ORIGINAL. Revista nº 35 Enero 2025
Intervienen por la rAJM: Soledad Cabezón 1 y Ángel María Martín2.
- Presidenta de la AAJM.
- Vicepresidente de la AAJM.
”
Introducción
Nuestro entrevistado, Javier Padilla Bernáldez, secretario de Estado de Sanidad es profesional con una trayectoria nítida de esfuerzo y trabajo en la que destaca su compromiso con la Salud Pública y con una Atención Sanitaria Pública de calidad al servicio de las y los ciudadanos. Su desarrollo en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha sido el núcleo base de su actividad profesional que le ha permitido una visión de las necesidades de los enfermosAdemás ha reforzado los instrumentos para el análisis de la situación sanitaria, sus problemas y alternativas con formación en salud pública, gestión sanitaria, y economía de la salud (máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria (EASP) y otro en Economía de la Salud y del Medicamento (UP).
Ha sido médico de familia en un centro de salud en Madrid. Después de 7 años en Sevilla.
Desde su experiencia clínica y desde el activismo social y sanitario como miembro del Colectivo Silesia y co-autor del blog Médico Crítico. Ha compartido sus reflexiones en libros, como Epidemiocracia (Capitan Swing, 2020) y ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing, 2019) y coordinador de Salubrismo o barbarie (Atrapasueños, 2017).
Durante estos años han destacado sus artículos e investigaciones en el ámbito de la salud pública y las desigualdades sociales en salud, mediante su participación en diversos medios de comunicación, tanto generalistas como en el ámbito sanitario y de la medicina familiar y comunitaria.
Su trayectoria política es una continuidad de este proceso de reflexión y participación en su objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Así inicia su dedicación más directa como asesor de políticas públicas para En Comú Podem en el Congreso de los Diputados (2016-2017) que seguirá como diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid.
Actualmente, como secretario de Estado de sanidad, está desarrollando una amplia agenda política donde los temas relacionados con el acceso al medicamento constituyen una de sus actividades fundamentales.
El 9 de enero de 2025, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, mantuvo una conversación por videoconferencia, con Soledad Cabezón, cardióloga del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, presidenta de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), y Ángel María Martín, inspector farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), vicepresidente de la AAJM.
Padilla contestó a las cuestiones planteadas exponiendo la línea de actuación de su actual responsabilidad, dejando numerosas reflexiones directamente con nuestro ámbito de interés, el acceso justo a los medicamentos. Entre ellas, por ejemplo, que “en España se consumen pocos genéricos y que comparativamente con Europa son muy caros”, por lo que indicó “una de las cosas que planteamos es ir a una subasta periódica continuada, que permita al sistema beneficiarse de partidas concretas de genéricos a precios más bajos”; asimismo subrayó que en los proyectos de decretos en elaboración se mantiene la exigencia de aportar los costes de producción e, igualmente que se exigirá transparencia sobre la procedencia de la financiación.
El vídeo íntegro de este encuentro se puede visionar en nuestro canal de Youtube
A continuación, ofrecemos una transcripción editada de lo tratado.
Soledad Cabezón:
Buenas tardes, Javier Padilla, secretario de estado del Ministerio de Sanidad. En primer lugar, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Para nosotros es todo un placer tener un intercambio de opiniones con usted. En nombre de todos, de la Asociación, muchísimas gracias.
Querría, en primer lugar, comentar que cuando llegasteis al Ministerio, especialmente con Mónica García a la cabeza, estábamos y estamos muy esperanzados con la posibilidad de cambiar el modelo farmacéutico, especialmente en los temas de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM). Estamos muy esperanzados, y no solamente nuestra asociación, si no también también otras como NoGracias, asociaciones que consideramos la sanidad como un servicio público que es necesario consolidar e incluso extender. Sin embargo, somos conscientes de que también hay un sector que considera la salud como algo lucrativo y vemos con cierta preocupación cómo sectores de este tipo, especialmente la industria farmacéutica, tratan de influir, o parece que influyen, en decisiones de financiación, de precios, de evaluación de tecnologías o de financiación de la propia investigación.
La primera pregunta que queremos lanzar es cómo aborda el Ministerio, qué estrategia tiene el Ministerio de desarrollo de un nuevo modelo farmacéutico que, al fin, redunde en un acceso más justo y también más sostenible para el sistema sanitario.
Javier Padilla:
Muchas gracias antes de nada. Nosotros siempre hemos llevado muy a gala, y hemos tenido mucho empeño desde el principio, en mostrar y tener muy claro que nosotros hablamos con todo el mundo y defendemos absolutamente nuestra postura en todos los lugares en los que hay que defenderla. Pero eso no quiere decir que el diálogo sea un mandato de obedecimiento, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que sí creemos es que, en términos generales, hay que intentar que, lo que ahora mismo son intentos de implantar agendas políticas en el ámbito de las relaciones bilaterales, se institucionalicen en ámbitos más abiertos, transparentes y multilaterales. Por eso, a nosotros nos pareció una buena oportunidad la estrategia de la industria farmacéutica, que venía de antes, para poder sentar en una misma mesa a agentes que, en muchas ocasiones, tienen intereses contrapuestos, como pueden ser, por ejemplo, las organizaciones empresariales de la industria farmacéutica llamada innovadora, las de genéricos, las de biotecnología o las de biosimilares. Que todos se sienten en la misma mesa, porque creemos que la única posibilidad de impactar sobre el modelo de innovación biomédica y biofarmacéutica, si no se hace desde una perspectiva amplia, acaban siendo meros parches los que se acaban poniendo. Desde nuestra perspectiva, ahora mismo, tenemos principalmente tres elementos normativos en juego que van a ser de bastante calado. Por un lado, la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que vendría a sustituir a la Ley de Garantías. Por otro lado, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que en los próximos días será enviado al Consejo de Estado para que emita su dictamen previo a su aprobación. Y, en un tercer lugar, el Real Decreto de prescripción y financiación de medicamentos, que ha comenzado ya su tramitación. Son elementos que se hacen desde la perspectiva de que, en términos generales, tenemos que ser muy conscientes que las instituciones pagan más por los medicamentos en los momentos en los que menos saben de esos medicamentos y pagan menos por los medicamentos en los momentos en los que más saben de ellos. La vida del medicamento puede ser contada como una sucesión temporal de reducción de incertidumbre, por decirlo de alguna manera. Al principio de la vida del medicamento, las incertidumbres existentes son mayores. En esos momentos solemos pagar unos precios mucho más elevados, y al final de la vida del medicamento, cuando la evidencia disponible es mucho mayor, tanto a nivel de efectividad como de seguridad y eficiencia, es cuando menos estamos pagando.
Toda esa vida se divide en tres fases, principalmente. Una primera fase, que sería la fase de protección de los medicamentos, en la cual estos están bajo el efecto de la patente, no hay competencia. Una segunda fase, en la cual la competencia entra en juego y el papel de los medicamentos genéricos o biosimilares debería ser muchísimo más importante del que tienen ahora, no solamente para reducir precios sino también para dar sostenibilidad al sistema y mejorar el acceso. Y luego, una tercera fase en la que, en general, muy pocas empresas farmacéuticas son las que producen medicamentos, que ya tienen unos costes y unos precios muy bajos, y que en ocasiones incluso pueden comprometer la propia sostenibilidad y abastecimiento, sobre las cuales también hay que actuar.
Hay que implementar medidas que sean diferenciales en esos tres ámbitos, siendo muy conscientes de que en el momento inicial, que está relacionado con precio y financiación, hay un factor previo a la financiación, que es la evaluación de tecnologías sanitarias, donde, por fin después de mucho tiempo pendientes, se puede desarrollar un sistema que sea predecible, pero que además también sea transparente, que nos permita, a varios meses vista, saber qué es lo que va a estar en nuestro roster de elementos pendientes de evaluación y que permita también que la gente sepa qué es lo que se está pagando a cambio del valor que se está ofreciendo. Porque creemos que son cosas que vertebran los elementos de política farmacéutica a nivel normativo. Luego hay otras, a nivel no normativo, que están relacionadas, por ejemplo, con temas de transparencia, no sólo de transparencia de precios sino también de transparencia en la toma de decisiones, que caerían fuera de lo de lo normativo, que es lo que intentan estructurar un poco las medidas a este respecto.
Ángel María Martín:
Gracias Soledad, gracias señor Padilla por estar aquí con nosotros. Precisamente, la siguiente cuestión que teníamos planteada preguntar tiene que ver con la estrategia de la industria farmacéutica de la que nos acaba de dar algunas pinceladas. Enlazando con lo que comentó Soledad, anteriormente creemos que las decisiones que sobre los temas clave de política farmacéutica adopte su Ministerio van a marcar, quizá para siempre, la frontera de los privilegios intocables de la industria farmacéutica en España. Se presenta en este momento la estrategia de la industria farmacéutica que está escrita, como así se reconoce en el texto, desde la perspectiva y con el marco narrativo de la industria farmacéutica, y eso la verdad nos preocupa. Por eso nos gustaría conocer, además de los comentarios que nos ha hecho con anterioridad de los contenidos, el enfoque, es decir, cómo se ha enfocado llevar adelante este documento para que realmente cristalice en un acceso justo y más equitativo, que es uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se basa.
Javier Padilla:
Históricamante, la relación entre las instituciones y la industria farmacéutica es una relación que ha estado localizada en el eslabón final de la cadena, una relación muy focalizada en los elementos de acceso y sostenibilidad: firma de techos de gasto, vinculación del incremento presupuestario a las variaciones del PIB, pero que no reconocía cuál era además la presencia de las instituciones públicas en el resto de la cadena de valor. Básicamente, yo suelo decir que hay dos elementos fundamentales que vertebran la orientación de la estrategia con la industria farmacéutica. Por un lado, abandonar la relación cliente-proveedor y pasar a una relación en la cual se reconozca cuál es el papel de las instituciones públicas a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento, tanto en el ámbito de la investigación básica como en el ámbito de la investigación aplicada, así como también en el ámbito de la producción y la generación de autonomía estratégica y, por supuesto, en el ámbito final de acceso y de sostenibilidad.
Se trata de transitar de esa relación cliente-proveedor a una relación que sea más compleja, pero que reconozca que las instituciones no están solamente presentes como pagador final de la cadena completa, sino que están presentes en muchos aspectos y que, por ello, la presencia en todos esos ámbitos y la aportación de valor desde la perspectiva pública en esos otros campos tiene que reflejarse también en todo lo vinculado con el acceso y la sostenibilidad.
Luego está ese otro elemento que es intentar transitar desde un sistema basado en la oferta a un sistema basado en la demanda. Ahora mismo, la industria farmacéutica pone encima de la mesa una serie de productos que, en cierto modo, de una manera más o menos oficial u oficiosa, son el catálogo al que tienen que acceder las instituciones públicas, por decirlo de alguna manera.
Nosotros lo que creemos es que, a lo largo de toda la cadena de producción, de investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos, la industria tiene que recibir inputs que estén vinculados a nosotros como sociedad. Necesitamos desarrollo farmacéutico en estos 7 ítems estratégicos, que consideramos preferentes. Y todo lo que vaya relacionado y alineado con esas necesidades de la sociedad será aquello en lo cual nuestra voluntad y nuestra disponibilidad a adquirir esos bienes será mayor que en otros ámbitos que no estén vinculados con esto. O sea, cambiar, por un lado, de una relación cliente-proveedor a una relación más compleja que reconozca nuestra presencia en todos los ámbitos y, por otro lado, cambiar el sistema guiado por la oferta a un sistema guiado por la necesidad; pero para ello hace falta poner en común a actores muy diversos. En la mesa del Comité Interministerial que participa (y que ayer tuvo la primera reunión, por cierto) en el órgano superior de gobernanza de esta estrategia tenemos al Ministerio de Sanidad, evidentemente, pero tenemos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Economía y también, participando a la oficina de asuntos económicos y G20 de la Moncloa, de Presidencia. Son perspectivas de lo más variadas. Cada uno desde su lugar hace aportaciones diversas y, luego, con todo se llega a un momento de interlocución con los diferentes representantes de la industria farmacéutica; y en un tercer nivel se incorporarán también miembros de organizaciones sociales, de organizaciones profesionales, etc. Ese es el punto de vista desde el cual se concibe la estrategia. La estrategia, a un nivel más teórico, está concebida también de tal manera que desde el ámbito público pueda hacerse que se fomente la investigación y el desarrollo, guiados hacia la consecución de misiones concretas, misiones también relacionadas con las 7 necesidades que se han establecido en la estrategia, y cómo puede hacerse que en el tema de la sostenibilidad estos elementos iniciales redunden y se vean reflejados. Luego hay un elemento importante, que es arrancar un compromiso en términos de salud global, el cual tenga el reconocimiento de algunas iniciativas, como puede ser, por ejemplo, el Medicines Patent Pool, de cara a cuando sea necesario participar a este respecto. Porque creo que eso, en cierto modo, abre un poco una brecha sobre el posicionamiento de España en la escena global en el ámbito de la propiedad intelectual y patentes. Sí hubo alguna iniciativa por parte del CSIC, por ejemplo, en lo relacionado con C-TAP con la iniciativa de donación de patente en el campo de la tecnología de diagnóstico en el marco de la pandemia de COVID, y hay que intentar que este posicionamiento haga mella. Tampoco tenemos que ser ilusos y pensar que España es una isla. España se desenvuelve en un ecosistema europeo que sabemos cómo está a día de hoy. España tiene que intentar ser una voz de liderazgo de planteamientos alternativos en innovación biomédica, pero también tiene que intentar ser una voz de liderazgo en el planteamiento de modelos alternativos en la forma de relacionarse con la industria farmacéutica. España está en una situación, además por el mix que tiene de industria innovadora e industria de medicamentos genéricos, de poder plantear una relación con la industria farmacéutica en la cual España puede ser un lugar en el cual crear plantas de producción, en el cual generar puestos de trabajo que puedan caminar dentro de esa vía de transitar en el cambio de moelo productivo; por un lado, que se alineen con las necesidades de autonomía estratégica de la región y, por otro lado, que estén vinculados con los elementos de acceso y sostenibilidad, pero también que no se dibujen bajo una situación de subyugación del poder político a los agentes económicos. Hay que poder establecer relaciones que, a ese respecto, tengan un mutuo beneficio, pero que no ocurra como podría pensarse que sucede en otros países, en los cuales en un lugar se dictaminan o se dictan las posturas que se asumen desde el otro. Creo que eso es importante.
Soledad Cabezón:
Es verdad que la estrategia farmacéutica española habla de potenciar el papel público pero no nos queda claro, o por lo menos a día de hoy no parece que se vislumbre esa farmacia pública en esta estrategia. Más bien parece que el sector público viene, como dice, a establecer un ecosistema que dé seguridad a inversores. Habla de la relación público-privada, pero realmente no habla de una farmacia pública, una farmacia pública como tal, que pensamos que podía ser interesante y no solamente lo decimos nosotros. En el debate de la propia estrategia a nivel europeo se propuso una enmienda por 50 eurodiputados en línea con lo defendido por STOA, aunque en el Parlamento Europeo, finalmente, decayó. Pero pensamos que hay margen. Hay margen y hay ejemplos. Están los CAR-T, que nos permiten ahorrar hasta cuatro veces el precio respecto del sector privado. Hay ejemplos también en cuanto a lo que aporta a nivel de investigación el sector público español, en el que prácticamente casi dos tercios de la investigación biomédica es pública. Incluos en la estrategia farmacéutica española se establece un incremento de ésta respecto al PIB. En la factura farmacéutica española, de los 25.000 millones de euros al año en farmacia, si se quita el coste de desarrollo o producción y los de investigación, pues tiene un margen casi de 10.000 millones de euros, para hacer sostenible el sistema sanitario, pero también para derivar ese dinero a otras necesidades; a lo mejor, para la salud mental o la prevención u otras muchas facetas a las que necesitamos dar respuesta. Es decir, pensamos que una farmacia pública podría ser muy importante para la sostenibilidad del sistema, para el ahorro necesario y nos gustaría ver en la línea, como le decía, de aquel magnífico artículo que planteó en su día, qué visos tiene esto y si es posible que la estrategia farmacéutica española finalmente le dé cabida más allá de la relación público-privada.
Javier Padilla:
Comentabas lo de las CART-T. La producción académica, la producción pública de CART-T en España, se está llevando a cabo gracias al desarrollo de la exención hospitalaria, que es un elemento que desde España además se ha defendido de forma especialmente activa, y se sigue defendiendo de forma muy activa, en relación con la estrategia farmacéutica europea. Y de hecho, si finalmente se consigue que quede así reflejado en la estrategia farmacéutica europea, va a ser gracias a la defensa que se ha hecho desde España de modelos, como por ejemplo el de desarrollo del Hospital Clínic en su momento. En la estrategia de la industria farmacéutica sí que se recoge un elemento, en el punto 2.4.5, en que se mencionan dos entidades mercantiles público-privadas, en las cuales la participación pública es el socio mayoritario (aunque no tiene el accionariado mayoritario, es de un 49% de las acciones, y el resto tienen un 25,5%) tanto en CERTERA como Terafront. CERTERA está encaminada a la producción en fase 1 y fase 2 de terapias celulares avanzadas para el abastecimiento de proyectos de investigación, y Terafront está dedicada al desarrollo de proyectos prometedores para llevarlos hasta fase de comercialización. Tener entidades públicas como socio mayoritario de entes mercantiles con capacidad de llevar desde TERAV, que es la Red de Terapias Avanzadas, hasta fase de comercialización es algo que es innovador a nivel europeo. Una de las cosas que sí que estaba en algún momento de la redacción de la estrategia era el que se estuviera manteniendo esa relación 49% público y 51% privado, y eso se ha eliminado de la redacción. Esta iniciatica para terapias avanzadas podrá ampliarse con otras alianzas o partenariados público-privados para la creación de sociedades orientadas al desarrollo de tecnologías sanitarias innovadoras para el Sistema Nacional de Salud. Es decir, que lo que ha sido un ejemplo en el ámbito de las terapias avanzadas pueda expandirse a otros campos, y no se hace además subyugando la relación 49%/51%, que sí que estaba inicialmente. Creo que, por ejemplo, podemos fijarnos en una iniciativa colombiana, que es conocida como una empresa farmacéutica, o sea como una inicativa pública de producción de medicamentos, y que es también un partenariado, en el cual hay una mayoría pública pero con participación privada, y creo que sería, en cierto modo, omo uno de los modelos que se están planteando al otro lado del Atlántico. Ese es uno de los ámbitos en los cuales hay unos mayores visos de desarrollo, también porque hay una voluntad por parte de los diferentes agentes implicados, y esto, como sabéis, no es una competencia puramente de Sanidad. Pero ahora ya sí que tenemos un terreno de juego común, lo que está más relacionado, por un lado, con Ciencia, pero también, por otro lado, con Industria y con los incentivos que se puedan generar y con las ayudas que se puedan generar a nivel de economía, de implicarse en empresas de este tipo. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una fase en la que lo primero que tenemos que demostrar es que iniciativas como Terafront pueden ser exitosas. Ya se ha estado revisando como una especie de portfolio para ver en qué proyectos se va a invertir de forma llamativa. Y, sobre todo, está el asunto de que todo esto se hace con elementos de condicionalidad, es decir, la participación en Terafront se hace con elementos de condicionalidad para el acceso y la sostenibilidad, se hace con criterios de que si se pasa posteriormente a la fase de comercialización tiene que hacerse con unos criterios que garanticen la accesibilidad y la reducción de precios muy vinculados a los costes, por la inversión pública que se ha producido en esa fase final. Eso sí es un cambio notable y probablemente impensable antes de la pandemia, al menos impensable en su materialización.
Ángel María Martín:
La siguiente pregunta tiene que ver con un tema que se toca muy poco pero que recientemente ha cobrado actualidad: es la inequidad del precio por valor de los medicamentos. En la estrategia se habla de un ecosistema en el cual los medicamentos generan valor para la salud y, es cierto, pero se trata el valor que generan para la salud como un área estanca relacionada con el valor que genera el medicamento. La industria farmacéutica y la comisión asesora para la prestación farmacéutica defienden el precio por valor de los medicamentos, pero un reciente estudio del Lancet ha demostrado el elevado coste de oportunidad que tiene para otras necesidades de la atención sanitaria. Es decir, en Gran Bretaña, el impacto acumulado en la salud de la población de los medicamentos que recomendó el NICE en el período hasta 2020, según ese estudio, fue negativo, generó una pérdida neta de aproximadamente 1,25 millones de AVAC. Sobre esto le queremos preguntar: ¿debería el Ministerio iniciar una estrategia dirigida a proponer que el precio de los medicamentos esté en función de lo que cuesta investigarlos y producirlos? ¿Por qué no se exige que, al menos, presenten esos costes para la fijación del precio? Y, finalmente, si en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que ha mencionado anteriormente que se va a publicar próximamente, se va a mantener para la evaluación la exigencia de aportar los costes de producción e investigación y desarrollo que estaba prevista.
Javier Padilla:
Este es uno de los elementos que hemos incorporado al Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es nuestra intención que se mantenga, probablemente mejorado y también vinculándolo con el posterior Real Decreto de financiación, porque sí que creo que los costes relacionados, por un lado con la procedencia de los fondos, es un elemento totalmente irrenunciable y la generación de una herramienta útil para los cálculos de los costes de I+D y de producción que pueda informar para la decisión final de decisión de precio. Creo que también es algo que va a mejorar la capacidad que tenga nuestro sistema para hacer una evaluación y una posible fijación de precios más justa. Nosotros siempre decimos lo mismo. Ahora mismo en España no se puede decir que haya una fijación de precios por valor. Lo que hay es un procedimiento de fijación de precios que se establece a partir de una relación de negociación bilateral con la industria farmacéutica, muy relacionado también a cuál es su capacidad de implantar una financiación más preferente o no en otros países, y que es un sistema que está más vinculado a las relaciones que se establecen con los diferentes actores que verdaderamente al valor existente. Entre otras cosas, porque la falta de un procedimiento de evaluación normalizado, abierto y transparente dificulta mucho fijar precio en función de criterios relativamente objetivos. Por un lado, la aprobación del Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias traerá consigo la publicación, de forma pública y abierta, de cuáles son los criterios que se van a utilizar para evaluar las diferentes tecnologías. Y posteriormente en el Real Decreto de precio y financiación se establecerán cuáles van a ser los criterios en base a los cuales se va a incorporar esto. Que un medicamento tenga un mayor o menor valor añadido sí que tiene que ser un elemento más, pero hay que incorporar otros elementos como pueden ser desde los criterios medioambientales, que son uno de los elementos al alza en la legislación internacional, que Reino Unido ha comenzado a incorporar, pero que aquí en España no están incorporados, a por supuesto los costes de fabricación, la procedencia de la financiación, que también tiene que ser otro de los elementos para poder fijar un retorno social de las inversiones en el ámbito de la investigación y de la innovación biomédica, u otros elementos. Además, a nadie se le escapa que, por ejemplo, la fijación de criterios relacionados con los criterios medioambientales también viene a ser, en cierto modo, un proxy de promoción de la producción loco-regional porque favorece los canales cortos de distribución y, en cierto modo, nos permite además tener un mayor control sobre estos canales cortos. Creo que estos discursos que abogaban por una vinculación de la financiación al valor son discursos que hace unos años estuvieron muy en boga y ahora ya se les ven mucho las costuras, sobre todo porque, insisto en lo que decía antes, la fijación del precio de los medicamentos innovadores se produce en un momento en el cual los niveles de incertidumbre son tan grandes que la determinación correcta del valor es un constructo. No tenemos las herramientas, ni las vamos a tener en este momento, que tengan capacidad para decirnos cuál es el valor real con indicadores útiles para la población, no con indicadores de inmunogenicidad ni otro tipo de variables intermedias que puedan aportar. Otra cosa es que también hay que trabajar en la reducción precoz de estas incertidumbres y eso creo que también es una especie de reto casi epistémico. Pero sí que es verdad que saber de qué manera podemos ir actualizando la evidencia disponible para la reducción de esa incertidumbre, y que esto además también se pueda vincular con la financiación, es otro elemento. De hecho, creo que el proxy más adecuado de valor son los resultados. Y esa medición de resultados, y que el resultado verdaderamente pueda impactar sobre la forma de financiación, es otra de las cosas, otro de los retos que tenemos encima de la mesa.
Soledad Cabezón:
Vamos ahora a genéricos y biosimilares porque no podemos seguir hablando sobre el tema de los costes y el riesgo de los innovadores; aunque quedan claras algunas ideas. En el caso de los de los genéricos y de los biosimilares, nuestra posición es que deberían ajustarse los precios a los costes reales de producción, porque ahí sí que no ha habido investigación ni desarrollo, no hay incertidumbre como tal. ¿Por qué el precio de los genéricos sigue siendo tan alto? Además, no estamos de acuerdo que en muchas ocasiones se justifique el hecho del desabastecimiento por los bajos precios. De hecho, tenemos ejemplos recientes como la metformina, la furosemida o el deflazacort, con recientes bajadas de precios muy importantes sin que se haya producido ningún tipo de desabastecimiento. Pensamos que se debe, en todo caso, al margen de beneficio que realmente el sector de genéricos quiere tener tratando de referir al precio del original. Por lo tanto, creemos que hay muchísima capacidad de ahorro en el tema del genérico, no solamente en términos de volumen, sino tambi´ñen en el precio; no tenemos unos volúmenes tan altos en prescripción como en otros países der la unión europea ni precios tan bajos. Y nos preguntamos por qué no vamos hacia los costres reales a la hora de fijar el precio de genéricos y biosimilares y cuáles son las estrategias que valora el Ministerio para qeu se promuevan realmente las prescripciones de este tipo de medicamentos.
Javier Padilla:
En efecto, la situación española es doble. En España, podemos decir que, comparativamente con Europa, se consumen pocos genéricos, pero además se consumen genéricos muy caros o, al menos, relativamente muy caros respecto a otros productos. Solemos utilizar el referente sueco como gold standard -o patrón de comparación en precios de genéricos- y nos encontramos que, en España, para la media de los productos más consumidos, tenemos un precio que está 1,03 veces más elevado que el que tienen en Suecia, o sea más del doble de caros que en Suecia, que es un país con un mercado mucho más pequeño. No olvidemos la capacidad que tiene España de generar economías de escala y que debería ser muy superior. El problema de España a este respecto no es solamente de penetrancia de los genéricos y de los biosimilares dentro del mercado, sino que es de penetrancia y de precio. Que en ocasiones van ligadas pero que en muchísimas ocasiones no van ligadas. Desde nuestro punto de vista hay un elemento fundamental, compartido por una parte de los actores, que está vinculado con que España es una anomalía en lo relacionado con la vinculación del precio del medicamento genérico con el medicamento de marca. En España, para ser financiado el precio tiene que ser mismo que el de referencia y además tenemos un sistema de precios de referencia donde el precio de referencia es uno, único y totalmente uniforme y que ni siquiera permite una horquilla de precios de referencia como pueda ocurrir en otros países como, por ejemplo, en uno de nuestros países vecinos como es el caso de Portugal. Desde nuestro punto de vista, y que lo hemos trabajado con economistas de la salud, pero también con gente del sector, cuando nosotros les decimos que los precios que vosotros manejáis son más elevados que los precios que nosotros estamos viendo en otros lugares. El elemento de diferenciación de precio y permitir que los medicamentos, el que sea, puesto que esto va a ocurrir con medicamentos genéricos, que el medicamento genérico se diferencie en precio hacia abajo y esa bajada de precios sí que puede ser diferencial con respecto al medicamento de marca y que no vinculen el precio de uno con respecto al precio del otro, sí que creemos que va a ser un elemento importante. Luego nosotros, también en el borrador que se ha filtrado de Ley del medicamento, una de las cosas que planteábamos era la posibilidad de generar un sistema de precios seleccionados. En cierto modo, vendría a ser una especie de subasta periódica continuada que permitiera que el sistema pudiera beneficiarse de partidas concretas de medicamentos genéricos a precios notablemente más bajos. Creemos que eso puede tener un impacto notablemente importante dentro de la factura farmacéutica total de nuestro sistema. Eso, además, debe tener cierta capacidad para redistribuirse, no solamente a otros ámbitos del sistema sino también, por ejemplo, a una modificación de las cargas dentro del ámbito del copago farmacéutico que pueda favorecer la implantación de topes de aportación dentro de la población activa, que todas las encuestas nos dicen que es la población donde hay una mayor prevalencia de problemas de acceso a medicamentos por motivos económicos. Sobre lo que comentabas anteriormente de la vinculación con el precio del medicamento, ponías por ejemplo la furosemida. Creo que aquí hay otra cosa y es que no todos los medicamentos tienen una curva de demanda superponible. La curva de demanda de amoxicilina, por ejemplo, no es igual a la curva de demanda de furosemida. La curva de demanda de amoxicilina es una curva de demanda mucho más estacional. En el caso de la amoxicilina, tener la posibilidad de subir ligeramente el precio hizo que viéramos una redistribución de la oferta hacia nuestro país en ese momento. Dicho esto, yo creo que el tema de los desabastecimientos es un tema que ahora mismo está en un terreno de juego principalmente europeo. El próximo mes acudiré a Bruselas a un evento de un panel de alto nivel relacionado con la Critical Medicines Alliance y creo que ese va a ser uno de los puntos en los cuales además países de muy diversa procedencia (si pensamos principalmente en España, Portugal y los países del Este) podamos llegar a acuerdos bastante notables. Siempre con el tema del desabastecimiento en mente y de cómo forzar situaciones de garantía para el abastecimiento en aquellos medicamentos en los cuales no nos podemos permitir ese desabastecimiento. Hay medicamentos para los cuales situaciones de problema de suministro en existencia de alternativas terapéuticas tienen un impacto sobre la salud de la población muy limitado; sin embargo, nos encontramos con que hay otros medicamentos en los cuales tenemos que garantizar este abastecimiento. Creo que el marco europeo, y conseguir además que unos países europeos no sean la competencia de otros países europeos, es fundamental. Para eso hay algunas decisiones sobre precios que sí que son importantes, pero hay otras decisiones que no hay que tomar en el ámbito del precio, sino que tienen que ser tomadas en el de la implantación industrial a nivel loco-regional. Sí que sabemos que las cadenas de suministro, en el campo de las materias primas, se han visto especialmente comprometidas en los últimos años en algunos ámbitos. Europa debe tener una cierta autonomía a este respecto, y España no puede trabajar como un verso libre. Nosotros, en todo momento, seguimos llevando una voz que está muy relacionada con la implantación territorial de tejido industrial, de informe precoz de los riesgos de desabastecimiento y de garantía de suministro a todos los países miembros. A este respecto, sí que España ha representado una posición, junto con otros países. España, en términos de tamaño del mercado farmacéutico, ha estado en cabeza, con una posición podríamos decir, más progresista con relación a otros países que se han alineado de forma más clara con lo que venían siendo los reclamos industriales.
Ángel María Martín:
La siguiente cuestión que queremos plantear es el tema de los conflictos de interés, que están en aumento en el sistema sanitario. En un artículo de investigación que publicamos en nuestra revista en junio pasado describimos la situación de los elevados pagos que la industria farmacéutica efectúa a profesionales sanitarios líderes de opinión: 855 profesionales recibieron más de 15.000€ cada uno de las multinacionales farmacéuticas; 71 de ellos recibieron más de 70.000€ anuales, y 9 por encima de los 100.000€. Eso solo de la información declarada y solo de 18 empresas. Desde nuestra asociación venimos también señalando la existencia de serios conflictos de interés. Por eso le preguntamos ¿se plantea el Ministerio de Sanidad la creación de un registro público de pagos de la industria farmacéutica a los profesionales sanitarios y organizaciones involucradas en la asistencia sanitaria, al estilo del que hay, por ejemplo, en Francia? ¿Tiene intención el Ministerio de regular el problema de los conflictos de interés en el sector sanitario?
Javier Padilla:
Aquí hay varios temas. Por un lado, en el Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, también en consonancia con el Reglamento que se ha hecho a nivel europeo, sí que hay una reglamentación de los conflictos de interés para la participación en el ámbito de la evaluación, sabiendo que hay una singularidad muy concreta en la cual nos enfrentamos con una dificultad existente y es que en las enfermedades de muy baja prevalencia existen grandes dificultades para encontrar personas que aúnen el conocimiento técnico y la experiencia clínica y la ausencia de participación en ensayos clínicos a lo largo del desarrollo del producto. Esto es una realidad de conflicto que es difícilmente “reglamentable”, por decirlo de alguna manera, o al menos excluible. Yo creo que se intentan habilitar al menos los mecanismos que hagan de esa coexistencia la excepción, y, en el caso de excepción, la mayor transparencia a este respecto, de la misma manera que se prioriza la participación de otras organizaciones que estén libres de conflicto. Y, por otro lado, sí que se alumbra mayor transparencia a este respecto. Sobre la posibilidad de un Sunshine Act, que entiendo es un poco sobre lo que va la pregunta, como el equivalente de Estados Unidos, es un tema que se ha puesto encima de la mesa en alguno de los debates y que tendríamos que ver cuál sería la forma de articulación en tanto en cuanto existe ahora mismo una especie de código de autorregulación por encima del cual tendríamos que saltar. O al menos agregar. Porque sí que es verdad que existe ahora mismo un ámbito en el cual las empresas farmacéuticas publican las transferencias de valor. Lo que pasa es que esas transferencias de valor, por un lado, se publican por separado y, por otro, en muchas ocasiones hay algunas empresas farmacéuticas a las cuales hay que reconocerle que las publican de forma muy accesible y con buscadores que facilitan la búsqueda sencilla, pero hay otras que publican documentos en PDF no accesibles a la búsqueda. Básicamente es una publicación poco accesible. Ese es un tema que está encima de la mesa. Tenemos que ver la manera de llevarlo a cabo sabiendo que es una información que ahora mismo es pública, pero no muy transparente, porque no cumple con los criterios de accesibilidad que debería. Pero es un elemento que sí que está encima de la mesa, sin una forma de abordarlo clara, pero esperemos que se considere durante la tramitación de la Ley de garantías. Podría ser uno de los elementos durante la tramitación parlamentaria o durante la información en audiencia pública, en el cual se podrán aportar elementos importantes.
Soledad Cabezón:
Muchas gracias. Nos quedan solamente dos preguntas. Una sobre el copago y otra más general que tiene trascendencia a nivel farmacéutico, sobre todo a nivel del futuro inmediato. La primera es sobre el tema de los datos sanitarios. No sabemos realmente el papel del Ministerio en estos momentos, si está más a nivel de la Secretaría de Estado Digital o si el Ministerio de Sanidad realmente tiene algún tipo de protagonismo. En definitiva, nos preocupa, no solamente en términos de confidencialidad, de seguridad de los datos de los pacientes, teniendo en cuenta que el Espacio Europeo de datos sanitarios nos obliga a datos genéticos, a compartir incluso comportamientos, hábitos, sino especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad. Creemos que es una información con alto poder económico y por eso la industria tiene un gran interés en él. Al generar investigación y conocimiento está claro que defendemos y debe ser una gran oportunidad para los avances de la medicina. Pero nos preocupa que no haya una reciprocidad. Se va a obligar al sistema público a compartir esos datos, según el Reglamento. Nosotros somos de la opinión que debería de ser un repositorio público y que lo explotase el sistema público, siendo una base fundamental y una oportunidad magnífica para una investigación pública. Por otro lado, el reglamento europeo nos va a obligar a compartirlos, pero no sé en qué medida se obligará al sector privado a compartir sus datos. En primer lugar, esa duda sobre esa reciprocidad y si realmente se plantea el Ministerio, como oportunidad, mantener esa gobernanza que no solamente daría la seguridad necesaria a los pacientes sino también permitiría ahondar, fomentar o promover la sostenibilidad necesaria de los sistemas sanitarios, generando información muy valiosa desde el punto de vista de los medicamentos. Me gustaría saber qué es lo que baraja el Ministerio a ese respecto.
Javier Padilla:
El pasado mes de julio asistí, en representación de la ministra, a la reunión informal de ministros en Budapest, en el seno de la presidencia Húngara del Consejo de la Unión y uno de los temas que se trató en una de las sesiones estaba relacionado con esto. Una cosa que vimos es que muchos países estaban esperando a que hubiera financiación de la Comisión para poner al menos la presupuestación de los elementos que van a dar sustancia al reglamento europeo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Sin embargo, nosotros ya hemos iniciado esta presupuestación por parte propia del Ministerio de Sanidad. Aquí tenemos una gobernanza compartida con el Ministerio de Transformación Digital y con Función Pública, con los que hay una relación bastante bien engrasada.
El Ministerio de Sanidad claro que mantiene un papel central en la gobernanza a este respecto. Una gobernanza que está pensada como un sistema de gobernanza pública en el cual haya entrada de datos, tanto públicos como privados, en el cual el acceso a los grupos públicos de investigación se haga pensando en exenciones de tasas, pero que los operadores privados que quieran tener acceso a ellos dispongan de unas tasas que están reguladas en el marco del reglamento de la Unión Europea.
Hay algo que me parece que es una pérdida de oportunidad a nivel de reglamento europeo que es haber podido introducir elementos de incorporación de criterios de interés público en todo esto. Creo que hay un paralelismo muy claro que hacer con el modelo de innovación biomédica, de la misma manera que cuando hay un desarrollo de un medicamento intentamos incorporar y está en auge la incorporación de criterios de interés público en las fases iniciales de la investigación para que haya un compromiso en el caso de que ese producto llegue a ser comercializado y luego “vendido” a la institución; esto también debería aparecer igual en el ámbito del procesamiento de datos. La utilización de datos secundarios para el desarrollo de innovaciones biomédicas o de productos sanitarios que posteriormente vayan a tener su incorporación en el Sistema Nacional de Salud debería incluirlo. Esto no se incluyó en el reglamento y creo que debe ser una especie de caballo de batalla que nosotros debemos defender de forma muy abierta de cara a futuro. Esto es un elemento que a nosotros sí que nos parece muy importante y que vamos a seguir defendiendo. De la misma manera que vamos a seguir defendiendo tanto la reciprocidad de la que hablabas, como un elemento que a mí me parece fundamental a la hora de hablar de datos, que es lo relacionado con la propiedad del dato. Los datos de la aplicación española del Espacio Europeo de Datos en Salud son datos que forman parte en una especie de bien social y que, en lo posible, tenemos que conseguir esa vinculación. No solamente eso, sino que también tenemos que servir para que, en cierto modo, suponga un acicate o un estímulo para los grupos públicos de investigación y que esto no solamente sea un elemento de acceso desde el ámbito de lo privado (que siempre y cuando redunde en un bien social bienvenido sea), sino que no nos quedemos atrás, que desde los grupos de investigación del Instituto de Salud Carlos III y de las diferentes universidades y de los CIBER se potencie el acceso a estos datos porque es lo que nos va a garantizar que podamos hacer esa vinculación que ahora mismo no está reflejada en el reglamento con los criterios de interés público posteriores.
Ángel María Martín:
La última pregunta va sobre el tema del copago farmacéutico sobre lo que ya nos ha hecho algún comentario con anterioridad. El componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia propone limitar el establecimiento de nuevos copagos con especial impacto en la población de menores recursos y reformar la aportación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud asegurando una mayor justicia social, que es lo que recoge. Sin embargo, lo que conocemos por la prensa sobre esta reforma va en la línea de profundizar en el modelo de aportación farmacéutica implantado por el Real Decreto Ley 16/2012, un modelo que aumentó de manera muy importante el copago farmacéutico a casi toda la población y que ha trasvasado desde entonces ingentes cantidades de dinero del bolsillo de los ciudadanos a la industria farmacéutica con resultados negativos en sus economías y en su salud. Todavía en 2024, el CIS dice que un 3,9% de los españoles, como había mencionado usted antes, ha dejado de tomar algún medicamento recetado por la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos, lo que se ha llamado pobreza farmacéutica. Sobre este tema le queremos preguntar cómo se está planteando el Ministerio la reforma de la aportación farmacéutica sin establecer nuevos copagos.
Javier Padilla:
Por un lado, está el tema del bloqueo de los nuevos copagos, que está reflejado en la modificación de la Ley de Equidad, ahora mismo en tramitación parlamentaria, y luego hay otro aspecto, el relacionado con la modificación del copago actualmente existente. La idea que venía del equipo anterior con esta reforma de la Ley era que ésta fuera una parte que no se tocara, que se quedará como estaba y que, en todo caso, se tocará donde habitualmente se tocan las modificaciones del copago, que es en las leyes de presupuestos. Sin embargo, nosotros sí que creímos que había una oportunidad, al menos, para actuar en la línea que el consejo asesor de prestación farmacéutica sí que nos había dado, que era la de identificar cuáles son los grupos de población en los cuales la falta de acceso a medicamentos por motivos económicos era más numerosa, y actuar ahí de forma más clara haciendo esa protección. Donde se ceba la grandísima mayoría, y además los riesgos relativos son verdaderamente disparatados de dificultades de acceso a medicamentos por motivos económicos, son los grupos de población activa, que no pensionista, y población activa de rentas más bajas. En términos globales, ahora mismo del montante de gasto farmacéutico a nivel ambulatorio el 89% se sufraga por parte de las administraciones públicas y el 11% por parte de la ciudadanía. Nosotros lo que haríamos sería reducir el montante total de aportación en unos 140-150 millones de euros anuales por parte de la población. La población asumiría una aportación menor a ese respecto, que en las rentas más bajas sería una reducción de 160 millones con las estimaciones que nosotros tenemos. Es decir, simplificando, del total de la población, el 60% de rentas más bajas aportaría menos, el 30% de la población no tendría ninguna modificación y el 10% de rentas más altas sí que tendría una mayor aportación, especialmente ligada a una mayor progresividad de los tramos existentes. No concibo el copago como un elemento de racionamiento de la asistencia. Creo que el copago tiene una capacidad para modular, o para racionalizar, el consumo verdaderamente limitado, y que principalmente es un elemento que tiene más capacidad de generar inequidad. Ahora bien, está claro que no todos los copagos generan la misma inequidad. Un copago en el cual no hay un límite mensual de aportación en la población activa de rentas bajas es un copago más generador de inequidades que uno en el que sí que lo hay. Dicho lo cual, no existiendo y no habiéndose incorporado dentro del acuerdo de Gobierno la eliminación completa de copagos, sí que creemos que esa modificación en las rentas bajas, en las cuales se ceba la falta de acceso por motivos económicos, se produce una mayor protección con la implantación de topes mensuales de aportación, que principalmente además vienen a proteger a la población que tiene múltiples enfermedades crónicas y condiciones de polifarmacia. Esa es la vía por la que nosotros hemos hecho la propuesta que está, insisto, en un borrador y que tiene que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno en Asuntos Económicos, por el Consejo de Ministros, después por audiencia e información públicas y luego llegará al Congreso. Pero la perspectiva que nosotros tenemos es la de distribuir haciendo una bajada notable, muy notable, lo que supone una bajada del 40% en la aportación en la población de rentas menores a 35.000€. Estamos hablando de que en los quintiles inferiores de rentas, la disminuciñon de la aportaciçon es notable, perdón, en las rentas menores de 18.000€, que es la renta mediana, o sea, estamos hablando del 50% de la población española, que supone una reducción entre el 33% y el 40% en la aportación anual.
Soledad Cabezón:
Javier, solamente nos queda agradecerte el privilegio de habernos permitido charlar tan cordialmente y mostrarnos tu punto de vista, que nos parece magnífico. Espero que te hayas sentido cómodo y aquí tienes colaboradores para sacar grandes objetivos, que no son nada fáciles. Somos muy conscientes de las dificultades que hay, y que nos pueda considerar aliados en esta gran lucha.
Javier Padilla:
No solo cómodo, sino que a mí también me sirve, e instaros a que cuando se publique la información y la audiencia pública de la Ley del medicamento, os insto a que nos reunamos, más allá de que podáis hacer aportaciones por la tramitación ordinaria, que nos reunamos para comentarla, debatirla y ver de qué manera podemos mejorarla.
Soledad Cabezón y Ángel María Martín:
Muchísimas gracias y mucho éxito.
- Nota para los y las lectoras
En el texto de la entrevista en varias ocasiones se habla de la estrategia farmacéutica. Los comentarios se refieren al documento: “Estrategia de la Industria farmacéutica, 2024-2028”, disponible en: