AUTOR: Pablo Martínez Segura.
Historiador y periodista. Miembro de las comisiones Editorial y de Redacción de la rAJM

EDITORIAL. Revista Nº 23 Septiembre 2023.

En el Derecho Romano, base del derecho europeo continental, Elino Marciano (siglo II) hace una sistematización de las cosas en cuatro categorías: “las que son comunes a todos, las que tienen un dueño colectivo, las que no tienen dueño y las que tienen dueños singulares”. Entre las comunes a todos (res communis) sitúa: el aire, el agua que discurre libremente, el mar y sus costas. El aire y el agua son indiscutiblemente elementos esenciales para vida. El carácter público del mar fue recogido en el siglo VI en las Instituciones de Justiniano que codificaron la ley romana ⁽¹⁾. El desarrollo histórico rehuyó esta consideración. A finales del siglo XV, coincidente con la hegemonía  absoluta, moral y normativa, de la Iglesia Católica en Europa, el papa Alejandro VI, mediante tres bulas, parceló el mar conocido entre las coronas de Castilla y Portugal en los Tratados de Tordesillas. Es el inicio de lo que Immanuel Wallerstein ⁽²⁾ denomina “economía mundo” basada en los derechos monopolísticos, origen del mercantilismo y posteriormente del capitalismo. Los nacientes estados nacionales excluidos de ese reparto: Francia, Inglaterra y Holanda, emplearon todos sus recursos militares, incluida la piratería, para combatir y diezmar los imperios portugués e hispano  y construir el suyo propio. La llegada de la dinastía Borbón al recién unificado Reino de España, tras la Guerra de Sucesión, al comienzo del siglo XVIII, liberaliza para Inglaterra el comercio con América (Tratado de Utrech) y constituye el inicio de su imperio. En el siglo XIX, las pugnas en el océano Pacífico, entre los balleneros de los Estados Unidos (antigua colonia británica) y la propia Inglaterra, rescatará del Derecho Romano la apelación del mar como res communis ⁽³⁾, entrando a formar parte del derecho anglosajón y, por ende, al estar ya presente en codificaciones del derecho continental europeo, del Derecho Internacional.

La Resolución 2749 (XXV) de las Naciones Unidas (ONU), de 1970, sobre los principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de las jurisdicciones nacionales, según Tello Moreno, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de México ⁽⁴⁾, “coadyuvó de manera definitiva a la consolidación del concepto patrimonio común de la humanidad (con sentido amplio), pues su adopción por parte de la ONU le imprimió fuerza moral”. El problema, advierte esta autora, “es que se niega el carácter jurídico de este tipo de resoluciones porque no forman parte de las fuentes del Derecho Internacional señaladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el instrumento que por lo general se utiliza para clasificarlas. No obstante, reconoce que la disposición no es exhaustiva. Dicho artículo señala como fuentes del Derecho Internacional para la resolución de los asuntos sometidos a la jurisdicción de la Corte las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho, las decisiones judiciales y la doctrina”.

Los medicamentos fuera de la res communis

La res communis del mar paulatinamente se está extendiendo al medio ambiente mediante la protección de espacios naturales, la secuenciación de genoma humano o la exploración espacial ¿Y a los medicamentos de los que pende la vida o la muerte de un paciente?

En palabras de Kiss, “el Patrimonio Común de la Humanidad supone un paso más en el proceso de la progresiva humanización y socialización del Derecho Internacional. El Patrimonio Común de la Humanidad supone pasar de la anarquía del Res Nullius a través del liberalismo, al Res Communis, con concepciones comunitarias que tienen en cuenta los intereses de toda la Humanidad, la del presente y la del futuro” ⁽⁵⁾.

Remontándonos al ámbito de la medicina científica (a partir de la segunda mitad del siglo XIX), hay que señalar, como recuerda Fernando Lamata: que los monopolios de las patentes sobre los medicamentos no han existido siempre, que los procedimientos de diagnóstico y tratamiento debían estar disponibles para todas las personas que lo necesitan y que las patentes de los medicamentos se introdujeron en los Estados Unidos (EE.UU) en la primera mitad del siglo XX, por la presión de la industria química que querían aumentar sus precios y sus ganancias. Asimismo, destaca Lamata, “en Europa, en cambio, se incorporaron más tarde, en 1967 en Alemania, en 1977 en Suiza, o en 1980 en Italia. En España, la Ley de la Propiedad Industrial de 1929, en su artículo 48.2. prohibía las patentes de medicamentos; sin embargo, en 1992, como consecuencia de nuestra incorporación a la Unión Europea, se comenzaron a aplicar” ⁽⁶⁾ .

Merece la pena resaltar que Jonas Salk, descubridor de la vacuna contra la polio, enfermedad que mataba o dejaba paralíticas a las personas, en 1953, se negó a patentarla, y señalo que era de la gente, como el sol, un bien público ⁽⁷⁾.

Las consecuencias de la aplicación de los monopolios a los medicamentos innovadores, ha permitido a la industria farmacéutica regular su producción y aumentar sus precios hasta niveles absolutamente desorbitados. El comportamiento de esa industria responde a la lógica capitalista de provocar la escasez para aumentar sus ganancias (disminuir la oferta de empleo  para que los desempleados acepten peores condiciones, recortar la extracción de petróleo para aumentar el precio de los carburantes, etc. y, en el caso que nos ocupa, limitar la producción de un medicamento decisivo para salvar vidas hasta reducir el acceso al mismo a los que puedan pagar en precio impuesto por el fabricante). Temas que, de manera recurrente, venimos recogiendo en esta revista con una variada panoplia de autores y puntos de vista.

Para aquellos que deseen ampliar sobre las causas y sus consecuencias, incluidas la maniobras de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las engañosas condiciones para otorgar licencias obligatorias por razones humanitarias de los acuerdos ADPIC, de 1994, sobre propiedad intelectual y comercio de medicamentos, es muy recomendable el documento de trabajo  de Ramón Gálvez Y Fernando Lamata, “Monopolio y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública”, editado en 2019 por la Fundación Alternativas, que está disponible en la red ⁽⁸⁾.

El derecho universal a la salud y a los medicamentos ha sido argumentado en España por por José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en un Seminario Web organizado el 22 de marzo de 2021 por la AAJM con el título: “¿Cómo frenar la especulación de las vacunas utilizando las leyes internacionales?”, conservado en vídeo en el Canal en Youtube de la Asociación ⁽⁹⁾. “Hoy por hoy, señaló el magistrado, no hay consideración de crimen de lesa humanidad para las víctimas derivadas de la imposibilidad económica de acceder a los medicamentos, pero explicó que existe un amplio movimiento internacional de juristas para ampliar las figuras delictivas. Casi todos los Códigos Penales, incluido el español, agravan las penas cuando se producen manipulaciones o maquinaciones para alterar los precios cuando se trata de bienes de primera necesidad. Un escenario que, desde su punto de vista, tarde o temprano permitirá controlar dichas conductas a través de los instrumentos del Derecho Penal Internacional».

Los resultados, con consecuencias mortales, de la imposibilidad de acceder a algunos medicamentos por razones de precio han provocado millones de víctimas. Con carácter más espeluznante en el Sur Global por la falta de antirretrovirales contra el VIH/SIDA. Hay también otros casos muy específicos que han afectado a países con sistemas sanitarios públicos consolidados, como por ejemplo, en España, con la llamada revolución del sofosbuvir, un medicamento que puede arrancar de una muerte segura a un paciente de hepatitis C y que estuvo limitado por su precio desorbitado y arbitrario. El laboratorio impuso distintos precios según los países aplicando en cada caso el máximo que había estimado obtener ⁽¹⁰⁾.

La reciente pandemia por COVID-19, y las restricciones  de los titulares formales de la propiedad intelectual de las vacunas para la universalización de estas, ha constituido el mayor exponente de las consecuencias de esta política criminal de las grandes empresas farmacéuticas, que, además, ha contado con la colaboración de los Estados más ricos. La petición en 2020 de India y Sudáfrica y más de cien Estados más pobres, para que se suspendieran las patentes de las vacunas mientras durara la pandemia, fue derrotada.

Hasta el 8 de agosto de 2023 el número de personas fallecidas en el mundo por  coronavirus SARS-Cov-2 supera los siete millones. El número acumulado de casos en la misma fecha ascendió a 769 millones de casos ⁽¹¹⁾.

El marzo de 2023 más de 5.500 millones de personas, 71,3% de la población mundial, habían recibido, por lo menos, una dosis de vacuna COVID-19. Únicamente en 82 países se ha llegado a inocular la pauta completa. Mientras que hay otros 46 países en los que sólo se ha vacunado con dicha pauta completa al 50 % o menos de la población, y 21 países es los que se ha aplicado a menos del 20% de la población. Qatar y Emiratos Árabes Unidos son los únicos Estados que han cubierto al 100% de sus habitantes. En España la cobertura ha llegado al 85,6%, en Francia al 78,4% y en los Estados Unidos al 69,3%. En la cola, Haití ha vacunado al 2,1% y Burundi, el último, al 0,3% ⁽¹²⁾.

Ese es el escenario en el que gracias a sus patentes que impidieron la vacunación universal, en 2021 y 2022, las farmacéuticas, Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac obtuvieron extraordinarios beneficios de 90.000 millones de dólares con dichas vacunas, según un informe elaborado por  SOMO, siglas en holandés del Centre for Research on Multinational Corporations ⁽¹³⁾. En dicho documento se precisa que “los productores de vacunas se beneciaron aún más de los acuerdos de compra anticipada (APA), que otorgan financiación inicial para el desarrollo y la producción y, al mismo tiempo, transfieren el riesgo de los proveedores a los compradores”. Circunstancia de compra anticipada de la que fueron responsables los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea en su conjunto, que, por otra parte, tampoco exigieron a esas corporaciones industriales el retorno de la inversión en la investigación básica sobre las vacunas que se había desarrollado en centros públicos.

Perspectivas de futuro

Los medicamentos no son res communis porque su producción, casi total a nivel mundial, se encuentra en manos privadas que, a su vez, emplean las patentes y distintos subterfugios para ampliar los periodos de monopolio en los más innovadores y eficaces, controlando su producción e imponiendo precios desorbitados que llegan a multiplicar por mil los costes de investigación y producción.

Es una situación muy difícil de revertir en un marco de economía de mercado en el que los derechos de propiedad intelectual, del bien que sea sin establecer distinciones, son considerados como uno de sus pilares. La industria farmacéutica invierte cantidades ingentes de dinero en marketing comercial y político para sostener el mantra de que “sin patentes no habría investigación”, algo que no se corresponde con la verdad, tanto por los notables avances en farmacología que se produjeron antes de la generalización de las patentes, como por el hecho de que en la actualidad los mayores avances en investigación básica sobre nuevos medicamentos se llevan a cabo en universidades e institutos públicos.

En la conversación mantenida entre Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), y Jaume Vidal, asesor sénior de Políticas en Proyectos Europeos que coordina las relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el área de Acceso a Medicamentos para Health Action International (HAI), que pueden leer completa en este mismo ejemplar de la revista, desde el realismo del reconocimiento de la situación actual, apuntan que, a medio y largo plazo, se puede avanzar tanto en la I+D como en la producción pública de medicamentos, de los que ya hay iniciativas en el Estado de California (Estados Unidos), Francia, Indonesia y Tailandia, así como en una reforma de la legislación farmacéutica de la Unión Europea (todavía en debate Parlamento Europeo). Por razones estratégicas y de equidad, sobre todo después de evaluar su situación durante la pandemia, algunos gobiernos contemplan la producción propia para evitar las servidumbres de la dependencia.

Los medicamentos, como el aire y el agua, son esenciales para la vida, y esa es una circunstancia que, como decíamos al principio, el jurista romano Elino Marciano ya consideró res communis, propiedad de todos. Lo que hoy consideraríamos Patrimonio Común de la Humanidad. Llegaremos a ello como se llegó a la abolición de la esclavitud.

Referencias

1. PERIÑAN, Bernardo. 2018. “El mar, ¿res communis ómnium? Dogma o realidad desde la óptica jurisprudencial”, en RIDROM –REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO-, Nº 21. (682-739). Universidad de Oviedo. Accesible en: https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom/article/view/18128/14904 visitado el 15-09-2023.
2. WALLERSTEIN, Immannuel. 1979. El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI. Madrid. Siglo XXI Editores (Traducción de Antonio Resines de la primera edición en inglés. Academic Press. Nueva York. 1974). 580 págs.
3. MÖNCKEBERG SOLAR, Francisco José. 2012. “La defensa del patrimonio y de las preocupaciones comunes de la Humanidad”, en REVISTA DE DERECHO,

XXXVIII, primer semestre (687-729). Universidad Pontificia Católica de Valparaíso (Chile). Accesible en: https://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n38/a17.pdf visitado el 15-09-2023.

• TELLO MORENO, Luisa Fernanda. 2012. El derecho al patrimonio común de la humanidad. Origen del derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute. México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 239 págs. Accesible en: https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Nov_6.pdf, visitado el 21-09-2023.
• KISS, Alexandre Charles. 1983. La notion de patrimoine commun de l’humanité.  La Haya. Académie de Droit International. Recueil des cours. Vol 175. 158 págs.
• LAMATA COTANDA, Fernando. 2021. “Las patentes y el acceso a las vacunas. Un desequilibrio que mata”, en ANUARIO CEIPAZ 2020-2021. (Ejemplar dedicado a: El mundo después de la pandemia: enfrentar la desigualdad y proteger el planeta) (29-50). Madrid. Fundación Cultura de Paz. Nº 13. (269 págs.). Accesible en: https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/06/ANUARIO-DEF.pdf, visitado el 13-01-2022.
• MÉDICOS DEL MUNDO. 2022. “¿Acaso se puede patentar el sol?”, en NEWSLETER MÉDICOS DEL MUNDO, del 25-03-2002. Accesible en: https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/acaso-se-puede-patentar-el-sol , visitada el 23-09-2023.
• GÁLVEZ ZALDOÑA, Ramón y LAMATA COTANDA, Fernando. 2019. Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública. Madrid. Laboratorio de Alternativas, documento de trabajo 202/2019. Fundación Alternativas. (100 págs.) Accesible en: https://fundacionalternativas.org/wp-content/uploads/2022/07/fa9b6cae26bcc3c5238a2345770b7049.pdf, visitado el 24-09-2023.
• MARTÍN PALLÍN, José Antonio, vídeo de su intervención en el Seminario Web de la AAJM celebrado el 22 de marzo de 2021, accesible en: https:// www.youtube.com/watch?v=7-ouo4sZ6W0
• BELMONTE, Eva y otros. 2017. 4 años después de la revolución contra la hepatitis c, ¿cuánto cuestan los nuevos fármacos?  Madrid. CIVIO  MEDICAMENTALIA. En red: https://civio.es/medicamentalia/2017/10/25/sovaldi-4-anos-despues-de-la-revolucion-contra-la-hepatitis-c-cuanto-cuestan-los-nuevos-farmacos/ visitado el 19-09-2023.
• STATISTA. 2023. Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo a fecha de 8 de agosto de 2023, por país. En red: https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/ , visitado el 24-09-2023
• DATOS RTVE. 2023. La vacuna contra la COVID-19 en el mundo: últimos datos sobre la vacunación. Datos actualizados al 13-03-2023. En red: https://www.rtve.es/noticias/20230313/vacuna-coronavirus-mundo/2073422.shtml visitado el 24-09-2023.
• HAAN, Esther de. 2023. Big Pharma raked in USD 90 billion in profits with COVID-19 vaccines. SOMO. News 27-02-2023. En red: https://www.somo.nl/big-pharma-raked-in-usd-90-billion-in-profits-with-covid-19-vaccines/, visitado el 18-06-2023.

Jaume Vidal – Fernando Lamata.

Revista Nº 23 Septiembre 2023

El 20 de septiembre, Jaume Vidal, asesor sénior de Políticas en Proyectos Europeos y coordinador las
relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el área de Acceso a Medicamentos
para Health Action International (HAI), desde Barcelona, y Fernando Lamata, presidente de honor de la
AAJM, desde Madrid, mantuvieron una vídeoconferencia organizada por esta revista. Ambos
expertos analizaron, fundamentalmente, las políticas de la Unión Europea (UE) de acceso justo a los
medicamentos y las perspectivas a medio y largo plazo -desde la óptica del realismo-, de la
investigación, desarrollo (I+D) así como la producción pública de medicamentos estratégicos en ese
ámbito. El vídeo íntegro de este encuentro se puede visionar en https://youtu.be/pjzvbB3tcWM
A continuación ofrecemos a nuestras lectoras y lectores una transcripción de lo tratado.

AUTORES: José Manuel Estrada y Serapio Severiano.
Miembros de la Comisión de Redacción de rAJM

Revista Nº 23 Septiembre 2023

La industria farmacéutica y las editoriales de las revistas biomédicas comparten un objetivo común, la difusión del conocimiento científico en beneficio de la salud de la población, y ambas poseen una imagen social respetable. Sin embargo, una parte de estas industrias, principalmente las de mayor tamaño, implantación mundial y millonarios beneficios -las monopolísticas- se han ido escorando hacia el “lado oscuro”, olvidando el beneficio social que su actividad ha comportado durante siglos y abrazando el lucro de unos beneficios inconmensurables y hasta cierto punto indecentes, cuando no inmorales, en un mundo globalizado de grandes desigualdades. Estos grandes monopolios se han transformado en un modelo de negocio de gran éxito a partir de mitos, falacias, comportamientos muchas veces sospechosos, conflictos de intereses varios y frecuentes prácticas de presión.

Los orígenes

Hace ya algunos siglos, las revistas científicas y los medicamentos tenían un claro beneficio y utilidad sociales: unas, estaban destinadas a divulgar los nuevos conocimientos entre los profesionales y los expertos; y los otros buscaban paliar los efectos de las enfermedades en el ser humano procurando la sanación. Desde la segunda mitad del siglo XX, estos propósitos sociales dejaron de ser primordiales y los máximos responsables de publicar las revistas académicas y de elaborar medicamentos comenzaron a primar, por encima de todo, su negocio, imbuidos de un neoliberalismo insaciable, donde cualquier beneficio, por muy grande que este sea, siempre será insuficiente. Todo en aras de rendir sus mejores cuentas ante sus accionistas.

Las revistas científicas aparecieron en el siglo XVII impulsadas por las academias científicas –Le Journal des Sçavants (Academie Royale des Sciences) y The Philosophical Transactions (Royal Society of London)- con el propósito de comunicar los avances y logros más importantes de las ciencias ⁽¹⁾. Se trataba de publicaciones que recogían, principalmente, reseñas de libros, notas y traducciones. Los artículos originales fueron llegando años más tarde, convirtiéndose a su vez en la principal herramienta para que los colegas tuvieran conocimiento de los nuevos hallazgos en las distintas disciplinas. Conforme fueron avanzando los tiempos también fue creciendo el número de publicaciones y todas las disciplinas del saber biomédico contaron con alguna revista como medio de expresión, ya que el avance del conocimiento requiere de publicaciones rigurosas puesto que “la ciencia no existe hasta que se publica”. Este ha sido el principal motivo para la creación y desarrollo de las principales publicaciones médicas; sin embargo, el notable aumento en las últimas décadas del número de revistas y de artículos publicados responde a otros motivos no tan loables, como publicar con el casi único objetivo de alimentar el currículum vitae, lo que es incentivado y utilizado por los grandes grupos editoriales para aumentar significativamente sus ingresos.

Los orígenes de la farmacopea son mucho más antiguos que la historia de las revistas. Ya en diferentes papiros egipcios, como el Ebers, y luego entre los clásicos grecolatinos, como Dioscórides y su “De materia medica”, se hablaba de diferentes productos naturales con propiedades medicinales, y Galeno hizo célebre su triaca ⁽²⁾, considerada durante siglos como una panacea. En la Edad Media y el Renacimiento se van separando progresivamente las funciones de médicos-cirujanos y farmacéuticos y van adquiriendo su importancia las boticas, donde los profesionales elaboran de forma artesanal y especializada los diferentes preparados (extractos, pomadas, tintes, lociones…). Ya en el siglo XIX hacen su aparición los químicos y se comienzan a elaborar de forma científica los primeros medicamentos de la era moderna, como la quinina o la estricnina. El mundo está creciendo, la población aumenta a ritmo vertiginoso a causa de la revolución industrial y los avances de la salud pública y la medicina, y por ello es necesario producir fármacos a mayor escala. Desde finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX van apareciendo diferentes empresas farmacéuticas: Bayer, Merck, SmithKline, Seneca, Rhône-Poulenc, Ciba-Geigy…. que pronto dominarán el mercado.

Un creciente negocio

El elemento crítico en el ámbito de los medicamentos surge con las patentes, un derecho de las empresas farmacéuticas de origen relativamente reciente. Las patentes de los medicamentos se fueron introduciendo en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX ante las presiones de la industria farmacéutica. En los países europeos, en cambio, se incorporaron hace relativamente pocos años: en 1967 en Alemania, 1968 en Francia, 1977 en Suiza y 1980 en Italia ⁽³⁾. España no introdujo la patente del medicamento hasta el año 1986 (previamente, únicamente existía la patente de procedimiento) y no entró en vigor hasta octubre de 1992, como consecuencia de la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea por nuestro país.

¿En qué se basa la industria farmacéutica para exigir el derecho de patentes y otras exclusividades? Sencillamente en que son necesarias para poder financiar la investigación previa y asegurar la transferencia del conocimiento. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Las patentes no han aumentado significativamente la investigación biomédica innovadora y tampoco han beneficiado de forma sustancial una mayor transferencia del conocimiento, pero sí han permitido a las grandes compañías farmacéuticas conseguir unos más que considerables beneficios económicos ⁽⁴⁾, basados en una escalada constante de los precios de los medicamentos. Una patente de medicamentos, en la actualidad, supone un monopolio en el mercado durante 20 años. Durante este tiempo la industria puede poner el precio más alto posible, muy por encima de los costes, porque no existe competencia alguna. La concesión de monopolios de medicamentos a las industrias por parte de los gobiernos es el factor clave que ha reforzado la capacidad de presión de la industria, perpetuándose así estas políticas farmacéuticas.

Por su parte, desde mediados del siglo XX era ya notorio el incremento de los costes de edición y distribución de ejemplares de las revistas científicas. De ello se encargaban diferentes academias y sociedades científicas, que empezaban a padecer serios problemas para continuar publicando las revistas de las que eran propietarias con unos estándares de calidad y unos tiempos aceptables. Para resolver este problema entran en juego las editoriales comerciales, que van convenciendo a las academias y sociedades propietarias de la oportunidad de hacerse ellos cargo de la edición y divulgación de sus revistas con el objetivo de asegurar su continuidad. En esta “campaña de salvación económica” tuvo un papel primordial y depredador Robert Maxwell, el magnate de la prensa ⁽⁵⁾, que a través de su editorial Pergamon fue el artífice de convencer a diferentes sociedades científicas de entregarle su más preciado tesoro, sus propias revistas. Desde entonces la utilidad social de las publicaciones se ha ido transformando en un gran negocio para unos pocos, un gasto desmesurado para unos muchos (los lectores) y un engaño colectivo para los profesionales (investigar para perder los derechos intelectuales de sus trabajos a cambio de verlos publicados, pagando además por su lectura).

Los precios de las revistas fueron incrementándose, con la excusa más o menos real de las sucesivas crisis económicas. Muchos científicos e investigadores tuvieron que dejar de suscribirse de forma personal a muchas de sus publicaciones por sus altos costes personales y las instituciones, especialmente sus bibliotecas, asumieron esa responsabilidad, entendiendo que el acceso a las publicaciones científicas especializadas era una obligación de las instituciones académicas y sanitarias. Paralelamente, comenzó a diseñarse un sistema de evaluación (el factor de impacto) de las publicaciones, por lo que no valía a los investigadores publicar en cualquier revista, sino tan sólo en las de mayor prestigio, que eran las que poseían los mejores indicadores bibliométricos. De tal forma que las revistas más prestigiosas fueron de las primeras en incrementar sus costes amparándose en la mayor demanda de originales y en el coste de su evaluación, equiparándose prestigio con valor económico. Pero los precios han seguido subiendo: “Tal y como Maxwell había predicho, la competencia no hacía caer los precios. Entre 1975 y 1985 se dobló el precio medio de una revista. El New York Times reportó que en 1984 costaba 2.500 dólares suscribirse a la revista Brain Research; en 1988 costaba más de 5.000. Ese mismo año la biblioteca de Harvard sobrepasó su presupuesto para revistas en más de medio millón de dólares” ⁽⁶⁾. Maxwell fue un visionario y un especulador y descubrió el futuro de este emprendedor negocio: “Una de las claves del éxito de Maxwell fue que supo ver (o crear) un hecho clave: el mercado de la publicación científica es infinito. Cuando se entiende que cada artículo es único, que da cuenta de un descubrimiento exclusivo y que no se puede reemplazar por otro, se llega a la conclusión de que crear una nueva revista no le quita negocio a su teórica competidora. Solo lo amplía. Cuando aparece una nueva revista simplemente los científicos pedirán a su institución que se suscriba a ella para estar informados. Y a seguir facturando” ⁽⁵⁾. El negocio es perfecto: los autores ponen todo su esfuerzo y sus conocimientos investigando para el avance de la ciencia, entregan sus manuscritos originales a las revistas comerciales (perdiendo en este proceso la propiedad sobre sus textos) y las instituciones en que trabajan deben pagar para poder leer los textos que ellos mismos han escrito y entregado a las editoriales comerciales, las cuales los pueden publicar cuantas veces quieran e impedir a terceros publicar esos mismos textos en otras fuentes.

En términos similares han operado las industrias farmacéuticas en las últimas décadas. Los precios de los medicamentos se han incrementado en una escalada imparable, lo que ha incrementado el gasto farmacéutico en los diferentes sistemas sanitarios ⁽⁷⁾, se han descubierto nuevos fármacos que apenas ofrecen beneficios frente a fármacos anteriores ⁽⁸⁾, las patentes sostienen este modo de operar y cuando van a caducar se modifican mínimamente para mantener el status, se inventan nuevas enfermedades ^(9-10) para las que enseguida aparecen nuevos fármacos para su tratamiento, se “anima” a los profesionales médicos para que “faciliten” el consumo de medicamentos (existiendo además abundantes indicios de conflictos de interés, como ha denunciado Gotzsche) ⁽¹¹⁾ y se “presiona” a la sociedad para que los sistemas sanitarios financien tratamientos necesarios pero costosísimos. Y todo ello sin inmutarse el rictus. (Por cierto, buena parte de estas “malas artes” ya fueron denunciadas en un célebre número monográfico de BMJ en 2003, en cuya portada médicos y visitadores aparecían presentados como animales compartiendo un festín, y ante la cual, la industria, bastante ofuscada, amenazó a la revista con retirar la publicidad farmacéutica).

El salto tecnológico, la aparición de Internet y la digitalización de las revistas provocaron una nueva crisis. La excusa del incremento de las inversiones y de los costes por parte de los grandes editores para hacer frente a esta reconversión electrónica conllevó un nuevo, prolongado y exponencial incremento de las revistas. Todo un negocio el de la publicación científica electrónica, en palabras de Stephen Buranyi ⁽⁶⁾: “Generando un total de ingresos globales por encima de los cerca de 22.000 millones de euros, su volumen está entre el de la industria discográfica y el de la industria del cine, pero es mucho más rentable. En 2010 la rama de publicaciones científicas de Elsevier declaró 827 millones de euros en beneficios, de un total de 2.300 millones de ingresos. Eso implicaba un margen del 36%: superior al que declararon Apple, Google o Amazon ese año”. En el caso de España, por ejemplo, el coste del acceso de las revistas por parte de la Universidad y el CSIC ha alcanzado los 170 millones de euros para cuatro años ⁽¹⁰⁾.

Ante cada crisis se proponen nuevas soluciones, y ante la pérdida de suscripciones y el aumento de los costes, para garantizar un acceso libre y global de la información fueron emergiendo revistas y editoriales de acceso abierto, las cuales, con los mismos criterios de evaluación de las revistas comerciales, ofrecían, a cambio de un coste por publicación, el acceso “open” y libre a sus fondos ⁽¹²⁾. Surgió así una importante competencia a las revistas comerciales, que en lugar de amilanarse volvieron a encontrar en este nuevo nicho de publicación en abierto otra oportunidad de negocio, publicando junto a sus revistas por suscripción otras nuevas con filosofía de “open access”. Pero frente a las genuinas revistas en acceso abierto, estas nuevas revistas propiedad de los monopolios comerciales no tuvieron reparo en aumentar sustancialmente los costes de los artículos que debían pagar los autores si querían verlos publicados, llegándose al despropósito de llegar a cobrar, la revista Nature, por ejemplo, más de 8.000 euros por publicar un artículo en “open access”. Lo que en principio era una oportunidad para los investigadores, publicar de forma libre sus artículos por un precio módico, se ha convertido en una nueva lacra y obstáculo para el acceso a la difusión de los avances científico-técnicos, ya que no todos los profesionales biomédicos pueden sufragar esos gastos excesivos, convirtiéndose el hecho de generar un curriculum académico en una verdadera carga económica y en un dispendio inaceptable, sobre todo para las arcas públicas, que sufragan a la vez la investigación con dinero público y el acceso a las revistas científicas.

Los investigadores han iniciado nuevas vías de escape, y a partir de la pandemia han adquirido cierto auge los repositorios de preprints (por ejemplo, arXiv) ⁽¹³⁾, donde los profesionales pueden depositar sus manuscritos libremente (con el único inconveniente de que no existe en estos casos evaluación por pares, por lo que se ha cuestionado la posible falta de calidad de los trabajos en ellos depositados).

En cambio, para la industria farmacéutica la pandemia ha sido el marco ideal para un enriquecimiento desmesurado, e incluso indecente, que ha desvelado la cara más salvaje del capitalismo más desaforado y clasista al impedir la exención de las patentes de fabricación de la vacuna ⁽¹⁴⁾, al imponer sus métodos y tiempos de producción, y al emprender batallas subterráneas para anular a la competencia. E igualmente, ante miles de fallecidos retransmitidos por televisión, el rictus inamovible.

Industria farmacéutica e industria editorial biomédica: pareja de hecho

Pero no sólo es que ambas industrias hayan adoptado la cara menos amable y más salvaje del capitalismo neoliberal renegando de sus principios, sino que incluso actúan con frecuencia como vasos comunicantes de un mismo negocio deshonesto, como han señalado muchas voces autorizadas: entre ellas, el editor de The Lancet, Richard Horton ⁽¹⁵⁾, quien ha declarado que “las revistas médicas se han convertido en meras operaciones de blanqueo de información para la industria farmacéutica”, o el exdirector de BMJ, Richard Smith ⁽¹⁶⁾, quien publicó un artículo en PLOS Medicine denunciando la connivencia de las editoriales médicas con la industria farmacéutica, las cuales hacen caja de resonancia de sus medicamentos y productos. Los mismo que había denunciado la editora de New England Journal of Medicine al describir la información procedente de la industria farmacéutica como una mezcla de hipérbole, parcialidad y desinformación ⁽¹⁷⁾, donde no es fácil distinguir cada uno de estos aspectos. También, finalmente, como señalan Spurling, Mansfield y Lexchin en una carta publicada en The Lancet ⁽¹⁸⁾, recordando una revisión sistemática de la que fueron autores y en la que repasaban el efecto de la información de las compañías farmacéuticas en la prescripción de los medicamentos ⁽¹⁹⁾: la influencia de la industria farmacéutica está muy relacionada con la prescripción farmacológica y sus mayores costes, pero sin embargo no existe ninguna asociación entre los anuncios y la mejora de la calidad de la prescripción. Todas estas voces ponen en evidencia la existencia de una mala praxis, en la que ciertas revistas y ciertas empresas farmacéuticas actúan de vasos comunicantes, aprovechando el prestigio de las revistas científicas para blanquear una información farmacológica que sería impensable en un correcto funcionamiento del proceso editorial.

A modo de conclusión

El lucro y el negocio llevan primando desde hace décadas, y los profesionales y sus instituciones llevan haciendo esfuerzos y equilibrios contables para que los expertos puedan acceder a la información y publicar (suscripciones comerciales, acceso abierto, repositorios) pero hasta que las grandes casas comerciales no establezcan un límite racional a sus desmesurados beneficios, imbuidos por ese desatado espíritu neoliberal, no habrá una solución para todos, pues hasta ahora sólo parece que hay unas víctimas: el erario público y el acceso a la información. Y como augura Stephen Buranyi (5): “En el futuro solamente quedarán un puñado de compañías editoriales inmensamente poderosas, y llevarán a cabo su actividad comercial en una era electrónica sin costes de impresión, convirtiéndose casi en puro beneficio.” La solución es racional aunque no factible en un mundo de negocio: que el sistema tanto de publicaciones como de elaboración de fármacos regrese al mundo de “lo público” con la edición de un mayor número de revistas científicas desde el sector público ⁽²⁰⁾ (administración y universidad) y con la creación de una industria farmacéutica pública. Pero además de ello sería conveniente ajustar los incrementos anuales del negocio a la realidad circundante y no a las necesidades de los monopolios, no “requisar” los derechos de autor a los investigadores, reconsiderar la exención de patentes en tiempos de crisis e, incluso, redundar parte de estos excesivos beneficios en los propios investigadores y en la propia sociedad, hasta ahora verdaderos perjudicados, sobre todo desde el punto de vista económico.

Referencias

1.- Ernesto Spinak y Abel L. Packer. 350 años de publicación científica: desde el “Journal des Sçavans” y el “Philosophical Transactions” hasta SciELO. Scielo en Perspectiva, 5 marzo 2015. Disponible en: https://blog.scielo.org/es/2015/03/05/350-anos-de-publicacion-cientifica-desde-el-journal-des-scavans-y-el-philosophical-transactions-hasta-scielo/

2.- Pablo Martínez Segura.Pensamiento mágico, poder y valor del medicamento. El caso de la triaca. Revista Acceso Justo al Medicamento. 2021, nº 1. https://accesojustomedicamento.org/pensamiento-magico-poder-y-valor-del-medicamento-el-caso-de-la-triaca/

3.-Fernando Lamata Cotanda, Javier Sánchez-Caro, Pedro Pita Barros, Francesc Puigventós Latorre. Medicamentos. ¿Derecho humano o negocio? Madrid: Díaz de Santos; 2017

4.- Ángel María Martín Fernández-Gallardo. Las patentes en los medicamentos: la bolsa o la vida. Revista Acceso Justo al Medicamento, septiembre 2021, nº 5. https://accesojustomedicamento.org/las-patentes-en-los-medicamentos-la-bolsa-o-la-vida/

5.- Daniel Sánchez Caballero: Neoliberalismo, burocracia y Robert Maxwell: cómo las revistas científicas primaron el negocio sobre el saber. Eldiario.es, 23 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.eldiario.es/sociedad/neoliberalismo-burocracia-robert-maxwell-revistas-cientificas-primaron-negocio_1_9952229.html

6.- Stephen Buranyi. ¿Son los vertiginosos beneficios de la industria editorial malos para la ciencia? Sinpermiso, 16 de julio de 2017. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/son-los-vertiginosos-beneficios-de-la-industria-editorial-malos-para-la-ciencia

7.- Dani Domínguez. El gasto farmacéutico crece más de un 50% en siete años debido al alto precio de los medicamentos. Lamarea.com. https://www.lamarea.com/2021/12/27/gasto-farmaceutico-crece-alto-precio-medicamentos/

8.- José Pichel.Más del 50% de los fármacos que se lanzan son copias que no aportan nada nuevo. El Confidencial, 3 de agosto de 2019. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-08-03/nuevos-farmacos-estudio-no-aportan-nada-nuevo_2150659/

9.- Diez enfermedades inventadas, gentileza de las farmacéuticas. Público, 16 de septiembre de 2014. https://m.publico.es/columnas/110465035564/strambotic-diez-enfermedades-inventadas-gentileza-de-las-farmaceuticas/amp

10.- Raúl Sánchez y Daniel Sánchez Caballero. Cuatro editoriales cobran 170 millones en cuatro años a las universidades españolas y el CSIC por leer y publicar artículos científicos. elDiario.es 29 de enero de 2023 https://www.eldiario.es/sociedad/cuatro-editoriales-cobran-170-millones-cuatro-anos-universidades-espanolas-csic-leer-publicar-articulos-cientificos_1_9882268.html#:~:text=Las%20universidades%20espa%C3%B1olas%20y%20el%20CSIC%20se%20van%20a%20gastar,y%20leer%20art%C3%ADculos%20de%20investigaci%C3%B3n

11.- P. C. Gotzsche. Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare. Radcliffe Publishing;; 2013)

12.- Lluís Codina. Publicación académica: open access, bases de datos y otros malentendidos. Blog Lluís Codina, 16 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.lluiscodina.com/publicacion-academica-mitos/

13.- Paul Ginsparg. Lessons from arXiv’s 30 years of information sharing. Nature Reviews Physics. 2021;3:602–603. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s42254-021-00360-z (Comentario en: https://universoabierto.org/2021/08/07/30-anos-de-arxiv-el-primer-repositorio-de-acceso-abierto-del-mundo/ )

14.- Ramón Gálvez. La exención de la propiedad intelectual de las vacunas una reivindicación mundialmente compartida. Revista Acceso Justo al Medicamento, mayo 2021, nº 3. https://accesojustomedicamento.org/la-exencion-de-la-propiedad-intelectual-de-las-vacunas-una-reivindicacion-mundialmente-compartida/

15.- Richard Horton. The Dawn of McScience. The New York Review. 11 marzo 2004.https://www.nybooks.com/articles/2004/03/11/the-dawn-of-mcscience/

16.- Richard Smith. Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies. Plos Medicine. Mayo 2005. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1140949/pdf/pmed.0020138.pdf

17.- MarciaAngell. The truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House; 2004

18.-Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD. Pharmaceutical company advertising in The Lancet. 2001;378(9785):30. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61019-2/fulltext

19.- Spurling GK, Mansfield PR, Montgomery BD. Information from pharmaceutical companies and the quality, quantity, and cost of physicians’ prescribing: a systematic review.Plos Medicine. 2010;7:e1000352

20.- Sánchez Caballero, Daniel. Investigadores y universidades intentan escapar de la ‘dictadura de los papers’. elDiario.es, 2 de junio de 2023 https://www.eldiario.es/sociedad/investigadores-universidades-escapar-dictadura-papers_1_10213709.html

AUTOR: Fernando Lamata Cotanda.
Presidente de la Comisión Editorial de la rAJM

Revista Nº 23 Septiembre 2023

Un reciente artículo de Ana Valladolid en el número 22 de la rAJM llama la atención sobre el problema de los desabastecimientos de medicamentos, cada vez más frecuente, tanto en nuestro país como en otros países de la Unión Europea ⁽¹⁾. Entre 2017 y 2019 las notificaciones de desabastecimientos aumentaron un 60%; el 75% de los Estados Miembros opinan que el problema ha empeorado en el último año; y se han declarado desabastecimientos de antibióticos (como amoxicilina), tratamientos contra el cáncer, trombolíticos, insulina, antipiréticos, antihipertensivos, anestésicos y otros medicamentos esenciales ⁽²⁾.

En el artículo de Valladolid se menciona que estos desabastecimientos afectan con frecuencia a medicamentos “maduros”, de coste menor, pero muy efectivos. Esto, como veremos después, es muy importante de cara a la solución del problema. Entre tanto, un documento suscrito por 19 Estados Miembros de la UE, entre los que figuraba España, fechado el 2 de mayo de 2023, apuntaba las causas aparentes del problema y planteaba diversas medidas para paliar su impacto ⁽³⁾.

Entre las causas se citaba el aumento de la demanda, problemas de calidad, cierres o traslados de fábricas, fallos en las cadenas de suministro, problemas de regulación y de reembolso, y se llamaba la atención sobre la dependencia de China y de la India para el suministro de ingredientes farmacéuticos activos (60% del suministro total). También se ha alegado el impacto de la inflación o los costes energéticos y otros ⁽⁴⁾.

A lo largo de los últimos años los países y la Comisión Europea han tratado de llevar a cabo acciones para superar este problema. En la propuesta de modificación de la legislación farmacéutica europea, presentada en abril de 2023, la Comisión proponía algunas medidas, como exigir una notificación más temprana de la retirada de medicamentos del mercado, reforzar los planes de contingencia, incluyendo almacenamiento suficiente, etc. Así mismo, en el documento citado, los países firmantes plantean nuevas medidas: un mecanismo de solidaridad entre los Estados Miembros en casos de desabastecimiento; la elaboración de un listado de medicamentos críticos para reforzar las cadenas de producción y suministro; y una Ley de medicamentos críticos, para disminuir la dependencia exterior y garantizar la producción y suministro de materias primas y otros componentes.

En el mismo sentido, los europarlamentarios Susana Solís, Nicolás González y Dolors Montserrat ⁽⁵⁾ dirigieron una carta a la presidenta de la Comisión y a los comisarios de salud y de mercado interior, insistiendo en una Ley que permitiera aumentar la financiación para la investigación y producción de principios activos y medicamentos esenciales. Todas estas medidas pueden ser interesantes (siempre que se garantice la titularidad pública de los derechos de propiedad intelectual de cualquier producto en que haya habido financiación pública), pero no son suficientes, porque no corrigen la causa principal de los desabastecimientos.

Las causas aparentes de los desabastecimientos son varias, como ya se ha visto, e interactúan entre sí. Pero la causa más importante tiene que ver con un aspecto de la regulación que no se cita explícitamente: el modelo de fijación de precios para los nuevos medicamentos, basado en el poder del monopolio. En efecto, la legislación establece la concesión de monopolios a las empresas farmacéuticas, permitiendo que puedan fijar precios por encima del coste de fabricación y así poder recuperar los costes de la investigación realizada, más un beneficio razonable. El problema es que, al tratarse de un producto que tiene que ver con la salud, con el dolor, con la vida y la muerte, las empresas se ven tentadas de pedir precios muy por encima de los costes de fabricación y de investigación, logrando así beneficios muy por encima de lo razonable.

Si los laboratorios pueden fijar precios abusivos (100 veces por encima de los costes) para los nuevos fármacos, no tienen ningún interés en mantener los fármacos antiguos, que pueden ser muy eficaces, pero son mucho menos caros. Se retiran del mercado y se «desabastecen» alegando problemas de fabricación o de materias primas, etc. -“decisiones de tipo empresarial” (1)-, tratando de introducir nuevos medicamentos a precios mucho más rentables. Este problema se agudiza por la limitación de fabricación debida al monopolio u oligopolio (patentes y otras exclusividades) que impiden la fabricación de genéricos y biosimilares a otras empresas. Por lo tanto, para resolver los desabastecimientos la Comisión Europea debe plantearse la limitación o suspensión de la aplicación de patentes y otras exclusividades en medicamentos, retirando su apoyo a los monopolios y favoreciendo la competencia.

Es precisa y será bienvenida más inversión de la Unión Europea y de los países miembros en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, así como en la fabricación de principios activos y medicamentos críticos en los países de la Unión. Pero esa inversión pública debe incluir la exigencia de que el resultado de la misma (nuevos productos, etc.) sea de propiedad pública, y que los derechos de propiedad intelectual (patentes y otros), sean de titularidad pública, para favorecer licencias abiertas y la producción a precio de coste. Solo de esta manera se podrán conseguir precios asequibles, cercanos al coste, con márgenes de beneficio razonables. Y solo así será interesante para las empresas mantener en el mercado los productos actuales, a precios ajustados, logrando importantes volúmenes de venta, y permitiendo obtener unos beneficios suficientes para incentivar su continuidad. Si, por el contrario, se mantiene un modelo de precios abusivos, con la excusa de los gastos de investigación, dichos precios “expulsarán” sistemáticamente del mercado otros medicamentos eficaces y asequibles, generando desabastecimientos de productos esenciales una y otra vez.

Conviene insistir en que no es cierto que esos precios cercanos al coste no sean sostenibles. Con esos precios las empresas obtendrían un margen de beneficio sobre ventas similar al de otras empresas industriales no farmacéuticas, como ya hacían antes de generalizar las patentes de medicamentos con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Y si no hubiera empresas privadas dispuestas a fabricar estos productos, el sector público debería generar una infraestructura suficiente para garantizar la producción. El problema de fondo es que el modelo actual y la legislación europea permiten y fomentan precios abusivos para los nuevos medicamentos. Y esa circunstancia hace que “no sea rentable” fabricar productos a precios justos. Este es el modelo que debemos cambiar progresivamente. De lo contrario, los desabastecimientos seguirán penalizando a los pacientes afectando negativamente a su salud, y continuarán desangrando a los servicios sanitarios.

Referfencias

• https://accesojustomedicamento.org/revista-no-22-junio-2023/
• https://voxeurop.eu/en/health-why-europe-chronically-running-out-meds/
• https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2023/05/02/Non-paper-security-of-medicines-supply-02.05.23.pdf
• https://www.politico.eu/article/health-care-pharma-why-is-europe-running-out-of-medicines-and-whats-being-done-about-it/
• https://mcusercontent.com/80a2795e9aa8aacac0c148b3b/files/f2739d11-975a-b735-a839-f6929f02fd6e/Gonzalez_Montserrat_Solis_CMA_082023.pdf

OTRAS FUENTES.  Revista Nº 23  Septiembre 2023

BMJ Investigation
BMJ 2023; 382 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.p1658 (Publicado el 26 de julio de 2023).
Este informe de investigación realizado por The BMJ Investigations Unit es de una extraordinaria
importancia pues demuestra la necesidad de disponer de datos claros y transparentes sobre la
financiación por la industria farmacéutica de entidades e instituciones públicas.
Sin duda es un ejemplo para seguir. Para nuestro país disponer de un análisis e investigación
similar, sobre la financiación que reciben las Sociedades Científicas de las diferentes especialidades
médicas y quirúrgicas y las asociaciones de pacientes, de la industria farmacéutica en nuestro
medio, debería ser una obligación urgente.

El mayor donante en general fue Pfizer, con 1,8 millones de libras esterlinas de pagos, seguido de Novo Nordisk con 730.000 libras esterlinas y Daiichi Sankyo con 478.000 libras esterlinas. La base de datos muestra que estos pagos fueron en gran medida para patrocinios de eventos (4,6 millones de libras esterlinas) y donaciones y subvenciones (2,3 millones de libras esterlinas).

El BMJ también analizó los datos de una iniciativa de transparencia similar para las empresas de dispositivos médicos, Transparent MedTech, que está dirigida por MedTech Europe, la asociación comercial europea de estas empresas. Para los años 2017 (J Larkin, comunicación personal)a 2021, el año más reciente con datos disponibles, las empresas declararon el pago total de 1,7 millones de libras esterlinas a los colegios reales por «subvenciones educativas» y «apoyo a eventos educativos».

El principal receptor fue el Royal College of GPs, con 674.000 libras esterlinas, seguido por el Royal College of Surgeons (Inglaterra) con 414.000 libras esterlinas, y el Royal College of Surgeons de Edimburgo con 227.000 libras esterlinas. Más del 90 % del dinero vino de solo dos donantes, Johnson y Johnson y Thermo Fisher Scientific, que donaron 905.000 y 644.000 libras esterlinas, respectivamente.

El BMJ recopiló datos de todos los colegios médicos reales, así como de otros colegios reales relevantes para la atención médica, incluidos el Real Colegio de Parteras y el Real Colegio de Enfermería, que se publicaron en las bases de datos de transparencia.

Escándalos de conflicto de intereses

Los pagos de marketing a los colegios médicos reales y otras organizaciones de salud influyentes han llamado la atención recientemente. En marzo de 2023, la ABPI suspendió temporalmente a la compañía farmacéutica Novo Nordisk debido a «graves infracciones» del código de práctica de la asociación, incluidas las acusaciones de que patrocinó de forma encubierta cursos de pérdida de peso y promovió su medicación a los profesionales de la salud.

En respuesta, los dos colegios reales que han recibido con mucho la mayor cantidad de dinero de la compañía, el Royal College of GPs, que recibió 585 000 libras esterlinas en 2015-22, y el Royal College of Physicians, que recibió 126 000 libras esterlinas, anunciaron que dejarían de colaborar con Novo Nordisk y devolverían las sumas recibidas. Pero cuando el BMJ preguntó si las revelaciones sobre Novo Nordisk habían llevado a un cambio en la política para tratar con el dinero de la industria, ninguno de los 16 colegios reales dijo que lo hubiera  hecho.

Algunas universidades reales han sido criticadas por sus vínculos con la industria en el pasado. En 2018, el Royal College of GPs se vio obligado a cortar los lazos con Emma’s Diary, una revista de asesoramiento sobre el embarazo, después de que la Oficina del Comisionado de Información multara a la empresa por recopilar y vender ilegalmente la información personal de más de un millón de personas. En 2019, el Royal College of Paediatrics and Child Health dejó de aceptar fondos de las compañías de leche de fórmula debido a la presión pública.

Límites de las iniciativas de transparencia de la industria

Las iniciativas de transparencia de la industria son la única forma en que el público puede ver los pagos de las empresas individuales a las universidades, pero han sido muy criticadas. La ABPI solo guarda los datos sobre los pagos de los últimos tres años y elimina los datos históricos. El BMJ accedió a los datos desde 2015, cuando se creó por primera vez Disclosure UK, de los investigadores Piotr Ozieranski, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Bath, y Shai Mulinari, profesor titular de sociología de la Universidad de Lund.

El dúo de investigadores habló  a The BMJ de las irregularidades con los datos: los pagos se informaron en categorías amplias, se cambiaron sin explicación o fueron inconsistentes entre las fuentes de datos. Es imposible saber cuánto dinero va a cada destinatario «sin muchas horas de trabajo forense», dicen.

Disclosure UK ha sido reconocida como una de las «bases de datos de la industria de mayor calidad y más accesibles de Europa», dice Amit Aggarwal, director ejecutivo de asuntos médicos y asociaciones estratégicas de la ABPI. Afirma que la asociación considera que tres años es un período razonable para retener los datos, pero mantiene dichos asuntos bajo revisión.

Consulta sobre divulgación obligatoria

El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido anunció recientemente una consulta pública sobre la divulgación obligatoria de los pagos de la industria al sector de la salud, programada para el verano , algo que la ABPI dice que apoya.

En los EE. UU., la Physician Payments Sunshine Act requiere que los fabricantes de medicamentos, dispositivos médicos y productos biológicos que participan en programas federales de atención médica informen sobre los pagos a los médicos y hospitales docentes. El Reino Unido no tiene iniciativas de transparencia para otras industrias, incluidas las empresas de alimentos, las empresas de software o análisis de datos o las empresas de equipos médicos.

Todos los pagos a las universidades reales deben ser transparentes, dice Neena Modi, profesora de medicina neonatal en el Imperial College de Londres y expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health, y agrega que esto se aplica a todas las organizaciones de salud y a la propia BMJ. Modi, que también fue miembro de la Junta Asesora Científica Internacional de Nestlé, dice que las colaboraciones entre las organizaciones de salud y la industria son necesarias y deben ser remuneradas.

«Es profundamente decepcionante que tantas universidades reales negocien estos pagos y ni siquiera digan la verdad completa y detallada sobre ellos», dice Susan Bewley, profesora honoraria emérita de obstetricia y salud de la mujer en el Kings College de Londres y ex presidenta de la iniciativa de transparencia HealthSense UK. «Los pacientes necesitan confiar en las instituciones médicas que educan o crean e implementan directrices, que deben basarse en la mejor evidencia disponible, no en el cabildeo», dice Bewley. «El sol y la transparencia total son lo mínimo que los pacientes, y de hecho los médicos miembros de las universidades, merecen».