Revista Nº 31 JUNIO 2024
La publicación del trabajo realizado por Ángel María Martín ha generado una importante reacción, tanto en medios, como en redes sociales. La investigación realizada ha puesto en evidencia las consecuencias nefastas no solo ya en términos económicos si no sobre la propia práctica clínica que tiene, de forma directa, el actual modelo de investigación y formación de los profesionales sanitarios soportado a través de la financiación de la industria farmacéutica.
Su notable valor viene determinado por haber puesto de relieve de forma incontestable la profundidad, naturaleza, forma de distribución y cuantía de los pagos que los profesionales sanitarios reciben de la industria farmacéutica, señalando como consecuencia sus efectos inmediatos. En primer lugar, el impacto económico sobre el sistema sanitario por el elevado coste de los medicamentos y a continuación en el notable riesgo al que se somete a los pacientes.
Una aportación indudable de la investigación realizada es haber proporcionado a lectoras y lectores interesados, por vez primera en nuestro país, un análisis basado en datos del volumen e importancia de la financiación de las empresas farmacéuticas a los profesionales y de su estrategia de distribución fundamentalmente dirigida a los denominados líderes de opinión que influyen de forma determinante en la prescripción.
A nivel internacional esta situación ha sido bien descrita, como se puede leer en un considerable número de artículos publicados, algunos recogidos en números anteriores de la AJM. En éste hemos seleccionado una muy breve muestra en el apartado de informes y documentos. En ellos, se exponen de forma reiterada los conflictos de interés graves y continuados en el tiempo que esta estrategia de actuación de la industria farmacéutica ocasiona. Por ejemplo, en carta publicada en JAMA, que también incluimos, se expone como “los médicos en EE. UU. recibieron pagos financieros de la industria, por un total de 2.460 millones de dólares en 2022”. Para añadir a continuación: “estos pagos pueden representar una colaboración científica, pero también pueden responder a una estrategia de marketing sin beneficios clínicos. Esta situación, concluyen, plantea: “preocupaciones con respecto a su influencia en la toma de decisiones clínicas”.
Como conocemos bien la causa inicial es el sistema actual de patentes y precios abusivos que determinan inexorablemente las estrategias de las empresas farmacéuticas para conseguir elevados beneficios. Estás estrategias capturan a los profesionales médicos a través de los mecanismos de pago y retribución de la investigación y formación, mediante lo que eufemísticamente la BigPharma ha conseguido introducir en el lenguaje como “transferencias de valor”.
Es por tanto imprescindible cambiar el actual sistema de financiación de la investigación. Como señalan Radder et al es posible una forma diferente de “cómo organizar y financiar la investigación de medicamentos que priorice su interés público en lugar de su privatización a través de la patente”. Los autores consideran factible la investigación médica sin patentes que afirman “es científica, social y moralmente preferible, económica y financieramente rentable, y sociopolítica y organizativamente practicable”.
Creemos que en España y en la Unión Europea es necesario abrir la discusión y debate para modificar este sistema. Proponemos pues un proceso de reflexión y análisis sobre la investigación y desarrollo de nuevos fármacos y del modelo de patentes y fijación de precios El actual equipo del Ministerio de Sanidad (MS) ha comunicado recientemente que se encuentra en desarrollo un borrador de trabajo sobre estrategias a desarrollar en el campo de la industria farmacéutica. La importancia y envergadura del lobby farmacéutico capaz incluso de capturar órganos reguladores como la Comisión Interministerial de precios de los medicamentos nos preocupa extraordinariamente.
Consideramos, por ello, imprescindible que la sociedad civil y expertos independientes participen de forma activa en las propuestas que el MS realice.
La salud y un acceso justo a los medicamentos de nuestras ciudadanas y ciudadanos está en juego y es posible, sin duda, un modelo distinto que no responda a los intereses y beneficios de la industria farmacéutica.