ORIGINAL. Revista nº 38 – Abril 2025.
Fernando Lamata.
Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado día 4 de abril aprobó el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 (1).
Las líneas estratégicas que recogen los diferentes objetivos son muy acertadas. Nos dicen lo que hay que hacer (2). Sin embargo, las acciones que se definen para lograr dichos objetivos se quedan muy cortas. Y lo más importante: no se prevé la dotación de recursos para alcanzar los objetivos declarados. Por ejemplo, la primera línea, que impacta en todas las demás, es el refuerzo de recursos humanos en salud mental. Los objetivos son aumentar el número de profesionales en salud mental, mejorar sus condiciones laborales, garantizar su disponibilidad y retener el talento. Las acciones para alcanzar esos objetivos incluyen planificar la oferta de profesionales (formación), impulsar el acceso a la psicoterapia, promover el reconocimiento de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia; promover el apoyo mutuo entre pares, y elaborar informes que evalúen las necesidades de equipos y profesionales en salud mental. Son acciones interesantes, pero muy insuficientes para lograr los objetivos propuestos.
En efecto, las carencias actuales en la atención a problemas de salud mental son graves. En los últimos 12 meses, las personas que tuvieron que consultar por un problema de salud mental y lograron ser atendidas por un psiquiatra o psicólogo, lo fueron en un 62,5% en la sanidad privada y solamente un 37,5% en la pública (3). Esto refleja la falta de respuesta suficiente. De la misma forma, un 64,6% tuvo que esperar más de un mes a que le atendiera un profesional de psiquiatría o psicología (3). En ese tiempo, el problema de salud puede agravarse y, por eso, quien tiene posibilidad, recurre en muchas ocasiones a la sanidad privada. Otro dato que refleja la insuficiencia de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad es que entre 2016 y 2022 ha aumentado un 35% la prevalencia, ajustada por edad, de problemas de trastornos mentales y del comportamiento (4).
El número de psiquiatras en España, en relación con la población, es mucho menor que países de nuestro entorno. Debería aumentar de 13 / 100.000 habitantes a más de 20 / 100.000 habitantes, como en Alemania, Francia, Irlanda, Italia u Holanda. Unos 4.300 profesionales más (5). Lo mismo ocurre con los profesionales de psicología clínica, que deberían pasar de 6 a más de 20 /100.000 habitantes, unos 7.000 más. También en enfermería de salud mental se precisan 10.000 profesionales más, en Trabajo Social 6.000 profesionales más y otro tanto en personal administrativo. De igual manera, se debería contratar a 2.000 personas con experiencia propia que presten apoyo mutuo. El Plan debería partir de las estimaciones actuales más fiables, y trazar un calendario de dotación, con financiación finalista y cobertura inmediata y progresiva. Mientras tanto, como dice el Plan, se pueden hacer informes que recojan el detalle de todos los recursos actuales y de las necesidades más precisas por ámbitos geográficos, funciones, etc. Pero el problema de falta de atención y mala calidad de atención, por sobre carga de los servicios, es urgente. Esta situación se agrava además por la situación de deterioro asistencial de la Atención Primaria que impide a sus profesionales dedicar el tiempo necesario para detectar los problemas de salud mental de sus pacientes.
El Gobierno debe aprobar una financiación finalista suficiente para aumentar la dotación de las plazas necesarias y fijar un calendario de cobertura para los próximos 2-6 años.
En las demás líneas, todas ellas acertadas, ocurre lo mismo. No se cuantifican los recursos necesarios, la financiación necesaria y su aprobación por el Gobierno. La línea 2 se refiere a reforzar la salud mental comunitaria y las alternativas a la institucionalización. Sin embargo, en los últimos años estamos yendo en la dirección contraria. Para revertir ese proceso hacen falta recursos en la comunidad, capacidad de coordinación y recursos humanos sobre el terreno. La línea 3 pretende impulsar un modelo de atención orientado a los derechos humanos, que reduzca y limite al mínimo el uso de la contención mecánica y las intervenciones involuntarias. Pero, para lograrlo se necesita aumentar significativamente la dotación de personal, lo no se concreta en el Plan. La línea 4 pretende un uso racional de psicofármacos. En AAJM venimos defendiendo este objetivo desde hace años. El Plan impulsará la elaboración de una Guía de Práctica Clínica, lo cual está muy bien. Pero el uso inadecuado y la sobre prescripción (se estima que alrededor de un 20% de la población mayor de 18 años consume psicofármacos habitualmente) se deben en buena parte a la falta de tiempo suficiente de los profesionales, tanto en Atención Primaria como en Salud Mental. Para llevar a cabo programas de prevención, promoción de la salud, psicoterapias y otro tipo de intervenciones comunitarias que reduzcan el recurso a las pastillas se necesita personal. Al mismo tiempo, se debe reducir la presencia de la industria en la formación continuada, y reducir los precios de los nuevos medicamentos. Solo con el aumento de gasto farmacéutico público que se ha producido en 2024 en el SNS (1.696,4 millones de euros), se podrían financiar las plazas de 20.000 profesionales en salud mental (6). Pero es que el exceso anual de gasto farmacéutico público innecesario supera los 11.000 millones de euros, que se deberían destinar a este y a otros Planes de Salud.
A continuación, observamos como la línea 5, define el abordaje de problemas en colectivos de mayor vulnerabilidad, la línea 6, el impulso en la mejora de la atención a la salud mental perinatal, en la infancia y la adolescencia, la línea 7, la potenciación de los sistemas de información en salud mental y finalmente, la línea 8 la promoción de la salud mental en el trabajo. Todas las líneas anteriormente enumeradas del Plan de Acción son sin duda útiles e importantes. Pero de nuevo son muy insuficientes en cuanto a la dotación de recursos humanos y a la puesta en marcha de programas y dispositivos comunitarios.
El Plan no trasmite al Gobierno, ni a la sociedad, la urgencia del problema, ni tampoco dimensiona los recursos necesarios. La situación de la atención a la salud mental se está deteriorando día a día. Se precisa duplicar los recursos públicos destinados a salud mental para situarnos en la media de gasto público por habitante de la UE y responder adecuadamente a las necesidades de la población. Se precisa reducir el gasto farmacéutico y el gasto hospitalario en salud mental y aumentar los programas comunitarios. Por eso necesitamos un Plan con medios adecuados, mecanismo de financiación finalista, estándares de calidad y servicio, calendario de ejecución y sistema de evaluación que garantice una atención sanitaria de calidad y respetuosa con los derechos humanos.
Referencias.
(1)
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6650
(3)
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm
(4)
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm
(5)
(6)