ORIGINAL. Revista nº 35 Enero 2025
Junta Directiva de la AAJM
La AAJM ha venido realizando un seguimiento especial de la Estrategia Farmacéutica Europea por lo que supone en cuanto a marcar el modelo farmacéutico para las próximas décadas en la UE. Este modelo podría ser diferente al actual y, por ejemplo, acercarse más a los principios y valores que defendemos desde la asociación para que sea más justo y equilibrado, con papel crucial del sector público. A diferencia de mantener el actual, donde la industria farmacéutica está protegida como sector económico, mientras se producen desequilibrios insostenibles para un sector sanitario público con cada vez más dificultades ante una factura farmacéutica creciente. El nuevo modelo no debería ser un escenario de aún un mayor desequilibrio en favor de la industria farmacéutica.
En este sentido, ya publicamos un análisis de la posición adoptada por el Parlamento Europeo sobre la Estrategia Farmacéutica Europea ante la propuesta de la Comisión Europea (https://accesojustomedicamento.org/posicion-adoptada-por-el-parlamento-europeo-sobre-la-estrategia-farmaceutica-europea-todos-contentos/). En la actualidad, el texto se encuentra en fase de negociación a tres bandas, los denominados trílogos, que incluyen al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo. Se espera que en mayo del presenta año se alcance un acuerdo definitivo. Una vez aprobada la Directiva, ésta tendrá un periodo de transposición por los Estados Miembros (EEMM).
El Gobierno Español, a través de los ministerios de Sanidad, Hacienda, Industria y Turismo, y Ciencia, Innovación y Universidades ha decido elaborar la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, más allá de la transposición de la Directiva en su momento. La justificación es ir adoptando ya posicionamientos a futuro y/o aspectos que la europea no recoge, bien por tratarse de competencias exclusivas de los EEMM o de líneas estratégicas de país.
Desde la AAJM hemos analizado el documento presentado por el gobierno sobre la Estrategia de la Industria Farmacéutica. De entrada, tenemos que señalar que parece tratar de responder a la segunda de las motivaciones anteriormente citadas. De forma general, parece que la intención es impulsar una industria farmacéutica como motor económico; de ahí el protagonismo del Ministerio de Industria. Poco se apuesta por un cambio de modelo dirigido a potenciar y explotar en términos de sostenibilidad una I+D pública, pues a pesar de reconocer su potencial, se sientan las bases para ahondar en un modelo público-privado cuya “experiencia piloto” nace con Terafront, de participación privada mayoritaria.
En el texto, se dedica amplio espacio al incremento de la financiación pública de la I+D y a la financiación de los productos farmacéuticos, pero poco se habla de la sostenibilidad del sistema sanitario, reconociendo y aceptando el incremento progresivo y paulatino que continuará en los próximos años de la factura farmacéutica. Se renuncia a una plataforma pública de I+D, al menos, en áreas de menor interés o como piloto, sino que tampoco se establecen condicionalidades de retorno de la I+D pública. Esto, unido al compromiso de la transferencia del conocimiento depositado en el sistema público mediante el acceso a los de datos sanitarios por el sector privado simplemente mediante una tasa “por los costes de servicio”, describe un modelo donde el sector público pierde una oportunidad de autosuficiencia que, si recoge el texto, pero que no responde a lo planteado.
Otros aspectos que faltan son por ejemplo el abordaje serio de los conflictos de interés, el reforzamiento e impulso firme de la amenazada exención hospitalaria (prometedora vía de acceso asequible a las nuevas terapias en la que España es pionera).
No obstante, con la transposición de la directiva europea se abre la posibilidad de seguir trabajando hacia un modelo más justo, equilibrado y sostenible, donde el sector público debe ser no sólo clave, sino protagonista. Las declaraciones del Sr. Padilla, secretario de Estado del Ministerio de Sanidad que recogemos en este número sugieren que está abierta esa puerta en el futuro.
Análisis y comentarios de la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.
El 10 de diciembre de 2024 el gobierno de España aprobó la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028.
Los objetivos declarados por el gobierno son: garantizar un acceso equitativo y justo de los medicamentos, fomentar la I+D+i, y asegurar la competitividad del sector y su contribución a la autonomía estratégica, mediante una cadena de suministro sólida, resiliente y ecosostenible.
La estrategia se ha elaborado por un grupo de trabajo en el que han participado el Ministerio de Sanidad, el M de Hacienda, el M de Industria y Turismo y el M de Ciencia, innovación y universidades y también entidades de la industria farmacéutica como Farmaindustria, AESEG, BioSim, AFAQUIM, ASEBIO, AELMHU, y ANEP.
Para su ejecución y supervisión contará con un Comité Interministerial de seguimiento, una Comisión Mixta Administración-Industria y una Alianza para la Estrategia. El M de Sanidad tendrá el papel de coordinación.
La Estrategia quiere actuar en tres aspectos: Acceso, Sostenibilidad del SNS
y Promoción de la innovación y competitividad de la industria.
Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y en la Estrategia Farmacéutica Europea.
Se complementa con la futura puesta en marcha de la Reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial (RECAPI), prevista en la futura Ley de Industria.
Analizaremos el documento siguiendo su estructura e introduciendo comentarios en cursiva.
Los dos primeros apartados se dedican a describir el Sector Farmacéutico y algunos de los problemas y desafíos que presenta.
El documento comienza con un apartado sobre El Sector Farmacéutico (pág 9).
Comprobamos de su lectura que está escrito, como el resto del documento, desde la perspectiva y con el marco narrativo de la Industria Farmacéutica.
Menciona el valor de mercado de la industria farmacéutica. Datos de empleo. Datos de inversión en I+D. Datos de exportación. Volumen de ventas en España.
Un segundo apartado se titula: Visión de la Estrategia como ecosistema (pág 11).
Aquí también se sigue la narrativa de la industria. “El gasto farmacéutico produce retornos relevantes, pero no siempre fáciles de contabilizar, en términos de mejora de la salud de la población, crecimiento económico asociado, reducción de otros costes sociales, innovación empresarial o generación de empleo”.
Se menciona la necesidad de “facilitar en el tiempo un crecimiento sostenible del gasto farmacéutico” (p 11). Se cita la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Se menciona que el modelo de crecimiento del gasto farmacéutico está desequilibrado, y que se deben introducir incentivos adecuados (p 13). Y de forma colateral se dice que “estas políticas públicas deben intentar conseguir un retorno social más justo, a través de innovaciones más asequibles y accesibles globalmente que contribuyan a la sostenibilidad del crecimiento del gasto en productos farmacéuticos” (p 13).
La Estrategia es consecuencia del componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (abril 2021).
En estos dos apartados se comprueba que :
no se analizan a fondo los problemas graves del Sector Farmacéutico para la sostenibilidad y funcionamiento racional del SNS que viene denunciando la AAJM, y que se documenta en nuestras propuestas y en numerosos trabajos publicados en la Revista AJM. No se analiza cómo la industria farmacéutica pone por delante de los intereses de los pacientes sus intereses económicos. No se analiza por qué el gobierno no puede corregir esta situación.
El gasto farmacéutico público alcanzará en 2024 en torno a los 25.000 millones de euros, con un aumento de más del 7,7% respecto a 2023 (crecimiento en el acumulado del mes de octubre con datos del M Hacienda), que supone otros más de 1.700 M€, que se detraen de otras necesidades asistenciales (previsiblemente el crecimiento del PIB se situará en torno al 3,4%). El documento no subraya la evidencia de que el gasto farmacéutico público actual es muy elevado (en torno al 24% del gasto sanitario público total, EGSP, cuando debería ser la mitad), y crece de forma imparable.
De los 25.000 millones de euros de gasto farmacéutico público de 2024, más de 10.000 millones de euros son gasto innecesario, injusto, en precios abusivos de los medicamentos. El documento no analiza cómo la industria gasta más en marketing que en I+D, y gasta más en recompra de acciones y remuneraciones de sus accionistas y ejecutivos que en I+D.
Así, este exceso de beneficios (financiado con el poder de monopolio que conceden las Administraciones Públicas, y costeado por los Servicios de Salud y los pacientes) se traduce en que parte de estos se destinan a patrocinio de investigación dirigida y orientada por la Industria según sus intereses comerciales, con importantes sesgos, y reteniendo los posibles resultados (Derechos de Propiedad Intelectual). Se traduce en que la mayor parte de la formación de los profesionales sanitarios está patrocinada, y sesgada, lo mismo que las guías clínicas de las sociedades científicas. Se traduce en que el patrocinio de las asociaciones de pacientes viene de esos beneficios abusivos de la industria.
Esos precios abusivos provocan falta de acceso. Por retraso en la decisión de financiación; por los copagos (en el Barómetro Sanitario de octubre 2024 se recoge que, en los últimos 12 meses, un 4,8% de los encuestados dejaron de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se los pudo permitir por motivos económicos. Equivale a más de 2 millones de personas); por los desabastecimientos (cuya causa principal es la sustitución de medicamentos tradicionales por medicamentos similares de precio mucho mayor, o la presión de la industria de genéricos para tener el mismo trato de precios abusivos que los medicamentos de marca).
Como en la visión del sector farmacéutico que incorpora este documento se ignoran los problemas del mismo (desde el punto de vista de la sociedad) y sus causas, la estrategia, como se verá a continuación, NO incorpora las medidas precisas para corregir la grave situación. Sino que la consolida.
Objetivos de la Estrategia. (p 13).
Acceso.
Innovación.
Autonomía.
En el capítulo de Elaboración, despliegue y gobernanza de la Estrategia (p 15) se explica con más detalle qué organismos han intervenido y qué estructura se ha diseñado para su implantación y seguimiento, ya mencionadas antes.
El documento incluye aquí un apartado sobre necesidades en salud (p 18), incluyendo la respuesta a Enfermedades Raras; Cronicidad (diabetes, hipertensión, enfermedades CV, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades respiratorias crónicas); Reposicionamiento terapéutico; resistencia a los antibióticos y enfermedades infecciosas emergentes; medicina personalizada y de precisión; terapias avanzadas.
En el apartado “Una estrategia que debe garantizar la sostenibilidad” (p 19), se hace referencia a la elaboración anual de un análisis de la evolución del gasto farmacéutico y de sus causas, proponiendo medidas. Se señala que el gasto farmacéutico no debe superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, prevista en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. O, en su defecto, la variación en la senda de gasto neto acordada con las instituciones europeas en el marco del plan fiscal estructural nacional a medio plazo.
En el análisis de estos planteamientos observamos que:
No se hace notar que el actual nivel de gasto farmacéutico público es excesivo, y que de lo que se trata es de recuperar parte de ese gasto abusivo para orientarlo a otras necesidades del SNS. La propuesta de fijar un escenario de crecimiento en torno al crecimiento del PIB, es el mismo enfoque que el gobierno adoptó en 2005, cuando en los años anteriores el crecimiento anual del gasto farmacéutico superaba con mucho la tasa de crecimiento del PIB, y cuando era menos marcado el abuso de posición dominante en la fijación de precios excesivos por parte de la industria. Ahora este planteamiento es totalmente insuficiente.
Eje 1. El acceso de los pacientes, la cobertura de necesidades médicas no cubiertas y la sostenibilidad del SNS (p 21).
“La Estrategia parte de la constatación de algunos problemas de acceso en España a los nuevos medicamentos y de un incremento no siempre sostenible del gasto farmacéutico que podría amenazar la consolidación fiscal, por lo que en ella se abordan unas propuestas de mejora en ambas materias, de forma que se garanticen el acceso y la sostenibilidad y el control del gasto en el SNS”.
Consideramos que
La formulación de este párrafo es acertada. Pero incorrecta. No se analizan los problemas de acceso mencionados, ni sus causas, y no se analiza el problema del incremento del gasto farmacéutico y sus causas, por lo que las medidas propuestas son inadecuadas o insuficientes.
1.1. Creación un sistema para la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias y la financiación y fijación de precio de medicamentos. (p 22)
En la revisión de este punto se puede comprobar que:
La formulación del epígrafe pone de manifiesto la confusión. Se mezclan dos asuntos distintos: fijación de precios y decisión de financiación, utilizando los mismos criterios. La industria farmacéutica ha conseguido que se mezclen y que el gobierno actúe según sus intereses, aquí perpetúa esa confusión.
La Evaluación de Tecnologías Sanitarias es necesaria y debe servir para autorizar la utilización de dichas tecnologías y decidir su posicionamiento terapéutico.
La decisión sobre fijación de precio tiene que basarse en los costes de fabricación y de I+D, y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la presión de la industria, los precios de referencia externos.
La decisión de financiación pública tiene que tomarse analizando seguridad, efectividad y eficiencia, el análisis de coste-efectividad (tomando como dato el precio mínimo que está dispuesta la empresa a aceptar).
En cambio, el documento propone un sistema para la evaluación de la eficiencia por un lado y para la financiación y precio por otro, con Guías y protocolos, etc.
Pero
Tampoco se determina claramente la incompatibilidad de las personas que tomen decisiones en cualquiera de estos ámbitos con el cobro de cualquier cantidad en moneda o especie desde la industria.
Los proyectos de Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y de Financiación y Fijación de Precios de medicamentos nacen con esta orientación equivocada, perpetuando el abuso de la industria y los efectos perversos que implica para el SNS.
1.2. Mejoras en la evaluación de tecnologías sanitarias.
1.3. Mejoras para el acceso oportuno a los medicamentos. (p 23)
Uso compasivo, acceso antes de la autorización o decisión de financiación pública.
1.3.2. Interacción temprana entre Administración y empresas. Aquí existe un riesgo alto de captura del regulador.
1.3.4. Financiación acelerada. Riesgo alto de ceder ante la presión de la industria.
El documento de la Estrategia aborda los problemas que tiene la industria para lograr un acceso más rápido a la financiación pública de nuevos medicamentos, sin cuestionar y poner remedio a los precios abusivos.
No se aborda el problema del acceso desde el punto de vista del paciente: precios abusivos (10-100 veces por encima de coste); retraso en financiación mientras se negocia; copagos; desabastecimiento; medidas de control de las CCAA (visados, etc.) … La causa de estos problemas de acceso son los precios abusivos, por la posición dominante de las empresas, gracias al monopolio que les conceden las Administraciones Públicas. Es aquí donde debería profundizar la Estrategia, con medidas progresivas, de ámbito nacional y europeo.
1.4. Mejoras en el procedimiento actual de financiación. (p 24)
Este punto es clave para corregir la situación actual. Pero el documento apunta a consolidar el actual mecanismo de fijación de precios que acepta los precios abusivos de las empresas sin denunciar el abuso y buscar alternativas.
1.4.1. Publicar un nuevo Real Decreto de precios y financiación.
1.4.2. Reformar los procedimientos de inclusión… así como “reforzar los criterios y el análisis terapéutico y económico para la fijación de los precios”.
Consideramos que es un error grave. Esos criterios pueden valer para decidir financiar o no un medicamento, pero no para la fijación de precios, ya que acepta un “precio por valor”, el máximo precio posible que pide la empresa, muy por encima de los costes de fabricación e investigación.
1.5. Mejora del Sistema de Precios de Referencia.
1.6. Mejora de los procedimientos de compra de medicamentos.
1.7. Reposicionamiento de medicamentos fuera de los periodos de protección a instancia de terceros sin ánimo de lucro. (p 26)
¿Se permitirá subir los precios a medicamentos tradicionales para una nueva indicación? ¿Se darán incentivos a las empresas?
1.8. Sistema de información nacional de consumo de medicamentos.
1.9. Completar la incorporación de biomarcadores y pruebas genéticas a la cartera de servicios del SNS.
1.10. Plan para fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares.
No define medidas precisas, y recursos a utilizar.
1.11. Plan para favorecer el acceso a medicamentos innovadores. (p 28)
Reducir plazos. ¿Quiere decir ceder antes a la imposición de precios abusivos?
1.12. Actualización de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Garantías. (p 28)
Se apunta aquí a favorecer más a las empresas, rebajando la aportación que fija la norma, cuando lo correcto y urgente sería aumentar dicha aportación de forma significativa (hasta el 15-20%), como viene proponiendo AAJM. Se trataría de que, mientras se modifica el sistema de conceder exclusividades y monopolios a las empresas, se pudiera recuperar entre 2.000 y 3.000 Millones de euros, del exceso de gasto por pecios abusivos, que supera los 10.000 M€. Sería fundamental para dedicar estos fondos a financiar la formación continuada de profesionales, el patrocinio de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, y las contribuciones a los profesionales por participar en ensayos clínicos y proyectos de investigación, de tal forma que se SEPARE dicho patrocinio de la acción de la industria. Es dinero público, expropiado por la industria a través de precios abusivos, que debe volver al dominio público y ser gestionado de forma independiente por las Administraciones Públicas.
Eje 2. El fomento de la investigación, la innovación y el desarrollo. (p 29)
“España ha consolidado su posición de liderazgo en investigación clínica”.
El hecho de que sea el tercer país que más EECC realiza no quiere decir que España tenga el liderazgo. Son las empresas las que controlan la mayoría de los EECC, en función de sus intereses comerciales. Controlan el diseño, la gestión de datos, la publicación de resultados, etc. Y se quedan con los Derechos de Propiedad Intelectual de los resultados obtenidos. Gran parte de la Investigación es incremental. Buena parte es una herramienta promocional (para pagar a profesionales sanitarios y orientar su prescripción, etc.). Es un modelo perverso.
El documento no hace crítica de esta situación.
2.1. Incrementar la financiación en investigación clínica y preclínica. (p 30)
Está bien. Pero debería asegurarse que cuando se financie cualquier estudio, proyecto I+D, EECC, etc., a entidad pública o privada, se incluyen CONDICIONALIDADES:
-Control del diseño, gestión de datos y de su publicación
-Derechos de Propiedad Intelectual de titularidad pública
-Precio de Coste plus
-Transferencia de conocimiento y tecnología a la OMS y organizaciones que promuevan la fabricación en todas las regiones del mundo.
2.2. Reforzar las estructuras de soporte críticas en investigación clínica y preclínica. (p 31)
2.2.2. Establecimiento de un marco nacional para el uso secundario de datos sanitarios y la generación de conocimiento federado con el marco europeo.
“… facilitará, tanto a las compañías farmacéuticas como a otros investigadores, la realización de estudios y análisis… con finalidades de investigación e innovación en medicamentos”.
Este marco de gobierno debe ser público, sin injerencia del sector privado. Todas la colaboraciones público-privadas, conociendo la fuerza relativa de negociación de las empresas y sus mecanismos de seducción / presión, resultarán en un modelo favorable a los intereses de las empresas por encima de los intereses generales. Es muy importante que la gestión de este Marco Nacional sea pública y con un estricto control de su utilización. Cualquier utilización privada debe incluir CONDICIONALIDADES, en el sentido ya descrito.
2.2.6. Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA). (p 34)
“… facilitará el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector industrial…”.
Cualquier participación privada debería someterse a las CONDICIONALIDADES descritas.
2.3. Investigación e implementación de la Medicina Personalizada de Precisión (IMPaCT). (p 34)
“La cohorte IMPaCT… debería jugar un papel central en la cooperación público-privada entre la industria farmacéutica y el sector académico…”
Debería condicionarse dicha participación a la aceptación de las citadas CONDICIONALIDADES. De lo contrario la “colaboración” se convierte en “parasitación”, como consecuencia de la diferente capacidad negociadora de las partes.
2.4. Estimular el uso y desarrollo de herramientas de financiación de I+D+i. (p 35).
“Dentro de las acciones propuestas para impulsar la colaboración público-privada… se proponen varias acciones encaminadas a favorecer el uso y desarrollo de herramientas financieras de I+D+i”.
El documento no tiene en cuenta que el Sector Público y los pacientes estamos financiando de manera absolutamente exagerada los supuestos gastos en I+D de las empresas farmacéuticas. En España pagamos en sobre precios más de 12.000 Millones de euros anuales. La industria gasta en I+D menos de 1.400 millones de euros anuales. Hay un pago abusivo para I+D de más de 10.000 millones de euros anuales. NO SE DEBEN DAR MÁS INCENTIVOS.
En todo caso, cualquier apoyo financiero a empresas farmacéuticas debería incorporar las CONDICIONALIDADES señaladas más arriba.
En este sentido, las herramientas que se citan en 2.4.5., Compra Pública de Innovación, y Sociedad Mercantil de capital mixto, pueden ser iniciativas positivas, siempre que se garanticen las citadas condicionalidades.
2.5. Promover la interacción e integración de la actividad en I+D+i entre los sectores público y privado. (p 37).
Esta línea de acción tiene el riesgo de acabar en parasitación: el sector público pone más dinero, más medios, más instalaciones, más datos, y el sector privado se queda con los beneficios (Derechos de Propiedad Intelectual, conocimiento, tecnología, etc.). Solo serían aceptables las medidas propuestas si se garantizaran las CONDICIONALIDADES señaladas.
2.6. Acciones de formación específicas en áreas de I+D+i. (p 38)
2.6.1. Formación de profesionales.
La formación de profesionales, que trabajen en centros públicos, en I+D es fundamental, como lo es en los demás campos. Debe ser patrocinada y controlada por el sector público.
2.6.2. Formación de pacientes y para pacientes.
“La AEMPS junto a otros organismos públicos desarrollará un programa formativo para asociaciones de pacientes / escuelas de pacientes en el ámbito de la I+D de medicamentos y en el uso secundario de datos de salud. Se incorporará la formación sobre el valor de compartir datos para investigación, y cómo esto puede afectar tanto a su salud como a la innovación en nuevos medicamentos”.
Está bien la formación de pacientes. El problema es el contenido y el objetivo de dicha formación. Si en los programas formativos se subraya el valor de compartir datos, se debe explicar también que, con el modelo de I+D actual, el resultado de dicha investigación será patentado por una empresa que, como pasó en la COVID-19, fijará unos precios abusivos (diez o veinte veces por encima de los costes), y limitará su fabricación, de tal manera que los pacientes de los países de menos recursos no tendrán acceso a las vacunas, y los países de altos ingresos deberemos pagar 10, 20 o 100 veces más de lo que cuesta la fabricación y la investigación del producto. Se debería insistir a los pacientes que no acepten participar en ensayos o autorizar el uso de sus datos si no se garantizan las CONDICIONALIDADES señaladas más arriba.
Eje 3. Competitividad, resiliencia y ecosostenibilidad del ecosistema industrial y sus cadenas de suministro. (p 39).
Se trata de recuperar “la soberanía estratégica farmacéutica, diversificando la cadena productiva y reduciendo la alta dependencia de terceros países”.
“El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional propuso la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades de Producción Industrial (RECAPI).”
“identificación de los recursos industriales esenciales, establecimiento de una producción industrial que garantice el suministro, una rápida capacidad de movilización de la producción industrial y el abastecimiento eficiente de estos recursos en situaciones excepcionales de alta demanda social”.
“Será fundamental el impulso de la futura Ley de Industria” que establecerá la necesidad de aprobar una Estrategia Española de Industria y Autonomía Industrial”.
Son objetivos importantes, pero las medidas propuestas no parece que permitan avanzar en esa dirección. Parecen más apoyos a la industria sin CONDICIONALIDADES.
3.1. Fomento y apoyo a la competitividad. Programa PROFARMA. (p 40).
Se trata de incentivos para las empresas “por su actividad investigadora”.
No tiene en cuenta que ya se está aportando a las empresas mucho más de lo que dicen que se gastan en I+D.
3.2. Coordinación de instrumentos financieros de apoyo.
La financiación de proyectos para la industria farmacéutica debería incluir las CONDICIONALIDADES expuestas.
3.3. Regulación y autonomía estratégica. (p 43)
Participar en los proyectos europeos HERA, STEP, Alianza de Medicamentos Críticos, etc.
“Mesa de Trabajo para el aumento de las capacidades productivas con las principales organizaciones empresariales del sector”.
Además de la colaboración con el sector privado (que tendría que incluir las CONDICIONALIDADES), Debería hablarse del desarrollo de capacidad industrial farmacéutica PÚBLICA, para establecer PLATAFORMAS de producción, compra, distribución de medicamentos estratégicos, incluyendo la producción de principios activos, medicamentos genéricos y biosimilares, innovadores, etc. El documento aprobado no incluye esta opción.
En CONCLUSIÓN,
La Estrategia de la Industria Farmacéutica parece responder a su Título: es “de” la industria farmacéutica. No es una Estrategia aplicable a la Industria Farmacéutica para mejorar el acceso, la sostenibilidad, la autonomía de producción y suministro. Es una estrategia de apoyo INCONDICIONADO a la industria farmacéutica, para añadir más recursos públicos a una industria hiper-financiada con los sobre precios, y sin contrapartidas.
Es una buena Estrategia para la Industria, pero es una mala Estrategia para el conjunto de la sociedad, para el SNS y para los pacientes, porque amplifica un modelo perverso de fijación de precios, cuyas consecuencias están debilitando al SNS, detrayendo importantes recursos y provocando problemas de acceso a miles de pacientes, así como grave problemas por consumo inapropiado.
La Estrategia consolida el control de la industria sobre la orientación de la I+D, la formación de los profesionales sanitarios, el patrocinio de las asociaciones de pacientes, el exceso de consumo innecesario de medicamentos junto a la falta de acceso a medicamentos necesarios para miles de personas, etc. Las medidas incluidas en la Estrategia añaden más recursos para la Industria, cuando el problema actual es el exceso de beneficios por abuso de precios.
Es preciso revisar y reorientar esta Estrategia con la participación social, a través de entidades y profesionales QUE NO TENGAN PATROCINIO de la Industria Farmacéutica.
Esa Estrategia revisada deberá contemplar el apoyo a la Industria Farmacéutica para desempeñar su labor, garantizando una remuneración justa de su esfuerzo, tanto en Investigación como en Producción de Medicamentos, mediante compensaciones que permitan obtener una tasa de beneficio sobre ventas equivalente a otros sectores industriales no farmacéuticos, pero evitando al mismo tiempo el abuso de posición dominante en la negociación de precios de los medicamentos.