EDITORIAL. Revista nº 43 Noviembre-Diciembre 2025
David Larios Risco.
Abogado. Vocal de la Junta Directiva de la AAJM.
La discriminación no es una opinión, es un determinante de la salud. Tampoco es un mal abstracto. Tiene síntomas que no se tratan, diagnósticos tardíos y daños evitables para paciente muchas veces invisibles.
Las barreras para el acceso a la sanidad de personas excluidas operan, al menos, por dos vías entrelazadas. La primera, político-administrativa: normas que restringen la entrada al sistema, requisitos de cobertura o empadronamiento inalcanzables, circuitos opacos. La segunda, práctica: sesgos implícitos, barreras idiomáticas y culturales, desinformación, miedo a ser denunciado y trámites que expulsan de la atención ordinaria a quienes más la necesitan. El resultado es conocido: peores diagnósticos, menor continuidad terapéutica y peor control de enfermedades crónicas y transmisibles.
La Comisión Europea advierte que el 3,6% de la población de la UE se encuentra con necesidades sanitarias no cubiertas, elevándose esa tasa hasta el 6% entre personas en riesgo de pobreza, y alerta de que esa exclusión sale cara: “cerrar la puerta en primaria y en el acceso a medicamentos esenciales multiplica los costes futuros” (1).
A pesar de ello, asistimos a un repunte de corrientes políticas que normalizan discursos y prácticas de xenofobia y racismo, algo que ha constatado la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) alertando de los retrocesos en derechos de las personas migrantes y de su exclusión de los servicios básicos, incluida la protección de la salud (2).
Ante el peligro que supone la extensión de estas corrientes ideológicas y políticas que legitiman la vulneración de los derechos humanos es conveniente que hagamos memoria y recordemos que, durante siglos, “tolerar” era poco más que permitir lo que se juzgaba erróneo: una actitud magnánima y prudencial del poder hacia quienes discrepaban, hacia los diferentes. Y que no fue hasta bien entrado el Siglo XX cuando las tradiciones religiosas y las democracias constitucionales dieron el salto ético y jurídico “de la tolerancia” al “reconocimiento de iguales derechos” e “igual dignidad”.
Y en ese tránsito, los estados modernos comprendieron que no basta con “no perseguir” al diferente, y pusieron en marcha obligaciones positivas de equiparación entre ciudadanos de procedencias distintas, medidas y políticas que permitían aspirar a un acceso equitativo al estado del bienestar.
Lo contrario, lo que propugna el ideario del racismo y la xenofobia, es que retrocedamos del estándar de igualdad efectiva al viejo permiso precario: tolerar la diferencia mientras se la deja fuera de los derechos materiales, empezando por el acceso a la salud y a los fármacos que salvan vidas.
A escala internacional, la discriminación se expresa en la brecha entre quienes pueden pagar y quienes quedan fuera. Las diferentes políticas y modelos sanitarios determinan la coexistencia de países que apenas garantizan urgencias y servicios de auxilio a personas excluidas de la cobertura o en situación administrativa irregular, con otros que reconocen accesos más amplios; pero incluso donde las normas son más generosas, persisten quiebras en el acceso efectivo. No se trata sólo del sistema de financiación sanitaria, sino de cómo cada Estado articula el control migratorio y su “economía moral” de inclusión y exclusión.
A ello se superpone una discriminación económica añadida en el acceso a los medicamentos: precios fijados por “valor”, opacidad de costes e I+D y desabastecimientos que convierten medicinas esenciales en activos financieros. Cuando el precio expulsa, la desigualdad de renta se suma a la racial o administrativa: doble exclusión —no llegar al sistema o, si se llega, no poder pagar o no encontrar el medicamento.
España no es inmune. Hemos avanzado hacia la universalidad, pero persisten barreras de facto para quienes menos poder tienen: empadronamientos difíciles, exigencias documentales cambiantes en función del territorio autonómico o circuitos que derivan a urgencias lo que debería resolverse en primaria; son tan sólo algunos ejemplos.
Las consecuencias en términos de salud y costes están bien documentadas: más hospitalizaciones evitables, mayor mortalidad por causas tratables, cronificación de enfermedades controlables con fármacos de primera línea y un impacto económico que recae —paradójicamente— sobre el propio sistema. Cada barrera añadida hoy es un coste sanitario y humano multiplicado mañana. Y cuando hablamos de medicamentos esenciales —antibióticos, anticonvulsivantes, antihipertensivos, antidiabéticos, analgésicos, vacunas— la demora no es neutra: es daño.
El marco de obligaciones es inequívoco. La igualdad y la no discriminación no son retórica, sino mandato jurídico y ético. Los poderes públicos deben garantizar que nadie quede atrás por su origen, color de piel, estatus migratorio, lengua, discapacidad, género o pobreza. Eso implica remover obstáculos administrativos, vigilar y corregir sesgos clínicos, orientar la financiación y la política farmacéutica a las necesidades reales —no a la capacidad de pago— y asegurar que las listas y guías de medicamentos esenciales se traduzcan en disponibilidad y asequibilidad efectivas.
Los compromisos internacionales son claros: acceso disponible, aceptable y de calidad; prohibición de limitar la atención por estatus migratorio; y deber de adoptar medidas para reducir desigualdades. La solidaridad no puede quedarse en declaraciones: apoyar capacidades regulatorias y productivas en países de renta baja y media, compartir tecnología y datos, y alinear la I+D con necesidades de salud pública son condiciones para que la lista de medicamentos esenciales no sea un catálogo de ausencias.
La respuesta ética a la discriminación y exclusión sanitaria no puede ser otra que la solidaridad, la cooperación, la transparencia y las garantías constitucionales de los sistemas que priorizan el interés general.
Referencias
- “3,6% experience unmet needs for medical care in 2024” European Commission. Eurostat News, 20 agosto 2025.
- “FRA`s Fundamental Rights Report 2024” European Union Agency for Fundamental Rights. 5 june 2024.