EDITORIAL. Revista nº 42 Octubre 2025
Juan José Rodríguez Sendín.
Expresidente de la OMC y de la AAJM.
La salud es un bien fundamental que puede verse afectado por incentivos de distintos tipos. En cada consulta médica, en cada tratamiento y cada precio de medicamento hay decisiones que no se toman de forma aislada, influyen en ellas intereses económicos, marcos normativos y prioridades políticas. Es necesario que la ciudadanía conozca esos elementos, para exigir decisiones prudentes, transparentes y centradas en la justicia dignidad de las personas. No se pretende eliminar la innovación ni el progreso, sino orientar esos procesos hacia un equilibrio más humano y equitativo que evite la corrupción en el sector sanitario.
Un incentivo es cualquier estímulo que busca elevar la producción, el rendimiento, la calidad de la atención. Necesariamente no tiene que ser económico, aunque este suele ser el más complejo de gestionar y que conlleva más riesgo de corrupción. Puede ser reconocimiento profesional, metas institucionales, o acceso a recursos. Su importancia en medicina es extraordinaria porque influyen o determinan decisiones de los profesionales sanitarios -en especial de los médicos- en la orientación diagnostica y terapéutica, en la investigación, en la priorización de recursos y en la forma en que se financian tratamientos. Él reto no es la existencia de incentivos per se, sino entender cuándo algunos incentivos pueden sesgar o corromper decisiones que afectan la salud de las personas y cómo evitar los daños que pueden producir.
El incentivo puede ser un valor instrumental medido por beneficios como curar, aliviar síntomas, reducir costos o generar ganancias. El valor económico es un ejemplo típico. Pero también el incentivo puede formar parte de un valor intrínseco, un fin en sí mismo que no puede ser cuantificados ni reducido a un precio, como la dignidad, la salud, la justicia y la solidaridad o el profesionalismo; cualquiera de ellos forma parte de incentivos ajenos al precio.
En la sociedad en la que vivimos habíamos decidido, y así constaba en la conciencia colectiva, que la salud y la dignidad de las personas, como valores intrínsecos de nivel superior, no deben ser mercancía ni estar supeditadas exclusivamente a criterios económicos. A la vez el contrato social de los médicos con la sociedad ha implicado poner los intereses del paciente y de la salud por encima de cualquier otro y del propio interés del médico. El valor intrínseco del nuevo profesionalismo médico supone en la práctica asistencial el compromiso con la competencia, la integridad, la moralidad, el altruismo y la promoción de un bien social preferente como es la salud. Este compromiso ético forma parte del contrato social implícito entre los médicos y la sociedad. El nuevo profesionalismo viene a completar la deontología y ética profesional, no a sustituirlas, poniendo al día sus principios y normas y transmitiéndoles un impulso de mayor y una responsabilidad más activa responsabilidad ante los ciudadanos y la sociedad en su conjunto.
En la práctica, los criterios económicos deben ser tenidos en cuenta por el medico porque de ello depende que, además de evitar el despilfarro, puedan emplearse en otras necesidades o pacientes. Gestionar prudente y razonablemente estos valores implica, por ejemplo, evitar obsesionarse con una “salud total” a cualquier costo -frecuente quimera- y reconocer que la tecnología y el dinero deben servir a las personas, no al revés.
Antiguamente se habló de la medicina como una actividad sin ánimo de lucro; la idea era que su objetivo principal o directo no era el lucro, sino el cuidado de la salud y el bienestar de las personas. En la realidad actual, muchos profesionales trabajan dentro de sistemas públicos o privados y pueden estar sujetos a estructuras salariales o incentivos institucionales, donde además de los conflictos de interés lo que prevalezca sea el resultado económico. La ética profesional enmarcada por ese nuevo profesionalismo exige priorizar el bienestar del paciente por encima del interés profesional y económico, pero también la confidencialidad, la justicia y la transparencia, incluso cuando existen presiones externas o se incrementen inevitablemente los costes. En suma: se espera que, más allá de su situación laboral, el profesional gestione los valores instrumentales (calidad de la atención, eficacia, menor coste posible) para servir en primer lugar a los valores intrínsecos de la salud y la dignidad de las personas.
Gestionar los valores intrínsecos de la salud exige prudencia para buscar la mejor calidad de vida sin convertir la salud en una mercancía ni el lucro en motor principal de la atención. El derecho al cuidado de la salud no debe reducirse a un proceso global que tiene un precio único; debe entenderse y defenderse como dignidad y justicia para todas las personas sin distinción alguna, como pilar fundamental de la convivencia entre diferentes estratos sociales. El objetivo final es un sistema de salud que priorice las necesidades de las personas, asegure un acceso justo a tratamientos y respete su dignidad.
Con los compromisos mencionados aparece como elemento determinante el medicamento. Un instrumento o medio de gran interés dominado por una estructura económica muy poderosa, la industria farmacéutica que complica su mejor gestión en la practica asistencial. Algunos medicamentos son esenciales para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, de ahí la importancia de garantizar su acceso universal como derecho humano incorporado al derecho del cuidado de la salud. El Acceso Justo al Medicamento podemos definirlo como el conjunto de condiciones que permiten a todas las personas sin exclusión obtener medicamentos eficaces, seguros y a un precio razonable para poder hacer efectivos sus derechos como personas. Derechos que hoy están en riesgo incluso para grandes núcleos de población en países desarrollados.
Los conflictos de interés: aparecen cuando decisiones sanitarias se ven influenciadas por intereses comerciales, políticos o institucionales. Incluso en sistemas públicos, pueden existir distorsiones si no se protege la transparencia con rendición de cuentas y supervisión adecuada. La sociedad debe exigir transparencia: conocer todos los incentivos, la financiación de las decisiones y los resultados en salud. Promover la investigación y la innovación sin que ello excluya o discrimine a quienes necesitando un medicamento no pueden pagar precios elevados.
El debate sobre incentivos en medicina no es una discusión teórica; afecta la confianza en el sistema y, sobre todo, a la salud de cada persona. Diferenciar entre valores instrumentales y intrínsecos, reconocer el papel de la ética profesional y exigir transparencia son pasos claves para avanzar hacia un Acceso Justo al Medicamento que beneficie a toda la población. La lucha por AJM es, en última instancia, es una lucha por la dignidad y la justicia en la atención sanitaria.
Los procesos de cambio imprescindibles como respuesta a las grandes transformaciones sociales que se están produciendo y que afectan las bases del Sistema Nacional de Salud y de nuestro estado de bienestar, implican comprometerse decididamente cumpliendo dos condicione fundamentales: que promuevan el bienestar, la equidad y la eficiencia como bienes sociales preferentes y hacerlo desde la restauración ética y ejemplar del gobierno público. En resumen, el AJM depende de la ética, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de incentivos Solo así el cuidado de la salud de todos podrá ser un derecho real, por encima de intereses económicos.