• Los activistas advierten que el nuevo acuerdo de libre comercio entre India y el Reino Unido pone en peligro el acceso a los medicamentos al socavar las protecciones existentes.

OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025

Peoples Dispatch.

Peoples Dispatch. 30-07-2025. https://peoplesdispatch.org/2025/07/30/india-uk-trade-deal-threatens-access-to-medicines-activists-warn/

Este artículo muestra, una vez más, como los tratados de libre comercio (TLC) son utilizados por los países de altos ingresos en sus negociaciones con el resto de países, como un instrumento para imponer los intereses económicos de sus empresas.

En el campo de los medicamentos, las grandes industrias farmacéuticas impulsan a sus gobiernos, a incluir medidas en los TLC dirigidas fundamentalmente a fortalecer y endurecer aún más las disposiciones incluidas en ADPIC.

El texto que podemos leer a continuación muestra bien como el Gobierno de la India ha sido sometido a la presión suficiente por el Gobierno de UK para incluir medidas que dificultan las licencias obligatorias, hacen retroceder la transparencia y prolongan la propiedad intelectual. Las consecuencias para la población de la India, en el acceso a medicamentos necesarios para la recuperación de la salud serán sin duda muy notables.

El acuerdo comercial recientemente firmado entre India y el Reino Unido tendrá efectos perjudiciales en el acceso a medicamentos en la India, advirtió la semana pasada. Al aceptar concesiones en materia de transparencia, licencias obligatorias y en el sistema de patentes, las autoridades indias corren el riesgo de socavar las garantías de salud pública que tanto han costado conseguir en la legislación nacional, incluida la Ley de Patentes de la India, declararon expertos durante una conferencia de prensa organizada por el grupo.

K.M. Gopakumar, coorganizador del Grupo de Trabajo, señaló que, si bien el debate público en torno al tratado de libre comercio (TLC) se ha centrado en la posibilidad de un whisky más barato en India, se ha prestado mucha menos atención a su impacto en la accesibilidad a los medicamentos. Según Gopakumar, al debilitar las garantías contra la perpetuación de patentes y privilegiar las licencias voluntarias sobre las obligatorias, entre otras cosas, el TLC introduce en la práctica disposiciones ADPIC+ por la puerta trasera.

“El TLC claramente establece el mecanismo voluntario, como la licencia voluntaria, como la vía preferida y óptima para promover el acceso a los medicamentos”, afirmó el grupo de trabajo. La licencia voluntaria permite a las compañías farmacéuticas otorgar a determinados productores el derecho a fabricar medicamentos patentados en las condiciones que ellas mismas definen. Dado que estas condiciones se establecen para proteger los beneficios de la compañía, la práctica no beneficia a las personas que necesitan el tratamiento. En cambio, la licencia obligatoria permite a los gobiernos autorizar la producción de genéricos sin el consentimiento de la compañía titular de la patente, lo que aumenta las posibilidades de que la producción beneficie a la salud pública.

Gopakumar, el experto en comercio internacional Prof. Biswajit Dhar, y el defensor del acceso a medicamentos Roshan Joseph coincidieron en que este cambio hacia las licencias voluntarias tendrá un efecto disuasorio sobre los posibles solicitantes de licencias obligatorias, ya que indica que las autoridades indias no consideran viables estas medidas. «Esta preferencia explícita por las licencias voluntarias deja el acceso a los medicamentos en manos de las fuerzas del mercado y socava la función del gobierno a la hora de facilitar la disponibilidad de medicamentos asequibles para la población», declaró el Prof. Dhar. «También envía una clara señal a los posibles solicitantes de licencias obligatorias de que no son bienvenidos».

Las disposiciones del TLC entre India y el Reino Unido, añadió el Prof. Dhar, «no son un buen augurio para los pacientes ni para la accesibilidad a los medicamentos». Esta no es la primera vez que India debilita las protecciones existentes en materia de salud pública. El año pasado, el país firmó un acuerdo comercial con cuatro países europeos que también diluyó dichas salvaguardias, alineando la política india más estrechamente con las demandas de los países de altos ingresos y las corporaciones farmacéuticas multinacionales. «Existe un movimiento progresivo hacia la aceptación de las demandas de los países desarrollados, que eliminan sistemáticamente las salvaguardias de interés público disponibles en la Ley de Patentes de la India», escribió el grupo de trabajo.

Las disposiciones del TLC van más allá de las preferencias en materia de licencias: también reducen los requisitos de transparencia. En las condiciones actuales, los titulares de patentes deben presentar informes anuales sobre su situación, pero el nuevo acuerdo permite presentar informes cada tres años. «Esto compromete efectivamente la capacidad de los potenciales solicitantes de licencias obligatorias de demostrar demandas insatisfechas, lo que constituye un motivo para la licencia obligatoria», declaró Jyotsna Singh, co-coordinadora del Grupo de Trabajo: «Inclina claramente la balanza a favor de las corporaciones farmacéuticas transnacionales».

La sección de propiedad intelectual también corre el riesgo de erosionar las protecciones contra la perpetuación de patentes al impulsar la armonización, lo que podría socavar la capacidad de la India para evaluar y regular las patentes de forma independiente. “Actualmente, India cuenta con disposiciones que no permiten la perennización, es decir, la concesión de patentes sobre una pequeña modificación de un medicamento existente”, afirmó Gopakumar. “La armonización impulsará a India a hacerlo”.

El grupo de trabajo instó a una resistencia oportuna y organizada a las tendencias plasmadas en el TLC entre la India y el Reino Unido. Roshan Joseph enfatizó que, a medida que se introduzcan más disposiciones de este tipo mediante acuerdos comerciales y otros acuerdos bilaterales, será cada vez más difícil revertirlas. «La implementación de estas disposiciones reduce la capacidad de los gobiernos central y estatales para cumplir con su obligación constitucional en materia de derecho a la salud», concluyó el Grupo de Trabajo.