertirla en un bastión contra una influencia excesiva de la industria farmacéutica.

Una AP fuerte puede ayudar a mitigar los riesgos asociados al lobby farmacéutico de las siguientes maneras:

1. Medicina basada en evidencias. De la propia definición de este término puede inferirse que, como el resto de los profesionales sanitarios, los que desempeñan su labor en AP tienen la responsabilidad de basar sus decisiones en la mejor evidencia cientifica disponible (Sackett, Rosenberg, Muir, Haynes & Richardson, 1996). Al mantenerse informados y críticos respecto a la información proporcionada por la industria farmacéutica, pueden garantizar que las decisiones clínicas se centren en la eficacia y seguridad de los tratamientos, en lugar de los intereses comerciales (Spielmans & Parry, 2010).

Prescripción prudente. Muy relacionado con el punto anterior. Los prescriptores que desarrollan su labor en AP están en una posición privilegiada para implementar los principios de la prescripción prudente descritos por Schiff (2011). Estos principios instan a los médicos a (1) pensar más allá de los medicamentos; (2) practicar una prescripción más estratégica; (3) mantener una mayor vigilancia con respecto a los efectos adversos; (4) ejercer cautela y escepticismo con respecto a los nuevos medicamentos; (5) trabajar con los pacientes en una agenda; y (6) considerar los impactos más amplios y a largo plazo de los tratamientos. Todo lo anterior está orientado a proteger a los pacientes de tratamientos innecesarios en aras de una mayor seguridad y mejor calidad asistencial y, ademas, contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Comunicación transparente con los pacientes. La comunicación abierta y transparente con los pacientes es esencial en un contexto de toma de decisiones compartidas, que incluye tres elementos fundamentales: 1/ un intercambio de información (personal y médica) entre el paciente y el sanitario que lo atiende, 2/ la deliberación sobre las distintas opciones, y 3/ llegar a una decisión consensuada. En este proceso interactivo, el profesional sanitario aporta sus conocimientos, así como información acerca de los riesgos y beneficios de la intervención en cuestión, mientras que el paciente lo hace sobre sus valores, preferencias, preocupaciones y su experiencia con el problema de salud (INFAC, 2014).

Colaboración interdisciplinaria. La AP debe trabajar en estrecha colaboración con otros especialistas y profesionales de la salud para garantizar un enfoque integrado y coordinado en el manejo de las enfermedades (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, CGCOF, 2015). Esta colaboración puede ser efectiva para evitar la fragmentación de la atención a la que antes aludíamos y asegurar que las decisiones terapéuticas se tomen en el mejor interés del paciente. En el estudio realizado por el CGCOr, sobre cómo avanzar en el establecimiento de modelos de cooperación, se identificaron numerosas propuestas alrededor de cuatro grandes áreas (Figura 2): generar confianza entre los profesionales, mejorar la comunicación con herramientas compartidas, impulsar proyectos conjuntos y, todo ello, utilizando las nuevas tecnologías de la información.

Importancia de la comunicación en atención primaria

La comunicación es un aspecto fundamental para que la AP pueda contrarrestar efectivamente la influencia del lobby farmacéutico. Algunas recomendaciones para aprovechar mejor el poder de la comunicación en el primer

nivel asistencial son las siguientes:

1. Transparencia en la relación con la industria farmacéutica. La transparencia es esencial para gestionar los posibles confli tos de interés. Los médicos deberían evitar la relación directa con la industria farmacéutica, así como recibir cualquier tipo de pago o financiación. En cualquier caso, siempre deberían comunicar abiertamente cualquier relación financiera o profesional que mantengan con la industria farmacéutica. Esto no solo protege la integridad de la relación médico-paciente, sino que también fortalece la confianza de los usuarios en el sistema de salud (Altisent, Delgado y Astier, 2019).

2. Comunicación directa con los pacientes. En la relación médico-paciente, una comunicación clara, honesta y centrada en el paciente es crucial para garantizar que las decisiones terapéuticas se tomen en el mejor interés del paciente Los profesionales de AP tienen la oportunidad de proporcionar de forma empática, información equilibrada y basada en evidencia a pacientes y familiares sobre las opciones de tratamiento disponibles. Esto, aunque va más allá de los aspectos puramente técnicos si se quiere establecer una relación colaborativa (INFAC, 2014; Padilla, Medina & Jaramillo, 2014) incluye explicar de manera comprensible los beneficios y riesgos de cada tratamiento. Al fomentar un entorno de confianza, los pacientes se sienten más capacitados para participar activamente en la toma de decisiones sobre su salud, lo que es fundamental para una atención centrada en la persona, lejos de la presión ejercida por la industria farmacéutica.

3. Formación continua. La comunicación es un elemento clave en la formación continua de los profesionales, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias lejos de la influencia de la industria farmacéutica. Para este fin, se pueden organizar foros y cursos donde se promueva una discusión abierta y crítica sobre los nuevos tratamientos y las evidencias que los avalan. Esto, que es esencial para garantizar una práctica médica informada y ética, debe ser un objetivo irrenunciable de las sociedades científicas y las administraciones sanitarias (Zamarriego, 2006).

4. Comunicación con profesionales de otros niveles asistenciales. La comunicación se erige como un vehículo que posibilita el establecimiento de vínculos profesionales, el desarrollo de confianza y respeto mutuo, y el reconocimiento de la labor profesional, facilitando la colaboración interdisciplinar (Fuentes, 2019). Por ejemplo, los médicos de familia deben colaborar estrechamente con otros profesionales de la salud para compartir información y tomar decisiones terapéuticas basadas en el consenso y en el mejor interés del paciente. La colaboración interdisciplinaria, que se ve favorecida por una comunicación clara y precisa, ayuda a evitar la fragmentación de la atención y favorece, además, la seguridad del paciente.

Conclusiones

La relación entre la asistencia sanitaria y el lobby farmacéutico es compleja y presenta muchos desafíos. Si bien es cierto que la industria farmacéutica desempeña un papel crucial en la cadena del medicamento, su influencia en el sistema de salud debe ser cuidadosamente gestionada para evitar que éste se desvíe de su objetivo principal: la mejora de la salud pública.

Una AP fuerte, con los medios suficientes y centrada en el paciente, es esencial para contrarrestar una influencia excesiva del lobby farmacéutico. Los profesionales sanitarios de AP, apoyados por la evidencia clínica, realizando una prescripción responsable y ejerciendo una comunicación efectiva, pueden actuar como un contrapeso para garantizar que los intereses del paciente continúen siendo la prioridad en todas las decisiones de salud.

En última instancia, el éxito en la mitigación de los riesgos asociados al lobby farmacéutico dependerá de la colaboración entre todos los actores del sistema de salud, incluidos legisladores, reguladores, gestores, profesionales sanitarios y la propia industria farmacéutica. Solo a través de un esfuerzo conjunto, y con una comunicación clara y transparente, se podrá garantizar un sistema de salud equitativo, eficaz y centrado en el paciente.

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