ORIGINAL- Revista nº 50- septiembre 2026.

Juan Luis Beltrán Aguirre.
Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra.

Parafraseando a Norberto Bobbio, la democracia no es otra cosa que la gestión de lo público
en público. Y, en efecto, solo cuando la actuación de los responsables y gestores públicos se
sujeta a una supervisión de la sociedad a la que sirve, rindiendo cuentas de su actuación, es
cuando se puede hablar de democracia avanzada y participativa.
Sin embargo, para hacer realidad una democracia avanzada y participativa no basta con la
existencia de leyes de transparencia y de buen gobierno, pues las leyes por sí solas no tienen
efectos taumatúrgicos; no son una varita mágica que, con su mera promulgación, haga que las
Administraciones y Entidades públicas se vuelvan transparentes y sus mandatarios observen
los principios de ética y reglas de conducta propios de un buen gobierno. Con la promulgación
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, la transparencia en la gestión pública
se puso de moda en todos los foros, pero la palabra “transparencia”, tras haber sido invocada
en exceso, pero sin resultados efectivos, hoy está en gran medida devaluada en su significado
político-administrativo y, por ende, ha perdido parte del atractivo que suscito en 2013 la
promulgación de la ley.
Además de una buena legislación que la sustente, es imperioso educar y sensibilizar a los
políticos y altos cargos de la Administración en el valor de la transparencia, y también a la
ciudadanía para que con una actitud proactiva ejerza su derecho constitucional a saber
visitando habitualmente los portales de transparencia de las entidades y organismos públicos y
solicitando el acceso a aquella información o documentos públicos sobre programas, medidas
y actuaciones que afecten a su vida cotidiana, como en el ámbito de la salud es el caso de la
gestión de la salud pública, de la asistencia sanitaria o del acceso a los medicamentos, a fin de
colaborar con los gobernantes y gestores públicos para procurar que las decisiones que
adopten sean acordes con los intereses generales.
Empero, todavía se observa en nuestros políticos una falta de motivación entendida como la
ausencia de una convicción profunda sobre la importancia de la transparencia en un sistema
democrático avanzado. A los políticos y altos cargos de la Administración la transparencia les
incomoda. Consideran la información como algo propio -la información es poder- y se resisten
a facilitarla. Les preocupa parecer transparentes, no serlo realmente. Son frecuentes
declaraciones públicas o notas de prensa que ofrecen una información insuficiente o
manipulada, En el ámbito de la sanidad buenos ejemplos son el maquillaje de las listas de
espera, la gestión de la pandemia del Covid-16 o la reciente crisis sanitaria de la ciudad de
Ceuta. Ha primado la voluntad de aparentar, nada más. Se desenvuelven más cómodos en la
opacidad.
Después de trece años de vigencia de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, su aplicación durante estos años no ha dado todos los frutos que cabía esperar,
en buena medida debido a las propias carencias de la ley y a la poca voluntad de aplicarla.
Indudablemente, en estos años se ha avanzado bastante en transparencia, pero, con todo, no
es exagerado afirmar que la situación actual de la transparencia de la gestión pública en

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nuestro país es todavía mediocre. Ha habido avances, como, por ejemplo, dotarse las
Administraciones y Entidades de portales de transparencia, aunque, en general, sin abrir al
público las bases de datos internas, pero también retrocesos como, por ejemplo, establecer
este año por ley el secreto del precio de los medicamentos de financiación pública.
Conseguir que los políticos y altos cargos de las Administraciones sanitarias sean transparentes
en sus decisiones y actuaciones pasa necesariamente por que la opacidad tenga un coste
electoral en los políticos y un coste profesional en los altos cargos, y sufrir ese precio pasa por
que la ciudadanía penalice la opacidad, pero solo la penalizará cuando esté comprometida y
sensibilizada, que hoy no lo está, al menos suficientemente.
Queda, pues, bastante camino por recorrer. La labor que en esta ruta están haciendo los
órganos garantes de la transparencia instituidos como Administraciones independientes, el
estatal y los creados en las Comunidades Autónomas, está siendo muy importante. Animo a
que prosigan sin desmayo en esa labor de concienciación.

EDITORIAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Fernando Lamata Cotanda.

Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM.

A la vista del número 50 de la Revista Acceso Justo al Medicamento lo primero que viene a mi mente es el sentimiento de gratitud a las personas que han hecho posible esta obra durante los últimos 5 años. Especialmente al Comité de Redacción y a su coordinador Ramón Gálvez. Los artículos y materiales incluidos en la revista han servido y sirven para la reflexión y el debate sobre esta importante cuestión que, lamentablemente, sigue vigente y sigue necesitando respuestas políticas, profesionales y sociales, en España y en el mundo.

1.-Por ejemplo, a la pregunta de si en España hay un acceso justo al medicamento no sería exagerado responder que no. Así, la primera oleada del Barómetro Sanitario de 2026 nos muestra que un 6,1% de los encuestados dejaron de tomar en los últimos doce meses, “por motivos económicos”, algún medicamento que les habían recetado en la sanidad pública ⁽¹⁾. El hecho de que en el último año alrededor de tres millones de personas en España no pudieran pagar los medicamentos que les habían recetado puede considerarse sin duda muy injusto. No hay derecho, cuando en nuestro país existe un Sistema Nacional de Salud que debería ofrecer una atención sanitaria pública completa y de calidad a todas las personas que la necesiten.

Preocupa que la cifra reseñada haya venido aumentando progresivamente desde 2018 cuando se situaba en un 3%. ¿Acaso es inevitable esta injusticia? Entiendo que no. Sería posible eliminar los copagos, que constituyen la barrera de acceso para millones de personas, y esas cantidades se podrían financiar con una parte del dinero que el Sistema Sanitario Público gasta en exceso por los altos precios de los nuevos medicamentos y por la prescripción innecesaria.

2.-Porque en España gastamos demasiado en medicamentos, en detrimento de otros gastos de salud. Y la tendencia creciente continúa. En 2025 la sanidad pública pagó 26.154,5 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior. Y en 2026, hasta el mes de mayo, hemos pagado 11.130 millones de euros, 524,6 millones de euros más que en el mismo período en 2025 ⁽²⁾. Si pagáramos precios de genéricos y financiáramos directamente los gastos de toda la I+D que las empresas dicen realizar, podríamos ahorrar más de 10.000 millones de euros al año de dinero público (equivalente a la contratación de más de 100.000 profesionales sanitarios). Y si redujéramos la presión de marketing y lobby que pagan las empresas con ese exceso de beneficios, y fomentáramos la formación independiente de los profesionales sanitarios, reduciríamos la prescripción y consumo de medicamentos innecesarios (en torno a un 30%), evitando perjuicios para la salud y logrando un ahorro todavía mayor, que podría destinarse a otras necesidades sanitarias.

3.-Conviene insistir: la estrategia para lograr un acceso justo al medicamento es posible, y debe diseñarse e implementarse en el ámbito nacional, por el Gobierno de España, pero también es preciso impulsar, al mismo tiempo, una estrategia similar en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito mundial, donde el acceso a los medicamentos necesarios es un problema mucho más grave. Se necesita cambiar legislaciones nacionales y europeas, así como acuerdos internacionales, como los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos. Es preciso eliminar los monopolios en el ámbito de los medicamentos, cambiando la manera de financiar la I+D y evitando que las empresas puedan exigir precios abusivos, diez o cien veces por encima de los costes de fabricación e investigación. El asunto no es baladí, y debería ocupar a los gobiernos para buscar una solución eficaz, poniendo por delante de los intereses pecuniarios de la industria farmacéutica el derecho a la salud de todas las personas y el acceso justo a los medicamentos. Es una exigencia moral y un derecho humano.

4.-Cuando hace 5 años, en marzo de 2021, salía a la luz el primer número de la revista Acceso Justo al Medicamento, la pandemia de COVID-19, iniciada en Wuhan (China), había puesto sobre la mesa, de forma dramática, el debate sobre el acceso equitativo a las vacunas, diagnósticos y tratamientos en todo el mundo. Entonces, los gobiernos de los países ricos (Unión Europea, EEUU, etc.) cedieron ante las empresas farmacéuticas manteniendo los monopolios sobre los nuevos productos. De esta forma las empresas decidieron cuánto fabricaban, dónde fabricaban, a quién vendían y a qué precio. A pesar de que la mayor parte de la financiación de la I+D había sido pública, y a pesar de tratarse de una emergencia de salud mundial, las empresas fijaron precios 1.500% por encima de costes. Esto les permitió obtener en dos años beneficios de más de 90.000 millones de dólares ⁽³⁾. Pero fue a costa de que la vacuna y otros medios diagnósticos y terapéuticos se destinaran a los países ricos, que podían pagar, dejando a millones de personas en el mundo sin acceso.

En aquellos momentos muchos dirigentes, incluyendo al director general de la Organización Mundial de la Salud, afirmaron que esta “catástrofe moral de la humanidad” no debería volver a ocurrir. Y la OMS decidió iniciar la negociación de un Tratado de Pandemias. Sin embargo, hubo que esperar hasta mayo de 2025 para que la Asamblea Mundial de la Salud aprobara un texto de Tratado, claramente insuficiente, y condicionado, además, para su entrada en vigor, a que se acordara el Anexo sobre el sistema de acceso a patógenos y acceso a tratamientos (PABS en inglés).

Llegamos así a la reciente Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2026 sin alcanzar todavía un acuerdo sobre el Anexo. A lo largo del mes de julio se han mantenido nuevas reuniones del Grupo de Trabajo Inter Gubernamental de la OMS, pero tampoco se ha logrado el consenso (^{4; 5)}. Está prevista otra reunión los días 14 a 18 de septiembre. Los países ricos, bajo la presión de las grandes compañías, siguen defendiendo los derechos de propiedad intelectual y sus consiguientes monopolios en medicamentos, es decir, los beneficios abusivos de las empresas farmacéuticas. No es de extrañar que la presión de las empresas sea muy alta, si tenemos en cuenta los enormes beneficios que obtuvieron y obtienen con este modelo. Por su parte, los países de bajos ingresos defienden un sistema que exija la distribución automática de cualquier vacuna, tratamiento o diagnóstico, desde el primer momento, a precios de coste, y que, además, garantice la transferencia de tecnología para que ellos puedan fabricar estos productos en sus países.

5.-En realidad, este debate debería plantearse no solamente para responder a las pandemias, sino para todos los medicamentos y enfermedades (cáncer, cardiovasculares, endocrinas, neurológicas, poco frecuentes, etc.), y en todo momento ⁽⁶⁾. Ciertamente, si queremos lograr un Acceso Justo al Medicamento, para todas las personas, en todo el mundo, es precisa una discusión de alto nivel en Naciones Unidas para impulsar una Convención Internacional que suprima las patentes y derechos de propiedad intelectual en medicamentos, y acabe con los monopolios que permiten fijar precios abusivos ⁽⁷⁾. El derecho humano al acceso justo al medicamento necesario, en España y en el mundo, sigue reclamando respuestas, y desde esta modesta publicación seguiremos planteando iniciativas y propuestas para garantizar ese derecho.

Referencias

1. Ministerio de Sanidad. Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro Sanitario 2026. Primera Oleada. Pregunta 15. https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm

2. Ministerio de Hacienda. Indicadores sobre gasto farmacéutico y sanitario. 2026. https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmacéutico-y-Sanitario.aspx

3. De Haan, E. Big Pharma raked in USD 90 billion in profits with COVID-19 vaccines. SOMO. 27/2/2023. https://www.somo.nl/big-pharma-raked-in-usd-90-billion-in-profits-with-covid-19-vaccines/

4. World Health Organization. WHO Member States continue negotiations on the Pathogen Access and Benefit Sharing Annex. julio 2026.https://www.who.int/news/item/20-07-2026-who-member-states-continue-negotiations-on-the-pathogen-access-and-benefit-sharing-annex

5. Kerry Cullinan. Pandemic talks: What are the two models for sharing pathogens? Health Policy Watch. 20/7/2026. https://healthpolicy-watch.news/pandemic-talks-what-are-the-two-models-for-sharing-pathogens/

6. Lexchin J. Profits First, Health Second: The Pharmaceutical Industry and the Global South. Int J Health Policy Manag. 2024 May 18;13:8471 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11270595/

7. United Nations Secretary General’s. High Level Panel on Access to Medicines. Final Report: Promoting innovation and access to health technologies. September 14, 2016http://www.unsgaccessmeds.org/final-report

EDITORIAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Comisión de Redacción.

Este ejemplar de la revista es el número 50. Un número que, en la mitología griega, provoca sugerentes relatos que podemos releer en ejemplos como las 50 Danaides, las 50 Nereidas, etc. Mitos estos últimos al parecer relacionados con los barcos de 50 remos -“pentecontoros”- de la civilización arcaica griega.

En el mito de las Danaides, el castigo que éstas reciben por el asesinato de sus esposos en la noche de bodas estimula la imaginación. Efectivamente, las Danaides, en el inframundo, debían llenar eternamente con agua un recipiente agujereado. En ocasiones, una duda puede quebrar nuestra intención y ánimo al considerar que una revista como rAJM, destinada a proporcionar información, análisis y crítica de la BigPharma, se enfrenta a la misma imposible tarea que las Danaides.

Pero no es así, pues a lo largo de este tiempo hemos logrado consolidar una comunidad de lectores, autores y colaboradores que son, sin duda, nuestro mayor logro.

Cuando la AAJM inició su camino el objetivo era claro y meridiano. Era necesario abordar un grave problema que apenas aparecía como tal en los planteamientos relacionados con la atención sanitaria y, desde luego, ignorado en la práctica clínica; y ello pese al enorme tamaño de un iceberg construido sobre el beneficio económico de las grandes empresas farmacéuticas que amenaza a la salud mundial. Efectivamente, el elevado precio de los nuevos fármacos fijados por la industria farmacéutica era entonces, y es hoy, un enorme obstáculo que impide garantizar un acceso justo a los medicamentos y vacunas en el mundo y constituye un peligro y riesgo creciente para los sistemas públicos de salud en los países desarrollados.

La decisión de creación de la revista rAJM tenía como meta crear un espacio común de lectores, autores y colaboradores, donde exponer de forma clara y nítida los rasgos y características de esta situación inaceptable. La falta de medios similares en castellano hacía más imprescindible aún intentar crear un lugar de encuentro donde expresar la inquietud y desvelar la estrategia de las grandes empresas farmacéuticas para lograr enormes beneficios. Al mismo tiempo, recoger y poner de relieve los excelentes documentos, informes y artículos que se producen fundamentalmente en el ámbito anglosajón y cuya difusión y recepción en España es muy escasa. Unos textos de singular importancia donde los diferentes autores analizan de forma crítica la situación actual provocada por el sistema de patentes y precios, causante de un gravísimo problema para la salud de la población. Un ejemplo manifiesto fue la pandemia de COVID-19 durante la cual, cómo ha escrito una y otra vez Fernando Lamata en las páginas de la rAJM, se produjeron millones de muertes injustificables provocadas por la inequidad en el acceso en los países de bajos y medianos ingresos.

Sin embargo, es posible una situación muy diferente como proponen diferentes autores mediante el desarrollo de alternativas viables y equitativas al actual sistema de propiedad intelectual de medicamentos.

En este camino hemos encontrado el apoyo, la colaboración y la ayuda de un número considerable de profesionales de diferentes ámbitos que nos han proporcionado de forma generosa artículos originales de considerable valor. La relación, que está a disposición de los y las lectoras, es sin duda un listado de una muy notable calidad, conocimiento profundo y compromiso. Nuestro mayor agradecimiento a todos y todas como Comisión de Redacción, pero sobre todo como lectores que hemos aprendido de sus trabajos.

También hemos dispuesto, a través de la búsqueda sistemática de artículos, informes y documentos, de una gran variedad de autores, de diferentes medios y revistas internacionales, además de organizaciones civiles. A todos ellos, sin duda también, les dedicamos nuestro reconocimiento.

En esta tarea, hemos dispuesto también del apoyo de la Comisión Editorial de la revista, que ha desempeñado un papel clave como estímulo crítico para el desarrollo de nuevas líneas de trabajo y en el análisis y evaluación del impacto y resultados.

La Comisión de Reducción ha sido la estructura responsable que, mes a mes, ha ido, con sus aciertos y errores, realizando la edición de cada ejemplar. Es necesario destacar aquí el enorme esfuerzo de Pablo Martínez Segura, en la difícil tarea de composición. También, dentro de la CR, la labor de investigación desarrollada por Ángel María Martin, que consiguió realizar un trabajo de excepcional valor ampliamente reconocido.

Pero este escenario no hubiera sido posible sin el papel de las y los lectores que, directamente a través de la suscripción o de las redes, con su lectura atenta han conseguido que el objetivo principal que nos planteamos al inicio de la revista haya sido posible.

Y ahora la pregunta: ¿qué hacer a partir del número 50? Evidentemente, con la experiencia acumulada y disponiendo de vuestro apoyo, abrazamos una nueva etapa de libertad crítica en la que responder a nuestro objetivo de un Acceso Justo al Medicamento que se dibuja en el horizonte inmediato aún más difícil y complicado.

La amenaza de una subida de precios de los medicamentos nuevos en Europa, impulsada por la estrategia de “nación más favorecida” aplicada por la administración Trump, está siendo una realidad inmediata hostil, agresiva e inquietante para la ciudadanía y los sistemas públicos de salud de la UE. Pero ahí estaremos en nuestra labor de suma del potencial ilimitado de nuestros colaboradores exponiendo la crítica imprescindible.

Finalmente, reiteraros nuestro agradecimiento por vuestra colaboración y ayuda, que, sin duda, hace posible que, al contrario del ejemplo de las Danaides, el conocimiento y la información veraz y crítica se difunda.

Esa es nuestra esperanza y nuestro compromiso.

EDITORIAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Soledad Cabezón Ruiz.

Presidenta de la AAJM.

Con este ejemplar, la revista de la Asociación Acceso Justo al Medicamento llega a su número 50. En primer lugar, me parece un buen momento para dar las gracias a quienes la han hecho posible y para pensar en lo que hemos aprendido juntos.

Lo que nació para compartir las inquietudes y propuestas de la AAJM, con el tiempo, y esfuerzo desinteresado de personas comprometidas con el sistema sanitario público, se ha convertido en un lugar donde hacernos preguntas, reunir conocimientos y debatir cómo conseguir que los avances de la medicina lleguen a quienes los necesitan.

Como médica, he visto lo que puede cambiar la vida de una persona cuando surge un tratamiento para su enfermedad, pero también he visto la dificultad de ofrecerlo cuando su precio pone a prueba los recursos del sistema sanitario. Las decisiones sobre investigación, precios y financiación pueden parecer lejanas, pero terminan llegando a la consulta. Por eso existe la AAJM y por eso seguimos necesitando esta revista.

En sus páginas hemos hablado de patentes, de transparencia, de financiación pública de la investigación y de acceso a los medicamentos. Al hacerlo, hemos ido constatando los límites de un modelo farmacéutico concebido en el siglo XX. La reciente revisión de la legislación farmacéutica europea o las reformas planteadas en España han supuesto cambios que, a mi juicio, dejan abiertas preguntas esenciales: ¿quién investiga las enfermedades que reciben menos atención?, ¿cómo se establece un precio justo a los tratamientos?, ¿qué capacidad tienen los sistemas públicos para decidir qué problemas de salud deben investigarse? y, sobre todo, ¿cómo asegurar su sostenibilidad?

Estas preguntas necesitan espacios donde puedan discutirse con tiempo, rigor y libertad. Sin embargo, no abundan las publicaciones que, como la revista AAJM hacen esta tarea y sostienen de forma continuada un debate sobre el modelo farmacéutico desde la perspectiva del acceso. Haber llegado al número 50 demuestra la necesidad de mantenerlo vivo.

A lo largo de los diferentes números hemos aprendido que los sistemas públicos pueden hacer mucho más que financiar medicamentos una vez desarrollados. Nuestros hospitales conocen de cerca las necesidades de los pacientes; las universidades y los centros de investigación cuentan con profesionales capaces de buscar y dar respuestas; de hecho, hoy en día, en la UE, más del 50% de la financiación de la investigación farmacéutica procede del sector público. Reforzar su capacidad para investigar y llevar los resultados hasta la práctica clínica permitiría atender problemas hoy desatendidos, disponer de más opciones para garantizar el acceso, al mismo tiempo que garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Además, la oportunidad que se abre con el uso de los datos sanitarios generados en la atención pública abre nuevas posibilidades a las que el sistema público no puede ni debe renunciar. No basta con facilitar el uso de los datos, sino reforzar la capacidad del propio sistema público para investigar con ellos y para que los conocimientos obtenidos reviertan en la atención a los pacientes directamente.

En una sociedad que envejece y las necesidades en salud crecen, exige decisiones políticas innovadoras desde la convicción de que la sostenibilidad del sistema sanitario es necesario, posible y urgente.

Quiero terminar dando las gracias a quienes han escrito, revisado y editado estos cincuenta números, y a quienes los leen y participan en la conversación que generan. Presidir la AAJM me ha permitido aprender de personas con experiencias muy distintas y una convicción compartida: el progreso científico debe traducirse en una mejora real de la salud de todos. Con esa convicción celebramos este número y seguiremos trabajando en los próximos.

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Joan Ramon Laporte.

Catedrático emérito de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona

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En 2021 la AAJM tuvo la osadía de promover la rAJM. El momento no fue casual: las patentes de las vacunas contra la covid-19, la negociación opaca de las condiciones de su compra y la inequidad planetaria en el acceso eran (y siguen siendo) objeto de escándalo y debate. El contenido de los 50 números publicados en cinco años ha sido una inusitada contribución para definir, sustentar y promover una reflexión sobre la situación actual del consumo de medicamentos, en beneficio de la salud de las personas y del sistema sanitario público.

Los artículos de investigación y las reflexiones, comentarios y propuestas publicados en la rAJM no se encuentran en la “prensa médica” promovida y sustentada por la industria farmacéutica y de productos sanitarios. Ni en las revistas médicas más respetables, abducidas por el pensamiento dominante. Como dijo José Ramón Rebollada, la rAJM ocupa “ese espacio independiente que os permite llamar a las cosas por su nombre, algo muy necesario… vuestras denuncias nos ayudan a comprender y evaluar la verdad del complejo mundo de los fármacos.” Y como escribió Fernando Lamata cuando se publicó el número 25 de la revista, este pequeño espacio de reflexión puede sembrar movimientos de cambio, decisiones políticas, posturas comprometidas de organizaciones profesionales, acciones de protesta en la ciudadanía.

El valor clínico de un fármaco depende de cómo es prescrito (a quién, cuándo, en qué dosis, durante cuánto tiempo, etc.) y de cómo es consumido. Prescribir adecuadamente un medicamento requiere unos conocimientos básicos, los cuales deben estar basados en información veraz. Por eso, para garantizar un acceso justo a los medicamentos es imprescindible un acceso justo al conocimiento sobre ellos. Sin embargo, la información sobre medicamentos es escandalosamente sesgada, cuando no directamente falsa.

Dejar que los mercaderes monopolicen la información y la formación continuada, emponzoñen las sociedades médicas y asociaciones de pacientes y dicten la mayoría de las guías de práctica clínica a su conveniencia, es una grave irresponsabilidad. En España el gasto farmacéutico supone más de una cuarta parte del gasto total del sistema sanitario. La polimedicación aumenta sin cesar: un tercio de los mayores de 65 años consume cinco o más medicamentos simultáneamente de manera continuada. Más de la mitad de los medicamentos son prescritos sin ser necesarios, en indicaciones no autorizadas, a dosis demasiado altas o durante períodos demasiado largos, cuando no están directamente contraindicados.

Este consumo caótico tiene graves consecuencias sobre la salud de la población. Una de cada siete visitas a servicios de urgencias y entre uno y dos de cada 10 ingresos en hospital son atribuibles a efectos adversos de medicamentos, lo que en España supone más de medio millón de ingresos al año. Los efectos adversos de los medicamentos constituyen una causa creciente de enfermedad, incapacidad y muerte. Se evitaría por lo menos la mitad de estos casos si se evitara la mitad de las prescripciones innecesarias.

El mercado presiona para que las personas sanas sean consideradas (investigadas, etiquetadas) como enfermas. De ahí que el acceso justo deba comprender el acceso a una información sin sesgo comercial y a la formación de un conocimiento destinado a mejorar la salud de la ciudadanía. No necesitamos más medicina, sino una medicina de mayor valor.

La cultura médica dominante en la actualidad es de orientación industrial. La crisis de la covid-19 mostró cómo el pensamiento único silencia las opiniones críticas y anatemiza las contrarias. En este contexto, la rAJM ha sido un espacio de encuentro y deliberación. Un espacio de libertad. Por eso, quiero expresar mi calurosa enhorabuena a la AAJM y al Dr. Ramón Gálvez y demás integrantes de la comisión de redacción por este recorrido de cinco años, y mi deseo de que cumplan muchos más.

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Ángel Mª Martín Fernández-Gallardo.

Inspector farmacéutico del SNS jubilado. Vicepresidente de la AAJM. Exjefe de Área de Farmacia del SESCAM.

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La revista de la Asociación Acceso Justo al Medicamento llega a su número 50. Una publicación única en el ámbito sanitario por su defensa sin ataduras del derecho de todos los ciudadanos a los medicamentos que salvan vidas, por su condena de las patentes en los medicamentos, origen del monopolio que protege los precios de extorsión que imponen las multinacionales farmacéuticas y que causan más de 10 millones de muertos anuales entre la población más necesitada que no puede pagarlos, un genocidio legal que permiten los estados que deberían detenerlo. Pero también por su denuncia de la sumisión de los Estados y Gobiernos a los intereses de la industria farmacéutica, de los vasos comunicantes y puertas giratorias por las que transitan sus peones y de las redes de intereses con las que colonizan los centros de decisión del ecosistema sanitario.

Es una publicación cuyo principal activo son sus autores, casi un centenar de profesionales, sanitarios y no sanitarios sin cuya desinteresada colaboración no habría sido posible llegar hasta aquí y con los que también queremos compartir este éxito, porque es su éxito. Y con quienes compartimos, además, la defensa de un Sistema Sanitario Público y de calidad, en el que el medicamento sea una herramienta al servicio de la salud de los ciudadanos y no de su medicalización, y cuyo precio derive de sus costes reales y no de la especulación, que se introduce disfrazada de valor, que detrae anualmente miles de millones de euros al SNS y que hoy día es su principal amenaza económica.

Y es también una publicación cuyos contenidos, desde que nació, hemos mantenido estrechamente alineados con los principales temas de actualidad relacionados con nuestros objetivos.

El azar ha querido que esta celebración coincida también con el anticipo de las elecciones generales en España, que ha cogido con el paso cambiado a las reformas farmacéuticas con las que la industria farmacéutica está colando a granel sus intereses en la legislación sanitaria, con la ayuda imprescindible del mutante Secretario de Estado de Sanidad que las lidera, que en cuanto tomó posesión del cargo pasó de defender una industria farmacéutica pública a liderar la elaboración de una triaca legislativa farmacéutica tóxica para el SNS de la que por citar sólo algunos de sus componentes, incluye, la aniquilación de Revalmed y sus IPTs, la fijación del precio de los medicamentos por valor y no por su coste, la declaración del secreto del precio de los medicamentos que paga el Estado a la industria farmacéutica, un sistema de precios dinámicos de exposición, modelo Cacharel edición limitada, la reconversión de los medicamentos genéricos en medicamentos competidores, pero para que puedan competir en precios al alza o un sistema de precios notificados, que condenan al paciente a pagar más por lo mismo.

Estos días podemos leer en la prensa del sector lamentos, que se mezclan con ensoñaciones, sobre las posibilidades de que, pese al cambio de escenario, continuasen vivas las iniciativas pendientes de la triaca, el proyecto de RD de Precio y Financiación que nuestra Asociación rechazó por ser lesivo para los intereses del SNS y de los ciudadanos, y el no menos rechazable proyecto de Ley de los Medicamentos, cuyo trámite había acelerado recientemente el Sr. Padilla al máximo, por el escenario de incertidumbre que sobrevolaba la política nacional.

Para el primer misil contra el SNS, el RD de Precio y Financiación cuya fase de audiencia pública finalizó el 21 de julio pasado, especulan con la posibilidad de que se apruebe en 4 meses, antes de la disolución de las Cortes, o incluso después con el gobierno en funciones, alegando situaciones de urgencia o razones de interés general debidamente justificadas. Por poner en contexto estos plazos, recordemos que el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que se publicó en mayo de 2026, había finalizado su fase de audiencia pública 18 meses antes, en septiembre de 2024. Pero de igual manera que vimos como la Industria Farmacéutica, de la mano del Secretario de Estado de Sanidad, consiguió el milagro del único acuerdo parlamentario de esta legislatura entre PSOE, SUMAR y PP para aprobar, por vía urgente, la Ley que blindó el secreto del precio de los medicamentos que paga el Estado a los laboratorios farmacéuticos, no es descartable que consiga este no menos asombroso acelerón de trámites, que le gane la carrera al calendario electoral y veamos el misil impactar de lleno en la línea de flotación del SNS, con su publicación en el BOE antes de la toma de posesión de un nuevo gobierno.

Para el segundo misil, la Ley de los Medicamentos, como la disolución de las Cortes impide su tramitación parlamentaria, la situación en la que queda la llaman “freno a su recorrido parlamentario” y la reconvierten en una iniciativa legislativa pendiente de que tenga que volver a ponerse en marcha en la próxima legislatura si el futuro Ejecutivo quiere recuperarla. Desde luego que si el mutante vuelve al Ministerio lo hará. Y si es el PP, la industria farmacéutica exigirá más y utilizará el documento del mutante como documento de mínimos para conseguir más privilegios a costa del SNS y de los ciudadanos.

Que negros nubarrones en materia farmacéutica ha dejado este Ministerio, que fue de la ilusión para muchos y desde luego para muchos de esta Asociación y que a mi me trae a la memoria aquel lamento de Violeta Parra en forma de canción:

Miren como nos hablan del paraíso

Cuando nos llueven balas como granizo

Miren el entusiasmo con la sentencia

Sabiendo que mataban a la inocencia

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Abel Novoa Jurado.

Médico de familia, doctor en Medicina y magister en Bioética. Expresidente de NoGracias, miembro del Grupo de Bioética de la SEMFYC y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia.

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Este número 50 de la revista de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento coincide con una efeméride que invita a mirar hacia atrás para pensar el presente. En 2026 se cumplen cien años del nacimiento de Ivan Illich y algo más de medio siglo de la publicación de Némesis médica. Pocos libros han formulado una crítica tan radical de la medicina contemporánea y, al mismo tiempo, han sido tan incómodamente proféticos.

Illich no negaba los extraordinarios logros de la medicina. Su tesis era más perturbadora: una institución creada para proteger la salud podía, superado cierto umbral, comenzar a producir lo contrario de aquello que pretendía conseguir. A este fenómeno lo denominó “contraproductividad”. En medicina distinguió tres dimensiones de la iatrogenia: la clínica, provocada directamente por las intervenciones sanitarias; la social, derivada de la expansión de la medicina sobre ámbitos cada vez mayores de la vida; y la cultural, cuando las personas y las comunidades pierden progresivamente su capacidad para afrontar autónomamente el dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte.

Medio siglo después, el medicamento constituye probablemente uno de los mejores lugares desde los que releer a Illich. Nunca hemos dispuesto de tantos fármacos eficaces ni de una capacidad tecnológica semejante para modificar el curso de las enfermedades. Pero nunca habíamos tenido tampoco poblaciones tan ampliamente expuestas a tratamientos farmacológicos, durante periodos tan prolongados y, con frecuencia, de manera simultánea.

El problema no reside simplemente en que existan demasiados medicamentos. Está en cómo se producen las necesidades, cómo se genera el conocimiento que justifica su utilización y cómo ese conocimiento termina convirtiéndose en decisiones sobre personas concretas.

Illich cuestionó especialmente la pretensión de convertir el conocimiento estadístico sobre poblaciones en una predicción segura sobre individuos. La medicina contemporánea ha perfeccionado extraordinariamente su capacidad para estimar probabilidades: riesgos relativos, reducciones absolutas del riesgo, números necesarios a tratar, curvas de supervivencia. Todo ello constituye conocimiento imprescindible. Pero el efecto medio observado en una población no equivale al beneficio que obtendrá una persona concreta. El problema no está en la estadística, sino en confundir una probabilidad poblacional con una certeza individual.

Esta distinción resulta particularmente relevante en la medicina preventiva y en el tratamiento farmacológico de factores de riesgo. Una intervención puede demostrar eficacia en un ensayo clínico y, sin embargo, proporcionar un beneficio individual muy pequeño a muchas de las personas que la reciben. Cuando desaparecen de la conversación clínica el riesgo basal, la magnitud absoluta del beneficio, los efectos adversos, las preferencias del paciente y sus circunstancias particulares, la evidencia deja de informar una decisión para convertirse en una prescripción casi automática.

A ello se añade un problema que Illich apenas pudo contemplar en la magnitud actual: la industrialización de la producción del conocimiento médico. Buena parte de la investigación que determina qué medicamentos utilizamos, las guías que orientan su prescripción y la formación mediante la que los profesionales actualizan sus conocimientos se desarrolla en un ecosistema en el que la industria farmacéutica posee una enorme capacidad de influencia. Los conflictos de interés, el sesgo de publicación, la elección de comparadores o variables favorables, la ampliación de categorías diagnósticas y la influencia sobre sociedades científicas pueden desplazar progresivamente los límites de aquello que consideramos susceptible de tratamiento.

Desde esta perspectiva, la cuestión del acceso justo a los medicamentos adquiere una dimensión más amplia. La injusticia no consiste únicamente en que un paciente no pueda acceder a un medicamento eficaz por su precio. También existe injusticia cuando los recursos colectivos se destinan a intervenciones de escaso valor, cuando la innovación se remunera muy por encima de su aportación terapéutica, cuando se medicalizan problemas cuya causa fundamental es social o cuando pacientes suficientemente informados habrían decidido no recibir determinados tratamientos.

Defender el acceso justo exige, por tanto, defender simultáneamente el acceso y la prudencia. Garantizar que toda persona pueda recibir los medicamentos que realmente necesita, pero también protegerla frente a tratamientos innecesarios, expectativas exageradas y decisiones clínicas condicionadas por intereses comerciales.

Probablemente Illich seguiría resultando incómodo hoy. Nos recordaría que una medicina más tecnológica no es necesariamente una medicina mejor y que incrementar indefinidamente el consumo sanitario no equivale a incrementar indefinidamente la salud. Pero quizá también nos obligaría a formular de otra manera uno de los objetivos de la AAJM. El acceso justo a los medicamentos debería significar que nadie deje de recibir el medicamento que necesita por razones económicas, pero también que nadie acabe dependiendo del medicamento que no necesita.

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Luis Montiel.

Catedrático jubilado de Historia de la Ciencia.

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Cincuenta números de esta revista: cincuenta mochilas de supervivencia cargadas de análisis de situación, de desvelamientos, de llamadas de alerta, de debate, de combate, de responsabilidad, de solidaridad, de antídotos contra el silencio ignorante o culposo, o -lo que es peor- ignorante y culposo; cincuenta pequeños, pero dignísimos fragmentos de historia del presente en los que he tenido la fortuna, el honor y la alegría de participar en la medida en que he sido capaz. Estamos -yo también- de celebración.

Honderos, como poéticamente dice nuestro Fernando Lamata, convencidos de la necesidad de manejar nuestras anticuadas armas frente a misiles hipersónicos, porque lo que de nada sirve es bajar los brazos. Cada artículo de AJM, además de un recurso para la supervivencia propia y ajena, es un pequeño proyectil de honda, semejante a esos que pueden verse en algunos museos, con vocación no de muerte, sino de acertar en el punto ciego de la armadura por el que pueda llegar a bloquearse la poderosa máquina de destrucción que nos enfrenta, a la que nos enfrentamos. Vana esperanza, según muchos. ¿Para qué poetas en tiempos de miseria?, se preguntaba Hölderlin, a medias retórica, a medias melancólicamente, pues tenía su respuesta, aunque sabía que pocos estaban dispuestos a aceptarla.

Pero fue poeta, y quienes orbitamos en torno a la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, los honderos, no vamos a dejar de ser lo que pensamos que nos corresponde, que “nos toca”, en más de un sentido. Los plomos lanzados por estas hondas alcanzarán o no su objetivo, pero habrán sido lanzados porque así había de ser. Los de antaño, aquellos que el tiempo ha preservado y pueden contemplarse en los museos, dan testimonio de la parte de la historia en la que desempeñaron un papel. Con las palabras ocurre algo parecido, pero su alcance es aún mayor. No escribimos ni hablamos para que nuestras palabras nos permitan pasar a la historia, ni siquiera para que queden como mero documento de lo que hicimos o pretendimos hacer. Claro que darán testimonio de cómo fue, en el mundo de la atención a la salud, el tiempo en que fueron escritas o pronunciadas, lo que seguramente ya es algo. En su magnífica novela La muerte de Virgilio Hermann Broch hace decir a su protagonista: “la palabra pronunciada en el mundo queda”. Pero nuestra aspiración va más lejos, como el proyectil lanzado por la honda, que no se conforma con viajar hacia el futuro para ser visto como mera reliquia (re-linquere: dejar atrás): las palabras circulan, y lo hacen a través de los seres humanos que las pronuncian o que leyéndolas las comparten. ¿Serán, más bien, como el agua que circula por los cauces de la tierra desgastando, sin violencia, las aristas de las rocas hasta dotarlas de apacibles formas redondeadas?

No me permitiré demasiado optimismo. El mismo Broch, su mismo Virgilio, sabían también que la lucha de la palabra creadora podía sucumbir en medio de “la selva de las voces”. Pero, como dictaminó Camus en La peste – ¡este Montiel, siempre mezclando con todo la literatura! – “ese no es motivo para dejar de luchar”.

¡Felices cincuenta números, AJM!

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

José Luis Pedreira Massa.

Psiquiatra y Psicoterapeuta infancia y adolescencia. Prof. Psicopatología, Grado Criminología (jubilado). Prof. Salud Pública, Grado Trabajo Social (jubilado). UNED.

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Desde la coordinación de la Revista me solicitan un folio en conmemoración del número 50. Dos consideraciones previas: la primera es que decir un folio es muy fácil, pero escribir un folio en ocasiones es más difícil que solicitar 10 folios, así que se intentará. Lo segundo es reconocer que llegar al número 50 es toda una odisea y un compromiso, nuestro país es el líder en números 0/1 de multitud de publicaciones, tanto más si son temas muy específicos y con compromiso social, por eso es para dar los parabienes a los editores de la revista que nos ocupa.

En estos años nos hemos concienciado de dos situaciones aparentemente contradictorias: el incremento de nuevos fármacos con nuevas perspectivas y fundamentos científico-técnicos y, como consecuencia de ello, el incremento de los precios de los medicamentos que aumentan de forma exponencial sin justificar, de forma suficientemente consistente, dichos costes para la población.

Exigir que las grandes internacionales farmacéuticas justifiquen de forma específica los costes reales incluyendo los estudios de mercado de los futuros fármacos y que, al menos anualmente, se publique la evolución de ventas y ganancias con los productos comercializados previamente.

Los nuevos tratamientos individualizados, con bases genéticas o inmunológicas, han sido la excusa para incrementar, de forma exponencial, los precios y pretender justificarlo que, previo a la comercialización, ha existido una investigación costosa y prolongada en el tiempo.

El Sistema Nacional de Salud dedica una partida presupuestaria, creciente y permanente, para subvenir los costes de los tratamientos farmacológicos y esa partida va en claro detrimento de las inversiones en otras partidas de mayor trascendencia para la salud de la población. Pero este simple hecho, tan racional y consistente, debe ser explicado de forma clara y comprensible al conjunto de la población y a los colectivos de pacientes afectados.

Larga vida a la Revista por el precio justo del medicamento.

ORIGINAL. Revista 50, Septiembre 2026.

Ana Isabel Rigueira García.

Farmacéutica especialista en Farmacia Hospitalaria. Adjunta Hospital Universitario San Agustín. Máster en RGPD (UNED- AEPD)

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Han pasado cinco años desde que la rAJM inició su andadura, y el entorno sanitario ha cambiado más de lo que esa brevedad hace pensar. La pandemia normalizó la teleconsulta y la receta electrónica; después llegó la inteligencia artificial generativa, instalada en la vida cotidiana desde 2022 con una rapidez que ninguna institución sanitaria puede igualar. Ahí está la primera paradoja del lustro: no son los sistemas de diagnóstico asistido ni los algoritmos de descubrimiento de fármacos los que más van a condicionar a corto plazo la relación entre paciente, médico e industria, porque esos siguen un camino largo de validación clínica y regulatoria. Lo que ya está aquí, sin filtro alguno, es la IA aplicada a la promoción comercial, que puede desplegarse de inmediato porque no necesita superar ningún control sanitario.

El terreno estaba abonado desde antes. Ya sabíamos que la promoción dirigida a los médicos altera el volumen de prescripción y que la publicidad al consumidor moviliza al paciente hacia el tratamiento que pide en consulta. Lo que aporta la IA no es un mecanismo nuevo, sino una eficiencia y una capacidad de personalización que antes no existían, y sobre todo una cualidad inquietante: la de volverse invisible. Un mensaje comercial generado para un único destinatario, que nadie archiva porque no puede archivarse, deja de ser supervisable por definición. El sistema de control construido durante décadas (revisión previa, archivo de materiales, número finito de piezas promocionales) presuponía precisamente lo que la generación automática de contenido ha hecho desaparecer: que las piezas se puedan contar.

A ese problema se suma otro, más personal y menos discutido. Quien conversa con un asistente de IA no habla con un profesional sujeto a secreto, ni deja una historia clínica con las garantías legales que la acompañan; deja, sin saberlo, un relato completo de su enfermedad, su medicación, sus miedos y su situación económica, en un entorno sin trazabilidad y a menudo fuera del marco europeo de protección de datos. Lo hace, además, con una desinhibición que no tendría en la consulta, porque el chat no juzga, no cobra por el tiempo y transmite una sensación de intimidad que la publicidad clásica nunca logró. Esa misma sensación es la que hace tan eficaz, y tan difícil de detectar, un mensaje comercial disfrazado de respuesta asistencial: el usuario le atribuye una neutralidad clínica que no tiene.

Europa dispone ya de un marco normativo denso: el reglamento de protección de datos, el de inteligencia artificial, el del espacio europeo de datos de salud, y una jurisprudencia que amplía el concepto de publicidad a la incitación al consumo de medicamentos indeterminados. El problema no es de definición sino de aplicación: sin obligación de registro de las comunicaciones promocionales individualizadas, ninguna autoridad puede fiscalizar lo que ya ocurre. Y mientras la exigibilidad plena de esas normas se aplaza hasta 2027 y 2028, la vulnerabilidad del paciente ante un mensaje comercial, a diferencia de la vulnerabilidad por edad o discapacidad, ni siquiera está expresamente reconocida.

Frente a todo esto, no basta con reforzar el consentimiento individual: nadie lee ni entiende realmente lo que firma. La protección de los datos de salud tiene un componente de interés público que no debería depender de esa diligencia; hacen falta prohibiciones objetivas y obligaciones de registro que devuelvan a las autoridades la capacidad de fiscalizar. Mientras tanto, cada profesional puede hacer algo hoy mismo: preguntar de dónde viene la información que trae el paciente, exigir fuente a todo material promocional personalizado y no dar por perdida una señal de efecto adverso solo porque llegó primero a un chat. Un lustro después, el reto no es la falta de normas, sino la distancia entre su vigencia formal y su aplicación real.