AUTORA: María Luisa Carcedo Médica. Secretaria ejecutiva de Sanidad del PSOE. Diputada. Ex-ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Revista AJM Nº 4 JUNIO 2021

“Una vacunación con criterios equitativos reafirma los derechos humanos. Un nacionalismo de la vacunación los niega.” Antonio Guterres

La irrupción de esta pandemia por el SARCoV2 y la pronta investigación sobre las características del virus y el consiguiente hallazgo de varias vacunas eficaces para proteger de la enfermedad grave y la mortalidad ha colocado, de nuevo, en la agenda la urgencia de asegurar el acceso a la inmunización en todo el planeta. En primer lugar por el significado de los derechos humanos, pero también por las características de la pandemia y el comportamiento del virus, su modo de difusión y su capacidad de mutación a variantes más contagiosas y, quizás, más agresivas.

Precisamente por esas características el interés de los países desarrollados en favorecer un acceso a las vacunas para las personas que viven en países más pobres no solo tiene un interés de justicia y solidaridad humana. Conlleva también un interés para preservar la salud de los propios ciudadanos del llamado primer mundo. Mientras no haya una inmunización en todos los países, el control de la pandemia será imposible, a causa del intenso movimiento de personas del mundo globalizado actual. A lo que hay que añadir la incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas disponibles sobre las probables mutaciones del virus.

Pero, como estamos comprobando, el impacto de la pandemia y la forma de gestionarla no se reducen a razones sanitarias. El impacto económico también tiene una gran interdependencia. Se han hecho estudios sobre el posible retorno económico de las inversiones aportadas en vacunas de los países ricos en el programa ACT (Access To COVID-19 Tools). De hacerlo con criterios que priorizan los grupos de riesgo, el retorno económico podría alcanzar hasta 166 veces la inversión. Otro potente argumento de rentabilidad, también económica, derivado del valor de la inmunización como bien público mundial.

Esta pandemia nos ha permitido comprobar de forma extrema la trascendencia del acceso justo a los medicamentos eficaces para evitar o tratar enfermedades que afectan de distinta forma a toda la humanidad. En este caso, de vacunas contra un virus con una capacidad de contagio y expansión que, como vemos, logró en tiempo récord afectar a toda la humanidad.

Como advierte el Secretario General de Naciones Unidas, “las vacunas deben ser un bien público mundial y ser accesibles y asequibles para todas las personas.” Y es ahí donde chocamos con el sistema establecido por el mercado para los remedios a las enfermedades evitables o tratables, para hacer efectivo ese componente de los Derechos Humanos que es el derecho a la salud. Y no solo para las vacunas.

Este considerado bien público global, en consecuencia, no puede estar sometido a las reglas establecidas en el mercado, aplicables a los bienes exclusivamente privados. Esta consideración, sin menoscabo de los

derechos que el mercado otorga a los bienes privados sujetos a mayor o menor regulación, interpela de forma directa a los poderes públicos nacionales y multilaterales.

El logro de varias vacunas contra el SARSCoV2 en un tiempo récord nos ha demostrado la capacidad de la investigación para aportar remedios a enfermedades nuevas o incurables y soluciones a enigmas que aún mantienen a una parte, demasiado grande, de la humanidad presa de penurias impropias del desarrollo de la sociedad del Siglo XXI.

Como se ha demostrado en esta pandemia, una apuesta decidida por el conocimiento es el camino más corto para discernir esos enigmas que aún atenazan a la humanidad en forma de severos padecimientos, muertes evitables y condiciones de vida en muchas ocasiones inhumanas.

Existe un amplio consenso sobre el valor de la investigación como solución, pero a la lógica investigación-éxito-mejoras, cuando se destinan recursos públicos hay que añadir el fin como bien público global: para todos. Más cuando se trata de bienes relacionados con lo más básico de los derechos humanos, como es el caso de las vacunas contra el coronavirus –por el interés especial en el control de la pandemia- pero también las vacunas infantiles como el sarampión o la polio o de medicamentos eficaces.

La inversión de recursos públicos en la aparición de nuevos medicamentos debe de tener en cuenta estas dos premisas básicas: el derecho a la cobertura sanitaria como parte de los derechos humanos y la consideración de medicamentos esenciales como bien público global. Pero esta sencilla ecuación exige repensar los mecanismos actuales, empezando por los requisitos para la inversión pública destinada a la investigación de las enfermedades, para lograr medicamentos eficaces, las reglas para su fabricación y la forma de comercialización. Eso sí, respetando de forma justa los intereses públicos y privados que están obligados a confluir y cooperar.

Esta necesidad se ha puesto de actualidad de forma cruda en el acceso a las vacunas, adquiridas según la capacidad económica de los Estados, con la lógica consecuencia de injusta y peligrosa desigualdad en el acceso a la inmunización. Esto perjudica de forma directa a las personas que viven en países pobres pero también, de forma indirecta, como vimos antes, a toda la humanidad, incluidos los intereses económicos de los países más poderosos.

Pero esta situación no se limita a la vacuna contra el SARS-COV-2. Es una tendencia sostenida y creciente que afecta con carácter general a todos los medicamentos, singularmente a los nuevos, incluidos lo que aportan tratamientos eficaces a enfermedades antes incurables. Afecta a la incorporación de los nuevos tratamientos de la medicina genómica, cuyas soluciones personalizadas encarecen los medicamentos: de no introducir medidas podrían convertirse en inasequibles para toda la población. Esto nos adentraría en un nuevo escenario de inequidades, no ya entre países sino dentro de los propios países desarrollados. En definitiva, nos adentraría en un riesgo de nuevas desigualdades en salud.

Si añadimos a esto la tendencia de los sistemas sanitarios a priorizar la actividad asistencial de las enfermedades frente a la promoción y protección de la salud: a prevenir las enfermedades que se ha venido relegando, reduciendo los recursos destinados cuando existen sobradas evidencias de su mayor capacidad de eficacia en términos de salud y de eficiencia en términos económicos.

Me estoy refiriendo, en el caso de España, a la Salud Pública y a la Atención Primaria y Comunitaria, que han visto recortados los recursos y las capacidades relegando las

funciones preventivas, los determinantes sociales y ambientales y la capacidad de las medidas de salud en todas las políticas para la promoción y protección de la salud, con carácter general. En nuestro Sistema Nacional de Salud, a pesar de estas evidencias, han sido éstas las políticas que han sufrido los mayores recortes del RDL 16/2012, debilitando sus capacidades de respuesta con la llegada de la pandemia. En este contexto, la eficacia de nuestras políticas ha sido mantenida gracias al sobresfuerzo de los profesionales. Tras las exigencias del control de la pandemia y la atención a la COVID-19, la revitalización de la Atención Primaria y Comunitaria y la Salud Pública se han convertido en una urgencia ineludible.

Por el contrario, los recursos destinados a los medicamentos y productos sanitarios no han hecho más que aumentar. El último ejercicio alcanzó casi 24.000 millones de euros, casi el 32% del gasto sanitario, o lo que es lo mismo la tercera parte de los recursos destinados a la sanidad se dedican a los medicamentos y productos sanitarios. En consecuencia, esto limita las capacidades de mejora en la retribución de profesionales y de ampliación de la cartera común de servicios que están siendo causa de preocupantes desigualdades en salud, como son la atención temprana o la salud bucodental.

Sobran razones para repensar de forma rigurosa el sistema del ciclo investigaciónproducción-financiación y acceso a los medicamentos como bien público esencial como requisito para hacer efectivo el derecho a la salud, parte esencial de los derechos humanos. Y como forma de combatir las desigualdades en salud.

Termino con otra frase del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres: El virus también está infectando los derechos políticos y civiles y reduciendo aún más el espacio cívico”.

Pongamos los instrumentos para evitarlo. El acceso justo a las vacunas es uno.