AUTOR: Comisión de Redacción de la rAJM

EDITORIAL. Revista Nº 21 Mayo 2023

Hemos venido recogiendo en la revista AJM, diversos artículos e informes que señalan como los monopolios farmacéuticos generados por el sistema actual de propiedad intelectual  y las  patentes son la causa  de los altos precios de los fármacos. Como consecuencia inmediata, se está produciendo una profunda inequidad y falta de acceso a aquellos  medicamentos y vacunas necesarios para recuperar la salud a nivel mundial.

También hemos podido constatar, como desde las últimas décadas, el modelo de financiación y desarrollo de la investigación y de la producción de nuevos fármacos  implantado por la industria farmacéutica, está provocando una situación insostenible para los pacientes y un problema gravísimo para los gobiernos, incapaces de responder a unos precios excesivos, claramente abusivos.

Diversos autores, en informes y textos de notable valor y rigor científico, venían demostrando como los argumentos de la industria farmacéutica para sostener y justificar los altos precios, basados en el  alto coste de la investigación y en la necesidad de un retorno financiero suficiente para compensar adecuadamente  los riesgos asumidos e incentivar a los investigadores  son sencillamente parciales y falsos.

Efectivamente, en el desarrollo de nuevos medicamentos, por una parte se invierten cientos de miles  de millones de dólares de fondos públicos en la financiación de la I+D  y las compañías farmacéuticas suelen disponer, además de créditos y ventajas fiscales. A cambio de esta inversión pública los gobiernos y los ciudadanos no reciben en compensación apenas nada por las  sumas invertidas.

Pero lo fundamental es que, además de la financiación pública previa, el modelo de financiar  la investigación de la industria farmacéutica  que  ésta aplica y defiende denodadamente, consiste en la incorporación de  sobrecostes en los precios finales reales. Este mecanismo, sin control alguno, produce un gasto injustificado y provoca una presión insoportable sobre los pacientes y  los sistemas sanitarios públicos. ( En nuestro país pudimos experimentar la situación con los antivirales de acción directa para la Hepatitis C donde el conjunto del SNS estaba pagando más de, 10.000 e incluso 20.000 € por medicamentos cuyo coste de  investigación y desarrollo y fabricación era de  menos de 300 € por tratamiento.)

La pandemia de COVID-19  ha puesto de relieve de forma contundente y nítida la  situación  de precios insoportables y desorbitados. que ya estábamos observando en los tratamientos oncológicos, Car-T, medicamentos para enfermedades raras,  e incluso para medicamentos habituales como la insulina.

Hoy conocemos bien, como las vacunas y los tratamientos  para la pandemia se lograron fundamentalmente con fondos públicos. (La financiación pública, a través  de los NIH fue fundamental para las vacunas de ARNm.). Sin embargo y a pesar de ello,  las compañías farmacéuticas han utilizado  estos desarrollos realizados con financiación pública, tanto en las primeras fases, como incluso en las finales a través de los contratos de compra anticipada, para alimentar ganancias extraordinarias. Las siete principales empresas farmacéuticas de vacunas obtuvieron beneficios enormes de 90.000 millones de dólares en 2021 y 2022. (Como señala Marina Mazzucatto en un artículo recogido en este número Moderna pudo obtener más de &36.000  millones y su CEO, S. Bancel pudo enriquecerse exponencialmente.)

Los elevados precios han provocado una vergonzosa inequidad en la distribución mundial de vacunas y son los responsables de  millones de muertes innecesarias. Como señala Fernando Lamata en un artículo: “si se hubiera vacunado a todo el planeta al mismo ritmo que nos vacunamos en el Norte se habrían evitado unos 9 millones de muertos”.

Desde la OMS y en diferentes ámbitos  se ha subrayado la necesidad de que esta debacle no se repita nunca más.  ( Un ejemplo destacable es la carta firmada por más de 100  diferentes personalidades, algunas de las cuales no destacan precisamente por su vertiente solidaria,  donde se  afirma  que: “ La  especulación financiera de las compañías farmacéuticas y el nacionalismo vacunal no pueden ir por delante de las necesidades de la humanidad.” 

¿ Pero son  posibles y viables alternativas diferentes al modelo actual?

En un artículo recogido en esta revista  se señala como la inversión de 1.000 millones en gasto público en investigación provocaría un impacto de una reducción de 25.000 millones en los precios de los medicamentos, ( un retorno de la inversión de 25 a 1 )  si, como consecuencia de esta inversión pública,  los medicamentos fueran considerados como genéricos. Los autores  cifraban para el mercado de Estados Unidos un ahorro de  más de 400.000 millones de dólares  al año.

Durante este  tiempo hemos visto cómo, ante el abandono en el que los países de bajos y medianos ingresos se han encontrado durante la pandemia,  imposibilitados  para ofrecer a su población las vacunas imprescindibles por los altos precios y la falta de disponibilidad y el fracaso de mecanismos de enfoque caritativo como COVAX, se han visto obligados a desarrollar iniciativas de investigación y producción pública propia. Los ejemplos son numerosos y  se dan a diferentes niveles. Por ejemplo, nada menos que en EEUU, el Estado de California producirá y distribuirá insulina al precio del coste de producción. Biovac propiedad en parte del gobierno de Sudáfrica y socio de producción de Afrigen  son los responsables de la producción de vacunas genéricas de ARNm.

En el momento actual existe un consenso generalizado entre expertos de diferentes campos de la salud, fuera del ámbito de la industria farmacéutica y de sus poderosos lobbies de presión y think-thank  académicos y científicos acompañantes de su discurso, sobre la necesidad de modificar radicalmente un sistema  lesivo para la salud. Mariana Mazzucato propone de una forma clara la necesidad de cambiar el actual sistema de innovación de los medicamentos y señala como se deben modificar y establecer nuevas reglas sobre la propiedad intelectual, los precios y la fabricación de fármacos.

¿Qué ventajas y beneficios tendría la financiación pública de la investigación de nuevos medicamentos?

La financiación pública de la investigación permitiría obtener precios de los fármacos  al coste real de producción, evitando los sobrecostes actuales que impone arbitrariamente la industria farmacéutica. Además permitiría  redirigir las investigaciones a las necesidades reales de salud  detectadas. Un ejemplo notable es lo que está ocurriendo actualmente con  la investigación sobre  los antibióticos  imprescindibles para afrontar la resistencia bacteriana (RAM). La industria farmacéutica considera que no es un campo rentable y no está dispuesta a invertir en investigación salvo que se le proporcionen “incentivos”. Solicita  en la UE, nada menos que prolongar los periodos de exclusividad, monopolio, sobre determinados fármacos rentables para considerar la posibilidad de dedicar recursos económicos a esta tarea. Evidentemente, la lógica debería llevar a rechazar esta “ proposición indecente” y dedicar el dinero de los sobrecostes a  la financiación pública directa de la investigación.

En nuestro país,  un documento reciente [https://programa.masmadrid.org/#Comunidad%20de%20Madrid] realiza una propuesta inicial  para la Comunidad de Madrid consistente en la creación de una empresa pública de investigación de medicamentos y también con la posibilidad de incluir la producción de fármacos. En él, se propone: “ la creación de una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y comercialice  en la CAM medicamentos ”.

Sin duda, desarrollar, extender e impulsar este tipo de iniciativas u otras alternativas similares  a nivel estatal en nuestro país  puede ser una alternativa  útil y viable . Es necesario pues iniciar un camino que sin duda  se debe enmarcar también en propuestas  de desarrollo legislativo tanto en España como en la UE.

Mantener el sistema actual  seguirá originando desigualdad y falta de un acceso  y provocará los mismos resultados que hemos experimentado con la pandemia actual  en pandemias futuras y en el manejo terapéutico de diferentes  enfermedades. Es imprescindible eliminar la barrera de la propiedad intelectual e invertir en la financiación de la investigación con fondos públicos para garantizar una investigación abierta y una producción  suficiente, adecuada y descentralizada de los medicamentos y vacunas que precisen ciudadanos y pacientes.

Es el reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios públicos  y la ciudadanía. Recuperar la consideración del medicamento como un bien social, no sujeto al mercado, exige un cambio radical del modelo actual