- La falta de transparencia en el gasto público sanitario y sus efectos sobre la igualdad y la eficiencia
ORIGINAL. Revista nº 46 de Marzo de 2026
Juan José Rodríguez Sendín.
Médico de familia. Vocal de la AAJM y de la Comisión Nacional de la OMC. Presidente de la Comisión Deontológica del ICOM de Toledo, expresidente de la OMC y de la AAJM.
Resumen
A propósito de la denuncia de CIVIO sobre el intento del Ministerio de Sanidad de legislar para blindar la negociación publica con las farmacéuticas, es decir impedir por ley que sean públicos los acuerdos económicos de precios y condiciones. Cuando lo leía y me escandalizaba pensé que no podía ser que era uno de tantos bulos. Luego comprobé que era realmente una nota de CIVIO. Leyendo a continuación las justificaciones -me parecieron escandalosas, increíbles, terribles- del secretario del Ministerio de Sanidad acabando por Ley con la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Y eso que es de la parte más a la izquierda de un Gobierno Progresista. Ver para creer
La falta de transparencia en el uso del dinero público constituye uno de los principales riesgos estructurales – si no el mayor- para la corrupción, el despilfarro y la desigualdad en los Estados democráticos. En el ámbito sanitario, y de forma particularmente visible en la fijación y adquisición de medicamentos innovadores, la opacidad en los precios reales pagados por los sistemas públicos genera diferencias injustificadas entre países de la Unión Europea, entre comunidades autónomas y entre hospitales del mismo sistema. En este artículo procuro analizar la relación causal entre falta de transparencia, asimetría de información y sobrecostes públicos, mostrando cómo la confidencialidad sistemática de precios no solo debilita el control democrático del gasto, sino que también erosiona los principios de equidad, eficiencia y rendición de cuentas que deben regir el uso de fondos públicos.
Cuando el precio público deja de ser público
La corrupción rara vez aparece de forma abrupta o aislada. En la mayoría de los casos, surge y se consolida en entornos donde la información es incompleta, inaccesible o deliberadamente opaca. De ahí que numerosos organismos internacionales y tribunales de cuentas coincidan en señalar que la falta de transparencia es una de las principales fuentes estructurales de corrupción y despilfarro del dinero público.
La corrupción no debe entenderse únicamente como la comisión de delitos penales. También es corrupción cuando conscientemente se hace lo que no se debe o no se hace aquello que se debe hacer. Existen formas de uso ineficiente, desigual o injustificadamente costoso de los recursos públicos que, aun siendo formalmente legales, producen efectos socialmente equivalentes: pérdida de recursos, debilitamiento de servicios públicos y erosión de la confianza ciudadana. Este fenómeno resulta especialmente visible en el ámbito sanitario y, de manera muy específica, en la fijación y compra de medicamentos financiados con fondos públicos.
En la actualidad, es posible que el mismo medicamento innovador tenga precios radicalmente distintos y significativamente diferente según el Estado miembro de la Unión Europea que lo financie, según la comunidad autónoma que lo incorpore o incluso según el hospital que lo adquiera. Estas diferencias es excepcional que respondan a criterios clínicos, epidemiológicos o económicos objetivos. En muchos casos, la causa principal es la opacidad sistemática de los precios reales, es decir, de los precios efectivos una vez aplicados descuentos, acuerdos confidenciales, mecanismos de devolución y por supuesto corruptelas.
Transparencia, gasto público y control democrático
Desde una perspectiva constitucional y democrática, el gasto público no es una prerrogativa técnica de la Administración, sino una expresión material del contrato social. Los recursos públicos proceden de la ciudadanía y deben utilizarse conforme a principios de eficiencia, economía, equidad, transparencia y rendición de cuentas. La transparencia cumple aquí una función esencial: permite conocer, comparar y evaluar las decisiones públicas. Sin información accesible y verificable, el control parlamentario, judicial, periodístico y ciudadano se debilita hasta volverse meramente formal.
Cuando el precio de un bien financiado con dinero público es desconocido —o solo conocido por una minoría de negociadores— se rompe el equilibrio entre poder y control. El problema no es únicamente que pueda existir corrupción en sentido penal, sino que se crea un sistema donde el despilfarro y la corrupción no pueden ser detectadas, comparados y menos aun corregidos. Lo peor es que esta deriva no tiene límite y sus efectos indeseables se extienden en mancha de aceite
El modelo europeo de precios de medicamentos supone procedimientos transparentes con resultados opacos
La Unión Europea ha desarrollado un marco regulatorio común para la autorización de medicamentos, pero curiosamente no para la fijación de precios. Cada Estado miembro negocia de manera individual el precio y las condiciones de financiación de los medicamentos innovadores. Formalmente, la UE exige que los procedimientos sean motivados y estén sujetos a plazos y criterios objetivos. Sin embargo, no exige la publicación de los precios netos reales, lo que ha permitido la generalización de acuerdos confidenciales entre Estados y compañías farmacéuticas.
En la práctica, esto significa que: Los Estados negocian sin conocer los precios reales pagados por otros países, las farmacéuticas pueden segmentar el mercado europeo, el poder negociador depende más del tamaño, urgencia o capacidad presupuestaria que de criterios de equidad. El resultado es un sistema donde la confidencialidad solo favorece a las farmacéuticas y a sus mediadores -que deberían defender el interés común- no garantiza precios más bajos, sino que introduce asimetrías de información que favorecen precios desiguales e injustificables desde el interés general.
Descentralización sanitaria y multiplicación de la opacidad
En España, el problema se agrava por la descentralización del sistema sanitario. Una vez que el Ministerio de Sanidad fija el precio y las condiciones generales de financiación, las Comunidades Autónomas asumen la gestión efectiva del gasto farmacéutico.
Este modelo presenta ventajas en términos de proximidad y adaptación territorial, pero multiplica los riesgos derivados de la falta de transparencia y corrupción, ya que, permaneciendo los precios negociados a nivel estatal como confidenciales, las Comunidades Autónomas aplican criterios distintos de incorporación y uso, existen acuerdos adicionales y decisiones presupuestarias heterogéneas. Como consecuencia, el acceso a un mismo medicamento puede variar sustancialmente según la comunidad autónoma, lo que introduce desigualdades territoriales financiadas con impuestos comunes. Según denuncia CIVIO la intención legislativa que se pretende introducir blindaría definitivamente todo lo comentado con un daño irreversible para el interés general.
Cuando el mismo sistema paga precios distintos según el hospital
El último eslabón de esta cadena de opacidad se encuentra en la compra hospitalaria. Incluso dentro de una misma comunidad autónoma, hospitales públicos pueden pagar precios diferentes por el mismo medicamento debido a: compras descentralizadas, acuerdos marco poco comparables, falta de publicación de precios unitarios efectivos y criterios de adjudicación heterogéneos. Esta situación resulta especialmente problemática. Si un hospital no puede conocer cuánto paga otro hospital público por el mismo producto, resulta imposible controlar el gasto detectando sobreprecios sistémicos. Este fenómeno no requiere la existencia de corrupción penal para producir efectos nocivos. Basta con que el sistema carezca de mecanismos de comparación y auditoría real para que el gasto público se vuelva estructuralmente ineficiente con las debidas riesgos manifiestos y corruptelas.
Corrupción estructural sin delito
La opacidad en los precios de los medicamentos genera una serie de riesgos estructurales, es decir integrados en el funcionamiento cotidiano del Sistema, como sobreprecios no detectables al no disponer de información pública comparable, no puede conocerse si un precio es razonable. Provoca una asimetría de información permanente que solo y exclusivamente favorece a las farmacéuticas puesto que las administraciones negocian en inferioridad frente a actores privados con información global. La fiscalización se debilita porque los órganos de control solo pueden evaluar procedimientos, no resultados reales. Surgen desigualdades territoriales porque el lugar de residencia de los ciudadanos condiciona el acceso a tratamientos financiados con fondos comunes.
Y por si faltaba algo, se erosiona más y más la confianza institucional cuando la ciudadanía percibe que no se sabe cuánto cuesta lo público, aumentando el descrédito del sistema. La falta de transparencia incluso en ausencia de conductas penalmente reprochables -percibido como deplorable se puede hacer lo que se hace- crea una percepción ciudadana que actúa como una forma de corrupción sistémica.
El artificial dilema transparencia y confidencialidad
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la confidencialidad de precios es que la transparencia impediría negociar descuentos. Sin embargo, este planteamiento presenta serias debilidades: es falso pues no existe evidencia concluyente de que la opacidad produzca mejores precios; la confidencialidad solo beneficia a quien controla la información, no necesariamente al interés público; otros sectores estratégicos funcionan con mayor transparencia sin colapsar la negociación. Pero quizás más importante desde un punto de vista democrático, el dinero público no puede gestionarse como si fuera dinero privado. La confidencialidad puede ser una excepción justificada en casos excepcionales tasados pero no la regla estructural establecida por Ley.
Sin transparencia no hay equidad
La transparencia no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria para la equidad, la eficiencia y la justicia. Un sistema que no permite conocer, comparar y evaluar sus precios es un sistema que renuncia al control democrático del gasto y tiende inexorablemente a la autodestrucción. Por el contrario, para los medicamentos financiados con fondos públicos, avanzar hacia una mayor transparencia permitiría: reducir asimetrías de información, fortalecer la negociación pública, detectar sobrecostes sistémicos, garantizar mayor igualdad territorial, reforzar la legitimidad del sistema sanitario y prevenir la corrupción.
Conclusión: lo que no se conoce, no se puede gobernar
La falta de transparencia y una vez establecida como se pretende la impunidad, crea un entorno propicio para la corrupción elevándola a grado de normalidad porque elimina la visibilidad de las decisiones, los procesos y el uso de los recursos. Cuando la información no es accesible, clara o verificable, quienes ostentan poder —ya sea político, económico o institucional— pueden actuar sin rendir cuentas. En ese contexto, las normas dejan de ser un límite real y se convierten en meras formalidades fácilmente manipulables.
La falta de transparencia en los precios de los medicamentos financiados con dinero público no es un problema técnico menor, sino un déficit estructural de gobernanza democrática que la Ley que se quiere aprobar con alevosía quiere garantizar. Cuando los precios reales son confidenciales, los Estados, las comunidades autónomas y los hospitales públicos negocian a ciegas, se debilita el control del gasto y se normalizan desigualdades difíciles de justificar. La transparencia no eliminará por sí sola la corrupción ni el despilfarro, pero su ausencia la normaliza y la hace inevitable. En un contexto de presión creciente sobre los sistemas sanitarios, mantener la opacidad equivale a renunciar a uno de los instrumentos más eficaces de defensa del interés general. En definitiva, lo que no se conoce no se puede controlar, y lo que no se controla termina sirviendo a intereses distintos de aquellos para los que fue creado.
Palabras clave: Transparencia · Gasto público · Medicamentos · Corrupción estructural · Sistema sanitario · Unión Europea