EDITORIAL. Revista nº 44 Enero 2026
Comisión de Redacción.
«Dondequiera que haya propiedad privada y el dinero sea la medida de todas las cosas, es casi imposible que una comunidad sea justa o próspera»,
Utopía. Tomás Moro (1516)
I
Iniciamos un año 2026 que se dibuja en el horizonte más complejo y duro, aún, que el 2025. Y eso es realmente difícil, porque este año finalizado se ha destacado por una violencia estructural de una magnitud impensable, donde se han vulnerado de forma abierta los derechos humanos de poblaciones enteras sometidas a la barbarie de la guerra y al asesinato indiscriminado.
El triunfo de la desigualdad ha desencadenado una violencia política y social que condena a la ciudadanía a la pérdida de derechos claves para la vida, como la sanidad, la educación, los cuidados a los mayores y la dependencia, una vivienda digna, o el mantenimiento de la propia vida. Una desigualdad que se ha ido incrementando progresivamente y, desde la crisis de 2008-2010, de una forma acelerada. “Hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos” afirmabaWarren Buffet de forma arrogante y obscena.
Efectivamente, nos enfrentamos ahora a un capitalismo muy agresivo, altamente tecnológico, cuyas corporaciones operan en alianza con un pequeño grupo de ultrarricos, controlando la autoridad de los gobiernos y desplazando los intereses de la gente común por los de esta minoría. Algunos autores han denominado a esta fase del capitalismo con el término “tecnofeudalismo” para designar una forma de poder caracterizada por una falta de regulación y control que permite a estos oligarcas ganar miles y miles de millones de euros (1).
Así, el capitalismo hoy es un sistema que produce y reproduce la desigualdad, profundiza los problemas sociales, concentra la riqueza y el poder, impulsa un sistema represivo y autoritario y, por lo tanto, conduce a la exclusión de la gente, a la pérdida de derechos y obliga a la migración.
Vivimos pues en una sociedad profundamente violenta e injusta, que ante la inacción de gobiernos e instituciones está empeorando día a día.
En este contexto es donde debemos situar el papel que la BigPharma (sin duda, un ejemplo del capitalismo más agresivo y codicioso) desempeña de forma activa en la salud a nivel mundial.
Hemos señalado en las páginas de esta revista en diferentes artículos cómo su estrategia de monopolios y precios abusivos impide y limita gravemente un acceso justo, asequible a los medicamentos necesarios para recuperar y mantener la salud de la población. Pero, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las líneas principales que muy probablemente van a influenciar radicalmente en las decisiones que se impongan en la política farmacéutica durante el año 2026?
Para intentar aproximarnos a esta pregunta proponemos una lectura de los datos y propuestas que se están ya produciendo y que lo harán de manera más profunda a lo largo de este año. Analizaremos brevemente las sensibles modificaciones que afectarán al acceso a los medicamentos y vacunas en tres escenarios: El gobierno Trump y su política farmacéutica y arancelaria, la Unión Europea y sus políticas normativas y finalmente España. Las interrelaciones y condicionamientos que se producen entre estos ámbitos son absolutamente notables.
En primer lugar, comentaremos la influencia en el precio de los medicamentos que la política farmacéutica de Estados Unidos está teniendo en la Unión Europea y su futuro inmediato. La política farmacéutica en EE.UU. para, supuestamente, reducir el gasto en nuevos medicamentos la plantea el gobierno Trump desde la exigencia de aplicación inmediata de la “cláusula de Nación Más Favorecida”. Con este término, se expresa la decisión de EEUU de pagar por los medicamentos allí consumidos una cantidad igual a aquella del país cuyo precio sea más bajo, dentro del G7, Suiza y Dinamarca. Para llevar adelante ésta política, Trump se ha reunido y llegado a acuerdos bilaterales con relevantes y poderosas industrias farmacéuticas: Amgen, Bristol Myers, Boehringer Ingelheim, Genentech, Gilead, GSK, MSD, Novartis, Sanofi. La exigencia central de estos acuerdos es que EEEUU debería pagar menos por los medicamentos. Pero, al mismo tiempo, garantizarían que los beneficios tremendos de la industria farmacéutica permanezcan, subiendo para ello los precios en Europa y en el resto del mundo. ¿Cómo piensa la BigPharma llevar adelante esta política de mantener beneficios reduciendo el precio en los Estados Unidos?
Thomas Schinecker, director general de Roche, en una entrevista en diciembre de 2025 (2) descubría el mecanismo. Respondía de una forma firme, pero realmente inquietante, sobre cómo las presiones de Trump serán instrumentadas por la industria farmacéutica. En primer lugar, y para disuadir al entrevistador de la inexistencia de alternativas, amenaza afirmando que, sin un aumento de precios de los nuevos medicamentos, éstos podrían no estar disponibles en Suiza. Continúa Shinecker insistiendo en que la investigación es cara y cómo hasta ahora el mayor porcentaje del coste estaba siendo asumido por EE.UU. El argumento que Trump plantea y la industria acepta es que se pague la investigación mediante la fijación en el sobreprecio de cada fármaco de una cantidad adicional en función del PIB de cada uno de los países de Europa, aumentando aún más el precio final. De esta forma, bajarían los precios de los nuevos medicamentos en EEEUU al tiempo que aumentarían paralelamente los precios en Europa. Pero, como sabemos bien, no estamos hablando en realidad de pagar la investigación. Ese discurso explicativo es una falacia, ya que los actuales sobreprecios ya pagan el 100% de los gastos de investigación y añaden el equivalente a dos veces más en beneficios abusivos. En realidad se trata de mantener y aumentar los enormes beneficios de la Big Pharma. Las maniobras de chantaje y extorsión de Trump provocarán, están provocando ya, como veremos a continuación, que suban los precios en Europa, sin ninguna justificación.
Un primer ejemplo son las decisiones del gobierno del Reino Unido. El gobierno de Trump presionó directamente a Starmer para obligar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Como recoge The Guardian (3), en base a “este acuerdo, el Reino Unido pagará más por nuevos medicamentos y permitirá que el National Health Service ( NHS ) gaste más en medicamentos para prolongar la vida, a cambio de que las exportaciones farmacéuticas británicas a EEUU eviten los aranceles”. El coste adicional del acuerdo, según manifestaciones del Departamento de Salud y Asistencia Oficial (DHSC) supondrá un coste de 1.000 millones de libras entre 2025/26 y 2028/29. Sin embargo, admiten que los costes después de 2028/29 aumentarán. Pero es también sorprendente y desorbitado que el gobierno se haya comprometido a duplicar el gasto del Reino Unido en nuevos medicamentos del 0,3 % del PIB al 0,6 %, para 2035.
La importancia de las cifras mencionadas y su repercusión sobre el NHS ha motivado que un grupo multipartidista de diputados laboristas, liberales, demócratas, verdes y del Partido Nacional Escocés (SNP) hayan exigido al gobierno la publicación del estudio de impacto sobre el que se ha basado el mencionado acuerdo. También organizaciones como Just Treatment (4) han manifestado que este acuerdo farmacéutico entre Estados Unidos y el Reino Unido podría causar más de 15.000 muertes prevenibles anualmente. El Reino Unido está redirigiendo 3 mil millones de libras esterlinas de la atención al paciente del National Health Service para aumentar las ganancias de la industria farmacéutica. Según Global Justice Now (5), el acuerdo con Trump y la subida de precios supondrá 9.000 millones de libras anuales extra a partir de 2035, una auténtica barbaridad.
Revisemos a continuación cuál ha sido una de las últimas decisiones que consideramos un paso atrás en el futuro de la política farmacéutica de la Unión Europea. El planteamiento base de la UE debería estar dirigido a preservar, mantener y desarrollar los derechos de los ciudadanos europeos a un acceso justo y asequible a medicamentos y vacunas. Sin embargo, y de forma lamentable, no ha sido así. La Comisión negociadora del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea anunciaron este último 11 de diciembre (6) que habían alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la legislación farmacéutica.
Desde la AAJM (7) se realizó una valoración inicial de esta reforma donde se expresaba la decepción por un modelo que consolida un monopolio responsable de unos beneficios anuales abusivos para la industria farmacéutica, por encima de los costes de fabricación, y de I+D estimados en más de 100.000 millones anualesLa presión del poderoso lobby de la industria farmacéutica europea ha conseguido que la Comisión Europea frenara la moderada propuesta inicial e impidiera los
cambios necesarios.
La legislación aprobada permitirá que los precios de los nuevos medicamentos sigan siendo abusivos y el gasto farmacéutico continúe siendo extraordinariamente elevado. El texto del acuerdo fija ocho años de protección de datos, más uno de protección de comercialización, que pueden ampliarse con otro año si es una nueva indicación con beneficio significativo, y uno adicional es para enfermedades sin tratamiento actual, o bien hay ensayos clínicos comparados en varios países de la UE, o si se lanza en los países de la UE. Así se logra llegar a once años de monopolio, en lugar del planteamiento de 6 que proponía el borrador inicial. Un éxito para la industria farmacéutica que aún así muestra cierta disconformidad.
Aún más sorprendente es la decisión de la concesión para la fabricación de antibióticos a las farmacéuticas que promuevan su investigación de un bono transferible de un año de protección de mercado adicional para aquellos otros medicamentos que considere la propia empresa. Diversos trabajos han reiterado que este mecanismo tiene serios inconvenientes y actúa de una manera perversa. En realidad, debería haberse optado por una investigación con financiación pública para el desarrollo de nuevos antibióticos útiles para la resistencia antimicrobiana.
Estos rasgos, junto con otros que contiene el texto, no han sido suficientemente debatidos, ni valoradas sus consecuencias en nuestro país. Incluso llama la atención cierta visión benevolente del Ministerio de Sanidad (MS) sobre las consecuencias de su aplicación para el futuro.
Finalmente, algunos comentarios breves sobre la situación de la política farmacéutica en nuestro país. Una noticia reciente nos impacta de forma llamativa: se ha alcanzado más de 10.000 millones de gasto farmacéutico hospitalario. Este fuerte incremento subraya una tendencia marcada en los últimos años que, sin duda, supone un grave riesgo para la supervivencia del SNS. Esta amenazante realidad debería ser abordada, más aún si, como hemos visto anteriormente, el contexto internacional proyecta una tendencia clara hacia un aumento aún más marcado de los precios de los nuevos medicamentos. ¿Cuáles son las medidas y actuaciones que propone el MS?
Veamos a continuación algunos rasgos principales. El MS, junto con cinco ministerios, llevó a término el documento “Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028”. Esta estrategia fue planteada desde el MS como una forma de trabajo y diálogo entre el ámbito institucional y el sector industrial. En el momento de su publicación, consiguió una recepción alborozada de la patronal farmacéutica Farmaindustria. Al mismo tiempo que provoca serias dudas, expresadas, por ejemplo, en un posicionamiento de la AAJM o recientemente en un artículo de Patricia Lacruz, donde afirmaba: “En mi opinión la estrategia, principalmente, está dirigida por la industria farmacéutica en un foro que han conseguido crear, privilegiado, por cierto, con un poder de toma de decisión que no debería haberse cedido a aquellos que tienen tal conflicto de interés”.
Después de esta movimiento del MS para llegar a algún tipo de entendimiento con Farmaindustria, en un intento tal vez ingenuo de facilitar trabajo y disminuir resistencias, la Secretaria de Estado ha dirigido sus esfuerzos a plantear principalmente cambios normativos. Tiene, en esta línea para el año 2026, importantes tareas pendientes en el ámbito de la política farmacéutica, como la Ley de los medicamentos y los productos sanitarios (ya aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación al Congreso de los Diputados), el texto del Real Decreto de precio y financiación de productos sanitarios, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en fase final de tramitación, etc.
Estos textos que hemos ido conociendo han sido motivo de alegaciones desde la AAJM. Una valoración inicial sugiere que estas iniciativas responden a un “reformismo tímido” que no se corresponde para nada con la gravedad del momento actual.
Como señalábamos anteriormente, un gasto farmacéutico que se incrementa año tras año y que pone en riesgo la propia supervivencia del Sistema Nacional de Salud exige respuestas contundentes y arriesgadas. Conocemos bien el enorme poder de la industria farmacéutica, su capacidad de lobby e influencia política sobre decisores y prescriptores que determina graves problemas y limitaciones a la hora de la toma de decisiones desde el gobierno y desde el MS. Pero es el momento de resoluciones valientes desde la consideración del medicamento como un bien público, un bien social y un derecho humano que debe ser protegido con las máximas garantías. Hay retos pendientes para el MS.
El Gobierno de España tiene que hacer más esfuerzos para que los precios de los medicamentos reflejen los costes reales y no sean precios especulativos determinados por el abuso de posición dominante ocasionado por monopolios y patentes.
Es imprescindible también una postura más activa y decidida en la Unión Europea con posicionamientos más abiertos y radicales que, al menos, pongan de manifiesto de forma nítida los abusos de la industria farmacéutica y permitan el diseño de propuestas alternativas. Es necesario avanzar, de forma decidida, dando pasos efectivos en el desarrollo de una investigación financiada públicamente que facilite la independencia de los profesionales, evitando su sometimiento al control de la industria. Por último, se debería avanzar con firmeza hacia una farmacia pública que garantice la necesaria autonomía en situaciones de crisis y el desarrollo de una producción pública propia.
Sin duda, y volviendo a la frase inicial de Tomás Moro, abordar hoy la necesidad de transformación del capitalismo en su fase actual es una exigencia ineludible para la consecución de una sociedad justa y equitativa basada en el respeto universal a los derechos humanos. Idénticamente, la transformación del modelo actual de monopolio y precios altos de los medicamentos impuesto por la BigPharma es una necesidad inmediata e indispensable. En estas tareas, utópicas tal vez, está la supervivencia de nuestro SNS.
Referencias bibliográficas
- Capitalismo, Estado y Big TechUna entrevista con Cedric Durand y Eugeny Morozow Jacobin Review 25/01/26 https://jacobinlat.com/2026/01/capitalismo-estado-y-big-tech/
- Roche: Trump force la Suisse à payer plus pour les médicaments. Isabel Strassheim Mario Stäuble. 24 Heures 21/12/2025. https://www.24heures.ch/roche-trump-force-la-suisse-a-payer-plus-pour-les-medicaments-883297749258
- Pressure grows on ministers to end secrecy over UK medicines deal with Trump. Denis Campbell. The Guardian Tue 27 Jan 2026
- Patients will pay with their lives Just Treatment
https://t.co/ekFmdgRI5X https://x.com/justtreatment/status/2006056548385067392?s=51&t=XlpFaUQcu7YQhHlrwkl_GQ
- Global Justice Now
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQfBZmbtNjwCBPLzMqHbDnlNlbd
- Comunicado del Consejo de la Unión Europea
- Nota de prensa AAJM sobre UE con pág. x de esta misma revista)
- Alegaciones AAJM