La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) celebra la 2ª exención hospitalaria otorgada al Hospital Clínic de Barcelona para la producción pública de la terapia genética CAR-T (ARI0002h) para mieloma múltiple, después de más de dos años de trabajo de investigación y desarrollo. Para la AAJM, se trata de una excelente noticia, resultado del esfuerzo y dedicación de unos profesionales del sistema sanitario público, que trabajan en equipos multidisciplinares para conseguir este logro académico de producción pública que garantice la accesibilidad para todas las personas que lo necesiten a este tipo de tratamientos. El precio por tratamiento para este tipo de cáncer de productos comercializados por la industria farmacéutica alcanza los 332.000 € (incluido en la financiación pública del Sistema Nacional de Salud en enero de 2019), mientras que la producción académica reduce el precio a menos de la tercera parte.
RESUMEN: La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) pide al Ministerio de Sanidad que recurra el sobrecoste de más de 430 millones de euros que supondrá para el Sistema Nacional de Salud en los próximos 3 años la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de prohibir la venta de un anticoagulante genérico que consumen más de 375.000 pacientes en España. Así lo ha expresado la nueva presidenta de la AAJM, la Dra. Soledad Cabezón, en un desayuno informativo para presentar la “hoja de ruta” de la nueva junta directiva de esta asociación.
RESUMEN: la OMS ha declarado la viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Son necesarias 10 millones de dosis de vacunas pero sólo están disponibles 200.000 (el 2%) . La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) insta a los país ricos a elaborar un Plan de Vacunación coordinado por la propia OMS..
Resumen: Con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento denuncia la falta de acceso a la asistencia sanitaria y medicamentos en Gaza y otras zonas de guerra • La AAJM resalta la labor del personal humanitario y se suma al lema de la ONU #ActuarPorLaHumanidad
RESUMEN: La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) presentará la “hoja de ruta” de su nueva junta directiva, presidida por la Dra. Soledad Cabezón, coincidiendo con el séptimo aniversario de esta asociación sin ánimo de lucro que defiende una sanidad pública universal y el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles para todo aquel que los necesite.
El presidente del Comité Deontológico del ICOM de Toledo, Juan José Rodriguez Sendín, y vocal de la Junta Directiva de AAJM analiza los principios deontológicos que deben primar en la prescripción médica como factores que influyen en un acceso eficiente a los medicamentos
Resumen: Ante la buena acogida y repercusión de su I Edición la Junta Directiva de AAJM ha decidido continuar con su iniciativa de destacar y reconocer a personalidades y Organizaciones que por su quehacer enlazan o contribuyen a poner en valor y difundir los objetivos y compromisos con la Sociedad que son la razón de ser de la AAJM.
Joan Ramon Laporte, Mercedes Zurita, AVITE, Oriol Güell y NoGracias y un Reconocimiento especial a Manuel Rico (Investigate Europe) Madrid.
El número 31 de la revista ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO, https://accesojustomedicamento.org/revista-de-la-aajm-2/ ya está disponible. Un número dedicado a la excelente acogida y amplísima difusión de la investigación de Ángel María Martín Fernandez-Gallardo, inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la AAJM, titulada, “La red oscura que las multinacionales farmacéuticas ocultan tras los pagos a profesionales sanitarios: sus líderes de opinión en el SNS y su red de intereses al descubierto”,que se publicó en la anterior edición de la revista.
Uno de los temas estrella que debería haberse aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra entre el 27 de mayo y el 1 de junio, es el Tratado de Pandemias. Lamentablemente no ha sido así. En efecto, en diciembre de 2021 la mayoría de países, sobrecogidos por el impacto de la pandemia de COVID-19, acordaron poner en marcha un Grupo Internacional Negociador (INB en sus siglas en inglés), con representantes de todos los países, para discutir y acordar un Tratado de Pandemias (TP), que se debería aprobar en la Asamblea Mundial de la Salud de 2024 y que garantizaría el acceso equitativo a vacunas y medicamentos en todo el mundo. Nueve rondas de negociaciones, durante estos más de dos años, no han sido suficientes para llegar a un acuerdo antes de la Asamblea.
Los representantes de los países del Norte quieren que todos los países (sobre todo, los del Sur Global) garanticen un intercambio transparente de información en tiempo real sobre aparición de brotes potencialmente peligrosos, cesión de muestras de patógenos y secuencias genómicas, etc. Estos datos pueden ayudar para prevenir y controlar la posible pandemia en los países del Norte y para investigar diagnósticos, vacunas y otros tratamientos, que podrán lograr importantes ganancias para los ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas.
Los países del Sur Global piden que los diagnósticos, vacunas y otros tratamientos que se desarrollen para combatir una pandemia sean accesibles para todas las personas, en todo el mundo, de forma equitativa. Esto requiere la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual (patentes y otras exclusividades que generan monopolios de producción y comercialización), la transferencia obligatoria e inmediata de conocimientos, tecnologías y componentes, la fabricación en todas las plantas acreditadas en todo el mundo, y la venta a precio de coste de fabricación.
Las grandes empresas farmacéuticas y los gestores de fondos de inversión, que son sus principales accionistas institucionales, presionaron a los gobiernos de los países ricos para que se opusieran a las versiones iniciales del TP: “El mundo estaría mejor sin aprobar el dañino texto del tratado. En pocas palabras, no tener tratado es mejor que un mal tratado”, declaró la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos (IFPMA) en octubre de 2023 (1). Su argumento, repetido machaconamente, es que si se suspenden los derechos de propiedad intelectual no habrá investigación. Esto es falso, ya que la mayor parte de la investigación de todos los medicamentos ya tiene financiación pública directa. Y en la pandemia de la COVID-19, además de la financiación de centros y proyectos, se llevó a cabo la compra anticipada de vacunas, con lo que toda la financiación de la investigación tuvo cobertura pública, de forma directa o indirecta. La razón de los ejecutivos de las grandes empresas es otra.
Veamos: si las vacunas y otros productos hubieran podido fabricarse por empresas de genéricos en los cinco continentes, y comercializarse a precio de coste, se hubieran podido vacunar a todas las personas en todo el mundo, con un coste de 20.000 millones de euros, varias veces menos de lo que nos gastamos solamente los países ricos. En este caso, las empresas habrían obtenido un beneficio, razonable, de 2.000 millones de euros. Pero, con los derechos de propiedad intelectual y los monopolios que les ceden los gobiernos, las empresas pudieron decidir quién fabricaba, cuánto fabricaba, dónde fabricaba, a quién vendía y a qué precio. De esa forma, millones de personas en el Sur Global no pudieron acceder a las vacunas, pero (ésta es la clave) las empresas obtuvieron unas ventas superiores a los 200.000 millones de euros, con unos beneficios de más de 170.000 millones en dos años. Comparando entre 2.000 y 170.000 millones de beneficios es lógico que las empresas y los gestores de fondos de inversión quieran evitar la suspensión de las patentes. Los bonos y ganancias para cada uno de ellos son significativamente diferentes. Ahora bien, lo que no es lógico es que los gobiernos no impongan los intereses generales por encima de los intereses de unos cientos de ejecutivos. Es una vergüenza. Porque esas decisiones cuestan vidas, más de 9 millones de vidas que podrían haberse conservado si se hubieran vacunado y tratado en el Sur Global al mismo ritmo que en el Norte. Además, el daño nos afecta a todos, no solo al Sur. El impacto económico negativo y el sufrimiento en pérdida de vidas humanas y enfermedad también afectó a países del Norte, y todavía se arrastra.
Sin embargo, la presión de la gran industria farmacéutica sobre EEUU, la UE, Japón, Reino Unido y otros países ricos ha tenido más fuerza y ha bloqueado el TP. Como ejemplo podemos leer las declaraciones del ministro alemán de sanidad: “no habrá tratado de pandemias sin protección de los derechos de propiedad intelectual” (2); o las del portavoz del ministerio de salud del Reino Unido advirtiendo que no firmarían el acuerdo (3); o la carta de 51 senadores republicanos al presidente Biden exigiéndole que no apoye el tratado de pandemias porque compromete la soberanía del país (4).
Finalmente, la Asamblea Mundial de la Salud 2024 no aprobó el TP, y los países decidieron el último día de sesiones, 1 de junio, que se ampliaría el plazo de negociación durante un año más, hasta la próxima Asamblea.
Sí se ha aprobado, en cambio, la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que se discutía en paralelo. Este sí que interesaba a los países del Norte. Define la emergencia pandémica, pide a los países que refuercen sus sistemas de vigilancia epidemiológica y la colaboración con países vecinos, y que agilicen las notificaciones a la OMS. Y sobre acceso a vacunas y medicamentos, dice que se creará un mecanismo de coordinación financiera para apoyar a países de bajos ingresos. Buenas palabras.
El director general de la OMS ha declarado que “la decisión de concluir el TP dentro del próximo año demuestra con qué fuerza y urgencia lo desean los países, porque la próxima pandemia es una cuestión de “¿cuándo?”, no de “si”” (5). Una declaración muy optimista (¿o debería decir irónica?), ya que la “urgencia” no ha logrado un acuerdo en más de dos años de debates. En cambio, los países del bloque africano han expresado una valoración negativa, que refleja Oxfam Internacional: “los países ricos han bailado la música de las grandes corporaciones farmacéuticas… Es ya hora de que los países ricos dejen de bloquear propuestas que priorizan salvar vidas en todo el mundo por encima de los monopolios y beneficios de la industria farmacéutica” (6). También Germán Velásquez, de South Center, ha expresado su crítica: “Una vez más, los intereses comerciales privados se encontraron por encima del interés público ante los ojos impotentes del secretariado de la OMS…” (7).
Al mismo tiempo, la IFPMA ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Reglamento Sanitario Internacional y su disposición a participar en la elaboración de un futuro tratado de pandemias que deberá tener en cuenta sus puntos de vista (8).
Conviene no olvidar lo que nos advierte el informe de evaluación del desempeño del SNS frente a la pandemia COVID-19 cuando afirma que “una nueva pandemia de virus respiratorio de alta gravedad no solo es posible, sino probable, a corto o medio plazo” (9). La nueva pandemia podría ser más dañina que la de COVID-19, podría tener la misma contagiosidad y más letalidad. Es una posibilidad real y, seguramente, ya se está gestando en algún rincón del planeta. Estos días hemos visto que en EEUU se ha detectado contagio de gripe aviar (H5N1) a ganado vacuno, y otras especies animales, y hay tres personas contagiadas (10). En México ha fallecido un hombre por gripe aviar, sin haber tenido contacto previo con aves de corral (11). Son discretos avisos. Sin embargo, de momento, la fuerza de los beneficios empresariales tapona los oídos y el corazón de los gobiernos en los países del Norte. Sería penoso que tuviéramos que sufrir una nueva pandemia, con más de 300 millones de muertos en el mundo, para que estos gobiernos reaccionaran. Y más penoso sabiendo que hay alternativa. Una alternativa que la AAJM y otras organizaciones vienen proponiendo: suspensión de los monopolios de medicamentos, vacunas y otros productos (derechos de propiedad intelectual y exclusividades); fondo de investigación pública; prioridades de investigación según necesidades de salud; investigación abierta y compartida (pública y privada); licencias no exclusivas (de titularidad pública); transferencia de tecnología y conocimiento; fabricación en todo el mundo (pública y privada); precio de coste de fabricación; y distribución equitativa en todo el planeta. Esta es la manera en la que podremos garantizar que, de verdad, todas y todos dispongamos de medicamentos y vacunas en condiciones de equidad en una nueva situación de pandemia. Por eso es preciso seguir insistiendo. La lucha por un modelo más justo de acceso a vacunas y medicamentos debe seguir, sin desánimo, de Norte a Sur, y de Este a Oeste.
La publicación del trabajo realizado por Ángel María Martín ha generado una importante reacción, tanto en medios, como en redes sociales. La investigación realizada ha puesto en evidencia las consecuencias nefastas no solo ya en términos económicos si no sobre la propia práctica clínica que tiene, de forma directa, el actual modelo de investigación y formación de los profesionales sanitarios soportado a través de la financiación de la industria farmacéutica.
Su notable valor viene determinado por haber puesto de relieve de forma incontestable la profundidad, naturaleza, forma de distribución y cuantía de los pagos que los profesionales sanitarios reciben de la industria farmacéutica, señalando como consecuencia sus efectos inmediatos. En primer lugar, el impacto económico sobre el sistema sanitario por el elevado coste de los medicamentos y a continuación en el notable riesgo al que se somete a los pacientes.
Una aportación indudable de la investigación realizada es haber proporcionado a lectoras y lectores interesados, por vez primera en nuestro país, un análisis basado en datos del volumen e importancia de la financiación de las empresas farmacéuticas a los profesionales y de su estrategia de distribución fundamentalmente dirigida a los denominados líderes de opinión que influyen de forma determinante en la prescripción.
A nivel internacional esta situación ha sido bien descrita, como se puede leer en un considerable número de artículos publicados, algunos recogidos en números anteriores de la AJM. En éste hemos seleccionado una muy breve muestra en el apartado de informes y documentos. En ellos, se exponen de forma reiterada los conflictos de interés graves y continuados en el tiempo que esta estrategia de actuación de la industria farmacéutica ocasiona. Por ejemplo, en carta publicada en JAMA, que también incluimos, se expone como “los médicos en EE. UU. recibieron pagos financieros de la industria, por un total de 2.460 millones de dólares en 2022”. Para añadir a continuación: “estos pagos pueden representar una colaboración científica, pero también pueden responder a una estrategia de marketing sin beneficios clínicos. Esta situación, concluyen, plantea: “preocupaciones con respecto a su influencia en la toma de decisiones clínicas”.
Como conocemos bien la causa inicial es el sistema actual de patentes y precios abusivos que determinan inexorablemente las estrategias de las empresas farmacéuticas para conseguir elevados beneficios. Estás estrategias capturan a los profesionales médicos a través de los mecanismos de pago y retribución de la investigación y formación, mediante lo que eufemísticamente la BigPharma ha conseguido introducir en el lenguaje como “transferencias de valor”.
Es por tanto imprescindible cambiar el actual sistema de financiación de la investigación. Como señalan Radder et al es posible una forma diferente de “cómo organizar y financiar la investigación de medicamentos que priorice su interés público en lugar de su privatización a través de la patente”. Los autores consideran factible la investigación médica sin patentes que afirman “es científica, social y moralmente preferible, económica y financieramente rentable, y sociopolítica y organizativamente practicable”.
Creemos que en España y en la Unión Europea es necesario abrir la discusión y debate para modificar este sistema. Proponemos pues un proceso de reflexión y análisis sobre la investigación y desarrollo de nuevos fármacos y del modelo de patentes y fijación de precios El actual equipo del Ministerio de Sanidad (MS) ha comunicado recientemente que se encuentra en desarrollo un borrador de trabajo sobre estrategias a desarrollar en el campo de la industria farmacéutica. La importancia y envergadura del lobby farmacéutico capaz incluso de capturar órganos reguladores como la Comisión Interministerial de precios de los medicamentos nos preocupa extraordinariamente.
Consideramos, por ello, imprescindible que la sociedad civil y expertos independientes participen de forma activa en las propuestas que el MS realice.
La salud y un acceso justo a los medicamentos de nuestras ciudadanas y ciudadanos está en juego y es posible, sin duda, un modelo distinto que no responda a los intereses y beneficios de la industria farmacéutica.
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