AUTOR:Roberto Sabrido Bermúdez
Médico. Máster en Administración de Servicios Sanitarios, gerente del SESCAM 2001-2005, consejero de Sanidad Castilla-La Mancha 2005-2008, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 2008-2012, miembro de la Comisión Editorial de la Revista AJM.
EDITORIAL. REVISTA Nº 16 NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2022
En España existe ya un Registro de Lobbies que se inició en el año 2016, pero es un Registro muy limitado que sólo es de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y en el que se inscriben de manera voluntaria las entidades que quieran tener contacto con la CNMC.
En el texto del anteproyecto se contempla la creación de un Registro de Grupos de Interés, que será de obligatoria inscripción y en el que se especifica a qué personas físicas y jurídicas puede considerarse como tal.
Creo que esta norma, que ya veremos a ver cómo y cuándo se acaba aprobando en las Cortes Generales, es sin duda un nuevo, aunque tardío, avance en las políticas de transparencia ya que, en principio, clarificará las condiciones y las formas bajo las cuales se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados de la Administración General del Estado que intervengan en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas y en su aplicación.
Un aspecto importante, ya veremos a ver cuánto, es que esta Ley puede poner un poco más de trabas a las “puertas giratorias”, que tan frecuentes han sido y son en la industria farmacéutica, donde algunos altos cargos de los Gobiernos (de todos los colores), al cesar en su puesto han pasado casi inmediatamente a formar parte de alguna empresa farmacéutica. El anteproyecto establece que los altos cargos que hayan participado en la toma de decisiones que han afectado a redacciones normativas o desarrollo de políticas públicas sobre un sector estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban.
Otro aspecto, para mí muy destacable de este anteproyecto, es que se introduce un sistema de huella normativa, que consistirá en dejar constancia en la memoria de análisis de impacto normativo, de los cambios introducidos en una disposición por una actividad de lobby de personas físicas o jurídicas.
Parece que podemos ir avanzando algo, pero evidentemente no al ritmo que sería deseable.
Como hemos comentado anteriormente, cuando se apruebe esta Ley será la primera de estas características existente en España, pero en la Unión Europea, y a los efectos de relación con la Comisión Europea, la regulación y registro de lobbies o grupos de cabildeo, sino utilizamos el termino anglosajón, se empezó en el año 2008 y desde entonces hay una gran actividad de grupos de cabildeo, quizá demasiados, ante la Comisión Europea.
Según un informe presentado en 2019 por las ONGs Corporate Europea Observatory (CEO), por OMAL-Paz con Dignidad y Ecologistas en Acción, en Bruselas trabajan gran cantidad de lobistas que están al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión. Se relatan en este informe los tipos de lobbies: grandes empresas, grupos de presión del sector privado (asociaciones empresariales, grupos multisectoriales) , oenegés, bufetes de abogados, think tanks o laboratorios de ideas.
Se hace también, en este informe, un ranking sobre los que más gastan en acciones de lobby, y en él aparece en séptimo lugar la Federación de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas(EFPIA) con un gasto de 5.528.906 euros, a fecha de 1 de junio de 2017. Hay que reseñar que este dato es como Federación y no incluye lo que gasta de forma individual cada empresa farmacéutica.
Así, según un estudio de Corporate Europe Observatory, del 31 de mayo de 2021, en base a las actualizaciones anuales del Registro de Trasparencia de la U.E., más de 40 empresas farmacéuticas informan que gastan hasta 25,3 millones de euros anuales en cabildeo. A esto hay que sumar 10,7 M de euros anuales que gastan los grupos de presión de este tipo de compañías y otros 14,9 M que van a consultorías de los grupos de presión. También aparece en el estudio que las multinacionales farmacéuticas cuentan con 290 lobbistas en Bruselas. Como se puede comprobar, con estas cifras es difícil que los grupos de la sociedad civil puedan competir.
Es de suponer, por lo tanto, que una vez legislado en España, la patronal farmacéutica y empresas asociadas a la misma sean uno de los lobbies más importantes que figuren en el Registro Nacional.
No obstante, esperaremos a ver cómo se desarrolla este Registro en España, ya que según un informe de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) del año 2014 en relación a este tema en España se dice que “sin embargo, a pesar de que muchos agentes actúan como tal, rechazan la etiqueta de lobby, quizá como un proceso peyorativo que se asocia a la corrupción y al compadreo, y porque hasta ahora en nuestro país no existe regulación”.
Demos por tanto la bienvenida al intento de regulación de estos temas en nuestro País, algo más conoceremos, aunque sea para cumplir las recomendaciones de la OCDE que reclama un marco regulatorio que garantice la trasparencia e integridad de quienes aspiran a influir en la Administración.
Pero por otra parte este anteproyecto también se queda corto ya que no obliga a las Comunidades Autónomas ni a las Corporaciones Locales. Algunas CCAAs tienen algo legislado, aunque no muy completo en relación con los grupos de presión, y sería bueno que también se pudiese saber qué hacen los grupos de presión a nivel Autonómico ya que no en vano al final son las que pagan la gran parte de la factura farmacéutica.
Por otro lado, aunque se trate de un ligero avance, no deja de ser paradójico que se hable de leyes de trasparencia a nivel nacional y europeo y todavía no se pueda conocer públicamente las condiciones de financiación del medicamento incluido el precio, es decir, seguimos sin saber cómo se negocia con el dinero recaudado de nuestros impuestos, a pesar de, como se ha puesto de manifiesto incluso en editoriales de prensa general, “los expertos y las sociedades médicas reclaman acelerar la entrada de nuevos medicamentos pero de la mano de una mayor trasparencia sobre los procesos de decisión y financiación. Trasparencia que debería extenderse a los contratos entre gobiernos y farmacéuticas, demasiado opacos para unos medicamentos pagados por los presupuestos públicos”.
La trasparencia y el interés público deben prevalecer en la fijación del coste de los fármacos del Sistema Nacional de Salud.
Pero creo que no solo es que avancemos poco, sino que incluso retrocedemos, ya que actualmente el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno avala, en contra de su anterior criterio, que los precios de los medicamentos puedan permanecer como confidenciales en cumplimiento de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Postura esta que coincide con la que siempre ha tenido el Ministerio de Sanidad que desde un principio ha justificado esta confidencialidad.
Recientemente también, el Tribunal de Cuentas Europeo, el pasado mes de septiembre, publicó de auditoría sobre la adquisición de vacunas de la COVID en la U.E., en la que se reconoce que no ha tenido acceso a la documentación sobre todo lo relacionado con la negociación para definir el precio y el volumen a adquirir, lo cual ha limitado enormemente su trabajo.
También la Fiscalía de la U.E. ha confirmado que tiene abierta una investigación sobre la adquisición de Vacunas COVID-19 en la Unión Europea.
Pero no nos quejemos ya que todo esto es por nuestro bien. La propia Farmaindustria recoge en su página web que “el único fin que tiene la confidencialidad de los precios es maximizar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores. Permite que cada país consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias, en equilibrio con el necesario retorno económico para las compañías farmacéuticas”.
Por lo tanto, gracias a nuestros Gobiernos y a la industria no se avanza más en trasparencia para no perjudicarnos, así pues, no os quejéis, quejicas que sois unos quejicas.
